La impulsora es Silvia Jung,
involucrada hace algún tiempo con el negocio de la cafetería de su hermana,
Mary’s Coffee House, es que se animó a cumplir lo que hasta hace poco era un
sueño, aprovechando la más reciente habilitación de la sucursal de Mary’s
Coffee House, que se encuentra en el Paseo Die Ecke ubicado sobre Denis Roa
esquina Coronel Tito Bogado.
“Con la nueva sucursal de Mary’s
Coffee House, se abrió la posibilidad de tener un espacio combinado de café y
libro, que siempre fue un sueño, y al contar con un hermoso jardín, le brinda
ese toque distinto e ideal para disfrutar de un café y un buen libro”, expresó
Jung. Al tiempo de adelantar que desde este nuevo espacio tiene previsto
diferentes proyectos culturales y de lectura, como un club de lectura o
encuentro con los autores.
Hasta ayer la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) alcanzó la suma de G. 2,05 billones en ingresos y superó las recaudaciones registradas en enero y febrero del 2019, según datos proporcionados por el viceministro de la Tributación, Óscar Orué.
El subsecretario de Estado explicó que aún es poca la diferencia, pero que quedan varios días para cerrar el segundo mes del año. Agregó que lo más probable es que los ingresos tributarios lleguen a los G, 2,1 billones al cierre de febrero.
“Durante el año pasado, en los dos primeros meses hemos recaudado un total de G. 1,99 billones y ayer ya superamos levemente los G. 2 billones”, manifestó el titular de la SET. En cuanto a las recaudaciones por mes, en lo que va de febrero es de aproximadamente G. 916.107 millones y la expectativa alcanzar el billón de guaraníes. En el primer mes del 2020, los ingresos fueron de un total de G. 1,13 billones, 5,7% superior a los G. 1,07 billones registrados en enero del 2019.
El Estado prevé para este año recaudar 7% más en comparación con el periodo anterior cuando los ingresos registrados fueron de unos G. 23,5 billones, explicó días atrás la directora de Política Macrofiscal, dependiente del Ministerio de Hacienda, Viviana Casco.
La funcionaria señaló que la expectativa es llegar a los G. 25,1 billones a finales del presente año mediante el pago de los diversos impuestos. “Básicamente esperamos llegar a los mismos niveles previstos el año pasado, con la salvedad de que en ese periodo las expectativas bajaron considerablemente ante la crisis del primer semestre del año pasado. Este año esperamos el efecto rebote ante las inversiones realizadas”, manifestó la directora de Política Macrofiscal.
La senadora Georgia Arrúa, del Partido Patria Querida, urgió a sus colegas tratar el proyecto que crea las tiendas duty free en una zona fronteriza en Ciudad del Este. Para la proyectista es de vital importancia su tratamiento y posterior aprobación tras vuelta del receso parlamentario, teniendo en cuenta que la principal zona comercial del país sufre el embate de los países vecinos que ya están aplicando zonas liberadas de impuestos para los turistas.
“El tema del comercio en las ciudades fronterizas hace rato debió haberse atendido. Yo ya hablé con varios comerciantes e importadores y les dije que el proyecto lo que pretende es bajar la pelota y que discutamos esto”, señaló Arrúa.
El citado proyecto legislativo es duramente cuestionado por los gremios de importadores e industriales. Tampoco cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, para la legisladora existen ventajas comparativas con declarar una zona libre de impuestos en la frontera.
Además del propósito de reavivar el comercio fronterizo que tiene el proyecto, Arrúa significó que hoy Ciudad del Este sufre ante las ciudades fronterizas correspondiente a Brasil y Argentina, que ya tienen la nueva modalidad comercial. “El momento en que Ciudad del Este comenzó a morir a todo el Paraguay le afectó, y no solamente es Ciudad del Este, sino que es Minga Guazú, Hernandarias y Presidente Franco”, refirió.
Arrúa señaló para los importadores y comerciantes que temen que con los duty free cunda el contrabando y la evasión impositiva, “que no teman a los cambios”. El modelo actual fracasó y entonces debemos cambiar de modelo.
El control debe ser ejercido con fuerza en frontera y la sanción para el contrabando debe ser feroz, pero no podemos impedir entrar a un nuevo tipo de comercio que se hace en todas partes”.
Ante el reclamo de la Cámara Paraguaya del Cannabis Industrial, de una “pesada burocracia” sobre el cáñamo, el MAG informó que su liberación comercial deberá esperar otro ciclo de cultivo.
El cuello de botella del cáñamo es la dificultad para conseguir la semilla y no hay posibilidades de siembra sino después de la próxima primavera, entre setiembre y octubre, según señalaron los directivos de la Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial.
Los ensayos con las doce variedades que se introdujeron al Paraguay continúan su curso, en los campos del Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (Ipta) y una vez que eso acabe recién se podrá liberar comercialmente la semilla, dijeron.
El proceso que resta todavía podría llevar por lo menos un lapso de 6 meses para que efectivamente se inicie el proceso de producción de cáñamo industrial.
El secretario del gremio señalado, José Cardona, informó que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) estableció complicados reglamentos para la importación de semillas de cáñamo, cultivo, procesamiento y transporte, así como el mecanismo de participación de los pequeños productores y las empresas en todo el proceso.
“Nos reunimos con el coordinador interinstitucional del MAG, Ing. Santiago Bertoni, a quien le solicitamos que se emita otro documento de igual peso, dependiendo de los casos, para facilitar los procesos a las empresas. Así como está escrito el documento es muy complicado, podría ser más sencillo tratándose de un producto que no tiene ninguna restricción en ningún lado, aparte de su parentesco con el cannabis”, se quejó Cardona.
Según los datos, la resolución 130 del MAG, referente al cáñamo, está orientada al pequeño agricultor, que podrá sembrar dos hectáreas del renglón, una vez que acceda a la semilla, señaló.
A su vez, Santiano Bertoni, consultado sobre el reclamo de la burocracia para la liberación comercial, dijo que la ley de semillas exige la experimentación agronómica durante dos ciclos del cultivo, para cualquier especie, antes de inscribir las variedades en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales (RNCC).
Actualmente dos firmas están autorizadas para importar semillas para su cultivo de ensayo en los campos del IPTA. La primera fue Healthy Grains; y la otra es la empresa holandesa Evona. Varias otras están a la espera de recibir la habilitación del MAG.
El proceso experimental se está realizando en los cinco centros del IPTA, en San Pedro, Itapúa, Guairá, Central y el Chaco. El ministro Rodolfo Friedmann dijo que en la primavera de este año se podrán sembrar 25.000 hectáreas de cáñamo.
En abril próximo se cumple un año del incendio en la planta de Frigochorti, en el Chaco paraguayo. Hoy el frigorífico faena la mitad de la capacidad que tenía antes del siniestro, que era de 1.200 animales por día.
Con un semblante ya mucho más relajado, el gerente de Frigochorti, Armin Friesen, dijo: “Te puedo garantizar que estamos muy bien ahora, con una faena relativamente buena, considerando quetuvimos una pérdida tan grande. Estamos faenando 15.000 animales al mes, lo que equivale a 600 animales por día y con eso vamos a trabajar hasta reconstruir totalmente lo perdido”.
En abril del año pasado, este frigorífico había sufrido un incendio de grandes proporciones, que destruyó aproximadamente la mitad de las instalaciones; 33 días después, con lo que se tenía en cámaras frías intactas y una inversión de 800.000 dólares, se pudo preparar una pequeña planta para faenar 300 animales/día, ya que todo el sector de la faena no fue afectado por las llamas, que sí destruyeron los locales de despostada, empaque, vaciado, depósitos de enfriado y congelado y cartón freezer.
Con una segunda inversión de cinco millones de dólares, se ampliaron varias cámaras frías más, para tener deposito para 600 animales/día, mientras se espera la reconstrucción total.
Estas nuevas cámaras ya están instaladas en la zona siniestrada, donde una parte fue reparada y se está haciendo el techo en la mitad del área afectada, para cubrir las cámaras frías colocadas.
Antes del incendio, el frigorífico tenía una capacidad de faenamiento hasta 1.200 animales/día, pero con la actual cuota de 600 animales pueden cumplir con los clientes del mercado nacional e inclusive exportar, principalmente a Chile, el mercado más importante, y a países asiáticos. “Estamos trabajando bien, solamente que faltan mas depósitos, para que toda la cadena de faenamiento funcione en forma mas liviana. Nos estamos recuperando bastante bien, tenemos un buen equipo y trabajamos bien con lo que podemos, los 600 animales/día. Actualmente tenemos una linda planta, es más pequeña, pero cumple con todos los requisitos sanitarios y flujos necesarios, para estar habilitada para el mundo”, indicó Friesen.
Durante el periodo 2019 fueron faenados 1.791.079 ejemplares bovinos a nivel nacional, cifra que representa una caída de 5,5% respecto a los 1.896.937 del año 2018, acorde con el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).
La disminución del faenamiento fue de 105.858 cabezas respecto al 2018, que en 90% fue por la disminución que registró Frigochorti en su actividad, por causa del incendio sufrido, según informó el titular del Senacsa, José Carlos Martin.
Hay posturas contradictorias en gremios de Ciudad del Este sobre el proyecto de ley de ampliación de zonas francas. Unos dicen que mejorarán las ventas; otros, que habrá privilegios innecesarios.
Es imposible prever si el Fisco recibirá más o menos si se aprueba el proyecto de ley que busca ampliar las zonas francas para los comercios fronterizos; además, con la tecnología se puede controlar a las empresas, según la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este.
En contrapartida, la Cámara de Empresarios rechaza el proyecto, porque crearía un pequeño grupo de privilegiados con la reducción de los impuestos e ilegalidad, según sus representantes.
Son dos posturas sobre el proyecto de ley que busca reglamentar el régimen del área aduanera especial, con intención de reactivar el comercio en zonas fronterizas y competir con los duty free abiertos en el Brasil, que ya operan con impuestos reducidos.
Para los representantes de la Cámara de Comercio y Servicios, existe el temor de perder el dominio en el mercado que actualmente tienen los que están en contra.
Con relación a la recaudación del Fisco, esto podría aumentar, atendiendo que los productos no están en el mercado actualmente por no ofrecer competitividad; y con este régimen podrían alcanzar niveles astronómicos en cuanto al pago al Fisco, según sus representantes.
“Con la baja de impuestos, se potencia la posibilidad del crecimiento de las ventas, además de despertar el interés del mercado, con lo que se puede alcanzar niveles de ventas que no se tenían proyectado. El consumidor adquiere el producto por la diferencia que está teniendo. El resultado es exponencial, porque no está en relación con lo que bajó en tasas de intereses”, explicó el empresario Juan Ramírez, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este.
En consecuencia, sostuvo que es imposible calcular cuánto podría percibir el Fisco con relación a impuestos, ya que existe la posibilidad de que ciertos rubros que actualmente no están siendo importados, porque no ofrecen competitividad, y que está en 0 % con relación al pago de los impuestos, podrían tener un crecimiento astronómico en un año.
La postura de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este y Alto Paraná va en sintonía con los gremios industriales a nivel país, según refirió Fidelino Díaz, presidente de la Cámara, que aglutina a 130 empresas.
“Creemos que el duty free podría aplicarse en espacios cerrados y privados, como en los otros países, para que se pueda tener un control estricto de quiénes son los que visitan. No estamos de acuerdo que se declare 15 km de toda la frontera. Creemos bastante permisivo a todo lo que sea ilegalidad y en cuanto a regirse por otras normas. El Paraguay es un país que tiene sus leyes y los que quieren trabajar acá deben respetarlas”, afirmó.
En este sector no están a favor de crear “aportantes privilegiados” y consideran injusto que un sector pequeño tenga el privilegio de pagar solo el 4% de impuestos y el resto tenga que pagar un porcentaje muy superior.
El titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe, afirmó categóricamente ayer que el proyecto de ley que reglamenta el régimen de área aduanera especial, previsto en el Código Aduanero, para el fomento del turismo de compras para extranjeros no residentes en la República del Paraguay, “es absolutamente inconstitucional e inviable”.
La legislación es impulsada por un sector de empresarios y comerciantes de Ciudad del Este (CDE) y senadores de distintas bancadas. En la reunión con senadores de la Comisión Permanente del pasado miércoles, doce gremios sentaron postura de rechazo al citado proyecto de ley, que propone un régimen impositivo bajo, además de establecer como punto de aplicación una zona franca de 15 kilómetros en las fronteras.
“Este proyecto de ley, en primer término, lo que hace es discriminar. Por ende, es inconstitucional de nacimiento. Discrimina porque va a hacer que un grupo de empresas, que no son muchas, puedan acceder al beneficio que pretenden, de pagar en todo concepto un impuesto del 4%, siendo que en el país entero todos tienen que pagar impuesto a la renta, impuesto al retiro de utilidades y el impuesto a la renta personal (IRP)”, sentenció Volpe.
Añadió que la carga tributaria está encima del 12 por ciento. Preguntó: “¿Por qué los que vivimos en Paraguay y pagamos todos nuestros impuestos y comercializamos internamente vamos a pagar más para mantener a otros para que puedan vender a los brasileños?”.
El presidente de la UIP también subrayó que otro problema fundamental que va a generar esta legislación es que el Fisco va a dejar de recaudar al menos noventa millones de dólares anuales.
Subrayó que de ninguna manera lo que se está proponiendo va a circunscribirse al tema de las tiendas duty free. “Lo que va a hacer es generar contrabando interno y esto va a matar a la industria nacional y también a los que importan y pagan todos los impuestos”, aseveró.
Puntualizó que, a la par, con este proyecto se pretende pasar por alto la reglamentación sobre el control de alimentos, medicamentos y productos domisanitarios, aspectos que están a cargo de INAN y Dinavisa.
“Esto es inaceptable también. Pasaríamos a hacer el ridículo, vamos a ser el hazmerreír del mundo al establecer que los productos importados paguen mucho menos que los productos locales que quedarán sin protección”, enfatizó.
Volpe insistió en que el proyecto en cuestión es “un adefesio” y responde solo a la preocupación de un sector que está cayendo debido a que el Brasil ve que puede también brindar la posibilidad a sus ciudadanos de poder comprar más barato en su país con tiendas duty free.
El megaoperativo policial-judicial desplegado ayer en la Reserva Natural Morombí constató que continúa la tala indiscriminada, el rollotráfico y la elaboración de carbón dentro del área protegida.
Unos 1.000 uniformados, un carro hidrante y un helicóptero de apoyo aéreo fueron destinados nuevamente al megaoperativo llevado a cabo ayer en unas dos mil hectáreas de tierra de la Reserva Natural Morombí de este distrito.
Pese a las continuas intervenciones policiales, los traficantes de rollos no cesan en su actividad criminal, dejando graves perjuicios para el medio ambiente.
El pasado 23 de diciembre se hizo un procedimiento similar en el mismo lugar, y en menos de dos meses una comitiva de uniformados de la Policía Nacional, encabezados por el director departamental, Edgar Meza Ibarrola; el fiscal en lo penal Gustavo Chamorro, la fiscala del medio ambiente Marta Leiva y personal militar se constituyeron de nuevo en la compañía Karumbe y Andevy, ubicado dentro de la Reserva Morombí, tras nuevas denuncias de invasión, tráfico de rollos y producción ilegal de carbón.
En el procedimiento se encontraron y se destruyeron varios hornos cargados de carbón, además de precarias viviendas que eran utilizadas por los invasores.
De la misma forma, se procedió a la destrucción de un puente que une la mencionada compañía con la localidad de Itakyry, departamento de Alto Paraná.
La fiscal Marta Leiva manifestó a este diario que se comprobaron nuevos crímenes ambientales, pero los responsables desaparecieron del lugar. Aseguró que hasta el momento hay unos 12 imputados y un detenido por los hechos cometidos en la reserva.
Por su parte, el jefe de seguridad ciudadana, Crio. Óscar Pedrozo, argumentó que el predio es muy extenso y que por eso se dificulta atajar a los invasores y traficantes de rollos.
Indicó que con cada procedimiento se suelen registrar pérdidas millonarias para los delincuentes que hacen que cada vez se les dificulte más cometer los crímenes ambientales.
La Reserva Morombí tiene cerca de 32.000 hectáreas y abarca los departamentos de Caaguazú, Canindeyú y Alto Paraná. Los traficantes ingresan por todos los sectores a través de caminos clandestinos construidos por ellos, dijo Pedrozo.
El Ministerio de Hacienda y la Municipalidad de Asunción resolvieron ayer abrir un canal de diálogo con el objetivo de poner fin a la deuda histórica que tiene el Estado con la ciudad capital en concepto de tasas, impuestos y otros servicios, según anunció ayer el intendente Óscar Rodríguez.
El jefe comunal y su equipo se reunieron ayer con el titular del Fisco, Benigno López, legisladores y representantes de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, ocasión en la que dialogaron sobre varios puntos, aunque, de acuerdo con Rodríguez, el tema principal giró en torno a los fondos de capitalidad.
En ese sentido, el intendente informó que la deuda total de los diversos entes estatales con el Municipio es de G. 40.000 millones (USD 6,4 millones). Explicó que en caso de contar con esos recursos, se podrán potenciar los trabajos actuales en dos ejes: arreglo y recuperación de calles, y el aseo urbano.
Además, prosiguió, la Comuna capitalina tiene en carpeta varios proyectos de infraestructura que podrán ser llevados adelante mediante esos recursos, por lo que espera que el diálogo llegue a buen puerto.
“Si la transferencia puede ser por la totalidad (G. 40.000 millones), bienvenido sea, porque necesitamos con suma urgencia esos recursos, que son recursos genuinos de la Municipalidad (…) Tenemos buena predisposición del ministro (de Hacienda)”, expresó.
El intendente de Asunción también adelantó que volverá a presentar ante Hacienda el proyecto para congelar el impuesto inmobiliario en el centro de Asunción.
Indicó que si bien no se pudo tocar este tema ayer, tienen pensado reflotar la propuesta en busca de devolver la vida a esta parte de la ciudad capital. Este plan había sido presentado a fines del 2018, pero el ex intendente Mario Ferreiro lo rechazó.
Finalmente, el jefe comunal rechazó que existan atrasos en la entrega de documentos para el desembolso de los royalties y afirmó que la intervención tampoco frena la transferencia.
En la reunión mantenida ayer entre autoridades del Ministerio de Hacienda y la Municipalidad de Asunción, también participaron legisladores y representantes de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay para dialogar sobre la construcción de la citada casa de estudios.
El intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, explicó que quedó a cargo de la Comuna la autorización de uso del suelo y la aprobación de los planos para el inicio de las obras. Señaló que el equipo técnico analizará los documentos y luego los remitirá a la Junta Municipal para la promulgación de la ordenanza respectiva, en caso de no tener reparos.
Por su parte, el rector de la Universidad de Taiwán-Paraguay, Carlino Velázquez, indicó que se pidió a Hacienda que lidere las reuniones interinstitucionales para que las obras no sufran atrasos, considerando que los gastos administrativos están a cargo del Estado, según el acuerdo con Taiwán. La casa de estudios funciona actualmente, de forma provisional, en el Comité Olímpico.
Tras la presión de organizaciones de sintechos, el Gobierno Nacional decidió destinar USD 30.000.000 más de los bonos soberanos a la construcción de viviendas sociales, durante este año.
La decisión fue anunciada luego de una jornada de manifestaciones, encabezadas por los líderes sintechos y que, incluso, contó con el acompañamiento del propio titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Dany Durand, quien se unió a ellos luego de la marcha de afectados que llegó hasta el local de esta cartera.
Con este nuevo monto se destinarían un total de USD 58 millones de los bonos soberanos para la construcción de las casas, según anunciaron desde el MUVH, aunque tendrán que seguir buscando la forma de financiación de las viviendas durante el segundo semestre de este año, pues las organizaciones de sintecho exigen que el presupuesto destinado a esta finalidad ascienda a los USD 100 millones para este año.
Este reclamo se había iniciado en enero, oportunidad en que Durand había propiciado una reunión con el ministro de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, Hugo Cáceres. También se adhirieron a la mesa de trabajo otros actores gubernamentales como el ministro de Hacienda, Benigno López; y el titular de Desarrollo Social, Mario Varela.
Gilberto Cáceres, de la Coordinadora Nacional de Sintecho, expresó que el presupuesto entregado inicialmente al MUVH para la construcción de viviendas estaba muy por debajo de las necesidades.
“Hay un déficit de más de 100.000 viviendas y el presupuesto es ínfimo. Se anunció que se destinarán unos USD 30 millones de los bonos para la construcción de más casas, pero eso apenas alcanza para unas 2.500. Pedimos destinar al menos USD 100 millones de esos fondos para construir por lo menos 10.000 viviendas al año”, explicó.
