Nelson Argaña y Ricardo Canese, miembros del Parlasur, instan a los presidentes de Argentina (Alberto Fernández) y Paraguay (Mario Abdo Benítez) a rever al acuerdo Horacio Cartes – Mauricio Macri por la deuda de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Señalan que se debe lograr un nuevo entendimiento, pero que se parta de una deuda cero en la hidroeléctrica.
El documento, que será presentando ante el pleno del Parlasur, menciona que se han producido cambios en los dos países, incluyendo el cambio de mandatarios. Considerando que el acuerdo Cartes – Macri del 2017 ha merecido fuertes críticas, particularmente en Paraguay, deben replantearse los términos del pacto, enfatiza.
De acuerdo con los parlasurianos, el instrumento que firmaron los anteriores jefes de Estado no reafirma claramente “la soberanía hidroeléctrica paraguaya, prevista en el artículo XIII del Tratado de Yacyretá ni la integración energética, como establece el Tratado de Asunción (1991), que no deja lugar a dudas que debe existir una libre circulación de bienes y servicios”.
Además, aducen que se le atribuye una deuda de unos USD 4.000 millones en el pasivo de Yacyretá, lo que limitará seriamente el emprendimiento conjunto de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos. Con un nuevo acuerdo, la construcción de la casa de máquinas en Añá Cuá podría avanzar sin polémicas, así como la misma ampliación del parque generador de Yacyretá, al igual que los nuevos emprendimientos hidroeléctricos de Corpus e Itatí – Itá Corá; ratificaron los representantes del Parlasur.
“Todos ellos podrían concretarse de reafirmarse los principios de soberanía hidroeléctrica, integración energética, binacionalidad plena y deuda cero de la EBY, como debió ser desde marzo de 2014”, estipula el escrito presentado.
Días atrás, la EBY informó que el inicio de los trabajos para la maquinización del brazo Añá Cuá se daría a finales de este mes o en los primeros días de febrero. La firma Voith Hydro ya recibió el anticipo para la provisión del equipamiento electromecánico (turbinas), mientras que el consorcio Astaldi – Rovella – Tecnoedil solicitó su pago para las obras civiles.
El 2019 no fue un año positivo para las entidades binacionales, dado que ambas tuvieron una menor producción de energía eléctrica, debido principalmente al bajo caudal del río Paraná (estiaje).
Dada la gran capacidad instalada que posee y el potencial de generación, la Itaipú fue la central que más sintió el golpe de la sequía. De enero a diciembre de 2019, generó en total 79.444.510 megavatios hora (MWh) y casi al terminar el año recién pudo sobrepasar la marca de energía garantizada (75.000.000 MWh), para abastecer a los sistemas de Eletrobras y ANDE.
La marca del último ejercicio es la más baja desde el 2001, año en que la Itaipú produjo 79.307.000 MWh, según las estadísticas oficiales. Desde el 2002 hasta el 2018, la generación anual se ubicó por arriba de los 82.000.000 MWh. Sin embargo, es importante recalcar que la última marca más baja se había dado cuando Itaipú operaba con dos turbinas menos (18). Desde el 2007, la binacional tiene 20 unidades generadoras.
Pese a los inconvenientes, la Dirección Técnica de la hidroeléctrica remarcó que la usina demostró un excelente nivel de productividad, al igual que su equipo humano. Destacó que, en octubre de 2019, se registraron los más bajos valores de caudales afluentes al lago de la central, desde 1983.
Para hacer frente a las condiciones hidrológicas negativas y garantizar la producción de energía, el Consejo de Itaipú autorizó reducir la cota hasta 216 metros sobre el nivel del mar (msnm), de su cota normal en 219 msnm. Estimó que la recuperación del reservorio sería rápida.
Esta operación generó el reclamo de algunos técnicos del sector energético, pues aseguraron que usar el embalse para generar más energía solo beneficia al Brasil, considerando sus urgencias de contar con electricidad barata.
El abogado Fernando Filártiga, hijo del cartista y vicepresidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Darío Filártiga, fue confirmado por el presidente Mario Abdo Benítez como nuevo miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). Esta decisión se dio a conocer a través del decreto del Ejecutivo Nº 3177/19, que se emitió el pasado lunes.
El nuevo miembro del directorio fue funcionario del BCP. Ingresó en el 2010 y pasó por distintas jefaturas del área jurídica de la institución.
Filártiga se desempeñó como director del departamento Legal del BCP y es analista legal de la banca matriz. Además, trabajó en el Banco Mundial y para el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID). Es abogado recibido en la UNA y tiene una maestría en leyes en la Escuela de Leyes de Nueva York.
El BCP presentó ayer el informe sobre la inflación total del 2019, que fue de 2,8%.
Hace menos de un mes el Banco Central del Paraguay (BCP) abría el “paraguas” ante la tendencia de precios bajos en el mercado, anunciando una menor inflación de lo que se esperaba. El viernes pasado oficializó su ajuste a la baja de su proyección de 3,2% a 2,8% para este 2019 y ayer, tras la presentación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), confirmó que se cerró con la inflación más baja en los últimos 10 años, en el ojo proyectado.
Es decir, la inflación acumulada del 2019 fue de 2,8%, por debajo del 3,2% del 2018. En el 2009, el IPC arrojó una inflación de 1,9%, según el historial, cifra que era hasta ese entonces la más baja en 40 años.
En diciembre los precios subieron 0,6%, influenciados por los productos alimenticios, como carnes, y algunos servicios. No obstante, también se registraron disminuciones de precios en los bienes duraderos de la canasta y en las bebidas alcohólicas, las cuales mitigaron en cierta medida el resultado de la inflación.
En el segmento alimenticio se destacan las subas de precios observadas en todos los cortes vacunos. Conforme a manifestaciones realizadas por agentes del sector, este incremento de precios está explicado, por un lado, por la mayor demanda de algunos cortes de mayor consumo durante las fiestas de fin de año (principalmente las verificadas en costilla y vacío) y, por el otro, por un aumento en los precios del ganado en concordancia con la suba de los precios internacionales de la proteína roja registrada en los últimos meses, según explicó el economista jefe del BCP, Miguel Mora.
En los servicios, las subas más destacadas se dieron en los alimentos consumidos en bares y restaurantes, en línea con la suba de precios de los insumos alimenticios utilizados en este segmento. De la misma manera, se verificaron subas en los servicios de alojamiento en hoteles, las cuales serían consecuencia de la mayor demanda ocasionada por las fiestas de fin de año.
Con relación a los servicios relacionados al transporte, se registraron aumentos de precios en el mantenimiento de vehículos y en el transporte internacional de pasajeros por vía terrestre.
En las bebidas alcohólicas se destacan bajas de precios en whisky, vinos y cervezas. Finalmente, los bienes duraderos, en especial aquellos de origen importado como los vehículos, equipos informáticos y los electrodomésticos para el hogar, registraron leves disminuciones de precios en el mes de referencia, lo cual responde a la estabilidad del tipo de cambio observada durante la mayor parte del mes de análisis, según explicaron los técnicos.
Copetrol es una de las principales empresas paraguayas del rubro de venta de combustibles.
La empresa paraguaya Copetrol es una de las compañías internacionales invitadas por Petrobras a presentar sus ofertas no vinculantes en Uruguay, según el portal de noticias argentino Surtidores.
“Adquirir los activos de Petrobras en Uruguay es una posibilidad que hemos manejado en directiva, vista con buenos ojos, aunque lógicamente estamos analizando las alternativas del negocio en ese país”, expresó Blas Zapag al portal.
“Comprenderá que un negocio de estas características requiere de una serie de informes, estudios económicos, etc., que ya hemos encomendado a diversos estudios en Uruguay, pero tienen sus tiempos y procesos”, destacó el empresario.
Según informó Zapag, hasta el 20 de enero Petrobras recibirá todas las propuestas no vinculantes de las compañías interesadas en adquirir los activos de la compañía y “a partir de allí y una vez que se opten por aquellas empresas que a juicio de Petrobras presenten las mejores ofertas, se marcarán reuniones en Montevideo, en las que presentarán a cada empresa elegida todos los datos necesarios para luego recibir las propuestas finales de compra de activos”.
Aunque se mostró cauteloso y cuidadoso del negocio a emprender, Zapag llamó de “proceso lógico y seguro” esta etapa, en la que “todos deben asegurarse hacer un buen negocio”.
“Copetrol tiene la intención de extenderse fuera de fronteras, es un desafío que encontramos muy atractivo en la compañía y esta oportunidad de radicarnos en Uruguay resultaría muy importante para nosotros, aunque lógicamente dependerá si el negocio se encuadra dentro de nuestras expectativas y posibilidades”, señaló.
Consultado sobre si utilizaría el sello Copetrol en Uruguay en caso de concertar el negocio con Petrobras, el ejecutivo explicó que eso se definirá más adelante, ya que no descarta la utilización de un nombre más reconocido a nivel internacional. “Para ello haremos un estudio de mercado y de imagen con el fin de definir el mejor nombre para el sello”, agregó. “La alternativa de estar presentes en Uruguay nos resulta muy atractiva”, señaló Zapag.
La raza Nelore lidera por cuarto año consecutivo el ránking de mayor faena a nivel país, alcanzando las 716.797 cabezas, según informó ayer la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore (APCN). Le sigue la raza Brangus, con 618.267 cabezas, luego Brahman con 188.713 cabezas y, por último, la raza Braford con 76.593 cabezas.
“Cada vez más productores apuestan a esta raza que mejoró mucho en cuanto a calidad en los últimos diez años y eso es notable. Se refleja en su genética, su conformación, su docilidad, su manejo, todo esto está perfectamente compenetrado”, expresó Guillermo Campos, presidente de la APCN. El relevamiento fue hecho por Control Unión Paraguay.
Caracterizado por su extraordinaria rusticidad, Nelore se adapta a climas calurosos y pastos duros típicos de los trópicos y subtrópicos. Ganaderos brasileños llegaron a la conclusión de que las razas puras tenían un potencial de producción muy elevado, según la asociación.
Más de 1.000 transportistas adeudan US$ 4,5 millones al IPS; muchos de ellos crearon una nueva razón social para así empezar de cero y seguir accediendo a millonarios subsidios.
La normativa que regula las obligaciones para acceder al subsidio establece, entre otras exigencias, que los empresarios deben tener dos empleados asegurados en el Instituto de Previsión Social (IPS) con aporte al día por cada bus que disponga.
El viceministro de Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Pedro Britos, confirmó que para verificar el cumplimiento del requisito relacionado al seguro social, se recibe una constancia de pago al día. Al ser consultado si el control implica conocer los antecedentes del empleador o si la deuda en IPS es o no fraccionada, respondió que no. Sólo sirve la constancia emitida por la previsional.
El director de Aporte Obrero Patronal (AOP) del IPS, Ramón Giménez, reconoció que no está prohibido que las personas que figuran como morosas se registren con una nueva razón social y seguir operando en el mismo rubro. Detalló que la previsional registra 1.161 empleadores morosos del sector transporte, de los cuales 803 están operando actualmente al pagar sus deudas de forma fraccionada. La deuda asciende más de US$ 4,5 millones y data del 1993. A causa del incumplimiento de la obligación de estos patrones, un total de 11.868 empleados no pueden acceder a la atención médica y de seguir así, tendrían inconvenientes con la jubilación, informó.
Giménez señaló que existe un plan de impedir que los empleadores morosos sigan operando, pero es necesario consensuar con otras instituciones y también hace falta una ley al respecto.
Carmen Flores, jefa interina del Gabinete de Presidencia de IPS, y Esteban Mongelós, director interino de la Secretaría General, firmaron ayer un informe en el cual se niegan a identificar las empresas infractoras, especificando los montos de sus deudas, alegando confidencialidad. De esta forma, la previsional impide que se difundan qué transportistas que reciben subsidios les adeuda. Actualmente, ninguna institución es celosa de que los morosos no sean beneficiados con dinero estatal. Ni el contralor general de la República, Camilo Benítez, ha solicitado esos datos al IPS, pese a estar en conocimiento de denuncias mediáticas sobre el tema.
La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (Cncsp) realizó una encuesta entre 42 empresarios del sector comercial y de servicios sobre la actitud que mostraron las entidades financieras en relación a las líneas de créditos durante este año, que se presentó especialmente complejo y difícil para estos rubros debido a la recesión económica. Al mismo tiempo, la pesquisa consultó a los mismos si tuvieron que recurrir a nuevos créditos para poder mantener sus negocios en actividad y si se mantuvieron las líneas ofrecidas por las entidades financieras o no.
Solo el 11,9% de los encuestados respondió que sus líneas de crédito habían sido aumentadas, en tanto que el 59,52% dijo que fueron mantenidas y el 28% señaló que les fueron recortadas.
En cuanto a si necesitaron de apalancamiento financiero para poder mantener sus negocios operativos, las personas consultadas dijeron que se mantuvo en un 48,7%, mientras que solo disminuyó en un 17% y aumentó en un 33,3%.
Sobre la tasa de crédito a la que accede actualmente al solicitar una línea de crédito, los empresarios respondieron que se mantienen en el mismo nivel un 59,5%, que aumentó un 23,8% y que disminuyó solo un 16,6%.
Un dato nada alentador y que condice con la situación de recesión que experimentó el país durante gran parte de este año fue la pregunta realizada a los empresarios encuestados de si mantuvieron o no su volumen de ventas comparado al 2018, a lo que el 73,81% de los consultados dijo que disminuyó, el 16,67% que se mantuvo y solo el 9,52% que aumentó.
La Cámara de Comercio concluye a partir de esta encuesta que los empresarios del sector comercial y de servicios precisan de nuevas posibilidades crediticias a menor costo, posiblemente por la vía de la Bolsa de Valores. En segundo término, sugieren que el hecho de aparecer en Informconf no sea un impedimento para acceder a los créditos. También sugieren que se reduzca la comisión por depósitos de dólares en efectivo y que las opciones de garantía sean mayores y que acepten inmuebles con mayor facilidad, vehículos, propiedades y tener más en cuenta el comportamiento del cliente a nivel bancario e impositivo.
Al mismo tiempo, el gremio sugiere que para la adquisición de tecnologías, se deben realizar mejores análisis, y tasas y condiciones más accesibles sobre todo para las Pymes que mueven en gran medida al sector. En último término, los empresarios piden eliminar las comisiones por depósitos de dólares en efectivo.
Hasta la fecha, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ya desembolsó G. 61.714 millones en el pago por mejoras y expropiaciones, dentro del proceso que se lleva adelante para la liberación de la franja de dominio y afectaciones de las obras de la duplicación de la ruta PY02, cuyas obras avanzan bajo la ley de Alianza Público Privada (APP).
Hasta la fecha, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ya desembolsó G. 61.714 millones en el pago por mejoras y expropiaciones, dentro del proceso que se lleva adelante para la liberación de la franja de dominio y afectaciones de las obras de la duplicación de la ruta PY02, cuyas obras avanzan bajo la ley de Alianza Público Privada (APP).
En este sentido, la institución ya liberó el 56% de la franja de construcción, que se traduce en 1.336 propiedades liberadas en el trazado de la vía, según los datos brindados por la cartera a este diario.
En total, el número de afectaciones de la ampliación de la carretera es de 2.376 y el plazo de liberación total es hasta el 2022, según comentó la Directora de Bienes Inmobiliarios del MOPC, Anatalia Aranda.
Asimismo, resaltó que con estos pagos la Sociedad de Objeto Específico Rutas del Este, integrada por la española Sacyr y la paraguaya Ocho A, ya cuenta hoy con 117,4 km para trabajar en la ampliación de la carretera.
“Tenemos un total de 2.376 afectados, de los cuáles liberamos 1.336. Esto significa que 117,4 km de la franja de construcción ya fue liberada (de los 149 km que deben ser intervenidos). Tengo hasta el 2022 para liberar totalmente”, expresó la funcionaria.
Siguió: “Estas liberaciones se tratan de la franja de construcción. Son frentes de obras que le estamos dando a la empresa y luego quedan las de dominio, que es la superficie libre de 50 metros en cada lado que tendrá la ruta”.
Vale señalar que la liberación de los 117,4 Km se realizó en sectores correspondientes al tramo 3 (San José), tramo 4 (Coronel Oviedo), tramo 5 (Caaguazú), tramo 2 (Eusebio Ayala) y las propiedades afectadas para las futuras circunvalaciones de San José y Coronel Oviedo.
Vale señalar que la parte más complicada para expropiar se tendrá en el tramo 1 (desde Ypacaraí hasta Caacupé), dónde se utilizará el mayor porcentaje de los recursos. El MOPC previó una inversión total de USD 80 millones para las expropiaciones de la ruta PY02.
Según Rutas del Este, las obras de construcción de estructuras y drenaje avanzan en los tramos 3, 4 y 5, desde el km 104 en San José de los Arroyos hasta el km 183 de Caaguazú.
En el tramo 3, en San José de los Arroyos, se realizan obras de terraplenado desde el km 106 al km 122. Asimismo, prosigue la construcción de obras de drenaje.
En el puente ubicado sobre el arroyo Yacarey (km 118) los trabajos de construcción de pilotes para estribos se encuentran en etapa de culminación.
En el km 114 continúa la construcción de estribos en el puente ubicado sobre el arroyo Ytau.
En el tramo 4 (Coronel Oviedo) las tareas de drenaje se centran en el hormigonado de alcantarillas celulares y tubulares. En cuanto a las estructuras, se procedió a la preparación de encofrado para hormigonado en el km 154,7.
En el tramo 5 (Caaguazú) continúan los trabajos de drenaje y compactación en las laterales de las alcantarillas en el km 157,6.
En el subtramo 5.3 prosiguen los trabajos de suelo estabilizado de cemento desde el km 181,6 al km 181,7.
Recordemos que el MOPC dio en la quincena de agosto la orden de inicio a las obras de duplicación de la ruta PY02 y desde ese momento tiene 30 meses para culminar las obras. La duplicación abarca desde el desvío de Ypacaraí hasta el km 183, donde inicia la concesión de Tape Porã, continuación de la ruta PY 02, ex ruta 7.
La Sociedad Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, integrada por la española Sacyr (60%) y la paraguaya Ocho A (40%), consiguió tras varias prórrogas la financiación de la APP de la ruta PY02. En julio de este año, el grupo consiguió finalmente los USD 500 millones que costeará la infraestructura vial.
Para ello, el consorcio cambió el mecanismo de financiación del proyecto para la duplicación de la ruta PY02, por las ventajas que se dieron en el mercado internacional para costear la obra.
Es que en un comienzo la estadounidense Goldman Sachs debía financiar una parte de este primer proyecto de alianza público-privada (APP), con un préstamo de USD 240 millones, pero el consorcio optó por emitir bonos propios por USD 290 millones en la Bolsa de Nueva York, a través de Goldman Sachs (asociado con Itaú).
Con esta emisión de bonos de Rutas del Este se suma otro préstamo que consiguió el grupo por USD 200 millones, concretamente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest), y otros USD 83 millones de recursos propios del grupo. Esto significa que la primera APP cuenta con financiación de USD 573 millones.
Vale señalar que el consorcio percibirá un total de casi USD 1.700 millones por construir, operar y mantener la ruta, durante los 30 años que durará el contrato, según estimaciones. Estos pagos comenzará a percibir cuando concluyan las obras.
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) cerrará el ejercicio fiscal 2019 con un monto total de casi USD 74 millones a cobrar en concepto de recuperación de impuestos no abonados y multas aplicadas por contravención, omisión o defraudación.
El informe facilitado por la Administración Tributaria detalla que a través de 447 fiscalizaciones y 87 controles internos se logró comprobar que contribuyentes no pagaron impuestos por un total de G. 261.408 millones (USD 41,1 millones al cambio actual de G. 6.350). El no ingreso de estos recursos a las arcas del Estado fue por faltas administrativas como: Defraudación (no emitir comprobante legal), omisión (declaró el impuesto, pero no pagó), y/o contravención (facturó, pero presentó tarde la declaración).
Sobre el monto total a ser recuperado, la dependencia fiscal aplicará una multa que asciende a unos G. 206.754 millones (USD 32,5 millones).
En el 2018, Tributación detectó el no pago de impuestos por parte de contribuyentes por un valor de G. 377.334 millones (USD 59,4 millones), sobre el cual fue aplicado una multa de G. 686.759 millones (USD 108,1 millones). Esto fue resultado de 406 fiscalizaciones y 143 controles hechos en el 2018.
Sobre este punto, el viceministro de la SET, Óscar Orué, destacó que al hacer un comparativo entre el 2018 y el 2019 se observa un monto menor en multas aplicadas este año. Explicó que es por los criterios de aplicación de multas sobre los hechos, implementados por la actual administración de la Subsecretaría de Estado de Tributación.
“Hay que tener en cuenta que nosotros aplicamos menos multas de las que aplicaban las administraciones anteriores, porque establecimos criterios de aplicación de multas sobre los hechos. Anteriormente, las multas eran de 300% (del monto total no pagado por impuesto) con las administraciones anteriores. Ahora hay una escala y un criterio de acuerdo a los hechos, donde se tiene en cuenta la acción realizada por el contribuyente para no pagar al Fisco”, detalló.
Una parte de las multas cobradas por el Fisco a los contribuyentes son distribuidas entre todos los funcionarios de la SET. De acuerdo a la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2019, Tributación tiene un límite este año de G. 27.000 millones (USD 4,2 millones) –de la multa cobrada– para repartir entre sus funcionarios.
Además del tope, la SET estableció a través de la Resolución 5/18, que el monto máximo que podrá percibir al mes un funcionario en concepto de multas será de G. 5 millones, y un mínimo de G. 1 millón, dependiendo del rol de cada uno. También dentro de dicha normativa fue excluido de la repartija al viceministro.
Este tope establecido en la Ley de Presupuesto fue puesto por el Poder Legislativo, tras las fuertes críticas de la ciudadanía sobre las millonarias repartijas realizadas entre los funcionarios de la SET de la plata proveniente de las multas cobradas durante la administración de la ex viceministra Marta González Ayala, quien se autoincluyó en la repartija.
Al respecto, Orué mencionó que el promedio recaudado al año por la SET en concepto de multas es de G. 80.000 millones. Agregó que los G. 27.000 millones de límite establecido para este año ya fueron repartidos en su totalidad entre todos los funcionarios, aclarando que las multas efectivizadas entre noviembre y diciembre del presente ejercicio deberán ser distribuidas entre enero y febrero del 2020, año para el que también se estableció un tope de G. 27.000 millones, según Orué.
Sobre este monto, la Administración Tributaria deberá aplicar multas a los contribuyentes en falta por unos USD 32,5 millones, según resalta un informe de la institución. Hay que tener en cuenta que aplicamos menos multas de las que aplicaban las administraciones anteriores.
