La raza Nelore lidera por cuarto año consecutivo el ránking de mayor faena a nivel país, alcanzando las 716.797 cabezas, según informó ayer la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore (APCN). Le sigue la raza Brangus, con 618.267 cabezas, luego Brahman con 188.713 cabezas y, por último, la raza Braford con 76.593 cabezas.
“Cada vez más productores apuestan a esta raza que mejoró mucho en cuanto a calidad en los últimos diez años y eso es notable. Se refleja en su genética, su conformación, su docilidad, su manejo, todo esto está perfectamente compenetrado”, expresó Guillermo Campos, presidente de la APCN. El relevamiento fue hecho por Control Unión Paraguay.
Caracterizado por su extraordinaria rusticidad, Nelore se adapta a climas calurosos y pastos duros típicos de los trópicos y subtrópicos. Ganaderos brasileños llegaron a la conclusión de que las razas puras tenían un potencial de producción muy elevado, según la asociación.
Más de 1.000 transportistas adeudan US$ 4,5 millones al IPS; muchos de ellos crearon una nueva razón social para así empezar de cero y seguir accediendo a millonarios subsidios.
La normativa que regula las obligaciones para acceder al subsidio establece, entre otras exigencias, que los empresarios deben tener dos empleados asegurados en el Instituto de Previsión Social (IPS) con aporte al día por cada bus que disponga.
El viceministro de Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Pedro Britos, confirmó que para verificar el cumplimiento del requisito relacionado al seguro social, se recibe una constancia de pago al día. Al ser consultado si el control implica conocer los antecedentes del empleador o si la deuda en IPS es o no fraccionada, respondió que no. Sólo sirve la constancia emitida por la previsional.
El director de Aporte Obrero Patronal (AOP) del IPS, Ramón Giménez, reconoció que no está prohibido que las personas que figuran como morosas se registren con una nueva razón social y seguir operando en el mismo rubro. Detalló que la previsional registra 1.161 empleadores morosos del sector transporte, de los cuales 803 están operando actualmente al pagar sus deudas de forma fraccionada. La deuda asciende más de US$ 4,5 millones y data del 1993. A causa del incumplimiento de la obligación de estos patrones, un total de 11.868 empleados no pueden acceder a la atención médica y de seguir así, tendrían inconvenientes con la jubilación, informó.
Giménez señaló que existe un plan de impedir que los empleadores morosos sigan operando, pero es necesario consensuar con otras instituciones y también hace falta una ley al respecto.
Carmen Flores, jefa interina del Gabinete de Presidencia de IPS, y Esteban Mongelós, director interino de la Secretaría General, firmaron ayer un informe en el cual se niegan a identificar las empresas infractoras, especificando los montos de sus deudas, alegando confidencialidad. De esta forma, la previsional impide que se difundan qué transportistas que reciben subsidios les adeuda. Actualmente, ninguna institución es celosa de que los morosos no sean beneficiados con dinero estatal. Ni el contralor general de la República, Camilo Benítez, ha solicitado esos datos al IPS, pese a estar en conocimiento de denuncias mediáticas sobre el tema.
La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (Cncsp) realizó una encuesta entre 42 empresarios del sector comercial y de servicios sobre la actitud que mostraron las entidades financieras en relación a las líneas de créditos durante este año, que se presentó especialmente complejo y difícil para estos rubros debido a la recesión económica. Al mismo tiempo, la pesquisa consultó a los mismos si tuvieron que recurrir a nuevos créditos para poder mantener sus negocios en actividad y si se mantuvieron las líneas ofrecidas por las entidades financieras o no.
Solo el 11,9% de los encuestados respondió que sus líneas de crédito habían sido aumentadas, en tanto que el 59,52% dijo que fueron mantenidas y el 28% señaló que les fueron recortadas.
En cuanto a si necesitaron de apalancamiento financiero para poder mantener sus negocios operativos, las personas consultadas dijeron que se mantuvo en un 48,7%, mientras que solo disminuyó en un 17% y aumentó en un 33,3%.
Sobre la tasa de crédito a la que accede actualmente al solicitar una línea de crédito, los empresarios respondieron que se mantienen en el mismo nivel un 59,5%, que aumentó un 23,8% y que disminuyó solo un 16,6%.
Un dato nada alentador y que condice con la situación de recesión que experimentó el país durante gran parte de este año fue la pregunta realizada a los empresarios encuestados de si mantuvieron o no su volumen de ventas comparado al 2018, a lo que el 73,81% de los consultados dijo que disminuyó, el 16,67% que se mantuvo y solo el 9,52% que aumentó.
La Cámara de Comercio concluye a partir de esta encuesta que los empresarios del sector comercial y de servicios precisan de nuevas posibilidades crediticias a menor costo, posiblemente por la vía de la Bolsa de Valores. En segundo término, sugieren que el hecho de aparecer en Informconf no sea un impedimento para acceder a los créditos. También sugieren que se reduzca la comisión por depósitos de dólares en efectivo y que las opciones de garantía sean mayores y que acepten inmuebles con mayor facilidad, vehículos, propiedades y tener más en cuenta el comportamiento del cliente a nivel bancario e impositivo.
Al mismo tiempo, el gremio sugiere que para la adquisición de tecnologías, se deben realizar mejores análisis, y tasas y condiciones más accesibles sobre todo para las Pymes que mueven en gran medida al sector. En último término, los empresarios piden eliminar las comisiones por depósitos de dólares en efectivo.
Hasta la fecha, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ya desembolsó G. 61.714 millones en el pago por mejoras y expropiaciones, dentro del proceso que se lleva adelante para la liberación de la franja de dominio y afectaciones de las obras de la duplicación de la ruta PY02, cuyas obras avanzan bajo la ley de Alianza Público Privada (APP).
Hasta la fecha, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ya desembolsó G. 61.714 millones en el pago por mejoras y expropiaciones, dentro del proceso que se lleva adelante para la liberación de la franja de dominio y afectaciones de las obras de la duplicación de la ruta PY02, cuyas obras avanzan bajo la ley de Alianza Público Privada (APP).
En este sentido, la institución ya liberó el 56% de la franja de construcción, que se traduce en 1.336 propiedades liberadas en el trazado de la vía, según los datos brindados por la cartera a este diario.
En total, el número de afectaciones de la ampliación de la carretera es de 2.376 y el plazo de liberación total es hasta el 2022, según comentó la Directora de Bienes Inmobiliarios del MOPC, Anatalia Aranda.
Asimismo, resaltó que con estos pagos la Sociedad de Objeto Específico Rutas del Este, integrada por la española Sacyr y la paraguaya Ocho A, ya cuenta hoy con 117,4 km para trabajar en la ampliación de la carretera.
“Tenemos un total de 2.376 afectados, de los cuáles liberamos 1.336. Esto significa que 117,4 km de la franja de construcción ya fue liberada (de los 149 km que deben ser intervenidos). Tengo hasta el 2022 para liberar totalmente”, expresó la funcionaria.
Siguió: “Estas liberaciones se tratan de la franja de construcción. Son frentes de obras que le estamos dando a la empresa y luego quedan las de dominio, que es la superficie libre de 50 metros en cada lado que tendrá la ruta”.
Vale señalar que la liberación de los 117,4 Km se realizó en sectores correspondientes al tramo 3 (San José), tramo 4 (Coronel Oviedo), tramo 5 (Caaguazú), tramo 2 (Eusebio Ayala) y las propiedades afectadas para las futuras circunvalaciones de San José y Coronel Oviedo.
Vale señalar que la parte más complicada para expropiar se tendrá en el tramo 1 (desde Ypacaraí hasta Caacupé), dónde se utilizará el mayor porcentaje de los recursos. El MOPC previó una inversión total de USD 80 millones para las expropiaciones de la ruta PY02.
Según Rutas del Este, las obras de construcción de estructuras y drenaje avanzan en los tramos 3, 4 y 5, desde el km 104 en San José de los Arroyos hasta el km 183 de Caaguazú.
En el tramo 3, en San José de los Arroyos, se realizan obras de terraplenado desde el km 106 al km 122. Asimismo, prosigue la construcción de obras de drenaje.
En el puente ubicado sobre el arroyo Yacarey (km 118) los trabajos de construcción de pilotes para estribos se encuentran en etapa de culminación.
En el km 114 continúa la construcción de estribos en el puente ubicado sobre el arroyo Ytau.
En el tramo 4 (Coronel Oviedo) las tareas de drenaje se centran en el hormigonado de alcantarillas celulares y tubulares. En cuanto a las estructuras, se procedió a la preparación de encofrado para hormigonado en el km 154,7.
En el tramo 5 (Caaguazú) continúan los trabajos de drenaje y compactación en las laterales de las alcantarillas en el km 157,6.
En el subtramo 5.3 prosiguen los trabajos de suelo estabilizado de cemento desde el km 181,6 al km 181,7.
Recordemos que el MOPC dio en la quincena de agosto la orden de inicio a las obras de duplicación de la ruta PY02 y desde ese momento tiene 30 meses para culminar las obras. La duplicación abarca desde el desvío de Ypacaraí hasta el km 183, donde inicia la concesión de Tape Porã, continuación de la ruta PY 02, ex ruta 7.
La Sociedad Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, integrada por la española Sacyr (60%) y la paraguaya Ocho A (40%), consiguió tras varias prórrogas la financiación de la APP de la ruta PY02. En julio de este año, el grupo consiguió finalmente los USD 500 millones que costeará la infraestructura vial.
Para ello, el consorcio cambió el mecanismo de financiación del proyecto para la duplicación de la ruta PY02, por las ventajas que se dieron en el mercado internacional para costear la obra.
Es que en un comienzo la estadounidense Goldman Sachs debía financiar una parte de este primer proyecto de alianza público-privada (APP), con un préstamo de USD 240 millones, pero el consorcio optó por emitir bonos propios por USD 290 millones en la Bolsa de Nueva York, a través de Goldman Sachs (asociado con Itaú).
Con esta emisión de bonos de Rutas del Este se suma otro préstamo que consiguió el grupo por USD 200 millones, concretamente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest), y otros USD 83 millones de recursos propios del grupo. Esto significa que la primera APP cuenta con financiación de USD 573 millones.
Vale señalar que el consorcio percibirá un total de casi USD 1.700 millones por construir, operar y mantener la ruta, durante los 30 años que durará el contrato, según estimaciones. Estos pagos comenzará a percibir cuando concluyan las obras.
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) cerrará el ejercicio fiscal 2019 con un monto total de casi USD 74 millones a cobrar en concepto de recuperación de impuestos no abonados y multas aplicadas por contravención, omisión o defraudación.
El informe facilitado por la Administración Tributaria detalla que a través de 447 fiscalizaciones y 87 controles internos se logró comprobar que contribuyentes no pagaron impuestos por un total de G. 261.408 millones (USD 41,1 millones al cambio actual de G. 6.350). El no ingreso de estos recursos a las arcas del Estado fue por faltas administrativas como: Defraudación (no emitir comprobante legal), omisión (declaró el impuesto, pero no pagó), y/o contravención (facturó, pero presentó tarde la declaración).
Sobre el monto total a ser recuperado, la dependencia fiscal aplicará una multa que asciende a unos G. 206.754 millones (USD 32,5 millones).
En el 2018, Tributación detectó el no pago de impuestos por parte de contribuyentes por un valor de G. 377.334 millones (USD 59,4 millones), sobre el cual fue aplicado una multa de G. 686.759 millones (USD 108,1 millones). Esto fue resultado de 406 fiscalizaciones y 143 controles hechos en el 2018.
Sobre este punto, el viceministro de la SET, Óscar Orué, destacó que al hacer un comparativo entre el 2018 y el 2019 se observa un monto menor en multas aplicadas este año. Explicó que es por los criterios de aplicación de multas sobre los hechos, implementados por la actual administración de la Subsecretaría de Estado de Tributación.
“Hay que tener en cuenta que nosotros aplicamos menos multas de las que aplicaban las administraciones anteriores, porque establecimos criterios de aplicación de multas sobre los hechos. Anteriormente, las multas eran de 300% (del monto total no pagado por impuesto) con las administraciones anteriores. Ahora hay una escala y un criterio de acuerdo a los hechos, donde se tiene en cuenta la acción realizada por el contribuyente para no pagar al Fisco”, detalló.
Una parte de las multas cobradas por el Fisco a los contribuyentes son distribuidas entre todos los funcionarios de la SET. De acuerdo a la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2019, Tributación tiene un límite este año de G. 27.000 millones (USD 4,2 millones) –de la multa cobrada– para repartir entre sus funcionarios.
Además del tope, la SET estableció a través de la Resolución 5/18, que el monto máximo que podrá percibir al mes un funcionario en concepto de multas será de G. 5 millones, y un mínimo de G. 1 millón, dependiendo del rol de cada uno. También dentro de dicha normativa fue excluido de la repartija al viceministro.
Este tope establecido en la Ley de Presupuesto fue puesto por el Poder Legislativo, tras las fuertes críticas de la ciudadanía sobre las millonarias repartijas realizadas entre los funcionarios de la SET de la plata proveniente de las multas cobradas durante la administración de la ex viceministra Marta González Ayala, quien se autoincluyó en la repartija.
Al respecto, Orué mencionó que el promedio recaudado al año por la SET en concepto de multas es de G. 80.000 millones. Agregó que los G. 27.000 millones de límite establecido para este año ya fueron repartidos en su totalidad entre todos los funcionarios, aclarando que las multas efectivizadas entre noviembre y diciembre del presente ejercicio deberán ser distribuidas entre enero y febrero del 2020, año para el que también se estableció un tope de G. 27.000 millones, según Orué.
Sobre este monto, la Administración Tributaria deberá aplicar multas a los contribuyentes en falta por unos USD 32,5 millones, según resalta un informe de la institución. Hay que tener en cuenta que aplicamos menos multas de las que aplicaban las administraciones anteriores.
El maíz debe cultivarse en la misma tierra destinada a la soja, una vez que la oleaginosa sea cosechada, pero como la sequía extendió el calendario agrícola, el cultivo conocido como rotativo podría enfrentar heladas del 2020.
Varias utilidades tiene el maíz en la producción agropecuaria, pues no solo sirve para exportar sus granos o para alimentar a los animales criados en Paraguay, sino también para aportar nutrientes al suelo para que nuevamente pueda resistir a la temporada de soja, explicó el analista de MF Economía, Fabricio Vázquez.
Los agricultores deberán decidir si toman el riesgo de cultivarlo en febrero del próximo año, ya que durante su ciclo las plantas podrían enfrentar las heladas y destruirse, advirtió el experto.
Hay otros cultivos rotativos que podrían elegir los trabajadores del campo, como el caso del trigo que se caracteriza por su resistencia al frío, de acuerdo al titular de la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo.
Al cierre de noviembre, el país exportó 2.714.011 toneladas de maíz, 41% más que todo el 2018, mientras que el ingreso en el mismo periodo fue de USD 378.067.825, según los datos de la Red de Inversiones y Exportaciones.
Los principales destinos son Brasil y Corea del Sur. El mejor año sigue siendo el 2015, cuando se enviaron al mercado internacional 3.074.463 toneladas.
Itaipú Binacional, lado paraguayo, informó que establecerá un programa que limitará el pago de horas extras a partir de enero de 2020 a un máximo de 20 horas extraordinarias al mes para las áreas que tengan “tareas impostergables, urgentes y que estén debidamente justificadas”, para cumplir con uno de los ejes de gestión que tiene que ver con “eficiencia, transparencia y austeridad”.
Decide asimismo que los empleados que necesariamente deban prestar servicios en horarios extraordinarios para la realización de trabajos urgentes, impostergables o cuya falta de ejecución puede acarrear perjuicio manifiesto a la empresa, deben estar debidamente justificados por los niveles gerenciales pertinentes y autorizados por el Superintendente u ocupante de función equivalente.
Dispone igualmente que para los casos “de estricta necesidad” de prestación de servicios en horarios extraordinarios, en los que eventualmente se requiera sobrepasar el límite máximo de horas establecido, siempre que cuenten con la debida justificación y sean solicitados por los niveles gerenciales pertinentes, el director de área puede aprobar la realización y el pago o compensación correspondiente de las horas extraordinarias que superen la cantidad de 20 horas.
Aclara, no obstante, “de ninguna manera podrá sobrepasar 40 horas extraordinarias al mes”, y que la responsabilidad de esta decisión “recaerá en los cargos gerenciales, quienes deben demostrar la necesidad real de las horas extraordinarias”.
Sin embargo, los empleados y el personal de la Superintendencia de Seguridad Empresarial, que presta servicios de Guardia de Seguridad, quedan por el momento exceptuados temporalmente de las disposiciones de la citada determinación, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones y las limitaciones de personal de esta área.
No hay razón para aumentar los precios de los combustibles al público; la medida tributaria busca sincerar el mercado y que los emblemas paguen lo que corresponde al fisco, sostuvo el viceministro de la SET, Óscar Orué.
El viceministro Orué reiteró ayer que no habrá ajustes de tasas para los bienes y productos alcanzados por el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), lo que incluye también a los combustibles.
Según el funcionario, los cambios dispuestos en el decreto 3109/2019 con respecto a combustibles atañe únicamente a la forma de liquidación del impuesto en sede aduanera. Alega que este nuevo método permitirá sincerar los valores que son declarados al ingreso del producto en el país, ya que se vienen registrando inconsistencias con los impuestos declarados tras las ventas al público. “En realidad va ser un pago anticipado y no existe razón para incrementar los precios actuales”, afirmó el titular de la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación).
El citado decreto discrimina la base imponible sobre la cual se aplicará la tasa del ISC. Así, por ejemplo, el diesel tipo 1 (de mejor calidad) tendrá una base imponible mayor, establecida en precio de mercado (actualmente en G. 6.100). Mientras que el diesel tipo 3, se calculará sobre una base de G. 3.777. En la disposición vigente, no se hacía esta diferencia, el impuesto retenido en Aduanas era único (G. 3.777 como base) y después al finalizar a la venta del combustible, ahí recién pagan la diferencia, detalló.
En la práctica lo que viene ocurriendo es que al no haber esta discriminación en el tipo de producto, las empresas terminan liquidando sus impuestos por una base menor al que corresponde. “Si vendieron una nafta premiun, terminan liquidando como si fuera común”, lo mismo ocurre con el gasoil. Además, otra forma de evadir es a través de los diferentes aditivos a los combustibles. Por ejemplo, de un Tipo 1 que compraron, van adicionando para transformar en productos de menor calidad, por lo que terminan pagando menor importe.
Orué detalló que este tipo de prácticas generan una pérdida importante para el fisco y advirtió además que en un contexto de fiscalización, con dichas prácticas las empresas se exponen a millonarias multas. Por lo que instó a adecuarse a los cambios y declarar lo que corresponde.
Al respecto, el gremio Distribuidora de Combustibles del Paraguay (Dicapar) salió al paso de las nuevas disposiciones tributarias y, a través de un comunicado, cuestionó los cambios, advirtiendo que estas modificaciones van a impactar en los precios. La UGP también se sumó al reclamo, ya que de concretarse la suba de precios, será un golpe muy duro para los productores y la economía, que empieza a reactivarse después de un año muy complicado.
Según el viceministro Orué, en el rubro de comercialización y expendios de combustibles se viene evidenciado serias inconsistencias en las declaraciones que realizan las firmas del rubro, que se traducen en menores ingresos fiscales.
Se estima una evasión fiscal de G. 150.000 millones (US$ 24 millones) aproximadamente por diferentes prácticas en el mercado.
El Ministerio de Hacienda, mediante la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), ha invertido la suma de G. 1,2 billones (US$ 185,9 millones) en Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) y en bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), correspondiente a los fondos excedentes del sector de la Administración Pública.
Desde Hacienda explicaron que la caja fiscal alcanzó esta cifra con la última adquisición de bonos de la AFD por US$ 61,9 millones, lo que sumado a la colocación realizada en julio llega a US$ 92,9 millones), con tasas del 6,3% anual, en plazos que van de 3 a 4 años, con pagos semestrales de intereses y pago del capital al vencimiento. Así también, se adquirieron Certificados de Depósito de Ahorro del Banco Nacional de Fomento (BNF) y del Banco Regional SAECA por un total de US$ 92,9 millones, con tasas históricas del 9.25% y 8,5% anual a plazos de 5 años.
Estás inversiones representarán en concepto de intereses US$ 60 millones. Desde el 2013 hasta la fecha, la DGJP ha invertido la suma de US$ 488 millones en un total de trece inversiones, de las que al cierre de este ejercicio se percibirá un total de US$ 50 millones en concepto de intereses y espera recibir US$ 88,9 millones en los próximos cinco años. La DGJP continúa con el proceso gradual de diversificación de sus inversiones para generar excedentes que permitan hacer frente a los compromisos de pagos de las actuales y futuras jubilaciones y pensiones.
Mañana, a las 11.00, está prevista la energización completa de la línea de 500 kilovoltios (kV) de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Tras los trabajos de adecuación de las barras en la denominada Línea Paraguaya 2 (LP2), que llevaron más de un año, la ANDE tendrá la posibilidad de acceder a toda la potencia que le corresponde en la central. Vale recordar que la primera unidad generadora de Yacyretá empezó a producir energía en 1994. El acto contará con la presencia del presidente Mario Abdo Benítez.
Las autoridades nacionales de Yacyretá calificaron el hecho de histórico y que nuestro país está reescribiendo su historia en la hidroeléctrica. La LP2 ahora contará con una potencia de 1.732 megavoltios amper (MVA), muy superior al de 750 MVA al que estaba limitada la capacidad de retiro de la línea, destacó Leopoldo Melo, director técnico de la EBY. El costo total de los trabajos ascendió a los USD 10 millones y tuvo la asesoría de la empresa japonesa Mitsubishi Corporation.
Melo destacó que la obra significa un fortalecimiento de la soberanía en la entidad, dado que en algún momento los representantes argentinos de Yacyretá quisieron impedir que avancen las tareas de adecuación de la línea. Indicó que ahora ya solo depende de la ANDE tomar la decisión de traer más energía de la EBY, si es que así lo considera conveniente.
Al respecto, comentó que los técnicos paraguayos le solicitaron a Nicanor Duarte Frutos, director nacional de Yacyretá, que vea la manera de establecer una tarifa más baja, para que la empresa estatal tenga alicientes a la hora de comprar la energía. El ex jefe de Estado ya empezó a dialogar con las nuevas autoridades argentinas, del Gobierno de Alberto Fernández, para encontrar un nuevo entendimiento, destacó Melo.
Para que se dé este acuerdo, será necesario modificar la Nota Reversal 2/17 (pacto Horacio Cartes – Mauricio Macri), ya que había fijado una deuda de la EBY con el Tesoro argentino en USD 4.084 millones. El pasivo es clave a la hora de establecer la tarifa de venta y además se tendría que dejar de lado la aplicación de la Nota Reversal de 1992 que llevó el precio de la energía a los USD 40 el megavatio hora (MWh). De hecho, este instrumento es aplicado unilateralmente por Argentina, ya que el Congreso de Paraguay lo rechazó en 1995.
Meses atrás, Duarte Frutos señaló que el acuerdo al que arribaron los anteriores gobiernos de Paraguay y Argentina puede ser mejorado, pues durante su gestión (2003 – 2008) se concluyó que la deuda tenía que estar en torno a los USD 2.000 millones.
Juan Encina, asesor de Duarte Frutos, confirmó que las conversaciones comenzaron, considerando la cercanía de Duarte Frutos con Alberto Fernández, pero aclaró que el gran desafío será lograr que Argentina acepte hacer la quita de la deuda. No obstante, mencionó que la posibilidad existe porque el presidente argentino tiene el deseo de reducir las tarifas de energía y atraer inversiones, por lo que tendrá que revisar los costos en el sector.
El Congreso argentino aún no trató el acuerdo Cartes-Macri y puede ser revisado. La aprobación se dio solamente en el Legislativo paraguayo y, para que entre en vigencia, ambos Congresos deben ratificarlo.
En los últimos años, la ANDE ha decidido comprar más electricidad de Itaipú, pues su precio promedio oscilaba los USD 28 el megavatio hora (MWh), mientras que la tarifa de la EBY es muy superior, si se rige por la Nota Reversal 1992. Pero la empresa paraguaya no sabe cuánto finalmente está pagando, ya que ese documento no es reconocido en nuestro país, y así se genera otro inconveniente.
Por esas razones, el suministro de la binacional Yacyretá mermó considerablemente y hoy el 94% de toda su producción se destina al territorio argentino.
