Crisis de gestión en el MOPC paraliza obras, suspende empleos y deja sin respuesta al sector constructor

marzo 9, 2026

La acumulación de certificados de obra impagos, que asciende a unos USD 410 millones entre capital e intereses, desencadenó la paralización de siete proyectos viales estratégicos y pone en riesgo la estabilidad financiera de al menos dos empresas contratistas, en un contexto donde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) operará este año con la presión de una gestión bajo el contante ojo de la lupa, siendo el eslabón mas cuestionado del actual gobierno.

Una deuda que acumula años y empresas al borde del quiebre

El Estado paraguayo acumula una deuda con el sector de la construcción que asciende a unos USD 410 millones. Según los registros de las empresas vialeras, el monto se desglosa de la siguiente manera: USD 250 millones en certificados de obras ejecutadas y pendientes de pago, USD 120 millones en intereses no reconocidos por la actual administración, y USD 40 millones adicionales en intereses generados y reclamados durante el presente gobierno.

Ante la imposibilidad de seguir subsidiando la mora estatal con capital propio, algunas constructoras optaron por detener los trabajos. Más grave aún, informaciones extraoficiales indican que al menos dos empresas del sector estarían tramitando procesos de quiebra, lo que expone la magnitud real de la crisis.

Siete obras paralizadas y 1.700 trabajadores sin actividad

Al mes de marzo, el incumplimiento en los pagos derivó en la paralización de siete obras de infraestructura impulsadas por el MOPC. Considerando que cada proyecto emplea en promedio a unas 250 personas, la suspensión afecta directamente a unos 1.700 obreros. Las obras detenidas son: tres tramos viales en San Juan, Misiones, adjudicados a las empresas MM, Construpar y Tecsul; la ruta de hormigón entre Concepción y Pozo Colorado, a cargo de Ecomipa; la Ruta Graneros del Sur, bajo la ejecución de Concremix y EBD; el tramo Pilar-Humaitá, también ejecutado por Concremix; y el tramo Humaitá-Paso de Patria, adjudicado al consorcio Roggio-Heisecke, que aún no puede iniciar por falta de pago del anticipo contractual.

La paralización no solo implica la pérdida de ingresos para los trabajadores, sino también el deterioro de las estructuras inconclusas y el encarecimiento de los costos finales por mantenimiento y readecuación de precios, advierten las propias empresas contratistas.

Un presupuesto a medias: el MEF recorta la ejecución del MOPC al 50%

Lo que ya se perfilaba como un año difícil para la infraestructura pública se agravó con una decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La ministra Claudia Centurión confirmó a la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) que el MEF le impuso al MOPC un tope de ejecución del 50% sobre el presupuesto autorizado para 2026.

De los USD 570 millones previstos, el ministerio podrá disponer únicamente de USD 285 millones. Esta cifra resulta insuficiente incluso para saldar las obligaciones ya contraídas: solo para cubrir los certificados de obras ejecutadas en 2025 (USD 250 millones) y los intereses acumulados (USD 110 millones), el MOPC necesitaría USD 360 millones. El presupuesto habilitado deja entonces un déficit inicial de USD 75 millones, sin computar las obras que deben ejecutarse durante el corriente año.

La situación pone en evidencia una contradicción entre el discurso oficial —que insiste en que «las obras no van a parar»— y la realidad operativa de un ministerio que, con los recursos disponibles, no alcanzaría a honrar compromisos del ejercicio anterior.

Cavialpa propone elevar el tope fiscal; el MEF ensaya el factoraje

El presidente de la Cámara Vial Paraguaya, Paul Sarubbi, planteó una salida estructural a la crisis: modificar el Presupuesto General de la Nación 2026 para elevar el tope de déficit fiscal mediante una ley del Congreso, lo que permitiría al Estado acceder a líneas de crédito disponibles y regularizar los pagos al sector. Según las empresas del ramo, para superar la deuda acumulada y el déficit histórico de inversión en infraestructura, el Estado requeriría una inyección de aproximadamente USD 1.100 millones.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas impulsa una solución alternativa de menor alcance: el factoraje (factoring). Bajo el mecanismo habilitado por la Ley de Factoraje, las empresas constructoras podrían ceder sus facturas a una entidad financiera cesionaria, accediendo a liquidez de hasta unos USD 150 millones respaldados con garantía soberana. Sin embargo, la propuesta es considerada por el sector como una medida paliativa que no resuelve el problema de fondo. Ambas partes se habían fijado el 11 de marzo como plazo para avanzar en la propuesta, aunque aún no se realizaron reuniones conclusivas al respecto.

La licitación del Bañado Tacumbú: cancelada sin explicaciones

En medio de la crisis presupuestaria y la parálisis de obras, la ministra Centurión tomó una decisión que generó interrogantes. A través de la Resolución 149/26, firmada el 10 de febrero, canceló el proceso licitatorio para la construcción y fiscalización de las primeras 1.500 viviendas sociales del nuevo Barrio Bañado Tacumbú, en Asunción. El documento ministerial no consigna los motivos de la cancelación.

El proyecto cuenta con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de USD 200 millones y, de concretarse, beneficiaría a unas 6.000 personas, generando además unos 5.000 empleos en el sector de la construcción. La magnitud social de la obra contrasta con la opacidad del acto administrativo que suspendió su licitación.

La contradicción se profundizó nueve días después: el 19 de febrero, la página web del MOPC comunicó que la cartera realizaba «ajustes» al proceso licitatorio, destacando el cumplimiento de los requerimientos del BID y garantizando «transparencia y eficacia». La falta de consistencia entre la resolución de cancelación y la comunicación posterior genera dudas sobre la gestión interna del proceso.

Según el MOPC, los trabajos preparatorios en las 65 hectáreas destinadas al proyecto registran un avance del 40%, con construcción de calles, redes de desagüe pluvial y cloacal, agua potable, electricidad y movimientos de suelo. La inversión estimada para esta etapa es de G. 157.500 millones, conforme a los pliegos licitatorios.

La ministra recorre obras mientras el sector reclama respuestas

En este escenario, la ministra Claudia Centurión optó por una estrategia comunicacional de presencia en terreno. Visitó el avance de obras en el Bañado Tacumbú y aseguró que seguirá recorriendo los proyectos para demostrar que el MOPC «continúa avanzando». «No hay ningún parate, las máquinas están en plena actividad», afirmó la funcionaria.

Sin embargo, los números y los hechos ofrecen un cuadro diferente al de las declaraciones oficiales. Al momento de esas afirmaciones, ya eran siete las obras viales paralizadas en distintos puntos del país, con 1.700 trabajadores en la calle y empresas al borde del colapso financiero. La ausencia de una hoja de ruta concreta para regularizar los pagos, combinada con un presupuesto recortado a la mitad y un mecanismo de factoraje aún sin reglamentación operativa, configura un panorama que difícilmente pueda resolverse con comunicados y recorridas.

El sector constructor aguarda respuestas que, hasta ahora, no llegan. La infraestructura pública, en tanto, paga el costo de la espera.

La escasez de chips de memoria hunde el mercado global de smartphones a su mínimo histórico en 2026

marzo 6, 2026

La demanda de infraestructura para inteligencia artificial desvía la producción de semiconductores y condena al mercado móvil a su mayor contracción desde que existe registro sistemático de la industria

El mercado mundial de teléfonos inteligentes se adentra en 2026 en una crisis sin precedentes en su historia moderna. No se trata de una desaceleración coyuntural ni del agotamiento ordinario de un ciclo de innovación. Lo que está ocurriendo es un reordenamiento profundo de la cadena de valor tecnológica global, en el que la explosión de la inteligencia artificial compite directamente —y por ahora gana— contra los dispositivos de consumo masivo en la disputa por los componentes más críticos de la electrónica contemporánea.

Las proyecciones publicadas por International Data Corporation (IDC) en su Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, confirmadas horas después por Counterpoint Research, son contundentes: los envíos mundiales de smartphones caerán un 12,9% en términos interanuales durante 2026, hasta situarse en torno a los 1.100 millones de unidades. En 2025, el volumen había superado los 1.260 millones de dispositivos. La diferencia implica la desaparición de aproximadamente 160 millones de terminales del mercado en un solo año, el registro más bajo en más de una década y la caída más pronunciada de la que se tenga memoria estadística en la industria.

Una crisis de oferta, no de demanda

Lo que distingue esta crisis de las anteriores —incluida la contracción registrada durante la pandemia de COVID-19— es su origen. El consumidor no ha abandonado el smartphone. La demanda de dispositivos móviles se mantiene, en términos generales, estable. El problema reside en la cadena de suministro, concretamente en la disponibilidad de chips de memoria RAM (DRAM) y memoria de almacenamiento (NAND), componentes esenciales en la fabricación de cualquier teléfono inteligente.

El detonante del desequilibrio es la inteligencia artificial. La expansión acelerada de los centros de datos y la infraestructura computacional necesaria para entrenar y desplegar modelos de IA ha disparado la demanda de memoria de alto ancho de banda (HBM, por sus siglas en inglés), un tipo de chip de altísimo rendimiento y margen de beneficio elevado. Los grandes fabricantes de semiconductores, encabezados por Samsung y SK Hynix, han reorientado una parte significativa de su capacidad productiva hacia este segmento, más rentable y estratégico. La consecuencia inmediata ha sido una reducción drástica del suministro destinado a dispositivos móviles.

A finales de enero de 2026, Micron Technology —otro de los grandes proveedores globales de memoria— advirtió públicamente de que la presión de la demanda de IA sobre la infraestructura de semiconductores amenazaba con provocar una escasez sin precedentes. La advertencia resultó profética. Los precios de los chips de memoria para uso móvil han escalado entre un 200% y un 400% respecto a los niveles anteriores a la crisis, según estimaciones recogidas por analistas del sector. El resultado es una alteración estructural de la economía del hardware móvil que no tiene fácil reversión.

El fin del smartphone de bajo costo

El impacto más inmediato y visible de esta disrupción es la extinción práctica del segmento de dispositivos por debajo de los USD 100. En 2025, este rango de precio movilizó entre 170 y 171 millones de unidades en todo el mundo, constituyendo la puerta de entrada a la conectividad digital para millones de consumidores en mercados emergentes. Ese modelo de negocio ha dejado de ser viable.

La memoria representa hoy una proporción cada vez mayor del coste total de fabricación de un smartphone, y en los terminales de gama baja ese porcentaje es crítico: los márgenes ya eran estructuralmente estrechos, y el encarecimiento de los chips los ha llevado a territorio negativo. IDC es categórica al respecto: incluso si el suministro de memoria se estabiliza a mediados de 2027, los precios difícilmente regresarán a los niveles previos. La producción de smartphones por debajo de los USD 100 se ha convertido, en palabras de la propia consultora, en «permanentemente antieconómica».

Las consecuencias sociales de esta transformación no son menores. En regiones como Oriente Medio y África, donde los dispositivos económicos han sido el principal vehículo de inclusión digital, IDC anticipa una caída del 20,6% en los envíos. China registrará una contracción del 10,5% y Asia Pacífico —excluido Japón— del 13,1%, combinando la restricción de oferta con una desaceleración económica que amplifica el efecto sobre la demanda. América Latina y el sur de Asia, geografías con alta penetración del segmento de bajo costo, también enfrentarán presiones severas.

El precio sube aunque el producto no mejore

Mientras los volúmenes se desploman, los precios escalan. IDC proyecta que el precio promedio de venta (ASP) de los smartphones alcanzará un récord histórico de USD 523 en 2026, lo que representa un incremento del 14% respecto al año anterior. Esta cifra, sin embargo, no refleja una mejora equivalente en las prestaciones de los dispositivos. La subida de precios responde fundamentalmente al traslado de los mayores costes de componentes al consumidor final, no a una evolución tecnológica que la justifique.

El caso del Samsung Galaxy S26 ilustra esta dinámica con claridad: el modelo insignia de la marca coreana ha debido incrementar su precio en al menos USD 100 para absorber los gastos adicionales derivados del encarecimiento de los chips, sin que las nuevas funcionalidades incorporadas justifiquen ese desembolso adicional para el usuario. Los fabricantes, en definitiva, han trasladado el problema al bolsillo del consumidor.

Esta mecánica opera de forma distinta según el segmento. Los fabricantes de gama baja y media, que operan con márgenes reducidos y tienen menor poder de negociación frente a los proveedores de semiconductores, se enfrentan a una disyuntiva sin salida: absorber costes y comprimir márgenes hasta la inviabilidad, o repercutirlos en precio y perder competitividad. En ambos casos, el volumen sufre. La relación entre elasticidad y precio en mercados emergentes amplifica aún más la caída de unidades en los segmentos más vulnerables.

Ganadores y perdedores de una crisis asimétrica

La crisis no golpea a todos por igual. Mientras los fabricantes de gama baja luchan por su supervivencia, Apple y Samsung se posicionan como los principales beneficiarios de la disrupción. Ambas compañías cuentan con ventajas competitivas que las aislan, al menos parcialmente, del impacto: contratos de suministro a largo plazo con los fabricantes de memoria, mayor capacidad financiera para absorber incrementos de coste, carteras de clientes con alta fidelización y menor sensibilidad al precio. En el caso de Samsung, su integración vertical —la compañía fabrica sus propios chips— añade una capa adicional de resiliencia estratégica.

Nabila Popal, directora sénior de investigación de IDC, resume la situación con una frase que condensa el cambio de era: «La era de los smartphones baratos ha terminado». Los usuarios que hasta ahora accedían a la conectividad a través de dispositivos de gama baja se verán obligados a escoger entre terminales de especificaciones reducidas a precios de gama media, o a recurrir al mercado de segunda mano para acceder a equipos usados. En ambos casos, la experiencia digital de los segmentos más vulnerables de la población global se verá comprometida.

Para los fabricantes de Android de gama media —Xiaomi, Oppo, Tecno y una larga lista de marcas regionales—, el escenario es de presión existencial. Muchos ya han comenzado a adaptar sus catálogos: eliminando modelos básicos de bajo margen, reduciendo las especificaciones técnicas de sus dispositivos y concentrando su oferta en la gama media-alta, único segmento donde la producción mantiene cierta viabilidad económica. Algunos de estos actores podrían no sobrevivir a la reestructuración.

Un mercado que no volverá a ser el mismo

IDC proyecta una recuperación modesta a partir de 2027, con un crecimiento del 2% ese año y del 5,2% en 2028. Sin embargo, la consultora advierte que la normalización no implicará un retorno a las condiciones previas. Los precios de la memoria permanecerán en niveles estructuralmente más elevados, y el segmento de bajo costo no recuperará su viabilidad económica. El mercado post-crisis será más pequeño en volumen pero con un precio promedio significativamente más alto, más concentrado en actores con escala global y menos accesible para los consumidores de menores ingresos.

Lo que está ocurriendo en 2026 trasciende la lógica de un ciclo económico ordinario. El pronóstico de IDC no describe una corrección temporal, sino un punto de inflexión en la jerarquía de la cadena de valor tecnológica: por primera vez, la infraestructura de inteligencia artificial compite abiertamente —y se impone— sobre los dispositivos de consumo masivo en la asignación de los recursos semiconductores más valiosos del planeta. El smartphone, que durante quince años fue el principal motor de crecimiento de la industria de la memoria global, cede ese rol a los centros de datos y a los aceleradores de IA.

El sector no desaparece, pero pierde centralidad en la asignación del capital tecnológico mundial. Y esa pérdida de centralidad, más que las cifras de envíos de un año concreto, es quizás el dato más relevante —y más inquietante— de todo el análisis.

La guerra en Oriente Medio desestabiliza los mercados globales: el petróleo se dispara un 20%, el dólar se fortalece y la Fed queda entre la espada y la pared

marzo 6, 2026

El mayor repunte semanal del crudo desde la invasión de Ucrania sacude las bolsas, eleva la inflación y complica la agenda económica de Trump

El conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciado el pasado 28 de febrero, ha irrumpido con fuerza en los mercados financieros internacionales, poniendo en jaque las tres grandes apuestas económicas de la administración Trump: un petróleo barato, rendimientos de los bonos del Tesoro a la baja y un dólar debilitado que favoreciese las exportaciones estadounidenses. En apenas una semana, los tres frentes han girado en dirección contraria, y el daño colateral en el tejido económico global empieza a hacerse visible.

El crudo se dispara: un 20% en una semana, el mayor salto desde 2022

El dato más elocuente de la semana lo proporciona el mercado energético. El barril de Brent acumula una subida del 18% desde el inicio del conflicto, mientras el West Texas Intermediate (WTI) avanza cerca del 20%, con cotizaciones que al cierre del viernes se situaban en 88,83 y 85,36 dólares por barril, respectivamente. Ambos índices apuntan a su mayor alza semanal desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, un episodio que la memoria de los mercados no ha olvidado.

El detonante estructural de esta escalada es el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que transita habitualmente cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Desde el inicio de las hostilidades, el tráfico de petroleros se ha interrumpido prácticamente en su totalidad, generando una severa congestión portuaria que está distorsionando las cadenas de suministro a escala global. A ello se suman cierres de refinerías y plantas de gas natural licuado en la región, así como interrupciones directas en la producción de crudo. El gas natural, sin embargo, ha registrado este viernes una caída del 2,58%, hasta los 49,42 euros, aunque dentro de un contexto de volatilidad sostenida.

La logística global, bajo presión: Maersk suspende servicios y los seguros marítimos se cuadruplican

El impacto no se limita al precio del barril. La gigante naviera Maersk ha anunciado la suspensión de dos de sus servicios de transporte, específicamente aquellos que conectan Oriente Medio con Europa y Asia, reflejo del miedo creciente de las empresas logísticas a operar en la región. Los analistas destacan este viernes que los costes de los seguros para los buques que atraviesan Oriente Medio se han cuadruplicado en apenas días, mientras algunas aseguradoras directamente se niegan a cubrir esos trayectos.

Este encarecimiento de la logística actúa como un impuesto encubierto sobre toda la economía real: cada empresa dependiente del transporte ve incrementados sus costes operativos, con el consiguiente efecto en cadena sobre márgenes, precios y rentabilidad. No es un riesgo abstracto; es una presión concreta que ya está afectando la cuenta de resultados de sectores tan diversos como la distribución, la manufactura y la alimentación.

Trump interviene, pero el mercado no le cree

Ante la magnitud de la perturbación energética, el presidente estadounidense ha anunciado una batería de medidas de emergencia. Entre ellas, la autorización temporal a India —uno de los mayores consumidores mundiales y principal cliente energético de Oriente Medio— para adquirir gas ruso, con el objetivo de aliviar la presión sobre la demanda global. Washington también ha otorgado exenciones para que refinerías indias compren petróleo ruso almacenado en buques cisterna, una maniobra poco ortodoxa que busca redirigir flujos de suministro fuera del conflicto. Y, en una medida aún más inusual, el Departamento del Tesoro estudia una posible intervención directa en el mercado de futuros del petróleo para contener la especulación financiera.

Sin embargo, el mercado ha respondido con escepticismo. «El problema de fondo persiste», concluyen los analistas de Renta 4, subrayando que las medidas anunciadas no resuelven el cuello de botella estructural del estrecho de Ormuz ni la incertidumbre sobre la duración del conflicto. La credibilidad de Trump como factor estabilizador está erosionada, y eso tiene un precio en términos de confianza inversora.

Los rendimientos del Tesoro se disparan y la Fed queda atrapada

Uno de los efectos más delicados del conflicto para la administración Trump es la reacción del mercado de deuda. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años —el punto de referencia para los préstamos hipotecarios y corporativos— han subido aproximadamente 20 puntos básicos en la semana, contrariando el deseo explícito del presidente de reducir los costes de endeudamiento. Trump ha presionado de forma reiterada a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés, en parte para abaratar el servicio de una deuda federal cuyo coste anual ronda los 1 billón de dólares.

La ecuación se complica porque el repunte del petróleo reaviva las presiones inflacionistas. Según un estudio de la propia Fed citado por analistas de Bankinter, cada incremento de 10 dólares en el precio del barril se traduce en un aumento de 20 puntos básicos en la inflación estadounidense. Con el crudo habiendo subido más de 14 dólares en una semana, el impacto teórico sobre la inflación sería de casi 30 puntos básicos adicionales, lo que dificulta enormemente cualquier argumento a favor de recortes de tipos inmediatos.

El mercado ya ha ajustado sus expectativas: los operadores han recortado las probabilidades de que la Fed lleve a cabo dos recortes de un cuarto de punto este año, con algunos escenarios apuntando incluso a tres movimientos posibles antes de finales de año, aunque con una incertidumbre elevada que hace esos cálculos provisionales.

El dólar recupera su condición de activo refugio

El índice dólar Bloomberg ha ganado más de un 1% en la semana, con el índice que rastrea al billete verde frente a una cesta de seis divisas encaminándose a una revalorización semanal del 1,5%, la mayor desde noviembre de 2024. Este comportamiento invierte la tendencia que la administración Trump había cultivado conscientemente: en enero, el propio presidente declaró sentirse cómodo con la depreciación de la moneda, precisamente para impulsar la competitividad exportadora estadounidense.

Ahora, el dólar ha recuperado su función histórica de activo refugio en contextos de crisis geopolítica, lo que genera una tensión directa con la agenda industrial de Trump. Un dólar fuerte encarece las exportaciones estadounidenses y resta competitividad a la manufactura doméstica, un sector en el que la administración ha depositado una parte central de su proyecto económico. El EUR/USD se sitúa en 1,1607, con el euro acumulando una caída del 1,7% en la semana, golpeado por la dependencia energética europea y unas perspectivas de crecimiento deterioradas. El GBP/USD cede casi un 1% semanal, mientras el yen japonés permanece a la defensiva con el USD/JPY subiendo un 1% en la semana, presionado por el impacto inflacionista de los combustibles en una economía netamente importadora de energía.

Las bolsas resisten, pero la volatilidad se acelera

En el plano bursátil, la semana ha mostrado una dicotomía notable entre la relativa resistencia de Wall Street y la corrección más pronunciada en los mercados europeos. Desde el inicio del conflicto, las bolsas europeas acumulan una caída del 6,15% frente a un descenso del 1,13% en Wall Street, según datos de Bankinter. La condición de Estados Unidos como exportador neto de petróleo le otorga un colchón estructural del que carece Europa, que depende en gran medida de las importaciones energéticas de la región en conflicto.

El índice de volatilidad VIX ha abierto este viernes en los 23,75 puntos, frente al cierre del jueves en 23,5, aproximándose al umbral de los 25 puntos que los mercados asocian convencionalmente con alta volatilidad. A estos niveles, los cambios de tendencia son frecuentes y las correcciones bruscas, posibles. En el viejo continente, sin embargo, el inicio de la sesión del viernes ha ofrecido una leve recuperación: el Ibex 35 ha rebotado un 0,5%, con IAG, Solaria, Naturgy e Indra encabezando las ganancias; Frankfurt ha avanzado un 0,8%; y París, Londres y Milán han subido entre el 0,2% y el 0,3%. En Asia, el Nikkei ha cerrado con un alza del 0,62%, el Hang Seng de Hong Kong ha ganado un 1,73% y el Kospi coreano ha terminado casi plano con un +0,02%.

La sombra del escenario de 2022

La pregunta que sobrevuela los mercados es cuánto puede parecerse este episodio a 2022, cuando el crudo superó los 100 dólares por barril tras la invasión de Ucrania, la inflación se disparó y la Fed respondió con la senda de subidas de tipos más agresiva en décadas, hundiendo simultáneamente los bonos y las acciones. Por ahora, los operadores sitúan ese escenario en el terreno del riesgo extremo, no del caso base. Pero la frontera es delgada.

Los analistas están divididos. Morgan Stanley Investment Management advierte de que los mercados están subestimando el coste del riesgo geopolítico. Desde Edmond de Rothschild AM, en cambio, apuntan que los precios del petróleo, aunque significativamente al alza, no han alcanzado niveles insostenibles, y que los países han aprendido de la crisis de 2022 reforzando sus reservas estratégicas. China ya ha pedido a sus mayores refinerías que suspendan las exportaciones de diésel y gasolina, mientras Japón estudia la liberación de sus reservas estratégicas de petróleo, movimientos preventivos que revelan la seriedad con la que Asia afronta el riesgo de desabastecimiento.

Bankinter mantiene su apuesta por una guerra breve, argumentando que «un shock prolongado no beneficia a nadie», ni siquiera a Irán, cuya economía depende en un 90% de las exportaciones de petróleo que pasan por el estrecho de Ormuz para financiar su régimen y sus fuerzas armadas. La lógica económica apunta a un incentivo compartido para la desescalada. Sin embargo, la lógica geopolítica raramente sigue los modelos de los economistas.

Una agenda económica presidencial en riesgo

El conflicto ha llegado en un momento especialmente delicado para Trump. En su discurso sobre el Estado de la Unión del mes pasado, el presidente presumió de la caída en los precios de la gasolina y proclamó que la inflación estaba «cayendo en picado». Esas palabras suenan ahora anacrónicas ante una semana que ha devuelto la energía al centro del debate inflacionista y ha recordado, una vez más, que la política económica no se formula en el vacío, sino en un mundo donde una guerra en Oriente Medio puede deshacer en días lo que los mercados tardaron meses en construir.

El mercado bursátil paraguayo abre marzo con nuevas emisiones y cifras récord en custodia

marzo 6, 2026

La Bolsa de Valores de Asunción y la Caja de Valores del Paraguay consolidan la transición tecnológica con resultados que superan las proyecciones iniciales del año, mientras cuatro nuevas series de bonos ingresan al mercado primario.

Un arranque de año que supera expectativas

El mercado de capitales de Paraguay cerró el primer bimestre de 2026 con indicadores que superaron las metas proyectadas, según comunicaron los gerentes generales de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) y la Caja de Valores del Paraguay (Cavapy) en una conferencia de prensa celebrada esta semana. Las cifras presentadas reflejan no solo dinamismo en el volumen de operaciones, sino también el impacto concreto de una transformación tecnológica que lleva apenas semanas en funcionamiento.

Entre enero y febrero de este año, el volumen total de operaciones en la BVA alcanzó el equivalente a 1.423 millones de dólares, lo que representa un incremento del 11 % respecto al mismo período de 2025. Por su parte, el stock de títulos bajo custodia de Cavapy llegó a 4.900 millones de dólares al cierre de febrero, cifra que coloca al mercado a un paso del umbral histórico de los 5.000 millones, que inicialmente se esperaba alcanzar en una etapa posterior del año.

«Este bimestre tuvo todo tipo de operaciones. Hemos probado la totalidad de funciones y la dinámica del mercado de valores», señaló Marcelo Prono, gerente general de Cavapy, al referirse a los resultados obtenidos tras la implementación del sistema Montran.

Nasdaq y Montran: la plataforma que moderniza la infraestructura bursátil

Desde enero de 2026, el mercado bursátil paraguayo opera sobre dos nuevas plataformas tecnológicas de referencia internacional. La BVA incorporó el sistema de negociación de Nasdaq, mientras que Cavapy adoptó la solución Montran para gestionar los procesos de custodia, compensación y liquidación de valores.

Esta doble implementación no es solo un cambio de software: implica una redefinición del esquema operativo del mercado. La separación de funciones entre ambas instituciones quedó formalizada: la BVA concentra la negociación de instrumentos, en tanto Cavapy asume el registro, la custodia y la liquidación de las operaciones bursátiles. Esta especialización fortalece la transparencia del sistema y reduce los riesgos operativos inherentes a la concentración de funciones.

Rodrigo Rojas, gerente general de la BVA, calificó el proceso de coordinación institucional como muy positivo y subrayó que las casas de bolsa, que son quienes interactúan de manera directa con ambas entidades, lograron adaptarse en los plazos establecidos. «El mercado ganó en términos de mejores condiciones de seguridad y conectividad», expresó.

En cuanto a la composición del portafolio custodiado por Cavapy, Prono detalló que de los 4.900 millones de dólares registrados, 900 millones corresponden a títulos físicos. Del monto restante, el 85 % está compuesto por instrumentos de renta fija, el 8 % por acciones y el 7 % restante por cuotas de fondos de inversión. Durante enero y febrero, las emisiones en el mercado primario bajo el nuevo esquema totalizaron 145 millones de dólares, distribuidos en 25 series y 25 emisores distintos.

Las nuevas emisiones de la semana: perfil de los bonos colocados

En sintonía con este dinamismo, la primera semana de marzo registró cuatro nuevas series de bonos incorporadas al mercado primario, con perfiles de riesgo, moneda y plazos variados.

BANCOP S. A. inició la colocación de la Serie 1 de su Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G1 el miércoles 4 de marzo, con fecha de emisión formal el 5 de marzo. El instrumento, calificado con AA-py Estable, ofrece una tasa de interés anual del 9,00 % en guaraníes, con pago de intereses mensual y amortización íntegra del capital al vencimiento. El monto total de la emisión asciende a 130.000 millones de guaraníes y el plazo se extiende hasta el 5 de marzo de 2033, es decir, siete años. El agente organizador fue Sudameris Securities Casa de Bolsa S. A., y la colocación quedó habilitada para todas las casas activas registradas ante la Superintendencia de Valores.

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) abrió la colocación de la Serie 1 del Programa de Emisión Global de Bonos Objetivos de Desarrollo Sostenible denominado AFD.G22 el jueves 5 de marzo. Con calificación estatal y una tasa del 7,70 % anual en guaraníes, este bono contempla el pago trimestral de intereses y la devolución del capital a los seis años, con vencimiento el 5 de marzo de 2032. El monto de la emisión suma 80.000 millones de guaraníes, y la colocación se realizó mediante subasta holandesa de precio único en el horario de 10:00 a 10:30 horas, a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S. A. como agente colocador.

Katuete S. R. L. ingresó al mercado con dos series simultáneas, ambas lanzadas el martes 3 de marzo con calificación BBB-py Estable y organizadas por Asu Capital Casa de Bolsa S. A. La primera, enmarcada en su Programa G2, corresponde a un bono en guaraníes por 10.000 millones, con una tasa del 14,00 % anual y vencimiento el 2 de marzo de 2029, aproximadamente tres años. La segunda, dentro del Programa USD2, es una emisión en dólares por 1.500.000 dólares, con una tasa del 9,00 % anual y vencimiento el 23 de febrero de 2029. Ambas series pagan intereses de forma trimestral y devuelven el capital al vencimiento. La colocación de ambos instrumentos está disponible a través de todas las casas de bolsa habilitadas ante la Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S. A.

Un mercado que amplía su base de emisores

La diversidad de perfiles entre los cuatro nuevos instrumentos ilustra una característica que los responsables del mercado destacan como señal de madurez: la convivencia de grandes emisores institucionales con empresas del sector privado que acceden al financiamiento bursátil. Desde el Estado, a través de la AFD, hasta una entidad bancaria de alta calificación como BANCOP y una empresa comercial como Katuete, el espectro de emisores refleja que el mercado de capitales paraguayo no se circunscribe a un único segmento de la economía.

La incorporación de una emisión en dólares por parte de Katuete subraya, además, la posibilidad de diversificar el riesgo cambiario dentro de la cartera de un inversionista local, ofreciendo alternativas tanto en moneda nacional como en divisa extranjera.

Con la infraestructura tecnológica ya en funcionamiento, los primeros resultados consolidados y una agenda de nuevas colocaciones activa, el mercado bursátil paraguayo transita las primeras semanas de 2026 con señales que apuntan a un año de mayor profundidad y diversificación.

Estados Unidos lanza su ofensiva contra Irán y dispara una factura que podría superar los US$ 95.000 millones mientras el gasto del Pentágono acumula billones en décadas de guerra

marzo 5, 2026

Un arranque que ya costó más de US$ 1.000 millones en sus primeras horas

La decisión del presidente Donald Trump de ordenar ataques directos contra Irán en la madrugada del sábado desencadenó, en cuestión de horas, una cascada de gastos militares que los primeros análisis sitúan por encima de los US$ 1.000 millones solo en la fase inicial de la operación. El detonante fue un contexto de tensión sostenida entre Irán e Israel que se prolongó durante más de un mes y que Washington terminó por resolver con fuego directo sobre territorio iraní.

La ofensiva, según confirmó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), alcanzó más de 1.250 objetivos en Irán durante las primeras 48 horas. Para ejecutar esa campaña, las fuerzas estadounidenses desplegaron un arsenal que el propio CENTCOM detalló en un listado de más de 20 sistemas de armas y activos militares distintos, cada uno con un precio que refleja la envergadura del aparato bélico movilizado.

El inventario del costo: de los drones a los bombarderos B-2

El desglose de los sistemas utilizados revela la magnitud económica de la operación con una claridad que las cifras globales no siempre permiten apreciar.

Los bombarderos B-2, cuya participación fue confirmada por CENTCOM, representan uno de los activos más onerosos del arsenal desplegado. Según reportó The New York Times, cada hora de vuelo de estas aeronaves de alta gama cuesta entre US$ 130.000 y US$ 150.000, únicamente en gastos operativos. Los misiles Tomahawk, también empleados en los ataques, tienen un precio unitario estimado en US$ 2 millones. Los interceptores de misiles antibalísticos THAAD, usados para neutralizar ataques enemigos entrantes, alcanzan los US$ 12,8 millones por unidad, según documentos del Pentágono citados por The Hill.

En el extremo opuesto del espectro de costos, los drones unidireccionales —conocidos como drones «kamikaze» por su naturaleza de un solo uso— cuestan aproximadamente US$ 35.000 cada uno. Si se considera que se utilizaron cerca de 1.250 de estos dispositivos, el costo asociado a ese segmento asciende a unos US$ 43,8 millones. Sin embargo, Cameron Chell, director ejecutivo de la empresa de drones Draganfly, advirtió en declaraciones a Fox News que los ataques de precisión que acabaron con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, «posiblemente costaron decenas de millones», al combinar drones de mayor valor con aeronaves tripuladas.

Los portaaviones y el costo diario de mantener la presencia en la región

Uno de los renglones que más llama la atención desde una perspectiva de economía del gasto público es el costo de mantener operativos los dos portaaviones que Washington trasladó a la zona. Según datos del Center for a New American Security correspondientes a 2013, operar un portaaviones costaba al menos US$ 6,5 millones diarios, cifra que los analistas consideran sensiblemente mayor en la actualidad. Bloomberg estimó en febrero que el USS Gerald Ford, uno de los portaaviones enviados a la región, genera un gasto de aproximadamente US$ 11,4 millones por día. Con dos buques de este tipo en operación, la factura diaria solo por esos activos supera los US$ 13 millones.

A ese costo se suma el de sostener a cerca de 50.000 soldados estadounidenses ya desplegados en la operación, según informó The Washington Post, con la posibilidad de que ese número crezca en los próximos días. El gasto de movilización previa al inicio de los bombardeos —traslado de tropas, buques y aeronaves hacia Medio Oriente— ya había consumido unos US$ 630 millones, según estimaciones de Elaine McCusker, investigadora del American Enterprise Institute y ex funcionaria de presupuesto del Pentágono, citada por The Wall Street Journal.

Las pérdidas en combate elevan la cuenta: US$ 300 millones en tres aviones

Uno de los golpes económicos más concretos y cuantificables de la operación llegó con la pérdida de tres cazas F-15E Strike Eagle, que se estrellaron en Kuwait según confirmó CENTCOM. Con un valor unitario de aproximadamente US$ 90 millones, la destrucción de esas tres aeronaves representó un impacto patrimonial de cerca de US$ 300 millones, una cifra que no incluye el costo de reposición, el entrenamiento de tripulaciones ni los efectos colaterales sobre la cadena de suministro del Departamento de Defensa.

De US$ 1.000 millones iniciales a una proyección de hasta US$ 95.000 millones

Las cifras disponibles en los primeros días del conflicto constituyen apenas una fracción de lo que los analistas proyectan para el conjunto de la operación. Según cálculos del sector de defensa, si el conflicto se extiende, el gasto total podría rondar los US$ 100.000 millones. Una estimación más estructurada, que considera tanto los costos directos de las operaciones como la reposición de suministros militares, sitúa la factura mínima en US$ 40.000 millones, con una proyección central de US$ 65.000 millones y un escenario máximo de US$ 95.000 millones dependiendo de la duración del conflicto.

Pero el impacto económico va más allá del gasto militar en sentido estricto. Análisis académicos advierten que la guerra podría generar pérdidas económicas para Estados Unidos de entre US$ 50.000 millones y US$ 210.000 millones, derivadas de perturbaciones en el comercio, los mercados energéticos y la estabilidad financiera. Los índices bursátiles ya registraron caídas cercanas al 1% antes de la apertura del mercado el lunes posterior a los ataques iniciales, aunque luego moderaron parcialmente esas pérdidas.

El petróleo, la gasolina y la inflación: el conflicto llega al bolsillo del consumidor

La dimensión económica de la guerra no se limita a las finanzas públicas. El conflicto ya alteró los precios del petróleo y el gas, y amenaza con encarecer los viajes y presionar al alza la inflación. Para los consumidores estadounidenses, que ya enfrentaban una crisis de asequibilidad previa al conflicto, el incremento en los precios del combustible en las estaciones de servicio representa un canal directo de transmisión del costo bélico hacia los hogares. La guerra, en ese sentido, no es solo un problema presupuestario del Pentágono: es también un factor macroeconómico con efectos redistributivos que recaen desproporcionadamente sobre los segmentos de menor ingreso.

El peso de una historia de gasto militar sin rendición de cuentas

El conflicto con Irán no emerge en el vacío. Se inscribe en una trayectoria de décadas de gasto militar que los datos históricos vuelven difícil de relativizar. El proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown —elaborado con la participación de 70 académicos— estimó que solo en Afganistán, entre 2001 y 2019, Estados Unidos quemó 2 billones de dólares. Las guerras en Siria e Irak suman otros 2,89 billones de dólares. Los intereses de la deuda pública contraída para financiar esos dos conflictos alcanzaron 1 trillón de dólares adicional.

En conjunto, el mismo proyecto estimó que desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 hasta 2021, el gasto estadounidense en guerras ascendió a US$ 5,8 billones, incluyendo atención médica a veteranos e iniciativas antiterroristas internas. Solo en Medio Oriente, entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, Estados Unidos habría gastado entre US$ 31.500 millones y US$ 33.700 millones, suma que incluye la ayuda militar a Israel y las operaciones en Yemen e Irán. Desde el 7 de octubre de 2003, los sucesivos gobiernos estadounidenses destinaron US$ 21.700 millones exclusivamente en ayuda militar a Israel.

La industria de defensa: el gran beneficiario estructural

Detrás de cada misil Tomahawk, cada interceptor THAAD y cada hora de vuelo de un B-2 hay una cadena de contratistas privados que convierten el conflicto en rentabilidad corporativa. Los datos del Departamento de Defensa revelan que entre 2020 y 2024, ese organismo destinó 2,4 trillones de dólares a contratistas privados. En 2024, el gasto militar estadounidense representó casi el 37% del gasto militar global, con un presupuesto de 997.000 millones de dólares que abarca producción de armas y operaciones, mantenimiento de bases globales, sistemas de inteligencia, personal y logística.

Esta concentración del gasto define prioridades de manera estructural. A modo de contraste, el proyecto de la Universidad de Brown señala que los israelíes tienen, en términos generales, mejor calidad de vida que los estadounidenses, a pesar de que es Washington quien financia en parte sustancial su aparato de seguridad. La paradoja del gasto militar como instrumento de política exterior con costos domésticos concretos no es nueva, pero el conflicto con Irán la vuelve a poner en primer plano con una urgencia renovada.

Un conflicto que también cuenta sus muertos

Cualquier análisis económico del conflicto quedaría incompleto sin reconocer que las cifras en dólares coexisten con un costo humano que los modelos financieros no pueden capturar. Las operaciones militares israelíes respaldadas por Estados Unidos desde 2003 han generado, según los mismos investigadores de Brown, tasas de mortalidad indirecta superiores a las directas. En Gaza, el número de personas muertas supera las 80.000, en su mayoría mujeres y niños palestinos. La guerra con Irán, además de sus implicaciones fiscales y macroeconómicas, añade una nueva dimensión a un ciclo de violencia cuyos costos humanos se acumulan en silencio, lejos de las líneas presupuestarias del Pentágono.

Ormuz bloqueado, Qatar paralizado y Putin amenazando cortar el gas llevan a Europa a un nuevo abismo energético

marzo 5, 2026

Los mercados energéticos mundiales atraviesan su convulsión más severa desde la crisis del gas de 2022. La combinación de una guerra abierta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el cierre efectivo del estrecho de Ormuz y la amenaza del Kremlin de cortar el suministro de gas a Europa ha disparado los precios del gas de referencia europeo hasta los 54,3 euros por megavatio-hora (MWh), casi el doble de los 31,9 euros MWh registrados el viernes previo a los primeros ataques estadounidenses contra Irán. Los futuros del índice de referencia acumulan una subida superior al 50% en apenas una semana de conflicto, y el mercado no atisba aún un horizonte de resolución.

El cierre de Ormuz: un quinto del gas mundial atrapado en el Golfo

El detonante inmediato de la crisis es geográfico y de una contundencia difícil de exagerar. El estrecho de Ormuz, por el que transita normalmente alrededor de una quinta parte de los suministros mundiales de gas natural licuado (GNL), se encuentra prácticamente paralizado para el tráfico de petroleros. El golpe más concreto llegó con el ataque de un dron iraní que forzó el cierre de Ras Laffan, la mayor planta de exportación de GNL del mundo, operada por Catar. La interrupción de esta instalación cardinal tiene un alcance global: aunque Asia absorbe la mayor parte del GNL catarí, cualquier reducción sostenida de la oferta disponible presiona al alza los precios en todos los mercados, incluido el europeo.

Baird Langenbrunner, analista de Global Energy Monitor, advirtió de que el cierre de Qatar tendrá un efecto dominó en el mercado mundial de GNL hasta que se restablezca la producción, sin que por ahora exista ninguna certeza sobre cuándo podría ocurrir. La magnitud del impacto ya ha empujado a varios países asiáticos a buscar alternativas de suministro urgentes: Taiwán ha asegurado cargamentos de GNL para abril procedentes de fuera de Oriente Próximo, mientras que Tailandia explora el mercado en busca de cargamentos adicionales.

El flanco ruso: Putin amenaza con adelantar el corte de gas

Si el frente de Oriente Medio es una amenaza coyuntural, el frente ruso es una amenaza estructural que acaba de acelerarse peligrosamente. El presidente Vladimir Putin declaró el miércoles que estudia detener de forma inmediata todos los envíos de gas a Europa, aprovechando el caos de Ormuz para consolidar nuevos mercados en China e India. La lógica del Kremlin es de una claridad brutal: si la prohibición europea de las importaciones rusas es inevitable en los próximos meses, vale más anticiparse y reorientar los flujos hacia socios más leales. El propio Putin lo expresó en términos sin ambigüedad en una entrevista local: «Si de todos modos van a cerrar ellos el suministro en unos meses, ¿por qué no parar de enviarles gas ahora y aprovechar para afianzar mercados donde nuestros socios son más fiables?», añadiendo que ya ha dado instrucciones a las empresas energéticas rusas para trabajar en esa dirección.

El problema para Europa es que ese 13% de suministro que aún recibe de Rusia, unos 40.900 millones de metros cúbicos anuales, no es una cifra despreciable en un contexto de mercado alterado. La Unión Europea había trazado una hoja de ruta cuidadosamente escalonada para desengancharse del gas ruso: desde el 25 de abril se prohíben los contratos de GNL a corto plazo; a partir del 17 de junio, los contratos a largo plazo por gasoducto; en enero de 2027, la prohibición total de GNL ruso; y en septiembre de 2027, el veto al gas por gasoducto. Ese calendario asumía un mercado sobreabastecido que amortiguase los ajustes. La guerra de Irán ha destruido ese supuesto.

La infraestructura del gas ruso que aún nutre a Europa

Para comprender la exposición real, conviene repasar la arquitectura de flujos que todavía conecta a Rusia con el mercado europeo. El Nordstream fue inutilizado en 2022, y a finales de 2025 se clausuró el Brotherhood, el último gasoducto directo entre Rusia y la Unión Europea que atravesaba Ucrania y cuya capacidad oscilaba entre los 100.000 y los 120.000 millones de metros cúbicos anuales. Su no renovación ya provocó disrupciones serias en el mercado europeo el año pasado.

Sin embargo, Rusia mantiene activo el TurkStream, un gasoducto submarino que cruza el mar Negro hasta la parte europea de Turquía con una capacidad de 31.500 millones de metros cúbicos anuales. Esta arteria sigue siendo un sostén clave para los Balcanes y Europa central y oriental. Más allá del gas por tubería, Rusia realiza envíos masivos de GNL a los puertos del Viejo Continente, especialmente los occidentales. España, Francia y Bélgica se encuentran entre sus principales receptores. El bloque europeo recibía 20.000 millones de metros cúbicos de GNL ruso y 18.000 millones a través del TurkStream, lo que suma ese 13% total del consumo europeo que el Kremlin amenaza con cortar.

Quién depende más: del 12,7% español al 75% húngaro

La distribución de la dependencia no es uniforme. Francia, pese a no ser una economía percibida como estructuralmente dependiente de Moscú, acumula el 40% de todas las compras de gas ruso realizadas en la Unión Europea en términos de volumen absoluto. En términos relativos, los casos más extremos son Hungría, donde tres cuartas partes del consumo de gas provienen de Rusia, y Eslovaquia, donde representa en torno a un tercio. En el extremo opuesto, España registra una dependencia moderada: según el boletín estadístico de Enagás, Rusia fue el tercer mayor proveedor del país en enero, con un 12,7% del suministro global y un 10,9% de media en los últimos doce meses. La diversificación geográfica de los gasoductos españoles y la capacidad de regasificación instalada ofrecen un margen de maniobra del que carecen los socios del este del continente.

Los precios y el recuerdo de 2022

El miedo que recorre ahora los mercados tiene un referente muy preciso. En 2022, cuando Putin cortó el suministro de gasoducto como represalia por las sanciones occidentales, los precios del TTF alcanzaron la cifra de 348 euros por MWh un día de agosto, con subidas de hasta el 231% en la República Checa y del 165% en Rumanía. Los apagones masivos y el racionamiento obligatorio dejaron de ser hipótesis académicas para convertirse en escenarios de planificación concreta. La Comisión Europea tuvo que activar el artículo 122 de los Tratados para aprobar normas de emergencia sin pasar por el procedimiento legislativo ordinario, incluyendo un plan de reducción forzosa del consumo y un mecanismo de tope de precios. Los Estados miembros construyeron terminales flotantes de GNL a una velocidad sin precedentes, como la terminal alemana levantada en 194 días, y los gobiernos inyectaron miles de millones en ayudas directas a hogares e industrias, inflando sus deudas públicas para evitar el colapso social.

Los precios nunca recuperaron los niveles anteriores a 2022, instalando una nueva normalidad de costes energéticos que ha erosionado la competitividad europea frente a Estados Unidos y China. Los economistas de ABN Amro Bank, encabezados por Moutaz Altaghlibi, señalan que Europa está mejor preparada que entonces gracias a la diversificación del GNL y a la expansión de las energías renovables, pero advierten de que una interrupción prolongada podría volver a elevar la presión de forma significativa. El impacto económico, subrayan, depende en gran medida de la duración del choque de precios.

Las reservas europeas: un punto débil estructural

El mercado europeo del gas afronta este nuevo choque en condiciones de partida más frágiles de lo deseable. Los prolongados períodos fríos de este invierno han agotado unas reservas que ya eran escasas, obligando al bloque a reforzar sus compras de GNL este verano para reponerlas. Eso significa que Europa entrará en la siguiente temporada de calefacción compitiendo con los grandes compradores asiáticos, China, Corea del Sur, Japón e India, por los mismos cargamentos, en un escenario en que el GNL catarí ha desaparecido temporalmente del mercado global. Si Asia se ve obligada a absorber una proporción mayor del GNL estadounidense, Europa tendrá que pujar más caro por los volúmenes restantes o acelerar la contratación de suministros alternativos de Noruega, Argelia y Nigeria.

Los gobiernos europeos activan sus planes de contingencia

La respuesta política ya se ha puesto en marcha a varios niveles. En los Países Bajos, el nuevo primer ministro Rob Jetten declaró que su gobierno está dispuesto a adoptar medidas adicionales si fuera necesario, alertando sobre el posible impacto en las reservas estratégicas tanto nacionales como de otros socios europeos. En España, el presidente Pedro Sánchez anunció que su gobierno estudia escenarios y posibles medidas para ayudar a hogares, trabajadores, empresas y autónomos ante un eventual agravamiento del conflicto. El presidente francés Emmanuel Macron fue más lejos y anunció en un discurso televisado su intención de construir una coalición internacional, con participación de medios militares, para proteger el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, el canal de Suez y el mar Rojo. Macron invocó explícitamente los intereses económicos europeos en juego: «Los precios del petróleo, del gas y la situación del comercio internacional están sufriendo una profunda perturbación por esta guerra», declaró.

Desde Bruselas, los funcionarios de la Comisión Europea insisten en que el bloque está bien abastecido, dado que alrededor del 58% de sus importaciones de GNL proceden de Estados Unidos y Qatar representa apenas el 8%. Sin embargo, ese argumento no contempla el efecto indirecto: si los grandes consumidores asiáticos de GNL catarí se ven obligados a reconvertirse en compradores masivos de GNL estadounidense, la presión sobre la oferta disponible para Europa se intensificaría de manera considerable, elevando los precios a niveles difícilmente previsibles en este momento.

Un sistema que no estaba diseñado para dos choques simultáneos

La singularidad de la crisis actual reside en su naturaleza de doble frente. En 2022, el choque fue exclusivamente ruso y afectó al gas de gasoducto. Europa respondió diversificando sus fuentes hacia el GNL, construyendo nueva infraestructura y firmando contratos a largo plazo con proveedores alternativos. Ese modelo de respuesta funciona cuando el mercado global de GNL está bien abastecido. Hoy, precisamente ese mercado está sometido a una interrupción sin precedentes en el estrecho de Ormuz, mientras la fuente rusa de la que el continente aún depende en un 13% amenaza con desaparecer de golpe en lugar de hacerlo de forma gradual según el calendario previsto. Europa se enfrenta, en suma, a la posibilidad de perder simultáneamente el GNL de Oriente Próximo y el gas ruso, teniendo que competir en un mercado global tensado contra economías asiáticas de gran tamaño y con reservas propias ya mermadas. Es exactamente el escenario para el que el plan de desenganche del gas ruso no estaba diseñado.

Ueno Bank coloca USD 350 millones en bonos en Wall Street en la mayor emisión internacional de la banca privada paraguaya

marzo 5, 2026

La operación, organizada por JP Morgan y Bank of America, se realizó a cinco años de plazo y una tasa de 6,70%, con una sobredemanda de 1,5 veces el monto ofertado. La emisión se apoya en calificaciones de Standard & Poor’s y Fitch Ratings y en utilidades superiores a USD 48 millones registradas en 2025.

Condiciones de la emisión

Ueno Bank realizó su primera emisión de bonos en los mercados internacionales por USD 350 millones, a un plazo de cinco años y con una tasa cupón de 6,70%. La colocación se efectuó en la Bolsa de Nueva York y fue organizada por JP Morgan y Bank of America, que actuaron como bookrunners. La operación fue conducida por la directiva de la entidad desde Nueva York.

La tasa obtenida ubica al bono aproximadamente 200 puntos básicos por encima del bono soberano paraguayo, parámetro de referencia que utilizan los mercados para medir el riesgo relativo de un emisor corporativo frente al Estado. Para un emisor que debuta en los mercados internacionales, ese diferencial constituye la línea de base sobre la que se negocia el precio del instrumento durante el proceso de colocación.

Demanda de los inversores

La colocación registró una sobredemanda de 1,5 veces el monto ofertado. Si bien se colocaron USD 350 millones, el interés de los inversores institucionales habría alcanzado cerca de USD 500 millones. Este nivel de oversubscription otorgó a la entidad margen de negociación sobre las condiciones finales de la transacción. Los inversores que participaron provienen de distintos mercados globales.

La sobredemanda registrada se produce en un contexto internacional de tasas elevadas y mayor selectividad de los capitales frente a emisores de mercados emergentes, condiciones bajo las cuales los inversores institucionales aplican criterios más estrictos al momento de asignar recursos a nuevos instrumentos de deuda corporativa.

Respaldo crediticio

La emisión cuenta con doble calificación internacional otorgada por Standard & Poor’s y Fitch Ratings, además de las calificaciones locales de la entidad. Estas notas crediticias son requisito para que los inversores institucionales internacionales puedan incorporar instrumentos de deuda corporativa de emisores de mercados emergentes en sus portafolios. La doble calificación local complementa el perfil crediticio presentado ante el mercado durante el proceso de colocación.

Resultados financieros de la entidad

Ueno Bank cerró el ejercicio 2025 con utilidades superiores a USD 48 millones, capitalizadas en su totalidad para fortalecer el patrimonio. La entidad registra ratios de solvencia sólidos, crecimiento en depósitos, expansión de cartera crediticia y aumento en su base de clientes y activos totales, con índices de morosidad por debajo de la media del sistema financiero paraguayo. Estos indicadores fueron parte del perfil financiero presentado ante los inversores durante el roadshow previo a la colocación. La institución opera actualmente con más de 2,7 millones de clientes.

Estructura accionaria

La entidad tiene como accionista mayoritario al Grupo Vázquez e incorporó recientemente a OTP Group como socio estratégico, uno de los mayores conglomerados financieros de Europa. La incorporación de este socio reforzó la estructura accionaria de la entidad con un actor de presencia y reconocimiento en los circuitos financieros internacionales. Esta composición accionaria formó parte del perfil presentado ante los inversores durante el proceso previo a la colocación.

La operación en el contexto del sistema financiero paraguayo

La emisión de Ueno Bank es la mayor operación de deuda internacional registrada por una entidad bancaria privada del Paraguay, y la primera de este tipo concretada por un banco local en los mercados globales. Hasta la fecha, las emisiones en mercados externos habían correspondido exclusivamente al sector público a través de bonos soberanos, mecanismo habitual en economías emergentes para acceder a financiamiento en moneda extranjera con plazos más largos que los disponibles en el mercado doméstico.

La incorporación de un banco privado paraguayo como emisor en Wall Street representa un cambio en el perfil de los actores del sistema financiero local que acceden al capital internacional. El monto colocado, USD 350 millones, supera cualquier operación de fondeo externo previamente registrada por una entidad bancaria del país, lo que sitúa a esta transacción como referencia en la historia reciente del sistema financiero paraguayo.

Destino de los fondos

Los recursos captados a través de esta emisión serán destinados a financiar el crecimiento de la cartera crediticia de la institución en los distintos segmentos en los que opera. La operación diversifica la estructura de pasivos de la entidad y le permite acceder a plazos y montos que el mercado local no ofrece en la misma escala, reduciendo así la dependencia de fuentes de financiamiento domésticas para sostener su ritmo de expansión crediticia.

Antecedente para el sector

El acceso de Ueno Bank al mercado internacional de deuda en estas condiciones establece un precedente dentro del sistema financiero paraguayo. Otras instituciones del sector que cuenten con calificaciones crediticias internacionales y fundamentos financieros equivalentes podrían tomar esta transacción como referencia al momento de evaluar el acceso a fuentes de financiamiento en los mercados globales de capitales.

La Corte Suprema de Estados Unidos anula los aranceles recíprocos de Trump: 170.000 millones en disputa, oleada de demandas y un sistema de reembolsos sin precedentes

marzo 4, 2026

El fallo histórico: separación de poderes y los límites de la IEEPA

El 20 de febrero, tras tres meses y quince días de análisis deliberativo, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo de seis votos contra tres que redibujó los contornos del poder ejecutivo en materia comercial. El tribunal concluyó que el presidente Donald Trump había excedido las atribuciones que le confiere la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) al utilizarla como fundamento para imponer aranceles recíprocos generales sobre la mayoría de los socios comerciales del país.

La IEEPA, promovida por el presidente Jimmy Carter y próxima a cumplir cincuenta años de vigencia, autoriza al presidente a regular el comercio internacional tras la declaración de una emergencia nacional que represente una amenaza inusual y extraordinaria proveniente del exterior. Sin embargo, según interpretó la Corte, esa facultad regulatoria no equivale ni se extiende a la potestad de establecer aranceles generales, competencia que la Constitución reserva expresamente al Congreso.

Lo que hace particularmente contundente esta decisión es su dimensión histórica: la Corte constató que, durante los casi cincuenta años de vigencia de la IEEPA, ninguno de los doce presidentes que gobernaron bajo su amparo la había utilizado jamás para imponer aranceles. En tiempos de paz, razonaron la mayoría de los magistrados, solo el Poder Legislativo puede establecer cargas que afecten directamente la billetera de los contribuyentes. La sentencia erige así una defensa firme del principio de separación de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Para arribar a esta conclusión, el tribunal examinó con detenimiento las ocho facultades expresas que la ley confiere al presidente: bloquear o suspender, regular, dirigir y obligar, anular, invalidar, impedir, prohibir, e investigar y supervisar. Ninguna de ellas, determinó la mayoría, alcanza para sostener la imposición de aranceles generales. Con ese razonamiento, la Corte anuló los gravámenes recíprocos que Trump había lanzado en abril del año anterior y que, durante diez meses de vigencia, afectaron a la gran mayoría de los países del mundo, acompañados de una frase que el presidente convirtió en divisa política: «Arancel es la palabra más linda del diccionario».

Lo que el fallo no toca: las facultades arancelarias que sobreviven

La anulación no es total ni equivale a un desarme comercial del ejecutivo. La Corte no cuestionó dos instrumentos que conservan plena vigencia y que han sido utilizados activamente durante la administración Trump.

El primero es la Sección 232 de la Ley de Comercio de 1962, que permite imponer aranceles para proteger sectores considerados estratégicos por su vínculo con la seguridad nacional. Bajo esta norma se mantienen vigentes gravámenes de entre el 25% y el 50% sobre el acero, el aluminio, los vehículos y las autopartes, entre otros productos.

El segundo es la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a investigar y sancionar prácticas comerciales extranjeras consideradas desleales, irrazonables o violatorias de acuerdos comerciales vigentes. Esta herramienta también ha sido empleada en casos vinculados a vulneraciones de derechos laborales y humanos.

Ambos mecanismos quedan intactos y constituyen el arsenal arancelario que la administración puede seguir desplegando con sustento legal.

Diez meses de aranceles y una agenda negociadora

Los aranceles recíprocos, aunque ahora anulados, no transcurrieron en el vacío. Durante su vigencia, la Casa Blanca los utilizó como palanca de negociación para avanzar en acuerdos con múltiples países. China, India, Malasia, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Argentina figuran entre los que realizaron concesiones en condiciones de acceso para productos norteamericanos a cambio de alivios tarifarios. Este período de negociaciones activas bajo presión arancelaria muestra cómo la política comercial de Trump convirtió el arancel en instrumento diplomático antes de que el tribunal cortara su base legal.

170.000 millones en disputa: la batalla por los reembolsos

La anulación de los aranceles abre una controversia económica de dimensiones extraordinarias. Durante los diez meses de vigencia de los gravámenes recíprocos, los importadores estadounidenses abonaron más de 170.000 millones de dólares en aranceles, cifra que según algunos cálculos podría ascender hasta los 175.000 millones. La pregunta que ahora sacude los tribunales comerciales y las salas de juntas corporativas es directa: ¿quién devuelve ese dinero, cuándo y cómo?

La Corte Suprema optó por guardar silencio en su fallo sobre la cuestión de los reembolsos, delegando esa responsabilidad en el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (CIT), con sede en Nueva York. Esa omisión no fue inocente: abrió un vacío que inmediatamente comenzó a llenarse de litigios.

El propio presidente Trump ofreció una señal poco alentadora para los importadores al sugerir que su gobierno podría oponerse a los reembolsos o al menos no facilitar el proceso, y aventuró que el asunto «tendrá que litigarse», potencialmente durante años. Ante ese escenario, el Departamento de Justicia solicitó un aplazamiento de hasta cuatro meses para estudiar sus opciones. El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en Washington rechazó esa petición mediante una escueta orden de una página y devolvió el caso de inmediato al CIT.

La recaudación de aranceles recíprocos bajo la IEEPA se interrumpió a partir del 24 de febrero, días después del fallo, aunque la sentencia no especificó el mecanismo de devolución ni si los reembolsos devengarían intereses.

La oleada de demandas: más de 2.000 casos y grandes marcas en los tribunales

En los días transcurridos desde el fallo, más de cien empresas presentaron nuevas demandas, elevando el total de litigios relacionados con aranceles por encima de los 2.000 casos, según un análisis de Bloomberg News. La cifra, que ya representa una carga considerable para el tribunal de comercio, constituye apenas una pequeña fracción de los cientos de miles de importadores que pagaron los gravámenes anulados.

Entre los demandantes de mayor perfil figuran FedEx Corp., Dyson Inc., Dollar General Corp., Bausch & Lomb Inc., Brooks Brothers, Sol de Janeiro USA Inc., filiales de L’Oréal SA, On Holding AG y Skechers USA Inc. FedEx precisó en un comunicado que ha tomado las medidas necesarias para proteger sus derechos como importador registrado y que, de recibir reembolsos, los trasladará a los remitentes y consumidores que originalmente asumieron esos cargos.

La incorporación de grandes compañías cotizadas ha tenido un efecto catalizador sobre empresas más pequeñas. Como explicó Jason Kenner, abogado especializado en comercio: cuando ejecutivos de firmas menores ven que una gran corporación con abogados internos presenta su demanda, infieren que quizás esa empresa sabe algo que ellos desconocen. El abogado David Craven añadió otra lectura estratégica: la presencia masiva de compañías como FedEx y Costco reduce el temor a represalias por parte de la Casa Blanca.

Sin embargo, los expertos advierten que nadie debería contar con ese dinero en el corto plazo. «No es dinero con el que se pueda contar en el corto plazo», resumió Nate Herman, vicepresidente ejecutivo de la American Apparel & Footwear Association.

El CIT ante la mayor operación de devolución arancelaria de la historia

El Tribunal de Comercio Internacional enfrenta ahora la tarea de diseñar y administrar lo que podría convertirse en la mayor operación de devolución arancelaria en la historia de Estados Unidos. El tribunal tiene experiencia en procesos masivos de reembolso: tras la decisión de la Corte Suprema de 1998 que anuló un impuesto de mantenimiento portuario sobre exportaciones, gestionó varios miles de reclamaciones. Sin embargo, la escala del desafío actual no tiene precedente.

Los abogados involucrados trabajan en condiciones de frenesí para preservar las reclamaciones de sus clientes, ya que muchas partidas han sido liquidadas, lo que añade complejidad técnica y documental al proceso. Según las normas aduaneras estadounidenses, los importadores disponen habitualmente de 180 días tras la liquidación de las partidas para impugnar los aranceles pagados.

Las demandas han sido impulsadas en parte por acciones conocidas como tag-along, mecanismos que trasladan solicitudes pendientes entre tribunales para salvaguardar derechos y evitar que venzan los plazos legales. La impugnación original fue iniciada por pequeñas empresas, en particular la compañía de juguetes educativos Learning Resources; desde entonces, el universo de demandantes creció exponencialmente.

La batalla por los reembolsos podría desencadenar litigios secundarios de naturaleza privada, como disputas entre importadores y minoristas que acordaron compartir costos arancelarios durante el período de vigencia. Un ciudadano de Nueva York ya presentó una demanda colectiva contra EssilorLuxottica SA para recuperar lo que afirma haber pagado de más por gafas Ray-Ban debido a incrementos de precio vinculados a los aranceles. Los consumidores finales no pueden solicitar devoluciones directamente a las autoridades aduaneras, incluso si las empresas les trasladaron el costo mediante subidas de precios. Legisladores demócratas han instado al gobierno a enviar cheques de reembolso directamente a los hogares estadounidenses, una propuesta que aún no tiene visos de prosperar.

Nuevos aranceles inmediatos: la administración no se queda sin instrumentos

Pocas horas después del fallo del 20 de febrero, la administración reaccionó con celeridad. Amparada ahora en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, impuso un nuevo arancel del 10% sobre bienes procedentes de todos los países y apuntó a una posible elevación al 15% durante un período de 150 días, con algunas exenciones para sectores como la aviación civil. El movimiento confirmó que la Casa Blanca no tiene intención de ceder el terreno ganado en política comercial y que cuenta con instrumentos alternativos para mantener la presión arancelaria.

El impacto para Europa: alivio parcial pero sin reembolsos directos

Para la Unión Europea, la decisión del Tribunal Supremo estadounidense ofrece un alivio real pero acotado. Los productos europeos —maquinaria, productos químicos, vehículos, artículos de lujo— estuvieron sujetos a los aranceles recíprocos de la IEEPA durante los diez meses de vigencia. Con esas medidas invalidadas, los exportadores del bloque quedan liberados de esa carga específica.

Sin embargo, hay un punto crítico que conviene subrayar: las devoluciones irán exclusivamente a los importadores estadounidenses que pagaron los aranceles. Las empresas, gobiernos o proveedores europeos que absorbieron costos o perdieron ventas durante ese período no tienen derecho legal directo sobre los reembolsos del Tesoro estadounidense. Cualquier beneficio posterior dependerá de que los importadores norteamericanos decidan trasladar esos ahorros mediante precios más bajos o mejores condiciones comerciales, una decisión que responde a lógicas de mercado y no a mandatos legales.

La Comisión Europea ha calificado el fallo como una reafirmación oportuna del sistema de contrapesos institucionales y del Estado de derecho, subrayando al mismo tiempo la necesidad de claridad y estabilidad en el comercio transatlántico. El servicio de estudios del Parlamento Europeo ha destacado el alcance más amplio de la sentencia, aunque también ha señalado el silencio del fallo sobre las devoluciones. Con todo, la UE ha paralizado la ratificación de un marco recientemente negociado para un acuerdo comercial bilateral ante el escenario de incertidumbre persistente, y se multiplican las peticiones de renegociar y aclarar determinados puntos.

El panorama general para los exportadores europeos sigue siendo de gran volatilidad. No existe ningún mecanismo que permita a entidades de la UE recibir reembolsos directos, lo que obliga a los exportadores del bloque a navegar la incertidumbre política mediante la diplomacia y la adaptación estratégica, mientras aguardan señales más claras sobre la dirección que tomará la política comercial estadounidense en los próximos meses.

La guerra santa de Trump: cuando la fe fundamentalista reemplaza a la estrategia geopolítica

marzo 4, 2026

Mandos militares estadounidenses presentan la guerra contra Irán como un imperativo bíblico, mientras el protestantismo evangélico convierte al presidente en figura mesiánica con el respaldo de Israel, un Estado que rechaza la doctrina cristiana que lo sustenta

El 7 de marzo de 2026, el mundo despertó ante la noticia de que Estados Unidos e Israel habían lanzado una operación conjunta contra Irán durante la madrugada, culminando con la muerte del ayatolá Alí Jamenei. Donald Trump anunció la ofensiva con un lenguaje que mezcló la terminología militar con la retórica de redención histórica, prometiendo bombardeos «ininterrumpidos durante toda la semana o mientras fuera necesario» para alcanzar lo que llamó «paz en Oriente Medio y, de hecho, en el mundo». Lo que podría haber sido analizado como una decisión geopolítica de enorme trascendencia quedó inmediatamente contaminado por algo mucho más perturbador: la irrupción de una teología apocalíptica en la cadena de mando del ejército más poderoso de la historia.

Una guerra presentada como voluntad divina desde los cuarteles

La Fundación para la Libertad Religiosa Militar (MRFF, por sus siglas en inglés), organismo de control civil sin fines de lucro, recibió más de 110 denuncias en menos de 48 horas desde el inicio de los ataques. Las quejas provenían de más de 40 unidades distintas repartidas en 30 instalaciones militares de todas las ramas de las fuerzas armadas estadounidenses. El hilo conductor de los testimonios era alarmantemente uniforme: comandantes de unidades de combate habían comenzado a invocar pasajes del Libro del Apocalipsis para explicar a sus tropas el sentido del conflicto.

Uno de los suboficiales que presentó denuncia ante la MRFF describió con precisión lo sucedido en una reunión informativa del lunes posterior al ataque. Su comandante, según el testimonio, «nos instó a decirles a nuestras tropas que todo esto era parte del plan divino de Dios» y procedió a citar explícitamente pasajes del Apocalipsis referentes al Armagedón y al «inminente regreso de Jesucristo». El suboficial, que declaró escribir en nombre de otras 15 personas entre las que se contaban 11 cristianos, un musulmán y un judío, advirtió que tales declaraciones «destruyen la moral y la cohesión de la unidad y violan los juramentos que hicimos de apoyar la Constitución». Las tropas representadas se encontraban en ese momento en estado de «apoyo listo», es decir, desplegables en cualquier momento hacia el teatro iraní.

El presidente de la MRFF, Mikey Weinstein, veterano de la Fuerza Aérea, describió un patrón sistemático al periodista independiente Jonathan Larsen, quien publicó la investigación en Substack: «Nuestros clientes informan de la euforia desbordante de sus comandantes ante la idea de que esta nueva guerra es claramente la señal innegable del rápido avance del fin de los tiempos cristiano fundamentalista». Weinstein añadió que varios de estos mandos manifestaban una satisfacción particular ante la perspectiva de la intensidad sangrienta del conflicto, como si la dimensión de la violencia fuera el indicador de fidelidad a la escatología fundamentalista. No se trataba de un desvío individual: era un patrón institucional que merecía una respuesta urgente del Pentágono. Respuesta que, significativamente, no llegó.

Trump como mesías: el peligro de la figura ungida

La afirmación que más consternación generó en los testimonios recabados por la MRFF fue la de que Donald Trump «fue ungido por Jesús para encender la señal de fuego en Irán para causar el Armagedón y marcar su regreso a la Tierra». Esta declaración no es un hecho aislado en los márgenes del evangelicalismo estadounidense, sino la expresión codificada de una corriente teológica que lleva décadas construyendo una narrativa mesiánica alrededor del presidente.

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, escribió a Trump poco antes de los ataques a instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025: «No buscaste este momento. Este momento te buscó». El pastor John Hagee, figura de referencia del sionismo cristiano y visitante frecuente de la Casa Blanca durante el primer mandato, declaró a su congregación el domingo posterior a los ataques que la guerra con Irán era «una señal de que nos acercamos al fin de los tiempos» y que «proféticamente, estamos en el momento justo». Paula White, asesora espiritual de Trump durante décadas, lleva años articulando este discurso de apoyo incondicional a Israel con argumentos proféticos. Pete Hegseth, secretario de Defensa y cristiano renacido, celebra reuniones mensuales de oración en el Pentágono y asiste a un estudio bíblico semanal en la Casa Blanca dirigido por un predicador cuya doctrina central es que Dios bendice a quienes apoyan al Estado de Israel.

Presentar a un líder político como ungido por Dios para desencadenar el Armagedón no es teología: es fanatismo con consecuencias geopolíticas reales. La historia enseña que los líderes revestidos de aura mesiánica tienden a actuar con una certeza que excluye el diálogo, la prudencia y la rendición de cuentas. Cuando esa certeza recae sobre el comandante en jefe del ejército con mayor capacidad destructiva del planeta, y cuando esa certeza se infiltra en la cadena de mando militar, el peligro deja de ser abstracto para convertirse en una amenaza documentada y urgente.

La gran contradicción del sionismo cristiano

Existe en todo este entramado una paradoja teológica de magnitud colosal que los promotores de esta narrativa prefieren ignorar. El protestantismo evangélico que respalda política, económica y moralmente al Estado de Israel apoya a un Estado que no reconoce a Jesucristo como el Mesías prometido. Israel es una nación judía cuya identidad religiosa mayoritaria niega de manera explícita la divinidad de Cristo y rechaza el Nuevo Testamento como texto canónico. Apoyar al Estado de Israel en nombre del cumplimiento de las profecías bíblicas neotestamentarias es, desde la perspectiva de la propia doctrina cristiana, un acto de contradicción irresoluble.

El argumento evangélico que justifica este apoyo, conocido teológicamente como dispensacionalismo o teología de la sustitución invertida, sostiene que la restauración del Estado de Israel es un prerrequisito necesario para el regreso de Cristo y que, por tanto, los cristianos deben favorecer ese proceso aunque implique apoyar a quienes niegan a Cristo. Lo que esta visión obvia es que, según la propia escatología cristiana fundamentalista que la sustenta, los judíos que no se conviertan al final de los tiempos serán condenados. El apoyo a Israel no nace, por tanto, de una genuina solidaridad religiosa, sino de un utilitarismo teológico en el que el pueblo judío es instrumentalizado como pieza de un escenario profético que no comparte ni suscribe.

Esta instrumentalización es éticamente repugnante y teológicamente incoherente. Los evangélicos que usan la Biblia para justificar la guerra no están interpretando las Escrituras: las están reduciendo a un guion de política exterior. La diferencia es fundamental.

La tergiversación bíblica como justificación del conflicto armado

El problema no es exclusivo del evangelicalismo cristiano. Sectores del judaísmo religioso israelí, particularmente en el espectro del sionismo religioso, llevan décadas desarrollando interpretaciones de la Torá y del Talmud que otorgan una sanción divina a la expansión territorial, la violencia militar y el desplazamiento de poblaciones. El concepto de «tierra prometida» ha sido reinterpretado por estos sectores no como una promesa espiritual o histórica sino como un mandato militar activo y vigente que justifica la acción bélica contemporánea.

Cuando los mandos militares estadounidenses citan el Libro del Apocalipsis para dar sentido a bombardeos contra Irán, y cuando el gobierno de Benjamín Netanyahu construye su narrativa sobre una legitimidad religiosa que le otorga derecho a atacar en nombre de la supervivencia del pueblo elegido, ambas partes están haciendo lo mismo: convirtiendo textos sagrados en instrumentos de propaganda bélica. El resultado es un conflicto en el que las partes no solo defienden intereses nacionales sino que se atribuyen una misión divina, lo que elimina cualquier posibilidad racional de negociación o desescalada.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, declaró desde Viena que la agencia «nunca ha tenido evidencia de un programa estructurado para fabricar una bomba atómica» en Irán, y que no existían indicios de que Teherán estuviera a punto de producir un arma nuclear. Irán, por su parte, ha negado reiteradamente cualquier intención de desarrollar armamento atómico. La justificación técnica de la ofensiva, por tanto, descansa en hipótesis más que en certezas verificadas. Cuando la justificación política es débil, el relato religioso llena el vacío.

El entorno de Trump y la institucionalización del fundamentalismo

Lo que está ocurriendo en los cuarteles estadounidenses no es una anomalía espontánea. Es el resultado de años de infiltración del fundamentalismo evangélico en las instituciones del Estado. Pete Hegseth, que llegó al Pentágono con la bendición de Trump, representa el perfil de un funcionario cuya cosmovisión religiosa no es un asunto privado sino un elemento estructural de su ejercicio del poder. Las reuniones de oración en el Departamento de Defensa, los estudios bíblicos en la Casa Blanca, la retórica de pastores como Hagee convertida en marco interpretativo de la acción militar: todo esto configura un ecosistema ideológico en el que la frontera entre política exterior y teología apocalíptica se ha vuelto porosa hasta casi desaparecer.

El peligro de esta porosidad no reside únicamente en el plano doctrinal. Reside en sus consecuencias operativas. Un soldado que recibe la orden de combatir en el marco de un plan divino no procesa esa orden con los mismos parámetros éticos que uno que la recibe en el marco del derecho internacional. Un comandante que cree estar ejecutando la voluntad de Dios no aplica los mismos criterios de proporcionalidad que uno que rinde cuentas a una cadena de mando secular. Y un presidente que ha sido convencido por su entorno de que fue ungido para encender el fuego del Armagedón no evaluará las consecuencias de sus decisiones con la misma racionalidad que uno que las toma en nombre de intereses nacionales definibles y verificables.

Las consecuencias de una visión apocalíptica en el poder

Trump anunció que ordenó a sus tropas continuar atacando Irán durante «cuatro o cinco semanas». Israel bombardeó la sede de la Asamblea de Expertos en Qom, el órgano encargado de designar al sucesor del ayatolá Jamenei, tres aeropuertos iraníes y múltiples objetivos de alto valor estratégico. Teherán respondió con misiles y drones contra bases y embajadas estadounidenses, además de objetivos en Israel y en aliados del Golfo. Netanyahu declaró que continuaría atacando «con mayor intensidad tanto a Irán como a Hezbolá». Ninguna de las partes mostró disposición a negociar.

Este es el escenario que produce una visión apocalíptica instalada en las cúpulas del poder: un conflicto que se autoalimenta porque sus protagonistas no solo no temen el fin, sino que lo esperan como confirmación de su fe. La escatología fundamentalista no contempla la desescalada como virtud: contempla la intensificación como señal de cumplimiento profético. Cuanto más sangrienta sea la batalla, más cerca estará el retorno del Mesías. Esa lógica, aplicada a la mayor potencia militar del mundo, no es simplemente preocupante: es civilizatoriamente inaceptable.

El mundo se enfrenta a un conflicto en el que al menos una de las partes ha institucionalizado una narrativa que convierte la guerra en sacramento. Las denuncias tramitadas por la MRFF no son el ruido de fondo de una sociedad diversa: son la señal de alarma de una democracia en la que la separación entre iglesia y Estado, principio fundacional de la República estadounidense, está siendo erosionada desde dentro, en los cuarteles, en el Pentágono y en los pasillos de la Casa Blanca. Esa erosión no tiene precedente reciente en Occidente, y su alcance trasciende con mucho las fronteras de Oriente Medio.

La apreciación del guaraní contrae un 10,5% la recaudación aduanera en febrero y arrastra al total de ingresos tributarios a una caída del 2,9%

marzo 4, 2026

La apreciación del guaraní contrae un 10,5% la recaudación aduanera en febrero y arrastra al total de ingresos tributarios a una caída del 2,9%. La DNIT registró una recaudación total de G. 2 billones 655.994 millones (USD 411,1 millones) en febrero de 2026, con una variación negativa de G. 80.272 millones respecto a igual mes del año anterior. La fortaleza del guaraní —que se apreció un 18,5% interanual— erosionó la base imponible en moneda local y compensó el crecimiento del 4,1% registrado en Impuestos Internos.

Un resultado negativo que no refleja debilidad económica

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) cerró febrero de 2026 con una recaudación en efectivo de G. 2 billones 655.994 millones, equivalentes a USD 411,1 millones. La cifra implica una contracción interanual del 2,9% frente a los G. 2 billones 736.266 millones recaudados en el mismo mes de 2025, una diferencia de G. 80.272 millones (USD 12,4 millones) menos.

Sin embargo, la institución fue enfática en distinguir el origen del resultado adverso: la caída no obedece a una contracción de la actividad económica ni a una reducción del comercio exterior, sino a un efecto de valuación cambiaria. El guaraní se apreció un promedio del 18,5% en términos interanuales durante febrero, lo que redujo en un 13,8% la base imponible de las importaciones expresada en moneda local y, por consiguiente, encogió los ingresos aduaneros.

Para dimensionar el impacto cambiario, basta observar la evolución del tipo de cambio: mientras que hace un año el dólar cotizaba en torno a G. 8.000, al cierre del martes la divisa se ubicó en G. 6.530 en el mercado efectivo. Esa apreciación del guaraní hace que los mismos dólares de las importaciones valgan menos al convertirlos a moneda local, achicando mecánicamente la base sobre la que se calculan los tributos aduaneros.

Aduanas pierde un 10,5% pese al aumento de las importaciones

La Gerencia General de Aduanas recaudó G. 1 billón 180.560 millones (USD 182,7 millones) en febrero, lo que representa una variación interanual negativa del 10,5%. El dato contrasta con el comportamiento del comercio exterior: las importaciones crecieron un 4,1% en términos del valor imponible medido en dólares, lo que indica que el volumen de mercancías ingresadas al país fue mayor al del año anterior.

La aparente contradicción entre más importaciones y menos recaudación aduanera se resuelve en el tipo de cambio. El alza del valor imponible en dólares (+4,1%) quedó más que neutralizada por la apreciación del guaraní (-18,5% interanual), generando una reducción neta de la base imponible en moneda local del 13,8%. Sobre esa base reducida se aplican los aranceles e impuestos aduaneros, dando como resultado la caída del 10,5% en la recaudación. La DNIT subrayó que este efecto responde a un componente de valuación y no a una contracción del comercio exterior, cuya dinámica en términos reales continúa mostrando un desempeño favorable.

Impuestos Internos crece un 4,1% y consolida la expansión del mercado interno

En el frente interno, la fotografía es diferente. La Gerencia General de Impuestos Internos recaudó G. 1 billón 475.434 millones (USD 228,4 millones) en febrero, con un incremento interanual del 4,1%. Esta expansión refleja la mayor dinámica de la economía doméstica e impulsó sectores que traccionaron la actividad: comercio, transportes, alimentos diversos, restaurantes y hoteles, construcción, fabricación de productos metálicos y ganadería, entre los más destacados.

El propio informe de la DNIT destacó que el crecimiento sostenido de los Impuestos Internos refleja la expansión de la actividad económica y la consolidación del dinamismo en los principales sectores productivos, calificándolo como el componente estructural que sostiene la trayectoria de los ingresos tributarios en el mediano plazo. Se trata, en suma, del motor de largo aliento de las finanzas públicas, menos expuesto a las volatilidades cambiarias que afectan a la recaudación de Aduanas.

El acumulado bimestral: G. 5,86 billones recaudados, con una caída del 1%

Al consolidar los resultados de enero y febrero, la recaudación total del primer bimestre de 2026 alcanzó G. 5,86 billones, lo que implica una caída interanual del 1,0% frente al mismo período de 2025. La brecha está explicada, nuevamente, por el componente aduanero.

Desglosando el bimestre: los Impuestos Internos sumaron G. 3,36 billones, con un crecimiento del 7% interanual, mientras que la recaudación aduanera acumuló G. 2,49 billones, anotando una caída del 10% respecto al mismo lapso del año anterior. La divergencia entre ambos componentes ilustra con claridad el efecto asimétrico de la apreciación cambiaria: los impuestos internos —vinculados a transacciones en guaraníes— no resienten la baja del dólar, en tanto que los ingresos aduaneros sí lo hacen de manera directa.

Perspectivas: el riesgo cambiario como variable a monitorear

Los datos de febrero de 2026 ponen en evidencia la doble cara de un guaraní fuerte para las arcas del Estado paraguayo. Por un lado, la apreciación cambiaria reduce la presión inflacionaria importada y abarata los insumos del sector productivo. Por el otro, erosiona uno de los pilares de la recaudación nacional: los tributos aduaneros, que dependen directamente de la conversión de valores en dólares a moneda local.

La DNIT fue cuidadosa en encuadrar el fenómeno como un efecto de valuación y no como señal de deterioro económico. En tanto el comercio exterior mantenga su dinamismo en términos reales y los Impuestos Internos continúen su senda de crecimiento, el sistema tributario tiene capacidad de absorber el impacto cambiario. Sin embargo, si el guaraní sostiene su fortaleza a lo largo del año, los ingresos aduaneros seguirán bajo presión y el desafío de cumplir las metas de recaudación podría intensificarse en los meses venideros.

De momento, la solidez del mercado interno —reflejada en los números de Impuestos Internos— opera como amortiguador. La pregunta que queda abierta es cuánto tiempo ese dinamismo podrá compensar los efectos de un tipo de cambio que, por ahora, trabaja en contra de uno de los ingresos más sensibles al ciclo externo de la economía paraguaya.

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Una deuda que acumula años y empresas al borde del quiebre

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Un sistema que no estaba diseñado para dos choques simultáneos

Condiciones de la emisión

Demanda de los inversores

Respaldo crediticio

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Estructura accionaria

La operación en el contexto del sistema financiero paraguayo

Destino de los fondos

Antecedente para el sector

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