El Ejecutivo presenta un esquema de pagos que combina inyección financiera inmediata, factoring y proyecto de ley para cubrir intereses, beneficiando a un sector que emplea a 250.000 trabajadores
El Poder Ejecutivo anunció este viernes un plan estructurado para regularizar las deudas acumuladas con el sector de la construcción y las empresas vialeras, en una conferencia de prensa celebrada en Mburuvicha Róga. El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera; la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, y el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, presentaron un esquema que contempla desembolsos inmediatos, instrumentos financieros complementarios y una solución legislativa para los intereses acumulados durante la administración anterior.
Un compromiso respaldado por la mejora en la recaudación
El ministro Lovera explicó que la mejora registrada en la recaudación de marzo y el comportamiento positivo de abril son los factores que habilitaron esta decisión. «Dadas las perspectivas que tenemos del mes de marzo, como cerramos con una mejor recaudación y lo que está ocurriendo ahora en el mes de abril, estamos en condiciones de comprometer entre los meses de abril y mayo desembolsos por un valor total de US$ 150 millones para este sector proveedor exclusivamente del Ministerio de Obras Públicas», señaló el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El funcionario destacó que los fondos se destinarán de manera exclusiva a los proveedores del MOPC, con el objetivo de reactivar las obras paralizadas y dotar de liquidez inmediata a las empresas del rubro. Según lo informado, el desembolso se enmarca dentro de una deuda total de US$ 220 millones correspondiente a obras ya ejecutadas, de la cual los US$ 150 millones representan la porción que será cubierta con fondos propios del Estado en el corto plazo.
El desglose de una deuda que supera los US$ 320 millones
El jefe de Gabinete, Javier Giménez, precisó que la deuda total acumulada con las constructoras y vialeras asciende a US$ 320 millones, distribuidos en dos grandes componentes. Por un lado, US$ 220 millones corresponden a certificados de obra ejecutada pendientes de pago, los cuales serán atendidos mediante la combinación del desembolso inmediato de US$ 150 millones y el mecanismo de factoring o cesión de derechos de cobro para el saldo restante. Por otro lado, US$ 100 millones adicionales son producto de intereses generados durante la gestión anterior, derivados de condiciones contractuales que contemplaban descuentos sobre facturas con tasas que rozaban el 15 % en dólares, en un contexto de escasez de recursos en las arcas del Estado.
Para este último componente, el Ejecutivo anunció que remitirá al Congreso Nacional un proyecto de ley desde la semana próxima, que contemplará un descuento significativo sobre dichos intereses como parte del acuerdo alcanzado con el sector privado. Giménez subrayó que las empresas vialeras recibieron favorablemente la propuesta, valorando el diálogo abierto con las nuevas autoridades económicas.
Factoring como herramienta complementaria
En paralelo al desembolso directo, el ministro Lovera anunció que se mantiene activa la mesa de negociación para instrumentar el mecanismo de factoring, que permitirá a las constructoras ceder sus derechos de cobro a entidades financieras y acceder a liquidez de manera más ágil. El titular del MEF anticipó que en un plazo de 15 días se esperan resultados favorables para concretar este instrumento.
«Esto creo que más allá de una cuestión de predisposición de los actores del Estado, también es mucha predisposición de parte de los proveedores para avanzar en forma conjunta en soluciones creíbles y en soluciones sostenibles para poder cumplir con las obligaciones», expresó Lovera, destacando el clima de colaboración que caracterizó las negociaciones.
El impacto en el empleo y la infraestructura del país
El jefe de Gabinete, Javier Giménez, contextualizó la relevancia del plan al recordar que el sector de la construcción emplea a aproximadamente 250.000 personas, lo que equivale al 8 % de la fuerza laboral del Paraguay. La ministra Centurión, en tanto, proyectó que con los pagos previstos para mayo se habrá saldado el 85 % de la deuda correspondiente al año 2025, marcando un hito en la regularización financiera del sector. «Las obras se pagan, es el compromiso del presidente», enfatizó Giménez.
Las voces del sector privado: entre la satisfacción y la vigilancia
La conferencia de prensa contó también con la presencia de representantes del sector privado, quienes evaluaron el anuncio con optimismo matizado por la cautela. El ingeniero Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), calificó el momento como alentador y señaló que el acuerdo brindará previsibilidad a las empresas para continuar operando. «Si la deuda existe es porque se trabajó», afirmó, y subrayó que están «satisfechos y esperanzados» con la propuesta. Sarubbi remarcó además que el anuncio permitirá enviar un mensaje de tranquilidad a toda la cadena de proveedores del sector, que también acusa el impacto de los pagos demorados. «Vamos a poder seguir haciendo lo que sabemos, que es construir, que es mejorar la calidad de vida de la gente a través de la obra de infraestructura», expresó.
Por su parte, José Luis Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), vinculó la situación con el crecimiento económico del país y reclamó que la infraestructura no puede quedar rezagada frente al dinamismo de otros sectores. Si bien reconoció un voto de confianza hacia el nuevo ministro de Economía, advirtió que su cámara será «custodio» de los compromisos asumidos. «Hoy venimos a anunciar esto como para que realmente podamos despegar en infraestructura ante una disminución del ritmo de trabajo y tenemos aún un poco más de dos años. Este tiempo que se perdió yo creo que podemos recuperar trabajando 24/7», señaló.
La deuda con farmacéuticas, el otro frente por resolver
Al margen de la situación con el sector de la construcción, el Gobierno también hizo referencia a otra deuda de considerable magnitud: la contraída con las empresas farmacéuticas, cuyo pasivo total asciende a US$ 1.030 millones. Como parte de las medidas inmediatas, se acordó un desembolso de US$ 180 millones entre abril y mayo, aunque el plan integral para cubrir la totalidad de ese compromiso será presentado la semana próxima.
Una meta para cerrar el año sin deudas en el sector
El objetivo declarado del Ejecutivo es ambicioso: saldar la totalidad de la deuda con las constructoras y vialeras antes de que finalice el año 2025, dejando en cero los compromisos con el sector. Para lograrlo, el Gobierno deberá combinar con éxito la ejecución del desembolso inmediato, la aprobación legislativa del proyecto para los intereses y la implementación efectiva del mecanismo de factoring, en un contexto en que la credibilidad del Estado como pagador es el activo más importante que está en juego.
