Los gremios consideran que ante la inminencia de la vigencia de la reforma tributaria, se debe insistir al gobierno para que mejore la calidad del gasto y amplíe la base tributaria.
El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe, dijo que la puesta en marcha de la nueva ley de reforma impositiva es inminente y dotará de mayores recursos al Estado, por lo que se debe exigir que estos sean destinados a seguridad, salud y educación.
“Más que nunca el gobierno debe garantizar una mejora en la calidad del gasto público, así como reforzar el combate al contrabando y la informalidad”, afirmó Volpe cuando se le consultó respecto la ley sancionada por el Congreso que será promulgada por el Ejecutivo y entrará en vigencia en enero del próximo año.
Hizo hincapié en que el Estado debe invertir más recursos en educación, así como también que la salud debe ser una prioridad y la seguridad, en un momento de avance del crimen organizado.
“No podemos permitir que la falta de presupuesto siga impidiendo que dotemos a los policías de insumos básicos como chalecos antibalas, armas, balas, etc. Una institución policial sin presupuesto nos hace más vulnerable al avance de la criminalidad y a convertirnos en un Estado fallido”, declaró Volpe.
Carlos Jorge Biedermann, presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), dejó en claro que no están de acuerdo con la reforma porque no existe una mejora evidente y real en el gasto público, tampoco ven esta posibilidad en un futuro cercano.
A su criterio “es hora de gastar mejor, es hora de justificar clara y plenamente cada guaraní que aportamos los contribuyentes y que se recorten en serio y drásticamente los gastos superfluos o innecesarios”. Como ejemplo citó que más del 90% del presupuesto corresponde a gastos rígidos y más del 76% de la recaudación tributaria se destinará a financiar salarios públicos.
Biedermann expresó que en un momento tan complicado de la economía el sector privado está enfocado en mantener los empleos, mantener vivas las empresas, en ser más creativos, innovadores y competitivos, a sabiendas que el dinero que aporta los contribuyentes y seguirán aportando, no tendrá retorno adecuado o correcto en contraprestaciones de servicios públicos de calidad.
“Pero parece que esto no interesa, lo importante es recaudar a través de los mismos de siempre y seguir haciendo lo mismo”, indicó. En ese contexto, sostuvo que de todos modos no le alcanzará al Estado el dinero y por eso ya están pidiendo modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal.
¿Pagaremos más a cambio de qué? ¿O mejoró algún servicio público y nosotros no nos enteramos? se preguntó el empresario e insistió en que continúa dándose margen al sector ilegal e informal que no aporta nada al fisco ni al IPS y es la competencia más injusta e perjudicial para el sector formal.
Por su parte, Jorge Dos Santos, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), dijo que es un pésimo momento para implementar la reforma ya que esto no ayudará a la reactivación económica. De todos modos, indicó que esperan que la reglamentación no cause una distorsión y se tengan reglas claras por mucho tiempo. “Hay que cortar la sensación de inestabilidad”, puntualizó.
La nueva ley de modernización tributaria entrará en vigencia el 1 de enero de 2020 y, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, permitirá una recaudación de US$ 300 millones cuando se llegue a su implementación total, lo que no se daría aún el próximo año.
El gobierno central cerrará el ejercicio por octavo año consecutivo con déficit, ya que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos y esta diferencia se debe financiar con préstamos o bonos. Este año Hacienda está interesado en ampliar el tope de déficit de 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal con el argumento de invertir más para reactivar la economía.
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