Las finanzas públicas del Paraguay continúan bajo la presión estructural que representan los gastos rígidos del Estado, principalmente los salarios y las jubilaciones del sector público. Así lo revela el informe de la Situación Financiera de la Tesorería General, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que muestra que las transferencias destinadas a cubrir remuneraciones en el sector público crecieron 11,5% interanual hasta julio de este año.
En términos absolutos, la variación equivale a G. 1,4 billones, unos USD 245,9 millones al tipo de cambio promedio vigente. De esta manera, el gasto salarial pasó de G. 12,8 billones (USD 2.145,9 millones) en el acumulado a julio de 2025 a G. 14,3 billones (USD 2.391,9 millones) en el mismo periodo de este año.
El desagregado por fuente de financiamiento confirma que el grueso de estos pagos se sostiene con recursos tributarios. Bajo la Fuente 10, correspondiente a impuestos, las transferencias salariales alcanzaron G. 13,9 billones (USD 2.328,9 millones), con un incremento de G. 1,4 billones (USD 243,8 millones), lo que representa el 97,3% del total transferido para este rubro.
En contraste, los recursos provenientes de deuda pública (Fuente 20) se redujeron 13,1%, equivalentes a G. 4.529 millones, hasta ubicarse en G. 29.959 millones. Por su parte, los recursos propios de las entidades (Fuente 30) mostraron una variación positiva de 5,1%, o G. 16.875 millones, totalizando G. 347.663 millones.
Con estos números, el gasto en salarios representó el 38,8% del total de las transferencias ejecutadas entre enero y julio de este año.
El MEF defiende que el 80% del gasto salarial va a sectores estratégicos
Desde la cartera económica reconocieron el peso que representa esta partida sobre el presupuesto, aunque remarcaron que la mayor parte de los recursos se destina a áreas consideradas prioritarias para la ciudadanía. Según explicaron durante la presentación del informe de la Situación Financiera de la Administración Central (Situfin), alrededor del 80% del gasto salarial se destinó a los sectores de educación, salud y fuerzas públicas.
El MEF también destacó que la relación entre salarios e ingresos tributarios se ubicó en 53,6%, un nivel que, según indicaron, se encuentra por debajo del promedio registrado en los últimos años.
En cuanto a la distribución interna de este gasto, el 35% se destina principalmente al pago de docentes, el 25% a policías y militares, el 20% al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y el 10% al Poder Judicial. El 8% restante se reparte entre las demás instituciones del Poder Ejecutivo y otros organismos del Estado.
El déficit de la Caja Fiscal roza los USD 250 millones pese a la reforma jubilatoria
El sistema de pensiones y jubilaciones del sector público continúa siendo otro de los frentes de mayor preocupación para las cuentas fiscales. Pese a la reforma previsional implementada, el déficit de la denominada Caja Fiscal ya alcanzó cerca de USD 250 millones en los primeros siete meses del año.
Para cubrir en su totalidad las jubilaciones y pensiones, el Tesoro transfirió G. 5,5 billones, equivalentes a USD 931,7 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 11,5%, o G. 577.457 millones adicionales respecto al año anterior.
De este monto, el 54,8% se financió con recursos tributarios, cuyo uso creció 13,7% en el periodo analizado. Con recursos propios, en tanto, las transferencias sumaron G. 2,5 billones (USD 420,3 millones), con una variación de 9%.
Un colectivo denuncia un «desfalco» histórico en el sistema previsional
En paralelo a los datos oficiales, el movimiento Reforma Integral del Paraguay difundió un manifiesto en el que sostiene que la crisis del sistema previsional no responde a un fenómeno accidental, sino a lo que califica como un desfalco cometido por sucesivas administraciones, con el respaldo de distintos sectores.
El colectivo cuestionó duramente los cambios introducidos por la reforma jubilatoria, en particular la reducción de determinados beneficios y el incremento de los aportes exigidos a los sectores con mayor déficit, a lo que calificó como una confiscación de la propiedad privada y una violación de los derechos humanos previsionales.
Según el manifiesto, el Estado nunca acumuló, invirtió ni cuantificó adecuadamente los fondos previsionales, sino que los utilizó para financiar gastos corrientes y situaciones de emergencia. Por ese motivo, el movimiento reclama la realización de una auditoría forense integral, el reconocimiento formal de la deuda histórica acumulada y la puesta en marcha de un plan de restitución.
Las deudas con proveedores de salud impulsan el gasto en medicamentos
El informe de Tesorería también da cuenta de un aumento relevante en las transferencias destinadas a la compra de medicamentos, que pasaron de G. 1,6 billones (USD 274 millones) a julio de 2025 a G. 1,8 billones (USD 315,8 millones) en el mismo periodo de este año. La variación representa un incremento de 15,2%, equivalente a G. 250.560 millones.
Desde el MEF explicaron que este comportamiento responde, en gran medida, a los mayores pagos que debieron realizarse para hacer frente a las deudas acumuladas con proveedores del sector Salud.
Presentan una nueva estrategia de inclusión financiera para el periodo 2026-2031
En otro orden, el Comité Nacional de Inclusión Financiera, liderado por el MEF e integrado por el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), presentó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2026-2031. Se trata de una política de Estado que actualiza la hoja de ruta para ampliar el acceso y el uso de servicios financieros, fortalecer la educación financiera y la protección de los usuarios, e impulsar nuevas oportunidades para personas y empresas.
La propuesta se conoce en un contexto de expansión del crédito a los hogares, impulsado principalmente por el consumo, una tendencia sobre la que organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya advirtieron, instando al país a mantenerse preparado para actuar ante eventuales indicios de debilitamiento.
Según se detalló, la ENIF priorizará a las personas en situación de pobreza y se concentrará especialmente en zonas rurales y en comunidades que enfrentan barreras de acceso físico y digital, ingresos inestables y altos niveles de informalidad.
El financiamiento del presupuesto crece 4,3%, pero la rigidez se profundiza
El financiamiento de los componentes del Presupuesto de la Administración Central acumuló G. 36,95 billones hasta julio de este año, frente a G. 35,43 billones registrados en el mismo periodo de 2025. El incremento equivale a G. 1,52 billones, o 4,3%, de acuerdo con los datos oficiales del MEF.
Sin embargo, el detalle de esa expansión pone nuevamente en evidencia uno de los principales condicionantes de las finanzas públicas paraguayas: la rigidez presupuestaria. El componente de mayor peso es el de Servicios Personales, que pasó de G. 12,88 billones a G. 14,36 billones, un aumento de 11,5%, equivalente a G. 1,48 billones. Este incremento, por sí solo, resulta prácticamente equivalente a toda la expansión neta del presupuesto en el periodo.
A esta partida se suman las Jubilaciones y Pensiones, que también crecieron 11,5%, al pasar de G. 5,01 billones a G. 5,59 billones, una diferencia de G. 577.457 millones. En conjunto, Servicios Personales, Jubilaciones y Pensiones demandaron G. 19,94 billones hasta julio de este año, lo que refleja cuánto del financiamiento total se encuentra comprometido en componentes con escaso margen de ajuste en el corto plazo.
Inversiones, medicamentos y transferencias crecen, pero a un ritmo menor
El comportamiento del resto de las partidas ayuda a dimensionar la magnitud de esta rigidez. Los recursos destinados a Transferencias aumentaron 5,9%, de G. 4,07 billones a G. 4,31 billones, mientras que los Servicios Básicos crecieron 14,8%, aunque partiendo de una base considerablemente menor, hasta alcanzar G. 102.041 millones.
También se registraron incrementos en áreas con impacto directo sobre la provisión de servicios públicos. Los recursos para Medicamentos aumentaron 15,2%, de G. 1,64 billones a G. 1,89 billones, y las Inversiones crecieron 12,9% hasta G. 2,82 billones. El rubro Alimentos, por su parte, mostró un incremento de 5,6%, hasta G. 199.873 millones.
No obstante, pese a este crecimiento, el aumento absoluto de las Inversiones, de G. 322.532 millones, resulta ampliamente inferior al incremento registrado únicamente en Servicios Personales, de G. 1,48 billones. Esta diferencia expone la dificultad para ampliar con mayor velocidad los recursos destinados a componentes que podrían fortalecer la capacidad del Estado, en momentos en que una parte sustancial del presupuesto ya está absorbida por obligaciones recurrentes.
La Deuda y otros rubros caen y contienen la expansión del gasto total
El crecimiento total del financiamiento fue moderado, además, por fuertes reducciones en determinadas partidas. Los recursos destinados a Deuda cayeron 10,3%, de G. 6,16 billones a G. 5,52 billones, una disminución de G. 632.795 millones. La categoría Otros se redujo 26,5%, con G. 729.142 millones menos, mientras que Combustibles retrocedió 9,1%, equivalente a G. 13.141 millones.
Al considerar únicamente los gastos rígidos, es decir, aquellos componentes que no pueden ser recortados o ajustados con facilidad —Servicios Personales, Jubilaciones y Pensiones, y Deuda—, estos representan casi el 70% del presupuesto total de la Administración Central a julio de 2026.
El desafío de fondo: qué componentes explican el crecimiento del gasto
La lectura de los datos oficiales deja una señal relevante para el análisis de las cuentas públicas: el problema no radica únicamente en cuánto aumenta el presupuesto, sino en qué componentes explican ese crecimiento. Mientras el financiamiento total avanzó 4,3%, las partidas vinculadas a remuneraciones y jubilaciones lo hicieron a un ritmo de 11,5%, presionando una estructura que ya destina cuantiosos recursos a compromisos permanentes.
Esta composición reduce progresivamente la capacidad del plan de gastos para funcionar como una verdadera herramienta de política pública. Si los incrementos de recursos terminan absorbidos, principalmente, por obligaciones rígidas, el espacio para priorizar inversión, infraestructura, medicamentos u otras necesidades puede quedar condicionado, tal como ya se observa en las cuentas públicas del país.
