Importaciones paraguayas crecen 11,7% en el primer trimestre de 2026 y llegan a USD 4.531,8 millones, impulsadas por turismo, consumo y el régimen de materia prima

abril 23, 2026

Las importaciones paraguayas cerraron el primer trimestre de 2026 con cifras que evidencian un dinamismo sostenido en la actividad económica del país. Según datos del Banco Central del Paraguay (BCP), el total importado al cierre de marzo alcanzó los USD 4.531,8 millones, lo que representa un incremento del 11,7% frente al mismo período de 2025. El resultado consolida una tendencia expansiva que abarca tanto el comercio registrado como el movimiento bajo régimen de turismo, y que encuentra un reflejo particular en el desempeño del régimen de materia prima, monitoreado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

El crecimiento no fue uniforme entre los distintos componentes. Las importaciones registradas, que representaron el 97,6% del total, alcanzaron USD 4.423,6 millones, con un aumento del 12,5% interanual. En tanto, las denominadas «otras importaciones», equivalentes al 2,4% restante, sumaron USD 108,2 millones y registraron una caída del 11,5%. En términos de volumen físico, el incremento global fue del 10,6%, lo que indica que la expansión en valor no se explica exclusivamente por variaciones de precios, sino también por un mayor flujo real de mercancías.

Turismo y uso interno: los dos motores del crecimiento importador

Dentro de la estructura total de importaciones, el 79,2% correspondió a bienes destinados al uso interno, mientras que el 20,8% restante se canalizó bajo el régimen de turismo. En términos absolutos, las importaciones para uso interno totalizaron USD 3.501,9 millones, con un avance del 10,2% respecto al primer trimestre del año anterior. Por su parte, las realizadas bajo el régimen de turismo alcanzaron USD 921,7 millones, con una expansión considerablemente más pronunciada del 22,1%, consolidándose como uno de los principales motores del crecimiento importador del período.

El comportamiento diferenciado entre ambos segmentos se hace más evidente al analizar los bienes de capital. Las importaciones de este tipo bajo el régimen de turismo crecieron un 18,6%, sumando USD 638,0 millones, y representaron el 69,2% del total de ese régimen. En contraste, las compras de bienes de capital destinadas al uso interno registraron una reducción del 3,2%, ubicándose en USD 1.102,5 millones. Esta divergencia sugiere que una porción significativa de la inversión en equipamiento y maquinaria sigue canalizándose a través del esquema turístico, posiblemente aprovechando condiciones arancelarias y operativas más favorables.

Bienes de consumo al alza en ambos segmentos

En el rubro de bienes de consumo, la tendencia fue positiva en los dos componentes del comercio exterior. Las importaciones bajo el régimen de turismo crecieron un 30,8%, alcanzando USD 280,6 millones, mientras que las destinadas al uso interno aumentaron un 12,7%, hasta situarse en USD 1.168,8 millones. Dentro de este grupo, se destaca el impulso de los bienes de consumo duraderos, que registraron una expansión notable durante el período analizado. Este comportamiento refleja una demanda interna activa y una mayor capacidad de compra de los hogares paraguayos, en un contexto de estabilidad macroeconómica relativa.

El régimen de materia prima: una herramienta industrial en expansión

En el marco de este escenario importador ampliado, el régimen de materia prima gestionado por el MIC mostró un desempeño destacado. Según informó la cartera a través de un informe oficial del Viceministerio de Industria, las importaciones bajo este mecanismo totalizaron USD 123 millones entre enero y marzo de 2026, con 1.811 solicitudes aprobadas en el trimestre, lo que representa un incremento del 17% frente al mismo período del año anterior.

Solo en el mes de marzo, el régimen acumuló importaciones por USD 45 millones, con 626 solicitudes autorizadas y la participación de 133 industrias. Al cierre del trimestre, un total de 204 empresas accedieron al beneficio, lo que evidencia una base industrial activa y con capacidad de gestión ante los organismos competentes.

Sectores metalúrgico y químico-farmacéutico concentran la mayor demanda de insumos

Desde el punto de vista sectorial, el 67% de las importaciones bajo el régimen de materia prima se concentró en los sectores metalúrgico y químico-farmacéutico. A su vez, el 71% de las industrias beneficiadas pertenece a estos mismos rubros, junto con los de caucho y plástico, y alimentos y bebidas. También registraron participación empresas de los sectores textil, papel e impresión y fabricación de muebles, lo que refleja la transversalidad del instrumento a lo largo de la cadena productiva nacional.

En cuanto al origen geográfico de los insumos, el 80% del total importado bajo este régimen provino de tres países: China, India y Alemania, que se consolidaron como los principales proveedores de materias primas para la industria paraguaya. Esta concentración en mercados de alto volumen de producción industrial sugiere una orientación pragmática por parte de las empresas locales hacia fuentes de abastecimiento competitivas en precio y disponibilidad.

Central y Alto Paraná, polos industriales dominantes

La distribución geográfica interna de las importaciones bajo el régimen de materia prima también presenta una marcada concentración. El 87% del total corresponde a industrias radicadas en los departamentos de Central y Alto Paraná, los dos principales polos industriales del país. Este dato reafirma la importancia estratégica de ambas regiones en la configuración productiva de Paraguay y plantea, al mismo tiempo, interrogantes sobre la necesidad de políticas que incentiven la descentralización industrial hacia otros departamentos.

El conjunto de cifras presentadas por el MIC y el BCP dibuja un primer trimestre de 2026 en el que Paraguay profundizó su integración en las cadenas de valor globales, amplió el acceso de su sector industrial a insumos estratégicos y sostuvo una demanda interna de bienes de consumo y capital que impulsó el crecimiento de las importaciones en términos tanto nominales como volumétricos. El régimen de materia prima, en particular, se consolida como un instrumento de política industrial activo, con creciente participación empresarial y alta concentración en los sectores de mayor peso en la estructura manufacturera del país.

Bitcoin supera los US$78.000 impulsado por el alto al fuego con Irán, la compra multimillonaria de Strategy y la renovada demanda institucional a través de ETF

abril 22, 2026

Bitcoin registró el miércoles su cotización más alta desde el 3 de febrero, superando brevemente los US$78.400 y cerrando en torno a los US$78.000 en las primeras horas de la jornada europea. El avance, de hasta un 3,6% en su punto más alto, no respondió a un único catalizador sino a la confluencia de tres fuerzas simultáneas: la extensión unilateral del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán anunciada por el presidente Donald Trump, una adquisición récord de Bitcoin por parte de Strategy Inc. por valor de US$2.500 millones, y la aceleración de los flujos netos de capital hacia los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado que operan en territorio estadounidense.

El resto del ecosistema cripto acompañó el movimiento alcista, aunque con ganancias más moderadas. Ethereum avanzó un 3,2% hasta los US$2.391,53; XRP subió un 1,3% hasta los US$1,46; Solana, Cardano y Polygon crecieron un 2,5% cada una; y Dogecoin ganó un 2,3%. En paralelo, los contratos de futuros del índice S&P 500 subieron más de un 0,5%, mientras que el crudo Brent retrocedió un 1,8% para situarse por debajo de los US$97 el barril, reflejando una lectura de distensión geopolítica en los mercados convencionales.

La geopolítica como detonante: el alto al fuego con Irán y sus límites

El presidente Trump anunció una extensión indefinida del alto al fuego con Irán, argumentando que la medida respondió en parte a solicitudes de funcionarios pakistaníes que solicitaban más tiempo para las negociaciones de paz en Islamabad. Sin embargo, la iniciativa es estrictamente unilateral: persiste la incertidumbre sobre si Teherán aceptará formalmente la extensión, y Washington mantiene el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, con perturbaciones que continúan en torno al Estrecho de Ormuz.

A pesar de estas ambigüedades, los mercados financieros interpretaron el anuncio como una señal de desescalada a corto plazo. El dólar estadounidense se debilitó tras ganancias recientes, y los precios del petróleo cedieron terreno. Bitcoin, por su parte, respondió con una subida que ratifica la lectura de analistas sobre el papel que ha ido adquiriendo en los últimos meses: el de un activo que opera como híbrido entre la renta variable de riesgo y la cobertura frente a la inestabilidad macroeconómica y geopolítica.

«Los analistas dicen que Bitcoin opera cada vez más como un híbrido entre un activo de riesgo y una cobertura contra la inestabilidad geopolítica, atrayendo flujos cuando los mercados tradicionales valoran tanto el alivio como la incertidumbre residual», señalaron fuentes de mercado. Esta doble naturaleza explica que, desde el estallido de la guerra a finales de febrero, el Bitcoin haya cotizado mayoritariamente en una banda de entre US$65.000 y US$75.000, absorbiendo la volatilidad sin colapsar, y que en ese mismo periodo haya acumulado una ganancia superior al 15%, frente a una caída de aproximadamente el 10% del oro, activo que históricamente ha concentrado los flujos de refugio seguro.

Strategy compra 34.164 bitcoins en una semana por US$2.500 millones

El segundo pilar del rally fue protagonizado por Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que reveló la adquisición de 34.164 bitcoins durante la semana que finalizó el 19 de abril, a un precio promedio de aproximadamente US$74.395 por unidad, en una operación total que alcanzó los US$2.500 millones y que figura entre las compras más grandes registradas por la compañía en su historial de acumulación.

Con esta transacción, las tenencias totales de Strategy ascendieron a aproximadamente 815.000 monedas, adquiridas por alrededor de US$61.600 millones en términos acumulados. La compra se financió principalmente mediante actividad en los mercados de capitales: la compañía recaudó aproximadamente US$2.180 millones a través de ventas de acciones preferentes de alto rendimiento y US$366 millones adicionales mediante emisión de acciones comunes. Estos valores preferentes, que ofrecen rendimientos de alrededor del 11,5%, se han consolidado como una herramienta de financiamiento clave que permite a la empresa escalar su exposición al criptoactivo mientras intenta limitar la dilución accionaria.

La magnitud de la operación no solo tuvo un efecto directo en el precio, sino también un impacto psicológico relevante: refuerza la narrativa de que los grandes capitales institucionales mantienen su convicción sobre Bitcoin incluso en entornos de alta incertidumbre geopolítica y volatilidad de mercado.

Los ETF retoman los flujos: más de US$1.246 millones en dos semanas

El tercer factor que sustenta el movimiento al alza es la recuperación de los flujos de capital hacia los 13 fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado listados en Estados Unidos. En la semana previa al miércoles, los inversores vertieron US$996,4 millones netos en estos vehículos, y en los primeros días de la semana en curso se acumularon más de US$250 millones adicionales en entradas netas, en lo que según analistas representa los mayores flujos hacia estos instrumentos desde julio de 2025.

Esta recuperación del apetito por los ETF es significativa porque refleja una participación institucional y minorista organizada, distinta de la actividad directa en mercados de derivados. Junto con el aumento detectado en transacciones de gran volumen por parte de inversores de peso —conocidos en el argot del mercado como «whales»— configura un contexto de mayor solidez en la base compradora que refuerza la resistencia del precio frente a correcciones.

Análisis técnico: entre la resistencia de los US$84.000 y el soporte crítico de los US$75.000

Desde una perspectiva técnica, el mercado se encuentra en un punto de inflexión relevante. Una consolidación por encima de los US$78.000 abriría la puerta a un testeo de la zona de los US$84.000, donde se sitúa la media móvil exponencial de 200 días (EMA200), nivel que ha pasado de actuar como soporte a convertirse en resistencia y que no ha sido superado desde octubre de 2025. Ese umbral es visto por los operadores como el punto que definiría la continuidad de un posible rally estructural.

Por el contrario, una pérdida del soporte en torno a los US$75.000, que coincide aproximadamente con la EMA de 50 días, podría señalar un retorno a la tendencia bajista, con riesgo de un movimiento descendente más pronunciado en dirección a los US$60.000. «En ausencia de un catalizador externo claro, los operadores centrados en posicionarse en torno a las condiciones de baja volatilidad probablemente consideren la zona de los US$72.000 como una zona de soporte clave, con el alza limitada por un techo potencial de resistencia y recogida de beneficios en torno a los US$79.000», advirtió Paul Howard, director sénior del creador de mercado Wincent.

El indicador SAR muestra similitudes con el patrón observado en enero de 2026. Una ruptura limpia por encima de los US$80.000 podría confirmar un rebote más sólido, siempre que esté respaldado por un incremento claro en la demanda en el mercado spot, una mejora en el sentimiento del mercado de opciones y la continuidad de las compras institucionales de gran escala. Por ahora, el posicionamiento en opciones sigue siendo relativamente cauteloso, y el mercado spot está lejos de un escenario de euforia.

El contexto: un 40% de caída desde máximos y una base de soporte que resiste

Para comprender la magnitud del rebote, conviene situarlo en perspectiva. Desde su máximo histórico de US$126.000 registrado en octubre, cuando una fuerte ola de ventas sacudió los mercados de criptomonedas, Bitcoin ha acumulado una caída de aproximadamente el 40% en su valor. El rango de cotización entre US$65.000 y US$75.000 que ha prevalecido desde el inicio del conflicto con Irán ha funcionado como una base de consolidación que, en la lectura de varios analistas, ha resultado más resistente de lo esperado para un activo que históricamente amplificaba los movimientos a la baja en contextos de aversión al riesgo.

«Las criptomonedas han estado alcistas en las últimas semanas, a menudo encogiéndose de hombros ante las malas noticias y subiendo con las buenas», observó Caroline Mauron, cofundadora de Orbit Markets. «El nivel de US$75.000 debería mantenerse como sólido soporte a partir de aquí, y una ruptura limpia por encima de los US$80.000 desbloquearía un significativo alza adicional.»

El comportamiento reciente de Bitcoin plantea preguntas de fondo sobre la reconfiguración de su rol en las carteras de inversión globales. Si los datos de flujos a ETF, la actividad institucional y la resistencia técnica en niveles clave se mantienen alineados, el mercado podría estar ante el inicio de una nueva fase alcista. Si, en cambio, el alto al fuego con Irán se fractura o el apetito institucional se modera, la zona de los US$72.000–US$75.000 volverá a ser la primera línea de defensa de un mercado que aún no ha resuelto su dirección de fondo.

La guerra en Irán provoca una crisis económica sin precedentes en Asia-Pacífico que amenaza con desencadenar recesión y pobreza masiva

abril 22, 2026

Asia-Pacífico es la zona del mundo más expuesta a las consecuencias económicas de la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Tres factores estructurales explican por qué la región ha absorbido el impacto con mayor intensidad y rapidez que cualquier otra: su dependencia crítica de las importaciones energéticas procedentes de Medio Oriente, la profunda integración de sus cadenas de suministro transfronterizas —construidas sobre una base intensiva en combustibles fósiles—, y una capacidad de generación energética que ya era insuficiente para cubrir la demanda antes del inicio del conflicto.

A siete semanas del comienzo de las hostilidades, los efectos económicos superan con creces las proyecciones iniciales de funcionarios y organismos internacionales. Numerosos países de la región atraviesan disrupciones simultáneas en el transporte, la producción industrial y el abastecimiento de alimentos. Varios expertos y organismos multilaterales equiparan el alcance de la perturbación al de la pandemia de la covid-19.

Transporte aéreo: contracción del tráfico y riesgo de insolvencia sectorial

La industria de la aviación regional concentra algunos de los indicadores más contundentes del deterioro económico. En marzo se cancelaron más de 92.000 vuelos en todo el mundo, el doble de la tasa registrada en el período previo al conflicto, con el mayor incremento de cancelaciones registrado en Asia-Pacífico. El precio del combustible para aviación se ha aproximado al doble de su valor anterior a la guerra, con amenazas adicionales sobre su disponibilidad.

Las principales aerolíneas regionales han respondido con recortes de rutas de alcance indefinido: Qantas, Air New Zealand, Lion Air, VietJet, AirAsia, Air India y Cathay Pacific se encuentran entre las compañías que han reducido servicios. Batik Air, de Malasia, ha recortado su operación en un 35 % para evitar la insolvencia. Según estimaciones de Endau Analytics, consultora especializada en aviación con sede en Singapur, el tráfico aéreo regional ha caído ya un tercio. Las aerolíneas de menor capitalización registran pérdidas de millones de dólares semanales y enfrentan escenarios de fusión forzada o cierre. Las aerolíneas que dependen de compras de combustible en los mercados al contado son las más vulnerables. La suspensión de vuelos hacia Dubái y los centros del Golfo Pérsico, donde trabajan 24 millones de trabajadores migrantes del sur y el sudeste asiático, añade una dimensión social directa a la contracción del sector.

Industria manufacturera: escasez de insumos y paralización productiva en cadena

Las reservas de insumos industriales acumuladas antes del conflicto se agotan a un ritmo acelerado, y los recortes de producción se multiplican en distintos sectores de forma simultánea.

La producción de níquel en Indonesia ha caído al menos un 10 % en varios procesadores, ante la escasez de gas natural —necesario para los procesos de alta temperatura— y de azufre, subproducto de la refinación de combustibles fósiles. En el sector textil, el poliéster y el nailon —derivados del petróleo— escasean en los centros de producción de Bangladés que abastecen a marcas globales como Walmart, Zara y Uniqlo. El precio del hilo ha casi duplicado en semanas, según directivos del sector. Las interrupciones productivas y los retrasos en los plazos de envío son ya habituales.

En semiconductores, la escasez de helio —gas subproducto esencial en la fabricación de chips, del que Catar suministra cerca de un tercio de la producción mundial— representa un riesgo de alcance global. Las instalaciones gasíferas catarís interrumpieron operaciones el 2 de marzo tras recibir ataques de Irán. Los precios del helio se han disparado y algunos fabricantes de chips ya están desacelerando la producción. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), principal productor mundial de semiconductores de gama alta, declaró contar con reservas suficientes para evitar un impacto a corto plazo, pero reconoció que una escasez prolongada podría obligar a la industria a recurrir a proveedores alternativos —incluida Rusia, tercer productor mundial— o a ejecutar recortes de producción con efectos sobre la electrónica y la automoción a escala global.

La escasez de petroquímicos limita además la fabricación de envases plásticos, afectando la distribución de productos de consumo, cosméticos y farmacéuticos. La falta de fertilizantes compromete las cosechas de arroz en Vietnam. En Australia, la inactividad de mataderos y transportistas genera alertas sobre el abastecimiento de carne.

Impacto fiscal, inflacionario y social: millones de personas en riesgo de pobreza

Las Naciones Unidas estiman que el costo económico del conflicto para Asia-Pacífico se sitúa entre 97.000 y 299.000 millones de dólares, equivalentes a entre el 0,3 % y el 0,8 % del producto interno bruto regional. Bajo el escenario más adverso, millones de personas en toda la región podrían caer en situación de pobreza antes de finales de año.

Los gobiernos de la región están contrayendo deuda pública a ritmo acelerado para contener la inflación y sostener la actividad económica. Innumerables empresas se encuentran al borde de la insolvencia. La elevación de los precios de los alimentos y la reducción del empleo son los primeros efectos verificables a nivel de los hogares, con presencia confirmada en Vietnam, India, Sri Lanka, Filipinas y otras economías del bloque. Si la interrupción del comercio a través de Medio Oriente se prolonga varias semanas adicionales, diversos expertos y organismos internacionales advierten que la escasez podría desencadenar disturbios sociales y empujar a varios países hacia una recesión formal.

Los países con mayores reservas fiscales y energéticas, principalmente China, disponen de un margen de tiempo adicional. Sin embargo, el conjunto de economías asiáticas fuera de China representa una porción de la economía mundial comparable a la de Estados Unidos o Europa, y muchas atraviesan dificultades que sus gobiernos minimizan públicamente.

La presión económica interna reorienta la estrategia de Washington

El conflicto ha revelado también los límites de la tolerancia de la administración Trump al impacto económico doméstico. El precio de los combustibles al consumidor en Estados Unidos ha aumentado, la inflación se acelera, y el índice de aprobación presidencial retrocede. Los agricultores estadounidenses —base electoral estratégica del presidente— sufren la interrupción en el suministro de fertilizantes. El Fondo Monetario Internacional ha alertado sobre el riesgo de recesión global. Y los republicanos defienden mayorías estrechas en el Congreso de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El viraje de la administración el 8 de abril, desde las operaciones militares hacia la vía diplomática, se produjo en respuesta directa a la presión de los mercados financieros y de sectores de su base electoral. Analistas de política exterior señalan que Irán utilizó de forma eficaz su control sobre el estrecho de Ormuz —por donde transita aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo— para presionar a Washington hacia la negociación. El cierre de esa vía marítima causó la interrupción del flujo energético que se propaga ahora por toda la economía asiática.

El anuncio iraní de que el estrecho permanecería abierto durante una tregua de diez días —mediada por Estados Unidos entre Israel y el Líbano— produjo una caída inmediata en los precios del petróleo y una recuperación de los mercados financieros. Sin embargo, fuentes iraníes confirmaron a la agencia Reuters que persisten puntos sin resolver en las negociaciones, y Teherán desmintió haber acordado la transferencia fuera de su territorio del uranio altamente enriquecido que figura en la propuesta estadounidense.

Los expertos advierten que, incluso ante un acuerdo de paz inmediato, la reparación de los daños económicos acumulados podría extenderse durante meses o años. La magnitud del shock energético sobre Asia-Pacífico, la profundidad de las disrupciones en las cadenas de suministro globales y la incertidumbre sobre los términos de cualquier acuerdo definitivo configuran un panorama económico regional cuya estabilización no está garantizada en el corto plazo.

Paraguay inicia el año con su primera subasta de bonos del Tesoro: financiamiento local en ascenso y deuda en guaraníes en niveles récord

abril 22, 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio inicio formal al calendario de colocaciones de deuda interna del año con la realización de la primera subasta de Bonos del Tesoro (Botes) de 2026, ejecutada el miércoles 22 de abril a través del Banco Central del Paraguay (BCP). La operación se instrumentó mediante la reapertura de una serie de emisiones con vencimiento el 12 de agosto de 2035, bajo un esquema de pago de cupones semestral, con liquidación prevista para el viernes 24 de abril.

La apertura del ciclo de subastas se enmarca en las habilitaciones contempladas por la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, que autoriza al Estado a emitir bonos por hasta G. 10,5 billones durante el presente ejercicio fiscal. Al tipo de cambio proyectado originalmente de G. 7.881 por dólar, ese monto equivale a USD 1.303 millones, aunque con el tipo de cambio actual esa cifra asciende a USD 1.668,4 millones, lo que amplía el margen efectivo de financiamiento disponible para el fisco.

Los recursos obtenidos mediante estas colocaciones están destinados a tres propósitos centrales: financiar inversiones públicas, llevar adelante el manejo de pasivos del Estado y cubrir el déficit fiscal, que el Gobierno apunta a cerrar en torno al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representaría aproximadamente USD 846,8 millones.

Una colocación histórica en febrero abrió camino al mercado en moneda local

Antes del inicio formal del calendario de subastas, el Gobierno realizó en febrero pasado una operación de singular relevancia para el mercado de deuda paraguayo. Fuera del cronograma habitual, el Estado colocó títulos de deuda por un equivalente a USD 1.000 millones a un plazo de 12 años y una tasa del 8,5%, convirtiéndose en la tercera colocación del país en moneda local realizada en el exterior.

La operación incluyó además un proceso de manejo de pasivos: el canje de deuda denominada en dólares con vencimientos en 2027 y 2031 por nuevos bonos en guaraníes con vencimiento en 2038, una medida que refuerza la estrategia de desdolarización progresiva del portafolio de deuda soberana. Como resultado de esta transacción, la participación de la deuda en moneda local alcanzó el 22% del total, el nivel más alto registrado en la historia financiera del país. En paralelo, el Gobierno complementó esa operación con una colocación en dólares por USD 300 millones a un plazo de 30 años.

El stock de bonos locales supera el equivalente a USD 1.199 millones

El mercado de Botes muestra un proceso sostenido de consolidación como fuente de financiamiento del Estado paraguayo. Al primer trimestre de 2026, el stock total de bonos en circulación asciende a G. 7,8 billones, equivalentes a USD 1.199.460.597 al tipo de cambio de referencia de G. 6.503,49 por dólar registrado al 31 de marzo de 2026.

La estructura de tasas del mercado refleja un costo promedio ponderado de 8,66%, dentro de un rango que oscila entre 7,10% y 9,90% según el plazo y el año de colocación. El perfil temporal de la deuda presenta un plazo promedio de maduración de 6,65 años, lo que evidencia una estrategia orientada a evitar concentraciones excesivas de vencimientos en el corto plazo.

Desde una perspectiva macrofiscal, los Botes representan el 5,80% de la deuda pública total y el 1,95% del PIB, valores que, si bien son moderados en términos relativos, indican un margen de expansión disponible para seguir profundizando el mercado interno sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

La curva de tasas revela diferencial entre plazos cortos y largos

La estructura de rendimientos del mercado de Botes muestra una curva relativamente empinada. Los instrumentos de menor plazo, como los de cinco años, se ubican en niveles de entre 7,10% y 8,25%, mientras que los de mayor duración, como los de 15 y 20 años, alcanzan tasas de hasta 9,50% y 9,90% respectivamente. Este diferencial refleja tanto el riesgo asociado al plazo como las expectativas de inflación y las condiciones de liquidez del sistema financiero local.

Como referencia histórica, las emisiones del año 2020 llegaron a tasas de hasta 9,90% a 20 años, un punto de comparación relevante para dimensionar la evolución del mercado. Los tramos de 5, 7 y 10 años concentran la mayor parte de las emisiones recientes, aportando diversificación al calendario de pagos futuros.

Crecimiento sostenido desde 2018 hasta la profundización de 2025

La trayectoria del mercado de Botes desde sus primeros años ilustra un crecimiento notable en escala y diversificación. En 2018, el stock total se limitaba a G. 60.000 millones, equivalentes a USD 9,2 millones. En 2023, el mercado registró un salto significativo con emisiones destacadas como G. 953.350 millones (USD 146,6 millones) a cinco años y G. 1,550 billones (USD 238,3 millones) a siete años.

En 2024, las colocaciones incluyeron tramos a cinco años por G. 162.000 millones (USD 24,9 millones) y G. 29.480 millones (USD 4,5 millones), así como emisiones a siete años por G. 294.801 millones (USD 45,3 millones), además de tramos a 10 y 15 años que contribuyeron a ampliar el perfil de vencimientos.

La tendencia se intensificó en 2025, año en que las colocaciones acumularon montos de mayor envergadura: G. 1,084 billones (USD 166,7 millones) a 15 años, G. 283.000 millones (USD 43,5 millones) a 12 años y G. 148.500 millones (USD 22,8 millones) también a 12 años. En conjunto, estas emisiones superaron los USD 249 millones, evidenciando una mayor profundidad del mercado de deuda en guaraníes.

El calendario de subastas se extiende hasta noviembre con tres fechas adicionales

Tras la apertura del ciclo con la subasta del 22 de abril, el MEF tiene programadas tres colocaciones adicionales durante el año: el 29 de julio, el 28 de octubre y el 25 de noviembre. Los inversores y participantes del mercado pueden acceder a información sobre el proceso a través de las casas de bolsa habilitadas, el propio BCP y el portal web institucional del MEF, donde se encuentran disponibles las estadísticas de subastas anteriores.

La sostenida expansión del mercado de Botes, combinada con una estrategia de plazos medios y una tasa promedio de 8,66%, sitúa a Paraguay en un camino de mayor autonomía financiera respecto al endeudamiento externo. La demanda creciente por instrumentos en guaraníes y la reducción del riesgo cambiario en la estructura de deuda pública se perfilan como pilares de la política de financiamiento para los próximos años.

La crisis de Ormuz convierte a Sudamérica en la nueva reserva estratégica del petróleo mundial

abril 21, 2026

La consultora Rystad Energy proyecta que la región podría desbloquear hasta 2,1 millones de barriles diarios adicionales hacia 2035 si los precios se sostienen en torno a los 100 dólares, con Brasil, Guyana, Venezuela y Vaca Muerta como ejes del nuevo mapa energético global. Los ingresos fiscales de los gobiernos sudamericanos podrían crecer 43.000 millones de dólares solo en 2026

La convulsión geopolítica en Oriente Medio está redibujando el mapa energético global a una velocidad que pocos analistas anticipaban. El casi cierre del estrecho de Ormuz, arteria por la que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, ha puesto en evidencia una vulnerabilidad sistémica del mercado que ahora abre una ventana de oportunidad sin precedentes para Sudamérica. Según un análisis publicado esta semana por la firma noruega Rystad Energy, la región está posicionada para convertirse en la fuente de suministro incremental más relevante del planeta durante la próxima década, siempre que se tomen las decisiones de inversión correctas y con la urgencia que el momento exige.

La fragilidad de Ormuz que revaloriza los barriles del sur

La analista Rhadika Bansal, vicepresidenta sénior de investigación de petróleo y gas de Rystad Energy, fue categórica al describir el trasfondo de la coyuntura: las cadenas de suministro globales están peligrosamente concentradas en torno al estrecho de Ormuz. Esta dependencia, largamente advertida pero sistemáticamente ignorada por los mercados en tiempos de calma, ha comenzado a cobrar su precio. El Brent de referencia europeo, que en enero de 2026 cotizaba en torno a los 60 dólares por barril según las previsiones de la propia Rystad, escaló hasta aproximadamente 89 dólares como consecuencia directa de la crisis en la zona del Golfo Pérsico. Se trata de un ajuste de casi un 48% en el precio de referencia en apenas tres meses, una señal que los mercados leen como algo más que una volatilidad pasajera.

En ese escenario de precios elevados y abastecimiento inseguro desde Oriente Medio, la región americana emerge como la alternativa más viable. Bansal sintetizó el diagnóstico con precisión: «Sudamérica ofrece escala, calidad geológica y una relativa estabilidad política, exactamente en el momento en que el mundo busca alternativas para comprar.»

El potencial de 2,1 millones de barriles diarios adicionales para 2035

La cifra central del informe es tan concreta como reveladora. Rystad Energy estima que, si los precios del crudo se sostienen en torno a los 100 dólares por barril de manera sostenida, Sudamérica podría desbloquear hasta 2,1 millones de barriles diarios de suministro adicional para mediados de la década de 2030. Este volumen equivale, en términos comparativos, a superar la producción actual de varios países de la OPEP de tamaño medio, lo que ilustra la magnitud del desplazamiento geopolítico que podría producirse en el mercado petrolero global.

Sin embargo, el informe no deja de subrayar que este potencial no se materializará de forma automática. Rystad advierte sobre la necesidad de adelantar las decisiones finales de inversión y de no limitarse a expandir los activos existentes. La amenaza estructural es conocida: los pozos en producción hoy entregarán menos de la mitad de su rendimiento actual para 2030, lo que impone un ritmo de decisiones de capital que la región históricamente ha tardado en sostener.

Brasil, Guyana y Surinam acelerando al offshore

La fuente más inmediata y predecible de crecimiento está concentrada en los desarrollos marinos de Brasil, Guyana y Surinam. La consultora estima que la aceleración de los proyectos offshore en estos tres países podría aportar más de un millón de barriles diarios de petróleo equivalente en la próxima década. Brasil ya lideraba la producción de la región con 3,77 millones de barriles diarios en 2025, un 12,3% más que el año anterior, impulsado por el presal —el horizonte exploratorio en aguas profundas del Atlántico— que representó cerca del 80% de su producción equivalente.

Guyana, por su parte, mantiene en desarrollo el yacimiento GranMorgu —antes conocido como Sapakara Sur y Krabdagu—, valorado en más de 10.500 millones de dólares y con fecha estimada de producción en 2028, lo que lo convierte en uno de los proyectos energéticos más relevantes del hemisferio occidental al cierre de esta década. Surinam avanza a un ritmo más discreto, pero con reservas que comienzan a captar atención de operadores internacionales. En conjunto, estos tres polos offshore concentrarán la mayor parte de la inversión convencional en la región, que entre 2020 y 2030 podría acumular alrededor de 197.000 millones de dólares en nuevos proyectos.

Venezuela: la incógnita que volvió al mapa

Quizás uno de los elementos más significativos del análisis de Rystad es la reaparición de Venezuela como factor relevante en la oferta global. El informe señala que el país caribeño ha vuelto a la conversación sobre suministro mundial tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero de 2026 y la consiguiente caída en la disponibilidad de crudos pesados y agrios provenientes de Oriente Medio, cuyo mercado natural ha quedado parcialmente interrumpido.

En un escenario de 100 dólares por barril, Rystad proyecta que Venezuela podría sumar 910.000 barriles diarios para 2035. El 57% de ese volumen provendría de campos ya existentes en las provincias del Este y el Oeste, donde los costos operativos del crudo medio se sitúan en apenas 7 a 8 dólares por barril, uno de los niveles más competitivos del mundo. La lógica económica es incontestable: a esos costos de extracción, incluso con precios moderados el margen de rentabilidad es extraordinario. La pregunta que sigue sin respuesta es si el marco institucional, la infraestructura deteriorada y la capacidad de atracción de inversión extranjera podrán traducir ese potencial geológico en producción efectiva y sostenida.

La producción venezolana ya comenzó a mostrar señales de reactivación tras el cambio político. Estimaciones de analistas del sector apuntan a que el país podría alcanzar los 1,5 millones de barriles diarios en los próximos dos años, con compromisos concretos como el de Chevron, que se habría comprometido a incrementar su producción en 125.000 barriles diarios en ese plazo.

El crecimiento más dinámico de la región

Si Venezuela representa la incógnita de mayor potencial, la formación argentina de Vaca Muerta encarna la certeza más sólida del análisis. Rystad atribuye a esta cuenca neuquina el crecimiento más dinámico de toda Sudamérica y proyecta que podría alcanzar una producción de un millón de barriles diarios antes del cierre de esta década, con envíos regulares al exterior a partir de 2027 y con China como principal destino de exportación.

Los números ya respaldan esa trayectoria: a diciembre de 2025, Vaca Muerta registró 589.000 barriles diarios de petróleo, un incremento del 31% frente al año anterior, representando cerca del 68% de la producción total de Argentina. La curva de aprendizaje en completación de pozos, la expansión de infraestructura de transporte —incluyendo obras clave como el oleoducto Vaca Muerta Sur— y la competitividad en costos del shale neuquino están consolidando a esta formación como un actor estructural en el mercado global, y no como una mera coyuntura de precios altos.

El impacto fiscal: 43.000 millones de dólares de ingresos adicionales en 2026

Más allá de los volúmenes de producción, el análisis de Rystad cuantifica un efecto inmediato y de gran relevancia para las finanzas públicas de la región. A los niveles de producción actuales, los ingresos de los gobiernos sudamericanos podrían aumentar en unos 43.000 millones de dólares solo en 2026 respecto al escenario base previo a la crisis de Ormuz. Esta cifra refuerza el papel central que los hidrocarburos siguen desempeñando en las finanzas públicas de economías que van desde Brasilia hasta Caracas, pasando por Buenos Aires.

Se trata de un efecto riqueza de primera magnitud para regiones que arrastran déficits estructurales, presiones inflacionarias y necesidades de inversión en infraestructura que difícilmente podrían financiar en un entorno de precios bajos. En ese sentido, la crisis de Ormuz, con toda su carga de inestabilidad geopolítica, funciona paradójicamente como un estímulo fiscal para los gobiernos productores del cono sur.

Una oportunidad que no admite demora

El cuadro que traza Rystad Energy es el de una región con todos los ingredientes para protagonizar uno de los ciclos de expansión petrolera más relevantes de las últimas décadas: reservas probadas, costos competitivos, proyectos en distintas etapas de madurez y una demanda global que, según las propias proyecciones de la consultora, alcanzará su pico cerca de los 107 millones de barriles diarios a principios de los años 2030 antes de estabilizarse por encima de los 100 millones hasta bien entrada la década de 2040.

El riesgo no es geológico ni técnico. Es institucional y financiero. La región tiene un historial de ciclos incompletos, de proyectos que no llegan a su decisión final de inversión, de marcos regulatorios que se modifican cuando los precios bajan y la disciplina fiscal se relaja. La consultora lo advierte con claridad: la brecha entre oferta y demanda podría ampliarse hacia mediados de la década de 2030 si los proyectos se retrasan. Sudamérica tiene la materia prima. La pregunta es si tiene también la voluntad institucional y la continuidad de políticas para convertir esta coyuntura en una transformación estructural de largo plazo.

La quiebra de Garbarino y SanCor expone la fragilidad estructural del consumo y la industria argentina bajo el modelo Milei

abril 21, 2026

El cierre de dos íconos empresariales revela el impacto de la caída del consumo, el peso de la deuda y el achicamiento del Estado sobre sectores productivos históricos del país

La Argentina asiste al desenlace de dos de sus historias empresariales más emblemáticas. En el mismo mes en que la Justicia comercial selló el destino de Garbarino, la cadena de electrodomésticos fundada en 1951 que llegó a contar con más de 200 sucursales y 4.500 empleados, la cooperativa láctea SanCor —creada en 1938 y durante décadas símbolo del federalismo productivo argentino— presentó su propio pedido de quiebra ante la Justicia santafesina, reconociendo una deuda de 120 millones de dólares y ocho meses de salarios impagos. Lejos de ser episodios aislados, ambos cierres reflejan una dinámica más profunda: la contracción del mercado interno, la presión financiera sobre empresas con alto endeudamiento y las tensiones de un modelo económico que apuesta a la estabilización macroeconómica a costa de sacrificar demanda interna y capacidad productiva.

El ocaso de Garbarino: de líder del retail a liquidación judicial

El Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, decretó la quiebra de Garbarino en marzo de 2026, dando inicio a la fase final de un proceso de desintegración que se extendió por al menos cinco años. La resolución judicial ordenó el cierre de los últimos tres locales que permanecían operativos en la Ciudad de Buenos Aires: el situado en avenida Cabildo, en el barrio de Belgrano; el de calle Uruguay, frente a Tribunales; y el outlet de Almagro. Con estas clausuras, la otrora cadena líder en electrónica y electrodomésticos del país perdió toda presencia comercial física.

La sindicatura avanza con la liquidación del patrimonio remanente. El inventario alcanza las 1.597 unidades, muchas clasificadas como mercadería obsoleta o deteriorada. A eso se suma el depósito de Garín y las plantas industriales Tecnosur y Digital Fueguina, radicadas en Tierra del Fuego, paralizadas desde hace años y que no lograron venderse en instancias previas. Los acreedores tienen plazo hasta el 24 de junio para presentar sus planteos en el marco de la determinación final del pasivo, proceso que involucra a entidades bancarias, proveedores comerciales y exempleados. El estado de deterioro era elocuente antes del cierre definitivo: en enero de 2026, la empresa registró ventas por apenas 1,7 millones de pesos.

La marca, el único activo que sobrevive

En medio de la disolución total, el intangible más valioso es la marca Garbarino. La sindicatura solicitó la apertura de un proceso específico para preservarla y eventualmente transferirla a un tercero. Fundada por los hermanos Daniel y Omar Garbarino, la empresa fue adquirida en 2020 por el empresario Carlos Rosales en un intento de reestructuración que no prosperó. Los sucesivos fracasos en las negociaciones con inversores derivaron en el proceso de salvataje conocido como cramdown, que tampoco atrajo ofertas concretas: la única firma interesada, Vlinder, no presentó una propuesta formal. Al momento de la quiebra, la empresa que supo emplear a 4.500 personas contaba con apenas una veintena de trabajadores.

SanCor: el colapso anunciado de una cooperativa histórica

Si la caída de Garbarino sacudió al sector del retail, la quiebra de SanCor golpea en un lugar aún más sensible de la economía argentina: la producción de alimentos de consumo masivo y el modelo cooperativo que articuló durante décadas a miles de tamberos del centro del país. La solicitud de quiebra fue presentada ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, en Santa Fe. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) fue quien comunicó públicamente la decisión, señalando el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la cooperativa.

La deuda reconocida asciende a 120 millones de dólares. A eso se suma una deuda adicional cercana a los 6.349 millones de pesos, con incumplimientos especialmente severos frente al Estado: la empresa adeuda a ARCA unos 23.607 millones de pesos en capital, más otros 25.235 millones en intereses y honorarios. Cerca del 71% de los 2.702 acreedores registrados —aproximadamente 1.063— corresponde a acreedores laborales. El sindicato denunció que la empresa les debe ocho meses de sueldos más aguinaldos, sosteniéndose los trabajadores con el fondo solidario del gremio.

Las cifras del declive resultan elocuentes: en 2017, SanCor empleaba a 4.000 personas y procesaba 4 millones de litros diarios de leche. Hoy esa cifra se redujo a 500.000 litros diarios. En enero de 2025, la empresa había despedido a 300 trabajadores en sus plantas de Córdoba y Santa Fe —Gálvez, Sunchales, La Carlota y Balnearia— por causas calificadas como «fuerza mayor». La quiebra también alcanza a Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa que producía yogures, flanes y postres bajo la marca Sancor, declarada en quiebra luego del fracaso de su concurso preventivo iniciado en abril de 2024, donde no se presentaron interesados.

Un sector lácteo en crisis sistémica

La caída de SanCor no es un accidente empresarial ni el resultado exclusivo de decisiones gerenciales equivocadas. Es, en buena medida, el producto de una crisis sistémica que afecta a toda la cadena láctea argentina. El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) registró una caída del 5% en el volumen comercializado de productos lácteos, equivalente a una reducción del 5,3% en litros de leche. Solo en el primer bimestre de 2026, la demanda cayó casi 5%, con una caída en litros superior al 6%. La facturación del sector retrocedió un 9,1% en pesos y casi un 11,5% en dólares en términos interanuales durante febrero. El precio recibido por los productores cayó alrededor del 19% en pesos constantes y cerca del 21% en dólares. En el último año, el número de tambos operativos en el país se redujo un 2,5%, lo que implica el cierre de unos 234 establecimientos desde inicios de 2025.

El OCLA advirtió además que el deterioro de los ingresos reales de la población favorece la proliferación de ventas informales que ninguna estadística puede registrar, sugiriendo que la caída real del consumo podría ser incluso mayor a la que capturan los datos oficiales. Analistas del sector como Marcos Snyder señalan que la escasa evolución del precio de la leche en góndola complica estructuralmente a las compañías, que deben absorber el encarecimiento de la mano de obra y otros costos productivos sin poder trasladarlos al precio final.

La Serenísima tampoco escapa al deterioro

El cuadro no se limita a SanCor. La Serenísima, principal empresa láctea del país, acumula pérdidas cercanas a los 100.000 millones de pesos. En su balance al 31 de diciembre de 2024, las pérdidas alcanzaron los 50.761 millones de pesos, cifra que se redujo levemente a 44.994 millones en 2025. La última vez que la empresa registró ganancias fue en 2023, con un resultado positivo de 57.172 millones de pesos. Las pérdidas actuales responden principalmente al peso de su deuda en dólares: cerca del 90% de su deuda financiera está denominada en esa moneda —mayormente a través de Obligaciones Negociables—, lo que implica que cada movimiento del tipo de cambio golpea directamente sus balances, en un contexto de tasas volátiles que encarece la refinanciación de sus pasivos.

El modelo económico y su costo sobre la producción nacional

El gobierno de Milei ha apostado por una estrategia de ajuste fiscal agresivo, desregulación y apertura económica con el objetivo declarado de eliminar la inflación y restablecer el equilibrio macroeconómico. Los resultados en ese frente han sido parcialmente positivos. Pero el costo en términos de actividad económica, consumo y empleo industrial es cada vez más visible.

La caída del salario real, el recorte del gasto público y la eliminación de subsidios han comprimido la demanda interna de manera sostenida. Sectores que dependen del consumo masivo son especialmente vulnerables a esa dinámica. No es casual que empresas con décadas de trayectoria, que sobrevivieron múltiples crisis económicas argentinas, hayan encontrado en este período el punto de quiebre definitivo.

La lectura oficial señalaría que estas quiebras son el resultado de años de mala gestión, deuda acumulada y estructuras ineficientes que el mercado naturalmente depura. Esa lectura no carece de sustento: tanto Garbarino como SanCor arrastraban problemas financieros graves desde antes de la llegada de Milei al poder. Pero sería igualmente incompleta ignorar que la caída del consumo registrada en el primer bimestre de 2026 no es consecuencia de decisiones empresariales sino de políticas públicas que priorizan el equilibrio fiscal por encima de la capacidad adquisitiva de la población.

El cierre de Garbarino y SanCor no son, por tanto, simples capítulos del riesgo empresarial. Son indicadores de una transformación estructural del modelo económico argentino cuyas consecuencias sobre el empleo, el consumo y el tejido productivo del interior del país recién comienzan a hacerse plenamente visibles.

Depósitos públicos en la banca alcanzan US$ 3.840 millones y la ejecución de préstamos externos llega al 52% al cierre del primer trimestre de 2026

abril 21, 2026

El sistema financiero paraguayo registró al cierre de marzo de 2026 un volumen significativo de recursos del sector público depositados en entidades bancarias, con un saldo total de US$ 3.840 millones que representa un incremento interanual del 51,6% frente a los US$ 2.533 millones contabilizados en el mismo período del año anterior. La cifra, que engloba posiciones tanto en guaraníes como en dólares estadounidenses, refleja una gestión diferenciada de los activos públicos según la moneda y el tipo de instrumento, con estrategias que responden a condiciones de mercado y a necesidades operativas propias de cada institución.

Predominio de los CDA en moneda local

En guaraníes, los depósitos de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) totalizan G. 18,215 billones y exhiben una marcada preferencia por instrumentos de mayor rendimiento relativo. Los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) concentran el 61,1% del total, equivalente a G. 11,132 billones, lo que evidencia una orientación activa hacia la maximización de retornos en moneda nacional. Los Depósitos a la Vista ocupan el segundo lugar con G. 5,395 billones y una participación del 29,6%, mientras que las Cuentas Corrientes representan el 9,3% restante, con G. 1,688 billones.

Esta distribución por instrumento revela que las entidades públicas que operan principalmente en guaraníes han privilegiado colocaciones a plazo sobre posiciones de alta liquidez inmediata, lo que podría indicar una planificación de flujos con cierto horizonte temporal definido.

Los Fondos de Seguridad Social, el actor dominante en guaraníes

Desde el punto de vista de los actores institucionales, la concentración en moneda local es particularmente pronunciada. Los Fondos de Seguridad Social explican el 57,1% del total en guaraníes con G. 10,407 billones, posicionándose como el principal componente del sistema en esta denominación. La Administración Central participa con el 22,1%, equivalente a G. 4,032 billones, y las Empresas Públicas aportan el 6,9%, seguidas de los Entes Autónomos con el 5,9%.

Los Municipios representan el 4,2% del total, en tanto que Gobernaciones, Empresas Mixtas, Entidades Financieras y otros organismos registran participaciones inferiores al 2% cada uno. La estructura evidencia que son los fondos previsionales los que mayor peso tienen dentro del sistema bancario en moneda local, dado el volumen de reservas que administran.

Preferencia por liquidez en las posiciones en dólares

La dinámica en moneda extranjera presenta un perfil diferente. Los depósitos en dólares totalizan US$ 1.033.055.423 y exhiben una clara preferencia por instrumentos de alta liquidez. Los Depósitos a la Vista concentran el 86,4% del total, con US$ 892.675.464, lo que contrasta con el predominio de los CDA observado en guaraníes. Esta composición sugiere una estrategia más conservadora en moneda extranjera, probablemente asociada a la necesidad de disponibilidad inmediata para cubrir obligaciones en dólares, como importaciones, pagos de deuda externa o compromisos con organismos internacionales.

Los CDA en dólares representan apenas el 13,4% del total, con US$ 138.418.750, mientras que las Cuentas Corrientes tienen una participación marginal de 0,2%. La diferencia estructural entre la gestión en guaraníes y en dólares es, en este sentido, un indicador relevante de la lógica operativa que subyace a las decisiones de tesorería del sector público.

Los «Otros OEE’s» y las Empresas Públicas concentran los dólares

En cuanto a la distribución por tipo de entidad dentro de los depósitos en dólares, el grupo denominado «Otros OEE’s» lidera con el 58,5% del total, equivalente a US$ 604.351.889. Las Empresas Públicas ocupan el segundo lugar con una participación del 26,8% y US$ 277.017.414, mientras que las Entidades Públicas de Seguridad Social representan el 14,2%. Los Entes Autónomos y Autárquicos presentan una participación reducida del 0,5%.

A diferencia de lo que ocurre en guaraníes, donde los Fondos de Seguridad Social concentran más de la mitad del total, la tenencia en dólares muestra una mayor fragmentación entre distintos tipos de organismos, con una presencia destacada de entidades vinculadas a actividades productivas y comerciales del Estado.

Ejecución de préstamos externos al 52% al cierre del primer trimestre

En paralelo a la situación de los saldos bancarios, los datos del Boletín Estadístico de la deuda pública a febrero, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revelan que las entidades públicas cuentan con un total de US$ 6.241 millones en préstamos disponibles para ejecución, de los cuales US$ 3.219 millones ya fueron utilizados al cierre del primer trimestre, lo que representa una tasa de ejecución del 52%.

Entre las entidades con mayor avance relativo se encuentran el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, ambos con una ejecución del 100% de sus recursos asignados. El MEF y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) registran una ejecución del 74% cada uno, con un monto conjunto de US$ 574 millones.

El MOPC y la ANDE, con mayor volumen pero ejecución más lenta

Las instituciones con mayor volumen de recursos disponibles para inversión en infraestructura son, precisamente, las que presentan los menores porcentajes de ejecución relativa. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cuenta con US$ 3.409 millones en préstamos para infraestructura y registra una ejecución del 48%, mientras que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) dispone de US$ 1.361 millones y ha ejecutado el 56% de dichos recursos.

Ambos organismos concentran la mayor parte del financiamiento externo destinado a obras de gran escala, por lo que el ritmo de ejecución de sus proyectos tiene un impacto directo sobre el nivel de inversión pública del país y sobre la evolución del gasto de capital en el presupuesto nacional.

Una gestión pública que combina liquidez, rendimiento e inversión

El conjunto de datos disponibles describe un sector público que administra recursos de magnitud considerable dentro del sistema financiero nacional. La combinación de saldos bancarios elevados, con una diferenciación clara por moneda e instrumento, y una ejecución de préstamos externos que avanza a ritmo desigual según la entidad, ofrece una fotografía compleja de la gestión de las finanzas públicas al inicio del segundo trimestre de 2026. Mientras algunos organismos han agotado su capacidad de financiamiento disponible, los de mayor peso en infraestructura y energía mantienen aún márgenes amplios de recursos por desembolsar, lo que condiciona la trayectoria de la inversión pública en los meses que restan del ejercicio.

El Pentágono moviliza a la industria automotriz ante el agotamiento de reservas militares en Irán y Ucrania, con un presupuesto de defensa que podría alcanzar 1,5 billones de dólares

abril 20, 2026

La crisis de municiones: 850 misiles Tomahawk consumidos y el 40% de los interceptores THAAD y Patriot gastados en un solo conflicto

La coyuntura de seguridad internacional ha puesto a Washington ante una realidad incómoda: las guerras modernas consumen armamento a una velocidad que la industria de defensa tradicional no puede sostener. Los enfrentamientos con Irán y el prolongado conflicto en Ucrania han drenado de forma significativa las reservas estratégicas de Estados Unidos, y el Pentágono ha respondido con una maniobra inédita en décadas: tocar la puerta de General Motors, Ford, GE Aerospace y Oshkosh para explorar la reconversión parcial de sus líneas de producción hacia fines militares.

Las conversaciones, descritas como «preliminares y amplias» por The Wall Street Journal, se iniciaron antes de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque adquirieron urgencia a raíz de ella. El objetivo central no es que estas empresas fabriquen sistemas de armas completos, sino que contribuyan a la producción de componentes, munición, vehículos y tecnologías tácticas —como sistemas antidrones— que permitan reducir costos y acortar los tiempos de entrega en un contexto de alta presión operativa.

Las cifras del desgaste: un diagnóstico alarmante

Los números que subyacen a esta decisión son elocuentes. Durante el conflicto con Irán se emplearon aproximadamente 850 misiles Tomahawk, lo que representa el 17% del inventario total que poseía Estados Unidos. En paralelo, la defensa aérea absorbió el 40% de los misiles interceptores de los sistemas THAAD y Patriot. Solo en proyectiles Tomahawk, el desembolso ascendió a 1.900 millones de dólares.

La proyección estratégica es aún más inquietante: según análisis de especialistas en defensa, el stock actual de municiones inteligentes sería insuficiente para sostener una guerra prolongada. La estimación más cruda señala que Estados Unidos podría quedarse sin ese tipo de armamento en apenas siete días de conflicto de alta intensidad. Este diagnóstico no es nuevo para los planificadores militares, pero el ritmo de desgaste observado en los frentes activos ha acelerado la búsqueda de soluciones estructurales.

El retorno al «arsenal de la democracia»

La estrategia que Washington está intentando reactivar remite a uno de los episodios más significativos de la historia industrial norteamericana. Durante la Segunda Guerra Mundial, empresas como General Motors y Ford suspendieron por completo la producción civil para dedicar sus plantas a la fabricación de tanques, aviones y equipamiento bélico. Ese modelo de conversión masiva fue bautizado como el «arsenal de la democracia» y resultó decisivo en el desenlace del conflicto.

Ocho décadas después, el gobierno de Donald Trump intenta reproducir, al menos parcialmente, esa capacidad de adaptación. La diferencia radica en la complejidad tecnológica actual: duplicar la fabricación de ciertas aeronaves o sistemas de precisión puede requerir hasta cinco años, un plazo que resulta inviable en el teatro de operaciones contemporáneo, donde los ciclos de conflicto se miden en días o semanas, no en años de preparación.

La Ley de Producción para la Defensa como palanca jurídica

Para viabilizar esta reconversión, la administración Trump está activando un instrumento legislativo de emergencia: la Ley de Producción para la Defensa. Este marco normativo otorga al gobierno poderes extraordinarios sobre el sector privado, incluyendo la facultad de redirigir forzosamente la producción industrial hacia fines estratégicos nacionales.

En términos prácticos, ello significa que, en un escenario de guerra declarada, el Estado podría presentarse ante Ford y exigirle que cese la fabricación de automóviles para destinar toda su capacidad productiva, incluyendo el stock de chips y semiconductores, a la manufactura de misiles crucero, interceptores o drones. No se trata de una amenaza retórica: es una prerrogativa legal concreta que el gobierno está evaluando cómo activar de manera gradual y concertada con la industria, antes de que una emergencia lo obligue a hacerlo de forma unilateral.

La dependencia de semiconductores: el eslabón más frágil de la cadena

Un punto neurálgico que subyace a toda esta estrategia es la vulnerabilidad tecnológica de la industria de defensa estadounidense respecto a los semiconductores. Taiwán sigue siendo el mayor proveedor global de chips, lo que expone a Washington a una dependencia crítica en un componente que resulta indispensable tanto para los sistemas de armas como para los vehículos civiles que se pretende reconvertir.

Ante esta realidad, el gobierno está presionando activamente para que la producción de semiconductores se traslade a suelo estadounidense, independientemente del costo de inversión que ello implique. Esta política se enmarca en una lógica más amplia de desglobalización selectiva de las cadenas de suministro estratégicas, que atraviesa tanto la política industrial como la de defensa.

Un presupuesto de guerra en ascenso y sus implicaciones económicas

El alcance financiero del reordenamiento que propone el Pentágono es considerable. El Departamento de Defensa ha solicitado un presupuesto que podría aproximarse a 1,5 billones de dólares, con un énfasis marcado en el fortalecimiento de la producción nacional de armamento. Este giro tiene implicaciones económicas que trascienden el ámbito militar: mayor actividad industrial, generación de empleo en sectores manufactureros y un efecto dinamizador sobre regiones donde la industria pesada mantiene presencia relevante.

Al mismo tiempo, la iniciativa plantea interrogantes legítimas sobre eficiencia y costos. La industria automotriz opera bajo lógicas de producción en masa, economías de escala y contratos comerciales con plazos predefinidos que no siempre son compatibles con los requisitos contractuales, los procesos de licitación y los estándares técnicos del sector defensa. Los propios funcionarios del Pentágono han reconocido esta tensión al solicitar a los ejecutivos que identifiquen las principales «barreras» que podrían obstaculizar su participación en proyectos militares.

Un cambio estructural en la doctrina industrial de defensa

Lo que está en juego no es únicamente la resolución de un déficit coyuntural de municiones, sino una revisión profunda del modelo con el que Estados Unidos concibe su base industrial de defensa. Durante décadas, ese modelo descansó en un número reducido de contratistas altamente especializados —Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman— que dominaban el mercado mediante contratos de largo plazo y procesos de licitación complejos. La incorporación de fabricantes comerciales como GM o Ford a ese ecosistema no solo diversifica la oferta, sino que introduce una lógica de flexibilidad y velocidad que los contratistas tradicionales no siempre pueden garantizar.

Este cambio, sin embargo, no está exento de riesgos. La historia reciente ofrece un antecedente parcialmente exitoso: durante la pandemia de covid-19, el gobierno de Trump recurrió a empresas industriales para fabricar equipos médicos como ventiladores, con resultados desiguales en cuanto a plazos y calidad. La escala y la complejidad de lo que ahora se plantea son significativamente mayores.

En un entorno geopolítico donde la velocidad de respuesta industrial puede ser tan determinante como el poder de fuego, Estados Unidos está apostando por ampliar su capacidad productiva más allá de los límites históricos del complejo militar-industrial. Si esa apuesta será tan transformadora como la de la Segunda Guerra Mundial —o simplemente un ejercicio de planificación que no llega a materializarse— dependerá, en última instancia, de cuánto tiempo tiene el país antes de que el próximo conflicto lo ponga a prueba.

Wall Street suprime 5.000 empleos en su mejor trimestre pese a ganancias récord de 47.300 millones de dólares

abril 20, 2026

Los seis principales bancos de Wall Street cerraron el primer trimestre de 2025 con ganancias netas conjuntas que superaron los 47.300 millones de dólares, impulsadas por la volatilidad de los mercados financieros derivada de una serie de shocks geopolíticos que dinamizaron los ingresos por operaciones de renta fija y acciones. Sin embargo, este desempeño financiero excepcional no impidió que las mismas instituciones suprimieran simultáneamente más de 5.000 puestos de trabajo entre enero y marzo, en un movimiento que revela con claridad la nueva lógica operativa que domina al sector: producir más con menos personal.

La combinación de resultados récord y reducción de plantilla no es una contradicción accidental. Es la expresión de una estrategia deliberada que apunta a maximizar la eficiencia estructural y reducir la base de costes fijos en anticipación a un ciclo tecnológico que promete redefinir el trabajo bancario tal como se ha conocido hasta ahora.

Wells Fargo, Citigroup y Bank of America lideran los recortes

La distribución de los recortes no fue homogénea entre las entidades. Wells Fargo encabezó la lista con la eliminación de 4.199 puestos en los tres primeros meses del año, seguida de Citigroup, que redujo su plantilla en 2.000 personas, y de Bank of America, que prescindió de 1.073 empleados. En el extremo opuesto, JPMorgan Chase y Morgan Stanley aumentaron su número de trabajadores, lo que subraya que las estrategias de gestión del capital humano difieren significativamente entre entidades, incluso dentro de un mismo sector y contexto macroeconómico.

El contraste con el mismo período del año anterior es llamativo. En el primer trimestre de 2024, los seis grandes bancos redujeron conjuntamente apenas 707 empleos. El salto hasta más de 5.000 supresiones en 2025 representa una aceleración sin precedentes recientes en el ritmo de ajuste de plantillas, y plantea preguntas estructurales sobre las causas y la magnitud del fenómeno.

El factor estacional y la lógica de las bonificaciones

Es habitual que las entidades financieras concentren sus decisiones de personal en los primeros meses del año, un período que coincide con el ciclo de pago de bonificaciones anuales. Una vez liquidados los incentivos variables comprometidos con los empleados, las organizaciones disponen de mayor margen para reorganizar equipos, cerrar posiciones redundantes o acelerar procesos de reestructuración que venían gestándose en trimestres anteriores. Este factor estacional explica, en parte, la concentración de salidas en el primer trimestre, aunque no alcanza a justificar por sí solo la magnitud del incremento observado respecto al año precedente.

La inteligencia artificial como telón de fondo

Aunque ninguno de los ejecutivos de los grandes bancos vinculó de manera explícita los recortes a la expansión de la inteligencia artificial durante las presentaciones de resultados, la tecnología sobrevoló cada conversación con analistas. Los datos que ofrecieron las propias entidades dibujan un cuadro inequívoco de penetración tecnológica acelerada.

Citigroup reveló que más del 80% de sus 224.000 empleados utiliza herramientas de inteligencia artificial en su trabajo cotidiano, lo que ha permitido a sus equipos de negociación ahorrar aproximadamente 1.700 horas de trabajo cada mes. La directora ejecutiva de la entidad, Jane Fraser, añadió un dato que ilustra el alcance de la transformación en curso: sus 10.000 ingenieros lograron reconfigurar tres décadas de código acumulado en apenas dos días mediante el uso de estas herramientas. «Me siento satisfecha con la modernización que hemos logrado», declaró Fraser a los analistas. «Otra área con la que estamos muy conformes es con las inversiones que hemos hecho en nuestros datos y arquitectura.»

Brian Moynihan, consejero delegado de Bank of America, adoptó un tono igualmente optimista, aunque cauteloso respecto al alcance futuro de la tecnología. «La inteligencia artificial nos da oportunidades. Seguimos en las etapas iniciales de lo que todo esto hará. Pero ya estamos viendo beneficios reales hoy», afirmó.

Wells Fargo: 23 trimestres consecutivos de reducción de personal

El caso de Wells Fargo merece una consideración particular por su consistencia a lo largo del tiempo. La entidad no solo lideró los recortes del primer trimestre, sino que lo hizo en el contexto de una trayectoria de ajuste ininterrumpida que ya acumula 23 trimestres consecutivos de reducción de plantilla. Su consejero delegado, Charlie Scharf, encuadró los recortes dentro de una estrategia más amplia que combina inversión en tecnología e inteligencia artificial con iniciativas sistemáticas de eficiencia operativa. «Estamos incrementando nuestras inversiones en áreas como la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, así como en publicidad, al tiempo que continuamos implementando nuestras iniciativas de eficiencia, lo que ha resultado en 23 trimestres consecutivos de reducción de personal», declaró Scharf.

Esta secuencia prolongada convierte a Wells Fargo en un caso de estudio sobre la capacidad del sector financiero para sostener procesos de reestructuración a largo plazo sin que ello comprometa necesariamente sus resultados comerciales, al menos en el corto plazo.

Goldman Sachs y la promesa de la transformación tecnológica

David Solomon, consejero delegado de Goldman Sachs, adoptó en sus declaraciones a analistas la perspectiva más amplia sobre el impacto de la inteligencia artificial en el conjunto del sector empresarial. Su discurso reflejó la convicción de que la tecnología no solo representa una oportunidad de eficiencia puntual, sino una reconfiguración profunda de la forma en que operan las grandes organizaciones. «No será una línea recta: cuando hay una aceleración en una nueva tecnología, habrá obstáculos, problemas de riesgo y ajustes. Pero el poder de la tecnología, la capacidad de usarla en una empresa para rehacer procesos, crear eficiencias y también generar más capacidad para invertir en crecimiento… no encuentro a ningún CEO que no esté hablando de eso», subrayó Solomon.

Ciberseguridad y el nuevo modelo de Anthropic

Los resultados trimestrales se publicaron días después de que altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mantuvieran reuniones con los principales ejecutivos bancarios para analizar los riesgos de ciberseguridad asociados al último modelo de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, identificado como Claude Mythos. Las entidades destinaron los días siguientes a evaluar sus sistemas frente a posibles vulnerabilidades derivadas de este nuevo modelo, una señal de que la integración masiva de inteligencia artificial en el sector financiero también eleva la exposición a riesgos tecnológicos que las autoridades regulatorias siguen de cerca.

Un cambio estructural en el empleo financiero

Más allá de las cifras trimestrales, el panorama que emerge de estos resultados apunta a una transformación estructural en el modelo de empleo del sector financiero. Organismos internacionales de referencia como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la propia Reserva Federal han advertido en distintos foros sobre el impacto potencial de la inteligencia artificial en los mercados laborales globales, con el sector financiero entre los más expuestos por la naturaleza de sus procesos.

La paradoja que ilustra este primer trimestre de 2025 es de una nitidez incómoda: los bancos más rentables del mundo suprimen empleo a un ritmo creciente precisamente cuando más ganan, y lo hacen en un entorno en el que la tecnología que acelera esa eficiencia se expande más rápido de lo que los propios ejecutivos están dispuestos a reconocer públicamente como causa directa. La pregunta que queda abierta no es si la inteligencia artificial está transformando la estructura del empleo bancario, sino a qué velocidad y con qué consecuencias para quienes trabajan en esas instituciones.

Gasto público de Paraguay sube 4,5% en el primer trimestre de 2026 con los salarios, jubilaciones y transferencias como principales motores del déficit

abril 20, 2026

Al cierre del primer trimestre de 2026, las finanzas públicas de Paraguay reflejan una dinámica que se repite con persistencia: el gasto crece impulsado por componentes de baja flexibilidad, mientras que la inversión se recorta como principal válvula de ajuste. Según el Informe Financiero de la Tesorería General y datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las transferencias totales de recursos financieros acumularon G. 14,599 billones —equivalentes a unos USD 2.246 millones— entre enero y marzo de este año, frente a G. 13,976 billones registrados en el mismo período de 2025. Esto implica una variación nominal de G. 622.592 millones y un crecimiento interanual del 4,5%.

Detrás de ese número agregado se esconde una estructura presupuestaria que, lejos de exhibir flexibilidad, consolida una concentración creciente en rubros que el Estado tiene escasa capacidad de reducir en el corto plazo. Salarios, jubilaciones y pensiones y transferencias sociales explican la mayor parte del incremento, lo que plantea interrogantes de fondo sobre la sostenibilidad fiscal del país en un contexto donde el déficit de la Administración Central ya roza los USD 500 millones acumulados y supera los USD 1.000 millones en términos anualizados.

Los servicios personales lideran el incremento con una suba del 13%

El rubro que mayor presión ejerció sobre el Tesoro durante el trimestre fue el de Servicios Personales, es decir, la masa salarial de la administración pública. Con un crecimiento del 13% respecto al mismo período del año anterior, este componente alcanzó G. 5,859 billones —USD 901,4 millones— y representa el 40,1% del total del gasto ejecutado en el trimestre. El incremento en términos nominales fue de G. 674.967 millones respecto a los G. 5,1 billones —USD 797,6 millones— desembolsados entre enero y marzo de 2025.

Desde el MEF se señaló que este aumento está motorizado principalmente por sectores como educación y seguridad pública, áreas que concentran una proporción significativa del empleo público y que registraron ajustes salariales en el período. Sin embargo, más allá de la justificación sectorial, lo que el dato pone de manifiesto es el peso estructural que la masa salarial representa dentro de las finanzas del Estado paraguayo: un peso que crece año a año y que, por su propia naturaleza, no admite reducciones abruptas sin consecuencias políticas y sociales de envergadura.

Las jubilaciones y pensiones siguen creciendo al ritmo del déficit de la Caja Fiscal

El segundo gran componente de presión es el pago de jubilaciones y pensiones, cuyas transferencias llegaron a G. 2,293 billones —USD 352,8 millones— en el período analizado, lo que representa un aumento de G. 222.918 millones respecto al primer trimestre de 2025 y una variación del 10,8%. Este crecimiento responde a dos factores que operan de forma simultánea: el incremento en el número de beneficiarios activos y los ajustes en los haberes previsionales.

El trasfondo de este aumento es el déficit acumulado por la Caja Fiscal, cuya brecha entre aportantes y beneficiarios continúa ensanchándose. Al igual que ocurre con los salarios, este componente presenta una rigidez estructural que impide cualquier recorte significativo en el corto plazo, lo que lo convierte en una fuente de presión permanente sobre las cuentas públicas.

Las transferencias sociales crecen un 21,4%, la mayor variación relativa del período

Otro componente que registró un movimiento relevante en el trimestre fue la categoría de Transferencias, que mostró una variación del 21,4% interanual, con un incremento de G. 287.165 millones. Este es el mayor aumento relativo entre los rubros del gasto analizado y sugiere una expansión en los programas de asistencia o en los compromisos sociales del Estado. Al igual que los salarios y jubilaciones, las transferencias sociales presentan alta rigidez, dado su impacto directo sobre los ingresos de los hogares receptores.

En menor escala, otros componentes del gasto corriente también mostraron subas. Los Alimentos registraron un crecimiento del 23,2%, con una expansión de G. 11.508 millones. Los Servicios Básicos aumentaron en G. 1.167 millones, equivalente al 3,2%. La categoría Otros mostró una variación del 17,0%, con un incremento de G. 103.780 millones. Si bien estos montos son más acotados en términos absolutos, su comportamiento alcista refleja presiones adicionales sobre el gasto corriente que se suman al cuadro general.

La inversión pública cae un 33,8% y actúa como variable de ajuste

En el lado opuesto del balance, la inversión pública fue el rubro que registró la reducción más pronunciada del período, con una caída de G. 416.890 millones que equivale a una disminución del 33,8%. El componente se situó en G. 815.423 millones al cierre de marzo, lo que lo coloca en uno de sus niveles más bajos en términos relativos dentro de la estructura del gasto.

Este comportamiento es consistente con un patrón recurrente en la gestión fiscal paraguaya: ante la rigidez de los gastos corrientes, la inversión pública actúa como principal variable de ajuste cuando se requiere contener el crecimiento del gasto total. El problema de fondo es que este mecanismo compromete la capacidad del Estado de sostener proyectos de infraestructura y otros programas con impacto directo en la productividad y el desarrollo a mediano y largo plazo.

En la misma dirección, Medicamentos registraron una reducción de G. 251.627 millones equivalente al 31,6%, y los Combustibles disminuyeron en G. 17.923 millones, lo que implica una caída del 40,3%. Estos ajustes alivian parcialmente la presión sobre el gasto total, pero no alteran la tendencia estructural que domina el período.

El servicio de la deuda se mantiene estable y el déficit supera los USD 500 millones

El Servicio de la Deuda mostró una variación prácticamente nula en el período, con un leve aumento del 0,3% equivalente a G. 7.528 millones, lo que indica que la carga financiera de los compromisos externos e internos se mantuvo constante en el trimestre analizado.

Sin embargo, el cuadro fiscal general no resulta alentador. La Administración Central cerró el primer trimestre de 2026 con un déficit acumulado de casi USD 500 millones, y las proyecciones anualizadas superan los USD 1.000 millones. Este resultado es consecuencia directa de la combinación entre un crecimiento de los ingresos más moderado y una estructura de gasto en la que más del 40% corresponde exclusivamente a la masa salarial, y en la que los rubros rígidos —salarios, jubilaciones y transferencias— concentran la mayor parte del incremento.

Una estructura fiscal que limita el margen de maniobra del Estado

El análisis del primer trimestre de 2026 expone con claridad un problema que no es nuevo pero que se profundiza: la estructura del gasto público en Paraguay está dominada por componentes que el Estado tiene escasa capacidad de modificar en el corto plazo. Salarios, jubilaciones y transferencias sociales no solo explican la mayor parte del crecimiento del gasto en el período, sino que además consolidan una tendencia que limita la capacidad de reasignar recursos hacia áreas estratégicas, invertir en infraestructura o responder con flexibilidad ante eventuales shocks fiscales.

En este escenario, cualquier esfuerzo por reducir el déficit sin modificar la estructura de fondo del gasto recaerá inevitablemente sobre la inversión pública, con los costos de largo plazo que eso implica. El primer trimestre del año deja planteado así un desafío que trasciende la gestión trimestral y que requerirá decisiones de mayor alcance en materia de reforma fiscal, previsional y de la función pública para poder ser abordado de manera sostenible.

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