Un juez federal de Estados Unidos anuló la tarifa de solicitud de US$ 100.000 que la administración del presidente Donald Trump había impuesto a las nuevas solicitudes de visas H-1B, al considerar que la medida constituía un impuesto que el Poder Ejecutivo no tenía autoridad para establecer sin una autorización explícita del Congreso.
El juez de distrito Leo T. Sorokin, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, resolvió que la política impulsada por Trump excedía las facultades presidenciales otorgadas por la legislación migratoria estadounidense. Según su interpretación, aunque la ley permite al presidente restringir la entrada de determinados extranjeros cuando considere que afecta a los intereses del país, esa atribución no incluye la capacidad de crear nuevos gravámenes económicos sobre los procesos migratorios.
“El presidente no tenía poder ni autoridad delegada para imponer un impuesto sobre las peticiones H-1B”, escribió Sorokin en una resolución de 42 páginas, en la que concluyó que la naturaleza del pago demostraba que se trataba de un impuesto, independientemente de la denominación utilizada por la administración.
La decisión representa un revés para la estrategia del gobierno de Trump de endurecer las condiciones de acceso a programas migratorios laborales y supone un alivio para empresas estadounidenses que dependen de trabajadores extranjeros altamente especializados.
La disputa por una tarifa que multiplicaba el costo tradicional de las visas
La medida cuestionada había sido anunciada por Trump como parte de un plan para reformar el programa H-1B, que el mandatario calificó como un sistema utilizado de manera excesiva por algunas empresas para reemplazar trabajadores estadounidenses con empleados extranjeros de menor costo.
Antes de la nueva disposición, los empleadores que solicitaban estas visas afrontaban pagos que oscilaban aproximadamente entre US$ 1.000 y US$ 7.000, dependiendo del caso y las características del trámite. La nueva tarifa de US$ 100.000 representaba un aumento extraordinario destinado, según la administración, a desincentivar el uso abusivo del programa.
Sin embargo, empresas tecnológicas, organizaciones empresariales y varios estados cuestionaron la medida al considerar que tendría efectos negativos sobre sectores que dependen de profesionales extranjeros, como tecnología, salud, educación e investigación.
La demanda fue impulsada por una coalición encabezada por California y Massachusetts junto con otros 18 estados, cuyos fiscales generales argumentaron que el gobierno federal había actuado fuera del marco legal establecido.
El debate sobre el papel económico de los trabajadores H-1B en Estados Unidos
El programa H-1B es uno de los principales mecanismos de inmigración laboral calificada en Estados Unidos. Permite que empresas contraten profesionales extranjeros en ocupaciones consideradas especializadas, generalmente vinculadas a áreas que requieren formación universitaria o conocimientos técnicos avanzados.
Cada año se ofrecen 65.000 visas dentro del cupo principal del programa, además de otras categorías adicionales. La autorización inicial tiene una duración de tres años y puede extenderse por otros tres años, alcanzando un máximo habitual de seis años.
Durante décadas, compañías tecnológicas han utilizado este mecanismo para captar ingenieros, especialistas informáticos, científicos y otros profesionales con perfiles difíciles de cubrir exclusivamente con trabajadores locales.
Empresas como Amazon, Microsoft, Meta, Apple y Tata Consultancy Services figuran entre las compañías con mayor cantidad de empleados bajo este tipo de visa, según datos del gobierno estadounidense.
Los defensores del programa sostienen que permite aumentar la competitividad, impulsar la innovación y generar crecimiento económico. Argumentan que la llegada de talento especializado contribuye a la expansión empresarial y puede traducirse en más empleos dentro de Estados Unidos.
Los críticos, en cambio, señalan que algunas compañías pueden utilizar el sistema para reducir costos laborales o desplazar trabajadores nacionales, una preocupación que la administración Trump tomó como argumento central para justificar la reforma.
El juez rechazó la interpretación del gobierno sobre la autoridad presidencial
La administración Trump defendió la tarifa ante los tribunales argumentando que el presidente tenía amplias facultades para limitar la entrada de extranjeros cuando considerara que una categoría de inmigrantes perjudicaba los intereses nacionales.
El gobierno también sostuvo que el pago no debía considerarse un impuesto porque no era recaudado por el Servicio de Impuestos Internos ni tenía como objetivo generar ingresos fiscales.
Pero Sorokin rechazó ese razonamiento. Para el magistrado, la denominación utilizada por el Ejecutivo no modificaba la naturaleza jurídica de la medida.
El juez sostuvo que la ley migratoria permite regular la entrada de extranjeros, pero no otorga al presidente la potestad tributaria para imponer nuevos cargos económicos sin intervención legislativa.
En su análisis, también citó una reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos relacionada con aranceles impuestos por Trump bajo una legislación de emergencia nacional. Según Sorokin, ese precedente reforzaba la idea de que un presidente no puede establecer impuestos o gravámenes cuando la ley no delega claramente esa facultad.
“El lenguaje ambiguo no es suficiente para establecer la delegación de la potestad tributaria”, señaló el juez.
La Casa Blanca apelará el fallo mientras continúan otras demandas judiciales
La administración Trump anunció que apelará la decisión y defendió nuevamente la legalidad de la medida.
La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, afirmó que el presidente tiene autoridad para restringir la entrada de determinadas categorías de extranjeros cuando considere que no responden a los intereses de Estados Unidos.
El gobierno también insistió en que el programa H-1B había sido explotado durante años y que la reforma buscaba corregir desequilibrios del mercado laboral.
El caso forma parte de una disputa judicial más amplia. Además de esta demanda presentada por los estados, existen otros procesos en tribunales federales, incluyendo uno impulsado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y otro relacionado con empresas del sector sanitario.
Una causa previa en Washington D.C. había rechazado una solicitud para bloquear la política, decisión que fue apelada, generando interpretaciones judiciales distintas sobre la validez de la medida.
El impacto económico de la decisión en empresas y sectores estratégicos
La eliminación de la tarifa de US$ 100.000 evita, al menos temporalmente, un aumento que podía modificar profundamente la estrategia de contratación de empresas estadounidenses.
Sectores como tecnología, medicina e investigación científica dependen en gran medida de profesionales especializados provenientes del exterior. Algunos legisladores habían advertido que un costo tan elevado podía afectar especialmente a regiones rurales, donde existe escasez de médicos, profesores y especialistas.
Documentos judiciales mostraron que la tarifa tuvo un efecto inmediato en la cantidad de solicitudes: para el 15 de febrero, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) habían registrado únicamente 85 pagos del nuevo cargo de US$ 100.000.
La baja cantidad de solicitudes fue interpretada como una señal de que la medida estaba funcionando como un fuerte elemento disuasorio para las empresas.
La reforma migratoria de Trump mantiene abierta la discusión sobre empleo y competitividad
El conflicto alrededor de las visas H-1B refleja una discusión más amplia sobre el equilibrio entre protección del mercado laboral nacional y necesidad de atraer talento extranjero.
Mientras la administración Trump sostiene que el programa debe ser limitado para evitar abusos, sectores empresariales argumentan que restringir demasiado el acceso puede reducir la capacidad de Estados Unidos para competir frente a otras economías que buscan atraer profesionales altamente calificados.
El fallo de Sorokin no resuelve definitivamente el futuro del programa, pero establece un límite relevante sobre el alcance del poder presidencial en materia migratoria y tributaria.
La disputa continuará en los tribunales de apelación, donde se definirá si la administración podrá avanzar con una de sus principales medidas para transformar el sistema de inmigración laboral estadounidense.
