Tres economías latinoamericanas figuran hoy entre los treinta países con mayor carga de deuda pública en relación con su Producto Interno Bruto (PIB) a nivel global, un fenómeno que, lejos de mostrar un comportamiento uniforme, evidencia una región cada vez más fragmentada en su solvencia fiscal. Bolivia, Brasil y Surinam comparten listado con gigantes endeudados como Japón, Singapur o Estados Unidos, según un análisis de cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) elaborado por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).
El dato más revelador no es únicamente cuáles países integran ese ranking, sino la velocidad con la que se ha ensanchado la distancia entre las economías más y menos endeudadas de América Latina. En 2019, la diferencia entre el país con mayor deuda y el de menor deuda de la región era de 63 puntos porcentuales del PIB. Para 2026, esa brecha se proyecta en 73 puntos, un salto que refleja trayectorias fiscales cada vez más divergentes entre los países del bloque.
Un fenómeno que no es exclusivo de la región
El repunte del endeudamiento latinoamericano se inscribe en una tendencia mundial que preocupa cada vez más a los organismos multilaterales. Según estimaciones recientes del FMI, la deuda pública global se ubicó en 94% del PIB en 2025 y podría llegar al 100% en 2029, un nivel que solo se había registrado tras la Segunda Guerra Mundial. El organismo advierte, además, que en escenarios adversos ese ratio podría escalar hasta el 117% del PIB en un plazo de tres años, arrastrado por tasas de interés más altas, bajo crecimiento y déficits fiscales que rondan el 5% del PIB a escala global.
En ese marco, el endeudamiento promedio de América Latina se sitúa actualmente en 74,2% del PIB, muy por encima del promedio de 57,5% que exhibe el conjunto de las economías emergentes. El dato confirma que la región no solo enfrenta una divergencia interna cada vez más marcada, sino que además parte de un nivel de endeudamiento estructuralmente más alto que el de sus pares emergentes, en un contexto internacional de crédito más caro y menor tolerancia de los mercados a los desvíos fiscales.
El ranking mundial y el lugar de América Latina
A escala global, Japón encabeza la lista de países más endeudados con una deuda pública equivalente al 204,4% de su PIB, seguido por Singapur (171,9%), Sudán (169,1%), Baréin (152,4%) e Italia (138,4%). Completan el top diez Grecia (136,9%), Senegal (132,3%), Maldivas (129,4%), Estados Unidos (125,8%) y Ucrania (122,6%).
En ese contexto, la presencia de tres países latinoamericanos entre las treinta economías más endeudadas del planeta no responde a una causa común, sino a historias fiscales completamente distintas: mientras Bolivia enfrenta una crisis de liquidez en dólares, Brasil combina una deuda elevada con un mercado financiero profundo y capacidad de financiamiento en moneda local, y Surinam atraviesa un ciclo de fuerte volatilidad cambiaria tras una reestructuración reciente.
Bolivia: el caso más crítico de la región
Bolivia concentra el diagnóstico más delicado de América Latina. Su deuda pública alcanza el 102% del PIB, con una participación externa del 41,1%, de acuerdo con las cifras del IIF. Sin embargo, el verdadero problema boliviano no radica en el tamaño de su pasivo, sino en la escasez de divisas para honrar sus compromisos.
Las reservas internacionales netas del país sumaban US$3.347 millones en junio de 2026, frente a una deuda pública externa de US$14.358 millones, lo que representa apenas una cobertura del 23%. Más preocupante aún es la composición de esas reservas: dentro del total bruto, el oro representaba US$3.581 millones en mayo de 2026, mientras que las divisas líquidas disponibles apenas alcanzaban los US$897 millones, y ese nivel solo se sostuvo después de que la colocación de un bono por US$1.000 millones en mayo inyectara recursos frescos al sistema.
Economistas consultados coinciden en que Bolivia necesita de forma simultánea una corrección fiscal, cambiaria y externa, con fuentes de financiamiento cada vez más limitadas. La combinación de déficits fiscales de dos dígitos, reservas críticamente bajas y escasez de dólares configura, según los analistas, no un problema de deuda, sino un problema de pagos.
La magnitud del ajuste boliviano quedó reflejada en las cifras de cierre de 2025: la inflación llegó a 20,40%, el déficit fiscal se ubicó en 12,2% del PIB y la economía se contrajo 1,58%. Detrás de ese deterioro se encuentra el declive sostenido de la producción de gas natural, que pasó de un máximo histórico de 61 millones de metros cúbicos diarios en 2014 a un promedio proyectado de apenas 26 millones para este año, lo que privó al país de su principal fuente de divisas durante la última década.
Frente a ese panorama, el Gobierno de Rodrigo Paz alcanzó a fines de julio de 2026 un acuerdo técnico con el FMI en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), por aproximadamente US$1.900 millones a lo largo de 36 meses, en lo que constituye el primer programa formal entre Bolivia y el organismo en más de dos décadas. El entendimiento, aún sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y del Legislativo boliviano, contempla un período de gracia de cuatro años y medio y busca, según el propio Fondo, restablecer la estabilidad macroeconómica, reconstruir las reservas internacionales y reducir las vulnerabilidades fiscales y externas del país. El Gobierno espera que este respaldo catalice financiamiento adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos, hasta conformar un paquete que superaría los US$5.000 millones durante la vigencia del programa.
Brasil: el gigante con deuda cara pero bien financiada
Brasil registra la mayor deuda pública de la región en términos absolutos, con cerca de US$2,1 billones a mediados de 2026, equivalentes al 96,5% del PIB, según datos del Banco Central de Brasil recopilados por el IIF. A diferencia de Bolivia, la estructura de este pasivo constituye una fortaleza relativa: alrededor del 95% de la deuda está denominada en reales y en manos de inversionistas locales, mientras que la deuda externa apenas representa el 4,5% del total.
El verdadero desafío brasileño no es de solvencia externa, sino de costo financiero. En 2026, la factura de intereses del gobierno general llega al 7,25% del PIB, la más alta de la región, acompañada de un déficit primario del 0,45% del PIB. Bajo esa trayectoria, el FMI proyecta que la deuda pública brasileña escale hasta el 106,5% del PIB en 2031, en lo que los analistas describen como un deterioro lento, continuo y visible en las curvas de rendimiento locales, más que una crisis inminente.
Surinam: cuando el ratio de deuda mide el tipo de cambio
El caso de Surinam ilustra que el nivel de endeudamiento no siempre refleja con precisión el riesgo fiscal real de un país. Su deuda pública pasó del 84% del PIB en 2019 a un pico del 146,4% en 2020. Tras un proceso de reestructuración, descendió al 88% en 2024, volvió a subir al 105,8% en 2025 y el FMI proyecta que cierre 2026 en 87,1% del PIB.
Estas oscilaciones tan pronunciadas obedecen principalmente a variaciones del tipo de cambio y a revisiones metodológicas del PIB, más que a cambios sustanciales en el nivel real de endeudamiento. En una economía pequeña y fuertemente dolarizada como la surinamesa, el ratio deuda-PIB termina midiendo, sobre todo, el comportamiento de la divisa. El país mantiene un nivel de riesgo intermedio, con inflación de dos dígitos y antecedentes recientes de reestructuración, aunque el desarrollo petrolero previsto para finales de la década podría mejorar su capacidad de pago si se preserva la disciplina fiscal.
México, Argentina y Ecuador: riesgos que no siempre se ven en las cifras
Fuera del grupo de mayor riesgo, otras economías de la región muestran matices que desafían las lecturas superficiales de los indicadores. La deuda pública de México se ubica en 62,7% del PIB, un nivel considerado cómodo entre las economías grandes de la región. No obstante, su factura de intereses subió del 4,41% del PIB en 2019 al 5,98% en 2026, con un superávit primario del 1,6%, lo que traslada la tensión fiscal del tamaño del stock de deuda hacia su costo y hacia los pasivos contingentes del Estado.
Argentina, por su parte, exhibe una deuda pública proyectada en 70,4% del PIB para 2026, con un superávit primario del 1,9% del PIB, tras una mejora acelerada de sus cuentas públicas y reservas. Aun así, el país continúa dependiendo del programa vigente con el FMI —un acuerdo de Facilidades Extendidas por US$20.000 millones centrado en el ancla fiscal, la transición cambiaria y una agenda de reformas estructurales— y todavía no ha recuperado un acceso estable a los mercados internacionales de financiamiento. La exigencia de ese calendario quedó de manifiesto a comienzos de febrero de 2026, cuando el Gobierno argentino debió honrar un pago de intereses al FMI por unos US$808 millones utilizando Derechos Especiales de Giro adquiridos al Tesoro de Estados Unidos, en un año que concentra vencimientos particularmente exigentes.
El caso más llamativo, sin embargo, es Ecuador. Con una deuda proyectada en 52,8% del PIB para 2026, el país parece manejar un nivel cómodo, pero su condición de economía dolarizada anula esa lectura optimista. Al no contar con un prestamista de última instancia en su propia moneda, toda la deuda ecuatoriana funciona, en la práctica, como deuda externa, y cualquier tensión de financiamiento se traduce de inmediato en una restricción de liquidez. El Salvador comparte esa misma vulnerabilidad estructural, agravada por un programa con el FMI que permanece estancado.
Qué determina realmente el riesgo de una deuda soberana
Más allá del tamaño de la deuda, los especialistas coinciden en que la vulnerabilidad real de una economía depende de un conjunto más amplio de factores: el costo de los intereses frente al crecimiento económico, el balance fiscal primario, la composición de la deuda por moneda, tenedores y plazos, la disponibilidad de reservas líquidas, el acceso a los mercados de financiamiento y la credibilidad de la política económica.
Los inversionistas evalúan, ante todo, la capacidad real de un país para pagar y refinanciar su deuda. Ese análisis incluye el gasto en intereses frente a los ingresos fiscales, las necesidades de financiamiento de los próximos años, el vencimiento promedio de los instrumentos, la proporción denominada en dólares, la participación de acreedores extranjeros y la profundidad del mercado de capitales local.
También resulta determinante la diferencia entre el crecimiento nominal de la economía y el costo efectivo de la deuda, junto con el saldo primario necesario para estabilizarla en el tiempo. En las economías emergentes cobran especial relevancia, además, las reservas internacionales, la cuenta corriente, la dependencia de las materias primas y las obligaciones potenciales de las empresas estatales. La credibilidad del presupuesto, del banco central y de las reglas fiscales influye de manera directa en la prima de riesgo que exige el mercado: un país con deuda alta, financiamiento a largo plazo y en moneda local puede resultar, paradójicamente, menos riesgoso que otro con una deuda menor pero con vencimientos inmediatos, pocas reservas y débil acceso al mercado.
Una arquitectura financiera más sólida, pero con puntos ciegos
La mayoría de los países de América Latina, con la notable excepción de Bolivia, opera hoy con tipos de cambio flexibles, metas de inflación y una proporción creciente de deuda denominada en moneda local, una arquitectura construida tras las crisis de los años noventa que reduce sustancialmente el riesgo de que una depreciación cambiaria derive en una crisis de deuda generalizada.
Sin embargo, ese blindaje no es uniforme. El mecanismo que desató la crisis boliviana podría repetirse en otras economías pequeñas y dolarizadas de la región, donde una pérdida de acceso al financiamiento externo puede convertirse rápidamente en un problema de liquidez severo. Para las economías más grandes, en cambio, el riesgo dominante no es una crisis súbita de liquidez, sino un deterioro fiscal gradual que se traduce en mayores costos de financiamiento y tasas de interés más elevadas durante un período prolongado.
Una región que dejó de moverse como bloque
El mensaje de fondo que emerge de este análisis es que América Latina ha dejado de comportarse como un bloque homogéneo frente a los mercados de deuda. Lo que se ha deteriorado en los últimos años no es tanto el nivel promedio de endeudamiento regional, sino la creciente dispersión entre las trayectorias fiscales de cada país.
Esa fragmentación plantea un desafío adicional para inversionistas y calificadoras de riesgo, que ya no pueden evaluar a la región con criterios uniformes. Mientras Bolivia enfrenta una emergencia de liquidez en dólares y Surinam navega la volatilidad de su tipo de cambio, economías como Brasil, México y Argentina —pese a sus propias tensiones fiscales— cuentan con mercados de capitales más profundos, mayor proporción de deuda en moneda local y, en algunos casos, superávits primarios que ofrecen mayor margen de maniobra. La lectura crítica que se impone es que el tamaño de la deuda, por sí solo, dice cada vez menos sobre el riesgo real de un país: lo que importa es cómo se financia, quién la sostiene y cuánta capacidad de repago existe detrás de cada punto porcentual del PIB.
