Un contrato de 15 años, tarifas en dólares y una pregunta que se repite en los gremios del sector: ¿quién gana con la energía paraguaya?
Un contrato que marca un precedente para la ANDE
El 22 de octubre, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) firmó con la empresa Kuntur, vinculada al grupo Araico, el primer gran contrato de suministro para un centro de datos de inteligencia artificial. El acuerdo tiene una vigencia de 15 años y contempla hasta 286 megavatios (MW) para el megaproyecto que se levantará en Yguazú, Alto Paraná.
El proyecto cuenta con el respaldo de la compañía estadounidense Crusoe, que prevé operar desde mediados de 2027 con 106 MW, ampliables a 280. Para Alejandro Zuccolillo, director de Araico, se trata del contrato más lucrativo en la historia de la estatal. La ANDE, por su parte, calcula una tarifa inicial de entre US$ 48,91 y US$ 56,39 por megavatio hora (MWh).
Por la magnitud de la potencia comprometida y la duración del acuerdo, el contrato obliga a mirar con lupa a quién se destina un recurso que el país no tiene en cantidad ilimitada.
Cómo se cobrará la energía: la Resolución 52552
La tarifa nace de la Resolución 52552, firmada el 21 de octubre. Crea una categoría específica para centros de IA, que el Pliego de Tarifas N° 21, vigente desde 2017, no contemplaba. El esquema se divide en cuatro niveles de tensión: 220 kV, 66 kV, 23 kV con abastecimiento desde subestación y 23 kV en línea.
En cada nivel se pagan tres conceptos: la potencia reservada, la energía consumida y un recargo por exceso de potencia. La energía va de US$ 34,26 a US$ 45,54 por MWh, según la tensión y el horario. A eso se suma la potencia reservada, que se abona todos los meses, se utilice o no. Es el equivalente a pagar por el diámetro de la cañería, y no solo por el agua que corre.
La franja de mayor costo, llamada punta de carga, rige de lunes a sábado, de 18:00 a 22:00, cuando la demanda residencial e industrial alcanza su pico. Los domingos completos se facturan como fuera de punta. El recargo por exceso es el rubro más caro: llega a US$ 73,94 por kW al mes en 23 kV en línea, un desincentivo para que el cliente supere la potencia contratada.
Ajustes anuales con piso garantizado
La resolución no congela precios. A partir de 2028, las tarifas se actualizarán cada año con un factor que combina, a partes iguales, el índice de precios al productor industrial y el de precios al consumidor de Estados Unidos. Si el resultado es inferior a 1,025, se aplica ese valor, es decir, un incremento mínimo de 2,5% anual. No se fijó un techo.
Las nuevas tarifas regirán desde el 1 de julio de cada año y se aplicarán sin necesidad de adenda contractual. Además, cada dos años habrá una revisión según la variación del costo medio de generación de la ANDE. Si ese costo baja, no hay reducción por este mecanismo. Y si sube más de 30% en el bienio, se hará una revisión integral.
Con el piso aplicado en los 14 ajustes posibles hasta 2041, el valor de US$ 48,91 podría rondar los US$ 69 por MWh, una suba acumulada cercana al 41%, sin contar la revisión bienal. Esa cifra se aproxima al nivel que el propio Zuccolillo admitió que podrían llegar a pagar.
El cronograma de la demanda
La entrada en operación será escalonada. Kuntur comenzará el 1 de diciembre de 2026 con 6 MW en 23 kV, que es el límite de esa categoría. Desde el 1 de abril de 2028 pasará a 220 kV con 146 MW y, desde abril de 2029, alcanzará los 286 MW. Las obras de conexión corren por cuenta de la empresa y, al migrar de nivel, las instalaciones en 23 kV pasarán a ser activo de la ANDE.
El primer ajuste coincidiría con el paso a 220 kV. Con el piso, el promedio de US$ 48,91 subiría a unos US$ 50,13 en el primer año. Todo esto depende de que el calendario se cumpla.
Las voces críticas: ¿tarifa competitiva o energía subvalorada?
Los cuestionamientos apuntan a dos frentes. El primero es el precio. La ingeniera Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía, sostiene que la tarifa técnica establecida por ley rondaría hoy los US$ 91 por MWh. Para ella, el país tiene derecho a vender su energía a quien quiera, pero no a hacerlo por debajo de ese valor a un cliente que no deja contrapartidas. Recordó además que la iniciativa de tarifa social, respaldada con más de 48.000 firmas, sigue pendiente en el Congreso.
El segundo es el tipo de inversión. El ingeniero Guillermo López Flores advierte que no todo consumo digital genera el mismo desarrollo. Un centro de IA de hiperescala invierte sobre todo en chips importados y deja en el país poco más que la obra civil y un consumo intensivo, porque quienes aprovechan esos modelos trabajan en otros mercados. Propone que los incentivos respondan a una fórmula que pondere empleo por MW, valor agregado local y flexibilidad de la carga, en lugar de equiparar a un data center con una planta de fertilizantes o combustibles renovables.
La transparencia, una cuenta pendiente
El texto del contrato no es público. El presidente de la ANDE, Miguel Báez, defendió la tarifa como técnica y estudiada en varios escenarios, y asumió la responsabilidad institucional por ella. Sin embargo, ante el pedido de una copia del documento, la entidad derivó la solicitud a Zuccolillo, algo llamativo tratándose de un ente público.
También persisten dudas sobre la relación societaria entre Kuntur, descrita como firma paraguaya con RUC local, y Araico. Los promedios de US$ 48,91 y US$ 56,39 que citó la ANDE no figuran en la resolución, que solo detalla los valores por separado.
El reloj energético corre
El debate llega en un momento delicado. El Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico proyecta que hacia 2030 el país consumirá toda la energía disponible de Itaipú y Yacyretá, con un posible déficit desde 2031 y la necesidad de importar entre 500 y 1.000 MW por año. En 2025, la ANDE estimó que requería US$ 12.000 millones para expandir el sistema y apenas tenía asegurados US$ 174 millones.
López Flores matiza que el crecimiento económico genera su propia oferta de energía, como ocurrió en Corea o Taiwán, pero subraya que importa a quién se asigna hoy cada megavatio.
Las lecciones de otros países
Paraguay no es el primero en recorrer este camino. En Estados Unidos, los centros de datos pasaron de consumir cerca del 4% de la electricidad en 2024 a una proyección de 12% hacia 2028, y en estados como Virginia, Illinois y Ohio las tarifas subieron entre 12% y 16% en un año. Ya se presentó en el Senado un proyecto bipartidista para evitar que los hogares paguen esa expansión.
Malasia atrajo inversiones con tarifas bajas, pero en un año los centros de datos triplicaron su peso en la demanda eléctrica. El estado de Johor frenó por 18 meses las ampliaciones con refrigeración por agua, y el gobierno dejó claro que no ofrecerá energía y agua baratas sin beneficios concretos. En Brasil, el mayor complejo de datos de una gigante china fuera de su país, en Ceará, enfrenta denuncias de comunidades indígenas y de una entidad de consumidores por el impacto sobre el agua en una zona con historial de sequía.
A esto se suman las advertencias de organismos financieros y de grandes banqueros sobre una posible burbuja de la inteligencia artificial, un riesgo que Paraguay deberá considerar antes de comprometer potencia por 15 años.
Lo que Paraguay debería exigir
El país tiene una ventaja real: energía limpia y renovable en un momento en que la IA la demanda en cantidades enormes. Pero una ventaja estratégica se negocia, no se regala. Los puntos clave que quedan sobre la mesa son la publicación íntegra del contrato, una fórmula transparente de contrapartidas en empleo y valor agregado local, y la garantía de que la expansión de la demanda no se traslade a la tarifa de hogares y empresas paraguayas.
La discusión no es si Paraguay debe sumarse a la carrera de la IA, sino en qué condiciones y a qué precio. Los próximos meses, hasta el arranque de operaciones el 1 de diciembre, serán decisivos para saber si este contrato se convierte en un modelo o en una advertencia.
