Depósitos públicos en el BCP caen 16% interanual en febrero, el SPI duplica su límite a G. 10 millones y las cooperativas Tipo A superan los US$ 8.000 millones en activos

marzo 16, 2026

Caída interanual del 16% en los depósitos del sector público no financiero en el BCP

Los depósitos del sector público no financiero en el Banco Central del Paraguay (BCP) cerraron febrero de 2026 en G. 9,489 billones, lo que representó una contracción de 16,0% respecto al mismo mes del año anterior, cuando el saldo ascendía a G. 11,303 billones. La reducción no fue uniforme entre las distintas categorías institucionales, sino que respondió principalmente al comportamiento de una de ellas, lo que obliga a un análisis desagregado para comprender la dinámica real del período.

La Administración Central, que agrupa los depósitos del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y otros organismos del Estado, concentra la mayor parte de los recursos y registró en febrero de 2026 un saldo de G. 8,545 billones. Lejos de contraerse, esta categoría mostró un incremento de 3,7% frente a los G. 8,242 billones de febrero de 2025, lo que indica que el núcleo institucional del Estado mantuvo una posición de liquidez estable en el período analizado.

Depósitos en moneda extranjera suben 9,3% mientras los de moneda nacional retroceden 2,2%

Al desagregar los depósitos de la Administración Central por tipo de moneda, emerge una dinámica que merece atención. Los recursos en moneda nacional alcanzaron G. 3,925 billones en febrero de 2026, con una leve caída de 2,2% respecto a los G. 4,015 billones registrados en igual mes del año previo. En cambio, los depósitos denominados en moneda extranjera avanzaron con mayor vigor: totalizaron G. 4,620 billones, lo que implicó un crecimiento de 9,3% frente a los G. 4,227 billones de febrero de 2025.

Este contraste entre monedas refleja una tendencia sostenida hacia una mayor ponderación de los recursos en dólares dentro de la estructura de depósitos del sector público, lo que puede estar asociado tanto a la composición de los ingresos fiscales como a decisiones de gestión de caja que priorizan la cobertura cambiaria.

El desplome del Fondo de Seguridad Social explica la contracción del saldo total

El factor determinante en la caída del total de depósitos fue el comportamiento del Fondo de Seguridad Social, que incluye principalmente los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras entidades del sistema. En febrero de 2026, estos depósitos se ubicaron en G. 943.663 millones, frente a G. 3,060 billones registrados en el mismo mes de 2025, lo que equivale a una reducción de 69,2% en términos interanuales.

Esta contracción de aproximadamente G. 2,116 billones en un solo componente explica, en gran medida, la variación negativa del saldo global del sector público no financiero. Sin esa caída, el panorama agregado habría mostrado una tendencia diferente. Las Empresas Públicas —que incluyen entidades como ANDE, Essap, Copaco e INC— mantuvieron sus depósitos prácticamente sin variaciones, con un saldo de G. 534 millones, mientras que las Entidades Descentralizadas permanecieron en 21 unidades, sin cambios respecto al período anterior.

Evolución mensual: de G. 15,844 billones en marzo de 2025 a G. 9,489 billones en febrero de 2026

La serie mensual de 2025 muestra fluctuaciones relevantes. En marzo de ese año los depósitos del sector público no financiero llegaron a G. 15,844 billones, uno de los niveles más elevados del período. Desde entonces, los saldos fueron moderándose progresivamente hasta cerrar diciembre de 2025 en G. 7,478 billones. En enero de 2026 se produjo una recuperación hasta G. 10,989 billones, pero en febrero los depósitos volvieron a retroceder, situándose en G. 9,489 billones.

Esta dinámica es coherente con los patrones de ejecución presupuestaria, el calendario de pagos del sector público y la administración de los recursos provenientes de ingresos fiscales, transferencias y otras fuentes de financiamiento. El BCP seguirá publicando la evolución de estos indicadores en las próximas ediciones, con foco en el comportamiento del Fondo de Seguridad Social.

El BCP duplica el límite del SPI a G. 10 millones por operación para responder al crecimiento exponencial del sistema

En paralelo con la publicación de los datos sobre depósitos, el Banco Central del Paraguay tomó otra decisión de relevancia para el sistema financiero. A través de la Resolución N° 2, Acta N° 12, del 12 de marzo de 2026, el Directorio del BCP aprobó una actualización del Reglamento General del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP), que eleva el límite máximo de las transferencias realizadas a través del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) de G. 5 millones a G. 10 millones por operación.

La medida incorpora además disposiciones relacionadas con nuevos módulos y funcionalidades del sistema, entre ellos el CDA-d, el QR Hub y tecnologías de pago por aproximación NFC. Según el BCP, el ajuste responde a la alta demanda de los usuarios y al crecimiento sostenido del sistema, que en los últimos años ha desplazado de manera significativa el uso de cheques y efectivo como medios de pago.

Las transferencias del Sipap acumularon G. 786 billones en 2025, equivalentes al 2,1% del PIB proyectado

Las cifras respaldan la escala que ha alcanzado el sistema. En diciembre de 2025, el Sipap registró 47,1 millones de transferencias por un valor de G. 84,4 billones, equivalentes a aproximadamente USD 12.800 millones. Esas operaciones crecieron 24,3% en términos interanuales y duplicaron su valor respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado de 2025, las transferencias totalizaron G. 786 billones, equivalentes a unos USD 120.000 millones, y representaron el 2,1% del producto interno bruto proyectado para ese año, con un incremento interanual de 27,2%. Estas cifras posicionan a Paraguay como un referente regional en materia de pagos digitales instantáneos.

Las entidades participantes del SPI deberán adecuar sus canales electrónicos al nuevo tope máximo desde la entrada en vigencia de la norma. Las transferencias entre personas físicas continuarán siendo gratuitas, una de las características que ha impulsado la adopción masiva del sistema entre la población.

Las cooperativas Tipo A de Paraguay superan los US$ 8.000 millones en activos al cierre de 2025

El sector cooperativo paraguayo consolidó su posición como actor relevante de la economía nacional. Según datos del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), el total de activos de las cooperativas de Ahorro y Crédito y de Producción Tipo A alcanzó aproximadamente US$ 8.000 millones al cierre de 2025. Las primeras concentraron unos US$ 4.199 millones, mientras que las de Producción sumaron alrededor de US$ 3.772 millones.

En el segmento de Ahorro y Crédito, cinco entidades administran el 49,7% de los activos del sector. El liderazgo corresponde a Coomecipar Ltda., con US$ 701 millones, seguida por Universitaria Ltda., con US$ 675 millones. Completan el grupo de las cinco principales Cooperativa 8 de Marzo Ltda., con US$ 250 millones; Credit Unión Ltda., con US$ 235 millones; y Loma Plata Ltda., con US$ 225 millones.

Chortitzer, Colonias Unidas y Fernheim lideran el ranking productivo y reflejan el peso del cooperativismo chaqueño

En el sector de Producción, la concentración es aún más marcada: las cinco principales cooperativas reúnen el 62,1% de los activos del segmento. Chortitzer Ltda. encabeza el ranking con US$ 718 millones, seguida por Colonias Unidas Ltda., con US$ 615 millones, y Fernheim Ltda., con US$ 550 millones. Neuland Ltda. ocupa el cuarto lugar con US$ 246 millones, y Santa María Ltda. cierra el grupo con US$ 211 millones.

La presencia destacada de cooperativas del Chaco paraguayo en este ranking refleja el dinamismo del cooperativismo productivo en esa región, que ha logrado construir estructuras empresariales de escala significativa vinculadas a actividades agropecuarias, industriales y de servicios. Este desempeño da cuenta de un modelo de desarrollo regional con base asociativa que ha generado capacidad de gestión y acumulación de activos a lo largo de décadas.

La concentración de recursos en un grupo reducido de entidades, tanto en el ámbito financiero como en el productivo, expresa el proceso de consolidación que ha atravesado el sector. Al mismo tiempo, el panorama abre la oportunidad de avanzar en el fortalecimiento de las demás cooperativas del sistema, promoviendo mayor integración, eficiencia en la gestión y un crecimiento más equilibrado dentro del movimiento cooperativo paraguayo.

El BID proyecta movilizar 500.000 millones de dólares en América Latina durante la próxima década tras completar la capitalización de BID Invest

marzo 13, 2026

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo llegó a sus reuniones anuales celebradas en Asunción, Paraguay, entre el 11 y el 14 de marzo, respaldado por resultados históricos. En 2025, la institución alcanzó desembolsos por 35.000 millones de dólares, cifra que supera en más del 50% lo ejecutado en 2022 y que establece un nuevo máximo en la historia del organismo. Este punto de partida no es menor: el BID lo presenta como la base sobre la cual se sostiene una ambición financiera sin precedentes para la región.

El presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, confirmó durante las sesiones que la institución proyecta movilizar 500.000 millones de dólares en América Latina y el Caribe en los próximos diez años, más del doble de lo financiado en la década anterior. El anuncio no fue acompañado únicamente de cifras: Goldfajn insistió en que el volumen de recursos carece de sentido sin impacto verificable, y que los efectos que el organismo busca producir de aquí a 2035 incluyen fortalecer el crecimiento económico, crear empleo, reducir la pobreza, ampliar mercados y promover la integración regional.

La capitalización de BID Invest, pieza central del nuevo marco

El mecanismo que hace posible esa proyección tiene un nombre concreto: la conclusión exitosa del proceso de capitalización de BID Invest, el brazo del grupo orientado al sector privado. El proceso fue anunciado en 2023 durante las reuniones celebradas en República Dominicana, aprobado por la Asamblea de Gobernadores en 2024 en Punta Cana, y concluido formalmente durante la presente asamblea en Asunción. La ampliación de capital ascendió a 3.500 millones de dólares y contó con el respaldo de accionistas regionales y no regionales.

Las consecuencias operativas son directas. Con este capital adicional, BID Invest estima elevar su capacidad de financiamiento y movilización desde los aproximadamente 13.000 millones de dólares actuales hasta cerca de 22.000 millones anuales durante la próxima década. El mecanismo que permite esa expansión es el modelo denominado «originar para compartir»: la institución genera proyectos, distribuye el riesgo con inversionistas privados y amplía así el volumen total de capital disponible para sectores estratégicos. James Scriven, gerente de BID Invest, sintetizó el momento con una metáfora precisa: «Hemos estado entrenando para la maratón, pero la maratón empieza ahora. Estamos probablemente en los primeros cinco o diez kilómetros.»

BIDImpact+: de la visión a la implementación

La capitalización de BID Invest no opera en aislamiento, sino como una de las tres patas de BIDImpact+, el marco estratégico aprobado en 2024. Las otras dos son una nueva estrategia institucional orientada a maximizar impactos medibles y la reposición de recursos de BIDLab, el laboratorio de innovación del grupo. Goldfajn fue explícito sobre la fase en la que se encuentra el organismo: «La estrategia está diseñada. Tenemos que pasar de la visión a la implementación.»

Para concretar esa transición, el nuevo marco de financiamiento del BID se apoya en cinco ejes operativos. El primero implica un diseño más sólido de reformas con medidas de calidad verificables. El segundo establece un seguimiento más claro de los resultados durante la implementación, con acompañamiento en tiempo real. El tercero introduce nuevas modalidades de financiamiento, incluidos instrumentos para la gestión del riesgo de desastres naturales. El cuarto basa el dimensionamiento de las operaciones en el impacto esperado, no únicamente en criterios de volumen. El quinto refuerza las evaluaciones macroeconómicas en coordinación con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.

El sector privado como motor del desarrollo regional

Una de las premisas más reiteradas por Goldfajn a lo largo de las reuniones fue que el sector público de América Latina y el Caribe no dispone de los recursos necesarios para cerrar las brechas estructurales que frenan el desarrollo de la región. Desde esa lectura, la apuesta estratégica del BID pasa por consolidar al sector privado como protagonista central del modelo de crecimiento, reservando para las instituciones públicas el papel de generar las «condiciones habilitantes» que permiten al empresariado sumar escala, innovación y empleo.

En esa dirección, las plenarias avanzarán en LAC Crece —Latinoamérica Crece—, una iniciativa destinada a superar las restricciones que limitan el crecimiento en la región, desde barreras logísticas y regulatorias hasta debilidades institucionales. El programa contempla medidas de inversión en el sector privado e incluye discusiones sobre cadenas de suministro y sobre el mercado de minerales críticos, para el cual se destina un fondo de 770.000 millones de dólares proyectado al horizonte de 2040.

Minerales críticos: del extractivismo al valor agregado

América Latina y el Caribe concentra una participación significativa en la oferta global de minerales críticos, en un mercado que podría alcanzar los 770.000 millones de dólares hacia 2040. Sin embargo, Goldfajn fue categórico en señalar que el objetivo del BID no es financiar únicamente la extracción: «La meta no es solo extraer. Es procesar, manufacturar y generar empleo.» Con esa orientación, el organismo lanzará durante estas reuniones anuales la iniciativa LAC Minerals, diseñada para que la región deje de limitarse al primer eslabón de la cadena y avance hacia el procesamiento, la manufactura y la refinación de materias primas estratégicas.

La lógica detrás de esta apuesta combina dos intereses convergentes: la región busca generar más valor dentro de sus propias fronteras, mientras que el mundo demanda cadenas de suministro seguras con creación de valor distribuida. El BID se posiciona, en ese esquema, como el puente entre el sector privado y el público para viabilizar proyectos de impacto en crecimiento y empleo.

Integración regional e impacto social acumulado

El tercer eje de las plenarias será el impulso a la integración regional. Goldfajn apuntó a una mayor cohesión comercial, productiva, regulatoria y de infraestructura como condición para que América Latina gane escala, reduzca costos y aumente su atractivo para la inversión. «Vamos a apoyar a quienes estén listos para avanzar», afirmó el presidente del grupo, dejando abierta la puerta a esquemas de integración diferenciada entre países con distinta disposición y capacidad institucional.

Los resultados sociales acumulados que el BID presenta como evidencia de su modelo no son menores. Con los desembolsos ejecutados hasta la fecha, 2,6 millones de personas obtuvieron acceso a banda ancha; 34 millones accedieron a servicios de salud y nutrición de calidad; 3,3 millones de micro, pequeñas y medianas empresas recibieron apoyo para fortalecer sus operaciones; y cerca de un millón de agricultores mejoraron sus servicios agropecuarios. Estas cifras constituyen el argumento empírico central con el que el organismo defiende la pertinencia de escalar su presencia financiera en la región durante la próxima década.

EE.UU. levanta temporalmente las sanciones al petróleo ruso para contener la crisis energética desatada por la guerra con Irán

marzo 13, 2026

La administración de Donald Trump autorizó esta semana la compra global de petróleo ruso en tránsito marítimo durante 30 días, en un intento por aliviar la escalada de precios del crudo detonada por el conflicto armado contra Irán. La licencia, emitida por el Departamento del Tesoro y válida desde el 12 de marzo hasta la medianoche del 11 de abril, habilita la entrega y venta a nivel mundial de crudo ruso y sus derivados cargados en buques, eludiendo las sanciones impuestas a Moscú tras la invasión de Ucrania en 2022. El mercado, sin embargo, no dio señales de calmarse: el barril de Brent siguió cotizando por encima de los 100 dólares y las bolsas europeas registraron nuevas caídas.

Una medida que los mercados rechazan como insuficiente

La decisión del secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue anunciada en su cuenta de X con el argumento de que, en un contexto de interrupción severa del suministro, cientos de millones de barriles de petróleo podrían reincorporarse al mercado global si se eliminan temporalmente las restricciones a Rusia. Bessent calificó la medida de «limitada» y «a corto plazo», asegurando que no representaría un beneficio financiero significativo para el Kremlin.

Los mercados no compartieron ese optimismo. Emril Jamil, analista senior de LSEG, señaló a Reuters que los futuros del Brent mantienen niveles superiores a los 100 dólares pese a las exenciones y a la liberación sin precedentes de reservas de emergencia. El analista subrayó que el mercado interpreta la medida como una solución coyuntural que no resuelve el problema de fondo: el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, punto neurálgico por el que transitaba antes de la guerra el equivalente a la quinta parte del petróleo y gas mundial. Los diferenciales intermensuales del crudo para los próximos meses reflejan, según Jamil, una escasez de suministro persistente y sin resolver.

Los mercados europeos abrieron este viernes con descensos superiores al punto porcentual. El IBEX 35 perdió la cota de los 17.000 puntos al arrancar la sesión con caídas cercanas al 1,3%.

El estrecho de Ormuz, el nudo que no se desata

El verdadero problema que ninguna medida financiera puede solucionar por sí sola es la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, desde que el conflicto bélico iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero desencadenó represalias iraníes sobre objetivos en el Golfo Pérsico y Oriente Medio. Hasta media docena de cargueros han sido atacados en la zona.

Bessent se limitó a asegurar que EE.UU. protegerá los buques en Ormuz «tan pronto como sea militarmente posible», una formulación que los mercados interpretaron como una señal de que no habrá operación militar de escolta antes del 11 de abril, fecha de vencimiento de la propia licencia petrolera. Esa coincidencia de plazos no parece casual y revela, en la práctica, que Washington asume que el estrecho permanecerá cerrado o con un flujo mínimo durante todo el mes de marzo.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE), integrada por 32 naciones, declaró que la guerra en Oriente Medio está provocando la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia. El miércoles anterior, Washington ya había anunciado la liberación de 172 millones de barriles de su reserva estratégica, dentro del compromiso colectivo de la AIE de poner a disposición del mercado 400 millones de barriles en total. El barril de Texas llegó a rozar los 96 dólares, mientras el Brent mantiene la barrera psicológica de los 100.

Segundo balón de oxígeno para Moscú en una semana

La exención global representa el segundo alivio económico concedido a Rusia en pocos días. La semana anterior, el Departamento del Tesoro ya había autorizado a la India, uno de los principales clientes del crudo ruso junto a China, a comprar el petróleo varado en el mar durante 30 días. La nueva licencia extiende esa facultad a todos los países del mundo.

El Kremlin aplaudió con rapidez. El portavoz Dmitri Peskov sostuvo que la medida «de algún modo contribuirá a estabilizar el mercado», argumentando que sin volúmenes considerables de crudo ruso la estabilización resulta imposible. El enviado del Kremlin para asuntos económicos, Kiril Dmítriev, fue más directo aún al escribir en la red social rusa Max que «Estados Unidos prácticamente reconoce lo obvio: sin petróleo ruso el mercado energético mundial no puede mantenerse estable».

La relevancia estratégica de esta apertura va más allá de los barriles en juego. Desde las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022, Rusia había orientado casi en exclusiva sus exportaciones de crudo hacia China, India y, en menor medida, Turquía. La exención le abre nuevamente el mercado global, amplía su base de clientes y, sobre todo, constituye un reconocimiento político implícito de su papel como actor energético indispensable, en un momento en que Putin mantiene conversaciones con Washington sobre el conflicto ucraniano.

Aunque los ingresos por hidrocarburos representan actualmente alrededor de un tercio del presupuesto federal ruso —frente al 50% de la década de 2010—, el petróleo sigue siendo la columna vertebral exportadora del país, con más de un tercio de los ingresos totales por ventas al exterior. Al mismo tiempo, el gasto militar y de seguridad absorbe más de un tercio del presupuesto estatal, cifra que alcanza el 40% si se incluyen todos los costos de seguridad. En ese contexto, cualquier incremento en los ingresos energéticos tiene una traslación directa a la capacidad bélica del régimen.

La paradoja Trump: la guerra que sube los precios que el propio Trump capitaliza

El propio Trump ofreció el jueves una lectura reveladora de la crisis energética. En su red Truth Social, el mandatario escribió que la subida del petróleo traerá «mucho dinero» a su país, en referencia a la producción nacional de crudo, y reiteró que su prioridad es destruir el programa nuclear iraní. «Estados Unidos es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que, cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero», sostuvo.

La afirmación no es trivial. Los precios altos del petróleo benefician directamente a los productores estadounidenses de extracción no convencional —fractura hidráulica y arenas bituminosas—, cuya rentabilidad aumenta considerablemente con el crudo por encima de los 80 dólares. En este escenario, EE.UU. libra una guerra que provoca una crisis energética global, de la que a su vez obtiene réditos económicos como productor, mientras intenta contener los daños para sus consumidores internos con medidas que, simultáneamente, benefician a Rusia.

Esta dinámica subyace también en las consideraciones electorales de la Casa Blanca. El aumento de los precios energéticos amenaza con deteriorar la situación económica de los hogares estadounidenses de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que el partido republicano busca mantener el control del Congreso en un contexto de creciente oposición pública a la guerra.

Europa dividida: Alemania rechaza la medida mientras Hungría exige replicarla

La decisión de Washington abrió una nueva fractura dentro de la Unión Europea. El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó el relajamiento de las sanciones de «error» y cuestionó públicamente las motivaciones reales de Trump. En el marco del G7, afirmó, seis de los siete miembros habían mantenido una posición unificada. «Tenemos un problema de precios, no de cantidades», argumentó Merz, descartando que la escasez de oferta rusa sea la causa del encarecimiento del crudo. El canciller reiteró además el apoyo alemán a Ucrania, señalando que este no será desviado por el conflicto iraní.

En sentido opuesto se pronunció el Gobierno húngaro de Viktor Orbán. Su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, publicó un vídeo en Facebook en el que exigió a la UE replicar de inmediato la medida estadounidense. «Cuando Zelenski silba, Europa baila», afirmó el ministro, añadiendo que si el petróleo ruso pudiera reintegrarse al mercado europeo los precios se reducirían significativamente. Hungría, país muy dependiente del crudo ruso y principal aliado de Moscú dentro del bloque, ve en la decisión de Trump un argumento político de primer orden.

La confluencia no es casual. Orbán se encuentra inmerso en plena campaña electoral en Hungría y ha centrado parte de su discurso en culpar a Ucrania de obstruir el tránsito de petróleo ruso hacia Europa central. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, otro de los referentes euroescépticos próximos a Moscú, también podría capitalizar la medida en su propio frente interno.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se sumó en cambio a las voces críticas, subrayando que «Europa debe tomar decisiones estratégicas para independizarse de la energía rusa».

Las sanciones energéticas a Rusia, en entredicho

La decisión de Trump llega en un momento en que el edificio de las sanciones europeas a Rusia muestra fisuras crecientes. Desde la invasión de 2022, la UE y sus socios han prohibido exportaciones a Rusia por valor de 48.000 millones de euros e importaciones por 91.200 millones. El pasado febrero se presentó el vigésimo paquete de sanciones comunitario, centrado en los sectores bancario y energético, pero Hungría lo bloqueó.

Pese a ese marco restrictivo, los países de la UE han seguido pagando a Rusia aproximadamente 220.000 millones de euros por carbón, petróleo y gas desde el inicio de la invasión, lo que representa cerca del 20% de los ingresos energéticos totales de Rusia en ese período. Las importaciones de gas ruso al bloque comunitario no quedarán vetadas hasta el próximo año.

La escalada de precios derivada del conflicto iraní, paradójicamente, también ha favorecido a Moscú: a pesar de exportar menos energía que en 2022, Rusia ha logrado mantener ingresos comparables o superiores gracias a los mayores precios mundiales del crudo, en parte causados por la propia inestabilidad geopolítica que EE.UU. ha contribuido a generar. Mientras la diplomacia busca salidas y los mercados aguardan señales concretas sobre Ormuz, la crisis energética sigue siendo, en esencia, una consecuencia directa de decisiones políticas y militares cuyas ramificaciones económicas el mundo apenas comienza a absorber.

BID, BEI y la UE financian con USD 168 millones la expansión de la red eléctrica de transmisión de la ANDE y modernización de sus sistemas

marzo 13, 2026

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) formalizó esta semana contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), además de recibir una donación no reembolsable de la Unión Europea (UE), en el marco de las reuniones anuales de las Asambleas de Gobernadores del Grupo BID 2026, celebradas en Asunción. El paquete total de financiamiento asciende a USD 168 millones y está destinado a ejecutar el «Programa de Expansión del Sistema de Transmisión de Alta Tensión y Fortalecimiento Institucional – Fase III».

Estructura del financiamiento y respaldo normativo

El contrato distribuye los recursos de la siguiente manera: USD 70 millones aportados por el BID, otros USD 70 millones por parte del BEI a través de EIB Global, y una donación de EUR 10 millones canalizada por la UE mediante el Instrumento para Inversiones en América Latina y el Caribe (LACIF). A estos fondos se suma una contrapartida propia de la ANDE de USD 16.473.000. La totalidad de estos acuerdos fue aprobada mediante el Decreto N.º 5579/26, del 3 de marzo de 2026.

La firma fue suscrita por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos; el presidente de la ANDE, Félix Sosa; el presidente del BID, Ilan Goldfajn; y la directora del BEI, Joana Sarmento, con presencia de la embajadora de la UE en Paraguay, Katja Afheldt. Bajo el esquema de cooperación acordado, el BID actuará como financiador principal y administrador de los procedimientos operativos del proyecto, simplificando los procesos administrativos para la ANDE, que es la entidad promotora y prestataria. El Estado paraguayo opera como garante de la transacción.

La iniciativa se enmarca en la Agenda de Inversiones Global Gateway de la Unión Europea y se alinea con la estrategia energética de largo plazo del gobierno paraguayo.

La subestación Emboscada como eje de la inversión

La obra de mayor envergadura contemplada en el programa es la construcción de la subestación Emboscada 500/220 kV y sus líneas de transmisión asociadas. Esta infraestructura conectará los sistemas metropolitano y central, que en conjunto concentran más de dos tercios del consumo eléctrico nacional.

El proyecto también incluye nuevas interconexiones de líneas de transmisión y la implementación de un sistema integrado de gestión comercial orientado a optimizar la operación interna de la ANDE y mejorar los servicios al usuario. De acuerdo con las estimaciones técnicas, para el año 2030 las mejoras derivadas de estas obras beneficiarán a un total de 2.670.796 habitantes, equivalentes a aproximadamente 764.000 familias. La embajadora Afheldt destacó que la inversión permitirá que más del 40% de la población acceda de forma más confiable al servicio eléctrico, incluso en zonas remotas del país.

Reducción de apagones, industrialización y energías renovables

Los objetivos operativos del programa apuntan a aumentar la capacidad y confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), reducir el riesgo de cortes de suministro para hogares y empresas, y mejorar la eficiencia general de la red de transmisión en Asunción y sus áreas circundantes.

En términos de desarrollo productivo, el refuerzo de la infraestructura eléctrica busca acompañar el crecimiento del consumo y fortalecer los procesos de industrialización en marcha en el país. El programa también sienta las bases técnicas para integrar de manera más efectiva futuros proyectos de energía renovable al sistema nacional.

Adicionalmente, los recursos financiarán la digitalización de la gestión del servicio, la capacitación del personal y la incorporación de programas sociales dentro de la operación institucional de la ANDE, con énfasis en el fortalecimiento de los estándares medioambientales y sociales de la entidad.

Agenda del BID en Asunción: integración regional y acuerdo UE-Mercosur

La firma del contrato se produjo en el contexto más amplio de las reuniones anuales del Grupo BID, que se extienden hasta el sábado 14 de marzo en Paraguay. La jornada de hoy incluye la sesión plenaria de los gobernadores del organismo, representados por ministros y autoridades económicas de los 48 países miembros, la cual será de carácter cerrado.

Por la mañana se desarrolló la conferencia de alto nivel «Desbloqueando la inversión y el crecimiento en el marco del acuerdo UE-Mercosur», con la participación del presidente de la República, Santiago Peña; el ministro Fernández Valdovinos; y el titular del BID, Ilan Goldfajn. El espacio apuntó a examinar cómo una coordinación más estrecha entre gobiernos y sector privado puede traducir el acuerdo UE-Mercosur en resultados concretos de inversión y crecimiento. Posteriormente se realizó el Foro Empresarial «Aprovechar las oportunidades, estimular el crecimiento», orientado a líderes empresariales e inversionistas de la región.

El ministro Fernández Valdovinos señaló que el desafío central de esta asamblea es impulsar al sector privado para generar negocios y crear más oportunidades laborales en América Latina.

La integración digital, deuda pendiente de la Hidrovía

En paralelo a los actos de firma, el panel «Reimaginar la integración regional» puso sobre la mesa los desafíos logísticos que enfrentan países sin salida al mar como Paraguay. Raúl Valdez, titular de la Cámara Paraguaya de Procesadoras de Oleaginosas (Cappro), señaló que la competitividad y el acceso son los ejes del debate para una economía que depende de sus vecinos para llegar a puertos de trasbordo.

Valdez destacó que la Hidrovía Paraguay-Paraná, con sus más de 3.400 kilómetros y su articulación entre cinco naciones, moviliza el 80% del comercio exterior paraguayo. Si bien el marco regulatorio derivado del Tratado de Santa Cruz de la Sierra ha permitido que Paraguay lidere la región en flota de barcazas, advirtió que la carga burocrática sigue siendo un lastre: la integración digital para estandarizar los controles entre los cinco países del sistema fue identificada como la asignatura pendiente más urgente. Como respuesta, se impulsa un trabajo conjunto entre el sector público, el privado y el BID para modernizar la industria fluvial y crear una Marina Mercante con régimen de regulación moderno.

La estrategia iraní sobre Ormuz lleva el petróleo a 100 dólares y fuerza la mayor liberación de reservas en la historia de la AIE

marzo 12, 2026

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, que supera ya las tres semanas desde su inicio el 28 de febrero, ha desencadenado lo que la propia Agencia Internacional de la Energía (AIE) califica como «la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial». El bloqueo del estrecho de Ormuz como instrumento de presión económica, el regreso del barril a los 100 dólares, la respuesta histórica de la AIE con la liberación de 400 millones de barriles de reservas, los ataques continuos contra buques comerciales y la reconfiguración forzada de las rutas de exportación regional componen un cuadro de crisis energética global sin precedentes.

Irán gira su estrategia: del ataque militar al bloqueo económico

En un cambio de enfoque que los analistas interpretan como una decisión deliberada de elevar el costo económico de la guerra para Estados Unidos y sus aliados, el régimen iraní anunció que abandonaba su política de ataques militares recíprocos para concentrar su acción en el bloqueo del estrecho de Ormuz. «La política de Teherán ahora será ataque tras ataque», declaró el portavoz Ebrahim Zolfaqari del cuartel general del comando militar Khatam al Anbiya.

La Guardia Revolucionaria advirtió el miércoles que atacaría «centros económicos y bancos» vinculados a intereses estadounidenses e israelíes. El cuartel general del Ejército iraní afirmó tener «rienda suelta para atacar centros económicos y bancos pertenecientes a Estados Unidos y al régimen sionista», en respuesta a lo que Teherán describió como un ataque contra un banco iraní. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, confirmó que «una sucursal del banco más antiguo de mi país fue bombardeada cuando estaba llena de empleados» y advirtió que «las poderosas Fuerzas Armadas tomarán represalias por este crimen».

El asesor del comandante en jefe de los Guardias Revolucionarios, Ali Fadavi, fue más explícito sobre las consecuencias económicas buscadas: «Estados Unidos e Israel deben considerar la posibilidad de que se enzarcen en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial». La advertencia más contundente, sin embargo, llegó del propio portavoz militar iraní: «Prepárense para que el barril de petróleo alcance los 200 dólares, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional que han desestabilizado». Aseguró además que Irán no permitirá que «ni un solo litro de petróleo» pase por el estrecho de Ormuz con destino a Estados Unidos, Israel o sus socios, y que «cualquier buque o petrolero con destino a ellos será un objetivo legítimo».

El estrecho de Ormuz, bloqueado y convertido en zona de guerra

El estrecho de Ormuz, por el que transitaba hasta hace pocas semanas alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y el equivalente a 20 millones de barriles diarios de crudo y productos, permanece bloqueado para casi todos los petroleros. Los flujos a través de esta arteria estratégica se han reducido en más del 90%, según estimaciones de la AIE, que cifra en 8 millones de barriles diarios la reducción del suministro mundial de petróleo solo durante el mes en curso, lo que equivale a casi 250 millones de barriles en total.

En las últimas horas, tres buques fueron alcanzados por proyectiles en la zona. Dos sufrieron daños y un tercero, el carguero de bandera tailandesa Mayuree Naree, se incendió frente a la costa de Omán tras recibir el impacto. La marina de Omán evacuó a sus 20 tripulantes, todos tailandeses, con tres de ellos heridos. El régimen iraní reivindicó ese ataque. Además, la agencia marítima británica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) reportó que un portacontenedores fue alcanzado por un proyectil desconocido cerca de los Emiratos Árabes Unidos, provocando un pequeño incendio a bordo, aunque la tripulación resultó ilesa.

En aguas iraquíes, un portavoz del ejército informó que dos petroleros extranjeros fueron atacados en el puerto de Al Faw. El teniente general Saad Maan calificó el hecho de «cobarde acto de sabotaje» y denunció que constituye «una violación de la soberanía iraquí», con un saldo de un tripulante muerto y 38 rescatados. Una fuente de seguridad en Basora indicó a CNN que se cree que un barco iraní cargado de explosivos impactó contra las embarcaciones. Los puertos petroleros iraquíes suspendieron sus operaciones tras el ataque, y la Organización Estatal de Comercialización de Petróleo de Irak expresó su pesar por el incidente. El Observatorio Marítimo del Reino Unido contabilizó 16 buques atacados entre el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán desde el inicio del conflicto.

Bahréin informó de que Irán llevó a cabo un ataque contra depósitos de combustible en su territorio, mientras que Arabia Saudita dijo haber interceptado aviones no tripulados que se dirigían al yacimiento petrolífero de Shaybah. Kuwait e Irak, por su parte, anunciaron reducciones de producción como consecuencia directa de la crisis.

El petróleo regresa a los 100 dólares pese a la respuesta de la AIE

El impacto en los mercados fue inmediato y contundente. El crudo Brent escaló hasta un 10% en las operaciones asiáticas del jueves y llegó a superar los 100 dólares por barril, para luego ceder hasta los 97,50 dólares. El West Texas Intermediate (WTI) subió un 4,6% y alcanzó los 91 dólares por barril. Ambos índices acumulan una revalorización superior al 60% en lo que va de 2026. Antes del inicio del conflicto, el 28 de febrero, ambos marcadores cotizaban en torno a los 60 dólares, un nivel relativamente bajo en comparación con datos históricos debido a la abundante oferta. El conflicto llegó a disparar el precio por encima de los 100 dólares en sus primeros días, aunque en las jornadas previas se había moderado al rango de entre 80 y 90 dólares antes de retomar la senda alcista.

La AIE advirtió en su informe mensual del jueves que el shock de oferta ha reducido sus proyecciones de superávit mundial en 2026 en poco más de un tercio, hasta alrededor de 2,4 millones de barriles por día. Antes de la crisis, el organismo proyectaba un excedente récord para este año, impulsado por el aumento de la oferta en todo el continente americano, con Estados Unidos, Canadá, Guyana y Brasil a la cabeza. Adicionalmente, la agencia recortó sus estimaciones de crecimiento del consumo mundial en aproximadamente un 25% para este año, situándolas en 640.000 barriles diarios, el nivel más bajo desde que presentó sus previsiones para 2026 en abril pasado, como consecuencia del encarecimiento de los combustibles, las cancelaciones de vuelos y la incertidumbre económica generalizada. Los precios de la gasolina han aumentado en casi todos los países, y muchos han comenzado a diseñar medidas de contingencia ante el riesgo de que la crisis se agrave.

El cierre efectivo de Ormuz también pone en peligro cerca de 4 millones de barriles diarios de capacidad de refinación regional, según la AIE. Las limitaciones en la disponibilidad de materia prima restringen la capacidad de otras regiones para compensar la escasez, con riesgos particulares para el suministro de diésel y combustible para aviones.

La AIE activa la mayor liberación de reservas de su historia

Ante la magnitud de la perturbación, la AIE tomó el miércoles la decisión más ambiciosa de su historia: sus 32 países miembros votaron unánimemente liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas de emergencia. «Los desafíos que enfrentamos en el mercado petrolero son de una escala sin precedentes; por lo tanto, me complace enormemente que los países miembros de la AIE hayan respondido con una acción colectiva de emergencia de una magnitud sin precedentes», declaró el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol.

Se trata de la sexta liberación coordinada aprobada por el organismo en su historia, tras las realizadas en 1991, 2005, 2011 y en dos ocasiones durante 2022, aunque ninguna anterior alcanzó esta magnitud. Los 400 millones de barriles equivalen a cuatro días de consumo mundial, o a lo que en circunstancias normales fluiría por el estrecho de Ormuz en 20 días. Los miembros de la AIE mantienen reservas de emergencia superiores a los 1.200 millones de barriles, a los que se suman otros 600 millones almacenados por la industria petrolera en cumplimiento de obligaciones legales impuestas por los gobiernos.

De ese total, Estados Unidos aportará 172 millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo. El secretario de Energía, Chris Wright, precisó que las entregas comenzarán la semana próxima y se extenderán durante aproximadamente 120 días. Pese a la magnitud del anuncio, la medida no logró contener la presión alcista en los mercados, ya que los nuevos ataques iraníes contra buques en el estrecho eclipsaron el efecto estabilizador esperado. Cabe señalar además que los 400 millones de barriles liberados no alcanzan a compensar el flujo de 20 millones de barriles diarios que han dejado de circular por el cierre de Ormuz.

El presidente Donald Trump calificó el miércoles el alza de los precios como «cuestión de guerra» y aseguró que los mercados deberían «volver a la normalidad» en breve. Declaró ante medios en Cincinnati que sus fuerzas han «atacado 28 barcos minadores hasta el momento», en referencia a embarcaciones iraníes supuestamente destinadas a sembrar minas en el estrecho. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) advirtió a los civiles iraníes que «eviten inmediatamente» todos los puertos a lo largo del estrecho donde operan fuerzas navales del país, argumentando que el régimen los utiliza para «operaciones militares que amenazan el transporte marítimo internacional» y precisando que dichas instalaciones pierden así «su estatus de protección» bajo el derecho internacional. En declaraciones al medio Axios, Trump afirmó además que la guerra terminará «pronto» y que «prácticamente no queda nada que atacar». Sin embargo, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ofreció una lectura opuesta: el conflicto «continuará sin límite de tiempo» hasta alcanzar todos los objetivos de la campaña conjunta.

Arabia Saudita y los Emiratos fuerzan sus oleoductos alternativos al límite

Con el estrecho bloqueado, los productores de la región con infraestructura alternativa han activado sus rutas de contingencia a máxima capacidad. Arabia Saudita está incrementando el flujo de crudo a través de su red de oleoductos Este-Oeste, una infraestructura de 1.200 kilómetros que conecta los yacimientos del Golfo con las terminales de exportación en el mar Rojo, permitiendo que los envíos eviten Ormuz. El director ejecutivo de Aramco, Amin Nasser, confirmó que están impulsando el flujo hacia la capacidad máxima del sistema, de aproximadamente 7 millones de barriles diarios, frente a los 2,8 millones que transportaba antes de la crisis. Nasser describió la situación actual como «la mayor crisis que ha enfrentado la industria del petróleo y el gas de la región».

Los Emiratos Árabes Unidos disponen también de su Oleoducto de Crudo de Abu Dhabi, capaz de enviar alrededor de 1,8 millones de barriles diarios hasta el puerto de Fujairah, en el golfo de Omán. Sin embargo, incluso operando ambos sistemas a plena capacidad, los oleoductos saudita y emiratí transportarían menos de la mitad del crudo que normalmente fluye por el estrecho. Otros productores del Golfo sin alternativas equivalentes, como Kuwait e Irak, ya han comenzado a reducir su producción. El cierre efectivo ha obligado a los productores de la zona a cerrar colectivamente unos 10 millones de barriles de producción diaria, según la AIE. Las pérdidas están siendo parcialmente atenuadas por una mayor producción de países fuera de la OPEP y sus socios, así como por aumentos de los miembros de la OPEP+, en particular Kazajistán y Rusia.

Las empresas multinacionales evacuan el Golfo y el conflicto se extiende al Líbano

La escalada no se limita a los mercados energéticos. Varias grandes empresas internacionales cerraron o evacuaron sus oficinas en países del Golfo tras las amenazas iraníes. El grupo financiero Citi y la consultora Deloitte evacuaron sus oficinas en el centro financiero de Dubái, mientras que PwC cerró sus instalaciones en Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

En el frente bélico, el Ejército israelí reportó el jueves varias oleadas de misiles iraníes lanzados contra su territorio, con defensas aéreas desplegadas para interceptarlos. Los servicios de emergencia Magen David Adom informaron que no hubo víctimas directas, aunque sí se atendió a personas que cayeron de camino a los refugios. Hezbolá aseguró haber lanzado misiles contra una base de inteligencia militar israelí en los suburbios de Tel Aviv, mientras que Israel afirmó haber golpeado 10 estructuras del grupo en el área de Dahiyeh, al sur de Beirut, en apenas 30 minutos, incluyendo el cuartel general de inteligencia y varios centros de mando. Un ataque israelí en el paseo marítimo del centro de Beirut dejó al menos siete muertos y 21 heridos, según el Ministerio de Sanidad libanés. Líbano acumula más de 630 muertos y más de 800.000 desplazados desde que fue arrastrado al conflicto la semana pasada, cuando Hezbolá atacó a Israel tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel. De los desplazados, unas 126.000 personas permanecen en refugios colectivos.

Ante este cuadro, el presidente francés Emmanuel Macron pidió el miércoles a Israel detener su ofensiva terrestre en Líbano y a Hezbolá cesar «inmediatamente» los ataques, tras conversar con el presidente libanés Joseph Aoun. Los analistas advierten que, mientras las hostilidades no den señales de terminar, el barril de petróleo podría mantenerse en el rango de entre 90 y 100 dólares durante un tiempo prolongado, con el riesgo latente de una nueva escalada si la situación en el estrecho de Ormuz no se revierte.

La guerra contra Irán ya costó 11.300 millones en seis días y Washington prepara una solicitud de 50.000 millones al Congreso

marzo 12, 2026

El conflicto armado iniciado el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán está revelando una dimensión fiscal sin precedentes en la historia militar reciente de Washington. Funcionarios del Pentágono informaron esta semana, durante una sesión a puerta cerrada ante senadores estadounidenses, que solo los primeros seis días de operaciones militares le costaron al país al menos 11.300 millones de dólares. La cifra, adelantada por el diario The New York Times con base en tres fuentes familiarizadas con el encuentro, es todavía incompleta: no incorpora la totalidad de los costos operativos del inicio del conflicto, como el aumento de personal, municiones y recursos logísticos desplegados junto a Israel desde el primer día.

La magnitud del dato cobra mayor relieve al compararlo con estimaciones anteriores. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), institución independiente con sede en Washington, había calculado la semana pasada que el gasto estadounidense en las primeras 100 horas de guerra —equivalentes a los primeros cuatro días— ascendía a al menos 3.700 millones de dólares, lo que implicaba un ritmo de desembolso de aproximadamente 900 millones por día. La nueva cifra del Pentágono eleva ese ritmo a casi 1.900 millones de dólares diarios durante las seis jornadas iniciales, más del doble de lo que el CSIS había proyectado.

El arsenal consumido y el giro hacia municiones más baratas

Parte de ese gasto extraordinario se explica por el tipo de armamento utilizado. En la primera ronda de bombardeos, que incluyó ataques directos contra la cúpula de poder iraní, The New York Times y The Washington Post señalan que solo en los primeros dos días se gastaron 5.600 millones de dólares en municiones. Entre los sistemas empleados se destacó la bomba planeadora de precisión AGM-154, cuyo costo unitario supera los 836.000 dólares.

Ante ese ritmo de consumo insostenible, el Pentágono ha comunicado que planea migrar hacia municiones de menor costo en las operaciones subsiguientes. La decisión no es únicamente financiera: según informó el Washington Post citando a tres fuentes del sector defensa, Estados Unidos ha venido agotando con rapidez su inventario de interceptores aéreos y armas de precisión, hasta el punto de tener que seleccionar con mayor cautela sus objetivos. Se trata de una señal de alerta sobre las limitaciones operativas reales de una campaña que el propio presidente Donald Trump describió esta semana, durante un acto en Kentucky, como un conflicto que «ganamos», aunque aclaró que las fuerzas del país seguirán combatiendo para «terminar el trabajo».

La solicitud al Congreso: hasta 50.000 millones en juego

Más allá del gasto ya ejecutado, el panorama fiscal proyectado es significativamente más amplio. Diversas fuentes legislativas citadas por medios estadounidenses señalan que la Casa Blanca prepara una solicitud formal de fondos adicionales al Congreso. Las estimaciones de algunos funcionarios ubican esa petición en torno a los 50.000 millones de dólares, aunque otras fuentes advierten que esa cifra podría resultar incluso conservadora. El Gobierno de Trump no ha ofrecido hasta ahora ninguna evaluación pública del costo total del conflicto ni una estimación sobre su duración, lo que ha generado tensión con legisladores que reclaman mayor transparencia sobre el alcance financiero de la operación.

Un contador en tiempo real y la dimensión del gasto por segundo

Para dimensionar el ritmo del desembolso, herramientas de seguimiento civil del gasto militar —basadas en el costo operativo diario estimado por el propio Departamento de Defensa en alrededor de 1.000 millones de dólares— han comenzado a proyectar en tiempo real la evolución de la factura. Según ese cálculo, el costo acumulado tras casi doce días de operaciones roza los 11.870 millones de dólares, con un ritmo de gasto de aproximadamente 11.574 dólares por segundo, 41,6 millones por hora y 1.000 millones por día. A una semana, el acumulado proyectado alcanza los 7.000 millones; a doce días, cerca de 12.000 millones.

Estas herramientas no constituyen contabilidad oficial, sino estimaciones basadas en costos operativos preliminares. El gasto real solo podrá determinarse cuando el Ejecutivo presente ante el Congreso los informes presupuestarios completos, que incluirán reportes de gasto operativo, solicitudes suplementarias, auditorías internas y fondos de contingencia para operaciones en el extranjero.

El balance humano: bajas que agravan el debate sobre los costos reales

El conflicto no se mide únicamente en cifras presupuestarias. Las estimaciones preliminares sobre las consecuencias humanas del conflicto revelan un balance desigual pero gravoso. Del lado estadounidense, se reportan hasta ahora 7 integrantes de las fuerzas militares fallecidos y 140 heridos. En el bando iraní, las cifras son considerablemente mayores: más de 2.094 miembros de las fuerzas armadas muertos, entre ellos mandos y altos responsables militares, junto a 1.255 civiles fallecidos y más de 12.000 personas heridas. El conflicto, que se ha extendido al Líbano, ha causado la muerte de unas 2.000 personas en total, en su mayoría iraníes y libaneses.

Estos datos, recopilados a partir de fuentes militares y registros abiertos, son susceptibles de revisión a medida que avancen las verificaciones oficiales. En cualquier caso, la dimensión humana del conflicto suma presión política al debate ya encendido sobre los costos fiscales, especialmente entre miembros del Congreso preocupados por el agotamiento de las reservas militares estadounidenses en un momento en que la industria de defensa ya acusaba dificultades para satisfacer la demanda.

Un esfuerzo bélico sin hoja de ruta presupuestaria clara

Lo que el conjunto de datos revela es la ausencia de una hoja de ruta financiera transparente para un conflicto de consecuencias globales. Los mercados energéticos y el transporte a nivel mundial han acusado ya el impacto del caos generado por la extensión de las hostilidades. La falta de información oficial sobre la duración prevista de las operaciones y sobre el volumen total de gasto proyectado contrasta con la magnitud de los números que, gota a gota, se filtran desde las sesiones cerradas del Congreso. A un ritmo de casi 1.900 millones de dólares por día, cada jornada adicional de combate profundiza una ecuación fiscal que Washington aún no ha explicado con claridad ni a sus legisladores ni a la opinión pública.

Deuda impaga del Estado supera los US$ 360 millones en el MOPC y lleva al sector de la construcción al borde del colapso

marzo 12, 2026

Los principales gremios del sector de la construcción emitieron un comunicado conjunto en el que advierten que el incumplimiento del Estado pone en riesgo la inversión, el empleo formal y la credibilidad institucional del país, mientras el Gobierno descarta flexibilizar el tope de déficit fiscal y apuesta al factoraje como solución

La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Paraguaya de Consultores (CPCPYA) hicieron público un pronunciamiento conjunto en el que califican de «grave e insostenible» la situación generada por la deuda impaga del Estado por obras públicas ejecutadas, certificadas, aprobadas e incluso concluidas hace años. El documento, que cuenta con el respaldo de decenas de empresas del sector, advierte que Paraguay está incurriendo en una suerte de «default selectivo» sobre sus obligaciones internas y que esa conducta amenaza la credibilidad del país ante inversores nacionales e internacionales.

Una deuda que supera ampliamente la capacidad presupuestaria del MOPC

Las cifras expuestas por los gremios revelan una brecha estructural de proporciones alarmantes en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El presupuesto aprobado para el sector infraestructura en 2026 asciende a US$ 570 millones, una cifra que resulta insuficiente incluso antes de considerar los compromisos heredados. La deuda acumulada, incluyendo capital e intereses, llega a US$ 360 millones, mientras que las obras ya comprometidas para este mismo año están valuadas en US$ 800 millones. El resultado es un déficit real estimado de US$ 590 millones solamente en los proyectos del MOPC, lo que deja en evidencia que la cartera opera con un agujero financiero que no puede cubrirse con el presupuesto vigente bajo ningún escenario de gestión ordinaria.

La situación se agrava si se toman en cuenta las deudas pendientes de pago en otras instituciones públicas, entre las que se cuentan el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Comité Olímpico Paraguayo, la Secretaría Nacional de Deportes (SND), el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), entre otras. Solo en el sector salud, la deuda acumulada al cierre de 2025 con proveedores alcanzaba los US$ 800 millones. En total, el Estado adeuda unos US$ 400 millones únicamente a las empresas de la construcción.

El sector denuncia que los pagos parciales no alcanzan para sostener las operaciones

Según el comunicado de los gremios, los pagos parciales e insuficientes que realiza el Estado ya no alcanzan siquiera para cubrir los costos financieros que las empresas deben asumir para mantener sus operaciones en marcha. Esto ha llevado a numerosas empresas del sector a una condición de quiebra técnica, con consecuencias que se extienden a toda la cadena de valor: proveedores afectados, destrucción de empleo formal, deterioro de la cadena de pagos y compromiso de la continuidad de infraestructura estratégica para el desarrollo nacional.

Las constructoras que suscriben el pronunciamiento destacan que las cifras de ingresos mensuales que el Gobierno cita como evidencia de normalidad no reflejan la realidad financiera del sector. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que mensualmente ingresan alrededor de US$ 40 millones en facturas del sector, y sostuvo que ese ritmo indica que las obras continúan su curso. Sin embargo, para los gremios esa cifra es a todas luces insuficiente frente a la magnitud de los compromisos acumulados.

El MOPC, epicentro de una gestión que acumuló compromisos sin respaldo financiero

La crítica de fondo que subyace en el pronunciamiento gremial apunta a la gestión del MOPC como el epicentro del problema. La cartera acumuló durante años compromisos de obras por montos que exceden con creces su capacidad presupuestaria, generando una deuda que hoy se torna impagable dentro del marco fiscal vigente. El comunicado señala que los pagos parciales funcionaron durante un tiempo como mecanismo de sostenimiento artificial, trasladando implícitamente el costo de financiamiento de la infraestructura pública a las empresas privadas del sector, que debieron endeudarse a tasas cada vez más gravosas para poder continuar ejecutando obras del Estado.

Esta dinámica convirtió a las constructoras en financistas involuntarios del Estado, una situación que los gremios califican como inaceptable y que, según advierten, no puede extenderse más sin consecuencias estructurales para el sector.

El Gobierno descarta flexibilizar el tope fiscal y apuesta al factoraje

Frente a la presión del sector, el ministro Fernández Valdovinos fue categórico en descartar la propuesta de elevar el tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB para hacer frente a las obligaciones acumuladas. El funcionario argumentó que flexibilizar ese límite destruiría la credibilidad fiscal del país, uno de los pilares sobre los que se sostiene el grado de inversión obtenido por Paraguay. En su lugar, el Gobierno reiteró su apuesta por el mecanismo de factoraje, cuya reglamentación estaba prevista para ser finalizada en los días posteriores al pronunciamiento gremial.

El ministro describió el instrumento como una cesión de deudas respaldada por la ley aprobada por el Congreso en el marco del Presupuesto General de Gastos de la Nación, diferenciándolo de iniciativas anteriores que calificó como medidas improvisadas. Sin embargo, los gremios no se mostraron conformes con esa alternativa, ya que el factoraje implica que las empresas cedan sus acreencias a terceros —generalmente entidades financieras— con un descuento, lo que en la práctica significa cobrar menos de lo que el Estado les debe.

La credibilidad institucional en juego

El núcleo del mensaje de los gremios va más allá de los números. El comunicado plantea una advertencia política y económica de fondo: los inversores no evalúan un país únicamente por sus indicadores macroeconómicos, sino también por la seguridad jurídica, la previsibilidad institucional y la calidad de su infraestructura. Un Estado que incumple sistemáticamente sus contratos con las empresas que construyen esa infraestructura deteriora, al mismo tiempo, las condiciones reales que hacen posible el crecimiento económico.

En ese sentido, los gremios señalaron que resulta igualmente inadmisible que fondos provenientes de convenios internacionales, disponibles para utilización inmediata, permanezcan inmovilizados mientras las empresas se endeudan a tasas cada vez más gravosas para sostener obras públicas. Reclamaron que esos recursos sean inyectados de manera inmediata a los proyectos correspondientes y que el Presupuesto General de la Nación 2026 sea adecuado a las verdaderas necesidades financieras del sector infraestructura, a fin de que el Estado cumpla los compromisos asumidos con independencia del origen de los fondos.

La coincidencia entre decenas de empresas que respaldaron el comunicado y la contundencia de las cifras expuestas instalan una señal de alerta que el Gobierno no podrá ignorar por mucho tiempo: la deuda interna del Estado con quienes construyen el país ya alcanzó un punto de quiebre.

La industria argentina en dos años de gobierno de Milei: desindustrialización récord, 100.000 empleos perdidos y conflicto abierto con el sector empresarial

marzo 11, 2026

La industria manufacturera argentina cerró 2024 con una contracción del 8,8% en términos reales respecto de 2023, según un informe elaborado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ese retroceso superó al registrado durante la pandemia de 2020 (−7,7%) y el de la crisis financiera internacional de 2009 (−7,3%), consolidando al bienio 2023-2024 como uno de los períodos más destructivos para el sector en su historia reciente. La caída industrial fue, además, 7,5 puntos porcentuales mayor a la de la economía nacional, que se contrajo 1,3% en el mismo período. Solo la construcción, con un desplome del 17,5%, exhibió un desempeño más grave.

En perspectiva histórica, en 2024 el nivel de actividad industrial se situó un 18,5% por debajo del máximo histórico alcanzado en 2011 y, pese a una recuperación parcial posterior, todavía permanecía un 8,2% por encima del piso registrado durante la pandemia. El deterioro acumulado entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 equivale a una caída de 8 puntos porcentuales en el producto manufacturero, en un contexto en el que la economía argentina en su conjunto apenas creció un 1,3% en esos dos años.

El peso industrial cae al nivel más bajo en casi 90 años

El dato quizás más significativo del informe de la UBA es el referido a la participación de la industria en el Producto Interno Bruto. Ese indicador retrocedió del 16,5% registrado en 2023 al 13,7% en 2025, convirtiendo al sector manufacturero en el que mayor participación perdió dentro de toda la estructura económica. El documento señala que ese nivel de peso industrial se remonta a antes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a hace casi 90 años. La magnitud de esa pérdida de relevancia estructural no tiene precedente en el período democrático reciente y plantea interrogantes de largo plazo sobre la capacidad del país para sostener un entramado productivo diversificado.

El informe identificó que 22 de los 24 sectores que conforman la estructura industrial argentina registraron caídas en su valor agregado entre mediados de 2023 y mediados de 2025. Los más afectados, con pérdidas de entre el 20% y el 25%, fueron la metalurgia, el calzado, las curtiembres y las industrias vinculadas a la construcción. Los sectores más resilientes resultaron ser la industria alimenticia, las tabacaleras y la industria del transporte, aunque ninguno logró compensar la tendencia general de contracción.

100.000 empleos destruidos a razón de 160 por día

El impacto del deterioro industrial sobre el empleo se tradujo en la pérdida de 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023, días antes de la asunción de Javier Milei, hasta 2025, lo que equivale a 160 empleos diarios. El informe de la UBA califica ese proceso como una «destrucción de empleo industrial» de carácter masivo, producida en paralelo a la contracción de la actividad y al aumento de la capacidad ociosa.

Este deterioro del mercado laboral fabril se inscribe en una dinámica más amplia que el propio documento caracteriza como «crisis industrial masiva», con consecuencias directas sobre la calidad del empleo, el nivel de ingresos de los trabajadores afectados y el tejido productivo regional de economías provinciales con fuerte dependencia manufacturera.

Capacidad ociosa y bienes de capital: señales de presión estructural

El promedio de uso de la capacidad instalada durante el período 2024-2025 se ubicó en el 58%, apenas dos puntos por encima del nivel de 2020 y uno por debajo del de 2019, configurando uno de los registros más bajos del último decenio. La evolución de ese indicador fue oscilante: cayó al 53% entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, repuntó al 63% en octubre de 2024, volvió a descender al 54% en marzo de 2025 y se recuperó hasta el 61% en septiembre del mismo año. En promedio, cuatro de cada diez unidades de capacidad productiva instalada permanecieron sin uso a lo largo del período.

La situación de la industria de bienes de capital agrava ese cuadro. Entre 2023 y 2025, la producción local de bienes durables destinados al proceso productivo cayó casi un 25%, mientras que las importaciones de esos mismos bienes se dispararon un 77%. El informe también documenta un incremento exponencial en la importación de maquinaria agrícola usada a partir del Decreto 273/2025: entre mayo y octubre de 2025 el promedio mensual se multiplicó por ocho, con efectos negativos directos sobre los fabricantes nacionales del sector.

Una economía a dos velocidades: finanzas y minería versus manufactura

El informe de la UBA pone en evidencia una profunda heterogeneidad en el desempeño sectorial de la economía argentina bajo la gestión de Milei. Mientras la industria manufacturera se ubicaba entre los sectores más perjudicados, la intermediación financiera creció un 25%, casi veinte veces el incremento de la economía en su conjunto. Otros sectores que superaron por más de diez veces el promedio nacional fueron la minería, la hotelería y gastronomía, y el agro.

Esa asimetría refleja un modelo de crecimiento concentrado en sectores vinculados a recursos naturales y servicios financieros, en tanto el entramado manufacturero acumula pérdidas. El PBI industrial per cápita retrocedió 40 años y se ubica actualmente en niveles similares a los de 1985, según el mismo informe.

Primarización exportadora y retroceso de las manufacturas industriales

El deterioro estructural también se manifiesta en la composición de las exportaciones. Las manufacturas de origen industrial (MOI), que representaban el 35% del total exportado en 2011, cayeron al 28% en 2024, con una pérdida de más de 6.000 millones de dólares en valor exportado. Las exportaciones vinculadas al complejo agropecuario mostraron, en cambio, un rendimiento relativo más sólido, lo que el informe describe como una primarización de la canasta exportadora: el sector vende al exterior cada vez más alimentos y commodities y cada vez menos productos con contenido tecnológico y valor agregado.

No obstante, en 2025 comenzó una reversión parcial de esa tendencia. Hasta octubre, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) acumularon un incremento del 3,3% y las MOI del 6,3% respecto del año anterior, aunque sin alcanzar a compensar el deterioro acumulado en el período.

La recuperación que no se sostuvo

En el primer semestre de 2025, la industria manufacturera exhibió una recuperación del 6,1% respecto del mismo período de 2024. Sin embargo, el nivel de actividad seguía siendo un 10,2% inferior al observado en la primera mitad de 2023. A mediados de año, en un contexto de tensiones cambiarias y reservas declinantes, esa recuperación —que llevaba nueve meses— se interrumpió. En el tercer trimestre de 2025, la actividad industrial volvió a contraerse un 2,4% en términos interanuales, retomando la dinámica negativa del bienio anterior.

Desfinanciamiento público: recorte del 40% en el presupuesto industrial

El informe de la UBA señala que en el Presupuesto 2026 la industria sufrió un recorte del 40% en sus recursos y exenciones, mientras que el apoyo público se concentró en el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley Bases, orientado al gran capital extranjero en los sectores de energía, minería y siderurgia. Esa reorientación del gasto público es calificada en el informe como un «desfinanciamiento público del sector» que contribuye a explicar la divergencia de trayectorias entre la manufactura y otros sectores de la economía.

El conflicto abierto entre el gobierno y el sector industrial

Sobre ese trasfondo de datos adversos para la manufactura se desarrolló, en paralelo, una confrontación pública de inusual intensidad entre el presidente Milei y referentes del empresariado industrial. Las descalificaciones comenzaron en el país con los apodos que el mandatario dirigió al titular de Techint, Paolo Rocca, a quien llamó «Don Chatarrín de los caños caros», y al titular de Fate y Aluar, Javier Madanes Quintanilla, denominado «Gomita». La tensión se acentuó en el discurso de apertura de sesiones del Congreso, donde Milei defendió la apertura de importaciones y cuestionó lo que llamó el «fetiche industrialista».

La disputa alcanzó su expresión más explícita durante la Argentina Week celebrada en Nueva York, donde el presidente expuso ante inversores internacionales en la sede del JP Morgan. Allí acusó a Rocca y a Madanes Quintanilla de haber actuado «en connivencia con políticos ladrones» y los caracterizó como «empresarios prebendarios» que se habrían beneficiado durante años de protecciones estatales. Sobre Madanes en particular, denunció que el empresario habría condicionado el mantenimiento de las protecciones a Aluar amenazando con despedir a 920 trabajadores en vísperas del tratamiento de la reforma laboral. «Nos tiró 920 trabajadores a la calle, esto no es un juego de niños», afirmó.

Frente a las lecturas que interpretaron su postura como antiempresarial, Milei rechazó esa caracterización: «Algún trasnochado quiso mostrar como que nosotros somos antiempresa. Verdaderamente algo que nunca se me hubiera ocurrido, que fuera el ataque a un liberal». La UIA y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) respondieron reclamando «respeto» y «diálogo constructivo», en medio de advertencias sobre la crisis del sector y la caída del empleo.

El argumento oficial: apertura comercial y beneficio al consumidor

Milei fundamenta su postura en una crítica al proteccionismo arancelario. En Nueva York argumentó que las barreras que encarecen productos importados —ilustrado con el ejemplo de neumáticos que cuestan 100 dólares en el mercado internacional pero se venden a 400 bajo protección— representan un costo que recae sobre el conjunto de los consumidores para beneficiar a productores específicos. Según su razonamiento, eliminar esas barreras libera recursos que los consumidores redirigen hacia otros sectores de la economía. Enunció lo que denominó el «principio de revelación» para concluir que quienes defienden la industria nacional son, en su visión, agentes de un sistema corrupto, y vinculó esa dinámica también con el kirchnerismo, al afirmar que «los Kirchner, cuando insultaban a Rocca, no lo insultaban porque lo odiaran, sino porque estaban negociando la coima».

Las proyecciones del presidente y el factor político

En el plano macroeconómico, Milei proyectó ante los inversores reunidos en Nueva York que, si el riesgo país se mantiene en torno a los 550 puntos básicos, la economía podría crecer entre el 4% y el 5% anual. Si ese indicador se redujera a 220 puntos, el crecimiento podría alcanzar entre el 7% y el 8%, lo que —según afirmó— permitiría duplicar el PBI en nueve o diez años. El presidente situó como principal obstáculo para esa reducción del riesgo lo que denominó el «riesgo kuka», en referencia al eventual retorno del kirchnerismo al poder, factor que según dijo sigue incidiendo en el costo del financiamiento internacional para la Argentina más allá de 2027. «Estamos haciendo todo para terminar de una vez por todas con el populismo y en especial con el kirchnerismo», afirmó.

El contraste entre esas proyecciones optimistas y los datos documentados por la UBA sobre el sector manufacturero —100.000 empleos perdidos, capacidad ociosa al 40%, exportaciones industriales de mayor valor agregado caídas al 28% del total y un peso en el PIB que no se registraba desde antes de la Segunda Guerra Mundial— define el núcleo del debate económico que atraviesa a la Argentina a dos años del inicio de la gestión libertaria.

Concesionaria de la Carretera Central demanda a Perú en Washington para ejecutar laudo de US$ 99,4 millones por incumplimientos del Estado

marzo 11, 2026

Deviandes demanda ante tribunal federal de Washington el reconocimiento del fallo del CIADI tras incumplimientos del Estado en el peaje de Ticlio; el país acumula una cadena de arbitrajes internacionales impagos que amenazan sus activos en el exterior

La empresa colombiana Desarrollo Vial de los Andes (Deviandes), concesionaria del tramo de la Carretera Central que conecta Lima con el centro de Perú en el marco del proyecto IIRSA Centro, presentó el 3 de marzo de 2026 una demanda ante la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, para obtener el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral de US$ 99,4 millones emitido en noviembre de 2024 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. La acción quedó registrada bajo el expediente 1:26-cv-00745 y se produce ante el incumplimiento del Estado peruano en el pago de la suma reconocida por el tribunal arbitral internacional.

El origen del conflicto: protestas, peajes bloqueados e incumplimientos contractuales

El laudo del CIADI tiene su origen en una serie de eventos ocurridos a partir de 2018, cuando la instalación de la garita de peaje en Ticlio —ubicada a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar, el punto de mayor altitud de la vía— desencadenó protestas de transportistas de carga que transitaban el corredor. Los manifestantes bloquearon la carretera y exigieron al gobierno de entonces la anulación del contrato de concesión, al que calificaban de abusivo.

El tribunal arbitral determinó que el Estado peruano incurrió en graves incumplimientos contractuales al no adoptar las medidas suficientes para restablecer el orden social frente a esas protestas, lo que impidió la apertura efectiva del peaje de Ticlio. A ello se sumaron dos infracciones adicionales: la omisión del procedimiento formal para la aceptación de obras terminadas y la imposibilidad resultante para Deviandes de operar la estación de peaje y recaudar los ingresos previstos en el contrato. El fallo concluyó que estos hechos constituyeron violaciones tanto del contrato de concesión como del contrato de garantía suscritos por el Estado peruano, y fijó en US$ 99,4 millones el monto de los daños y perjuicios derivados de esa situación.

La estrategia judicial: de Washington al embargo de activos

La demanda ante la Corte del Distrito de Columbia persigue que la justicia estadounidense reconozca el laudo del CIADI y autorice su ejecución en territorio norteamericano. Deviandes advirtió que, de persistir el incumplimiento del pago por parte del Estado peruano, la resolución del tribunal podría habilitar medidas de ejecución forzosa contra activos e cuentas del país en el exterior, incluidos embargos. La empresa señaló que este proceso se ampara en los mecanismos internacionales previstos para la ejecución de laudos arbitrales contra Estados soberanos cuando las resoluciones no se cumplen de manera voluntaria.

El Ministerio de Finanzas del Perú, organismo que ha representado al país en este tipo de disputas, no respondió a las solicitudes de comentarios formuladas por los medios de prensa al momento de publicarse la información.

El precedente Kuntur Wasi y una cadena de arbitrajes que se acumula

La acción de Deviandes no es un hecho aislado. La empresa recordó explícitamente el caso Kuntur Wasi, conglomerado de construcción de aeropuertos que logró el cobro de US$ 91 millones poco después de que un tribunal estadounidense confirmara un laudo arbitral a su favor en diciembre de 2024. En aquel proceso, la falta de pago del laudo derivó en una declaración de default del Estado peruano ante esa misma corte.

Siguiendo una lógica similar, la minera canadiense Lupaka Gold Corp. también presentó recientemente una demanda para hacer ejecutar un laudo arbitral de US$ 69 millones contra Perú, alegando igualmente que el gobierno no actuó para detener las protestas que paralizaron sus operaciones en el país. Tanto Deviandes como Lupaka parecen seguir el mismo camino trazado por Kuntur Wasi, buscando la vía judicial en Estados Unidos como mecanismo de presión y cobro efectivo frente a la inacción del Estado peruano.

La disputa con Brookfield y la magnitud de la exposición fiscal peruana

El cuadro de vulnerabilidad arbitral del Perú se amplía aún más con la disputa que mantiene con Brookfield Asset Management, gestora de activos canadiense que reclama US$ 2.700 millones alegando que la Municipalidad de Lima expropió indebidamente una red de autopistas de peaje que administraba bajo régimen de concesión. Ese caso sigue pendiente de resolución, aunque la ciudad de Lima ya ha perdido arbitrajes relacionados con el mismo asunto por un total acumulado de aproximadamente US$ 200 millones.

La suma de los laudos en disputa y los procesos activos configura una exposición fiscal de magnitud considerable para el Estado peruano. La reiteración de fallos adversos en instancias internacionales, combinada con la incapacidad o reticencia del gobierno para honrar los pagos ordenados, empieza a delinear un patrón que deteriora la imagen del país como destino de inversión en infraestructura concesionada y eleva el riesgo de que activos soberanos en el exterior queden sujetos a medidas cautelares o embargos decretados por tribunales extranjeros.

Infraestructura regional en el centro de la controversia

Más allá de la dimensión financiera y jurídica, el caso pone en evidencia las tensiones estructurales que rodean la gestión de infraestructura concesionada en Perú. El tramo operado por Deviandes constituye un eje estratégico para la integración regional, al articular Lima con el interior del país a través de uno de los corredores de mayor tráfico de carga. La imposibilidad de operar el peaje de Ticlio durante años no solo generó el daño económico cuantificado por el CIADI, sino que también planteó interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar las condiciones mínimas de operación a los concesionarios privados que participan en proyectos de infraestructura pública.

El proceso judicial continuará su curso en la Corte del Distrito de Columbia, donde se definirá la ejecución forzosa del laudo y la posible adopción de medidas sobre activos estatales peruanos en el extranjero, en caso de que el gobierno persista en el incumplimiento del pago de los US$ 99,4 millones ordenados por el tribunal arbitral internacional.

Itaipú superó metas de generación en el primer bimestre de 2026 y la ANDE avanza en minería estatal de bitcoin con equipos confiscados

marzo 11, 2026

La Central Hidroeléctrica Itaipú cerró el primer bimestre de 2026 con resultados que consolidan su posición como pilar de la matriz energética regional. Durante enero y febrero, la entidad binacional entregó a Paraguay, a través de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), un total de 5.095 GWh de energía eléctrica, lo que representa un incremento del 13,2% frente a los 4.498 GWh suministrados en el mismo periodo de 2025.

Solo en febrero, la generación total de la central alcanzó los 5.791 GWh. De ese volumen, el sistema de 50 Hz produjo 3.030 GWh, de los cuales 2.476 GWh fueron entregados directamente a la ANDE para su distribución en territorio nacional. El acumulado de los dos primeros meses del año, 12.306 GWh, equivale a la energía necesaria para abastecer la demanda eléctrica completa del país durante aproximadamente cinco meses.

Disponibilidad técnica por encima de la meta empresarial

Uno de los indicadores más relevantes del informe mensual emitido por la Dirección Técnica de la Margen Derecha es el índice de disponibilidad de las unidades generadoras, que en febrero se ubicó en 96,18%, superando en 2,18 puntos porcentuales la meta empresarial fijada en 94%. Este desempeño refleja la eficiencia operativa del personal técnico y la coordinación entre los sistemas eléctricos de Paraguay y Brasil, que optimizan el uso de los recursos para cubrir la demanda del sistema interconectado. Desde su puesta en operación en 1984, Itaipú Binacional acumula una producción histórica que supera los 3.136.985 GWh.

Consumo nacional sube 13,1% en el bimestre

En paralelo, la ANDE reportó que la demanda eléctrica nacional registró un crecimiento del 13,1% durante enero y febrero de 2026 en relación con el mismo período del año anterior, consolidando la tendencia ascendente observada desde el inicio del ejercicio. En enero, la demanda ya había crecido un 13,3% interanual, impulsada por las altas temperaturas estacionales y la actividad de los sectores comercial e industrial.

Solo en febrero, el consumo nacional totalizó 3.087.119 MWh, con un alza del 12,9% respecto a febrero de 2025. Para cubrir esa demanda, el sistema eléctrico dependió principalmente de las binacionales y la producción local: Itaipú aportó 2.476.926 MWh; Yacyretá, 533.159 MWh; la Central Acaray, 78.025 MWh; y la Planta Fotovoltaica Puerto Esperanza, 8,5 MWh.

La contribución de esta última, aunque reducida en volumen comparada con las hidroeléctricas, mantiene presencia constante en los reportes mensuales —10 MWh en enero y 8,5 MWh en febrero— y se inscribe en el proceso gradual de diversificación de la matriz energética. Cabe recordar que el 26 de enero se alcanzó el récord histórico de demanda máxima del Sistema Interconectado Nacional (SIN), con un pico de 5.752 MW, cifra que superó en 816 MW el registro de igual mes de 2025.

La ANDE avanza hacia la minería estatal de bitcoin

En un movimiento sin precedentes en América del Sur, Paraguay se encamina a convertirse en el primer país de la región en operar una estructura de minería de bitcoin bajo gestión estatal. La iniciativa, liderada por la ANDE, consiste en reutilizar unas 30.000 unidades de procesamiento decomisadas en operativos contra granjas clandestinas que operaban de manera ilegal o mediante el robo de energía eléctrica.

Para ello, la estatal suscribió un memorando de entendimiento (MOU) con la firma de infraestructura Morphware, con el objetivo de dar destino productivo a los equipos que se encontraban inactivos en depósitos gubernamentales. La estrategia se apoya en la ventaja competitiva más consolidada del país: la abundancia de energía hidroeléctrica económica proveniente de Itaipú, cuyos excedentes han sido históricamente exportados a precios reducidos.

Un piloto de 1.500 unidades como punto de partida

El programa contempla una fase inicial con la instalación de 1.500 unidades en sitios controlados por la ANDE, próximos a subestaciones eléctricas. La infraestructura requerirá la adecuación de edificios con sistemas de ventilación, transformadores y equipos de medición de alta precisión. La ANDE mantendrá la propiedad y fiscalización de las plantas, mientras que Morphware aportará asesoría técnica y capacitación del personal.

Kenso Trabing, CEO de Morphware, calificó el acuerdo como una oportunidad transformadora para el país, señalando que el despliegue de equipos en sitios regulados convierte un problema de seguridad —el robo de energía por mineros ilegales— en un motor de ingresos genuinos. «La electricidad no utilizada se transforma en un ingreso para Paraguay, sirviendo tanto a la red de bitcoin como a la economía global de inteligencia artificial», afirmó el ejecutivo. El éxito del piloto podría abrir la puerta a expansiones futuras financiadas mediante productos vinculados a la producción de bitcoin o aplicaciones de inteligencia artificial.

El debate sobre el destino de los activos digitales

Si bien los plazos exactos para el inicio de las operaciones aún no han sido definidos, el debate al interior del gobierno paraguayo se centra en el manejo de los beneficios generados. Las opciones que se evalúan son dos: la venta directa de los bitcoins minados para financiar gastos públicos, o la constitución de una reserva estratégica que permita diversificar las reservas nacionales y mitigar riesgos financieros. La resolución de este punto definirá en buena medida el alcance y la sostenibilidad del modelo en el largo plazo.

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Caída interanual del 16% en los depósitos del sector público no financiero en el BCP

Depósitos en moneda extranjera suben 9,3% mientras los de moneda nacional retroceden 2,2%

El desplome del Fondo de Seguridad Social explica la contracción del saldo total

Evolución mensual: de G. 15,844 billones en marzo de 2025 a G. 9,489 billones en febrero de 2026

El BCP duplica el límite del SPI a G. 10 millones por operación para responder al crecimiento exponencial del sistema

Las transferencias del Sipap acumularon G. 786 billones en 2025, equivalentes al 2,1% del PIB proyectado

Las cooperativas Tipo A de Paraguay superan los US$ 8.000 millones en activos al cierre de 2025

Chortitzer, Colonias Unidas y Fernheim lideran el ranking productivo y reflejan el peso del cooperativismo chaqueño

La capitalización de BID Invest, pieza central del nuevo marco

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Una medida que los mercados rechazan como insuficiente

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