Guerra en Oriente Medio paraliza exportaciones automotrices japonesas, dispara el precio del aluminio y reordena las cadenas de suministro globales

marzo 19, 2026

La automotriz japonesa Nissan anunció una reducción de 1.200 unidades en su producción mensual en la planta de Kyushu, Japón, como consecuencia directa del excedente de inventario generado por la caída de exportaciones hacia Oriente Medio. La decisión se enmarca en una respuesta sectorial más amplia a las perturbaciones logísticas derivadas del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, que ha comprometido las rutas marítimas por el Estrecho de Ormuz, interrumpido el suministro de aluminio desde el Golfo Pérsico y puesto en alerta a fabricantes de todo el mundo sobre el alcance económico de una guerra que desborda los límites de la geopolítica para instalarse en el corazón de las cadenas productivas globales.

Inventario sin destino: el detonante de la decisión de Nissan

El recorte productivo de Nissan no responde a una crisis de demanda estructural, sino a un problema concreto y medible: los vehículos fabricados con destino a los mercados árabes ya no pueden ser despachados con normalidad. El conflicto entre Washington y Teherán ha generado una serie de obstáculos logísticos que afectan directamente el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, corredor por el que circulan diariamente más de 20 millones de barriles de crudo y volúmenes significativos de carga comercial, incluidos automóviles y autopartes. Ante la imposibilidad de distribuir la producción con la fluidez habitual, el exceso de stock se acumula en las instalaciones de la compañía, lo que obliga a reducir el ritmo de fabricación para evitar costos insostenibles de almacenamiento y gestión logística.

La empresa confirmó que está «realizando los ajustes necesarios» tanto en producción como en sus esquemas logísticos, sin precisar por cuánto tiempo se mantendrán las restricciones. Esta cautela comunicacional refleja una incertidumbre más profunda: nadie en el sector puede anticipar con certeza cuánto se prolongará el conflicto ni cuáles serán sus consecuencias comerciales definitivas.

Toyota, Hyundai y Chery ante el colapso del mercado árabe

Nissan no enfrenta este escenario en soledad. Toyota, el mayor fabricante japonés del mundo y líder indiscutido del mercado automotriz en Oriente Medio con una participación del 17%, tomó la misma dirección a principios de marzo al reducir su producción en 40.000 unidades entre ese mes y abril, afectando específicamente a los modelos ensamblados con destino a esa región. La magnitud del recorte de Toyota, notablemente superior al de Nissan, ilustra la escala del problema para las firmas con mayor exposición al mercado árabe.

El análisis elaborado por la firma de inversión Bernstein identifica a tres grupos como los más vulnerables a la prolongación del conflicto: el japonés Toyota, el surcoreano Hyundai Motor —propietario de las marcas Hyundai, Kia y Genesis— y el chino Chery. Según Bernstein, estas tres compañías concentran la mayor parte de las ventas de vehículos en Oriente Medio. Hyundai acumula una participación del 10% del mercado regional, mientras que Chery detenta el 5%. En el mercado iraní específicamente, las marcas locales Iran Khodro y SAIPA dominan el panorama, pero Chery figura en el tercer puesto con un 6% de participación, lo que la convierte en la firma extranjera con mayor presencia en un país que es, precisamente, el centro del conflicto.

Por el momento, las casas matrices de Toyota, Hyundai y Chery no han emitido declaraciones públicas sobre el impacto potencial en sus operaciones. La estrategia de silencio contrasta con la urgencia que el sector comienza a percibir.

El Estrecho de Ormuz y su poder de disrupción global

Pocos accidentes geográficos concentran tanto poder de disrupción como el Estrecho de Ormuz, enclavado entre las costas de Irán y Omán. Por ese corredor de apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto transita aproximadamente el 20% del comercio mundial de crudo, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, además de cantidades considerables de gas natural licuado, mercancías manufacturadas y, en tiempos normales, componentes y vehículos terminados con destino a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros mercados del Golfo.

La analista Eunice Lee, de Bernstein, advirtió a inversores que el cierre del estrecho añade entre 10 y 14 días a los tiempos de tránsito, y que un conflicto prolongado perjudicaría las ventas, aumentaría los costes logísticos y retrasaría las entregas. Estas proyecciones no son meramente teóricas: cualquier retraso de esa magnitud implica un aumento inmediato de los costos financieros asociados al inventario en tránsito, una mayor presión sobre los márgenes de los distribuidores locales y una reducción en la capacidad de respuesta de los fabricantes ante cambios en la demanda.

El impacto se extiende también hacia los proveedores de autopartes. Cuando una empresa de la dimensión de Toyota o Nissan modifica su producción, la onda expansiva recorre toda la cadena de suministro. Los proveedores de primera y segunda línea, muchos de ellos con márgenes estrechos y capacidad limitada para absorber fluctuaciones bruscas en los pedidos, quedan expuestos a periodos de sobreinventario seguidos por escasez de componentes, lo que complica aún más la planificación industrial del sector en su conjunto.

La escasez de aluminio del Golfo empuja a Japón hacia Rusia

Uno de los efectos menos visibles pero igualmente disruptivos del conflicto es la interrupción del suministro de aluminio proveniente del Golfo Pérsico. La región representa cerca del 10% de la producción mundial de este metal, esencial para la fabricación de componentes automotrices como rines, bloques de motor y culatas de cilindro. Empresas como Emirates Global Aluminium y Aluminium Bahrain han sido históricamente proveedores de primer nivel para las industrias automotrices de Japón y Corea del Sur.

Sin embargo, el deterioro de la situación en el Estrecho de Ormuz ha alterado esta dinámica con rapidez. Aluminium Bahrain declaró fuerza mayor, mientras que Emirates Global Aluminium retrasó algunos embarques. Rio Tinto Group, otro proveedor relevante, suspendió negociaciones con clientes japoneses para el segundo trimestre y retiró una oferta inicial que incluía una prima de 250 dólares por tonelada, señal clara de que el mercado está recalibrando sus expectativas de precio y disponibilidad.

En este contexto, según información de Bloomberg, varios fabricantes japoneses de autopartes iniciaron conversaciones con la compañía rusa United Company Rusal para asegurar el suministro de aleaciones primarias de fundición. El giro es políticamente significativo: tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, muchas empresas japonesas habían optado voluntariamente por excluir el aluminio ruso de sus cadenas de compra, aun sin que mediara una prohibición formal. La escasez impuesta por el conflicto en Oriente Medio está redefiniendo esas decisiones. Fuentes cercanas al proceso indicaron que algunos acuerdos podrían cerrarse en el corto plazo, y que los productores rusos probablemente exigirán contratos de largo plazo como condición para garantizar el suministro.

La presión sobre los precios ya es visible: en lo corrido del mes, el aluminio alcanzó su nivel más alto en casi cuatro años, impulsado por el temor a una reducción sostenida del suministro global. Corea del Sur, por su parte, ya venía absorbiendo volúmenes crecientes de aluminio ruso, con importaciones anuales cercanas a las 500.000 toneladas, lo que la posiciona como un actor relevante en el reacomodo comercial que el conflicto está acelerando.

Stellantis, la firma occidental más expuesta al conflicto

El conflicto no afecta únicamente a los fabricantes asiáticos. El análisis de Bernstein señala que Stellantis, grupo propietario de marcas como Chrysler y Jeep, podría ser uno de los fabricantes occidentales más expuestos a las consecuencias de la guerra. La firma de inversión apuntó que el aumento del precio de la gasolina ya se refleja en la caída del 11% en el precio de las acciones de Stellantis desde el cierre del viernes anterior, y advirtió que el giro hacia motores HEMI V8 de alto consumo y el abandono de sus esfuerzos de electrificación resultan particularmente desventajosos en el contexto actual.

Stellantis declaró que monitorea de cerca los acontecimientos en los países afectados y reconoció que por el momento no es posible evaluar completamente el impacto potencial en sus operaciones locales. La cautela de la empresa contrasta con la exposición que el mercado ya le está asignando a través de la cotización de sus acciones.

Una guerra cuyo desenlace condicionará la producción automotriz mundial

El análisis de escenarios elaborado por S&P Global advierte que el alcance definitivo de la perturbación dependerá en gran medida de la duración del conflicto. Si bien Irán no es un gran exportador de automóviles —su producción ronda 1,1 millones de vehículos anuales destinados principalmente al mercado interno—, una guerra prolongada podría generar fluctuaciones monetarias, costos de transporte más elevados y una mayor sensibilidad de los consumidores frente al precio de los vehículos en toda la región.

Directivos de compañías automotrices desde Estados Unidos hasta Asia están revisando sus previsiones de producción y ventas ante la volatilidad de los mercados energéticos. El aumento del precio del petróleo y los retrasos en las rutas comerciales podrían elevar los costos de fabricación y distribución de vehículos a escala global, con consecuencias que trascienden la región en conflicto.

Lo que los ajustes de producción de Nissan y Toyota, la crisis del aluminio en el Golfo y la revisión forzada de alianzas de suministro dejan en evidencia es que la guerra en Oriente Medio ya no es un evento distante para la industria automotriz: es una variable activa dentro de sus modelos de planificación, y su resolución —o prolongación— determinará en buena medida el ritmo de producción, los costos logísticos y la rentabilidad del sector durante los próximos meses.

No pagar no reduce el déficit: el espejismo fiscal que debilita al Estado

marzo 19, 2026

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En los últimos tiempos se ha instalado, de manera preocupante, una idea que distorsiona la comprensión de las finanzas públicas: que postergar pagos a contratistas permite «cuidar» el déficit fiscal. Esta afirmación, aunque políticamente conveniente en el corto plazo, constituye un error conceptual profundo desde el punto de vista técnico, contable, económico y jurídico. Sus consecuencias no solo comprometen la transparencia fiscal, sino que debilitan la credibilidad del Estado y encarecen el desarrollo del país.

El punto de partida para desmontar este argumento es técnico. Conforme al Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001 del Fondo Monetario Internacional (FMI) —estándar internacional adoptado para el análisis fiscal—, el déficit no se calcula en función de los pagos realizados, sino bajo el criterio devengado. Esto implica que los gastos se reconocen en el momento en que se genera la obligación económica —cuando una obra es ejecutada y certificada, por ejemplo— y no cuando se efectúa el pago. En consecuencia, cuando el Estado recibe una obra pública, el gasto ya ocurrió, el activo ya fue incorporado y el déficit ya se generó. El pago posterior no altera ese resultado; simplemente refleja cómo se financia o cancela una obligación previamente asumida.

El error conceptual radica en confundir el resultado fiscal con la disponibilidad de caja. El propio marco del FMI distingue con claridad entre el resultado fiscal —que mide el desempeño económico del sector público— y el superávit o déficit de efectivo, que refleja únicamente flujos de liquidez. No pagar puede mejorar transitoriamente la caja, pero no modifica el déficit real. En términos contables, el Estado reemplaza una obligación pagada por una obligación pendiente, transformando gasto en deuda flotante o cuentas por pagar. Se trata, en esencia, de un financiamiento implícito, más opaco y, con frecuencia, más costoso.

Desde el punto de vista contable, esta práctica deteriora la calidad de la información fiscal. El déficit no desaparece: se oculta. Se traslada hacia el balance del Estado en forma de pasivos no cancelados, generando atrasos que distorsionan los indicadores fiscales y dificultan la toma de decisiones. En términos técnicos, el Estado no reduce su desequilibrio fiscal sino que cambia su composición, sustituyendo deuda formal por deuda informal. Este tipo de prácticas fue precisamente uno de los problemas que el MEFP 2001 buscó corregir al introducir el enfoque devengado y un sistema integrado de flujos y saldos.

El problema, sin embargo, no se limita a lo técnico. En Paraguay, la Ley de Administración Financiera (Ley 1535/99) establece la obligación de registrar y cumplir los compromisos asumidos por el Estado. Asimismo, la Ley de Contrataciones Públicas (Ley 7021/22) protege el equilibrio contractual y el derecho del contratista a percibir el pago por los bienes y servicios efectivamente prestados. Cuando el Estado no paga, no está administrando caja, sino incumpliendo obligaciones legales. En el caso de contratos financiados por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el incumplimiento adquiere una dimensión adicional, dado que se rige por convenios internacionales que incorporan cláusulas estrictas de ejecución y pago. Esto expone al país a reclamos administrativos, litigios, arbitrajes internacionales y al pago de intereses moratorios y compensaciones, encareciendo significativamente el costo final de las obras.

Las consecuencias económicas de esta práctica son igualmente profundas y, en muchos casos, irreversibles. Las empresas, anticipando el riesgo de impago, incorporan primas de riesgo en sus ofertas, lo que encarece los proyectos para el Estado. Al mismo tiempo, se desalienta la participación de empresas serias y solventes, reduciendo la competencia y afectando la calidad de la ejecución. La ralentización o parálisis de proyectos genera retrasos en infraestructura clave para el desarrollo económico y social, mientras que el deterioro de la credibilidad del país ante los organismos financieros internacionales puede traducirse en demoras en desembolsos, condiciones más exigentes o restricciones en el acceso a financiamiento futuro.

Más grave aún es el efecto sobre la transparencia fiscal. Al no registrar adecuadamente las obligaciones devengadas o al diferir sistemáticamente los pagos, se genera un déficit oculto que no se refleja plenamente en los indicadores tradicionales. Esto impide una evaluación real de la situación fiscal y debilita los mecanismos de control y rendición de cuentas, comprometiendo la calidad institucional del Estado. Los países con sistemas sólidos no recurren a artificios de caja para mostrar resultados aparentes; reconocen sus obligaciones cuando ocurren, transparentan su situación fiscal y gestionan su financiamiento de manera responsable. No pagar no es disciplina fiscal: es una señal de fragilidad institucional.

Postergar pagos a contratistas no reduce el déficit fiscal. Lo transforma en deuda más costosa, menos transparente y jurídicamente más riesgosa. Es un espejismo que puede ofrecer alivio momentáneo, pero que termina agravando el problema. Un Estado serio no administra sus finanzas dejando de pagar, sino honrando sus compromisos, respetando la ley y actuando con responsabilidad frente a la economía y la sociedad.

La deuda de Estados Unidos supera por primera vez los 39 billones de dólares en medio de la guerra contra Irán, déficits crecientes y advertencias sobre un colapso fiscal

marzo 19, 2026

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La deuda pública de Estados Unidos superó el miércoles la barrera histórica de los 39 billones de dólares, alcanzando según el sitio U.S. Debt Clock una cifra exacta de 39.004.693.266.993 dólares. El hito llega en un momento particularmente delicado: apenas semanas después del inicio del conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya acumula costos militares superiores a los 12.000 millones de dólares según estimaciones del asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett. El Departamento del Tesoro no respondió a solicitudes de comentarios sobre el registro histórico.

La magnitud del número cobra mayor dimensión cuando se observa la velocidad de su acumulación. La deuda alcanzó 37 billones de dólares hace siete meses, 38 billones cinco meses atrás, y ahora supera los 39 billones, lo que refleja un ritmo de endeudamiento de aproximadamente un billón de dólares cada dos meses. A ese ritmo, Michael Peterson, director general de la Peter G. Peterson Foundation, organización sin fines de lucro dedicada a visibilizar los desafíos fiscales estructurales del país, advirtió que la deuda superará los 40 billones antes de las próximas elecciones de noviembre.

El peso de la guerra: más de 12.000 millones en semanas

El conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra la infraestructura militar iraní, se convirtió rápidamente en un factor de aceleración del endeudamiento. Irán respondió en cuestión de días con ofensivas masivas de misiles y drones, el conflicto se extendió regionalmente y el cierre del estrecho de Ormuz alteró los flujos energéticos mundiales. Las estimaciones del Pentágono señalan que solo los primeros seis días de operaciones costaron más de 11.300 millones de dólares. Hassett calculó el domingo que el costo total ya supera los 12.000 millones, sin que exista claridad sobre cuándo concluirá el conflicto.

Este gasto bélico se suma a una base fiscal ya tensionada. El gasto total del gobierno federal en el año fiscal 2025 ascendió a 7,01 billones de dólares frente a ingresos de 5,23 billones, generando un déficit de 1,78 billones de dólares. U.S. Debt Clock registra el déficit presupuestario federal actual en aproximadamente 1,69 billones de dólares, con un gasto total que supera los 7,10 billones.

Una deuda con nombre y apellido: 113.607 dólares por ciudadano

Los datos del U.S. Debt Clock desagregan la deuda de una manera que personaliza su impacto: cada ciudadano estadounidense carga con 113.607 dólares de deuda pública, cifra que escala a 357.068 dólares por contribuyente. Los ingresos por aranceles se ubican cerca de los 353.000 millones de dólares, una cifra que ilustra la brecha estructural entre lo que el gobierno recauda y lo que gasta.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) enumera los efectos concretos sobre los ciudadanos: mayores costos del crédito para hipotecas y vehículos, salarios más bajos porque las empresas disponen de menos capital para invertir, y bienes y servicios más caros. A largo plazo, los defensores del equilibrio presupuestario advierten que la tendencia de pedir prestado más y pagar más intereses obligará a enfrentar decisiones fiscales cada vez más dolorosas.

El costo de financiar la deuda: los intereses ya superan el billón de dólares

Uno de los cambios más estructurales y preocupantes del panorama fiscal estadounidense es la aceleración en el costo del propio endeudamiento. La deuda emitida durante los años de tasas de interés bajas está siendo sustituida progresivamente por valores de mayor rendimiento, lo que ha llevado los pagos anuales de intereses a superar por primera vez el billón de dólares. Esta dinámica convierte el servicio de la deuda en una prioridad presupuestaria central y genera un círculo vicioso: el gobierno necesita endeudarse cada vez más para cumplir con obligaciones ya contraídas, lo que a su vez incrementa los costos futuros.

Las asignaciones para defensa se aproximan al billón de dólares anuales, mientras que la financiación de iniciativas fronterizas y de seguridad sigue expandiéndose. Al mismo tiempo, el envejecimiento de la población eleva estructuralmente los costos de la Seguridad Social y Medicare, programas que ya representan una porción dominante del presupuesto federal. Los ajustes por inflación de años anteriores han elevado de manera permanente los niveles de prestaciones, dificultando cualquier intento de reducción del gasto sin un impacto político significativo.

La advertencia de Schiff: 50 billones antes de que Trump deje el cargo

El economista y analista financiero Peter Schiff lanzó el 18 de marzo una de las advertencias más contundentes sobre la trayectoria de la deuda. En su cuenta de X señaló que la deuda nacional aumentó 2,8 billones de dólares desde que Donald Trump asumió la presidencia hace 14 meses, y proyectó que, si persisten las condiciones actuales —incluyendo los costos de la guerra, el alza de tasas y una posible recesión—, la deuda nacional podría alcanzar los 50 billones de dólares antes de que Trump abandone el cargo el 20 de enero de 2029.

Esa proyección implicaría un aumento de aproximadamente 11 billones de dólares en menos de tres años, lo que requeriría una aceleración significativamente mayor al ritmo reciente de 2,8 billones en 14 meses. Para materializarse, los déficits tendrían que agravarse considerablemente, los costos de los intereses continuar escalando y los gastos relacionados con el conflicto militar mantenerse o intensificarse.

La deuda oculta: hasta 100 billones si se suman las obligaciones no financiadas

Las cifras oficiales podrían ser apenas la punta del iceberg. Kent Smetters, director académico del Penn Wharton Budget Model, sostiene que cuando se incorporan las obligaciones no financiadas asociadas a programas como la Seguridad Social y Medicare —compromisos implícitos que habitualmente quedan fuera de las métricas oficiales de deuda—, el pasivo total se aproxima a los 100 billones de dólares. Esas promesas de largo plazo, excluidas de los balances federales convencionales, duplicarían aproximadamente el tamaño de las obligaciones explícitas reconocidas por el gobierno.

Esta perspectiva replantea el debate: la discusión sobre la deuda no es únicamente sobre el número que aparece hoy en el contador del Tesoro, sino sobre compromisos futuros que ya están contraídos y que ninguna administración ha logrado reducir de manera sostenida.

La Casa Blanca defiende una reducción del déficit

Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, destacó que el déficit federal disminuyó en 41.000 millones de dólares durante el primer año del actual mandato de Trump respecto al año fiscal anterior, atribuyendo la mejora al aumento de los ingresos por impuestos individuales, a una reducción del empleo federal al nivel más bajo desde 1966, y a medidas contra el fraude en programas de asistencia social. Según Desai, estas iniciativas continuarán generando un impacto favorable sobre el déficit y la relación deuda-PIB.

Sin embargo, la reducción de 41.000 millones en el déficit anual contrasta con el aumento de aproximadamente dos billones de dólares en la deuda total durante el mismo período, lo que subraya que incluso los avances en la reducción del déficit resultan insuficientes para revertir la trayectoria acumulada del endeudamiento.

Un patrón bipartidista con consecuencias globales

La deuda federal no es un problema exclusivo de una administración ni de un partido. Ha crecido de manera sostenida bajo presidentes republicanos y demócratas, impulsada por recortes de impuestos, guerras, el gasto masivo durante la pandemia de COVID-19 y la expansión estructural de los programas sociales. Lo que distingue el momento actual es la convergencia simultánea de varios factores de presión: un conflicto armado activo de costo incierto, tasas de interés elevadas que encarecen el refinanciamiento de la deuda existente, una base de gasto estructuralmente alta y compromisos fiscales de largo plazo que ningún gobierno ha logrado reducir de forma decisiva.

Las implicaciones trascienden las fronteras estadounidenses. Dado que el dólar y los bonos del Tesoro son referencias centrales de los mercados financieros internacionales, la estabilidad fiscal de Estados Unidos tiene consecuencias directas sobre el costo del crédito global, la confianza en los activos de reserva y la capacidad del sistema financiero mundial para absorber nuevos shocks. Peterson lo resumió con precisión: pedir prestado billón tras billón a ritmo acelerado, sin un plan de corrección en marcha, es, por definición, insostenible.

Unilever evalúa vender su división de alimentación, valorada en decenas de miles de millones de dólares para apostar por belleza y bienestar

marzo 18, 2026

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Unilever, el gigante angloholandés de bienes de consumo valorado en unos 107.000 millones de libras esterlinas (142.000 millones de dólares), analiza en fase preliminar una posible separación de su negocio de alimentación, que generó 12.900 millones de euros en ventas el último ejercicio. Según fuentes cercanas a la operación citadas por Bloomberg, el grupo ha iniciado conversaciones con asesores financieros para explorar distintas alternativas estratégicas, aunque no se espera una decisión formal antes de 2027.

La compañía no ha tomado ninguna resolución definitiva y podría optar por mantener su estructura actual. Sin embargo, el movimiento encaja con una transformación corporativa que viene ejecutándose desde hace años: el progresivo abandono de las categorías de alimentación en favor de los negocios de belleza, cuidado personal y bienestar.

Un portafolio en proceso de redefinición

Las opciones que se barajan incluyen la venta de la totalidad del área de alimentación, una desinversión parcial que preservaría algunas marcas consideradas estratégicas, o la conversión del negocio en una compañía cotizada independiente. Fuentes consultadas por Bloomberg estiman que una eventual transacción podría valorar la división en decenas de miles de millones de dólares, con un atractivo potencial también para fondos de capital privado.

El portafolio alimentario de Unilever agrupa marcas de largo recorrido global: los condimentos Colman’s, las pastillas de caldo Knorr, la mostaza dijón Maille, los fideos instantáneos Namdong y la icónica crema para untar Marmite, entre otras. Dentro de este conjunto, Hellmann’s y Knorr concentran el 60% de las ventas del segmento, una proporción que el propio consejero delegado, Fernando Fernández, prevé elevar hasta entre el 70% y el 75% tras concluir la desinversión de marcas locales de menor escala, valoradas en entre 1.000 millones y 1.500 millones de euros.

La presión sobre el negocio alimentario

Los resultados del último ejercicio reflejan las dificultades que enfrenta la división. Las ventas de alimentación cayeron un 3,2% interanual hasta los 12.900 millones de euros, en un contexto de inflación persistente que ha empujado a los consumidores hacia marcas blancas y opciones de menor precio. El conjunto del grupo tampoco escapó a esa presión: la facturación total retrocedió un 3,8% hasta los 50.500 millones de euros, con todos los segmentos en negativo.

A ese escenario se suma un factor estructural que preocupa a los analistas del sector: la creciente adopción de los fármacos GLP-1 para el control del peso, que está modificando los hábitos de consumo hacia productos de menor densidad calórica y reduciendo el volumen general de ingesta de alimentos procesados. Estas tendencias amenazan la demanda de varias de las categorías centrales del negocio alimentario de Unilever.

En el plano bursátil, la acción acumula una caída del 13% desde su máximo del año, al retroceder desde los 5.492 peniques hasta los 4.800 peniques, lo que el análisis técnico interpreta como una corrección con posibilidad de continuar en el corto plazo. Adicionalmente, la ratio precio/beneficio prevista se sitúa en 18 veces, por encima de la mediana sectorial de 15, lo que alimenta los cuestionamientos sobre la valoración del grupo.

Con todo, el ejercicio arrojó señales positivas en la cuenta de resultados: el beneficio operativo creció un 2,4% hasta los 9.000 millones de euros y el beneficio neto ascendió a 6.200 millones de euros, lo que llevó a la empresa a anunciar un nuevo programa de recompra de acciones por 1.500 millones de euros y un incremento del dividendo del 3%.

Un viraje estratégico hacia la belleza y el bienestar

La posible escisión del negocio de alimentación no sería un hecho aislado, sino el paso más ambicioso dentro de una reconfiguración que Unilever lleva ejecutando durante la última década. La compañía ya desprendió su negocio global de margarinas —que incluía la marca I Can’t Believe It’s Not Butter!—, y más recientemente vendió la marca de aperitivos Graze y el fabricante de proteína vegetal The Vegetarian Butcher. También se deshizo de sus operaciones de té y de marcas regionales como Conimex y Unox.

El capítulo más reciente de esta transformación fue la separación del negocio de helados, que dio lugar a la creación de Magnum Ice Cream Co. Unilever conserva todavía una participación de cerca del 20% en esa sociedad, que prevé vender de forma gradual en los próximos años. El proceso, sin embargo, no estuvo exento de contratiempos: la escisión de la división de helados en Estados Unidos sufrió retrasos a causa del cierre parcial de la administración federal, que bloqueó temporalmente los trámites ante la Comisión de Valores (SEC).

El destino del grupo apunta con claridad hacia las categorías de belleza, cuidado personal y bienestar, donde el potencial de crecimiento y los márgenes resultan más atractivos. En el último ejercicio, el segmento de cuidado personal fue el más voluminoso, con una facturación de 13.200 millones de euros, seguido de belleza y bienestar con 12.800 millones. Fernando Fernández, que asumió la dirección ejecutiva hace aproximadamente un año tras la destitución de Hein Schumacher, ha señalado marcas como el jabón Dove y la bebida de hidratación Liquid IV como pilares del nuevo modelo de negocio.

Un sector en busca de un nuevo rumbo

Unilever no es la única gran multinacional de consumo que enfrenta este dilema. Su principal rival, Nestlé, atraviesa un proceso similar de racionalización de cartera ante un entorno en el que los consumidores con menor poder adquisitivo recortan el gasto y optan por alternativas más económicas. La industria de bienes de consumo de alta rotación se encuentra en un momento de redefinición profunda, impulsada por cambios en los patrones de demanda, la presión de las marcas de distribuidor y las nuevas tendencias en salud y alimentación.

Si la operación prospera, Unilever completaría una de las mayores transformaciones de su historia reciente, pasando de ser un holding diversificado con raíces en la alimentación a un grupo más concentrado, con mayor exposición a categorías de valor añadido y proyección internacional. La pregunta que queda abierta es si el mercado, y los propios consumidores, acompañarán ese reposicionamiento con el impulso que la compañía necesita para recuperar terreno bursátil y volver a crecer.

El Gobierno de Trump cobrará hasta 10.000 millones de dólares por facilitar la venta de TikTok a inversores afines

marzo 18, 2026

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El acuerdo, cerrado en enero de 2026, transfirió el control de la filial estadounidense de ByteDance a un consorcio liderado por Oracle y Silver Lake, en una operación valorada en 14.000 millones de dólares que combina intereses de seguridad nacional con beneficios directos para la administración republicana.

La anatomía de un acuerdo sin precedentes

La operación que finalmente apartó a la empresa china ByteDance del control operativo de TikTok en Estados Unidos no fue el resultado de una simple transacción comercial. Fue, en cambio, el desenlace de años de presión política, amenazas arancelarias cruzadas y negociaciones en las que el propio Gobierno federal se constituyó simultáneamente como árbitro, facilitador y beneficiario. El Wall Street Journal reveló esta semana que la administración de Donald Trump percibirá una comisión de aproximadamente 10.000 millones de dólares por haber intermediado en la transferencia del negocio estadounidense de la popular plataforma de videos cortos a manos de inversores nacionales afines al mandatario republicano.

El 22 de enero de 2026 se formalizó la creación de TikTok USDS Joint Venture LLC, la entidad resultante de ese proceso de desinversión. Con ello concluyó una disputa que tuvo su origen en la decisión bipartidista del Congreso estadounidense de exigir que ByteDance se desprendiera de sus operaciones en el país o enfrentara una prohibición total, sustentada en preocupaciones de seguridad nacional vinculadas al acceso potencial del gobierno chino a los datos de más de 200 millones de usuarios.

Del veto demócrata al negocio republicano

El antecedente inmediato de la operación fue la ley impulsada durante la administración de Joe Biden, que establecía un plazo perentorio: TikTok debía ser clausurada o vendida a propietarios nacionales antes del fin de esa legislatura. La plataforma llegó a estar suspendida durante algunas horas en vísperas de la toma de posesión de Trump, en enero de 2025. El entonces presidente electo levantó el veto y extendió los plazos de manera sucesiva mediante decretos ejecutivos, comprando tiempo para que se negociara una solución estructural mientras la administración tomaba las riendas del proceso.

Fue Trump quien, en septiembre de 2025, confirmó el principio de acuerdo mediante una orden ejecutiva y anticipó que el Gobierno recibiría una compensación. «Estados Unidos está recibiendo una enorme comisión, más un plus, simplemente por cerrar el trato, y no quiero desaprovechar la oportunidad», declaró entonces. La justificación oficial fue que la magnitud del proceso y el esfuerzo invertido por el Ejecutivo federal en gestionar las negociaciones con China y en garantizar la continuidad de la plataforma ameritaban esa retribución.

Los nuevos propietarios y la estructura del capital

El consorcio que asumió el control de las operaciones de TikTok en Estados Unidos está integrado por figuras con vínculos estrechos con el entorno político de Trump. Oracle, la gigante tecnológica fundada por Larry Ellison a finales de la década de 1970 en Santa Clara, California, ocupa el rol de socio tecnológico estratégico: gestiona el algoritmo de recomendación dentro de su infraestructura de nube en territorio estadounidense, actúa como socio de seguridad de confianza y asume responsabilidades de moderación de contenido y aseguramiento de software. Ellison es donante habitual de las campañas del partido republicano y mantiene una relación personal con Trump.

Junto a Oracle, la firma de capital privado Silver Lake también forma parte del consorcio. Ambas entidades controlan en conjunto más del 80% de las operaciones estadounidenses de TikTok. Completan el cuadro de inversores Michael Dell y la tecnológica que lleva su nombre, así como el fondo soberano de Abu Dhabi MGX, con quien el conglomerado de empresas Trump mantiene relaciones comerciales. ByteDance, por su parte, retiene una participación minoritaria de menos del 20% del capital de la nueva entidad, sin control operativo ni influencia sobre el algoritmo, aunque conserva el licenciamiento de este último a la nueva empresa para que pueda ser reentrenado exclusivamente con datos de usuarios estadounidenses.

El total de la comisión que recibirá el Gobierno se distribuye en pagos escalonados: los inversores ya abonaron cerca de 2.500 millones de dólares al Departamento del Tesoro cuando se cerró el acuerdo a finales de enero, y tienen pendientes desembolsos adicionales hasta completar los 10.000 millones de dólares.

Las garantías de seguridad y los interrogantes legales

El eje central de toda la negociación fue la independencia del algoritmo respecto a cualquier influencia del gobierno de Pekín y la protección de los datos de los usuarios estadounidenses. Las salvaguardas formalizadas en el acuerdo incluyen un programa de privacidad y ciberseguridad supervisado por entidades estadounidenses, la actualización y el reentrenamiento del algoritmo de recomendación de manera exclusiva en la nube de Oracle en suelo estadounidense sin acceso de ByteDance, y la constitución de un nuevo directorio con mayoría de ciudadanos americanos con autoridad sobre las políticas de moderación y seguridad de contenidos. La supervisión del cumplimiento de estas condiciones recae en el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS, por su sigla en inglés), de acuerdo con la orden ejecutiva que encuadró la operación.

Sin embargo, la solución alcanzada no ha disipado todas las dudas. Legisladores republicanos en el Congreso ya han anunciado que someterán el acuerdo a escrutinio, cuestionando si el licenciamiento del algoritmo de ByteDance a la nueva entidad podría violar técnicamente los términos de la ley de desinversión que originó todo el proceso. La opacidad en la selección de los inversores ha generado críticas adicionales: reportes apuntan a que se habrían favorecido postores cercanos al entorno político de Trump por sobre ofertas económicamente superiores.

Una valoración que genera preguntas

La operación fijó el valor del negocio estadounidense de TikTok en 14.000 millones de dólares, una cifra que analistas del sector consideran significativamente por debajo del valor real de la plataforma, considerando sus 200 millones de usuarios activos en el país y su considerable capacidad publicitaria. La discrepancia entre ese precio pactado y las estimaciones de mercado es uno de los puntos más debatidos: si refleja un descuento estratégico para facilitar el cierre del acuerdo o si es el resultado de un proceso de selección que no maximizó el valor para todas las partes involucradas.

Para ByteDance y el gobierno chino, cuya aprobación fue mencionada por Trump aunque Pekín no la confirmó públicamente, el desenlace supone aceptar una presencia residual en el mercado de mayor rentabilidad para sus aplicaciones. La concesión fue posible, según fuentes, a cambio de ciertas concesiones en el marco más amplio de la guerra comercial entre ambas potencias, lo que otorga a la transacción una dimensión geopolítica que trasciende el ámbito corporativo.

Implicaciones para la economía digital y el ecosistema tecnológico

Más allá de la controversia política, el acuerdo tiene consecuencias prácticas para la economía digital. Los aproximadamente 7,5 millones de negocios que operan en la plataforma en Estados Unidos, incluyendo numerosos emprendimientos de habla hispana, conservan el acceso a las herramientas de comercio electrónico, publicidad y audiencia que ofrece TikTok. La continuidad operativa de la plataforma es, en ese sentido, una señal positiva para el ecosistema de marketing digital y la denominada economía de creadores de contenido.

En un plano más estructural, el caso establece un precedente claro sobre la disposición de los gobiernos, y en particular el de Estados Unidos, a intervenir directamente en la arquitectura accionaria de plataformas tecnológicas globales invocando razones de seguridad nacional. Para cualquier empresa de capital extranjero, especialmente si proviene de países considerados adversarios geopolíticos, con aspiraciones de consolidarse en el mercado estadounidense, este proceso ilustra un escenario de riesgo que difícilmente podrá ignorarse en el futuro.

La comunidad inversora ha reaccionado con cautela. La eliminación del riesgo de un cierre abrupto de la plataforma es valorada positivamente, pero la falta de transparencia en el proceso de selección de compradores y las dudas sobre la legalidad del esquema de licenciamiento del algoritmo sostienen una incertidumbre que el escrutinio del Congreso podría prolongar. El Ejecutivo, entretanto, habrá convertido una disputa de seguridad nacional en una fuente de ingresos extraordinarios para el Tesoro, una combinación que no tiene precedentes conocidos en la historia reciente de la regulación tecnológica estadounidense.

El fisco paraguayo bajo presión: recaudación en caída, deuda en alza y ajuste de gasto inminente

marzo 18, 2026

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enfrenta uno de sus escenarios más complejos desde el inicio de la actual administración. Una combinación de factores —tipo de cambio desfavorable, desaceleración tributaria, deudas críticas a proveedores y un debate inconcluso sobre la reforma de la Caja Fiscal— obliga al Gobierno a declarar lo que el propio ministro Carlos Fernández Valdovinos denominó una «economía de guerra» en el plano fiscal, con ajustes en el gasto de los ministerios y medidas para evitar que las tensiones del sector público contaminen el dinamismo de la economía real.

Un faltante de hasta USD 600 millones en los ingresos del Tesoro

La primera señal de alarma proviene de la propia proyección del MEF: el Tesoro Nacional dejará de percibir entre USD 540 millones y USD 600 millones a lo largo de 2026 respecto de lo previsto en el Presupuesto General de la Nación (PGN). La cifra surge de dos factores que se combinan y amplifican mutuamente.

El primero es el tipo de cambio. Al momento de elaborar el PGN se proyectaba un dólar en torno a G. 7.800, pero la cotización actual ronda G. 6.500. Esta brecha tiene un impacto directo y concreto: los recursos que el Estado recibe de las binacionales —Itaipú Binacional y Yacyretá— están denominados en dólares y se convierten a guaraníes para financiar el gasto público. Con un dólar más bajo, cada unidad de divisa rinde menos en moneda local. Fernández Valdovinos estimó que por este concepto la pérdida asciende a unos USD 100 millones.

El segundo factor es la recaudación tributaria. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a cargo de Óscar Orué, registró en febrero una variación interanual de -2,9%, cuando el PGN contemplaba un crecimiento cercano al 8% en línea con las proyecciones de desempeño de la economía. La brecha acumulada por este concepto se estima en USD 440 millones adicionales, que sumados al efecto cambiario elevan el faltante total a cerca de USD 600 millones.

Entre los elementos que inciden en el estancamiento tributario, el ministro mencionó prácticas empresariales como la retención de utilidades en reservas, mecanismo que difiere el pago de impuestos sin constituir una irregularidad. «No hay nada irregular, pero es una flexibilidad que queremos revisar», señaló, adelantando que se evalúan cambios normativos al respecto.

Economía de guerra fiscal: ajuste sin suba de impuestos

Ante este panorama, el Poder Ejecutivo ya comunicó al gabinete la necesidad de ajustar el plan de caja para lo que resta del año. La instrucción es que los ministerios operen con niveles de gasto similares o inferiores a los de 2025, lo que implicará postergar iniciativas y redefinir prioridades al interior de cada cartera.

La medida exceptúa a las áreas consideradas prioritarias: salud, educación, seguridad y protección social. El resto de las instituciones deberá definir internamente en qué recortar dentro de los márgenes que el MEF establezca para cada una. «Lógicamente, cuando no existe esta recaudación tributaria es el momento adecuado para ajustarse los cinturones», afirmó Fernández Valdovinos.

El ministro fue categórico al descartar incrementos impositivos como vía de ajuste: «Nosotros las deudas las vamos a pagar con lo que tenemos y con los mecanismos que tenemos. No se van a subir los impuestos». La consigna es operar dentro del marco de la ley de responsabilidad fiscal, respetando los topes establecidos por la normativa vigente.

Fernández Valdovinos también aclaró que la situación fiscal no refleja un deterioro de la economía en su conjunto. Destacó que el país mantiene su grado de inversión, continúa creciendo y genera empleo, y que el objetivo del ajuste es precisamente evitar que los problemas del fisco interrumpan ese buen momento. «El Estado no puede estropear el buen funcionamiento de la economía. No creemos problemas desde el Estado gastando lo que no se tiene», subrayó.

Deuda pública: USD 20.523 millones al cierre de enero, con la emisión de bonos todavía fuera del cómputo

Los datos de deuda pública refuerzan la dimensión del desafío. Al cierre de enero de 2026, el saldo total ascendió a USD 20.523 millones, lo que representa el 36,3% del Producto Interno Bruto (PIB). En términos interanuales, la deuda creció USD 2.351 millones respecto de los USD 18.172 millones registrados en enero de 2025, un incremento de 12,9%. Aún no está incorporada en ese cómputo la reciente emisión de bonos soberanos por USD 1.000 millones.

El desglose estructural revela que la deuda del gobierno central asciende a USD 18.012 millones, equivalente al 87,8% del total y al 31,9% del PIB. Las entidades descentralizadas con garantía soberana suman USD 2.510 millones, el 12,1% del total y el 4,4% del PIB.

Por origen del financiamiento, la deuda externa representa USD 16.067 millones —el 78,3% del total y el 28,5% del PIB—, mientras que la deuda interna se sitúa en USD 1.945 millones, el 9,5% del total y el 3,4% del producto.

Un dato relevante es el ajuste en la proporción de la deuda respecto del PIB: pasó de 41,3% en diciembre de 2025 a 36,4% en enero de 2026. Esta reducción porcentual se explica, en parte, por la revisión al alza de las proyecciones del PIB. El Banco Central del Paraguay (BCP) estima el Producto Interno Bruto para 2026 en G. 261.512.853 millones constantes, equivalentes a USD 56.456 millones, frente a G. 250.960.810 millones constantes —USD 49.500 millones— del año anterior. La menor cotización del dólar también incidió en esta conversión, lo que derivó en una proporción de deuda más baja en términos del producto.

Deudas críticas a proveedores y el factoraje como salida

Uno de los flancos más sensibles de la situación fiscal es la deuda acumulada con proveedores del Estado. Empresas constructoras, farmacéuticas y proveedores del programa Hambre Cero mantienen compromisos pendientes que, en algunos casos, se arrastran desde hace más de un año, y cuyo monto total supera los USD 1.000 millones. Esta situación genera una presión creciente sobre sectores que dependen directamente del gasto estatal para sostener su operación.

Como respuesta, el Gobierno anunció la implementación del factoraje como herramienta de liquidez. La idea consiste en que las empresas acreedoras puedan ceder sus acreencias a entidades financieras, obteniendo así fondos de manera anticipada mientras el Estado regulariza sus pagos en plazos acordados. Esta semana se prevé reunir a dos grupos de proveedores para presentarles la reglamentación de este mecanismo.

Fernández Valdovinos reconoció que la situación no es la ideal, pero asumió el compromiso de presentar un plan de pagos concreto. «Somos conscientes de que no es la mejor práctica la de tener estos atrasos, pero es mucho peor práctica dejarle al próximo gobierno este monto de deuda que se tiene», sostuvo.

Déficit fiscal y el peso del gasto permanente

El déficit fiscal del año pasado cerró en 2% del PIB, levemente por encima del techo de 1,9% establecido en el PGN 2025. Para el MEF, el desvío obedece al crecimiento del gasto público asociado a compromisos que pasaron a integrar la estructura permanente del Estado: construcción de hospitales, obras de infraestructura en ejecución y otros programas que el Gobierno impulsó durante su gestión.

«La situación fiscal no es la más fácil. Al país le va bien, al fisco no tanto, eso es raro, pero es lo que está ocurriendo», reconoció el ministro en conferencia de prensa tras reunirse con el presidente Santiago Peña. Estas situaciones, dijo, «están creando un poco de tensión en las cuentas públicas», aunque insistió en que el Gobierno es consciente de la necesidad de encontrar mecanismos para honrar sus compromisos pendientes.

La reforma de la Caja Fiscal: dos versiones y un déficit que persiste

Otro frente abierto es la reforma de la Caja Fiscal, sistema de pensiones y jubilaciones de los funcionarios públicos que el MEF considera «un desafío enorme». El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo fue ampliamente modificado durante su tratamiento legislativo, resultando en dos versiones distintas: una aprobada en la Cámara de Diputados y otra en el Senado, con efectos muy diferentes sobre el equilibrio del sistema.

Según las proyecciones del MEF, sin reforma alguna el déficit de la Caja Fiscal llegaría a representar el 1,4% del PIB en cinco años, frente al 0,8% actual. La propuesta original del Ejecutivo buscaba reducir ese déficit y estabilizarlo en torno al 0,5% del PIB.

Los cálculos realizados por el ministerio sobre la versión aprobada en el Senado muestran que el déficit al quinto año alcanzaría el 1,1% del PIB, con un impacto menor en la corrección del desequilibrio. La versión de la Cámara de Diputados, en cambio, es la que más se aproxima a la propuesta original del Ejecutivo y tendría un efecto similar al planteado inicialmente. La Cámara Baja analizará próximamente la versión senatorial.

Fernández Valdovinos fue explícito al afirmar que el Ejecutivo respalda su propuesta original, pero reconoció la soberanía del Congreso para introducir las modificaciones que estime convenientes. Lo que quedó claro es que el proyecto del Senado, de prevalecer, mantendría prácticamente el estatus quo del sistema durante los próximos cinco años, dejando sin resolver una de las principales fuentes de presión estructural sobre las finanzas públicas del país.

El peritaje del teléfono de un intermediario del caso $LIBRA destapa un acuerdo de cinco millones de dólares para que Milei respaldara la criptomoneda

marzo 17, 2026

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El peritaje del iPhone de Mauricio Novelli continúa aportando revelaciones centrales a la investigación judicial sobre el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA en Argentina. Entre el material recuperado del dispositivo figura una nota almacenada en el bloc de notas, redactada en inglés y fechada el 11 de febrero de 2025 a las 20:05 horas, que describe un esquema de pagos en tres etapas por un total de 5 millones de dólares a cambio del respaldo público del presidente Javier Milei al activo digital.

El texto arranca con la frase «Hola chicos. Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H», donde la inicial H apuntaría al empresario estadounidense Hayden Davis, identificado como figura central detrás del proyecto. El esquema detallado en la nota contempla un primer pago de 1,5 millones de dólares en tokens o efectivo como adelanto; un segundo desembolso idéntico condicionado a que Milei anunciara públicamente en Twitter a Davis, su socio Kelsien y la familia Davis como asesores; y un pago final de 2 millones de dólares supeditado a la firma en persona de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial para el gobierno argentino, junto con una revisión con Javier y Karina sobre dos cuatrimestres de trabajo. La nota no especifica quién sería el destinatario final del dinero.

Este esquema es distinto de otro acuerdo ya conocido en la causa: el convenio de asesoría ad honorem en materia de blockchain y Web 3 que Davis firmó con Milei el 30 de enero de 2025, durante su última visita a Argentina, y que había sido revelado previamente por el diario Clarín.

El material fue liberado por el fiscal Eduardo Taiano, quien tenía en su poder el peritaje desde noviembre de 2024. Su divulgación abrió un nuevo ciclo de revelaciones que profundizó la investigación a cargo del juez Martínez de Giorgi.

La cadena de llamadas en la noche del escándalo

Novelli operó como intermediario entre el entorno presidencial argentino y los empresarios estadounidenses detrás del proyecto. Según los peritajes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación (DATIP), durante el fin de semana del 14 y 15 de febrero de 2025 se realizaron cerca de 200 llamadas desde su teléfono. En ese momento, Novelli se encontraba en Dallas, en el hotel Ritz-Carlton Las Colinas, en un salón alquilado por Davis para el lanzamiento del proyecto, desde donde mantuvo comunicaciones simultáneas con Buenos Aires y con Asia.

El 14 de febrero, tres días después de la creación de la nota con el esquema de pagos, Milei publicó un mensaje en la red social X a las 19:01:22. Los registros de comunicaciones indican que Novelli habló con el presidente inmediatamente después de esa publicación, y que en los minutos previos al lanzamiento ya había mantenido contacto con Karina Milei, principal asesora y hermana del mandatario.

Cuando el escándalo comenzó a escalar en redes sociales, cerca de la medianoche del mismo viernes, Novelli inició una línea sostenida de comunicación con Santiago Caputo, el asesor presidencial que asumió la gestión de la crisis. Entre el sábado y el domingo mantuvieron 13 llamadas. La secuencia de contactos con tres figuras clave del entorno presidencial —Karina Milei, Javier Milei y Santiago Caputo— en el lapso preciso en que estalló el escándalo constituye para los investigadores uno de los indicios más sólidos de coordinación.

Mientras tanto, el comportamiento público de Novelli contrastaba con la agitación judicial. Durante la tarde del sábado, mientras se multiplicaban las revelaciones del peritaje, compartía en su cuenta de Instagram fotos jugando al básquet o cenando una hamburguesa, y preguntaba a sus seguidores: «Arrancar la dieta el lunes, no?».

El borrador del mensaje para Milei

Entre el material recuperado del teléfono también emergió una nota redactada en español, fechada el 16 de febrero de 2025, dos días después del colapso de $LIBRA. El texto, que habría sido escrito por Novelli, comienza con la frase «Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros», lo que indica que fue concebido como narrativa a ser ejecutada desde la figura presidencial.

El borrador ensaya una postura en primera persona en la que el emisor declara apoyo a la visión de $LIBRA, niega tener interés financiero en el proyecto y atribuye las acusaciones a sus opositores políticos. La referencia expresa a no estar versado en memecoins y el tono defensivo del texto sugieren que estaba diseñado para ser difundido por Milei en sus redes sociales o utilizado como marco discursivo en la entrevista que el presidente concedió al día siguiente al periodista Jonatan Viale.

Los antecedentes de Novelli y sus mensajes previos al lanzamiento

El teléfono del lobista también conservaba mensajes anteriores que permiten reconstruir su actividad en las semanas previas al escándalo. El 31 de enero, un día después de la visita de Davis a Argentina y de la firma del acuerdo de asesoría, Novelli envió un audio a un amigo en el que señalaba haber tenido problemas de financiamiento y se jactaba: «Tuve que meter el gol de último minuto para salvar las papas, como siempre».

En otro intercambio celebraba el cierre de un negocio tras dos días de negociaciones con Milei y con Karina. «Cerré un deal tremendo. Quiero festejar», escribió. Ante la pregunta de su interlocutor sobre si se trataba de un privado, confirmó: «Yesssss». Según una fuente al tanto de las negociaciones consultada por Clarín, esos mensajes corresponden a las gestiones para la realización del Tech Forum 2, previsto para los primeros días de abril, en el que estarían confirmados como oradores el presidente Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Los movimientos de fondos y las cajas de seguridad

La investigación también acreditó una serie de transferencias de criptoactivos con cronología precisa. El 30 de enero, el mismo día en que Davis firmó el acuerdo de asesoría con Milei, el empresario transfirió 1.015.000 USDC —moneda estable equivalente al dólar— a una cuenta registrada a nombre de Orlando Mellino, un jubilado de 75 años con domicilio en el municipio de Tigre cuya numeración, según verificó la Justicia, no existe. Mellino recibió los fondos mediante dos operaciones espejo y los redirigió horas más tarde a una tercera cuenta.

El 3 de febrero, Davis realizó una nueva transferencia de 3.965.627 USDC al influencer cripto colombiano Camilo Rodríguez Blanco. Tanto Mellino como Rodríguez Blanco habrían operado como eslabones intermedios: la Justicia determinó que gran parte de los activos terminaron en cuentas vinculadas a Novelli y a su colaborador Terrones Godoy. Una cuenta de la que Novelli figura como cotitular recibió 695.990 USDC la noche del 3 de febrero.

Al día siguiente, el 4 de febrero, Novelli, su hermana María Pía y su madre, María Rafaele, se presentaron en una sucursal del banco Galicia en la localidad de Martínez con bolsos en mano, manipularon cajas de seguridad y se retiraron. Trece días más tarde —el primer día hábil tras el lanzamiento de $LIBRA— los familiares repitieron la visita. Cuando la Justicia ordenó la revisión de esas cajas, estaban vacías.

El perjuicio a inversores y las demandas internacionales

El juez Martínez de Giorgi estimó en 12.000 dólares el perjuicio acreditado para los querellantes hasta el momento, cifra que podría crecer: un grupo de inversores bielorrusos presentó documentación reclamando pérdidas superiores a 2,3 millones de dólares.

En el plano internacional, aproximadamente un mes después del colapso del token, los tribunales estadounidenses registraron la primera demanda colectiva contra los responsables del proyecto: la familia Davis, Julian Peh, Benjamin Chow y las firmas Kelsier Ventures, Kip Protocol y Meteora. La acción judicial, impulsada por el estudio Burwick Law —con antecedentes en litigios de criptoactivos—, reclama compensación económica para los inversores afectados, la restitución de las ganancias obtenidas, medidas cautelares para prevenir futuras ofertas fraudulentas de tokens y el nombramiento de un síndico para resguardar los activos restantes.

El entorno presidencial en el centro de la pesquisa

El conjunto de elementos reunidos hasta ahora —la nota con el esquema de pagos, el registro de llamadas durante la noche del escándalo, el borrador del mensaje atribuido a Novelli y los movimientos de criptoactivos con su correlato en cajas de seguridad bancarias— configura un expediente que coloca al entorno inmediato de Javier Milei en una posición de creciente exposición judicial.

La secuencia constatada por los investigadores sugiere que la publicación del presidente en X no fue un gesto espontáneo, sino el resultado de negociaciones previas con empresarios extranjeros que habrían comprometido pagos millonarios por ese respaldo. La posterior alza y caída abrupta de $LIBRA, que arrastró el capital de numerosos inversores, convirtió lo que pudo haber sido una operación encubierta en un escándalo con consecuencias judiciales en dos continentes.

Déficit de la Caja Fiscal se aproxima a USD 70 millones en 2026 mientras Paraguay mantiene más de USD 6.200 millones en préstamos externos para proyectos públicos

marzo 17, 2026

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El sistema previsional del sector público paraguayo, conocido como Caja Fiscal, continúa mostrando señales de deterioro financiero mientras la discusión sobre su reforma estructural sigue pendiente. Según los últimos datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el déficit acumulado en los primeros dos meses de 2026 ya alcanza G. 442.289 millones, equivalentes a USD 68 millones, lo que refleja una presión creciente sobre las finanzas públicas.

En paralelo, el Estado paraguayo mantiene US$ 6.252 millones en préstamos externos aprobados para financiar proyectos públicos. Sin embargo, solo US$ 3.171 millones han sido desembolsados, lo que representa una ejecución cercana al 51%, evidenciando diferencias importantes en el ritmo de implementación de los programas financiados con deuda externa.

La combinación entre el aumento del déficit previsional y la dependencia del financiamiento externo plantea desafíos relevantes para la sostenibilidad fiscal y la gestión de los recursos públicos.

La Caja Fiscal registra un déficit de G. 442.289 millones en solo dos meses

Los datos oficiales del MEF muestran que solo en febrero de 2026 la Caja Fiscal registró pérdidas por G. 247.339 millones, equivalentes a aproximadamente USD 38 millones, lo que representa un déficit del 46% en el sistema previsional del sector público.

Durante ese mes, el sistema acumuló gastos por G. 533.740 millones (USD 82,1 millones), mientras que los ingresos apenas alcanzaron G. 286.401 millones (USD 44 millones). Esto implica que los egresos representaron 53,6% más que los ingresos generados principalmente por aportes de los trabajadores activos.

En términos interanuales, el deterioro financiero también es visible. Las pérdidas aumentaron G. 14.822 millones (USD 2,2 millones) en comparación con febrero del año pasado, lo que equivale a un incremento de 6,3% en términos nominales.

El acumulado del año muestra una situación aún más clara: entre enero y febrero de 2026, la Caja Fiscal registró gastos por G. 1,03 billones (USD 159 millones) frente a ingresos por G. 591.660 millones (USD 91 millones). Como resultado, el sistema arrastra una pérdida del 43% en lo que va del año.

Maestros, policías y militares concentran los mayores déficits del sistema

El análisis por sectores revela que el déficit se concentra principalmente en algunos grupos del sector público.

Los docentes del sistema educativo público encabezan el listado con pérdidas acumuladas de G. 217.074 millones (USD 33,3 millones). En segundo lugar se ubican los agentes de las Fuerzas Armadas, con un déficit de G. 111.623 millones (USD 17,1 millones), seguidos por los policías, que registran pérdidas de G. 108.229 millones (USD 16,6 millones).

Por su parte, magistrados judiciales y docentes universitarios presentan un déficit conjunto de G. 16.523 millones (USD 2,5 millones).

El único sector que aún mantiene un resultado positivo es el de los funcionarios administrativos, con un superávit de G. 11.160 millones (USD 1,7 millones). No obstante, este saldo positivo viene reduciéndose de forma significativa, con una caída de 52,2% en apenas un año.

Más de 233.000 aportantes sostienen el sistema previsional público

El sistema previsional público cuenta actualmente con 233.482 aportantes activos, cuya distribución refleja la estructura del empleo estatal.

El 35% corresponde a funcionarios de la Administración Pública, con 82.314 aportantes. Muy cerca se encuentran los docentes de escuelas y colegios públicos, que representan 34% del total, con 79.674 contribuyentes.

Por su parte, policías y militares suman 55.311 aportantes, equivalentes al 24% del total, consolidándose como uno de los grupos más relevantes dentro del sistema.

En contraste, el número de jubilados y pensionados alcanza las 83.681 personas. Dentro de este grupo, los docentes representan el 48,3%, con 40.392 beneficiarios, seguidos por los funcionarios administrativos, con 20.890 jubilados (25%), y los policías y militares, que suman 19.391 beneficiarios, equivalentes al 23,2%.

Paraguay mantiene US$ 6.252 millones en préstamos externos para proyectos públicos

Mientras el sistema previsional enfrenta crecientes presiones financieras, el Estado paraguayo continúa utilizando el financiamiento externo como herramienta para impulsar proyectos de inversión pública.

Según datos del MEF, el monto total de préstamos externos aprobados asciende a US$ 6.252 millones, de los cuales US$ 3.171 millones ya fueron desembolsados, lo que representa una ejecución del 51% del total comprometido.

Esto implica que casi la mitad de los recursos aprobados aún permanece pendiente de ejecución, lo que refleja diferencias importantes en la velocidad con que las instituciones públicas implementan los proyectos financiados con crédito internacional.

Obras Públicas concentra la mayor parte del financiamiento externo

Dentro de la Administración Central, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) concentra el mayor volumen de préstamos externos.

La institución dispone de US$ 3.410 millones en financiamiento aprobado, de los cuales US$ 1.539 millones ya fueron desembolsados, lo que representa una ejecución del 50%.

Dado que el MOPC lidera proyectos de infraestructura vial, transporte y obras públicas, su participación resulta determinante para explicar el nivel agregado de ejecución del financiamiento externo en el país.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas registra US$ 469 millones en préstamos, con US$ 346 millones ya desembolsados, lo que equivale a una ejecución del 74%, una de las más altas dentro de la administración central.

Diferencias marcadas en la ejecución de préstamos entre instituciones

Otros organismos presentan niveles de ejecución intermedios. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) cuenta con US$ 115 millones en préstamos, de los cuales US$ 78 millones fueron desembolsados, equivalente a 66% de ejecución.

El Ministerio de Desarrollo Social registra US$ 102 millones en préstamos y US$ 66 millones desembolsados, con una ejecución de 65%, mientras que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dispone de US$ 186 millones en financiamiento, con US$ 100 millones ejecutados, equivalente al 48%.

Sin embargo, algunas instituciones presentan niveles significativamente menores de implementación. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) registra US$ 130 millones en préstamos, pero solo US$ 52 millones desembolsados, lo que representa una ejecución de 30%.

El Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria cuenta con US$ 20 millones en préstamos, de los cuales US$ 5 millones fueron ejecutados, equivalente al 25%.

El caso más llamativo dentro de la Administración Central es el del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que registra US$ 21 millones en préstamos aprobados sin desembolsos registrados hasta el momento.

Sector público financiero y empresas estatales también reciben financiamiento externo

Dentro del sector público financiero, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) dispone de US$ 250 millones en préstamos externos, aunque solo US$ 61 millones han sido desembolsados, lo que equivale a una ejecución del 24%.

En el sector público no financiero, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) destaca por el volumen de recursos comprometidos. La empresa estatal registra US$ 1.361 millones en préstamos, con US$ 780 millones desembolsados, lo que representa una ejecución de 57%.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presenta uno de los niveles de ejecución más altos, con US$ 43 millones en préstamos y US$ 37 millones desembolsados, equivalente a 86%.

En contraste, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) registra US$ 30 millones en préstamos, pero solo US$ 1 millón fue desembolsado, lo que representa una ejecución de apenas 3%.

Presión fiscal y ejecución de deuda marcan el escenario económico

El crecimiento del déficit de la Caja Fiscal y la utilización del financiamiento externo reflejan dos dinámicas centrales en la gestión económica del sector público paraguayo.

Por un lado, el sistema previsional público continúa ampliando su brecha financiera, lo que mantiene vigente la discusión sobre la necesidad de una reforma estructural del sistema de jubilaciones del sector público.

Por otro lado, el crédito externo sigue siendo una fuente clave para financiar inversiones en infraestructura, energía, desarrollo social y modernización institucional, aunque el ritmo desigual de ejecución evidencia desafíos en la capacidad de implementación de algunos organismos del Estado.

En este contexto, la sostenibilidad fiscal y la eficiencia en la gestión del financiamiento internacional aparecen como factores determinantes para el equilibrio de las cuentas públicas y la continuidad de los proyectos de desarrollo en Paraguay.

Petróleo sobre los US$100 por conflicto en Oriente Medio tensiona a los mercados y pone a prueba el rally bursátil de América Latina

marzo 16, 2026

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Las bolsas de América Latina entraron en una fase de tensión tras el fuerte repunte del petróleo provocado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto que ya se aproxima a su tercera semana sin señales claras de resolución. El alza del crudo volvió a situar al factor energético como uno de los principales determinantes del comportamiento de los mercados financieros internacionales y abrió un nuevo debate entre los inversores: si la reciente corrección bursátil representa una oportunidad de compra o el inicio de un período de mayor volatilidad.

El detonante del nuevo escenario fue el avance del precio del petróleo Brent, que superó la barrera de los US$100 por barril y llegó a aproximarse a los US$120 durante los primeros días del conflicto. Este incremento refleja el temor del mercado a una interrupción prolongada en el suministro energético global, especialmente tras los ataques contra infraestructuras petroleras iraníes y el bloqueo del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Las tensiones se intensificaron después de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que los ataques contra Irán podrían extenderse a su infraestructura energética si Teherán mantiene el bloqueo del paso marítimo. Mientras tanto, la república islámica ha continuado los ataques contra instalaciones energéticas en países del Golfo Pérsico, aumentando la incertidumbre sobre la estabilidad del suministro mundial de hidrocarburos.

América Latina llega a la crisis con ganancias acumuladas durante 2025

El actual episodio de tensión geopolítica llega en un momento particular para los mercados latinoamericanos, que durante 2025 habían registrado retornos superiores al promedio global. Los avances se apoyaron principalmente en la debilidad del dólar, en las expectativas de recortes de tasas de interés a nivel internacional y en valuaciones relativamente bajas frente a los mercados desarrollados.

Sin embargo, la aceleración del precio del petróleo introdujo un nuevo elemento de riesgo que comenzó a afectar el comportamiento de los índices regionales.

A pesar de la reciente corrección, algunos mercados continúan mostrando un balance positivo en lo que va del año. El índice MSCI Perú acumula un avance cercano al 17%, mientras que el Ibovespa de Brasil registra una ganancia aproximada del 15%. El índice MSCI Colcap de Colombia mantiene un rendimiento positivo cercano al 7%.

Otros mercados, sin embargo, han comenzado a reflejar con mayor intensidad el impacto de la crisis energética. El Ipsa chileno, por ejemplo, ha mostrado señales de presión bajista debido a la mayor exposición de la economía chilena a la importación de combustibles.

El índice MSCI América Latina registró inicialmente una caída de 3,5% en moneda local y de 6,3% en dólares tras la escalada del conflicto, aunque posteriormente logró recuperar parte de esas pérdidas.

El petróleo vuelve a convertirse en el principal canal de transmisión del shock geopolítico

El comportamiento del crudo se ha transformado en el principal canal a través del cual la crisis geopolítica se transmite hacia los mercados financieros globales. Actualmente, el Brent se mantiene cerca de los US$100 por barril, después de haber superado brevemente los US$120 en la primera semana del conflicto.

Este movimiento altera las expectativas macroeconómicas en economías emergentes al afectar variables clave como la inflación, las tasas de interés y el crecimiento económico.

Las estadísticas históricas refuerzan la relevancia del petróleo en el desempeño bursátil latinoamericano. Datos de Bloomberg Intelligence muestran que los mejores retornos para la renta variable regional desde el año 2000 se registraron cuando el crudo se ubicó entre US$40 y US$60 por barril. En ese rango, los principales mercados de la región presentaron tasas de acierto superiores al 80% en términos de retornos positivos.

El panorama cambia cuando el petróleo supera ciertos niveles. La evidencia histórica indica que precios por encima de los US$100 por barril suelen actuar como un viento en contra para las acciones latinoamericanas, mientras que en el rango entre US$80 y US$100 los retornos futuros tienden a debilitarse.

La estructura energética de cada economía define ganadores y perdedores

El impacto del petróleo no se distribuye de forma homogénea dentro de América Latina. La capacidad de cada país para absorber el shock depende en gran medida de su estructura energética y comercial.

Las grandes economías regionales —como Brasil, México, Argentina y Colombia— poseen una ventaja relativa al ser productores y exportadores de petróleo. En estos casos, los precios elevados del crudo pueden traducirse en mayores ingresos externos y fiscales, amortiguando parte del impacto negativo sobre la economía.

En contraste, los países con fuerte dependencia de las importaciones de combustibles presentan mayor vulnerabilidad frente a un escenario de energía cara. En Centroamérica, la mayoría de las economías se encuentra en esta situación, mientras que República Dominicana aparece como uno de los casos más sensibles debido a su dependencia energética y a su limitada generación hidroeléctrica.

La composición sectorial de los índices bursátiles también influye en el desempeño relativo de los mercados. Brasil y Colombia cuentan con una mayor presencia de compañías vinculadas a hidrocarburos dentro de sus bolsas.

El Ibovespa brasileño tiene una exposición energética cercana al 13%, mientras que el Colcap colombiano posee alrededor del 8%. Esta estructura permitió amortiguar parte de la presión que afectó a otros mercados emergentes.

Sectores defensivos y sectores vulnerables ante el encarecimiento de la energía

Dentro de cada mercado bursátil también se observan diferencias significativas entre sectores.

En Chile, algunas empresas con modelos de ingresos más estables muestran mayor resiliencia frente a la volatilidad actual. Las compañías de centros comerciales, como Cencomalls, Mallplaza y Parque Arauco, poseen entre el 80% y el 85% de sus ingresos provenientes de contratos de arriendo de mediano y largo plazo indexados a la inflación, lo que les permite trasladar parte de las presiones inflacionarias a sus arrendatarios.

El sector bancario también exhibe características defensivas en el corto plazo. Instituciones como BCI, Santander Chile y Banco de Chile podrían mantener estabilidad relativa, dado que el crecimiento del crédito no se vería afectado inmediatamente por el encarecimiento energético.

En contraste, las compañías intensivas en consumo de combustible enfrentan un escenario más complejo. Las aerolíneas figuran entre las más expuestas, ya que el jet fuel utilizado en la aviación se deriva directamente del petróleo. En el caso de Latam Airlines, el impacto se atenúa parcialmente debido a coberturas de combustible cercanas al 32% para 2026.

América Latina sigue cotizando con descuento frente a los mercados desarrollados

A pesar de la volatilidad reciente, América Latina continúa presentando valuaciones atractivas en comparación con otras regiones del mundo.

El múltiplo forward precio/utilidad del índice MSCI América Latina se ubica cerca de 11 veces utilidades proyectadas, un nivel significativamente inferior al de Estados Unidos y al promedio global.

Las diferencias también se observan a nivel país. Brasil cotiza alrededor de nueve veces utilidades futuras, Colombia cerca de 7,5 y México aproximadamente 13,6. En contraste, el mercado estadounidense mantiene múltiplos superiores a 21 veces utilidades proyectadas.

Esta brecha de valuación explica por qué algunos analistas consideran que las correcciones actuales podrían abrir oportunidades de inversión para quienes tengan horizontes de mediano plazo.

Los mercados globales reaccionan con cautela mientras persiste la incertidumbre

La incertidumbre sobre la duración del conflicto continúa condicionando el comportamiento de los mercados internacionales. Un asesor económico de la Casa Blanca indicó que la guerra podría prolongarse entre cuatro y seis semanas, mientras que las señales diplomáticas entre Washington y Teherán siguen siendo contradictorias.

En los mercados bursátiles mundiales la reacción ha sido cautelosa. En Asia, Tokio cerró prácticamente sin cambios con una caída de 0,12%, Taipéi retrocedió 0,17% y Sídney perdió 0,39%, mientras que Seúl avanzó 1,14% y Hong Kong ganó 1,45%.

En Europa el comportamiento fue más débil. Las bolsas de París y Fráncfort retrocedieron 0,33%, Milán cayó 0,96% y Londres registró un leve avance de 0,08%.

El petróleo se mantiene como el principal foco de atención del mercado. El Brent subía 3,06% hasta los US$106,30 por barril, mientras que el West Texas Intermediate avanzaba 2,15% hasta los US$100,83.

El oro y la inflación emergen como variables clave del nuevo escenario

El repunte del petróleo también ha comenzado a modificar las expectativas sobre inflación y política monetaria, especialmente en Estados Unidos.

El aumento de los precios de la energía ha elevado la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca el ritmo de recortes de tasas de interés previstos para este año. Los operadores ya prácticamente no anticipan un recorte en la reunión de esta semana.

El oro, considerado tradicionalmente un activo refugio, se ha movido en un rango estrecho cercano a los US$5.000 por onza. El metal acumula una ganancia superior al 15% en lo que va del año, impulsado por los temores de estanflación, un escenario que combina crecimiento económico débil con inflación elevada.

A pesar de una ligera caída reciente —con el oro cotizando en torno a US$5.014 por onza—, los analistas consideran que el metal podría seguir desempeñando un papel relevante como cobertura frente a riesgos monetarios derivados de conflictos geopolíticos, devaluaciones de divisas o desaceleraciones económicas.

Un mercado que enfrenta un dilema: oportunidad de inversión o inicio de un ciclo adverso

El escenario actual plantea un dilema para los inversionistas internacionales. Por un lado, América Latina mantiene valuaciones relativamente bajas y algunos mercados siguen mostrando avances sólidos en 2025. Por otro, el repunte del petróleo y la prolongación de la guerra en Oriente Medio introducen un factor de incertidumbre que históricamente ha debilitado el desempeño bursátil regional.

En este contexto, los analistas coinciden en que la volatilidad actual exige un enfoque selectivo basado en fundamentos empresariales y horizontes de inversión de mediano plazo, más que una retirada generalizada del capital de la región. El comportamiento futuro de los mercados latinoamericanos dependerá en gran medida de la evolución del conflicto, del precio del petróleo y de las decisiones de política monetaria en las principales economías del mundo.

Trump recurre a visas temporales y recortes salariales para paliar la escasez de mano de obra agrícola que sus propias políticas migratorias agravaron

marzo 16, 2026

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El gobierno de Donald Trump modificó el programa de visas temporales H-2A con el objetivo de reducir los costos laborales del sector agrícola, en respuesta a una escasez de mano de obra que el propio Departamento de Trabajo reconoció como consecuencia directa del endurecimiento de las políticas migratorias. El ajuste metodológico en el cálculo salarial redujo las tarifas por hora entre 1 y 7 dólares según el estado, y habilitó a los empleadores a contabilizar el alojamiento como parte del paquete de compensación ofrecido a los trabajadores invitados.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, justificó la medida como parte de «reformas reales para aliviar las cargas normativas y reducir los costos laborales», y señaló que el presidente Trump «está utilizando todas las herramientas disponibles para garantizar que los agricultores tengan lo que necesitan para tener éxito».

Una contradicción reconocida por el propio gobierno

La reforma llega en un contexto que el gobierno federal reconoció abiertamente como problemático. En un documento normativo de octubre, el Departamento de Trabajo advirtió que «el cese casi total de la afluencia de extranjeros ilegales, combinado con la falta de mano de obra legal disponible, provoca importantes trastornos en los costos de producción y amenaza la estabilidad de la producción nacional de alimentos y los precios para los consumidores estadounidenses». La agencia alertó, además, que la situación se agravará con la implementación de las herramientas de control migratorio incluidas en la HR 1, que podría desincentivar la participación de hasta 225.000 trabajadores en el sector.

La escasez es verificable en los datos. Una encuesta de la Oficina Agrícola de California y la Universidad Estatal de Míchigan reveló que más del 14 por ciento de los agricultores del estado atribuyó la escasez de trabajadores a las redadas y la ansiedad generada por el endurecimiento migratorio. En cultivos intensivos en mano de obra como frutas y verduras, esa cifra alcanzó casi el 20 por ciento. En paralelo, de los más de 415.000 puestos anunciados bajo el programa H-2A en 2025, que exige demostrar la incapacidad de contratar trabajadores locales, apenas 182 recibieron una solicitud de un trabajador nacional.

El programa H-2A: crecimiento sostenido y dependencia estructural

El H-2A ha pasado de aproximadamente 50.000 puestos certificados en 2005 a casi 400.000 en el año fiscal 2025, y sus trabajadores representan ya el 15 por ciento del total de la fuerza laboral agrícola del país. El 40 por ciento de los trabajadores del campo son inmigrantes no autorizados, y alrededor de un tercio son ciudadanos estadounidenses, según las últimas estimaciones del gobierno.

Oposición sindical y cuestionamientos económicos

La reforma generó resistencia desde distintos frentes. La Unión de Campesinos de América presentó una demanda judicial, argumentando que la reducción salarial perjudicará a los trabajadores agrícolas nacionales al comprimir también sus ingresos o desplazarlos del mercado. Su presidenta, Teresa Romero, advirtió que las medidas «traerán una mano de obra aún más vulnerable a los abusos», en alusión a los patrones de explotación que frecuentemente afectan a los trabajadores temporales.

El Instituto de Política Económica estimó que los cambios metodológicos implicarán un recorte de 2.000 millones de dólares en los salarios anuales de los trabajadores agrícolas temporales, y de 3.000 millones de dólares para los trabajadores agrícolas radicados en Estados Unidos.

Desde la vertiente académica, Philip Martin, economista especializado en trabajo agrícola y profesor emérito de la Universidad de California en Davis, cuestionó la lógica de la medida: «Si hay escasez de algo como la energía —gas y petróleo—, se sube el precio para dar a la gente un incentivo para salir a buscar más». Reducir los salarios, sostuvo, profundizará la dependencia de trabajadores temporales extranjeros, acelerará la mecanización e incrementará las importaciones de alimentos. Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios sobre Migración —favorable a una política migratoria restrictiva—, coincidió en que los cambios fomentan mayor migración extranjera y desincentivan la automatización, calificando ambas consecuencias como «contrarias a los objetivos declarados del gobierno».

En el Congreso se debate un proyecto de ley bipartidista que agilizaría el proceso de solicitud, reduciría costos, ampliaría la cobertura a empleadores con contratos anuales como los productores lácteos, y establecería una vía de regularización para trabajadores agrícolas no autorizados ya presentes en el país.

La crisis energética global suma presión sobre los sistemas alimentarios

En paralelo al deterioro del mercado laboral agrícola en Estados Unidos, el conflicto bélico en Oriente Próximo ha generado una perturbación significativa en los mercados energéticos globales con impacto directo sobre la producción de alimentos. Los ataques a infraestructuras energéticas en la región y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz han estrangulado los flujos de crudo, gas natural licuado y fertilizantes, elevando los costos operativos del agro en múltiples regiones.

La agricultura moderna depende de grandes volúmenes de combustible para accionar maquinaria de siembra, cosecha y manejo ganadero. La escasez de diésel amenaza con desplazar los calendarios agrícolas y deteriorar cosechas maduras, al tiempo que encarece el procesamiento y transporte poscosecha.

En Bangladesh, los equipos de riego que sostienen la cosecha de arroz operan con motores diésel que extraen agua subterránea; el gobierno restringió el suministro diario a 2 litros por persona, con la temporada de cosecha iniciándose el mes próximo. Casi el 40 por ciento de las tierras cultivables de la región depende de esa maquinaria. En Australia Occidental, principal región exportadora de cereales del país, algunos proveedores están entregando volúmenes inferiores a los solicitados por los agricultores ante la inminente siembra de trigo y cebada. En Alemania, los productores pagan un suplemento de 30 euros por cada 100 litros de combustible, en operaciones que consumen alrededor de 250 litros por tractor en los días más intensos de la temporada primaveral. En Rumanía, los precios del diésel agrícola acumulan un alza de aproximadamente 25 por ciento desde el inicio del conflicto.

Presión simultánea sobre la oferta alimentaria global

La convergencia de la crisis laboral agrícola en Estados Unidos y la perturbación energética derivada del conflicto en Oriente Próximo configura un escenario de presión simultánea sobre la oferta alimentaria global. En el caso estadounidense, las modificaciones al programa H-2A alivian parcialmente los costos para los productores, pero no resuelven la tensión estructural entre la política migratoria restrictiva, la disponibilidad real de mano de obra y la viabilidad económica del sector. Los efectos sobre los salarios de los trabajadores agrícolas, tanto temporales como nacionales, introducen además un factor de inequidad distributiva que las proyecciones del Instituto de Política Económica cuantifican en 5.000 millones de dólares anuales en pérdidas salariales combinadas.

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