Meta, la corporación fundada por Mark Zuckerberg y matriz de Facebook e Instagram, se sienta esta semana ante un tribunal federal de Oakland, California, para responder por el litigio más trascendental de su trayectoria empresarial. Una coalición de 29 estados, liderada por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, reclama una indemnización que supera los 1,4 billones de dólares, una cifra que prácticamente iguala la capitalización bursátil de la compañía, situada en torno a los 1,45 billones de dólares. El proceso, calificado por juristas como comparable a las históricas demandas contra las tabacaleras en los años noventa, no solo pone en riesgo el patrimonio de la empresa, sino que podría forzar una transformación radical en el diseño de sus plataformas.
El núcleo de la acusación: diseño deliberado para generar adicción
Los fiscales estatales sostienen que Meta desarrolló, de forma consciente y calculada, funciones destinadas a maximizar el tiempo de permanencia de niños y adolescentes en sus aplicaciones, priorizando el beneficio económico por encima del bienestar psicológico de sus usuarios más jóvenes. Entre los mecanismos señalados en la demanda figuran el botón «Me gusta», el desplazamiento infinito de contenidos y los algoritmos de recomendación, que los demandantes describen como herramientas que «fomentan el uso compulsivo». A ello se suma la acusación de haber recopilado datos de menores de 13 años sin el consentimiento parental correspondiente, lo que constituiría una infracción de la legislación federal de protección infantil en internet.
El fiscal general de California, Robert Bonta, ha sido especialmente contundente al señalar que Zuckerberg y su equipo directivo diseñaron «un producto peligroso para los usuarios jóvenes» a sabiendas de su nocividad, para después «mentir a los niños, a las familias y a la comunidad sobre el grado de dicho peligro». Por su parte, la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, ha declarado que la compañía «está anteponiendo las ganancias a la salud de una generación de jóvenes».
Un antecedente reciente que ensombrece las expectativas de Meta
El juicio de Oakland llega apenas diez días después de que un tribunal estatal de Nuevo México condenara a Meta a desembolsar 567 millones de dólares destinados a un fondo de salud mental juvenil, además de obligarla a modificar el funcionamiento de sus redes sociales. El juez Bryan Biedscheid, responsable de aquel fallo emitido el jueves 6 de agosto, concluyó que las plataformas de la compañía «contribuyen de manera significativa a la actual crisis de salud mental entre los jóvenes de Nuevo México», respaldándose en lo que calificó de «pruebas sustanciales». Aquella sentencia se suma a otra condena previa de 375 millones de dólares dictada en marzo por no proteger a los menores frente a depredadores sexuales en sus plataformas, y a un tercer revés registrado en Los Ángeles a principios de año, cuando un tribunal estatal concedió seis millones de dólares a una joven que aseguró haberse vuelto adicta a Meta y YouTube durante su infancia.
La defensa de la compañía: alegaciones «sin fundamento»
Meta ha rechazado de manera categórica las acusaciones y ha solicitado la desestimación de buena parte de las pruebas presentadas por la fiscalía. En un comunicado oficial, la empresa sostuvo que las «limitadas alegaciones» de la coalición de fiscales generales «carecen de fundamento» y que sus exigencias económicas resultan «enormemente desproporcionadas». La compañía argumenta que los demandantes no han aportado pruebas de que ningún residente de sus respectivos estados haya sido efectivamente engañado, y acusa a los fiscales de intentar penalizarla por funciones que califica de inofensivas, como la posibilidad de mantener una cuenta secundaria en Instagram, así como por desafíos que, según Meta, afectan al conjunto del sector tecnológico, entre ellos la verificación de la edad de los usuarios. La empresa insiste en que ha «escuchado a los padres, colaborado con expertos y las fuerzas del orden, y realizado una investigación exhaustiva para comprender los problemas más importantes».
Un litigio multidistrital que marcará el criterio para el resto de estados
El proceso que arranca esta semana no es un caso aislado, sino la primera pieza de un mecanismo judicial más amplio. Los jueces de California han optado por agrupar las denuncias presentadas por distintos estados bajo la figura del litigio multidistrital, un procedimiento inusual que permite consolidar miles de demandas similares para evitar la duplicación de diligencias, como la recopilación de pruebas, y fijar un criterio jurídico unificado. Se estima que este primer juicio, protagonizado por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, sentará las bases para los procesos que el resto de los cerca de treinta estados demandantes celebrará en los próximos meses.
Las exigencias van más allá del dinero: cambios estructurales en el producto
Más allá de la compensación económica, los gobiernos estatales piden al tribunal que obligue a Meta a rediseñar sus plataformas de forma sustancial. Entre las medidas solicitadas figuran la eliminación del desplazamiento infinito de contenidos, la limitación estricta del tiempo de uso para usuarios menores de edad y la implementación de sistemas efectivos de verificación de la edad. De prosperar, estas exigencias alterarían de raíz el modelo de interacción que ha caracterizado a Facebook e Instagram durante más de una década.
El contexto político: una batalla librada desde los estados
La ofensiva judicial contra Meta se desarrolla en un escenario político particular. Mientras la Administración federal que preside Donald Trump mantiene una relación cordial con las grandes tecnológicas —alabando con frecuencia a sus directivos y recibiéndolos en encuentros reservados en la Casa Blanca, como ocurrió durante la ceremonia de investidura del segundo mandato de Trump, a la que asistieron Zuckerberg, Elon Musk, Sundar Pichai, Satya Nadella y Tim Cook, entre otros—, son los estados, mayoritariamente bajo control demócrata, quienes han asumido el papel de contrapeso regulatorio frente a los presuntos abusos de las plataformas digitales.
El impacto financiero: beneficios en descenso pese al aumento de la facturación
El frente judicial ya deja huella en las cuentas de la compañía. Meta registró en el último trimestre una inusual caída de sus beneficios pese a disparar su facturación, un contraste que los analistas atribuyen en buena medida al incremento de los gastos legales derivados de los litigios pendientes, cifrados en 2.400 millones de dólares. Entre abril y junio, la compañía obtuvo un beneficio de 15.848 millones de dólares, un 14% menos que en el mismo periodo del año anterior, pese a facturar 60.801 millones de dólares, un 28% más.
Los mercados reaccionan: las acciones acumulan pérdidas ante la apertura del juicio
La presión judicial también se ha trasladado a la cotización bursátil de la compañía. El 18 de agosto, coincidiendo con el inicio del proceso, las acciones de Meta ampliaron su tendencia bajista y llegaron a caer cerca de un 1% en las operaciones previas a la apertura, situándose de forma temporal en 564,91 dólares. La sesión anterior ya había reflejado el nerviosismo inversor: el título se desplomó desde un máximo de 590 dólares hasta un mínimo de 568,97 dólares, una caída diaria de casi el 4%.
Un desenlace incierto con implicaciones para todo el sector
Aunque los expertos legales consultados coinciden en que resulta improbable que el tribunal imponga una sanción que aboque a Meta a la bancarrota —dado que ello supondría la desaparición de una de las mayores corporaciones del mundo—, el desenlace del juicio de Oakland tiene el potencial de redefinir los límites regulatorios para toda la industria de las redes sociales. Más allá de la cuantía final de la indemnización, lo que se dirime en este proceso es si las plataformas digitales pueden seguir operando bajo un modelo de negocio que, según sostienen los fiscales estatales, ha priorizado sistemáticamente el crecimiento y el engagement sobre la protección de sus usuarios más vulnerables.
