La economía argentina atraviesa una etapa en la que la estabilización de algunas variables macroeconómicas convive con señales de deterioro en sectores centrales de la actividad productiva. El cierre de empresas, la pérdida de empleos registrados, el crecimiento del trabajo por cuenta propia y el retroceso de ramas industriales muestran que la recuperación de los equilibrios macroeconómicos todavía no se traduce de manera homogénea en mayor capacidad productiva, empleo formal y demanda interna.
Desde el inicio del actual Gobierno, el número de unidades productivas se redujo en 32.290, de acuerdo con los datos citados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La cantidad de empresas pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 480.067 en julio de 2026, lo que representa una contracción del 6,3%. Solo durante julio dejaron de operar 948 empresas, equivalentes a unas 30 por día.
El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa conjuntamente con la evolución del empleo y el consumo. La reducción del universo empresarial no constituye únicamente una variación estadística en la cantidad de establecimientos: implica menor capacidad de generación de puestos registrados, menor demanda de bienes intermedios y servicios y, en determinados sectores, una pérdida de capacidades productivas que no necesariamente puede recuperarse con rapidez.
Menos empresas y menos empleo formal
La contracción del tejido empresarial tuvo un correlato directo sobre el mercado laboral. Según los datos citados por CEPA, durante la gestión iniciada a fines de 2023 se destruyeron 437.611 empleos formales, mientras que en julio de 2026 se registró una pérdida adicional de 3.485 puestos de trabajo registrados.
La magnitud de esta reducción permite observar uno de los principales problemas de la actual dinámica económica: aun cuando una empresa cierre o reduzca su plantilla, la actividad laboral no desaparece necesariamente. Una parte de los trabajadores puede trasladarse hacia ocupaciones independientes, informales o de menor productividad. Por eso, la evolución del empleo formal debe analizarse junto con la calidad de los nuevos puestos generados y no solamente con la cantidad total de personas ocupadas.
Los datos sobre informalidad muestran precisamente ese desplazamiento. La proporción de trabajadores informales pasó del 41,4% a fines de 2023 al 45% en el segundo trimestre de 2026, según un estudio de la Universidad Nacional de Rosario elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. En paralelo, la participación de los asalariados sobre el total de ocupados cayó del 73,7% al 70,5%, mientras que los trabajadores por cuenta propia aumentaron del 22,6% al 25,5%.
La combinación de ambos fenómenos resulta particularmente significativa. El crecimiento del cuentapropismo puede representar una salida frente a la falta de oportunidades asalariadas, pero no necesariamente constituye una mejora estructural del mercado laboral. Cuando ese crecimiento se produce acompañado de una elevada informalidad, aumenta el número de personas que trabajan sin aportes previsionales y con menor cobertura de seguridad social.
El avance de la informalidad expone un problema estructural
El 65,8% de los trabajadores urbanos por cuenta propia se encuentra en la informalidad, mientras que entre los asalariados el porcentaje que no realiza aportes jubilatorios alcanza el 37,9%. Este último indicador también se encuentra por encima del 33,6% registrado a fines de 2016.
La informalidad, además, presenta una fuerte concentración sectorial. El servicio doméstico registra una tasa del 77,4%, seguido por la construcción con 76,2%. Gastronomía y alojamiento alcanzan el 63,9%, mientras que el comercio llega al 54,7%. En sectores de mayor calificación y productividad, como los servicios profesionales, científicos y técnicos, la proporción se reduce al 19,2%.
Esta diferencia permite observar que el problema no se limita al costo de contratar trabajadores formalmente. También está relacionado con la estructura productiva, la productividad, el tamaño de las unidades económicas y la capacidad de las empresas para sostener relaciones laborales registradas.
Por ello, una reducción de cargas o modificaciones regulatorias pueden alterar los incentivos empresariales, pero difícilmente resuelvan por sí solas una informalidad que se encuentra estrechamente vinculada con la baja productividad y la debilidad de determinados mercados regionales.
El norte concentra las mayores dificultades laborales
La disparidad territorial profundiza el problema. En varias ciudades del norte argentino, más de ocho de cada diez trabajadores por cuenta propia desarrollan su actividad de manera informal. Formosa registra una tasa del 87,9%, mientras que Gran Tucumán y Tafí Viejo alcanzan el 87,6%; Santiago del Estero y La Banda, 87,5%; Gran Resistencia, 84%; y Gran San Juan, 83%.
La diferencia respecto de la Ciudad de Buenos Aires es considerable: allí la informalidad entre los cuentapropistas se ubica en 32,8%. En el conurbano bonaerense, en cambio, alcanza el 70,2%, mientras que la informalidad laboral total llega al 47,5%, frente al 26% de la capital.
Las cifras sugieren que la economía argentina no enfrenta un único mercado laboral, sino estructuras productivas muy diferentes según la región. Las zonas con mayor presencia de actividades de elevada productividad y grandes empresas presentan mejores niveles de formalización, mientras que aquellas con menor densidad empresarial y mayor peso de actividades de baja productividad muestran una dependencia mucho mayor del trabajo informal.
El caso de Neuquén resulta ilustrativo dentro de los datos analizados: la provincia registra una informalidad laboral de 26,4% en un contexto caracterizado por el desarrollo de la actividad hidrocarburífera. La estructura productiva, por tanto, aparece como un factor determinante para explicar la calidad del empleo.
La industria textil concentra buena parte del deterioro productivo
El sector textil, de indumentaria, cuero y calzado constituye uno de los ejemplos más claros de la presión que enfrenta la producción industrial. Entre diciembre de 2023 y junio de 2026 desaparecieron 1.042 empresas vinculadas con esta cadena, una contracción del 17% que representa el 24% de todas las empresas industriales que dejaron de operar durante ese período.
La caída empresarial estuvo acompañada por una fuerte reducción de la producción. La cadena acumula una contracción de 33,8% respecto de 2023 y una pérdida de 23,4% del empleo registrado. Entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se destruyeron 28.322 puestos de trabajo textiles, de indumentaria y calzado, equivalentes a aproximadamente un tercio de los empleos industriales perdidos durante el período.
La utilización de la capacidad instalada refleja el mismo fenómeno. En los primeros siete meses de 2026 se ubicó en apenas 40%, el nivel más bajo de la serie histórica para ese período, exceptuando el año de la pandemia. En julio alcanzó 45,3%, todavía 17,9 puntos porcentuales por debajo del mismo mes de 2023.
Una capacidad industrial que permanece ociosa durante períodos prolongados tiene consecuencias que exceden la coyuntura. La menor utilización reduce los incentivos a invertir, limita la escala productiva y puede acelerar la salida de empresas que no consiguen distribuir sus costos fijos sobre un volumen suficiente de producción.
Las importaciones ganan participación mientras cae la producción local
Uno de los cambios más relevantes se observa en la composición de la oferta interna. Según los datos difundidos por la Fundación Pro Tejer, las importaciones pasaron de representar aproximadamente la mitad del mercado junto con la producción nacional a explicar cerca del 70% de la oferta.
La mayor presencia de productos importados no constituye necesariamente un problema en sí mismo. El acceso a bienes externos puede mejorar la variedad disponible, reducir determinados costos y aumentar la competencia. El riesgo económico aparece cuando la sustitución de producción nacional ocurre simultáneamente con una contracción de la inversión, del empleo industrial y de la capacidad instalada, sin que exista un aumento suficiente de productividad que permita a las empresas locales competir en mejores condiciones.
Los datos sectoriales muestran precisamente una presión importante sobre la producción. Durante los primeros siete meses de 2026, la producción textil cayó 22,6% frente al mismo período de 2025 y 33,9% respecto de 2024. En julio, la producción fue 13% inferior a la del mismo mes del año anterior y 33,8% menor que en julio de 2023.
Al mismo tiempo, las importaciones de productos terminados mantuvieron niveles elevados. Entre enero y agosto de 2026, las compras externas de indumentaria aumentaron 55% en toneladas y 30% en dólares, mientras que las confecciones crecieron 22% en cantidades y 6% en valor.
El resultado es una modificación de la estructura del mercado interno: una mayor proporción de la demanda se satisface mediante producción externa mientras una parte de la capacidad productiva nacional permanece sin utilizar.
La inversión productiva también pierde impulso
El debilitamiento de la industria no se limita a producción y empleo. También afecta la inversión, un componente fundamental para elevar la productividad y sostener la competitividad en el largo plazo.
La cadena textil había acumulado USD 782 millones en importaciones de bienes de capital entre 2021 y 2024. Sin embargo, estas compras disminuyeron 39% en 2025 respecto de 2023 y continuaron retrocediendo durante 2026. Entre enero y agosto de este año la inversión en bienes de capital alcanzó apenas USD 41 millones, con una proyección anual cercana a USD 62 millones si se mantiene el ritmo observado.
La magnitud de la caída plantea un problema que trasciende el ciclo económico. Una economía puede atravesar períodos de menor actividad y posteriormente recuperar producción, pero cuando durante la contracción se reduce de manera significativa la inversión, la capacidad de expansión futura también puede quedar comprometida.
Esto resulta especialmente relevante en sectores expuestos a la competencia internacional. Sin renovación tecnológica, aumento de escala y mejoras de productividad, la industria nacional enfrenta mayores dificultades para competir frente a bienes importados, independientemente de las condiciones cambiarias o comerciales de cada momento.
El consumo aparece como otro punto de presión
El deterioro empresarial y laboral se desarrolla además en un contexto de debilidad de la demanda interna. La información disponible señala una pérdida del poder de compra de los salarios reales y una inflación interanual de 33,8% en julio de 2026, factores que contribuyeron a reducir el consumo y afectaron especialmente a comercios y pequeñas y medianas empresas.
La actividad económica también mostró una fuerte contracción durante julio: cayó 2,9% respecto de junio y 1,4% interanual.
La combinación es particularmente compleja para las empresas orientadas al mercado interno. Menor poder adquisitivo significa menor demanda; menor demanda reduce ventas; menores ventas presionan los márgenes; y márgenes más reducidos limitan la capacidad de sostener empleo e inversión. Cuando ese proceso se prolonga, puede derivar en cierres definitivos y en una pérdida de capacidad empresarial.
Esto ayuda a explicar por qué el número de empresas y la calidad del empleo son indicadores importantes para evaluar la economía más allá de las variables financieras. La estabilización nominal puede ser necesaria para ordenar una economía, pero no garantiza por sí misma la recuperación de la actividad productiva.
El desafío económico es convertir la estabilización en crecimiento productivo
Los datos reunidos muestran una economía atravesada por una transición profunda. Por un lado, existe un proceso de transformación del modelo económico, con cambios en la estructura de precios relativos, apertura comercial y modificaciones en las condiciones de contratación. Por otro, los indicadores empresariales, laborales e industriales muestran costos relevantes de esa transición.
El principal desafío consiste en evitar que la reasignación de recursos termine produciendo una economía con menos empresas formales, menor capacidad industrial y una proporción creciente de trabajadores independientes de baja productividad. La competencia y la apertura pueden generar beneficios cuando impulsan eficiencia e inversión, pero requieren un entramado productivo capaz de responder a esa presión competitiva.
El aumento de la informalidad hasta el 45%, la caída del número de empresas, la destrucción de empleo registrado y el deterioro de sectores industriales específicos no permiten hablar de una recuperación homogénea. El problema no es únicamente cuánto crece o cae el Producto Interno Bruto en un determinado trimestre, sino qué tipo de estructura económica queda después del proceso de ajuste.
Argentina enfrenta así una cuestión central para la sostenibilidad de su modelo económico: transformar la estabilización en inversión, productividad, empleo formal y expansión empresarial. Si esos componentes no aparecen con suficiente fuerza, la reducción de determinados desequilibrios macroeconómicos puede convivir durante un período prolongado con una economía más pequeña, más informal y con menor capacidad industrial.
