El tejido productivo japonés atraviesa su peor momento en más de una década. En febrero de 2025, el número de quiebras corporativas con pasivos de al menos 10 millones de yenes (unos 63.000 dólares) alcanzó las 851 incidencias, según datos publicados el 9 de marzo por Tokyo Shoko Research. Es la primera vez desde febrero de 2013 —cuando se registraron 916 casos— que la cifra mensual supera las 800 quiebras, y representa un incremento interanual del 11,3%, encadenando así tres meses consecutivos de crecimiento.
El sector servicios fue el más golpeado, con un aumento del 30,9% hasta los 309 casos. La construcción y el transporte también acusaron incrementos respecto al mismo período del año anterior, consolidando una tendencia que no distingue entre industrias. La causa principal: las malas ventas, que aparecen como detonante en 625 de los 851 expedientes, equivalente al 73,4% del total. A este factor se suman los efectos de una economía que opera con escasez estructural de fuerza laboral, cuyos costos han dejado de ser asumibles para una parte significativa del empresariado japonés.
La escasez de mano de obra se impone como causa sistémica
Lo que hasta hace poco era una variable secundaria en los balances empresariales se ha convertido en un factor de quiebra por derecho propio. En febrero, 47 empresas declararon la bancarrota citando directamente la escasez de mano de obra —por aumento de costos laborales, jubilaciones u otros factores—, una cifra que representa aproximadamente 2,4 veces las 19 reportadas un año antes. En enero, 19 empresas habían atribuido su cierre al alza de costos salariales, triplicando el registro del año anterior, mientras que 36 adicionales mencionaron la escasez de personal, marcando el primer repunte en ocho meses.
Los datos de Teikoku Databank confirman que esta dinámica es estructural y no coyuntural. En 2025, las quiebras provocadas exclusivamente por la escasez de mano de obra alcanzaron las 427 incidencias a nivel nacional, superando por primera vez la barrera de los 400 casos anuales y marcando el tercer año consecutivo de récords. El incremento fue del 24,9% respecto al año anterior. La construcción registró 113 quiebras por este motivo —sobrepasando el centenar por primera vez en la historia—, mientras que la logística acumuló 52 cierres, agravados por las restricciones a las horas extras vigentes desde abril de 2024. Sectores intensivos en mano de obra como el cuidado de personas mayores, la seguridad y la industria de la belleza también mostraron deterioro sostenido.
El impacto recae de manera desproporcionada sobre las empresas más pequeñas. El 77% de las quiebras totales corresponden a microempresas con menos de diez empleados, estructuras donde la salida de un único trabajador puede desencadenar el cese definitivo de actividades. Asimismo, casi el 80% de los casos del mes de febrero registraron pasivos inferiores a los 100 millones de yenes, lo que evidencia que son las pequeñas y microempresas las que absorben el mayor impacto de la crisis.
Salarios al alza, pero insuficientes frente a la inflación
El aumento salarial negociado en el marco del Shunto de 2025 —las rondas anuales de negociación colectiva— alcanzó el 5,52% en las grandes empresas, un nivel históricamente elevado que se espera se mantenga en 2026 ante la persistencia inflacionaria. Sin embargo, esta dinámica genera una paradoja letal para el segmento empresarial más vulnerable: las pequeñas empresas que no puedan igualar esos incrementos enfrentan el riesgo de perder a su plantilla ante competidores con mayor músculo financiero, lo que Tokyo Shoko Research denomina quiebras por «incapacidad de pago».
La presión sobre los salarios reales complica aún más el cuadro. En diciembre, los salarios reales cayeron un 0,1% interanual, una contracción sensiblemente menor a la caída del 1,6% registrada en noviembre, gracias a la moderación de la inflación y al repunte de las bonificaciones. Yoshiki Shinke, economista principal del Dai-ichi Life Research Institute, estima que los salarios reales podrían registrar variaciones positivas en enero y mantenerse en terreno positivo al menos hasta marzo. No obstante, advierte que la debilidad del yen representa un riesgo latente: si la moneda se deprecia nuevamente, las empresas podrían trasladar los costos al consumidor, reavivando la inflación y empujando otra vez los salarios reales hacia terreno negativo a partir de abril.
La inflación subyacente en Japón supera el objetivo del 2% del banco central desde hace casi cuatro años, sostenida por el traslado sistemático del encarecimiento de materias primas a los precios finales. Aunque los analistas anticipan cierta moderación en los próximos meses por efecto base y por los subsidios a los combustibles implementados desde febrero, el escenario de fondo permanece frágil.
El Banco de Japón ante la disyuntiva de los tipos de interés
La trayectoria de los salarios reales es determinante para la política monetaria del Banco de Japón. Tras elevar las tasas de interés hasta el 0,75% en diciembre —su nivel más alto en treinta años—, el gobernador Kazuo Ueda ha condicionado nuevas subidas a la convicción de que la inflación subyacente se estabilice de forma sostenible en torno al 2%. La paradoja que enfrenta la institución es de envergadura: una política monetaria más restrictiva podría ahogar aún más a las empresas endeudadas, mientras que mantener tasas bajas alimenta la depreciación del yen y, con ello, la presión inflacionaria importada.
El gobierno, por su parte, ha intentado responder a la crisis con medidas fiscales. La reforma aprobada contempla elevar el umbral de ingresos exentos de impuestos para cónyuges de 1,03 a 1,60 millones de yenes en 2025, con una proyección de 1,78 millones de yenes para 2026, con el objetivo de incentivar a los trabajadores a tiempo parcial a ampliar su jornada laboral sin incurrir en penalizaciones tributarias. La medida busca aliviar la escasez de oferta laboral, aunque su impacto real sobre las quiebras de microempresas sigue siendo incierto.
Un país partido entre grandes corporaciones y pequeños negocios
La dimensión política del fenómeno es insoslayable. La primera ministra Sanae Takaichi, quien obtuvo una victoria contundente en las elecciones generales del domingo, ha comprometido apoyo específico a las pequeñas empresas que enfrentan dificultades para absorber el alza salarial, integrando este objetivo en su agenda de reactivación de las remuneraciones. La promesa refleja la presión electoral que genera un problema que afecta al corazón del tejido productivo japonés.
Una encuesta sobre las perspectivas económicas para 2026 revela la magnitud de la preocupación: el 44,5% de las compañías identificó la falta de personal como su mayor amenaza, y el 37% señaló que resolver este déficit es la política económica más urgente para la recuperación del país. La escasez de mano de obra ha dejado de ser un problema operativo puntual para consolidarse como el segundo obstáculo más importante para el crecimiento económico nacional, según los propios directivos empresariales.
A ello se suma el deterioro de las condiciones externas. Tokyo Shoko Research advierte que la escalada de tensiones militares en Oriente Medio está impulsando los precios del petróleo al alza, lo que elevará los costos energéticos de las empresas y añadirá presión adicional sobre negocios cuya rentabilidad ya se encuentra en niveles críticos. La brecha entre las grandes corporaciones, con capacidad para absorber costos crecientes y ofrecer salarios competitivos, y los pequeños comercios locales, atrapados entre la inflación, la escasez de personal y la contracción de ventas, se ensancha a un ritmo que las políticas actuales no parecen poder contener.
