El sector de la construcción paraguayo atraviesa una situación crítica que expone las tensiones inherentes a la política de ajuste fiscal del gobierno. Mientras el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, celebra la reducción del déficit fiscal del 4,1% al 1,9% del PIB, las empresas constructoras denuncian una deuda acumulada que alcanza los USD 211 millones por obras ejecutadas, más USD 110 millones en intereses pendientes. Esta crisis de liquidez amenaza la supervivencia de numerosas firmas nacionales y pone en evidencia el costo que implica el cumplimiento de las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional.
La dimensión real del endeudamiento del Estado con proveedores
El problema trasciende al sector constructor. Según estimaciones, el Estado paraguayo mantiene compromisos pendientes que rondarían los USD 1.000 millones, equivalentes al 1,9% del PIB. Esta cifra podría escalar hasta los USD 1.300 millones (2,8% del PIB) si se consideran las obligaciones del Instituto de Previsión Social. De la deuda de la Administración Central, aproximadamente USD 600 millones corresponden a las farmacéuticas, sin contabilizar intereses que podrían representar hasta el 20% adicional del pasivo. Los USD 320 millones restantes, según datos gremiales, se distribuyen entre constructoras por certificados de obras ejecutadas e intereses acumulados.
Esta acumulación de pasivos representa una presión financiera que supera el déficit proyectado para 2025, independientemente de su registro contable como gasto devengado en las cuentas públicas. La magnitud del problema refleja las contradicciones de un Estado que busca mantener su imagen internacional de responsabilidad fiscal mientras enfrenta serias dificultades para honrar sus compromisos internos.
El ajuste fiscal y su impacto en la inversión pública
La Ley de Responsabilidad Fiscal establece un límite de déficit del 1,5% del PIB, meta que el gobierno se comprometió a alcanzar en 2026 mediante un acuerdo con el FMI. Este compromiso internacional obligó a prorrogar el plazo original en 2023, cuando la administración entrante reconoció que el déficit heredado no contemplaba deudas con varios sectores. Tras partir de un 4,1% en 2023 y cerrar 2024 en 2,6%, el gobierno proyecta concluir 2025 en 1,9%.
Sin embargo, este proceso de convergencia fiscal tiene un precio tangible. Datos del Banco Central del Paraguay revelan que en el segundo trimestre de 2025 el consumo gubernamental registró una caída del 5,9%, explicada principalmente por la reducción en la adquisición de bienes y servicios. El sector construcción experimentó una desaceleración pronunciada, pasando de un crecimiento del 12,9% en el primer trimestre a apenas 4,5% en el segundo.
Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA), expuso el dilema con claridad: cuando se aproxima el tope fiscal, el ajuste recae inevitablemente sobre la inversión pública. «A medida que se va gastando, al final el fusible es la inversión», advirtió, explicando que los atrasos en los pagos no responden a falta de ejecución de obras, sino a restricciones presupuestarias impuestas por la meta fiscal.
La mecánica de los certificados de obra y el círculo vicioso del endeudamiento
El sistema de pagos en obras públicas funciona mediante certificados mensuales que documentan los avances medidos y aprobados por fiscalizadores externos y por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Sin embargo, el MOPC no está pagando la totalidad de estos certificados en tiempo y forma. Cada mes se acumula un pequeño retraso que, a lo largo del año, se transforma en una deuda significativa.
Las empresas constructoras deben sostener sus operaciones con recursos propios o mediante créditos bancarios mientras esperan el cobro. «Nosotros tenemos que pagar sueldos, aguinaldos, combustible, cemento, proveedores… y muchos no aguantan dos o tres meses sin cobrar. Entonces nos endeudamos para mantener los proyectos activos», detalló Sarubbi. Esta situación genera un efecto cascada: las constructoras se endeudan para mantener los proyectos, acumulan costos financieros por los intereses de esos préstamos, y enfrentan crecientes dificultades para cumplir con sus propios proveedores y trabajadores.
La Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO), liderada por José Luis Heisecke, reporta casos de empresas que han debido vender maquinarias y activos para sobrevivir. La situación es particularmente crítica para las firmas medianas, que carecen de los colchones financieros de las grandes corporaciones.
El conflicto público entre el gobierno y el sector constructor
La tensión escaló tras declaraciones del ministro Fernández Valdovinos, quien minimizó los reclamos del sector. «No sé cuál es la obsesión de que se les pague antes de que cierre el mes de octubre», señaló el funcionario, afirmando además que la deuda reconocida asciende a USD 60 millones, muy por debajo de los USD 150 millones denunciados inicialmente por CAVIALPA o los USD 321 millones (capital e intereses) que reporta CAPACO.
El ministro explicó que no todas las facturas presentadas constituyen automáticamente deuda del Estado. «No puedo considerar deuda con una simple presentación de factura. Tiene todo un proceso de reconocimiento dentro del MOPC, y eso demora su tiempo», argumentó, añadiendo que se han efectuado pagos significativos en los últimos meses, incluyendo 220 mil millones de guaraníes tras reconocer una deuda de 550 mil millones.
La respuesta de CAPACO fue contundente. En un comunicado emitido con «profunda consternación», el gremio calificó las expresiones del ministro como una falta de respeto. «Lo que el ministro califica como ‘obsesión por cobrar antes de que cierre el mes de octubre’ es, en realidad, la desesperación de empresas que no logran cumplir con sus propios trabajadores ni con los bancos, tras meses de espera», señalaron.
El documento reconoce que la acumulación de deudas se inició en el gobierno anterior, pero enfatiza que la situación actual es «consecuencia de la demora sistemática de la actual conducción del MEF en honrar los compromisos». CAPACO cuestionó la contradicción entre el discurso oficial sobre el grado de inversión del país y el trato dispensado a las empresas paraguayas que sostienen las obras públicas y el empleo nacional, advirtiendo que esta conducta «violenta la seguridad jurídica».
La perspectiva internacional y el respaldo regional
La gravedad del conflicto atrajo la atención internacional. La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) emitió desde México un pronunciamiento instando al Estado paraguayo a saldar sus compromisos y garantizar la continuidad de las obras públicas. Este respaldo regional subraya la magnitud del problema y sus potenciales repercusiones más allá de las fronteras nacionales.
El sector constructor señala que algunas empresas mantienen cuentas pendientes desde hace más de un año, generando una asfixia financiera que amenaza con paralización de obras, pérdida de empleos y aumento de costos en los contratos vigentes. Esta situación plantea interrogantes sobre la credibilidad del Estado paraguayo como contratante confiable.
El dilema estructural entre disciplina fiscal y desarrollo económico
El debate trasciende las cifras específicas y expone un dilema fundamental de política económica. El gobierno de Santiago Peña ha priorizado el cumplimiento de los compromisos con el FMI y la preservación de indicadores macroeconómicos favorables. La reducción del déficit fiscal envía señales positivas a los mercados internacionales y fundamenta el grado de inversión que Paraguay ostenta.
Sin embargo, esta estrategia enfrenta una contradicción evidente. Como advirtió Sarubbi: «Si el ajuste se hace a costa de frenar la inversión, el crecimiento futuro que se busca también se va a resentir. No se puede cuidar la macroeconomía matando al motor que la impulsa». La infraestructura constituye un pilar del desarrollo económico a largo plazo, y su postergación sistemática podría comprometer el potencial de crecimiento que precisamente el ajuste fiscal pretende preservar.
El presidente de CAVIALPA propone una solución que desplaza el foco desde la inversión hacia el gasto corriente: «Hay que gastar menos en burocracia y más en inversión, porque la infraestructura es la base del desarrollo del país». Esta perspectiva sugiere que el ajuste debería concentrarse en mejorar la calidad del gasto público, reduciendo gastos administrativos improductivos en lugar de comprometer la inversión en obras que generan empleo y capacidad productiva futura.
Las implicaciones para la economía real y el empleo
El impacto de esta situación se extiende más allá del sector constructor. Las empresas constructoras emplean directamente a miles de trabajadores y generan demanda para múltiples sectores proveedores: cemento, acero, combustibles, servicios de ingeniería, transporte y logística. El efecto multiplicador de la inversión en infraestructura es significativo, y su contracción repercute en toda la economía.
La crisis de liquidez en el sector constructor también afecta al sistema financiero. Las empresas que deben endeudarse para sostener operaciones mientras esperan los pagos estatales incrementan su exposición al riesgo crediticio. Si el deterioro persiste, podrían registrarse defaults que afectarían la salud de los bancos que financian al sector.
Además, el incumplimiento de los compromisos estatales genera incertidumbre sobre la ejecución presupuestaria futura. Si las empresas no pueden confiar en que el Estado honrará los contratos firmados, podrían incrementar los precios de sus ofertas para compensar el riesgo de cobranza, encareciendo las obras públicas futuras o directamente retirándose de las licitaciones.
La seguridad jurídica como activo estratégico
CAPACO insiste en que el cumplimiento de los contratos firmados es «condición indispensable para presentarse ante el mundo como un país serio». Esta observación toca un punto neurálgico: la seguridad jurídica no es solo un concepto abstracto, sino un activo económico concreto que influye en las decisiones de inversión.
Un Estado que incumple sistemáticamente sus obligaciones contractuales envía señales contradictorias. Por un lado, procura proyectar imagen de responsabilidad fiscal ante los organismos internacionales y los mercados financieros. Por otro, erosiona la confianza de los agentes económicos locales que interactúan directamente con la administración pública. Esta contradicción eventualmente se resuelve en contra del objetivo inicial, pues la pérdida de credibilidad interna termina afectando también la percepción externa.
El sector constructor enfatiza que no se trata simplemente de un problema de flujo de caja o de programación financiera, sino de respeto a los acuerdos establecidos. Las empresas planifican sus operaciones, contratan personal y asumen compromisos financieros sobre la base de los contratos firmados con el Estado. Cuando estos contratos no se honran, se quiebra la previsibilidad necesaria para cualquier actividad económica sostenible.
Panorama y desafíos pendientes
El Ministerio de Economía prometió nuevos desembolsos en los próximos días, lo que podría aliviar parcialmente la presión inmediata. Sin embargo, mientras persista el esquema actual, donde el ajuste recae sistemáticamente sobre la inversión pública cuando se aproxima el límite fiscal, el problema tenderá a repetirse.
La solución estructural requiere reformas más profundas. La propuesta del sector constructor apunta a revisar la composición del gasto público, incrementando la eficiencia del gasto corriente para liberar recursos hacia la inversión productiva. Esto implicaría reducciones en áreas como la burocracia administrativa, racionalización de entidades públicas redundantes y optimización de procesos que actualmente generan costos sin agregar valor sustantivo.
También se plantea la necesidad de mecanismos que garanticen la continuidad de los pagos por obras ejecutadas, independizándolos de las fluctuaciones trimestrales en la ejecución presupuestaria. Esto podría incluir fondos específicos para obras públicas, sistemas de priorización automatizada de pagos por certificados de obra, o mecanismos de garantía que aseguren liquidez a las empresas mientras se procesan los desembolsos estatales.
La controversia expone además la complejidad de las políticas de consolidación fiscal en contextos de infraestructura insuficiente. Paraguay enfrenta déficits importantes en caminos, puentes, sistemas de agua y saneamiento, infraestructura educativa y hospitalaria. Postergar sistemáticamente estas inversiones genera costos económicos y sociales que eventualmente superan los beneficios contables del ajuste fiscal a corto plazo.
El desafío para el gobierno consiste en encontrar un equilibrio que preserve la disciplina fiscal sin sacrificar las inversiones estratégicas que sustentan el crecimiento futuro. Para el sector constructor, la prioridad inmediata es recuperar la liquidez necesaria para mantener las operaciones y el empleo, mientras se construyen mecanismos más predecibles de relacionamiento con el Estado. La resolución de este conflicto determinará no solo la salud de un sector específico, sino la credibilidad del Estado paraguayo como socio confiable para el desarrollo económico nacional.
