El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó su informe «Principales resultados de Pobreza Monetaria y Distribución de Ingresos 2025», que ofrece una fotografía de avances reales pero también de desequilibrios estructurales que el país aún no ha logrado resolver. Si bien 213.164 personas salieron de la pobreza durante el año pasado, casi un millón de paraguayos sigue sin poder cubrir el costo de una canasta básica de consumo, y la brecha entre el campo y la ciudad permanece como uno de los problemas más urgentes del desarrollo nacional.
La reducción existe, pero el peso sigue siendo considerable
A nivel nacional, la pobreza monetaria total alcanzó una incidencia del 16% en 2025, lo que equivale a 985.000 personas cuyos hogares no generan ingresos suficientes para cubrir una canasta básica. La pobreza extrema, por su parte, afectó al 2,4% de la población, es decir, aproximadamente 146.938 personas que ni siquiera pueden garantizarse una alimentación mínima adecuada.
La caída de 3,6 puntos porcentuales frente al año anterior representa un avance estadístico relevante y supone que más de 200.000 familias mejoraron su situación económica. Sin embargo, el volumen absoluto de personas en condición de pobreza sigue siendo elevado para un país que ha registrado tasas de crecimiento económico positivas en los últimos años, lo que plantea interrogantes sobre la distribución de esos beneficios.
La fractura territorial: el campo concentra la vulnerabilidad
Ningún dato del informe refleja con mayor claridad la desigualdad estructural del Paraguay que la diferencia entre las tasas de pobreza rural y urbana. En las ciudades, la incidencia de la pobreza total se ubicó en 13,6%; en el campo, trepó al 22,1%. La pobreza extrema amplía aún más esa brecha: 1,2% en áreas urbanas frente a 5,5% en zonas rurales, lo que significa que la incidencia extrema en el campo es más de cuatro veces superior a la de las ciudades.
Este desequilibrio no es coyuntural. Responde a factores estructurales bien documentados: mayor número de dependientes por hogar en zonas rurales, menor acceso a empleo formal, ingresos per cápita más reducidos y servicios básicos deficitarios. El campo paraguayo sigue siendo el espacio donde la pobreza se concentra con mayor intensidad y donde los mecanismos de movilidad social operan con menos eficacia.
Sin políticas sociales, los números serían mucho peores
Uno de los hallazgos más importantes del informe tiene que ver con el impacto de los programas de transferencias monetarias. Sin la intervención de iniciativas como Tekoporã, Adultos Mayores y Hambre Cero, la pobreza extrema rural no sería del 5,5% sino del 11,2%, es decir, más del doble. La pobreza total en el campo, actualmente en 22,1%, escalaría al 28,9%.
Estos datos demuestran que las políticas sociales no son un complemento accesorio del modelo económico, sino un amortiguador imprescindible ante la insuficiencia del mercado laboral rural para generar ingresos dignos. Al mismo tiempo, generan una pregunta que el informe no responde directamente: si el crecimiento económico del país no se traduce en empleo productivo para los sectores rurales, ¿qué tan sostenible es la reducción de la pobreza sin esas transferencias?
Concepción encabeza el mapa de la pobreza nacional
El análisis departamental revela que la pobreza no se distribuye de manera uniforme dentro del propio interior del país. Concepción lidera el ranking tanto en pobreza total —con una tasa del 28,7%— como en pobreza extrema, con 6,7%. Le siguen en pobreza total departamentos como Caazapá (25,1%), San Pedro (24,8%), Guairá (24,3%), Paraguarí (23,0%) y Caaguazú (22,9%). En el caso de la pobreza extrema, San Pedro alcanza el 5,8%, Canindeyú el 5,1% y Caazapá el 5,0%.
Esta concentración geográfica de la pobreza en departamentos del norte y centro del país no es nueva, pero su persistencia a lo largo de los años evidencia que los esfuerzos de desarrollo territorial no han logrado revertir dinámicas históricas de exclusión económica.
Los ingresos crecen, pero la lectura requiere matices
El informe también registra una mejora en el ingreso familiar disponible promedio, que pasó de 6.234.000 guaraníes en 2024 a 6.864.000 guaraníes en 2025, un incremento cercano al 10%. En el quintil más pobre, ese crecimiento fue aún más pronunciado: los ingresos pasaron de 1.809.000 a 2.296.000 guaraníes, lo que representa un aumento de aproximadamente 27%.
A primera vista, ese dato es alentador. Sin embargo, cuando se contrasta con una reducción de la pobreza de apenas 3,6 puntos porcentuales, la coherencia entre ambas cifras merece un análisis más cuidadoso. Parte del incremento en los ingresos laborales del quintil más pobre —que pasaron de 1.560.000 a 1.955.000 guaraníes— podría estar reflejando una mayor intensidad del trabajo o dinámicas del empleo informal, más que una mejora estructural en la calidad de los puestos. El ajuste del salario mínimo fue de apenas 4% en el promedio del período 2024-2025, lo que no explica por sí solo ese aumento del 25%.
Las transferencias familiares internas, un soporte que pasa desapercibido
Otro elemento que el informe permite detectar es el papel de las transferencias familiares dentro del país como fuente complementaria de ingreso para los hogares más pobres. En el quintil más bajo, esas transferencias internas alcanzaron 645.000 guaraníes en 2025, por encima de las remesas del exterior, que se ubicaron en 364.000 guaraníes. En los quintiles superiores, la relación se invierte, y las remesas externas adquieren mayor peso.
El comportamiento de las remesas internacionales mostró una expansión más marcada, probablemente impulsada por factores cambiarios en los países de origen, como Estados Unidos, España o Argentina. Este dato introduce un elemento de incertidumbre sobre la sostenibilidad de esos flujos, ya que están sujetos a variables externas que el Paraguay no controla.
Una mejora real que convive con deudas pendientes
El informe del INE describe un país que avanza, aunque de manera desigual y con bases que requieren seguimiento. La reducción de la pobreza es un dato positivo que no debe minimizarse, pero la persistencia de casi un millón de personas bajo la línea de pobreza, la magnitud de la brecha rural-urbana y la dependencia de los sectores más vulnerables respecto de transferencias estatales y familiares configuran un escenario que demanda políticas más ambiciosas.
La fotografía que ofrecen los datos del INE no es la de un país en crisis, pero tampoco la de uno que ha resuelto sus asimetrías estructurales. Es la de un Paraguay que necesita preguntarse si el crecimiento económico está llegando donde más falta hace.
