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Anuncio de Trump de pausar por cinco días los ataques contra Irán desploma el petróleo más de un 10% y dispara las bolsas mundiales

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La publicación de Donald Trump en su plataforma Truth Social el lunes 23 de marzo desencadenó uno de los giros más abruptos en los mercados financieros globales en lo que va del año. El presidente de los Estados Unidos anunció que, en virtud de conversaciones «profundas, detalladas y constructivas» con el gobierno de Teherán en los últimos dos días, ordenó a sus fuerzas militares detener todos los ataques programados contra plantas de energía y otra infraestructura energética iraní durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso. La reacción fue inmediata y generalizada: el crudo Brent, referencia internacional, se desplomó desde un máximo intradía de 114,43 dólares hasta tocar los 96 dólares por barril en cuestión de minutos, mientras las principales bolsas europeas revertían pérdidas superiores al 2% para cotizar en terreno positivo.

El contexto de cuatro semanas de guerra y la mayor disrupción energética en la historia del mercado petrolero

El anuncio llega en el peor momento posible para la economía global. La guerra, iniciada el 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha atravesado varios puntos de inflexión dramáticos: la muerte del líder supremo iraní, el bombardeo de un importante yacimiento de gas, y ataques contra instalaciones de petróleo, gas y otra infraestructura civil en naciones árabes del Golfo. El conflicto, que ya cumple su cuarta semana, ha dejado más de 2.000 muertos y ha transformado radicalmente el mapa energético mundial.

La directora ejecutiva de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, calificó la guerra como responsable de la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial, una advertencia que resume con precisión la dimensión de la crisis. El estrecho de Ormuz, la vía marítima que transporta aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del planeta, permanece efectivamente cerrado al tráfico de países aliados de Washington, generando un déficit de suministro de magnitud sin precedentes recientes.

Los efectos se sienten en toda la cadena energética global. El Brent había alcanzado los 112 dólares por barril el viernes anterior, cerca de máximos no vistos en tres años y medio, mientras los precios de la gasolina en Estados Unidos se acercaban a un promedio nacional de 4 dólares por galón. Goldman Sachs advirtió que los precios elevados podrían sostenerse hasta 2027, y un alto funcionario de Naciones Unidas alertó sobre un efecto dominó que ya genera subidas exponenciales en los costos de petróleo, combustible y gas, con impacto severo en países en desarrollo de Asia y África.

La escalada previa al anuncio: ultimátums cruzados y amenazas de cierre total del Golfo

Las horas previas al giro diplomático habían sido las más tensas del conflicto. Trump había dado a Irán un ultimátum de 48 horas para reabrir totalmente el estrecho de Ormuz bajo amenaza de destruir su infraestructura energética, mientras Teherán respondía que cualquier ataque de ese tipo derivaría en agresiones contra activos energéticos de Estados Unidos e Israel en la región. El mismo lunes, Israel informó que había comenzado una ola de ataques a gran escala contra objetivos de infraestructura en Teherán, mientras Irán advertía que cualquier intento de atacar sus costas o islas derivaría en el minado masivo del golfo Pérsico, poniendo en riesgo no solo a buques militares sino a decenas de embarcaciones comerciales que esperaban cruzar el estrecho.

En ese contexto de máxima tensión, el petróleo abrió la jornada del lunes con una presión alcista pronunciada. El Brent escaló hasta 114,43 dólares durante la mañana, mientras los futuros de Wall Street registraban caídas del 0,7% en el S&P 500 y del 0,5% en el Dow Jones. Las bolsas europeas operaban con pérdidas superiores al 2%, y los mercados asiáticos habían cerrado con fuertes retrocesos: el Nikkei 225 de Japón perdió 3,5% para cerrar en 51.515,49 puntos, el Kospi de Corea del Sur se desplomó 6,5% hasta 5.405,75, y el Hang Seng de Hong Kong cedió 3,5% hasta 24.382,47.

El mercado reescribe su narrativa en menos de treinta minutos

En menos de media hora, las bolsas europeas pasaron de caer más de un 2% a repuntar con fuerza. El DAX alemán subió 2,25%, el CAC 40 francés avanzó 1,4%, el FTSE 100 británico ganó 0,59%, y el Ibex 35 español trepó 1,53% hasta los 16.962,21 puntos. Los precios del petróleo se desplomaron más del 14%, con el crudo Brent cayendo a 96 dólares por barril y el West Texas Intermediate retrocediendo a 84,37 dólares, tras haber superado los 113 y 101 dólares respectivamente durante la jornada.

La magnitud del movimiento es reveladora de la extrema sensibilidad de los mercados al conflicto. El oro, que durante la mañana había llegado a caer más del 7%, redujo pérdidas hasta un retroceso del 3%. El Bitcoin, que cotizaba prácticamente plano, subió 3,5% tras el anuncio. En el mercado de divisas, el euro se fortaleció frente al dólar, cotizando a 1,1526 dólares frente a los 1,1571 previos. Los futuros de Wall Street revirtieron su tendencia: tanto el S&P 500 como el Dow Jones se dispararon 2,6% antes de la campana de apertura.

Las medidas de contención previas: insuficientes ante la magnitud del déficit

Antes de la pausa anunciada el lunes, la administración Trump había desplegado una batería de medidas de emergencia para intentar contener el alza energética, con resultados limitados. El gobierno ya había acordado liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas junto a decenas de países, flexibilizó las sanciones sobre ciertos envíos de petróleo ruso durante 30 días, y levantó las sanciones sobre 140 millones de barriles de petróleo iraní ya cargados en buques. Sin embargo, los 140 millones de barriles equivalen apenas a un día y medio del consumo mundial, un volumen insuficiente para compensar el cierre del estrecho.

Expertos en energía señalaron que el gobierno se aproximaba a una decisión binaria: encontrar una forma de reabrir el estrecho de Ormuz o prepararse para una creciente cadena de consecuencias económicas dolorosas. Landon Derentz, exfuncionario de seguridad nacional y energía durante tres administraciones, resumió la situación con crudeza: «El matiz aquí es que no hay matiz. Nadie tiene una solución clara».

Las implicaciones para la política monetaria global

La crisis energética ha añadido una nueva capa de complejidad a las decisiones de los bancos centrales. Los analistas señalaron que la persistente escalada del petróleo frustró las expectativas de un pronto recorte de tasas por parte de la Reserva Federal: antes del inicio de la guerra, los operadores apostaban a que la Fed reduciría las tasas al menos dos veces en 2026. Los bancos centrales de Europa, Japón y el Reino Unido también mantuvieron recientemente sus tasas sin cambios, condicionados por la presión inflacionaria que genera el encarecimiento energético.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que la creciente incertidumbre añade un nuevo elemento a las perspectivas de inflación, confirmando que el conflicto ha desplazado los cálculos de la política monetaria global hacia un terreno de mayor cautela.

Una tregua frágil en un conflicto de final incierto

La reacción de los mercados, aunque poderosa, refleja sobre todo alivio ante una señal diplomática, no una resolución definitiva. La pausa anunciada por Trump queda explícitamente condicionada al avance de las negociaciones, lo que introduce un factor de volatilidad latente: cualquier ruptura en las conversaciones podría revertir de manera brusca los movimientos del día. Irán demostró durante el fin de semana que aún conserva capacidad letal cuando un misil se estrelló contra un edificio en la ciudad israelí de Arad, hiriendo al menos a 84 personas.

Ng Jing Wen, analista de Mizuho Bank en Singapur, apuntó que el conflicto sigue sin mostrar una salida estructural: el ultimátum previo de Trump y las advertencias de represalia de Irán configuran un escenario de disrupción energética sostenida y volatilidad de mercado elevada, sin una resolución a la vista. Otros analistas observaron que los mercados comenzaban a reaccionar de manera menos automática a cada declaración de Trump, orientando su atención hacia las acciones concretas de Irán y el impacto medible del alza energética sobre el crecimiento económico mundial.

La jornada del lunes ilustra con precisión los términos en que se desarrolla esta crisis: una guerra que lleva cuatro semanas reescribiendo los precios de la energía a nivel global, una diplomacia que avanza por destellos y retrocesos, y unos mercados que, en ausencia de certezas, se mueven al ritmo de cada publicación en las redes sociales del presidente de los Estados Unidos.

Ingresos de binacionales caen 40,6% en el primer bimestre de 2026 y obligan al MEF a reasignar recursos, mientras Yacyretá avanza en la ampliación de Aña Cuá

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El Estado paraguayo enfrenta un escenario de menor disponibilidad de recursos provenientes de las entidades binacionales en el arranque de 2026, al tiempo que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) registra avances concretos en las obras de ampliación que, según las proyecciones, añadirán unos 80 millones de dólares anuales de ingreso cuando estén operativas.

Caída generalizada de los ingresos fiscales en el bimestre enero-febrero

Los ingresos totales registrados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acumularon una contracción del 5,1% en el primer bimestre del año, impulsada por el deterioro tanto de la recaudación tributaria como de los ingresos no tributarios. Estos últimos experimentaron la caída más pronunciada, con una reducción acumulada del 16,1%, y constituyen el componente que mayor preocupación genera dentro de la cartera económica.

El MEF identifica dos factores principales que explican ese resultado: por un lado, la menor transferencia de recursos desde las entidades binacionales, asociada a un aumento del consumo interno de energía; por otro, el efecto de la apreciación cambiaria, que reduce en guaraníes el equivalente de los pagos pactados en dólares.

Binacionales transfirieron 40,6% menos que un año atrás

El rubro de ingresos provenientes de Itaipú y Yacyretá fue el de mayor impacto negativo en las cuentas fiscales del período. Según datos del MEF, al cierre de febrero de 2025 los recursos acumulados de las binacionales ascendían a G. 898.000 millones, cifra que se redujo a G. 533.000 millones en el mismo período de 2026, lo que representa una caída interanual del 40,6%.

En términos de divisas, los recursos totales ingresados desde las binacionales en el segundo mes de 2026 sumaron 46,7 millones de dólares, frente a los 113,6 millones registrados en febrero de 2025. El acumulado del primer bimestre de 2026 se ubicó en 81,07 millones de dólares, según consigna el Informe Financiero de la Tesorería del MEF.

Dentro de ese resultado, la cesión de energía eléctrica fue la variable de mayor variación negativa, con una retracción del 42,7% en el acumulado bimestral, mientras que los ingresos por royalties registraron una baja más moderada del 9,1% en el mismo período. En términos mensuales, el informe de la Tesorería precisa que los recursos de las binacionales en febrero de 2026 fueron inferiores en un 28,6% respecto al mes equivalente del ejercicio anterior.

El MEF activa mecanismos compensatorios para sostener programas sociales

La gerente de Economía del MEF, Nathalia Rodríguez Romero, explicó durante la presentación del Sistema de Información de la Situación Financiera del Estado (Situfin) que la caída de estos ingresos no implica necesariamente la suspensión de programas prioritarios, pero sí obliga a una reasignación del gasto hacia fuentes alternativas de financiamiento.

«Los ingresos binacionales vienen con los royalties y compensaciones. El segundo va a financiar programas como el de Hambre Cero. No obstante, cuando estos vienen en bajada, por ley estamos obligados a reponer ese mismo monto a través de Fuente 10 y garantizar el programa. Los programas puntuales que están garantizados por ley no tienen este efecto. Sin embargo, en el global del presupuesto obliga a que veamos otros gastos no prioritarios que sí pueden ser afectados», señaló la funcionaria.

Los recursos provenientes de las binacionales se destinan al financiamiento de programas sociales —entre ellos Hambre Cero—, infraestructura vial, salud, educación y transferencias a gobiernos municipales y departamentales. La presión sobre esas partidas obliga al Tesoro a compensar el faltante mediante la Fuente 10, lo que reduce el margen disponible para gastos de menor prioridad presupuestaria.

Las exportaciones de energía acusan la contracción, aunque el total exportado creció

El informe de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP) correspondiente a febrero de 2026 confirma la tendencia observada en las transferencias binacionales. Las exportaciones de energía eléctrica totalizaron 1.550,0 GWh en el primer bimestre del año, lo que representa una caída del 45,1% respecto al mismo período de 2025. El BCP atribuye esa contracción a un mayor consumo interno de electricidad y a una menor generación en el período.

En contraposición, las exportaciones totales del país mostraron un desempeño positivo: alcanzaron 2.718,6 millones de dólares a febrero de 2026, con un aumento del 1,4% en comparación con el mismo período del año anterior. Las exportaciones registradas —que representaron el 69,9% del total exportado— sumaron 1.899,8 millones de dólares, un 7,6% por encima del valor registrado en febrero de 2025, lo que sugiere que el deterioro energético no arrastró al conjunto de la balanza exportadora.

Yacyretá recibe componentes clave para las turbinas de Aña Cuá

En el plano de las inversiones de largo plazo, la EBY reportó la llegada de los tanques de presión del regulador hidráulico de velocidad destinados a las tres turbinas tipo Kaplan que integrarán la futura central hidroeléctrica del brazo Aña Cuá. Estos equipos, fabricados por la firma Voith Hydro Ltda., son descritos por la entidad como piezas esenciales del sistema de control de cada unidad generadora.

Cada uno de los tres tanques mide 9,5 metros de altura y 1,23 metros de diámetro interno, está construido con placas de acero al carbono-silicio de alta resistencia (SA-515 Grado 70) de 38 milímetros de espesor, y pesa aproximadamente 10,5 toneladas en vacío. Están diseñados para operar a una presión de 63 bar, almacenando el aceite presurizado que comanda la regulación de velocidad de cada turbina.

El sistema regulador se complementa con unidades hidráulicas, servomotores de rodete, sensores de velocidad de alta precisión, transductores de posición, tanques elevados y tanques de infiltración, con el objetivo de garantizar una respuesta inmediata ante las variaciones de la red eléctrica.

Obras con 37% de avance físico, primera turbina prevista para julio de 2028

El historial de las obras de Aña Cuá refleja una trayectoria compleja. Los trabajos se iniciaron a mediados de 2020 y, a comienzos de enero de 2024, el Consorcio Aña Cuá anunció su paralización temporal, alegando la crisis financiera que atravesaba Argentina y el encarecimiento sostenido de los materiales de construcción. La medida derivó en el despido de aproximadamente 1.200 obreros paraguayos y argentinos.

El reinicio de los trabajos se concretó el 13 de noviembre de 2024, con la participación del Consejo de Administración de la EBY y del equipo de la empresa responsable de la ejecución del proyecto civil. En ese momento, el avance físico registrado era del 37%.

El nuevo cronograma establece la puesta en funcionamiento de la primera turbina para julio de 2028, conforme a los acuerdos alcanzados entre Yacyretá y la contratista encargada de las obras civiles. Una vez completada, la ampliación incrementará en un 10% la capacidad de generación de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), lo que se traducirá en ingresos adicionales de unos 80 millones de dólares anuales para la entidad binacional, un alivio significativo para las finanzas públicas en un contexto de retracción de los recursos binacionales como el que atraviesa el país en el arranque de 2026.

Samsung rompe su récord histórico de inversión con 73.300 millones de dólares para liderar los semiconductores de inteligencia artificial

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Samsung Electronics planea destinar más de 110 billones de wones —equivalentes a 73.300 millones de dólares— a la expansión de capacidad de fabricación de chips y a investigación este año, comprometiendo un monto récord de capital en su ofensiva por liderar los semiconductores de inteligencia artificial. La cifra supone un incremento del 21,7% respecto a los 90,4 billones de wones invertidos en 2025 y marca la primera vez en la historia de la compañía que el gasto anual supera la barrera de los 100 billones de wones en un solo ejercicio fiscal.

El anuncio fue formalizado durante la junta general anual de accionistas celebrada en Seúl, donde la cúpula directiva presentó el plan más ambicioso de la historia de la corporación surcoreana. El desembolso total supera con amplitud los aproximadamente 50.000 millones de dólares que TSMC destinará este año a su propio gasto de capital, lo que convierte a Samsung en la compañía que más dinero compromete en semiconductores en un solo año a escala global.

El motor de la apuesta: la inteligencia artificial agéntica

Detrás de esta decisión de inversión sin precedentes hay un factor determinante: el auge acelerado de la inteligencia artificial, y en particular de sus variantes con capacidad de autonomía operativa. En la junta anual, el codirector ejecutivo Jun Young-hyun explicó que la expansión de la IA agéntica está generando un crecimiento exponencial en los pedidos de dos categorías de producto críticas: la memoria de alto ancho de banda —conocida por sus siglas en inglés, HBM— y el almacenamiento de grado servidor.

Esta dinámica obliga a los fabricantes de semiconductores a escalar su capacidad productiva a un ritmo que pocas veces se ha visto en la industria. El grueso de la inversión se destinará a la producción en masa de la memoria HBM4 de sexta generación, cuya llegada en 2026 marcará un cambio de paradigma, ya que por primera vez el componente base de la memoria se fabricará mediante procesos de fundición lógica avanzada. Esta innovación permitirá que la memoria se fusione directamente con las unidades de procesamiento gráfico de los clientes estratégicos, eliminando los cuellos de botella térmicos y de velocidad que hoy limitan el rendimiento de los grandes centros de datos.

El duelo con SK Hynix: recuperar el liderazgo en HBM

El contexto competitivo otorga una dimensión estratégica adicional a este gasto récord. Samsung eleva su inversión un 22% en 2026 con el objetivo de recuperar el liderazgo en chips de IA frente a SK Hynix, que se ha consolidado como el proveedor dominante de memoria de alto ancho de banda para Nvidia.

La memoria HBM4 de Samsung es la pieza central de esa reconquista. El chip alcanza velocidades de 13 gigabytes por segundo y un ancho de banda de 3,3 terabytes por segundo, superando los estándares actuales del mercado. La compañía ya firmó acuerdos de suministro con socios estratégicos, entre los que destaca un Memorando de Entendimiento con AMD para proveer HBM4 a la GPU Instinct MI455X. Al mismo tiempo, mantiene en curso su proceso de certificación con Nvidia para los aceleradores de última generación de esa compañía. Jensen Huang, presidente ejecutivo de Nvidia, confirmó recientemente que Samsung ya fabrica uno de sus nuevos chips de inferencia de IA —el Groq LP30—, que comenzará a enviarse en volumen durante el tercer trimestre de 2026.

Analistas consideraron las palabras de Huang como una señal de que la división de fundición de Samsung, que había acumulado pérdidas importantes en años recientes, podría estar encaminada hacia una recuperación.

Expansión de plantas y nuevos contratos a largo plazo

Samsung está mejorando la eficiencia en su planta P4 en el campus de Pyeongtaek, en Corea del Sur, en respuesta al aumento de la demanda de chips. Al mismo tiempo, construye nuevas instalaciones en su clúster de semiconductores en Yongin, también en Corea del Sur, mientras su fábrica en Taylor, Texas, se prepara para estar operativa a finales de este año, con producción en masa prevista para 2027.

En paralelo, la empresa está evaluando un cambio en su modelo de contratos de memoria, pasando de acuerdos trimestrales o anuales a contratos de entre tres y cinco años, con el objetivo de reducir la volatilidad cíclica de su negocio de semiconductores.

Samsung también intensificará el desarrollo de chips de 2 nanómetros con el proceso SF2P, una tecnología basada en la arquitectura de transistores Gate-All-Around de tercera generación diseñada para maximizar el rendimiento en tareas críticas de inteligencia artificial.

Diversificación corporativa: robótica, medicina, automoción y climatización

Más allá de los semiconductores, el plan revela una estrategia de diversificación que busca reducir la dependencia de los ciclos del mercado de chips. El gigante tecnológico surcoreano ha expresado su disposición a impulsar fusiones y adquisiciones de envergadura en sectores con fuerte potencial de expansión futura, como la robótica avanzada, la tecnología médica, la electrónica automotriz y los sistemas de climatización. El año pasado, la compañía ya adquirió FläktGroup, un proveedor europeo líder en soluciones de aire acondicionado cuyos productos se utilizan en centros de datos.

Esta diversificación responde a una visión de largo plazo: construir motores de crecimiento que operen con independencia de los vaivenes del mercado de memoria, dotando a la corporación de mayor resiliencia estructural frente a los ciclos bajistas que históricamente han golpeado al sector.

Resultados financieros que respaldan la ofensiva

La solidez de las cuentas corporativas otorga credibilidad a la magnitud del plan. Samsung cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 44,3 billones de wones —equivalentes a 25.850 millones de dólares—, un crecimiento del 31,8% respecto al año anterior. El resultado operativo alcanzó 43,6 billones de wones, un avance del 33,3%, mientras que la facturación total del grupo ascendió a 333,6 billones de wones, con un incremento del 10,9%.

Asimismo, la compañía confirmó que destinará 9,8 billones de wones en dividendos regulares a sus accionistas durante 2026, combinando así el retorno al inversor con la inversión más agresiva de su historia empresarial.

Una apuesta que redefine el tablero global de los semiconductores

La magnitud del desembolso reposiciona a Samsung como actor central en la carrera por dominar la infraestructura tecnológica de la inteligencia artificial. La combinación de inversión récord en fabricación e investigación, el lanzamiento comercial del HBM4, los acuerdos con AMD y Nvidia, la búsqueda de adquisiciones estratégicas en sectores de alto crecimiento y el retorno sostenido al accionista configura el plan más ambicioso que la compañía ha trazado en toda su historia.

El éxito de esta estrategia dependerá, en buena medida, de cuán rápido logre Samsung completar la certificación de su memoria HBM4 con los grandes clientes de IA y de si su división de fundición consigue recuperar la confianza del mercado tras años de resultados decepcionantes. Lo que está claro es que la compañía surcoreana no planea quedarse al margen de la transformación más profunda que ha vivido la industria tecnológica en décadas.

Unilever y McCormick negocian una operación de hasta 31.000 millones de euros que redefiniría el mapa global de la industria de bienes de consumo

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Unilever Plc confirmó que recibió una oferta formal del fabricante de especias y condimentos McCormick & Company para adquirir su entera división de alimentos, un portafolio valorado por Barclays en entre 28.000 y 31.000 millones de euros (entre 32.400 y 35.860 millones de dólares). La operación, si se concretara, implicaría la transferencia de marcas icónicas como la mayonesa Hellmann’s y las sopas y especias Knorr, y representaría uno de los mayores movimientos de consolidación en la industria global de bienes de consumo en los últimos años. Ambas compañías reconocieron estar en conversaciones activas, aunque subrayaron que no existe garantía de que se alcance un acuerdo, ni certeza sobre sus términos o plazos.

Una apuesta estratégica por la belleza frente a los alimentos

La posible desinversión responde a una reorientación estratégica liderada por Fernando Fernández, quien asumió la dirección ejecutiva de Unilever hace un año. Fernández ha definido la belleza, el cuidado personal y el bienestar como los ejes del crecimiento futuro de la compañía, con el objetivo de que, a mediano plazo, dos tercios de la facturación provengan de marcas como el jabón Dove, los sobres de hidratación Liquid IV y los productos para el cuidado de la piel Dermalogica. Actualmente, ese tipo de productos representa apenas la mitad de los ingresos del grupo.

Las negociaciones con McCormick no surgieron de forma aislada. Con anterioridad, Unilever había explorado sin éxito una posible fusión de sus activos alimentarios con el negocio de condimentos de Kraft Heinz, operación que no prosperó. Esta secuencia de movimientos refleja la determinación de la dirección de Unilever por acelerar la salida del segmento de alimentos, independientemente del camino que finalmente tome esa desinversión.

Con esta operación, Unilever aspiraría a posicionarse en la categoría de las grandes corporaciones especializadas en consumo personal, a la altura de L’Oréal, Beiersdorf y Estée Lauder, alejándose definitivamente de la competencia directa con gigantes alimentarios como Kraft Heinz, Nestlé y PepsiCo, con quienes lleva casi un siglo compitiendo.

Las marcas en juego: Hellmann’s, Knorr y un extenso portafolio local

La división de alimentos de Unilever registró ingresos anuales de 12.930 millones de euros (equivalentes a 14.960 millones de dólares) y un beneficio neto de 2.750 millones de euros en su último ejercicio. Sus dos marcas principales son Hellmann’s, con posiciones de liderazgo en mercados clave como Estados Unidos y Brasil, y Knorr, la segunda marca más vendida de todo el grupo corporativo, solo superada por Dove.

El portafolio incluye además una extensa lista de marcas de alcance más local o regional: la mostaza Colman’s en el Reino Unido, la mayonesa Amora en Francia, las mermeladas Kissan en India, el extracto de carne Bovril, la crema para untar Marmite y la mostaza Maille. Unilever ya había destinado entre 1.000 y 1.500 millones de euros a la venta de marcas alimentarias menores, en una estrategia de depuración del portafolio que redujo el surtido de productos en un 25% desde 2019.

McCormick: un comprador con músculo y experiencia en adquisiciones

Del lado comprador, McCormick & Company es un actor global en el segmento de salsas, especias y condimentos, con presencia en más de 170 países y una facturación anual de aproximadamente 6.840 millones de dólares, junto a un beneficio anual de 1.070 millones de dólares. La empresa opera a través de dos segmentos: soluciones para el consumidor y soluciones de sabor para la industria de restauración. El 61% de su facturación proviene del mercado de gran consumo, y el 39% restante del canal institucional.

Entre sus marcas más reconocidas figuran Ducros, Cholula Hot Sauce, French’s Mustard, Frank’s RedHot y Stubb’s. Su valor de empresa asciende a 14.510 millones de dólares, según datos de LSEG, lo que hace de esta operación, si se concretara, una adquisición de proporciones históricas que más que duplicaría su tamaño actual.

McCormick no es un actor sin experiencia en grandes movimientos corporativos: en 2017 adquirió la unidad de alimentos de Reckitt Benckiser, y en 2020 incorporó a su portafolio la marca Cholula Hot Sauce. También intentó, hace una década, comprar la británica Premier Foods —propietaria de marcas como Mr Kipling y la salsa Bisto—, operación que fue rechazada por considerar que la oferta infravaloraba a la empresa.

Un sector alimentario bajo presión estructural

La posible venta se produce en un contexto de creciente tensión para las grandes corporaciones de alimentos empaquetados. Empresas como Unilever y su rival Nestlé enfrentan un entorno complejo, donde los consumidores con menor liquidez recurren a marcas blancas más económicas y reducen el gasto en productos de marca. A ello se suma el impacto creciente de los medicamentos para adelgazar basados en agonistas del receptor GLP-1, que llevan a los compradores a consumir menos en general o a optar por alternativas menos calóricas, erosionando volúmenes de venta en varias categorías.

En contraste, el sector de la belleza y el cuidado personal mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido. Tanto consumidores jóvenes como de mayor edad destinan recursos crecientes a rutinas de cuidado de la piel de múltiples pasos, fragancias y productos de bienestar, lo que convierte ese segmento en un destino atractivo para la inversión corporativa a largo plazo.

Una desinversión con antecedentes dentro del propio grupo

La posible venta no sería la primera vez que Unilever desprende activos alimentarios. En la última década, la multinacional transfirió su división global de pastas para untar —que incluía la marca I Can’t Believe It’s Not Butter!— y vendió más recientemente la marca de aperitivos Graze y el fabricante de proteína vegetal The Vegetarian Butcher. Asimismo, escindió su negocio de helados para crear Magnum Ice Cream Co. (MICC), en la que conserva una participación de casi el 20%, con planes de desinvertir esa posición en los próximos años.

El activismo accionarial también jugó un papel en esta reorientación: en 2022, el inversor Nelson Peltz reveló una participación significativa en Unilever y presionó abiertamente por una racionalización de las operaciones de la unidad de alimentos, sembrando las bases de la transformación estratégica en curso.

Postura de ambas compañías: confirmación con cautela

En sus comunicaciones públicas, tanto Unilever como McCormick adoptaron una postura de transparencia controlada. Unilever reconoció haber recibido la oferta, destacó el sólido perfil financiero de su división alimentaria y expresó confianza en su futuro, ya sea como parte del grupo o en el marco de una eventual transición. McCormick, por su parte, confirmó la existencia de las conversaciones y señaló que se encuentra evaluando la adquisición, sin comprometerse a plazos ni condiciones.

Heiko Schipper, presidente del grupo de negocios de alimentos de Unilever, y Brendan Foley, consejero delegado de McCormick, son los principales ejecutivos al frente de sus respectivas posiciones en esta negociación. Ambas empresas coincidieron en instar a no especular sobre los términos del eventual acuerdo mientras el proceso de análisis y deliberación continúa sin un calendario definido. Analistas del sector estiman que, de mantenerse el ritmo actual de las conversaciones, un acuerdo podría cerrarse en cuestión de semanas.

Reservas del IPS alcanzan G. 19,9 billones y depósitos públicos totales en guaraníes crecen 6,7% al inicio de 2026

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El Instituto de Previsión Social (IPS) cerró el ejercicio 2025 con un portafolio total de inversiones valorado en G. 19,9 billones, resultado de un crecimiento acumulado del 5% en los últimos cinco años. En paralelo, los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) correspondientes al primer bimestre de 2026 muestran que los depósitos públicos en guaraníes ascendieron a G. 18 billones, con un incremento interanual de aproximadamente G. 1,135 billones respecto al mismo período de 2025. Ambos registros describen un sistema financiero con mayor presencia de recursos institucionales y una recomposición activa en la estructura de sus tenedores.

Estrategia conservadora en la administración de reservas del FCJP

El Informe de Gestión de la Dirección de Inversiones del IPS correspondiente a 2025 detalla los criterios aplicados en la administración de las reservas técnicas del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones (FCJP). Según el documento, la estrategia se articuló en torno a tres ejes: seguridad, diversificación y mantenimiento de alta calidad crediticia en los activos que integran el portafolio.

En el marco de esa orientación, cerca del 70% de las inversiones se concentró, al cierre del año, en activos con calificación AAA. Los instrumentos con calificación AA elevaron su participación del 41,5% al 51,1% entre 2024 y 2025, lo que refleja una migración deliberada hacia posiciones de menor riesgo. En sentido contrario, los activos con calificación A retrocedieron del 13,0% al 4,6%, contribuyendo a reducir la exposición global al riesgo del portafolio.

Un 26,6% del total corresponde a activos sin calificación tradicional, categoría que incluye préstamos otorgados a afiliados y activos de naturaleza inmobiliaria. Para este segmento, la institución reforzó los controles sobre vencimientos de garantías y el seguimiento de procesos judiciales, con el propósito de asegurar la recuperación de activos y minimizar eventuales pérdidas.

La Dirección de Inversiones opera conforme a los límites establecidos en la Ley N.° 7235/2023 y el Programa Anual de Inversiones (PAI) 2025, aplicando criterios de diversificación y atomización del riesgo para preservar las reservas técnicas del sistema previsional.

El IPS como actor institucional en el sistema bancario

Respecto a la presencia del FCJP en el mercado financiero local, el IPS señala que los depósitos y colocaciones del fondo representan el 6,78% del total de depósitos y valores emitidos en el sistema financiero paraguayo al cierre de 2025. La institución califica esa proporción como prudencial, en línea con su rol como uno de los principales inversores institucionales del país.

Las decisiones de inversión se rigen por principios de seguridad, liquidez y rentabilidad, priorizando activos de alta calidad disponibles en el mercado local y externo. El portafolio está compuesto por activos en moneda local y extranjera, y su tendencia positiva sostenida en el último quinquenio respalda la evaluación favorable sobre la gestión de las reservas previsionales.

Depósitos públicos en guaraníes crecen impulsados por la Administración Central

En el ámbito más amplio de los recursos públicos depositados en el sistema financiero, los datos del MEF para el primer bimestre de 2026 registran un total de G. 18 billones en depósitos en guaraníes, frente a los G. 16,865 billones del mismo período de 2025. El crecimiento interanual fue de aproximadamente G. 1,135 billones, equivalente al 6,7%.

El principal componente sigue siendo el de los Fondos de Seguridad Social, que concentraron G. 10,387 billones, equivalentes al 57,7% del total. Sin embargo, esa participación cayó respecto al 62,4% registrado en el primer bimestre de 2025, señal de una redistribución progresiva en la composición de los depósitos públicos.

El cambio más pronunciado correspondió a la Administración Central, cuya participación ascendió del 16,5% al 22,8%, alcanzando G. 4,097 billones. Ese incremento sugiere una mayor acumulación transitoria de liquidez por parte del Gobierno Central, posiblemente vinculada a una ejecución presupuestaria más activa o a factores estacionales del ciclo fiscal.

Los Entes Autónomos mantuvieron una participación prácticamente estable, que pasó del 6,5% al 6,4%, mientras que las Empresas Públicas registraron una leve baja relativa, del 5,0% al 4,9%, aunque con un ligero aumento en los montos absolutos. Municipios y Gobernaciones participaron con alrededor del 4,2% y 0,9% del total, respectivamente. Las Entidades Financieras y Empresas Mixtas mantuvieron incidencias marginales, inferiores al 1% del total agregado.

Fuerte expansión de depósitos públicos en dólares y reconfiguración de tenedores

El comportamiento de los depósitos en moneda extranjera presenta una variación de mayor magnitud. El total en dólares pasó de US$ 363,9 millones en el primer bimestre de 2025 a US$ 1.042,2 millones en el mismo período de 2026, más que triplicando el nivel previo en términos absolutos.

La principal explicación de ese salto radica en el desempeño de los Otros Organismos del Estado (OEE), cuya participación en el total en dólares se disparó del 17,4% al 59,6%, acumulando US$ 621,1 millones. Las Empresas Públicas también incrementaron sus depósitos en moneda extranjera en términos absolutos, aunque su peso relativo retrocedió del 45,2% al 25,9% como consecuencia del crecimiento más acelerado de otros segmentos.

Las Entidades Públicas de Seguridad Social, por su parte, elevaron sus recursos de US$ 133,8 millones a US$ 145,7 millones, pero redujeron su participación del 36,8% al 14,0%, reflejando una reasignación de portafolios hacia otros instrumentos o divisas. Los Entes Autónomos sostuvieron una presencia marginal en ambos períodos.

Liquidez pública con rol más activo en el sistema financiero local

El conjunto de los datos analizados describe un sistema financiero en el que los recursos institucionales y públicos adquieren una relevancia creciente. La expansión de los depósitos en guaraníes, la mayor participación de la Administración Central y la irrupción de organismos estatales en el segmento en dólares configuran un escenario de mayor dinamismo en la gestión de la liquidez pública.

En ese contexto, la estrategia conservadora del IPS —orientada a preservar las reservas del sistema previsional mediante activos de alta calidad y límites prudenciales de exposición— contrasta con la mayor volatilidad observada en la composición de los depósitos del resto del sector público. La evolución de ambos frentes durante el resto de 2026 será determinante para evaluar la solidez de la posición financiera del Estado paraguayo dentro del sistema bancario nacional.

Guerra en Oriente Medio paraliza exportaciones automotrices japonesas, dispara el precio del aluminio y reordena las cadenas de suministro globales

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La automotriz japonesa Nissan anunció una reducción de 1.200 unidades en su producción mensual en la planta de Kyushu, Japón, como consecuencia directa del excedente de inventario generado por la caída de exportaciones hacia Oriente Medio. La decisión se enmarca en una respuesta sectorial más amplia a las perturbaciones logísticas derivadas del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, que ha comprometido las rutas marítimas por el Estrecho de Ormuz, interrumpido el suministro de aluminio desde el Golfo Pérsico y puesto en alerta a fabricantes de todo el mundo sobre el alcance económico de una guerra que desborda los límites de la geopolítica para instalarse en el corazón de las cadenas productivas globales.

Inventario sin destino: el detonante de la decisión de Nissan

El recorte productivo de Nissan no responde a una crisis de demanda estructural, sino a un problema concreto y medible: los vehículos fabricados con destino a los mercados árabes ya no pueden ser despachados con normalidad. El conflicto entre Washington y Teherán ha generado una serie de obstáculos logísticos que afectan directamente el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, corredor por el que circulan diariamente más de 20 millones de barriles de crudo y volúmenes significativos de carga comercial, incluidos automóviles y autopartes. Ante la imposibilidad de distribuir la producción con la fluidez habitual, el exceso de stock se acumula en las instalaciones de la compañía, lo que obliga a reducir el ritmo de fabricación para evitar costos insostenibles de almacenamiento y gestión logística.

La empresa confirmó que está «realizando los ajustes necesarios» tanto en producción como en sus esquemas logísticos, sin precisar por cuánto tiempo se mantendrán las restricciones. Esta cautela comunicacional refleja una incertidumbre más profunda: nadie en el sector puede anticipar con certeza cuánto se prolongará el conflicto ni cuáles serán sus consecuencias comerciales definitivas.

Toyota, Hyundai y Chery ante el colapso del mercado árabe

Nissan no enfrenta este escenario en soledad. Toyota, el mayor fabricante japonés del mundo y líder indiscutido del mercado automotriz en Oriente Medio con una participación del 17%, tomó la misma dirección a principios de marzo al reducir su producción en 40.000 unidades entre ese mes y abril, afectando específicamente a los modelos ensamblados con destino a esa región. La magnitud del recorte de Toyota, notablemente superior al de Nissan, ilustra la escala del problema para las firmas con mayor exposición al mercado árabe.

El análisis elaborado por la firma de inversión Bernstein identifica a tres grupos como los más vulnerables a la prolongación del conflicto: el japonés Toyota, el surcoreano Hyundai Motor —propietario de las marcas Hyundai, Kia y Genesis— y el chino Chery. Según Bernstein, estas tres compañías concentran la mayor parte de las ventas de vehículos en Oriente Medio. Hyundai acumula una participación del 10% del mercado regional, mientras que Chery detenta el 5%. En el mercado iraní específicamente, las marcas locales Iran Khodro y SAIPA dominan el panorama, pero Chery figura en el tercer puesto con un 6% de participación, lo que la convierte en la firma extranjera con mayor presencia en un país que es, precisamente, el centro del conflicto.

Por el momento, las casas matrices de Toyota, Hyundai y Chery no han emitido declaraciones públicas sobre el impacto potencial en sus operaciones. La estrategia de silencio contrasta con la urgencia que el sector comienza a percibir.

El Estrecho de Ormuz y su poder de disrupción global

Pocos accidentes geográficos concentran tanto poder de disrupción como el Estrecho de Ormuz, enclavado entre las costas de Irán y Omán. Por ese corredor de apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto transita aproximadamente el 20% del comercio mundial de crudo, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, además de cantidades considerables de gas natural licuado, mercancías manufacturadas y, en tiempos normales, componentes y vehículos terminados con destino a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros mercados del Golfo.

La analista Eunice Lee, de Bernstein, advirtió a inversores que el cierre del estrecho añade entre 10 y 14 días a los tiempos de tránsito, y que un conflicto prolongado perjudicaría las ventas, aumentaría los costes logísticos y retrasaría las entregas. Estas proyecciones no son meramente teóricas: cualquier retraso de esa magnitud implica un aumento inmediato de los costos financieros asociados al inventario en tránsito, una mayor presión sobre los márgenes de los distribuidores locales y una reducción en la capacidad de respuesta de los fabricantes ante cambios en la demanda.

El impacto se extiende también hacia los proveedores de autopartes. Cuando una empresa de la dimensión de Toyota o Nissan modifica su producción, la onda expansiva recorre toda la cadena de suministro. Los proveedores de primera y segunda línea, muchos de ellos con márgenes estrechos y capacidad limitada para absorber fluctuaciones bruscas en los pedidos, quedan expuestos a periodos de sobreinventario seguidos por escasez de componentes, lo que complica aún más la planificación industrial del sector en su conjunto.

La escasez de aluminio del Golfo empuja a Japón hacia Rusia

Uno de los efectos menos visibles pero igualmente disruptivos del conflicto es la interrupción del suministro de aluminio proveniente del Golfo Pérsico. La región representa cerca del 10% de la producción mundial de este metal, esencial para la fabricación de componentes automotrices como rines, bloques de motor y culatas de cilindro. Empresas como Emirates Global Aluminium y Aluminium Bahrain han sido históricamente proveedores de primer nivel para las industrias automotrices de Japón y Corea del Sur.

Sin embargo, el deterioro de la situación en el Estrecho de Ormuz ha alterado esta dinámica con rapidez. Aluminium Bahrain declaró fuerza mayor, mientras que Emirates Global Aluminium retrasó algunos embarques. Rio Tinto Group, otro proveedor relevante, suspendió negociaciones con clientes japoneses para el segundo trimestre y retiró una oferta inicial que incluía una prima de 250 dólares por tonelada, señal clara de que el mercado está recalibrando sus expectativas de precio y disponibilidad.

En este contexto, según información de Bloomberg, varios fabricantes japoneses de autopartes iniciaron conversaciones con la compañía rusa United Company Rusal para asegurar el suministro de aleaciones primarias de fundición. El giro es políticamente significativo: tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, muchas empresas japonesas habían optado voluntariamente por excluir el aluminio ruso de sus cadenas de compra, aun sin que mediara una prohibición formal. La escasez impuesta por el conflicto en Oriente Medio está redefiniendo esas decisiones. Fuentes cercanas al proceso indicaron que algunos acuerdos podrían cerrarse en el corto plazo, y que los productores rusos probablemente exigirán contratos de largo plazo como condición para garantizar el suministro.

La presión sobre los precios ya es visible: en lo corrido del mes, el aluminio alcanzó su nivel más alto en casi cuatro años, impulsado por el temor a una reducción sostenida del suministro global. Corea del Sur, por su parte, ya venía absorbiendo volúmenes crecientes de aluminio ruso, con importaciones anuales cercanas a las 500.000 toneladas, lo que la posiciona como un actor relevante en el reacomodo comercial que el conflicto está acelerando.

Stellantis, la firma occidental más expuesta al conflicto

El conflicto no afecta únicamente a los fabricantes asiáticos. El análisis de Bernstein señala que Stellantis, grupo propietario de marcas como Chrysler y Jeep, podría ser uno de los fabricantes occidentales más expuestos a las consecuencias de la guerra. La firma de inversión apuntó que el aumento del precio de la gasolina ya se refleja en la caída del 11% en el precio de las acciones de Stellantis desde el cierre del viernes anterior, y advirtió que el giro hacia motores HEMI V8 de alto consumo y el abandono de sus esfuerzos de electrificación resultan particularmente desventajosos en el contexto actual.

Stellantis declaró que monitorea de cerca los acontecimientos en los países afectados y reconoció que por el momento no es posible evaluar completamente el impacto potencial en sus operaciones locales. La cautela de la empresa contrasta con la exposición que el mercado ya le está asignando a través de la cotización de sus acciones.

Una guerra cuyo desenlace condicionará la producción automotriz mundial

El análisis de escenarios elaborado por S&P Global advierte que el alcance definitivo de la perturbación dependerá en gran medida de la duración del conflicto. Si bien Irán no es un gran exportador de automóviles —su producción ronda 1,1 millones de vehículos anuales destinados principalmente al mercado interno—, una guerra prolongada podría generar fluctuaciones monetarias, costos de transporte más elevados y una mayor sensibilidad de los consumidores frente al precio de los vehículos en toda la región.

Directivos de compañías automotrices desde Estados Unidos hasta Asia están revisando sus previsiones de producción y ventas ante la volatilidad de los mercados energéticos. El aumento del precio del petróleo y los retrasos en las rutas comerciales podrían elevar los costos de fabricación y distribución de vehículos a escala global, con consecuencias que trascienden la región en conflicto.

Lo que los ajustes de producción de Nissan y Toyota, la crisis del aluminio en el Golfo y la revisión forzada de alianzas de suministro dejan en evidencia es que la guerra en Oriente Medio ya no es un evento distante para la industria automotriz: es una variable activa dentro de sus modelos de planificación, y su resolución —o prolongación— determinará en buena medida el ritmo de producción, los costos logísticos y la rentabilidad del sector durante los próximos meses.

No pagar no reduce el déficit: el espejismo fiscal que debilita al Estado

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En los últimos tiempos se ha instalado, de manera preocupante, una idea que distorsiona la comprensión de las finanzas públicas: que postergar pagos a contratistas permite «cuidar» el déficit fiscal. Esta afirmación, aunque políticamente conveniente en el corto plazo, constituye un error conceptual profundo desde el punto de vista técnico, contable, económico y jurídico. Sus consecuencias no solo comprometen la transparencia fiscal, sino que debilitan la credibilidad del Estado y encarecen el desarrollo del país.

El punto de partida para desmontar este argumento es técnico. Conforme al Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001 del Fondo Monetario Internacional (FMI) —estándar internacional adoptado para el análisis fiscal—, el déficit no se calcula en función de los pagos realizados, sino bajo el criterio devengado. Esto implica que los gastos se reconocen en el momento en que se genera la obligación económica —cuando una obra es ejecutada y certificada, por ejemplo— y no cuando se efectúa el pago. En consecuencia, cuando el Estado recibe una obra pública, el gasto ya ocurrió, el activo ya fue incorporado y el déficit ya se generó. El pago posterior no altera ese resultado; simplemente refleja cómo se financia o cancela una obligación previamente asumida.

El error conceptual radica en confundir el resultado fiscal con la disponibilidad de caja. El propio marco del FMI distingue con claridad entre el resultado fiscal —que mide el desempeño económico del sector público— y el superávit o déficit de efectivo, que refleja únicamente flujos de liquidez. No pagar puede mejorar transitoriamente la caja, pero no modifica el déficit real. En términos contables, el Estado reemplaza una obligación pagada por una obligación pendiente, transformando gasto en deuda flotante o cuentas por pagar. Se trata, en esencia, de un financiamiento implícito, más opaco y, con frecuencia, más costoso.

Desde el punto de vista contable, esta práctica deteriora la calidad de la información fiscal. El déficit no desaparece: se oculta. Se traslada hacia el balance del Estado en forma de pasivos no cancelados, generando atrasos que distorsionan los indicadores fiscales y dificultan la toma de decisiones. En términos técnicos, el Estado no reduce su desequilibrio fiscal sino que cambia su composición, sustituyendo deuda formal por deuda informal. Este tipo de prácticas fue precisamente uno de los problemas que el MEFP 2001 buscó corregir al introducir el enfoque devengado y un sistema integrado de flujos y saldos.

El problema, sin embargo, no se limita a lo técnico. En Paraguay, la Ley de Administración Financiera (Ley 1535/99) establece la obligación de registrar y cumplir los compromisos asumidos por el Estado. Asimismo, la Ley de Contrataciones Públicas (Ley 7021/22) protege el equilibrio contractual y el derecho del contratista a percibir el pago por los bienes y servicios efectivamente prestados. Cuando el Estado no paga, no está administrando caja, sino incumpliendo obligaciones legales. En el caso de contratos financiados por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el incumplimiento adquiere una dimensión adicional, dado que se rige por convenios internacionales que incorporan cláusulas estrictas de ejecución y pago. Esto expone al país a reclamos administrativos, litigios, arbitrajes internacionales y al pago de intereses moratorios y compensaciones, encareciendo significativamente el costo final de las obras.

Las consecuencias económicas de esta práctica son igualmente profundas y, en muchos casos, irreversibles. Las empresas, anticipando el riesgo de impago, incorporan primas de riesgo en sus ofertas, lo que encarece los proyectos para el Estado. Al mismo tiempo, se desalienta la participación de empresas serias y solventes, reduciendo la competencia y afectando la calidad de la ejecución. La ralentización o parálisis de proyectos genera retrasos en infraestructura clave para el desarrollo económico y social, mientras que el deterioro de la credibilidad del país ante los organismos financieros internacionales puede traducirse en demoras en desembolsos, condiciones más exigentes o restricciones en el acceso a financiamiento futuro.

Más grave aún es el efecto sobre la transparencia fiscal. Al no registrar adecuadamente las obligaciones devengadas o al diferir sistemáticamente los pagos, se genera un déficit oculto que no se refleja plenamente en los indicadores tradicionales. Esto impide una evaluación real de la situación fiscal y debilita los mecanismos de control y rendición de cuentas, comprometiendo la calidad institucional del Estado. Los países con sistemas sólidos no recurren a artificios de caja para mostrar resultados aparentes; reconocen sus obligaciones cuando ocurren, transparentan su situación fiscal y gestionan su financiamiento de manera responsable. No pagar no es disciplina fiscal: es una señal de fragilidad institucional.

Postergar pagos a contratistas no reduce el déficit fiscal. Lo transforma en deuda más costosa, menos transparente y jurídicamente más riesgosa. Es un espejismo que puede ofrecer alivio momentáneo, pero que termina agravando el problema. Un Estado serio no administra sus finanzas dejando de pagar, sino honrando sus compromisos, respetando la ley y actuando con responsabilidad frente a la economía y la sociedad.

La deuda de Estados Unidos supera por primera vez los 39 billones de dólares en medio de la guerra contra Irán, déficits crecientes y advertencias sobre un colapso fiscal

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La deuda pública de Estados Unidos superó el miércoles la barrera histórica de los 39 billones de dólares, alcanzando según el sitio U.S. Debt Clock una cifra exacta de 39.004.693.266.993 dólares. El hito llega en un momento particularmente delicado: apenas semanas después del inicio del conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya acumula costos militares superiores a los 12.000 millones de dólares según estimaciones del asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett. El Departamento del Tesoro no respondió a solicitudes de comentarios sobre el registro histórico.

La magnitud del número cobra mayor dimensión cuando se observa la velocidad de su acumulación. La deuda alcanzó 37 billones de dólares hace siete meses, 38 billones cinco meses atrás, y ahora supera los 39 billones, lo que refleja un ritmo de endeudamiento de aproximadamente un billón de dólares cada dos meses. A ese ritmo, Michael Peterson, director general de la Peter G. Peterson Foundation, organización sin fines de lucro dedicada a visibilizar los desafíos fiscales estructurales del país, advirtió que la deuda superará los 40 billones antes de las próximas elecciones de noviembre.

El peso de la guerra: más de 12.000 millones en semanas

El conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra la infraestructura militar iraní, se convirtió rápidamente en un factor de aceleración del endeudamiento. Irán respondió en cuestión de días con ofensivas masivas de misiles y drones, el conflicto se extendió regionalmente y el cierre del estrecho de Ormuz alteró los flujos energéticos mundiales. Las estimaciones del Pentágono señalan que solo los primeros seis días de operaciones costaron más de 11.300 millones de dólares. Hassett calculó el domingo que el costo total ya supera los 12.000 millones, sin que exista claridad sobre cuándo concluirá el conflicto.

Este gasto bélico se suma a una base fiscal ya tensionada. El gasto total del gobierno federal en el año fiscal 2025 ascendió a 7,01 billones de dólares frente a ingresos de 5,23 billones, generando un déficit de 1,78 billones de dólares. U.S. Debt Clock registra el déficit presupuestario federal actual en aproximadamente 1,69 billones de dólares, con un gasto total que supera los 7,10 billones.

Una deuda con nombre y apellido: 113.607 dólares por ciudadano

Los datos del U.S. Debt Clock desagregan la deuda de una manera que personaliza su impacto: cada ciudadano estadounidense carga con 113.607 dólares de deuda pública, cifra que escala a 357.068 dólares por contribuyente. Los ingresos por aranceles se ubican cerca de los 353.000 millones de dólares, una cifra que ilustra la brecha estructural entre lo que el gobierno recauda y lo que gasta.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) enumera los efectos concretos sobre los ciudadanos: mayores costos del crédito para hipotecas y vehículos, salarios más bajos porque las empresas disponen de menos capital para invertir, y bienes y servicios más caros. A largo plazo, los defensores del equilibrio presupuestario advierten que la tendencia de pedir prestado más y pagar más intereses obligará a enfrentar decisiones fiscales cada vez más dolorosas.

El costo de financiar la deuda: los intereses ya superan el billón de dólares

Uno de los cambios más estructurales y preocupantes del panorama fiscal estadounidense es la aceleración en el costo del propio endeudamiento. La deuda emitida durante los años de tasas de interés bajas está siendo sustituida progresivamente por valores de mayor rendimiento, lo que ha llevado los pagos anuales de intereses a superar por primera vez el billón de dólares. Esta dinámica convierte el servicio de la deuda en una prioridad presupuestaria central y genera un círculo vicioso: el gobierno necesita endeudarse cada vez más para cumplir con obligaciones ya contraídas, lo que a su vez incrementa los costos futuros.

Las asignaciones para defensa se aproximan al billón de dólares anuales, mientras que la financiación de iniciativas fronterizas y de seguridad sigue expandiéndose. Al mismo tiempo, el envejecimiento de la población eleva estructuralmente los costos de la Seguridad Social y Medicare, programas que ya representan una porción dominante del presupuesto federal. Los ajustes por inflación de años anteriores han elevado de manera permanente los niveles de prestaciones, dificultando cualquier intento de reducción del gasto sin un impacto político significativo.

La advertencia de Schiff: 50 billones antes de que Trump deje el cargo

El economista y analista financiero Peter Schiff lanzó el 18 de marzo una de las advertencias más contundentes sobre la trayectoria de la deuda. En su cuenta de X señaló que la deuda nacional aumentó 2,8 billones de dólares desde que Donald Trump asumió la presidencia hace 14 meses, y proyectó que, si persisten las condiciones actuales —incluyendo los costos de la guerra, el alza de tasas y una posible recesión—, la deuda nacional podría alcanzar los 50 billones de dólares antes de que Trump abandone el cargo el 20 de enero de 2029.

Esa proyección implicaría un aumento de aproximadamente 11 billones de dólares en menos de tres años, lo que requeriría una aceleración significativamente mayor al ritmo reciente de 2,8 billones en 14 meses. Para materializarse, los déficits tendrían que agravarse considerablemente, los costos de los intereses continuar escalando y los gastos relacionados con el conflicto militar mantenerse o intensificarse.

La deuda oculta: hasta 100 billones si se suman las obligaciones no financiadas

Las cifras oficiales podrían ser apenas la punta del iceberg. Kent Smetters, director académico del Penn Wharton Budget Model, sostiene que cuando se incorporan las obligaciones no financiadas asociadas a programas como la Seguridad Social y Medicare —compromisos implícitos que habitualmente quedan fuera de las métricas oficiales de deuda—, el pasivo total se aproxima a los 100 billones de dólares. Esas promesas de largo plazo, excluidas de los balances federales convencionales, duplicarían aproximadamente el tamaño de las obligaciones explícitas reconocidas por el gobierno.

Esta perspectiva replantea el debate: la discusión sobre la deuda no es únicamente sobre el número que aparece hoy en el contador del Tesoro, sino sobre compromisos futuros que ya están contraídos y que ninguna administración ha logrado reducir de manera sostenida.

La Casa Blanca defiende una reducción del déficit

Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, destacó que el déficit federal disminuyó en 41.000 millones de dólares durante el primer año del actual mandato de Trump respecto al año fiscal anterior, atribuyendo la mejora al aumento de los ingresos por impuestos individuales, a una reducción del empleo federal al nivel más bajo desde 1966, y a medidas contra el fraude en programas de asistencia social. Según Desai, estas iniciativas continuarán generando un impacto favorable sobre el déficit y la relación deuda-PIB.

Sin embargo, la reducción de 41.000 millones en el déficit anual contrasta con el aumento de aproximadamente dos billones de dólares en la deuda total durante el mismo período, lo que subraya que incluso los avances en la reducción del déficit resultan insuficientes para revertir la trayectoria acumulada del endeudamiento.

Un patrón bipartidista con consecuencias globales

La deuda federal no es un problema exclusivo de una administración ni de un partido. Ha crecido de manera sostenida bajo presidentes republicanos y demócratas, impulsada por recortes de impuestos, guerras, el gasto masivo durante la pandemia de COVID-19 y la expansión estructural de los programas sociales. Lo que distingue el momento actual es la convergencia simultánea de varios factores de presión: un conflicto armado activo de costo incierto, tasas de interés elevadas que encarecen el refinanciamiento de la deuda existente, una base de gasto estructuralmente alta y compromisos fiscales de largo plazo que ningún gobierno ha logrado reducir de forma decisiva.

Las implicaciones trascienden las fronteras estadounidenses. Dado que el dólar y los bonos del Tesoro son referencias centrales de los mercados financieros internacionales, la estabilidad fiscal de Estados Unidos tiene consecuencias directas sobre el costo del crédito global, la confianza en los activos de reserva y la capacidad del sistema financiero mundial para absorber nuevos shocks. Peterson lo resumió con precisión: pedir prestado billón tras billón a ritmo acelerado, sin un plan de corrección en marcha, es, por definición, insostenible.

Unilever evalúa vender su división de alimentación, valorada en decenas de miles de millones de dólares para apostar por belleza y bienestar

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Unilever, el gigante angloholandés de bienes de consumo valorado en unos 107.000 millones de libras esterlinas (142.000 millones de dólares), analiza en fase preliminar una posible separación de su negocio de alimentación, que generó 12.900 millones de euros en ventas el último ejercicio. Según fuentes cercanas a la operación citadas por Bloomberg, el grupo ha iniciado conversaciones con asesores financieros para explorar distintas alternativas estratégicas, aunque no se espera una decisión formal antes de 2027.

La compañía no ha tomado ninguna resolución definitiva y podría optar por mantener su estructura actual. Sin embargo, el movimiento encaja con una transformación corporativa que viene ejecutándose desde hace años: el progresivo abandono de las categorías de alimentación en favor de los negocios de belleza, cuidado personal y bienestar.

Un portafolio en proceso de redefinición

Las opciones que se barajan incluyen la venta de la totalidad del área de alimentación, una desinversión parcial que preservaría algunas marcas consideradas estratégicas, o la conversión del negocio en una compañía cotizada independiente. Fuentes consultadas por Bloomberg estiman que una eventual transacción podría valorar la división en decenas de miles de millones de dólares, con un atractivo potencial también para fondos de capital privado.

El portafolio alimentario de Unilever agrupa marcas de largo recorrido global: los condimentos Colman’s, las pastillas de caldo Knorr, la mostaza dijón Maille, los fideos instantáneos Namdong y la icónica crema para untar Marmite, entre otras. Dentro de este conjunto, Hellmann’s y Knorr concentran el 60% de las ventas del segmento, una proporción que el propio consejero delegado, Fernando Fernández, prevé elevar hasta entre el 70% y el 75% tras concluir la desinversión de marcas locales de menor escala, valoradas en entre 1.000 millones y 1.500 millones de euros.

La presión sobre el negocio alimentario

Los resultados del último ejercicio reflejan las dificultades que enfrenta la división. Las ventas de alimentación cayeron un 3,2% interanual hasta los 12.900 millones de euros, en un contexto de inflación persistente que ha empujado a los consumidores hacia marcas blancas y opciones de menor precio. El conjunto del grupo tampoco escapó a esa presión: la facturación total retrocedió un 3,8% hasta los 50.500 millones de euros, con todos los segmentos en negativo.

A ese escenario se suma un factor estructural que preocupa a los analistas del sector: la creciente adopción de los fármacos GLP-1 para el control del peso, que está modificando los hábitos de consumo hacia productos de menor densidad calórica y reduciendo el volumen general de ingesta de alimentos procesados. Estas tendencias amenazan la demanda de varias de las categorías centrales del negocio alimentario de Unilever.

En el plano bursátil, la acción acumula una caída del 13% desde su máximo del año, al retroceder desde los 5.492 peniques hasta los 4.800 peniques, lo que el análisis técnico interpreta como una corrección con posibilidad de continuar en el corto plazo. Adicionalmente, la ratio precio/beneficio prevista se sitúa en 18 veces, por encima de la mediana sectorial de 15, lo que alimenta los cuestionamientos sobre la valoración del grupo.

Con todo, el ejercicio arrojó señales positivas en la cuenta de resultados: el beneficio operativo creció un 2,4% hasta los 9.000 millones de euros y el beneficio neto ascendió a 6.200 millones de euros, lo que llevó a la empresa a anunciar un nuevo programa de recompra de acciones por 1.500 millones de euros y un incremento del dividendo del 3%.

Un viraje estratégico hacia la belleza y el bienestar

La posible escisión del negocio de alimentación no sería un hecho aislado, sino el paso más ambicioso dentro de una reconfiguración que Unilever lleva ejecutando durante la última década. La compañía ya desprendió su negocio global de margarinas —que incluía la marca I Can’t Believe It’s Not Butter!—, y más recientemente vendió la marca de aperitivos Graze y el fabricante de proteína vegetal The Vegetarian Butcher. También se deshizo de sus operaciones de té y de marcas regionales como Conimex y Unox.

El capítulo más reciente de esta transformación fue la separación del negocio de helados, que dio lugar a la creación de Magnum Ice Cream Co. Unilever conserva todavía una participación de cerca del 20% en esa sociedad, que prevé vender de forma gradual en los próximos años. El proceso, sin embargo, no estuvo exento de contratiempos: la escisión de la división de helados en Estados Unidos sufrió retrasos a causa del cierre parcial de la administración federal, que bloqueó temporalmente los trámites ante la Comisión de Valores (SEC).

El destino del grupo apunta con claridad hacia las categorías de belleza, cuidado personal y bienestar, donde el potencial de crecimiento y los márgenes resultan más atractivos. En el último ejercicio, el segmento de cuidado personal fue el más voluminoso, con una facturación de 13.200 millones de euros, seguido de belleza y bienestar con 12.800 millones. Fernando Fernández, que asumió la dirección ejecutiva hace aproximadamente un año tras la destitución de Hein Schumacher, ha señalado marcas como el jabón Dove y la bebida de hidratación Liquid IV como pilares del nuevo modelo de negocio.

Un sector en busca de un nuevo rumbo

Unilever no es la única gran multinacional de consumo que enfrenta este dilema. Su principal rival, Nestlé, atraviesa un proceso similar de racionalización de cartera ante un entorno en el que los consumidores con menor poder adquisitivo recortan el gasto y optan por alternativas más económicas. La industria de bienes de consumo de alta rotación se encuentra en un momento de redefinición profunda, impulsada por cambios en los patrones de demanda, la presión de las marcas de distribuidor y las nuevas tendencias en salud y alimentación.

Si la operación prospera, Unilever completaría una de las mayores transformaciones de su historia reciente, pasando de ser un holding diversificado con raíces en la alimentación a un grupo más concentrado, con mayor exposición a categorías de valor añadido y proyección internacional. La pregunta que queda abierta es si el mercado, y los propios consumidores, acompañarán ese reposicionamiento con el impulso que la compañía necesita para recuperar terreno bursátil y volver a crecer.

El Gobierno de Trump cobrará hasta 10.000 millones de dólares por facilitar la venta de TikTok a inversores afines

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El acuerdo, cerrado en enero de 2026, transfirió el control de la filial estadounidense de ByteDance a un consorcio liderado por Oracle y Silver Lake, en una operación valorada en 14.000 millones de dólares que combina intereses de seguridad nacional con beneficios directos para la administración republicana.

La anatomía de un acuerdo sin precedentes

La operación que finalmente apartó a la empresa china ByteDance del control operativo de TikTok en Estados Unidos no fue el resultado de una simple transacción comercial. Fue, en cambio, el desenlace de años de presión política, amenazas arancelarias cruzadas y negociaciones en las que el propio Gobierno federal se constituyó simultáneamente como árbitro, facilitador y beneficiario. El Wall Street Journal reveló esta semana que la administración de Donald Trump percibirá una comisión de aproximadamente 10.000 millones de dólares por haber intermediado en la transferencia del negocio estadounidense de la popular plataforma de videos cortos a manos de inversores nacionales afines al mandatario republicano.

El 22 de enero de 2026 se formalizó la creación de TikTok USDS Joint Venture LLC, la entidad resultante de ese proceso de desinversión. Con ello concluyó una disputa que tuvo su origen en la decisión bipartidista del Congreso estadounidense de exigir que ByteDance se desprendiera de sus operaciones en el país o enfrentara una prohibición total, sustentada en preocupaciones de seguridad nacional vinculadas al acceso potencial del gobierno chino a los datos de más de 200 millones de usuarios.

Del veto demócrata al negocio republicano

El antecedente inmediato de la operación fue la ley impulsada durante la administración de Joe Biden, que establecía un plazo perentorio: TikTok debía ser clausurada o vendida a propietarios nacionales antes del fin de esa legislatura. La plataforma llegó a estar suspendida durante algunas horas en vísperas de la toma de posesión de Trump, en enero de 2025. El entonces presidente electo levantó el veto y extendió los plazos de manera sucesiva mediante decretos ejecutivos, comprando tiempo para que se negociara una solución estructural mientras la administración tomaba las riendas del proceso.

Fue Trump quien, en septiembre de 2025, confirmó el principio de acuerdo mediante una orden ejecutiva y anticipó que el Gobierno recibiría una compensación. «Estados Unidos está recibiendo una enorme comisión, más un plus, simplemente por cerrar el trato, y no quiero desaprovechar la oportunidad», declaró entonces. La justificación oficial fue que la magnitud del proceso y el esfuerzo invertido por el Ejecutivo federal en gestionar las negociaciones con China y en garantizar la continuidad de la plataforma ameritaban esa retribución.

Los nuevos propietarios y la estructura del capital

El consorcio que asumió el control de las operaciones de TikTok en Estados Unidos está integrado por figuras con vínculos estrechos con el entorno político de Trump. Oracle, la gigante tecnológica fundada por Larry Ellison a finales de la década de 1970 en Santa Clara, California, ocupa el rol de socio tecnológico estratégico: gestiona el algoritmo de recomendación dentro de su infraestructura de nube en territorio estadounidense, actúa como socio de seguridad de confianza y asume responsabilidades de moderación de contenido y aseguramiento de software. Ellison es donante habitual de las campañas del partido republicano y mantiene una relación personal con Trump.

Junto a Oracle, la firma de capital privado Silver Lake también forma parte del consorcio. Ambas entidades controlan en conjunto más del 80% de las operaciones estadounidenses de TikTok. Completan el cuadro de inversores Michael Dell y la tecnológica que lleva su nombre, así como el fondo soberano de Abu Dhabi MGX, con quien el conglomerado de empresas Trump mantiene relaciones comerciales. ByteDance, por su parte, retiene una participación minoritaria de menos del 20% del capital de la nueva entidad, sin control operativo ni influencia sobre el algoritmo, aunque conserva el licenciamiento de este último a la nueva empresa para que pueda ser reentrenado exclusivamente con datos de usuarios estadounidenses.

El total de la comisión que recibirá el Gobierno se distribuye en pagos escalonados: los inversores ya abonaron cerca de 2.500 millones de dólares al Departamento del Tesoro cuando se cerró el acuerdo a finales de enero, y tienen pendientes desembolsos adicionales hasta completar los 10.000 millones de dólares.

Las garantías de seguridad y los interrogantes legales

El eje central de toda la negociación fue la independencia del algoritmo respecto a cualquier influencia del gobierno de Pekín y la protección de los datos de los usuarios estadounidenses. Las salvaguardas formalizadas en el acuerdo incluyen un programa de privacidad y ciberseguridad supervisado por entidades estadounidenses, la actualización y el reentrenamiento del algoritmo de recomendación de manera exclusiva en la nube de Oracle en suelo estadounidense sin acceso de ByteDance, y la constitución de un nuevo directorio con mayoría de ciudadanos americanos con autoridad sobre las políticas de moderación y seguridad de contenidos. La supervisión del cumplimiento de estas condiciones recae en el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS, por su sigla en inglés), de acuerdo con la orden ejecutiva que encuadró la operación.

Sin embargo, la solución alcanzada no ha disipado todas las dudas. Legisladores republicanos en el Congreso ya han anunciado que someterán el acuerdo a escrutinio, cuestionando si el licenciamiento del algoritmo de ByteDance a la nueva entidad podría violar técnicamente los términos de la ley de desinversión que originó todo el proceso. La opacidad en la selección de los inversores ha generado críticas adicionales: reportes apuntan a que se habrían favorecido postores cercanos al entorno político de Trump por sobre ofertas económicamente superiores.

Una valoración que genera preguntas

La operación fijó el valor del negocio estadounidense de TikTok en 14.000 millones de dólares, una cifra que analistas del sector consideran significativamente por debajo del valor real de la plataforma, considerando sus 200 millones de usuarios activos en el país y su considerable capacidad publicitaria. La discrepancia entre ese precio pactado y las estimaciones de mercado es uno de los puntos más debatidos: si refleja un descuento estratégico para facilitar el cierre del acuerdo o si es el resultado de un proceso de selección que no maximizó el valor para todas las partes involucradas.

Para ByteDance y el gobierno chino, cuya aprobación fue mencionada por Trump aunque Pekín no la confirmó públicamente, el desenlace supone aceptar una presencia residual en el mercado de mayor rentabilidad para sus aplicaciones. La concesión fue posible, según fuentes, a cambio de ciertas concesiones en el marco más amplio de la guerra comercial entre ambas potencias, lo que otorga a la transacción una dimensión geopolítica que trasciende el ámbito corporativo.

Implicaciones para la economía digital y el ecosistema tecnológico

Más allá de la controversia política, el acuerdo tiene consecuencias prácticas para la economía digital. Los aproximadamente 7,5 millones de negocios que operan en la plataforma en Estados Unidos, incluyendo numerosos emprendimientos de habla hispana, conservan el acceso a las herramientas de comercio electrónico, publicidad y audiencia que ofrece TikTok. La continuidad operativa de la plataforma es, en ese sentido, una señal positiva para el ecosistema de marketing digital y la denominada economía de creadores de contenido.

En un plano más estructural, el caso establece un precedente claro sobre la disposición de los gobiernos, y en particular el de Estados Unidos, a intervenir directamente en la arquitectura accionaria de plataformas tecnológicas globales invocando razones de seguridad nacional. Para cualquier empresa de capital extranjero, especialmente si proviene de países considerados adversarios geopolíticos, con aspiraciones de consolidarse en el mercado estadounidense, este proceso ilustra un escenario de riesgo que difícilmente podrá ignorarse en el futuro.

La comunidad inversora ha reaccionado con cautela. La eliminación del riesgo de un cierre abrupto de la plataforma es valorada positivamente, pero la falta de transparencia en el proceso de selección de compradores y las dudas sobre la legalidad del esquema de licenciamiento del algoritmo sostienen una incertidumbre que el escrutinio del Congreso podría prolongar. El Ejecutivo, entretanto, habrá convertido una disputa de seguridad nacional en una fuente de ingresos extraordinarios para el Tesoro, una combinación que no tiene precedentes conocidos en la historia reciente de la regulación tecnológica estadounidense.