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Brasil lanza un paquete de crédito de 2.900 millones de dólares para proteger empresas y sectores estratégicos ante la inestabilidad geopolítica global

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El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció la firma de una medida provisional que habilita una nueva línea de crédito de 15.000 millones de reales, equivalentes a unos 2.900 millones de dólares, destinada a empresas brasileñas afectadas por la inestabilidad geopolítica internacional. La iniciativa, que será intermediada por el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), amplía el alcance del programa Brasil Soberano e incorpora a sectores que van desde la industria siderúrgica y automotriz hasta el agropecuario, en un contexto donde la guerra en Oriente Medio y los conflictos comerciales con Estados Unidos continúan presionando la economía brasileña.

Una respuesta estructurada ante múltiples frentes de presión

La medida provisional firmada por Lula representa una segunda fase del programa Brasil Soberano, creado en 2025 como respuesta a la política arancelaria implementada por la administración de Donald Trump, que impuso un arancel del 50% a las exportaciones brasileñas hacia el mercado estadounidense. En aquella oportunidad, el esquema de financiamiento aprobó más de 16.000 millones de reales en crédito para las empresas más perjudicadas por ese llamado «tarifazo» unilateral, según declaraciones de Aloizio Mercadante, presidente del BNDES.

Ahora, el programa se adapta a un escenario más complejo: la guerra en Oriente Medio no solo agravó las tensiones en los mercados energéticos globales, sino que también interrumpió cadenas de suministro de fertilizantes e impactó en los costos de los fletes y los combustibles. Ante ese panorama, el gobierno busca extender el alcance del financiamiento a sectores que aún sufren presiones arancelarias —como el siderúrgico, metalúrgico, automotriz y de autopartes— y también a rubros sensibles para la balanza comercial, entre ellos el farmacéutico, el de maquinaria y equipos, y el electrónico.

Fertilizantes, cadena agroindustrial y vulnerabilidad estructural

Uno de los ejes más críticos de esta nueva fase del programa es el impacto sobre el sector agropecuario. Brasil depende en gran medida de las importaciones de fertilizantes para abastecer su producción agrícola, que incluye cultivos de alto valor exportador como soja, maíz, algodón y trigo. Las interrupciones en las rutas de suministro causadas por los conflictos internacionales elevaron los costos de estos insumos y generaron incertidumbre sobre la próxima campaña agrícola.

El paquete de financiamiento apunta justamente a que parte de los recursos se destinen a ampliar la producción local de insumos, mejorar la logística y sostener la competitividad exportadora. Para el gobierno, este punto es estratégico: Brasil ocupa un papel central en el abastecimiento mundial de granos, carne y biocombustibles, y cualquier caída en su producción agrícola tendría repercusiones tanto internas como globales. La medida también contempla que los fondos sean aplicados a capital de trabajo, adquisición de bienes de capital e inversiones orientadas a adaptar procesos productivos, ampliar capacidades y fomentar la innovación tecnológica.

Los recursos para financiar el programa provendrán de excedentes del Tesoro nacional, de un fondo de garantía para exportaciones y de otras fuentes presupuestarias, en condiciones diseñadas para ser favorables para las empresas más afectadas por el actual escenario internacional.

Inflación, política monetaria y cautela en los mercados

El lanzamiento de este paquete de crédito se produce en un momento delicado para la economía brasileña. El Banco Central redujo recientemente la tasa básica de interés, la Selic, de 15% anual a 14,75%, un recorte de apenas 25 puntos básicos que resultó más moderado de lo que los economistas esperaban. La propia autoridad monetaria reconoció que las incertidumbres derivadas del conflicto en Oriente Medio influyeron de manera determinante en esa decisión más cautelosa.

El ciclo de alivio monetario, que debería servir como impulso a la actividad económica, enfrenta así un obstáculo externo de difícil resolución. Analistas del mercado advierten que la cautela del banco central persistirá en las próximas decisiones de política monetaria, al menos mientras persistan las presiones inflacionarias asociadas al alza del petróleo y al costo de los insumos. Liam Peach, economista sénior de mercados emergentes de Capital Economics, señaló que si los precios del petróleo se mantienen en el escenario base proyectado, el debate del comité de política monetaria en su próxima reunión de finales de abril podría quedar nuevamente entre un recorte de 25 o de 50 puntos básicos.

El gobierno ya tomó medidas para intentar moderar las presiones sobre los precios: redujo tributos sobre combustibles en un intento de contener el traslado del alza internacional a los consumidores. Sin embargo, los temores inflacionarios no se han disipado. En Brasil, la inflación está fuertemente correlacionada con el precio de los combustibles, los alimentos y los insumos agrícolas, lo que hace que el contexto externo tenga efectos directos y amplificados sobre el poder adquisitivo interno.

El mercado de capitales resiente la incertidumbre

Los efectos de la inestabilidad internacional no se limitan a los costos productivos. La volatilidad ha comenzado a afectar también el mercado de capitales brasileño, con consecuencias visibles en la agenda de operaciones financieras previstas para 2026. BRK Ambiental, empresa que tenía planeada una oferta pública de venta (OPV) para comienzos de año, evalúa postergar la operación, según fuentes cercanas a la compañía. El caso ilustra una tendencia más amplia: las empresas que buscaban captar recursos a través del mercado accionario están reevaluando sus cronogramas ante la incertidumbre prevaleciente, incluso aquellas con sólidos perfiles de generación de caja.

La situación también afecta a los mecanismos de inversión en infraestructura. Durante el mes de marzo, cinco subastas de asociaciones público-privadas y concesiones programadas terminaron siendo suspendidas, en respuesta a una mayor selectividad por parte de los inversores. Se trata de una señal preocupante para un país que mantiene una agenda de proyectos de infraestructura ambiciosa y que depende de la participación privada para su ejecución.

Modernización del sistema de crédito a la exportación

En paralelo al paquete de financiamiento de emergencia, el gobierno presentó un proyecto de ley para crear el Sistema Brasileño de Crédito Oficial a la Exportación, que moderniza los marcos de seguro y financiamiento para las exportaciones del país. La iniciativa amplía las atribuciones del BNDES en materia de comercio exterior e introduce mecanismos para incentivar operaciones vinculadas a la economía verde y la descarbonización, en línea con la agenda climática que Brasil ha posicionado como eje de su política económica exterior.

Otra novedad significativa del proyecto es la extensión del plazo de cobertura del riesgo comercial para micro, pequeñas y medianas empresas en la fase de preembarque: el límite anterior de 180 días se ampliaría a 750 días, lo que facilita que empresas de menor escala puedan acceder a financiamiento en condiciones más competitivas para sus operaciones de exportación.

Un escenario que exige respuestas de fondo

La combinación de factores que enfrentan las empresas brasileñas —conflicto en Oriente Medio, aranceles estadounidenses, inflación de insumos, restricciones en los mercados de capitales y cautela monetaria— configura un escenario donde las respuestas de corto plazo, como las líneas de crédito, son necesarias pero no suficientes. El programa Brasil Soberano ha logrado posicionarse como un instrumento ágil de respuesta ante shocks externos, y su ampliación refleja la capacidad del gobierno para adaptar sus herramientas de política económica. Sin embargo, los analistas advierten que la efectividad de estas medidas dependerá también de la evolución del conflicto internacional y de la trayectoria de los precios del petróleo, dos variables sobre las que Brasil tiene escasa influencia directa.

El paquete de 15.000 millones de reales representa, en ese marco, una apuesta por la estabilidad productiva en un entorno de alta incertidumbre. El desafío del gobierno es transformar ese esfuerzo financiero en resultados concretos: mantener el empleo, sostener las exportaciones y contener la inflación en un año en que la coyuntura internacional no ofrece señales claras de distensión.

Operaciones por 580 millones de dólares en futuros de petróleo segundos antes del anuncio de Trump sobre Irán generan sospechas de uso de información privilegiada

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Los mercados energéticos globales fueron escenario el pasado lunes de una secuencia que ha encendido las alarmas entre analistas, reguladores y observadores financieros: en apenas un minuto, entre las 6:49 y las 6:50 de la mañana (hora del Este de Estados Unidos), operadores desconocidos movilizaron aproximadamente 580 millones de dólares en contratos de futuros de petróleo crudo, solo 15 minutos antes de que el presidente Donald Trump publicara en su red Truth Social que Washington había mantenido conversaciones «muy buenas y productivas» con Teherán para una «resolución completa y total» del conflicto. Lo que siguió fue una caída vertical del precio del petróleo de hasta un 17%, con el barril Brent hundiéndose por debajo de los 100 dólares, y un repunte inmediato de los principales índices bursátiles. Quienes habían apostado minutos antes por ese escenario obtuvieron ganancias millonarias. La pregunta que recorre ahora los círculos financieros es si esas apuestas fueron fruto de la intuición o del acceso anticipado a información reservada.

El minuto que lo dice todo

Los datos de mercado revisados tanto por el Financial Times como por la BBC trazan con precisión el momento exacto en que el volumen de operaciones se disparó de manera inusual. A las 6:49, los operadores realizaron 734 contratos de crudo WTI en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex). Un minuto después, esa cifra se había multiplicado casi por tres, alcanzando 2.168 contratos, equivalentes a unos 170 millones de dólares. El patrón se repitió en el mercado del Brent: entre las 6:48 y las 6:50, el volumen de operaciones saltó de 20 a más de 1.650 contratos, lo que representa aproximadamente 150 millones de dólares adicionales. En total, los 6.200 contratos ejecutados en ese brevísimo lapso sumaron cerca de 580 millones de dólares, poco más de 500 millones de euros al cambio actual.

No se trató de un fenómeno aislado en el crudo. Movimientos similares fueron detectados de manera simultánea en futuros del S&P 500 —el índice que agrupa a las 500 mayores empresas cotizadas de Estados Unidos— y del Euro Stoxx 50, el referente europeo. Esto implica que los operadores involucrados no solo apostaron por la caída del petróleo, sino también por la recuperación de los mercados bursátiles a ambos lados del Atlántico, todo ello en los minutos previos al anuncio presidencial. Cuando Trump publicó su mensaje a las 7:04, los mercados respondieron exactamente como esas posiciones anticipaban: el petróleo cayó hasta los 84 dólares por barril en referencia al WTI, mientras las bolsas repuntaban.

El contexto diplomático y su impacto energético

Para entender la magnitud del movimiento de mercado, es necesario reconstruir los días previos. El sábado, Trump había elevado la presión sobre Teherán al amenazar públicamente con «aniquilar» las centrales eléctricas iraníes si el país no reabría el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. Por ese estrecho transita alrededor del 20% del petróleo y el gas mundial, lo que convierte su cierre en un factor de presión geopolítica y económica de primera magnitud. Los mercados asiáticos, que reabrieron el lunes ante ese ultimátum vigente, registraron fuertes caídas, mientras el precio del crudo comenzaba a subir.

Sin embargo, el lunes por la mañana, antes de la apertura oficial de Wall Street, Trump contradijo su propio ultimátum y ordenó aplazar cualquier ataque militar. El anuncio de conversaciones diplomáticas «constructivas» fue recibido por los mercados como una señal de distensión, provocando la caída del Brent de hasta un 17% y el desplome del WTI hasta los 84 dólares. Quienes tenían posiciones cortas en petróleo —es decir, que habían apostado por la baja del precio— y posiciones largas en índices bursátiles en ese preciso margen de 15 minutos se encontraron en una posición extraordinariamente rentable.

Sospechas de información privilegiada y respuesta oficial

Varios analistas del mercado han señalado abiertamente que la sincronización entre esas operaciones masivas y el anuncio presidencial resulta difícil de atribuir a la casualidad. Los futuros, como instrumentos financieros, son contratos que fijan hoy el precio de compra o venta de un activo para una fecha posterior: quien los adquiere antes de un movimiento brusco de mercado y los vende en el momento adecuado puede obtener ganancias de magnitud considerable con una inversión inicial relativamente acotada. Que ese «momento adecuado» coincidiera con el minuto preciso en que Trump cambió su postura pública ha alimentado la hipótesis de que algunos de esos operadores conocían de antemano la decisión del presidente.

Ante las consultas de los medios, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, negó categóricamente que el gobierno permita que «ningún funcionario de la administración se lucre ilegalmente aprovechándose de información privilegiada», y calificó cualquier insinuación al respecto, sin pruebas, de «infundada e irresponsable». Sin embargo, la negativa institucional no ha cerrado el debate. La BBC confirmó haber contactado al regulador financiero estadounidense, la Comisión de Comercio de Futuros sobre Mercancías (CFTC), así como a la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, sin que al momento de la publicación se hubiera obtenido respuesta oficial de ninguna de las dos instituciones. Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, publicó en X una acusación directa contra Washington y Tel Aviv, a los que responsabilizó de usar «noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros».

Un patrón que se repite

Lo ocurrido el lunes no es un episodio sin antecedentes. El propio reportaje de la BBC recuerda que en enero pasado se registró un fenómeno similar en Polymarket, una plataforma de predicciones basada en criptomonedas, cuando una serie de usuarios apostó con anticipación a que el presidente venezolano Nicolás Maduro abandonaría el poder antes de que terminara ese mes. Horas después, fuerzas estadounidenses lo detuvieron en el marco de un operativo en Caracas. La coincidencia entre esas apuestas anticipadas y los hechos posteriores generó entonces las mismas preguntas que hoy rodean a las operaciones petroleras del lunes.

Más allá de los casos puntuales, existe un patrón más amplio que varios analistas han señalado durante la segunda administración Trump: la volatilidad extrema de los mercados ante cada declaración o decisión presidencial ha creado condiciones objetivas para que quienes tengan acceso anticipado a esas decisiones puedan monetizarlas. En ese contexto, los mecanismos de supervisión financiera enfrentan una prueba de credibilidad que trasciende este episodio concreto.

El enriquecimiento del círculo presidencial como telón de fondo

El episodio del lunes se inscribe en un patrón más vasto de enriquecimiento vinculado a las decisiones de la administración Trump. La familia del presidente acumuló ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares provenientes de inversiones en criptomonedas, sector que recibió impulso directo de políticas públicas de la actual administración republicana. Durante su primer mandato, Trump fue el presidente estadounidense que mayor crecimiento de patrimonio privado registró en ejercicio: cuando abandonó la Casa Blanca en enero de 2021, su fortuna había aumentado en 2.400 millones de dólares. El año 2025 siguió esa tendencia agregada: los multimillonarios del país incrementaron su riqueza en conjunto un 22%.

A finales de 2025, el Financial Times informó sobre un acuerdo de fusión entre el grupo mediático de la familia Trump y TAE Technologies, empresa de energía de fusión nuclear con fuertes inversiones de Google. La operación fue valorada en 6.000 millones de dólares y representó una apuesta directa del entorno presidencial en el cruce entre energía nuclear e inteligencia artificial, dos sectores que también han recibido respaldo regulatorio y político de la administración.

Este conjunto de hechos sitúa el episodio de los futuros petroleros del lunes en un marco más amplio: el de una administración en la que las fronteras entre decisión política, comunicación presidencial y movimiento de mercados permanecen bajo escrutinio permanente, y donde la opacidad en torno a quién opera qué y cuándo sigue siendo una pregunta sin respuesta institucional satisfactoria.

La DNIT exige más detalle sobre utilidades y reservas a empresas, mientras prepara proyecto para gravarla

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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) emitió la Resolución General N.º 49/2026, mediante la cual amplía las exigencias informativas para los contribuyentes del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) que están obligados a presentar estados financieros. La medida, que rige para los estados financieros cerrados a partir del 31 de diciembre de 2025, establece que dichos contribuyentes deberán incorporar en las Notas a los Estados Financieros un detalle exhaustivo sobre la composición y el destino de sus utilidades y resultados acumulados, en el marco de la Obligación 948.

Según la resolución, las notas deberán contener como mínimo la conciliación de las utilidades acumuladas, la identificación de aquellas susceptibles de distribución y el detalle del destino de las mismas, incluyendo dividendos distribuidos, utilidades capitalizadas, reservas constituidas y montos pendientes de distribución. Adicionalmente, los contribuyentes deberán especificar la composición de sus reservas —ya sean legales, facultativas, estatutarias u otras— indicando el saldo inicial, los movimientos registrados durante el ejercicio y el saldo final, junto con información sobre el origen, la finalidad, el ejercicio de generación y la posibilidad de distribución futura de dichos fondos.

Un contexto de presión fiscal y debates sobre las reservas empresariales

La resolución se emite en un momento de creciente tensión entre el fisco y el sector empresarial. En días previos, el titular de la DNIT, Óscar Orué, anunció la elaboración de un proyecto de ley orientado a regular el uso de las reservas facultativas, con el argumento de que algunas empresas estarían haciendo un uso abusivo de dicho mecanismo para postergar o eludir el pago del Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades (IDU). La propuesta apuntaría a establecer un plazo máximo de tres años para mantener recursos en reservas, tras el cual deberían ser capitalizados o distribuidos.

Orué señaló que en un año las reservas detectadas ascendían a G. 400.000 millones, equivalentes a unos USD 61,5 millones, y que aplicando una tasa del 8% de IDU para empresarios residentes, la recaudación potencial rondaría los USD 4,9 millones, cifra que representa apenas el 1% de las recaudaciones totales del año 2025. El contexto que rodea estas iniciativas es el de una caída en los ingresos tributarios que generó fuerte presión sobre las finanzas públicas y llevó al Ministerio de Economía a elaborar un plan de ajuste del gasto, denominado «economía de guerra».

Alcance amplio y dudas sobre contribuyentes que ya presentaron sus declaraciones

La resolución tiene un alcance amplio, dado que la obligación de presentar estados financieros recae sobre todo tipo de entidades: empresas, sociedades, cooperativas, clubes y asociaciones sin fines de lucro. En la práctica, esto implica que el nuevo requerimiento informativo cubre una gran cantidad de contribuyentes.

No obstante, persiste una zona gris respecto de las entidades que ya cumplieron con la presentación de sus estados financieros antes de la emisión de la resolución, como ocurre con la mayoría de las entidades financieras y bancarias, que suelen presentar sus declaraciones a comienzo de año. Hasta el momento, la DNIT no se ha pronunciado sobre si dichos contribuyentes deberán adecuarse a la nueva exigencia de forma retroactiva.

En cuanto al respaldo documental, profesionales del sector contable señalaron que la declaración de reservas requiere sustento formal en actas de asamblea y de directorio, según el tipo de empresa, lo que incrementa la carga administrativa sobre los contribuyentes.

Sector empresarial y contable rechaza el plan de gravar las reservas

Gremios empresariales y referentes del ámbito tributario y contable manifestaron su oposición a las iniciativas del Gobierno. La medida fue calificada en algunos sectores como inconstitucional y arbitraria, por considerar que avanza sobre la autonomía de las empresas en la gestión de sus recursos. Desde el Colegio de Contadores del Paraguay, la profesional Alba Talavera advirtió que muchas empresas carecen de liquidez suficiente para afrontar distribuciones forzosas, aun cuando sus balances reflejen recursos, dado que dichos fondos suelen estar destinados a inversiones o provisiones para compras futuras.

La DNIT, por su parte, justificó la resolución amparándose en la Ley N.º 6380/2019 y su reglamentación, que regula el IDU, cuyo hecho generador se configura con la puesta a disposición o el pago de utilidades a socios o accionistas. El organismo sostuvo que la medida apunta a fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la información contable, y que la mayor disponibilidad de datos permitirá optimizar los procesos de fiscalización y brindar mayor seguridad jurídica.

Sin embargo, desde la óptica de los profesionales contables, el objetivo real de la resolución es ampliar la capacidad fiscalizadora de la administración tributaria para detectar eventuales inconsistencias en la declaración de utilidades y reservas, lo que podría derivar en la aplicación de impuestos, recargos y multas en caso de que las operaciones no estén debidamente documentadas y sustentadas.

Brasil disputa el control de sus minerales críticos: acuerdo con Rosatom, rechazo a EE. UU. y nueva ley contra el crimen organizado

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La nueva sociedad ruso-brasileña Nadina Minerals operará en toda la cadena extractiva de minerales críticos, en un país que concentra el 94% de las reservas mundiales de niobio y el 23% de las tierras raras globales

La agencia nuclear estatal rusa Rosatom y la compañía brasileña Nucleo Brasil Energia Participações (NBEPar) formalizaron esta semana la creación de una empresa conjunta destinada a la extracción y procesamiento de minerales de importancia crítica en Brasil. La nueva sociedad, registrada bajo el nombre Nadina Minerals, nació en el marco del foro internacional Nuclear Summit 2026, celebrado en Río de Janeiro, y fue anunciada mediante un comunicado difundido por la agencia estatal rusa TASS.

Técnicamente, el acuerdo vincula a Uranium One Group, subsidiaria del grupo empresarial TENEX de Rosatom, con NBEPar, holding del sector nuclear brasileño. La nueva empresa tendrá sede en Río de Janeiro y operará de forma integrada en toda la cadena productiva, desde la prospección geológica hasta el desarrollo de rutas avanzadas de procesamiento, combinando el conocimiento local de NBEPar con la experiencia internacional de Uranium One, una de las mayores mineras de uranio del mundo con operaciones en Kazajistán, Tanzania y Namibia. Según el CEO de la empresa brasileña, el almirante Ney Zanella, las negociaciones entre ambas partes se extendieron por más de dos años antes de cristalizarse en este convenio.

Una cadena productiva de alta tecnología

De acuerdo con lo informado por Rosatom, la actividad de Nadina Minerals abarcará un amplio espectro operativo: gestión de permisos y habilitaciones ante las autoridades competentes, exploración de terrenos con potencial mineral, instalación de plantas de extracción y procesamiento, y desarrollo de una cadena productiva local orientada a abastecer sectores de alta tecnología como la electrónica de consumo, las energías renovables, la industria aeroespacial y la defensa.

Este acuerdo no surge de la nada. Moscú y Brasilia mantienen vínculos en materia nuclear desde hace años, principalmente a través del suministro de combustible nuclear enriquecido a plantas brasileñas y la conversión del uranio extraído en territorio sudamericano. Lo que cambia ahora es la escala y la naturaleza del convenio: ya no se trata solo del ciclo del uranio, sino de una apuesta por la totalidad del espectro de minerales estratégicos que Brasil posee en abundancia y que el mundo desarrollado disputa con creciente urgencia.

Un gigante geológico aún sin industrializar

El peso específico de Brasil en el mapa mundial de minerales críticos es difícil de exagerar. Según el Servicio Geológico de Brasil, el país posee las mayores reservas mundiales de niobio, con el 94% del total global; las segundas de grafito, con el 26%; y las terceras de níquel, con el 12%. Adicionalmente, concentra el 23% de las reservas mundiales de tierras raras, equivalentes a aproximadamente 21 millones de toneladas métricas, lo que ubica al país en el segundo lugar mundial en ese rubro.

La paradoja es que ese colosal patrimonio geológico aún no se traduce en poder productivo. América Latina, pese a sus reservas, genera apenas el 0,005% del suministro mundial de tierras raras, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Brasil exportó alrededor de 12 millones de dólares en tierras raras durante 2025, y el 99,4% de ese volumen tuvo como destino China, lo que evidencia una dependencia estructural que el gobierno de Lula busca revertir, aunque sin renunciar a la soberanía sobre los recursos.

La posición de Lula: soberanía frente a presiones externas

Mientras Rosatom avanzaba en la firma del acuerdo con NBEPar, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomaba posición pública sobre el mismo asunto desde Brasilia. Durante la 3.ª Conferencia Nacional de Desarrollo Rural Sostenible y Solidario, el mandatario fue explícito: Brasil no permitirá que potencias extranjeras se apropien de sus minerales críticos. Sin nombrar a ningún país, Lula invocó el historial colonial del continente para justificar su postura de defensa de los recursos naturales, y anunció la creación de un consejo gubernamental específico para la gestión y protección de los minerales estratégicos y las tierras raras, señal de que el tema ha adquirido jerarquía de política de Estado.

La ofensiva de Washington y la resistencia de Brasilia

La presión de Estados Unidos sobre los recursos minerales brasileños ha escalado de forma sostenida en los últimos meses. En febrero de 2026, funcionarios estadounidenses enviaron a Brasil una propuesta para un acuerdo bilateral sobre minerales críticos, sin haber obtenido respuesta hasta el momento. La semana previa a la firma del acuerdo con Rosatom, Washington suscribió un memorando de entendimiento con el gobierno del estado de Goiás para apoyar la exploración y producción de tierras raras y minerales críticos, maniobra interpretada como un intento de sortear al gobierno federal estableciendo vínculos directos con un estado gobernado por un rival político de Lula.

En su estrategia global, el gobierno de Trump ha movilizado más de 30.000 millones de dólares en cartas de interés, inversiones y préstamos para asegurar cadenas de suministro de minerales críticos en los últimos seis meses, suscribiendo acuerdos con once países de la región, entre ellos Argentina, Paraguay, Ecuador y Perú, pero no con Brasil a nivel federal. A cambio de sus inversiones, Washington aspira a obtener prioridad sobre China en la compra de los minerales críticos brasileños, pero Brasil, cuya política exterior privilegia la diversificación de socios comerciales, se muestra reacio a comprometerse en términos de exclusividad. Esa estrategia quedó de manifiesto en los acuerdos firmados en febrero de 2026 con India y Corea del Sur. El ingreso de Rosatom en este tablero añade ahora a Rusia como otro actor en la disputa, complejizando aún más la geometría geopolítica que rodea a los recursos naturales brasileños.

La nueva ley antifacciones y el año electoral

En el mismo día en que se cerraba el acuerdo con Rosatom, Lula promulgó también una ley que endurece significativamente las penas contra los integrantes de organizaciones criminales, medida señalada como una de sus principales prioridades antes de las elecciones de octubre. La legislación establece penas de hasta 40 años de prisión para los líderes de facciones calificadas como «ultraviolentas» —aquellas que atentan contra la paz pública, buscan controlar territorios e intimidar a poblaciones y autoridades—. En la mira están el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, las dos organizaciones más peligrosas de Brasil, que en los últimos años han extendido sus operaciones tanto dentro como fuera del territorio nacional.

La norma también prohíbe que los miembros condenados accedan a beneficios como amnistías, indultos o libertades condicionales, y crea un banco de datos compartido entre estados, municipios y el gobierno central para el intercambio de información. Lula fue directo en la ceremonia de firma: el objetivo son quienes lideran las organizaciones desde la sombra, aquellos que, en sus palabras, «viven en apartamentos de lujo».

La seguridad pública encabeza las preocupaciones de los brasileños en este año electoral, según las encuestas, y la promulgación de la ley no puede desligarse de ese contexto. En un Brasil que simultáneamente negocia con Rusia la explotación de sus minerales estratégicos, resiste las presiones de Estados Unidos sobre sus tierras raras y endurece su arsenal legal contra el crimen organizado de cara a los comicios de octubre, queda claro que el gobierno de Lula enfrenta un escenario de inusual densidad política, económica y geopolítica.

La guerra en Irán dispara los ingresos de combustibles fósiles de Rusia a 7.700 millones de euros en quince días

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La guerra desencadenada el 28 de febrero por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán ha producido uno de sus efectos más paradójicos en el ámbito económico: Rusia, potencia sancionada desde su invasión de Ucrania en 2022, ha emergido como el principal beneficiario financiero del conflicto en el corto plazo. En apenas quince días, Moscú acumuló 7.700 millones de euros en ingresos por exportaciones de combustibles fósiles —petróleo, gas y carbón—, equivalentes a unos 513 millones de euros diarios, frente a los 472 millones registrados en promedio durante febrero, según datos del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés). El aumento representa una reversión abrupta de una tendencia negativa que había llevado los ingresos energéticos rusos a su nivel más bajo desde la pandemia.

Solo en materia petrolera, las exportaciones rusas generaron alrededor de 372 millones de euros diarios durante la primera quincena de marzo, un 14% más que el promedio de febrero. El factor detrás de este repunte es directo: la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz —paso marítimo por el que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial— como resultado de los ataques iraníes a buques comerciales en la zona ha empujado los precios del crudo Brent a superar los 119 dólares por barril, su nivel más alto en años. Rusia, como uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, recoge automáticamente los beneficios de esa escalada de precios.

El estrecho de Ormuz, epicentro de la perturbación energética global

La crisis del estrecho de Ormuz constituye el núcleo del choque energético en curso. Irán ha respondido a los ataques estadounidenses e israelíes sobre su infraestructura petrolera con una serie de acciones que han reducido drásticamente el flujo de buques comerciales por esa ruta. Los ataques de represalia de Teherán también han afectado instalaciones energéticas en otros puntos de Oriente Próximo. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el episodio es la mayor perturbación del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo, con el tráfico por el estrecho cayendo desde los 20 millones de barriles diarios hasta niveles mínimos y recortes en la producción del Golfo de al menos 10 millones de barriles por día.

El cierre funcional de esta arteria marítima ha obligado a compradores asiáticos —que obtienen el 84% de sus importaciones de crudo del Golfo— a buscar fuentes alternativas de abastecimiento. Rusia, cuya producción no atraviesa el estrecho, se ha convertido en la opción más accesible. Según proyecciones de la firma de análisis Kpler, los envíos rusos a India podrían alcanzar entre 2 y 2,2 millones de barriles diarios en marzo, frente a los niveles deprimidos de febrero, cuando las importaciones indias de crudo ruso habían caído un 19% mensual bajo la presión de las sanciones occidentales.

India y China, motores del ingreso ruso

Los datos del CREA revelan que India y China en conjunto representan aproximadamente tres cuartas partes de los ingresos petroleros de Rusia. India, en particular, adquirió combustibles fósiles rusos por valor de cerca de 1.300 millones de euros entre el 1 y el 15 de marzo, lo que equivale a unos 89 millones de euros diarios, frente a los 60 millones de febrero. El salto refleja tanto el efecto precio —con el crudo ruso cotizando a más del doble que en los tres meses anteriores para compradores asiáticos, según el director ejecutivo de la consultora Macro-Advisory, Chris Weafer— como un efecto volumen asociado a la escasez de alternativas en el mercado.

El giro de India resulta especialmente significativo porque se produce en un contexto en el que el propio Gobierno estadounidense facilitó el camino. El Tesoro de Estados Unidos otorgó a India una exención de emergencia de 30 días, el 6 de marzo, para la compra de cargamentos de crudo ruso ya en el mar, en un intento de estabilizar los precios internos del combustible ante la escalada energética global. China, aunque más aislada del choque por su mayor diversificación de fuentes y sus reservas estratégicas, también ha incrementado sus compras. La crisis además podría impulsarla a negociar condiciones más favorables con Moscú para el gasoducto Power of Siberia 2, cuya capacidad proyectada es de 50.000 millones de metros cúbicos anuales.

La exención de sanciones de Washington y la fractura transatlántica

La decisión de la administración Trump de relajar temporalmente las sanciones al petróleo ruso ha generado una profunda división entre las dos orillas del Atlántico. La medida, anunciada el viernes 14 de marzo, autoriza el comercio de crudo ruso durante aproximadamente cuatro semanas, con el argumento oficial de que contribuye a estabilizar los mercados mundiales de energía. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, describió la exención como temporal, de alcance limitado y aplicable únicamente al petróleo ya en tránsito, precisando que no generaría beneficios financieros significativos para el Gobierno ruso dado que este obtiene la mayor parte de sus ingresos en el punto de extracción.

Sin embargo, esa lectura ha sido ampliamente rebatida por analistas independientes. La profesora de negocios internacionales de la Universidad Estatal de Wichita, Usha Haley, calificó a Rusia como «el mayor ganador en el corto plazo» del conflicto iraní y afirmó que la exención estadounidense ha rescatado los ingresos petroleros rusos de un proceso de declive acumulado. El argumento de fondo es estructural: las sanciones habían forzado al crudo ruso a cotizar con un descuento pronunciado respecto al mercado. Eliminar o suavizar esa barrera no solo aumenta el volumen exportable, sino que eleva el precio al que Moscú puede vender cada barril.

La fractura con Europa es explícita. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han exigido mantener sanciones estrictas a Rusia, pese a que la escalada de precios amenaza con desencadenar una nueva crisis energética en el continente. La Unión Europea aún adquiere alrededor de 50 millones de euros diarios en combustibles fósiles rusos, principalmente gas canalizado por gasoductos excluidos de las sanciones, aunque este monto representa una caída sustancial desde 2021, cuando Rusia suministraba el 45% del gas y el 27% del petróleo de la UE. La única voz disidente dentro del bloque ha sido la del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien ha instado a la Unión Europea a suspender las sanciones sobre las importaciones energéticas rusas ante el riesgo de precios insostenibles para los consumidores europeos.

La advertencia de Zelenski: más dinero para Putin significa más guerra

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha articulado con claridad las implicaciones estratégicas de esta dinámica. En declaraciones del domingo, afirmó que Rusia había acumulado unos 10.000 millones de dólares en las dos semanas de guerra en Oriente Medio, cifra equivalente a recuperar aproximadamente el 10% de lo perdido en el comercio petrolero durante lo que va del año. Zelenski advirtió que la relajación de sanciones beneficiará directamente a Putin y que la situación en torno a Irán «le aporta más dinero» y «más confianza para continuar la guerra» en Ucrania.

La inteligencia ucraniana también ha reportado que las sanciones globales combinadas con los ataques de Kiev a la infraestructura energética rusa habían elevado el déficit acumulado de Moscú a más de 100.000 millones de dólares. En enero y febrero, Rusia declaró ingresos petroleros de unos 10.200 millones de dólares mensuales, una caída del 47% interanual al ajustar por tipo de cambio, con ingresos totales de aproximadamente 58.700 millones de dólares en ese período, según su propio Ministerio de Finanzas. El salto de mediados de marzo representa, en ese contexto, una bocanada de oxígeno fiscal para un presupuesto de guerra que venía siendo comprimido sistemáticamente.

Una ironía estratégica de proporciones históricas

El escenario que se perfila plantea una paradoja de difícil digestión para Washington: la misma operación militar que lanzó contra Irán ha revertido meses de presión económica acumulada sobre Rusia, el adversario al que las sanciones occidentales pretendían debilitar. El Carnegie Endowment for International Peace calcula que estos desarrollos podrían proporcionar a Rusia decenas de miles de millones de dólares adicionales en ingresos petroleros anuales durante los próximos años, en comparación con las proyecciones de base de finales de 2025. El presidente Putin, consciente de la oportunidad, convocó a ejecutivos del sector energético ruso a principios de marzo para subrayar que era «importante que las empresas energéticas rusas aprovechen el momento actual.»

La situación expone la complejidad de gestionar simultáneamente una guerra en Oriente Medio, la estabilidad de los mercados energéticos globales y una política de sanciones que ha tardado cuatro años en comenzar a morder con eficacia. Por primera vez desde la invasión de Ucrania, los ingresos fósiles de Rusia crecen en lugar de menguar, y lo hacen impulsados, en buena medida, por las decisiones y omisiones de sus propios adversarios declarados.

Senacsa invierte G. 40.000 millones en bonos de la AFD para financiar la recuperación del hato ganadero nacional

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El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) concretó por primera vez la adquisición de bonos emitidos por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) por un valor de G. 40.000 millones —equivalentes a aproximadamente US$ 6 millones— en una operación que representa un punto de inflexión en la gestión financiera institucional y que se enmarca en el objetivo nacional de recomponer el stock bovino del país.

El anuncio fue realizado en el marco de Feicorte Paraguay 2026, celebrada en el Sheraton Asunción Hotel, y fue calificado desde ambas instituciones como un hito sin precedentes en el uso de recursos públicos captados a través del mercado de capitales local para fines exclusivamente productivos.

Segunda emisión de bonos de la AFD en 2026 con destino inédito

La operación corresponde a la segunda emisión de bonos de la AFD en lo que va del año y se distingue de instrumentos anteriores por una característica que la banca de desarrollo calificó de inédita en el país: por primera vez, los fondos captados mediante el mercado de valores serán canalizados de manera exclusiva hacia proyectos orientados a fortalecer y recuperar el hato ganadero nacional.

Los recursos serán distribuidos a través del sistema financiero y cooperativo hacia iniciativas productivas concretas, con foco en la recuperación del stock bovino, la mejora de los sistemas de producción y la adopción de prácticas de manejo que eleven la productividad y la resiliencia del sector ante los desafíos estructurales que enfrenta la ganadería paraguaya.

El programa de retención de vientres, eje central del financiamiento

Entre las líneas de acción prioritarias identificadas por el Senacsa se encuentra el impulso a programas de retención de vientres, estrategia fundamental para incrementar la producción de terneros y reconstruir la base reproductiva del rodeo nacional. Esta política, considerada una de las herramientas más eficaces para la recomposición del inventario ganadero en el mediano plazo, había sido anunciada a inicios de este año en el marco de una reunión entre el sector privado y el Gobierno, en la que también se comprometió el apoyo de la banca pública al proceso de recuperación.

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Daniel Prieto, había expresado en esa oportunidad el objetivo sectorial de alcanzar las 16 millones de cabezas, señalando que el programa se desarrollará en articulación con el Gobierno para garantizar que el consumidor paraguayo pueda acceder a la carne a precios justos.

Recursos propios del sector pecuario reinvertidos en su propio desarrollo

Uno de los aspectos más destacados de la operación es su origen financiero. Los G. 40.000 millones invertidos en bonos de la AFD provienen de los fondos excedentes generados por el propio desempeño del Senacsa, institución que en los últimos años registró un incremento sostenido de ingresos sin recurrir al aumento de cargas impositivas, sino mediante la incorporación de tecnología y la reducción de su planta de funcionarios.

Desde la institución se señaló que existe la posibilidad de ampliar este esquema a lo largo del año, dado que la idea es utilizar el 10% de los fondos excedentes disponibles. Esta reinversión del superávit institucional hacia el sistema financiero y cooperativo configura un modelo de gestión que cierra el ciclo: los recursos generados por el sector pecuario retornan, a través de instrumentos de mercado, hacia el financiamiento de ese mismo sector.

Acceso a crédito competitivo y fortalecimiento de la competitividad ganadera

La operación busca, además, facilitar el acceso a financiamiento en condiciones competitivas para actores estratégicos de la cadena productiva, con el propósito de ampliar la inversión en el campo y fortalecer la competitividad de la ganadería paraguaya frente a un mercado internacional cada vez más exigente en términos de eficiencia y sostenibilidad.

Desde el Senacsa se subrayó que esta iniciativa representa una nueva etapa en la articulación entre el sector público y el sistema financiero, orientada a potenciar el desarrollo del campo y acompañar la recuperación del stock bovino como factor determinante para sostener el crecimiento de toda la cadena cárnica en el mediano y largo plazo.

Sony traspasa el control de su división de televisores Bravia a TCL en una operación de 1.000 millones de dólares

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Sony Group Corp. se encuentra en la recta final para formalizar la venta del 51% de su negocio de entretenimiento doméstico al fabricante chino TCL Electronics Holdings Ltd. en una transacción valorada en aproximadamente 1.000 millones de dólares. Según informó Bloomberg, ambas compañías habrían avanzado lo suficiente en sus negociaciones como para anunciar el acuerdo antes de que concluya el mes de marzo, aunque las fuentes consultadas advierten que aún no se ha alcanzado una decisión vinculante definitiva.

La operación, cuyas bases fueron anunciadas a finales de enero de este año mediante un memorando de entendimiento, supone la creación de una empresa conjunta en la que TCL ostentará el 51% del capital y Sony retendrá el 49% restante. La nueva sociedad asumirá el control integral del negocio de entretenimiento en el hogar del conglomerado japonés, que incluye su reconocida marca de televisores Bravia, y abarcará desde el desarrollo y diseño de productos hasta la fabricación, las ventas, la logística y la atención al cliente a escala global. Se prevé que la nueva empresa inicie operaciones en abril de 2027, sujeto a la firma de los acuerdos definitivos, la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes y el cumplimiento de las demás condiciones establecidas.

Una alianza que combina el prestigio de marca de Sony con la escala industrial de TCL

La lógica de la operación descansa en la complementariedad entre dos modelos de negocio bien diferenciados. Sony aporta décadas de desarrollo en tecnología de imagen y audio de alta calidad, un capital de marca con reconocimiento mundial y una vasta experiencia en la gestión de la cadena de suministro. Por su parte, TCL contribuye con su avanzada tecnología de pantallas, una presencia industrial de escala global, una cadena de suministro vertical altamente eficiente y una estructura de costos que le otorga ventajas competitivas considerables frente a otros fabricantes.

Los productos de la empresa conjunta continuarán comercializándose bajo las marcas Sony y Bravia, lo que garantiza la continuidad de la identidad visual y comercial del segmento, pero con tecnología de pantallas aportada por el socio chino. Este modelo, que preserva el valor simbólico de las marcas japonesas mientras transfiere la carga operativa e industrial a TCL, refleja una tendencia cada vez más extendida en el sector electrónico global, donde la fabricación intensiva en capital cede terreno frente a los activos intangibles como el diseño, el software y la experiencia de usuario.

Kimio Maki, director representante y presidente ejecutivo de Sony, señaló que la alianza busca generar nuevo valor para el cliente en el sector del entretenimiento doméstico, ofreciendo experiencias audiovisuales más avanzadas a nivel mundial. En la misma línea, Du Juan, presidente de TCL Electronics, destacó que la operación representa una oportunidad para combinar las fortalezas de ambas compañías mediante el intercambio de tecnología, conocimientos e integración operativa, con el objetivo de optimizar la cadena de suministro y potenciar el valor de las marcas involucradas.

Sony acelera su reenfoque estratégico hacia los activos de mayor rentabilidad

La transacción no puede leerse de forma aislada. Se inscribe en una estrategia deliberada de Sony por reducir su exposición a segmentos de bajo margen, como el hardware tradicional de consumo, donde enfrenta una presión competitiva creciente por parte de fabricantes asiáticos con estructuras de costo más agresivas. En contrapartida, el conglomerado japonés ha orientado sus apuestas de crecimiento hacia áreas de mayor valor agregado y rentabilidad sostenida: propiedad intelectual en anime, cine, música y transmisiones deportivas, segmentos que actualmente concentran su expansión.

Este pivote estratégico no es nuevo, pero la operación con TCL representa uno de sus movimientos más concretos y significativos. Al externalizar el control operativo de su división de televisores, Sony libera capital y capacidad de gestión para profundizar su posición en los mercados de contenido y tecnología de mayor margen, al tiempo que mantiene una presencia relevante en el segmento de hardware a través de su participación del 49% en la empresa conjunta.

Resultados financieros sólidos respaldan el momento de la transacción

La decisión de avanzar en este acuerdo coincide con un período de resultados robustos para Sony. Durante el cuarto trimestre de 2025, el conglomerado reportó ingresos por 3,71 billones de yenes, un incremento del 0,5% respecto al período anterior, y elevó sus proyecciones para el primer trimestre de 2026, en el que espera alcanzar los 12,3 billones de yenes en ingresos acumulados. La ganancia operativa del período creció un 22%, hasta los 515.000 millones de yenes, superando en aproximadamente un 9% las estimaciones de los analistas de Wall Street.

El desempeño financiero estuvo impulsado, en gran medida, por la división de videojuegos, que registró un alza del 19% y se consolida como uno de los principales motores de crecimiento del grupo. A este resultado se sumaron el avance del 21% en la venta de sensores de imagen para teléfonos inteligentes y el crecimiento del 13% en la división musical, lo que refuerza la narrativa de que los negocios de mayor valor para Sony se encuentran precisamente fuera del hardware de consumo tradicional.

Un mercado de televisores en transformación empuja hacia nuevos modelos de negocio

El contexto sectorial también favorece la racionalidad del acuerdo. El mercado global de televisores de gran tamaño atraviesa una fase de expansión impulsada por factores como el auge de las plataformas de streaming y de intercambio de video, la mejora de la experiencia de usuario a través de funciones inteligentes avanzadas y la creciente adopción de pantallas de mayor resolución y tamaño. Sin embargo, la competencia en precio y escala en este segmento es feroz, y los márgenes del hardware siguen bajo presión.

En ese escenario, la apuesta de Sony por transferir el control operativo a un fabricante con las capacidades industriales de TCL, mientras conserva el acceso al mercado mediante sus marcas, resulta coherente con las tendencias del sector. La empresa conjunta aspira a capturar crecimiento en un mercado en transformación, combinando la excelencia tecnológica japonesa con la eficiencia de escala china, en un modelo que podría marcar un precedente para otras alianzas similares en la industria electrónica global.

América Latina bajo presión cambiaria: el conflicto en Oriente Medio deprecia monedas regionales y expone diferencias estructurales entre economías

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El conflicto en Oriente Medio ha introducido un ajuste de alcance global en los mercados de divisas, con efectos concretos sobre las principales monedas de América Latina. El dólar se apreció, las bolsas de la región retrocedieron y los analistas debaten hasta qué punto el choque energético puede sostenerse antes de que sus consecuencias se propaguen al crecimiento global y a la estabilidad financiera de los países emergentes.

El dólar se fortalece, pero con potencial alcista limitado

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de seis monedas pares, avanzó un 0,44%, profundizando la presión sobre las divisas latinoamericanas. Sin embargo, los analistas de ING advierten que el potencial de apreciación sostenida de la moneda estadounidense es más restringido que en episodios anteriores. El banco descarta que la Reserva Federal esté próxima a embarcarse en un ciclo de endurecimiento monetario comparable al de 2022, cuando la entidad elevó las tasas de interés en 500 puntos básicos. En esa línea, la institución sostiene que, salvo un período prolongado de altos precios energéticos que derive en una recesión global, el margen alcista del dólar sería relativamente acotado.

Esta evaluación se produce en un contexto donde el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller, quien había anticipado su intención de votar por un recorte de tasas en la reunión de la semana, reconsideró su postura al advertir que la escalada en los precios del petróleo y la amenaza de una inflación más persistente exigen mayor cautela antes de flexibilizar la política monetaria.

Mercados emergentes bajo presión generalizada

El reposicionamiento de carteras hacia activos en dólares golpeó de forma transversal a las monedas emergentes, en un movimiento que responde a factores globales antes que a fundamentos locales. Según el analista de ING Francesco Turner, América Latina fue afectada por el desapalancamiento general de posiciones en mercados emergentes, incluso en países como Brasil, que son exportadores netos de energía y que en teoría deberían beneficiarse de la suba en los precios del petróleo.

Este comportamiento pone de manifiesto que, en fases de aversión al riesgo aguda, la lógica de los fundamentos cede ante la urgencia de liquidez y reducción de exposición.

Brasil: exportador de energía con margen de recuperación

El real brasileño cedió un 1,4%, cerrando en 5,2958 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa retrocedió un 1,82%, hasta los 176.989 puntos. A pesar de la caída del día, ING proyecta una trayectoria relativamente estable para el real en el corto plazo, con un tipo de cambio de 5,25 por dólar a uno y tres meses, y una depreciación moderada hasta los 5,50 a seis y doce meses.

Los analistas señalan que la condición de Brasil como exportador neto de energía y los factores internos del país abren espacio a una recuperación del real, o al menos a un mejor desempeño frente a los forwards en caso de que la crisis se modere. En un escenario externo más favorable, el tipo de cambio podría incluso perforar el nivel de 5,00 reales por dólar, según el banco holandés.

México: tasas reales y anclaje en el T-MEC

El peso mexicano bajó un 1,12%, hasta los 17,93 unidades por dólar, en tanto que el índice S&P/BMV IPC perdió un 1,58%, cerrando en 64.166,41 puntos. Banco Base atribuyó la depreciación de la moneda al fortalecimiento generalizado del dólar ante la persistencia de la aversión al riesgo asociada al conflicto bélico.

La actividad económica de México se expandió un 1,2% en febrero en términos interanuales, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este dato respalda, en parte, la resiliencia relativa del peso dentro del universo emergente.

ING proyecta el tipo de cambio en 17,50 pesos a un mes, 17,75 a tres meses y 17,25 a doce meses, lo que apunta a una apreciación gradual del peso hacia el cierre del año. Turner y su colega Pesole sostienen que, si la crisis energética resulta ser de corta duración, el dólar-peso podría terminar el año cerca de los 17,25, con el peso nuevamente superando a los forwards.

Chile: el más vulnerable por su dependencia energética y la caída del cobre

El peso chileno registró una caída del 1,21%, hasta los 926,20/926,50 unidades por dólar, presionado tanto por el avance global del dólar como por un nuevo retroceso en el precio del cobre, principal exportación del país. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago bajó un 0,39%, hasta los 10.432,13 puntos.

ING ubica al tipo de cambio chileno en 875 pesos a uno y tres meses, con una depreciación progresiva hasta los 900 a seis meses y los 950 a doce meses. El banco señala que el gran aumento en los precios de la energía volvió a exponer la dependencia estructural de Chile de las importaciones de combustibles fósiles, lo que limita su capacidad de absorber el choque externo. Turner va más lejos al calificar al peso chileno como la divisa más vulnerable de la región, en particular si el cobre continúa su trayectoria descendente.

Colombia, Argentina y Perú: comportamientos disímiles

El peso colombiano se depreció un 0,79%, hasta los 3.704,88 unidades por dólar, interrumpiendo tres sesiones consecutivas de ganancias. El índice MSCI COLCAP retrocedió un 0,14%, a 2.196,79 puntos.

El peso interbancario argentino se mantuvo estable en 1.395,5 unidades por dólar, sostenido por la intervención diaria del Banco Central de la República Argentina. La entidad acumula 52 ruedas consecutivas comprando divisas, con un total de 3.616 millones de dólares adquiridos según operadores del mercado. El índice S&P Merval de Buenos Aires avanzó un 0,37%, impulsado por el renovado interés en papeles del sector energético y financiero.

El sol peruano fue la excepción positiva de la jornada, apreciándose un 0,67%, hasta los 3,4750/3,4790 unidades por dólar. No obstante, la Bolsa de Lima retrocedió un 0,82%, a 1.258,32 puntos.

Europa mejor posicionada que en 2022; el euro se sostiene

El informe de ING incorpora también una evaluación del escenario europeo, señalando que el continente está mejor preparado para enfrentar una crisis energética que en 2022, cuando la interrupción del suministro ruso de gas desencadenó un ajuste severo en los mercados. Esta mayor resiliencia estructural limita el impacto sobre el euro y, con ello, el margen de apreciación del dólar en el mercado del G10.

En términos de la relación entre ambas monedas, los analistas sostienen que, incluso modelando escenarios energéticos más severos, resulta difícil ver al par EUR/USD cotizando de forma sostenida por debajo del rango de 1,10 a 1,12 durante el año. Dentro del G10, las monedas de exportadores de energía han seguido mejor el ritmo del repunte del dólar, replicando la dinámica observada en América Latina entre Brasil, por un lado, y Chile, por otro.

Agronegocios y costos logísticos en tensión

El encarecimiento energético tiene un impacto directo sobre la competitividad exportadora de América Latina en el sector agroalimentario. El aumento en los costos de transporte marítimo y terrestre, junto con las limitaciones en infraestructura portuaria y vial, erosiona el margen de los productores frente a exportadores de otras regiones. A ello se suman barreras no arancelarias y estándares sanitarios y de trazabilidad cada vez más exigentes en los mercados de destino, particularmente en Estados Unidos, Europa y Asia.

En este marco, la tecnificación agrícola, la adopción de herramientas de precisión y la optimización de insumos aparecen como respuestas necesarias para sostener la rentabilidad en un entorno de costos crecientes. La sustentabilidad, medida en reducción de huella hídrica y de carbono, gana peso como criterio de acceso a mercados internacionales.

Duración del choque, el factor determinante

El desenlace de este episodio depende en gran medida de cuánto tiempo se prolongue el conflicto y su presión sobre los mercados energéticos. Un choque de corta duración permitiría contener el fortalecimiento del dólar y abriría espacio a una recuperación de las monedas emergentes. Una extensión del conflicto, en cambio, amenazaría con trasladar las tensiones energéticas al crecimiento global, con consecuencias más amplias sobre la seguridad alimentaria, la demanda de commodities y la estabilidad de los mercados financieros.

América Latina vuelve a quedar expuesta como región estratégica en el abastecimiento global de alimentos, pero también como una zona con vulnerabilidades estructurales ante los shocks externos. La capacidad de adaptación de sus economías, la diversificación de mercados de exportación y la inversión en infraestructura serán factores decisivos para capitalizar las oportunidades y mitigar los riesgos que este entorno geopolítico y financiero plantea.

Salarios públicos crecen 10,8% y presionan las finanzas del Estado mientras las inversiones se desploman 60,8% en el arranque de 2026

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La masa salarial del Estado supera los G. 3,5 billones y presiona las finanzas públicas

Los datos de la Situación Financiera de la Tesorería General, publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revelan que las transferencias en concepto de salarios en la función pública acumularon G. 3,5 billones (USD 551,7 millones) en el primer bimestre de 2026, frente a G. 3,2 billones (USD 497,9 millones) registrados en el mismo período de 2025, lo que equivale a un incremento interanual de 10,8%. Del total desembolsado, el 97,7% fue financiado con recursos tributarios, es decir, unos USD 539,2 millones. En menor medida, se recurrió a recursos propios (Fuente 30) por G. 77.273 millones (USD 11,8 millones), mientras que el financiamiento vía crédito público (Fuente 20) cayó 26,5%, aunque la deuda sigue cubriendo parte de este gasto rígido, con un desembolso que alcanzó USD 617.076.

El rubro de servicios personales —el mayor componente del gasto público— pasó de G. 3,237 billones en el primer bimestre de 2025 a G. 3,587 billones en el mismo período de 2026, con un aumento de G. 349.586 millones. Las remuneraciones representan el 44,2% del total de las transferencias ejecutadas, consolidándose como el factor de mayor peso y menor flexibilidad dentro del presupuesto.

La tendencia de largo plazo: la masa salarial creció 22% desde agosto de 2023

Una mirada al comportamiento de mediano plazo confirma la trayectoria ascendente del gasto salarial. Según datos del MEF, la masa salarial de la Administración Central pasó de G. 1,600 billones en agosto de 2023 a G. 1,950 billones en febrero de 2026, acumulando un incremento cercano al 22% en ese lapso. Este crecimiento se consolidó progresivamente durante 2024 y 2025, con registros mensuales que superaron los G. 1,800 billones hacia mediados del año pasado.

El patrón estacional más marcado se observa en diciembre, mes en que el pago del aguinaldo eleva notoriamente la ejecución del gasto: G. 3,343 billones en 2023; G. 3,398 billones en 2024; y G. 3,657 billones en 2025. En ese último diciembre, las remuneraciones superaron ampliamente los G. 2,892 billones recaudados en impuestos, lo que significa que los ingresos tributarios de ese mes no alcanzaron para cubrir únicamente el gasto en salarios, situación que pone en evidencia la tensión estacional que enfrenta la caja fiscal.

Los ingresos tributarios crecen, pero a menor ritmo que el gasto salarial

Por el lado de los ingresos, también se registra una tendencia positiva, aunque más moderada. Los ingresos tributarios pasaron de G. 2,441 billones en agosto de 2023 a G. 2,634 billones en febrero de 2026, lo que representa un aumento cercano al 8%, sensiblemente inferior al 22% que acumularon las remuneraciones en igual período.

En términos relativos, la relación entre ambas variables resulta elocuente: en agosto de 2023, las remuneraciones representaban aproximadamente el 65,6% de los ingresos tributarios. Si bien en meses de alta recaudación ese ratio desciende, en períodos de mayor presión de gasto —como diciembre— supera el 100%, lo que expone la fragilidad del equilibrio fiscal en determinados momentos del año.

La creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), resultado de la fusión entre la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas, ha contribuido a mejorar la capacidad operativa y de control, con meses de recaudación más robusta. No obstante, el desafío de cerrar la brecha entre el crecimiento del gasto y el ritmo de los ingresos sigue siendo una asignatura pendiente.

Jubilaciones, transferencias y deuda, los otros rubros que impulsan el gasto al alza

Más allá de los salarios, otros componentes del gasto registraron expansiones relevantes en el primer bimestre de 2026. El gasto en jubilaciones y pensiones alcanzó G. 1.505.493 millones, frente a G. 1.355.171 millones en igual período de 2025, con un incremento de G. 150.321 millones, equivalente a 11,1%, impulsado tanto por la incorporación de nuevos beneficiarios como por ajustes en los haberes previsionales.

El rubro de transferencias fue el de mayor expansión relativa: pasó de G. 468.097 millones a G. 991.755 millones, con un incremento de G. 523.658 millones, es decir, una variación de 111,9% que prácticamente duplicó el nivel del año anterior. Este salto se vincula a la implementación o ampliación de programas de asistencia o de transferencias interinstitucionales, y tiene incidencia directa sobre el resultado fiscal.

El servicio de la deuda también aumentó de forma significativa: pasó de G. 949.419 millones en 2025 a G. 1,263 billones en 2026, con una variación de G. 313.714 millones, equivalente a 33,0%, lo que consolida el peso creciente de los compromisos financieros dentro del presupuesto, posiblemente asociado a emisiones previas o al entorno de tasas de interés.

Las inversiones públicas se desploman 60,8% en el arranque del año

En sentido contrario al dinamismo de los rubros rígidos, la inversión pública registró la caída más pronunciada de todo el presupuesto. La ejecución se redujo de G. 732.075 millones en el primer bimestre de 2025 a G. 286.624 millones en igual período de 2026, una contracción de G. 445.451 millones equivalente a 60,8%.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, señaló públicamente que esta caída responde, en parte, a que una porción de la inversión en obras públicas está siendo canalizada a través de alianzas público-privadas (APP) o de recursos provenientes de la Itaipú Binacional. De hecho, indicó que se tienen disponibles unos USD 600 millones para ejecución de obras, aunque no se están utilizando en su totalidad.

Con todo, la contracción de la inversión pública tiene implicancias concretas sobre sectores como la construcción y sobre la capacidad del Estado de impulsar el crecimiento económico mediante el gasto de capital.

Gastos operativos: comportamientos mixtos en alimentos, medicamentos y combustibles

En los rubros operativos, el panorama es heterogéneo. El gasto en alimentos creció 43,1%, pasando de G. 19.038 millones a G. 27.236 millones, mientras que medicamentos cayó 28,7%, al pasar de G. 327.791 millones a G. 233.616 millones, ajuste que podría responder a cambios en los procesos de adquisición o en la ejecución presupuestaria. El gasto en combustibles también se redujo de manera marcada: de G. 25.345 millones a G. 12.140 millones, una caída de 52,1%. El rubro de otros gastos operativos creció moderadamente de G. 158.128 millones a G. 178.111 millones (12,6%), en tanto que servicios básicos registró una leve reducción de G. 15.018 millones a G. 13.151 millones (-12,4%).

El plan de «economía de guerra» y los desafíos de la sostenibilidad fiscal

El comportamiento del gasto público al inicio de 2026 se produce en el marco de un plan de reforma económica anunciado por el ministro Fernández Valdovinos, denominado «economía de guerra», que prevé recortes en varios sectores. Aunque el titular del MEF aseguró que se priorizarán los salarios y el gasto social, referentes del ámbito económico cuestionan la medida, advirtiendo que la nueva política fiscal podría afectar a los sectores más vulnerables y restringir aún más la ejecución de inversiones.

La estructura del gasto evidenciada en el primer bimestre plantea un desafío estructural claro: el crecimiento se concentra en componentes de difícil ajuste —salarios, jubilaciones, transferencias y deuda—, mientras la inversión pública se contrae con fuerza. Este patrón reduce el margen de maniobra de la política fiscal y condiciona la capacidad del Estado de responder ante eventuales escenarios económicos adversos. La trayectoria de las finanzas públicas y la calidad del gasto serán, en este contexto, variables determinantes para evaluar la sostenibilidad fiscal de Paraguay en el mediano plazo.

Jurado federal halla culpable a Elon Musk de engañar a accionistas de Twitter en la compra de la plataforma por 44.000 millones de dólares

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Un tribunal federal de San Francisco condenó al hombre más rico del mundo por publicar declaraciones falsas que hicieron caer el precio de las acciones, con daños estimados en hasta 2.600 millones de dólares y una apelación ya anunciada.

Veredicto histórico tras tres semanas de juicio

Tras aproximadamente tres semanas de juicio que incluyeron el testimonio presencial de Musk y de altos ejecutivos de Twitter —hoy rebautizada como X—, un jurado federal de ocho miembros concluyó el viernes que el fundador de Tesla y SpaceX violó las normas bursátiles que prohíben declaraciones falsas o engañosas capaces de afectar negativamente el precio de una acción. Después de cerca de tres días de deliberaciones, el panel determinó que dos tuits publicados por Musk en mayo de 2022 contenían afirmaciones falsas que provocaron una caída significativa en el valor de las acciones de Twitter.

El veredicto representa una de las pocas resoluciones adversas para quien suele ser apodado «Elon el Teflón» por su historial de victorias judiciales en litigios de alto riesgo que muchos analistas esperaban que perdiera. En 2023, otro jurado en San Francisco lo absolvió rápidamente de acusaciones similares presentadas por accionistas de Tesla, relacionadas con sus tuits de 2018 sobre la posibilidad de retirar esa empresa de la bolsa. Ese mismo día en que se conoció este nuevo fallo, un tribunal de Texas lo exoneró en un caso por difamación.

Los tuits que detonaron el caso

El caso se centra en un tuit publicado el 13 de mayo de 2022, en el que Musk afirmó que el acuerdo de adquisición de Twitter estaba «temporalmente en suspenso» a la espera de una revisión del porcentaje de cuentas automatizadas —conocidas como «bots»— contabilizadas como usuarios activos de la plataforma. Los demandantes argumentaron que esas publicaciones no fueron imprecisiones involuntarias, sino parte de una estrategia deliberada para presionar al consejo de administración a aceptar un precio de compra inferior al inicialmente acordado, en un contexto en que el valor de las acciones de Tesla caía y Musk necesitaba vender más títulos para financiar la operación.

El propio Musk reconoció durante su testimonio que el tuit central del caso fue un error. «Quizás no sea mi tuit más acertado», declaró ante el jurado. «Pero si provocó este juicio, probablemente lo sea». Sin embargo, insistió en que en ningún momento afirmó que el acuerdo estuviera cancelado, y que sus cuestionamientos sobre los bots respondían a una creencia genuina de que los exejecutivos de Twitter, incluidos el director ejecutivo Parag Agrawal y el director financiero Ned Segal, le habían proporcionado información engañosa tanto a él como al mercado sobre la prevalencia de cuentas falsas en la plataforma.

Impacto en el precio de la acción y pérdidas para inversores

El precio de las acciones de Twitter registró una caída cercana al 17% en pocos días tras las publicaciones de Musk, lo que llevó a numerosos inversores a vender sus títulos a precios muy inferiores al valor al que finalmente se cerró la operación. En el peor momento de la volatilidad, cuando Twitter demandó a Musk en Delaware por incumplimiento del contrato de compra en julio de 2022, las acciones llegaron a cotizar a 32,52 dólares, un 40% por debajo del precio de 54,20 dólares por acción que el empresario había acordado pagar. Algunos inversores vendieron sus acciones con descuentos de más del 30% respecto al precio final de compra, cifra que será considerada en el proceso de determinación de indemnizaciones.

El jurado fijó daños de entre 3 y 8 dólares por acción y por día durante un período de aproximadamente cinco meses, un cálculo que según los abogados de los demandantes equivale a unos 2.100 millones de dólares en acciones y otros 500 millones en opciones. El abogado principal de los inversores, Mark Molumphy, estimó al concluir el juicio que la indemnización total ascenderá a 2.600 millones de dólares.

La demanda colectiva y los argumentos centrales

La demanda fue presentada por el inversor Giuseppe Pampena en representación de quienes vendieron acciones de Twitter entre mediados de mayo y principios de octubre de 2022, período que abarca desde los tuits cuestionados hasta la concreción final de la compra. Los demandantes sostuvieron que las declaraciones de Musk formaron parte de una maniobra para renegociar el precio de adquisición a la baja, aprovechando la incertidumbre que sus propias palabras generaron en el mercado.

En su alegato final, Molumphy afirmó ante el jurado que los mensajes del empresario no fueron errores inocentes ni reflexiones descuidadas, sino acciones intencionadas y diseñadas para transmitir a los inversores que la plataforma estaba plagada de cuentas falsas, con el objetivo de deteriorar su valor percibido. El abogado de Musk, Michael Lifrak del bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, reconoció ante el jurado que una renegociación estaba sobre la mesa una vez surgió el debate sobre los bots, pero argumentó que eso era de conocimiento público y no constituía fraude.

Cabe destacar que el jurado rechazó dos de las cuatro acusaciones de fraude presentadas, lo que indica que no acreditó una maniobra fraudulenta deliberada en su totalidad, aunque sí confirmó la existencia de declaraciones engañosas que afectaron al mercado de valores.

Musk completó la compra bajo presión judicial y luego integró la plataforma con sus otras empresas

Tras publicar los tuits cuestionados, Musk buscó retirarse del acuerdo de adquisición. La respuesta de Twitter fue presentar una demanda en Delaware para obligarlo a cumplir el contrato. El empresario acabó aceptando el precio original de 54,20 dólares por acción en octubre de 2022, según declaró ante el jurado, en parte porque creía que el juez de Delaware que supervisaba el caso estaba parcializado en su contra. Desde entonces, Musk renombró la plataforma como X y la ha integrado con su empresa de inteligencia artificial xAI y con su compañía aeroespacial SpaceX.

Indemnización millonaria que no amenaza el patrimonio del empresario

Aunque la magnitud de los daños potenciales es considerable, el impacto financiero para Musk es relativo. La fortuna del empresario, estimada por Forbes a comienzos de este mes en 839.000 millones de dólares —basada principalmente en sus participaciones en Tesla y SpaceX—, absorbería con holgura incluso la mayor estimación de indemnización manejada en el caso. Ni una condena de 2.600 millones de dólares representaría más de una fracción marginal de su patrimonio neto.

Minutos después de conocerse el veredicto, los abogados del empresario informaron que apelarán el fallo, al que calificaron como un «revés». Musk, habitualmente muy activo en su propia red social, no reaccionó de inmediato al resultado del juicio.

Un precedente sobre el poder de las palabras en los mercados

El veredicto tiene implicaciones que trascienden el caso particular. El abogado especializado en litigios empresariales Monte Mann, quien no participó en el proceso, señaló que la decisión envía un mensaje claro: quien mueve el mercado con sus palabras debe asumir las consecuencias. «La ley siempre ha prohibido las declaraciones engañosas. Lo nuevo es la escala y la velocidad. Cuando una sola persona puede mover miles de millones con un tuit, el impacto se multiplica, y los jurados empiezan a tomárselo en serio», sostuvo.

Por su parte, Molumphy fue contundente al valorar el resultado: «Es una victoria importante, no solo para los inversores de Twitter, sino para los mercados en general. El veredicto envía un mensaje claro: por muy rico o poderoso que sea alguien, debe cumplir la ley». La determinación del monto exacto que deberá pagar Musk a cada accionista demandante se resolverá en una etapa posterior del proceso, cuando los inversores presenten sus reclamaciones individuales ante el tribunal.

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