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La Aduana incluirá uso de cámaras corporales en lucha anticorrupción

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La Aduana nacional obligará a sus funcionarios de puestos clave a utilizar cámaras corporales desde este mes. Ante la posibilidad de ser atacado de ilegal, Julio Fernández, titular de la institución, dijo que “prefiere correr el riesgo”.

Desde este mes de diciembre, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), a cargo de Julio Fernández, obligará a los funcionarios que ocupan puestos principales a usar cámaras corporales. “Esas cámaras van a grabar vídeo y audio de la actuación de los funcionarios, si apagan, si se alejan del lugar de trabajo. No son muchas cámaras, pero vamos a colocar en lugares clave”, expresó ayer Fernández al explicar detalles de la iniciativa tomada.

En relación a la posibilidad de que se declare ilegal dicha medida, señaló que “correrá el riesgo”.

Aduanas también empezó a utilizar desde hace poco otras tecnologías, como los drones, en su intento por frenar la corrupción interna. “Permiten ver los movimientos en las riberas de los ríos”, argumentó Fernández, quien dijo que en principio no se instalarán muchas cámaras. El costo será de unos G. 200 millones.

Los aduaneros cobran jugosas coimas para permitir el ingreso de cargas ilegalmente, para no controlar vehículos con mercaderías de contrabando que circulan en zona secundaria o para dar cobertura en el tránsito de vehículos con contrabando.

También cobran para conceder dictámenes favorables que no corresponden y acelerar dictámenes favorables que corresponden. Otro negocio es ingresar a la institución antes del horario para evitar reverificaciones por parte de fiscalizadores; verificar cargas en canal rojo en tiempo récord; validación informática de la verificación de mercaderías (sin abrir el contenedor); verificación y validación informática de varios despachos con canal rojo (en un minuto 3, 4 contenedores), según los informes recogidos.

Son varios los funcionarios que han caído por cometer diferentes delitos. El mayor escándalo fue en mayo, cuando el Gral. (SR) Ramón Benítez, director del Detave (Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada) fue detenido por coima. El caso salpicó hasta a periodistas.

ABC color

MOPC debe ejecutar este mes unos USD 150 millones

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suba-del-río
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Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no pudo invertir el mes pasado los USD 120 millones que prometió en obras y solo ya le queda este mes para incrementar su nivel de ejecución. Esto para que la cartera pueda justificar el incremento del déficit fiscal (3%) que consiguió en el Gobierno.

Según un informe que remitió ayer la cartera, en el mes de noviembre el MOPC solo invirtió G. 340.203 millones (USD 54 millones al cambio actual) en los pagos por las diferentes obras que están en ejecución, que respecto a octubre tuvo una caída del 34%.

Esta situación obliga a la institución a ejecutar alrededor de USD 150 millones este mes, para poder llegar a la promesa de inversión de USD 200 millones, que fue el principal motivo del incremento del tope fiscal.

El viceministro de Finanzas, Carlino Velázquez, señaló a este diario que no llegaron a la meta inicial porque el incremento del déficit fiscal se aprobó muy tarde. “Tuvimos solo una semana para ejecutar tras el incremento del tope fiscal, pero en diciembre vamos a recuperar”, expresó.

Sin embargo, el funcionario no está seguro si llegarán a los USD 200 millones que prometieron invertir en noviembre y diciembre. “No creo que lleguemos a eso, aunque vamos a incrementar la ejecución”, expresó.

De acuerdo con el reporte, el MOPC ejecutó en obras propiamente (nivel 500 de inversiones) G. 3,5 billones (USD 560,1 millones) hasta noviembre, con una ejecución del 71% de su presupuesto de 4,9 billones y un crecimiento de 54% con respecto al mismo periodo del año 2018.

Según el escrito, a esto se deben agregar los proyectos financiados bajo la modalidad de llave en mano y Alianza Público Privada (APP) con lo cual las inversiones de la cartera de Estado asciende a G. 4,8 billones en obras.

“Con estas cifras, el MOPC logró superar la ejecución de los años anteriores”, resalta el informe.

En cuanto a su presupuesto general, el MOPC ejecutó al mes de noviembre del presente ejercicio fiscal G. 4,2 billones, lo cual representa una ejecución del 71% y un crecimiento del 47% con respecto al mismo periodo del año 2018.

El presupuesto vigente general de la cartera es de 5,9 billones, de los cuales 4,9 millones son para obras propiamente, como se menciona más arriba.

El mes de mayor inversión del MOPC este año sigue siendo octubre con una ejecución de G. 522.281 millones. La administración del ministro Arnoldo Wiens tuvo un cuestionado inicio, pero tras las críticas incrementó su ejecución.

ÚH

Gremio de empresarias busca más protagonismo en mipymes

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La Asociación Paraguaya de Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (Apep) tiene como objetivo tener un mayor protagonismo y ganar espacios en el sector de las mipymes, según expresaron durante una reunión mantenida con Isaac Godoy, viceministro de Mipymes, del Ministerio de Industria y Comercio.

La titular de la Apep, Celina Lezcano Flores, dijo que en este encuentro expusieron la visión que tienen como gremio de mujeres y proyectar las acciones para el 2020.

Afirmó que compartieron con Godoy la hoja de ruta que disponen y sobre las alianzas que desde esta instancia tienen con gremios y otras instituciones públicas.

Subrayó que también se comprometieron “en seguir aunando esfuerzos en las mipymes, porque estamos convencidas de que tenemos que seguir trabajando en alianza con el Viceministerio y con los demás gremios y sectores privados para que lo realizado pueda tener un mejor resultado”.

Recordó que estuvieron en la última reunión del Foro del Sistema Nacional de Mipymes, donde se interiorizaron sobre los resultados positivos alcanzados y lo que se debería mejorar del sector.

Lezcano Flores dijo que creen que la unión del sector público con el privado es lo mejor que le puede pasar al país, “y también trabajar en las políticas públicas, porque es lo que nos afecta como ciudadanos y no solamente como sector empresarial”.

Finalmente, apuntó que aún les resta mucho camino por recorrer, esperan llegar lejos y están confiadas en “el efecto multiplicador que tenemos las mujeres y que es muy fructífero para el país, la familia y todos los ciudadanos”.

ÚH

Tarjetas: Tras críticas, diputado niega proyecto para subir tasas

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Ante las críticas que recibió sobre el caso de las tasas de interés de tarjetas de crédito, el diputado colorado Carlos Núñez Salinas negó que haya planteado eliminar el tope a intereses, 24 horas después de haber anunciado a los medios que la semana venidera se presentaría el proyecto de ley al respecto.

Indicó que lo que se presentó tan solo fue un informe desde la Comisión Especial de Economía, con 46 temas recogidos con base en reclamos de sectores económicos y se priorizaron 6 temas, entre los que aparece el de las tasas.

“La semana que viene presentamos ya la Ley de Tarjetas”, expresó Núñez en reunión de prensa en Diputados el martes pasado, cuando se presentó el citado informe. Sin embargo, al día siguiente desmintió el anuncio a Monumental, indicando que no existe ningún proyecto para elevar las tasas de las tarjetas de crédito.

“Solo se puso sobre la mesa que en 2015, cuando se topeó el interés, eso tuvo como resultado el beneficio a la clase media y alta, pero unas 350.000 personas perdieron sus tarjetas y quedaron fuera del sistema porque recurrieron a otros instrumentos”, dijo.

La idea, a su criterio, es solo brindar una opción a esas personas mediante otros proyectos, pero no necesariamente que se alce el porcentaje. “No se buscará perjudicar a quienes tengan el beneficio ganado por la legislación vigente, pero hay otra parte que queda fuera del sistema”, destacó.

Según se había anunciado, la propuesta incluía agregar un articulado que delimite a las tasas de interés de tarjetas de crédito dentro del rango hasta el cual son consideradas no usurarias.

ÚH

Gremio celebra golpe al contrabando de prendas

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En la Asociación de Industriales Confeccionistas del Paraguay (AICP) celebraron los últimos decomisos de grandes cargas de prendas ilegales. No obstante, advierten que la práctica ilegal continúa permeando pese a los controles, y perjudica a la industria local.

Es lo que señaló ayer la gerente general del citado gremio, Adriana Chaparro, al ser consultada cómo tomaron las últimas incautaciones hechas por parte del organismo gubernamental UIC anticontrabando. El pasado martes, en Puerto Seguro de Villeta, tres camiones de gran porte fueron incautados por transportar ilegalmente un volumen importante de prendas, pero que en el manifiesto estaban declaradas como juguetes.

Chaparro dijo que el ingreso ilegal de prendas siempre hubo y continúa, pero con los productos que cayeron últimamente a través de acciones de control de la UIC, ven un panorama más positivo.

Respecto al origen de la carga que viene de Montevideo y no del puerto chileno de Iquique, indicó que los dos siempre fueron los puntos de carga para luego venir e ingresar al país. “Llegan e ingresan por aquí. Posiblemente se hace una triangulación porque las cantidades son muy superiores a lo que requiere nuestro mercado y la población”, puntualizó.

Añadió que la UIC es la que está investigando el último caso de Villeta y lo importante es que cayeron cargamentos de gran volumen, se están tomando medidas y “estamos esperanzados de que se siga combatiendo”.

Remarcó que el ingreso ilegal o subvalorado de prendas afecta muy negativamente a la mano de obra paraguaya, especialmente, a los pequeños talleres que, en muchos casos, se ven obligados a cerrar porque resulta imposible competir con los productos ilegales.

Mencionó que en las noticias vio que uno de los camiones decomisados en Villeta declaró una carga por valor de 18.000 dólares, suma ínfima respecto a lo que se encontró en la verificación.

“Es así que se encuentran inconsistencias de que no se pagan los impuestos. Así es imposible competir”, sentenció finalmente.

ÚH

Precio del tomate se encarece 30% en las distribuidoras

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Cada caja de 18 kg de tomate nacional liso y perita cuesta en promedio entre 110.000 y 120.000 guaraníes. Los montos representan una suba del 30% de la hortaliza con relación a principios de noviembre.

La campaña de cosecha de la hortaliza está completando sus últimas semanas y por una menor oferta, sus precios van aumentando en los depósitos que surten a los mercados y súper, lo que a su vez afecta al bolsillo del consumidor final.

De acuerdo con el Servicio de Información de Mercados Agropecuarios cada caja de tomate liso, que se utiliza generalmente para las ensaladas, costaba el 1 de noviembre G. 91.667, mientras que la variedad Santa Cruz, conocida como perita y que se usa mayormente para salsas, ascendía a G. 85.000.

Estos precios sufrieron un incremento del 30% en promedio en menos de 30 días y la tendencia es que siga en aumento.

Sin embargo, el coordinador del Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas, Máximo González, refirió que este comportamiento de mercado no se traduce en las fincas, donde los productores continúan recibiendo un pago ínfimo de G. 2.500 a G. 3.000 por kg.

Por su parte, el director de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Aníbal Roa, afirmó que los tomates de mejor calidad sí están recibiendo un mayor pago, que incluso llega a G. 5.000 por kg en algunos casos.

Para González es el Gobierno el que debe asistir a los agricultores con infraestructura, como techo, malla de mediasombra y sistema de riego, para tener una producción continua.

ÚH

Ayuda 70/30 llegó a pocos horticultores organizados

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Los US$ 150 millones que el MAG destinó entre 2015 y 2017 para impulsar la producción hortícola, con la tecnificación, a través de proyectos como el “70/30”, llegó a muy escasos productores organizados, lamentaron dirigentes.

Ninguno de los agremiados a la Cámara Frutihortícola del Paraguay (CFP) accedió a la ayuda del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco del emblemático proyecto “Equipamiento para la producción agrícola en el Paraguay”, conocido como “70/30” (70% subsidio y 30% crédito blando), que utilizó fondos de los bonos soberanos, según el titular del gremio, José Rivas.

El dirigente se quejó del actual ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, porque dice que no les recibe para poder explicarle la problemática del sector recibir soluciones. Argumentó que al principio algunos horticultores mostraron interés, pero al constatar que aunque pagarían sólo 30%, el proyecto saldría muy caro y la calidad era baja, lo que se demostró en muchos casos por la escasa durabilidad.

A su vez, el presidente de la Unión Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay, Francisco Meza, de la zona de Tres de Febrero, Caaguazú, dijo que los socios de esa organización tampoco recibieron los créditos 70/30, entre otros motivos justamente porque las construcciones previstas (invernaderos) eran caros para la baja calidad que tenían.

Sin embargo, el dirigente hortícola Ciro González, de la zona de Alto Paraná, dijo que sabe de unos 10 horticultores que recibieron la ayuda del proyecto 70/30.

Igualmente, el dirigente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay-Regional Caaguazú, Ing. Hermes Aquino, habló de ciertos horticultores que recibieron el apoyo.

Respecto a la actualidad, Rivas y Meza dijeron que hace alrededor de un mes se reunieron con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y se instaló una mesa de diálogo hortícola, con indicación expresa para el ministro Rodolfo Friedmann de dar seguimiento a los reclamos del sector. Pero, el secretario de Estado hasta ahora no incluye en su agenda una fecha para recibir a los dirigentes de ambos gremios citados.

“Estamos esperando desde hace cerca de un mes que nos reciba Friedmann”, lamentó José Rivas.

Sumando solo los bonos del Tesoro, de US$ 50 millones, con el crédito de US$ 100 millones del Banco Mundial, la administración de Jorge Gattini, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, recibió en 2015, US$ 150 millones, que se destinaron a la construcción de infraestructuras hortícolas y sistemas de riego. También para planes subsidiados a labriegos.

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Una inversión de G. 1.900 millones en estación ferroviaria se ve amenazada

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En diez días, culminarán las obras de refacción de la antigua estación del tren ubicada en el barrio Bella Vista de Luque. Pero el sitio, que por lo pronto será utilizado como museo, podría verse perjudicado por la falta de alcantarillado.

Los trabajos de mejora comenzaron en enero de este año, y la empresa adjudicada fue Mes Trading & Service, propiedad de Juan Carlos Sánchez Báez. La inversión fue de G. 1.900 millones, financiada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

El director de Obras Públicas de la cartera de Estado, José Kronawetter, aseguró que, debido al exceso de agua que se acumulaba en el lugar luego de intensas lluvias y por el desagüe de las casas de los alrededores, el edificio “estaba flotando”. Dijo que el MOPC hará un llamado a licitación el próximo año para realizar un hermoseamiento total del predio de la estación, además de la construcción de un sistema de desagüe para evitar que el edificio se deteriore nuevamente.

Actualmente, están siendo colocados unos conductos que permitirán que el agua no se acumule en el sitio. Kronawetter señaló que el Ministerio prefiere culminar estos trabajos antes de su habilitación, pero que la decisión final está en manos de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), administrador de la estación.

Explicó que urge un sistema de desagüe en las calles adyacentes al lugar, y que en este caso “sería ideal” que la Municipalidad de Luque trabajara en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas para la construcción de canales de aguas que beneficien a la ciudad.

Lauro Ramírez, titular de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), indicó que de común acuerdo con la Comuna luqueña, decidieron que algunos salones de la restaurada estación sean utilizados como museo. Añadió que expondrán objetos antiguos guardados en la ciudad de Luque, más los que serán llevados de la estación central. Para evitar que el lugar sea “rapiñado”, contratarán guardias, según lo explicado.

Ramírez aseguró que más adelante se contará con el tren de cercanías, tramo Luque-Asunción, y que para el efecto la estación será nuevamente habilitada para la movilización de los pasajeros. No quiso ahondar respecto al avance del plan, que no pasa de promesas. “Va avanzando muy bien (el proyecto del tren de cercanías). Está en curso la ingeniería de detalles, pero no tenemos plazos. Dependen de otras muchas definiciones que debe tomar el Gobierno”, dijo.

En agosto, Fepasa habló de la posibilidad de contar con “tren elevado” en reemplazo de tren de cercanías, pero ninguno de los planes se ha ejecutado hasta hoy.

El plan del tren elevado sería financiado por el sector privado, según los datos de Fepasa. El modelo es similar al implementado en Porto Alegre, Brasil.

Pero este y otros planes no pasan de meras ideas. En setiembre último, Ramírez canceló el proceso de contratación de empresas para reactivar el tren de cercanías; previamente, había hecho un llamado a precalificación, en que participaron seis consorcios. Pero la prosecución del proceso fue, finalmente, suspendido; el argumento del titular de Fepasa fue la ocupación de la franja de dominio.

ABC color

En Diputados plantean quitar el tope a tasas de tarjetas

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La búsqueda de una mayor libertad para las tasas de interés de tarjetas de crédito ingresa a la agenda de la Cámara de Diputados.

El diputado Carlos Núñez Salinas (ANR) anunció que empiezan a trabajar en la elaboración del proyecto de derogación de los artículos 9 y 10 de la Ley 5479/2015 “Que establece normas de transparencia y defensa al usuario en la utilización de tarjetas de crédito y débito”, a fin de eliminar los topes impuestos a las tasas de interés que se aplicaron a estos medios de pago. La propuesta incluye agregar un articulado que delimite a las tasas de interés de tarjetas de crédito dentro del rango hasta el cual son consideradas no usurarias.

Núñez Salinas, presidente de la Comisión Especial para el Estudio del Estado y Proyección de la Economía Nacional de la Cámara Baja, explicó que el argumento de la mencionada iniciativa radica en que, desde la vigencia de la también conocida como ley de tarjetas, se produjo la expulsión de 350.000 personas del sistema de crédito rápido y tuvieron que acudir al mercado informal, donde terminaron pagando intereses de hasta 100% y 200%.

Los fundamentos de la propuesta fueron también pronunciados insistentemente por representantes del sistema financiero local en los últimos años. Estos radican en que los clientes en cuestión fueron excluidos porque al pertenecer a sectores de bajos ingresos, no pudieron permanecer operando con las menores tasas de interés dispuestas, debido al riesgo que representan para el negocio crediticio.

“Aquella persona que usaba la tarjeta de crédito para ir al supermercado, para llegar a fin de mes, para comprar un medicamento o para acceder a un servicio básico, se quedó sin tarjeta de crédito (…) y hoy en día tiene embargos salariales, no puede pagar sus compromisos”, añadió.

El proyecto de liberación de las tasas de interés de tarjetas forma parte de las acciones legislativas de reactivación económica de corto plazo, elaboradas por la Comisión Especial y entregadas al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En el documento se exponen también los perjuicios que la ley de tarjetas generó a los comercios y al proceso de inclusión financiera.

Al ser consultado sobre la forma en que se evitará que los ajustes de tasas constituyan una presión inflacionaria y se generen de manera brusca, atendiendo a que se aplicarán justo en momentos de recuperación de la economía, Núñez Salinas aseguró que buscarán alternativas para evitar abusos por parte de las entidades financieras. A la pregunta sobre los ánimos del Congreso Nacional ante la propuesta, se limitó a responder que se debe priorizar a la gente y las personas que están en un sistema informal y no tienen acceso al crédito.

El límite de tasas de interés de tarjetas de crédito vigente para diciembre de 2019 se encuentra en 14,78%, para cuentas en guaraníes, y en 8,32%, para las denominadas en dólares. Por su parte, el nivel desde el cual las tasas de interés del mercado se considerarán usurarias el próximo mes está en 37,54%, en el caso de los préstamos en guaraníes, y en 15,67%, para los desembolsos en dólares, según publicaciones del Banco Central del Paraguay (BCP).

La Ley 5479/2015 establece, en su artículo 9, que “los intereses aplicables por el uso de la tarjeta de crédito se sujetarán a lo establecido en las Leyes y regulaciones específicas que rigen la materia y no podrán exceder tres veces el promedio de tasas pasivas promedio vigentes en el mercado”. El artículo 10 se refiere al cobro de comisiones por intermediación.

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En Senado buscan anular recortes hechos por Diputados al PGN 2020

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Comisiones de Hacienda y Cuentas del Senado iniciaron estudio del plan de gastos para dictaminar. Silvio Ovelar adelantó que apuntan a dejar sin efecto las movidas aprobadas en la Cámara Baja.

En sesiones conjuntas que empezaron ayer y continuarán hoy, las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Cuentas y Control del Senado están preparando su dictamen sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020. El documento ya tiene media sanción de Diputados y será tratado mañana en el pleno de la Cámara Alta.

Las comisiones asesoras están tomando como base el dictamen elaborado a fines de octubre por la Comisión Bicameral, según informó el titular de Hacienda y Presupuesto, Silvio Ovelar.

El dictamen de la Bicameral contempla un aumento salarial para los docentes desde julio, como pidió el Ejecutivo, pero no incluye aumentos para funcionarios de la ANDE ni creación de cargos para la Corte y la Fiscalía, como aprobó la Cámara Baja.

En ese sentido, Ovelar adelantó que si bien cree que el monto total aprobado en Diputados en primera vuelta no será modificado, sí dejarán sin efecto los recortes aplicados a varias entidades para financiar gastos rígidos, ya que limitarán el funcionamiento del Estado el año próximo.

Indicó que los aumentos a docentes desde el mes de abril así como el reajuste del 7,3% para la ANDE serán estudiados al final de las sesiones. No obstante, reiteró que según las proyecciones del Fisco no hay recursos adicionales para financiar aumentos salariales o ampliaciones.

“Yo creo que los números no van a variar, pero se van a dejar sin efecto las movidas que se hicieron en Diputados que alteraron el funcionamiento orgánico de todas las instituciones”, expresó.

Luego de maratónicas sesiones, y en medio de bochornosas discusiones y acusaciones, Diputados aprobó un PGN 2020 con un monto global de G. 86,28 billones (USD 13.521 millones), lo que está en línea con la estimación hecha por Hacienda.

No obstante, concedió aumentos salariales del 16% a docentes desde abril, del 7,3% a funcionarios de la ANDE y del 20% en promedio para el Crédito Agrícola. Además, creó cargos para la Corte, Fiscalía y Defensa Pública, decisiones que inflaron el gasto salarial para el año próximo en unos G. 263.400 millones (USD 41,2 millones).

Para financiar los aumentos y nuevos cargos, los legisladores de la Cámara Baja realizaron una serie de reasignaciones y reprogramaciones provenientes de recortes a rubros como horas extras, pasajes y viáticos, mantenimiento, pago de medicamentos, servicios básicos, subsidio al transporte y consultorías, entre otros.

Con estos cambios, según Hacienda, la rigidez presupuestaria en relación con los ingresos trepará del 92% al 94% en 2020.

Las autoridades del Ministerio de Hacienda acudieron ayer a la sesión de las comisiones del Senado para acercar su postura respecto a los cambios introducidos por Diputados al PGN 2020.

El viceministro de Administración Financiera de la cartera, Óscar Llamosas, indicó que pidieron que lo aprobado se acerque lo más posible a la versión remitida por el Ejecutivo. Sin embargo, viendo lo aceptado por Diputados, tampoco ven con malos ojos la versión dictaminada por la Bicameral.

La cartera fiscal había señalado la semana pasada que las modificaciones hechas en la Cámara Baja violan la Ley de Responsabilidad Fiscal y empujan al Gobierno a analizar fuertemente el veto.

ÚH

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