La administración Trump ha decidido reactivar la licencia de operación de la petrolera Chevron en territorio venezolano como parte de un complejo acuerdo trilateral que involucra la liberación de rehenes estadounidenses y la deportación de ciudadanos venezolanos desde El Salvador. Esta medida marca un giro significativo en la política de máxima presión energética que Washington había implementado contra el régimen de Nicolás Maduro desde principios de 2025.
Chevron regresa a Venezuela bajo estrictas condiciones operativas
La reactivación de la licencia permitirá a Chevron, única gran petrolera estadounidense presente en Venezuela, reanudar la extracción y producción de crudo en el país sudamericano. Según fuentes consultadas por agencias internacionales, la compañía podrá recuperar una producción que alcanzó los 240.000 barriles diarios hasta el 27 de mayo, equivalente aproximadamente al 25% de la producción nacional venezolana.
Sin embargo, las nuevas condiciones impuestas por Washington son considerablemente más restrictivas que las licencias anteriores. El Departamento de Estado estadounidense ha establecido que no se permitirán transferencias de ganancias, pagos de impuestos ni distribución de dividendos al gobierno venezolano. Los únicos pagos autorizados serán destinados a contratistas de empresas mixtas con PDVSA y para importaciones necesarias que aseguren la continuidad operacional.
«Chevron lleva a cabo sus actividades en todo el mundo de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables a su negocio, así como con los marcos de sanciones establecidos por el Gobierno de Estados Unidos, incluso en Venezuela», declaró Bill Turenne, portavoz de la petrolera estadounidense.
El complejo intercambio que facilitó el acuerdo energético
El restablecimiento de las operaciones de Chevron forma parte de un acuerdo trilateral entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador que ha generado considerable controversia. Washington obtuvo la liberación de 10 rehenes estadounidenses encarcelados en Venezuela, entre ellos Dahud Hanid-Ortiz, condenado por el triple asesinato en el despacho de abogados del distrito madrileño de Usera.
A cambio, Estados Unidos presentó una lista de 80 presos para su eventual liberación, aunque posteriormente se reveló que no todos eran considerados prisioneros políticos. Paralelamente, 252 ciudadanos venezolanos deportados fueron trasladados desde territorio estadounidense a El Salvador, donde fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo bajo la supervisión del gobierno de Nayib Bukele.
Estrategia geopolítica contra la influencia china en el sector energético
Según fuentes oficiales, la decisión estadounidense responde a una estrategia más amplia destinada a contrarrestar la creciente influencia china en el sector energético venezolano. El experto petrolero Antonio de la Cruz señala que China recibe actualmente 540.000 barriles diarios de petróleo venezolano de una producción total de aproximadamente 850.000 barriles, pese a las sanciones internacionales, mediante operaciones de triangulación desde Malasia.
Las autoridades chavistas habían facilitado previamente la participación china en pozos petroleros que anteriormente eran explotados por Chevron, lo que motivó la preocupación de Washington sobre la pérdida de influencia estadounidense en el mercado energético regional.
Tensiones internas en la administración Trump
La reactivación de la licencia de Chevron ha evidenciado las divisiones internas dentro de la administración Trump respecto a la política venezolana. Mientras el secretario de Estado Marco Rubio mantiene una posición de línea dura favorable al endurecimiento de sanciones, el enviado especial Richard Grenell ha defendido un enfoque más pragmático.
La presión ejercida por los denominados «Locos Cubanos» —los legisladores cubanoamericanos Mario Díaz Balart, María Eugenia Salazar y Carlos Giménez— había llevado previamente a Trump a revocar la licencia de Chevron y amenazar con aranceles del 15% contra Venezuela, que se sumaban a imposiciones arancelarias del 25% ya existentes contra compradores de petróleo venezolano.
Impacto en el mercado petrolero internacional
La noticia del restablecimiento de operaciones tuvo un impacto limitado en los mercados energéticos internacionales. El crudo Brent registró un incremento marginal del 0,1%, situándose en 68,57 dólares por barril durante la jornada neoyorquina.
No obstante, persiste la incertidumbre sobre si las condiciones aplicadas a Chevron se extenderán a otras compañías europeas que han solicitado autorizaciones similares, particularmente la italiana Eni y la española Repsol, que han expresado interés en intercambiar combustible por petróleo venezolano.
Disrupciones en el suministro energético regional
Paralelamente a los desarrollos venezolanos, el mercado petrolero ha enfrentado disrupciones en otras regiones productoras. Kazajistán experimentó interrupciones temporales en sus exportaciones a través de terminales rusas en el Mar Negro debido a nuevos requisitos regulatorios, afectando volúmenes equivalentes a 1,66 millones de barriles diarios.
Similares complicaciones se registraron en el puerto mediterráneo turco de Ceyhan, donde se detectó contaminación por cloruros en suministros procedentes de Azerbaiyán y Kazajistán, provocando retrasos en la carga de petroleros programada para 17,3 millones de barriles tanto en julio como en agosto.
Contexto para las relaciones bilaterales
El acuerdo energético se produce en un contexto de relaciones bilaterales profundamente tensas, donde Estados Unidos mantiene su respaldo a la oposición venezolana y continúa cuestionando la legitimidad del gobierno de Maduro. La medida representa un equilibrio delicado entre los objetivos geopolíticos estadounidenses y la necesidad de mantener influencia en un mercado energético estratégico.
La nueva licencia establece un precedente para futuras negociaciones, aunque su sostenibilidad dependerá del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la evolución de la situación política venezolana. Washington ha advertido que mantendrá el acuerdo bajo estricta vigilancia, reservándose el derecho de modificar o revocar las autorizaciones según las circunstancias.
La decisión refleja la complejidad de las relaciones energéticas internacionales en un contexto de competencia geopolítica creciente, donde las consideraciones económicas y estratégicas a menudo entran en tensión con los objetivos de política exterior más amplios.
