Paraguay dio un paso decisivo en la modernización de su sistema financiero. Desde el lunes 21 de septiembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) puso en plena producción el Sistema de Certificados de Depósito de Ahorro digitales (CDA-d), una plataforma que transforma por completo la manera en que bancos, financieras e inversionistas emiten, custodian y negocian uno de los instrumentos de ahorro más utilizados del país. El cambio no es menor: reemplaza el papel por anotaciones electrónicas y busca dinamizar un mercado que hasta ahora dependía en gran medida de documentos físicos.

Qué es el CDA-d y cómo funciona la desmaterialización

El nuevo esquema permite la desmaterialización de los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) tradicionales y su representación mediante anotaciones en cuenta dentro de una infraestructura tecnológica especializada. En términos simples, el certificado deja de imprimirse, firmarse y entregarse en papel para convertirse en un registro electrónico alojado en un sistema centralizado.

Cada emisión digital cuenta con un código único y queda asentada en una subcuenta vinculada al titular beneficiario, cuya identidad se valida a través del Registro Único del Ahorrista (RUA), que emplea la cédula de identidad para personas físicas, el Registro Único del Contribuyente (RUC) para personas jurídicas y el pasaporte o código de no residente en el caso de extranjeros. La prueba de propiedad del instrumento ya no está en un papel guardado en una carpeta, sino en ese registro electrónico centralizado.

Es importante remarcar que el CDA-d conserva íntegramente la naturaleza financiera del certificado tradicional: sigue siendo una inversión a plazo, con una tasa y un vencimiento pactados entre el cliente y la entidad financiera. No se trata de una criptomoneda, ni de una billetera digital, ni de dinero disponible para retirar en cualquier momento. El rendimiento tampoco aumenta por el simple hecho de digitalizarse: la tasa continuará dependiendo de la oferta de cada banco o financiera y de las condiciones negociadas caso por caso, ya que el BCP no fijó una tasa única para todo el sistema.

Quién administra la plataforma y qué rol cumple la DEPO

La plataforma es provista y administrada por la Depositaria de Valores (DEPO) del Banco Central, que centraliza el registro y la custodia electrónica de los instrumentos y facilita la compensación y liquidación de las operaciones realizadas por las entidades participantes. A través de esta infraestructura, los bancos y financieras autorizados pueden realizar de forma electrónica la emisión, colocación, registro de operaciones, custodia, compensación y liquidación de los CDA, reduciendo drásticamente los procesos manuales.

El engranaje operativo se completa con el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR), que procesa los movimientos de dinero asociados a las transacciones. Cuando una operación implica una compraventa, puede aplicarse el mecanismo de entrega contra pago, bajo el cual la transferencia definitiva del certificado se concreta únicamente si, en simultáneo, se efectúa el pago correspondiente. Este diseño busca evitar descoordinaciones entre la entrega del instrumento y el movimiento del dinero, dejando además una secuencia de la transacción que puede verificarse en todo momento.

Al llegar el vencimiento, la entidad emisora debe contar con fondos suficientes en su cuenta de liquidación, y el capital junto con los intereses pueden acreditarse directamente en la cuenta bancaria definida por el titular o canalizarse a través del custodio, quien está obligado a entregarlos el mismo día en que los recibe. La cuenta de acreditación puede modificarse hasta un día hábil antes de la liquidación, lo que otorga flexibilidad operativa al ahorrista.

Un arranque con cifras concretas: 35 emisiones en la primera semana

El sistema no comenzó a operar de un día para otro. Tuvo una fase de pruebas controladas iniciada el 7 de septiembre, que permitió a las entidades financieras y al propio Banco Central poner a prueba el funcionamiento técnico de la plataforma antes de habilitarla de forma general. Durante esos primeros siete días se registraron 35 CDA digitales por un monto conjunto de 54,86 millones de guaraníes y 5.140 dólares, según cifras oficiales del organismo regulador.

Ese período de prueba, según la propia entidad, se cumplió sin contratiempos técnicos ni operativos relevantes, lo que habilitó el paso a la producción plena. Desde el 21 de septiembre, los 16 bancos y las cuatro financieras que integran el sistema financiero nacional están en condiciones de operar con los nuevos certificados y ofrecerlos a sus clientes sin restricciones.

Para dimensionar el peso económico de este instrumento dentro del sistema financiero paraguayo, al cierre de julio los CDA acumulados en bancos alcanzaban 84,1 billones de guaraníes, una cifra que representa el 44% del total de los depósitos del sistema bancario. En las financieras, por su parte, el saldo de CDA sumaba 4,9 billones de guaraníes. Se trata, en consecuencia, de uno de los pilares del ahorro formal en el país, lo que explica el interés del regulador en modernizar su infraestructura.

El objetivo de fondo: más liquidez en el mercado secundario

Uno de los efectos más relevantes que se espera de la digitalización tiene que ver con el mercado secundario, es decir, la compraventa de CDA ya emitidos entre distintos inversionistas. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Valores, durante 2025 el volumen negociado de estos certificados en el mercado secundario rondó los 21,1 billones de guaraníes. Al digitalizar por completo la transferencia y liquidación de los instrumentos, se busca reducir las fricciones operativas que hasta ahora limitaban la fluidez de esas transacciones.

La normativa que sustenta al CDA-d contempla, además, operaciones más sofisticadas que en el formato físico resultaban más engorrosas: reporto, uso del certificado como garantía, pignoración, caución, bloqueo y embargo. Esto amplía el abanico de usos financieros del instrumento más allá de la simple colocación a plazo, aunque el propio Banco Central aclaró que estas posibilidades no garantizan de manera automática una mayor cantidad de operaciones, ya que todo dependerá del nivel de adopción que alcance el sistema entre bancos, financieras e inversionistas.

Transición gradual: coexistencia de al menos dos años con el papel

El Banco Central optó por un esquema de implementación prudente. Los certificados digitales convivirán con los CDA cartulares durante una primera etapa de al menos dos años, lo que permitirá que cada entidad financiera y sus clientes avancen hacia el nuevo esquema según sus propios procesos internos y necesidades operativas. Esto significa que los certificados físicos vigentes no están obligados a migrar de inmediato al formato electrónico.

Durante ese período de convivencia, los bancos y financieras podrán adaptar gradualmente sus sistemas, mientras el ente regulador prevé continuar incorporando funcionalidades y mejoras a la plataforma. La velocidad de adopción quedará, en gran medida, en manos del propio mercado: de cuántas entidades se habiliten, qué canales digitales ofrezcan a sus clientes y cuán clara sea la información que brinden a la hora de contratar el producto.

Qué debe verificar un ahorrista antes de contratar un CDA-d

Para el cliente final, la principal ventaja es operativa: puede invertir sus recursos de manera completamente digital, con mayor rapidez y trazabilidad, sin necesidad de emitir, trasladar o resguardar documentos en papel. Sin embargo, el proceso de contratación no varía en su esencia: el ahorrista no accede directamente a una aplicación del Banco Central, sino que debe hacerlo a través de un banco o una financiera habilitada, que actúa como emisor y custodio del instrumento.

Antes de contratar un CDA-d, resulta recomendable que el inversionista verifique varios aspectos: si la entidad elegida ya está habilitada para emitir el instrumento, cuál es la tasa nominal y cuál la tasa efectiva anual, qué ocurre si necesita disponer del dinero antes del vencimiento, en qué cuenta recibirá los intereses y el capital, y qué tipo de comprobante y consulta de saldo pondrá a su disposición la entidad. El reglamento exige, precisamente, que se registren tanto la tasa nominal como la tasa efectiva anual, y dispone que el Banco Central publique una curva de rendimiento que relacione los distintos plazos con los retornos observados en el mercado, una herramienta que puede facilitar la comparación entre alternativas de inversión.

Riesgos que no cambian y protección del ahorro

La digitalización no altera dos elementos centrales del producto. El primero es que el riesgo sigue asociado al emisor: la custodia electrónica en la DEPO permite identificar al propietario y seguir la trazabilidad del título, pero no convierte al Banco Central en garante o deudor del ahorro. La entidad financiera que emitió el CDA-d continúa siendo la responsable del pago del capital y de los intereses pactados.

El segundo elemento sin cambios es la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que protege por persona y por entidad financiera aportante hasta un límite legal de 75 salarios mínimos. Para calcular esa cobertura se suman los CDA junto con las cuentas corrientes y demás depósitos que una misma persona mantenga en la misma institución, incluyendo el capital y los intereses devengados hasta el inicio de un eventual proceso de resolución.

Tampoco debe confundirse el CDA-d con una cuenta a la vista: el dinero mantiene el plazo pactado y una salida anticipada dependerá de las condiciones contractuales o de la posibilidad de transferir el instrumento a un tercero. Además, al procesarse las operaciones dentro de los días y horarios del LBTR, la digitalización no equivale a disponibilidad inmediata las 24 horas.

Impacto esperado en la transparencia y el control del sistema financiero

Más allá del beneficio operativo para clientes y entidades, el nuevo sistema tiene un componente regulatorio relevante. La mayor trazabilidad que ofrece el registro electrónico centralizado facilitará el seguimiento por parte de la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, el propio Fondo de Garantía de Depósitos y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. Esa capacidad de monitoreo más ágil puede contribuir a fortalecer la confianza institucional y mejorar el clima de inversión en el país.

Para el Banco Central, la puesta en marcha del Sistema CDA-d representa un avance concreto en la modernización de la infraestructura financiera nacional, en línea con un proceso de digitalización que busca reducir riesgos operativos asociados al manejo de documentos físicos, optimizar tiempos y costos, y aportar mayor dinamismo a las transacciones en beneficio de entidades financieras, inversionistas y el mercado en su conjunto. El resultado de esta apuesta, no obstante, dependerá en última instancia de la velocidad con que bancos, financieras y ahorristas paraguayos decidan dejar atrás el papel.