El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció un paquete de medidas destinadas a proteger los haberes de jubilados y pensionados del sector público, luego de que estadísticas oficiales revelaran que 8.243 beneficiarios de la Caja Fiscal presentan niveles de sobreendeudamiento que superan el 50% de sus haberes mensuales.
Las nuevas regulaciones, que ya se encuentran en vigencia, establecen límites más estrictos en los descuentos convencionales y buscan frenar prácticas abusivas que han llevado a miles de adultos mayores a comprometer la totalidad de sus ingresos jubilatorios.
Crisis de sobreendeudamiento afecta a más de 8.000 jubilados
Los datos oficiales presentados por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones revelan una situación preocupante en el sistema previsional paraguayo. De los 77.767 beneficiarios activos de la Caja Fiscal, el 75% (57.767 personas) mantiene algún tipo de descuento en sus haberes, mientras que el 10,6% del total se encuentra en situación de sobreendeudamiento.
Jorge Delgado, titular de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, explicó que estas cifras representan a 8.243 personas cuyos descuentos superan la mitad de su haber jubilatorio. Adicionalmente, 3.453 beneficiarios (4,4% del total) tienen embargos judiciales sobre sus pensiones.
El incremento en las solicitudes de cese de descuentos evidencia la magnitud del problema: mientras en enero se registraron 580 pedidos, en junio y julio las cifras superaron los 1.200 mensuales, totalizando 6.855 solicitudes hasta julio del presente año.
Nuevas regulaciones limitan descuentos al 50% de los haberes
La medida más significativa establecida por el MEF permite a los jubilados solicitar una protección adicional que limita los descuentos convencionales al 50% de sus haberes mensuales. Esta disposición no afecta los descuentos legales ni judiciales, que continuarán operando bajo la normativa vigente.
Horacio Codas, gerente general del MEF, detalló que los descuentos convencionales son aquellos que requieren autorización expresa del beneficiario y se establecen mediante acuerdos con cooperativas o entidades financieras para el acceso a créditos o servicios.
Una segunda medida establece que los jubilados que soliciten la suspensión de un descuento convencional no podrán rehabilitarlo por un período mínimo de seis meses. Esta disposición busca otorgar un respiro financiero a los beneficiarios y evitar que vuelvan a comprometer sus ingresos sin una evaluación adecuada de su situación económica.
Censo digital genera ahorros millonarios al Estado
Paralelamente a las medidas de protección, el MEF informó sobre los resultados del censo digital de jubilados y pensionados, que se desarrolló entre el 3 de febrero y el 3 de agosto del presente año.
El proceso logró registrar a 74.610 beneficiarios, representando el 99% del universo total, y generó un ahorro mensual aproximado de G. 4.500 millones para el Estado, equivalente a G. 59.600 millones anuales.
Del total de beneficiarios, 707 personas quedaron fuera de la planilla de pagos: 438 por presunción de fallecimiento sin certificado de defunción y 269 activos que no cumplieron con el proceso de actualización de datos.
Distribución sectorial refleja peso del magisterio en el sistema
El listado actualizado de beneficiarios muestra la composición sectorial del sistema previsional público:
- Magisterio nacional: 35.803 beneficiarios
- Administración pública: 18.174 beneficiarios
- Policías: 9.890 beneficiarios
- Militares: 8.212 beneficiarios
- Universidades nacionales: 1.667 beneficiarios
- Magistrados judiciales: 864 beneficiarios
El predominio del sector educativo, que representa el 48% del total de beneficiarios, refleja la importancia del magisterio en el sistema de pensiones estatal y su impacto en las finanzas públicas.
Investigación legislativa impulsa reformas en el sistema
Las medidas anunciadas por el MEF se enmarcan en una investigación del Congreso Nacional sobre posibles abusos relacionados con pagarés y descuentos excesivos en los haberes de jubilados y pensionados.
Fernando Benavente, abogado del Tesoro, destacó que las nuevas regulaciones buscan garantizar mayor transparencia en los procedimientos y asegurar que los beneficiarios tengan información clara sobre los montos descontados y los servicios contratados.
La implementación del censo digital también representa un avance hacia la modernización del sistema, reemplazando procesos manuales y presenciales con mecanismos digitales que reducen costos operativos y evitan desplazamientos innecesarios de los beneficiarios.
Las autoridades del MEF sostienen que estas acciones apuntan a brindar tranquilidad a los jubilados, asegurar su capacidad de pago y prevenir prácticas abusivas por parte de terceros, estableciendo un marco regulatorio más sólido para la protección del patrimonio de los adultos mayores en Paraguay.
