El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles 1 de julio nuevas sanciones económicas contra dos ciudadanos brasileños, tres empresas con sede en Brasil y una compañía portuguesa, señalados de operar como pieza clave en el lavado de dinero del Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor organización criminal de América Latina. Se trata de la primera medida de este tipo desde que Washington clasificara en mayo pasado al PCC y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas extranjeras, en una decisión que generó fuertes tensiones diplomáticas con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Quiénes son los sancionados
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a Victor Henrique de Oliveira Shimada, con base en San Pablo, como el presunto eslabón central entre los operativos del PCC radicados en Florida y redes de narcotraficantes internacionales. Según el organismo, Shimada habría facilitado el retorno de fondos ilícitos hacia Brasil mediante el uso de criptomonedas. Junto a él fue sancionada Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, descrita por las autoridades estadounidenses como su secretaria y, a la vez, familiar directa, quien habría actuado como intermediaria en la recolección de grandes sumas de efectivo, brindando el soporte logístico necesario para sostener la operatoria de la red.
Las empresas incluidas en la lista negra
Las sanciones alcanzaron a cuatro compañías vinculadas a Shimada. Tres de ellas tienen sede en Brasil: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda y Wave Construções Inteligentes Ltda. Las dos primeras operan como firmas de servicios financieros, mientras que Wave se dedica a la construcción. La cuarta empresa, Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, dedicada al transporte y almacenamiento, tiene sede cerca de Lisboa, Portugal, y pertenece en su totalidad a Shimada. De acuerdo con los registros de la Agencia Tributaria de Brasil, Victory Trading es la de mayor tamaño del grupo, con un capital social de aproximadamente R$30 millones (unos US$5,8 millones). Ninguna de las tres firmas brasileñas figuraba registrada ante el Banco Central de Brasil.
El caso Corinthians y la ruta del dinero
Uno de los episodios que motivó las sanciones involucra al Sport Club Corinthians Paulista, uno de los clubes de fútbol más populares de Brasil. Según el Tesoro estadounidense, Victory Trading habría sido utilizada para desviar fondos correspondientes a una comisión pagada originalmente por el club como parte de un acuerdo de patrocinio con una casa de apuestas en línea, celebrado a comienzos de 2024. Ese dinero, sustraído mediante una maniobra vinculada a una estafa publicitaria, habría sido canalizado hacia una empresa bajo control del PCC. Producto de esta investigación, Shimada permaneció bajo arresto domiciliario en Brasil a comienzos de este año. La oficina de prensa del Corinthians no respondió a las solicitudes de comentarios.
Cifras del lavado de dinero
Las autoridades estadounidenses estiman que Shimada y su red habrían blanqueado más de US$30 millones en ingresos ilícitos generados en distintas ciudades de Estados Unidos, fondos que posteriormente fueron reenviados a Brasil a través de plataformas de criptomonedas para sostener las operaciones del PCC. La magnitud de la cifra y la sofisticación del esquema —que combina comisiones deportivas, empresas fintech sin regulación y transferencias cripto— ilustran la creciente capacidad de integración financiera de las organizaciones criminales brasileñas con circuitos internacionales.
El contexto de la designación como grupo terrorista
El 28 de mayo pasado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció la designación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras, una categoría que Washington ya había aplicado previamente a otros grupos criminales de la región. La medida fue rechazada por el gobierno brasileño: el presidente Lula da Silva la calificó como una amenaza a la soberanía nacional y sostuvo que no contribuiría a la lucha contra el narcotráfico en el país. Este miércoles, Gene Lange, quien ejerce como subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, señaló que la nueva ronda de sanciones constituye “un paso más del gobierno de Estados Unidos para abordar y reconocer la creciente presencia de la generación de ingresos ilícitos del Primeiro Comando da Capital dentro de nuestras fronteras”.
Una investigación con múltiples agencias
Según el comunicado de la OFAC, la decisión fue resultado de una investigación conjunta liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), con participación de la oficina del FBI en Miami y la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El organismo definió este esquema de trabajo como “un enfoque gubernamental unificado e integral” orientado a maximizar el impacto contra las redes criminales transnacionales.
Alcance y efectos de las sanciones
Como consecuencia de la medida, todos los bienes y activos de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en territorio estadounidense, o bajo posesión o control de ciudadanos y entidades de ese país, quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Los sancionados también pierden acceso a servicios vinculados al sistema financiero estadounidense. La OFAC advirtió, además, que otras instituciones financieras o personas podrían ser objeto de sanciones secundarias si participan en transacciones con los individuos o empresas designadas.
El vacío regulatorio de las fintech brasileñas
El caso vuelve a poner sobre la mesa una vulnerabilidad estructural del sistema financiero brasileño: hasta hace poco, las empresas fintech de menor tamaño podían operar sin licencia formal en el país. Fue recién a partir de una investigación de gran escala sobre el PCC realizada el año pasado que salió a la luz cómo distintas organizaciones criminales utilizaban estas plataformas para mover dinero con escasa supervisión. Ese hallazgo obligó al Banco Central de Brasil a adelantar un cronograma de registro obligatorio que originalmente estaba previsto recién para 2029, evidenciando lo tardío de la respuesta regulatoria frente a un fenómeno ya consolidado.
Reacciones y próximos pasos
Ni Victory Trading, Pixwave ni Wave respondieron a los pedidos de comentarios enviados por correo electrónico. Shimada tampoco contestó una consulta realizada a través de su perfil de LinkedIn, y un abogado que lo representó el año pasado aclaró que ya no lo hace. No fue posible establecer contacto con Stella de Oliveira, y el gobierno brasileño no emitió declaraciones sobre las personas y empresas sancionadas. En las últimas semanas, según trascendió, bancos brasileños ya habían comenzado a consultar a sus pares mexicanos sobre cómo gestionar las posibles repercusiones operativas derivadas de la designación del PCC y el CV como organizaciones terroristas, un antecedente que sugiere que el impacto de estas sanciones podría extenderse más allá de los nombres puntualmente señalados por Washington.
