El Arzobispado de Asunción pide al Ministerio Público investigar sin límites el destino de los fondos, reclama la devolución total a los ahorristas y plantea al presidente Pedro Alliana cinco compromisos concretos y verificables.
Ante la gravedad de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank, la Iglesia Católica en Paraguay fijó posición con la claridad que la situación exige. A diez días de la medida del Banco Central del Paraguay, el Arzobispado de Asunción emitió un comunicado sin ambigüedades: respalda a los miles de paraguayos afectados, exige a las autoridades el cumplimiento de su deber y reclama que los responsables, si los hubiera, respondan ante la justicia.
El documento, titulado «La crisis financiera y la respuesta de la justicia», se distingue por su precisión conceptual. No se queda en la preocupación general: define lo que corresponde al Ministerio Público, lo que corresponde al Poder Ejecutivo y los derechos que asisten a la ciudadanía. Con ello, la Iglesia reafirma su rol como actor relevante de la sociedad para exigir a quienes ejercen funciones públicas que rindan cuentas, con una postura firme y sin tibieza frente a una crisis de esta magnitud.
Una crisis que expuso fallas en la supervisión
El Arzobispado recuerda que la intervención de Ueno Bank puso de manifiesto una profunda crisis en el sistema financiero y en los mecanismos de supervisión. Por la gravedad de lo ocurrido, sostiene, es necesario esclarecer los hechos y determinar, con pruebas y conforme a la ley, las responsabilidades que correspondan.
Sobre la situación de los depositantes, reconoce que la devolución inicial de recursos mediante el seguro de garantía de depósitos ofreció un alivio muy necesario. Sin embargo, advierte que aún no se conoce el impacto total ni se ha completado la recuperación de los recursos de personas, organizaciones, empresas e instituciones del Estado. Por ello, pide que el proceso de reembolso asegure la devolución de los recursos de los ahorristas e inversionistas afectados.
Piden al Ministerio Público investigar con firmeza e independencia
El comunicado plantea interrogantes sobre la supervisión de la entidad y el manejo de fondos públicos vinculados al caso. En ese marco, solicita al Ministerio Público que investigue todas las líneas pertinentes, esclarezca el destino de los fondos y determine, con independencia y rigor, si hubo sustracción o desvío de recursos y quiénes serían los responsables.
Alienta además a la Fiscalía a intensificar las diligencias y a rastrear los recursos y bienes vinculados al caso, con el fin de esclarecer los hechos y procurar la reparación del daño. La investigación, subraya, debe avanzar con firmeza e imparcialidad, y si se prueban hechos punibles, los responsables deberán responder ante la justicia.
La Iglesia también advierte sobre el costo institucional de la demora: la crisis y las denuncias sobre posibles irregularidades han aumentado la preocupación ciudadana por la impunidad, y la falta de esclarecimiento debilita la confianza en las instituciones y en la vida pública. Como sociedad, afirma, corresponde exigir responsabilidad y renovar el compromiso con la integridad en la función pública, desde una perspectiva ética y cristiana.
La nueva etapa del Poder Ejecutivo
El Arzobispado sostiene que la situación de Ueno Bank desencadenó una crisis política muy grave y abrió una nueva etapa institucional bajo la conducción del presidente Pedro Alliana, cuyas decisiones condicionarán al país más allá de 2028.
En ese contexto, recuerda que el 9 de noviembre el presidente pidió que los ministros, secretarios ejecutivos con rango ministerial y máximas autoridades de entes y empresas públicas comprendidos en la normativa pusieran sus cargos a disposición, para facilitar la coordinación del Gobierno. La solicitud, aclara, no interrumpía las funciones ni alcanzaba a autoridades sujetas a períodos o procedimientos especiales.
El actual período constitucional concluye el 15 de agosto de 2028, por lo que el tiempo de gestión que resta es limitado. Por eso, la Iglesia pide al presidente que, desde su conocimiento de la gestión de los últimos años, evalúe con objetividad el funcionamiento y los resultados de los ministerios y demás instituciones del Ejecutivo. Dado que varios de los ministros actuales son identificados con la gestión del expresidente Santiago Peña, considera necesario realizar cambios allí donde la evaluación lo aconseje y sanear las áreas con deficiencias, confiando su conducción a personas idóneas y capaces.
El texto aclara que esto no supone descalificar a quienes cumplen bien su tarea, sino responder al reclamo ciudadano de resultados, recuperar la confianza, mejorar la imagen del país y promover el desarrollo integral de todos los paraguayos, sin subordinar la gestión a cálculos electorales ni a intereses partidarios.
Además, el Arzobispado sostiene que los cargos de confianza deben recaer en hombres y mujeres idóneos, honestos y con vocación de servicio, y que el patriotismo trasciende las afiliaciones partidarias. Invita al Gobierno a dialogar con la oposición y a convocar, sin distinción de bancadas ni banderías, a quienes mejor puedan servir al país, respetando las atribuciones legales del Ejecutivo.
Compromisos concretos y verificables
Inspirado en la Palabra de Dios, que recuerda que la obra de la justicia será la paz (Isaías 32,17), el Arzobispado puso a consideración del Poder Ejecutivo cinco compromisos específicos:
- Transparentar las cuentas. Publicar periódicamente la deuda con proveedores y la nómina del Estado, e informar cuánto costará la compensación a las personas afectadas por la crisis bancaria y con qué recursos se cubrirá.
- Proteger el dinero público. Establecer y publicar mensualmente reglas claras sobre dónde y con qué límites se depositan los fondos del Estado y del IPS.
- Realizar contrataciones necesarias y transparentes. Limitar las contrataciones a las estrictamente necesarias y hacerlas mediante concursos transparentes; aplicar precios de referencia y promover la compra conjunta de medicamentos entre el Ministerio de Salud y el IPS; y convocar a profesionales independientes e idóneos para supervisar el uso de los recursos públicos.
- Mantener al Estado neutral. Garantizar la neutralidad estatal en las internas de 2027 y en las elecciones de 2028, y que el presidente se dedique exclusivamente a su gestión hasta completar el período constitucional.
- Evaluar permanentemente la gestión. Revisar periódicamente el funcionamiento y los resultados de las carteras del Poder Ejecutivo, y publicar las conclusiones y las medidas correctivas adoptadas.
El Arzobispado aclara que no pide reformas estructurales, reservadas al Gobierno que elegirá la ciudadanía en 2028, sino el cumplimiento de estos compromisos con plazos claros y resultados verificables.
El derecho de la ciudadanía a saber
El comunicado concluye con un mensaje dirigido a toda la sociedad: la ciudadanía tiene derecho a conocer los resultados y a exigir rendición de cuentas. Y cierra con una oración: que Nuestra Señora de la Asunción, Patrona del Paraguay, interceda por la nación y acompañe a quienes trabajan por la justicia, la paz y el bien de todos.
Con este pronunciamiento, la Iglesia Católica vuelve a ubicarse del lado de los paraguayos afectados, recordando que el respeto al Estado de derecho y a la justicia es indispensable para construir una convivencia segura y una patria en la que todos puedan aportar.
