El agro recuperará en este 2020 su crecimiento anual por encima del promedio de los últimos años, resaltan.
Para el 2020 se espera una recuperación del sector agrícola, con una expansión de 5%, según el Informe de Política Monetaria del mes de diciembre, presentado por el Banco Central del Paraguay (BCP), destacó el informe económico mensual de Valores Casa de Bolsa.
Este pronóstico es bastante superior al crecimiento promedio de 1,5% que demostró el sector del 2014 al 2019; sin embargo, los mayores resultados esperados serían en parte gracias a un efecto base, luego de la caída de 6,2% experimentada por la agricultura en el 2019, señala el informe de la casa de bolsa.
En el tercer trimestre del año pasado, el sector agrícola registró mejores resultados con relación a los primeros dos trimestres del año. Sin embargo, esto no evitaría la caída estimada para el rubro en términos acumulados.
La campaña 2019/2020 se presenta mucho más favorable que la anterior, manteniendo así el optimismo de alcanzar la producción de 10,5 millones de toneladas de soja para superar la caída de 24% registrada en la campaña anterior.
A pesar del panorama positivo, en algunas regiones las limitadas lluvias siguen generando incertidumbre, sobre todo en el departamento de Itapúa, el segundo mayor productor de soja, luego del departamento de Alto Paraná.
Por otro lado, el reporte mensual también menciona que los servicios, las construcciones y la agricultura impulsaron el crecimiento de la economía en el tercer trimestre del 2019, con crecimientos del 4,2%, 6,3% y 3,5%, respectivamente.
Las construcciones crecieron gracias a las mayores obras, tanto públicas como privadas, lo que generó mayor demanda de cemento y asfalto. Entre los servicios que mostraron recuperación se puede mencionar al comercio.
En la agricultura se registraron mayores niveles de producción de soja, maíz, arroz, sésamo y poroto. Con esta recuperación económica, el Banco Central del Paraguay espera un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0,2% para el ejercicio 2019.
La Compañía Paranaense de Energía Eléctrica (Copel) quiere volver a importar electricidad de Paraguay (de la represa de Acaray) para revenderla en el mercado de energía libre de Brasil, de acuerdo a publicaciones de medios del vecino país.
Según la información, la unidad comercializadora de la firma solicitó al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) autorización para operaciones, informó a la agencia Reuters el titular de la compañía, Franklin Kelly.
De acuerdo a la información, la planta de Acaray, con 200 megavatios de capacidad instalada, pertenece a la compañía estatal paraguaya ANDE, socia de la estatal brasileña Eletrobras en la represa hidroeléctrica binacional Itaipú.
El ejecutivo de Copel señaló que piden que el Gobierno brasileño autorice las compras de la presa hidroeléctrica paraguaya durante 20 años, en importaciones de “energía firme”, para ser negociadas por el comercializador de la compañía paranaense “bajo su propio riesgo”.
De acuerdo con el último informe de comercio exterior del Banco Central del Paraguay (BCP), entre enero y diciembre del 2019, Paraguay exportó un total de 4.901 millones de toneladas de soja por US$ 1.576 millones, lo que representó una caída de 28,5% en divisas y 18,7% en toneladas, ya que en el 2018 ingresaron más de US$ 2.205 millones por 6.028 toneladas.
En cuanto a los mercados, Argentina se constituye en el principal destino de la oleaginosa con el 68,2%, equivalente a 1.499 millones de toneladas. En segundo lugar se ubicó Rusia, donde se exportó en un año más 246 mil toneladas, con el 15,6% de participación, según el informe. La producción total del 2019 a nivel local fue de 7,8 millones de toneladas.
En la tabla general de los principales productos exportados, de acuerdo con la banca matriz, la soja fue el producto de mayor retracción, tuvo una incidencia de menos 7%. El informe también indica que tanto el aceite de soja, como la harina de soja, en los 12 meses del año pasado tuvieron una caída del 17% y 27%, respectivamente, comparado con el 2018.
Los representantes del sector indicaron que la zafra sojera fue bastante complicada, a raíz de los periodos de sequía y los precios internacionales que tampoco ayudaron a lo largo del año.
El presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), José Berea, indicó que a nivel local las cosas están mejorando y las lluvias que cayeron en gran parte del interior del país días pasados ayudaron bastante. También habló sobre la proyección para este año.
“Las cosas están mejorando, las lluvias llegaron y para este año el objetivo es alcanzar una producción de 10 millones de toneladas a nivel nacional”, explicó Berea.
Las proyecciones son esperanzadoras para el sector, ya que además de que en los últimos días se tuvieron lluvias generalizadas en el país, para los próximos días también seguiría cayendo agua.
La tensión en el Golfo Pérsico entre las dos potencias mundiales, como son Irán y Estados Unidos, ya empieza a tener efecto dentro de la economía mundial, y más aún en países que son tomadores de los precios internacionales como lo es Paraguay. A nivel local, agroexportadores están muy atentos con lo que pueda suceder en los próximos días, ya que surgieron nuevas amenazas de ambas partes en conflicto. “Esto va a impactar, claro que sí, de hecho el viernes pasado la soja tuvo una baja del 2% a causa de la situación en Medio Oriente. Paraguay es tomador de precios y cualquier situación internacional puede llegar a afectar”, explicó el presidente de Capeco, José Berea.
El retiro de los recursos del Fonacide y la exigencia de mayor rentabilidad por parte de las cajas de pensiones para invertir en bonos de la entidad presionan al alza las tasas de interés, explican.
Si bien el 2020 arrancó con una leve reducción de tasas de interés en uno de los productos para la vivienda, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) se encuentra ante un inminente encarecimiento de sus fuentes de fondeo, debido al retiro de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Esto advierte José Maciel, presidente del banco público de segundo piso, y explica que la pérdida de recursos del Fonacide atenta contra la calificación de riesgos de la entidad y obliga a buscar fondos con mayores costos de captación, lo que ejerce presión sobre las tasas de interés con que se aprueban las líneas para el público final.
Recuerda que los recursos del Fonacide fueron asignados por Ley a la AFD, por un 7% del total, y que ascendía a alrededor de USD 20 millones al año, utilizados para capitalización. El 2020 es el segundo año consecutivo en que la AFD no dispone de estos fondos. “La AFD tiene un capital de USD 240 millones, USD 120 millones provinieron del Fonacide, eso nos ha ayudado a bajar las tasas y a mantenerlas bajas inclusive en un momento en que las tasas estaban subiendo”, relata.
“Si los siguientes años se sigue disponiendo de esos recursos para otros fines que no sean para los cuales fueron originalmente previstos, nos puede afectar en nuestro costeo de fondos. No solamente porque no vamos a contar con esos recursos, sino porque hasta las calificadoras de riesgo que veían eso como una fortaleza de la AFD a largo plazo para mantener su capital, probablemente van a pensar de otra manera. Si nuestra calificación se ve afectada, también nuestro fondeo podría verse afectado”, agrega.
A fines del 2019, la entidad emitió bonos por G. 400.000 millones en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (Bvpasa), a 6,3% de interés y tres años de plazo. Esta tasa se encuentra levemente por debajo del 7% con que salieron los últimos bonos del Tesoro a la Bolsa, en la emisión a cuatro años de plazo.
“Tenemos dificultades en cuanto al fondeo, principalmente lasque nos fondean son las cajas previsionales, tanto el IPS como la Caja Fiscal. Cada vez están exigiendo más rentabilidad sobre los bonos que la AFD coloca en el mercado, eso nos pone presión en las tasas de interés”, asevera Maciel.
El economista César Barreto, directivo de Banco Familiar, reconoce que son necesarios algunos ajustes adicionales para mejorar el acceso de las familias, especialmente de clase media, al crédito para la vivienda. Entre las alternativas, menciona a la conformación de un fondo de garantías que reduzca el riesgo para las entidades financieras, que a su vez disminuya el spread financiero y las tasas de interés de los préstamos. Habla también de flexibilizar los mecanismos de refinanciación y reestructuración de los créditos, dados los niveles mayores de vulnerabilidad de la población objetivo. Considera que, a mediano plazo, sería importante una participación directa de los fondos previsionales, invirtiendo en carteras securitizadas de préstamos hipotecarios, que podría ser a través de la constitución de fondos fiduciarios que puedan ser administrados por la propia AFD.
“Con esto asumirían una parte del riesgo de la cartera securitizada y puede reducir el spread financiero, que sería trasladado directamente a la tasa de interés a los tomadores del crédito”, dice.“La oferta de créditos de vivienda con fondos de la AFD a plazos de hasta veinte años es bastante extensa actualmente con distintos bancos, cooperativas y financieras (Instituciones Financieras Intermediarias-IFIs). Sin embargo, es un producto de oferta conjunta, por lo cual debe haber generación y oferta de viviendas de distintos niveles y precios para que la oferta de créditos sea relevante para las personas de distintos niveles de ingresos que tenemos en distintas ciudades del país”, destaca.
Para el 2020, la AFD tiene recursos comprometidos en emisión de bonos por G. 1,2 billones, cerca de USD 200 millones. La recuperación de cartera será de unos USD 150 millones, lo que sumado a préstamos internacionales en ejecución y nuevos, sumarán más de USD 300 millones en recursos disponibles para prestar en el presente año.
Unos G. 2,3 billones (USD 383 millones) transfirió el Ministerio de Hacienda a los municipios y gobernaciones en todo el 2019, de acuerdo con el informe emitido ayer por la Unidad de Departamentos y Municipios (UDM) de la cartera fiscal.
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El reporte indica que este concepto registró un incremento del 2,5% en la ejecución con relación al mismo periodo del 2018. El Fisco aseguró que en todos los rubros las transferencias de recursos se realizaron conforme a las normativas legales vigentes y los procedimientos establecidos para la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019.
Del total transferido, las municipalidades recibieron G. 1,3 billones (USD 215,6 millones); mientras que las gobernaciones, G. 1 billón (USD 167,3 millones). Dentro de estos montos se incluyen recursos en concepto de royalties y Fonacide, que las comunas obtuvieron por G. 1,18 billones, mientras que los gobiernos departamentales por G. 365.682 millones.
Las gobernaciones reciben además transferencias provenientes de los impuestos (Fuente 10). De acuerdo con el documento, en este concepto, Hacienda les transfirió entre enero y diciembre G. 541.783 millones.
El resto de los recursos transferidos a los gobiernos locales y departamentales corresponden al impuesto al valor agregado (IVA), juegos de azar y otros recursos menores. Los montos de las transferencias a los mismos incluyen la deuda flotante del 2018 y otras obligaciones pendientes del ejercicio anterior.
El director de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), Mario Romero, manifestó que las distintas fuentes de decrecimiento que dejó el 2019 al país se debe a, por un lado, desde la Rediex, dirección correspondiente al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), cotejan las exportaciones que pueden tener trazabilidad ya sea los mercados y tipos de productos enviados, y por el otro, el informe del Banco Central del Paraguay (BCP), que incluye también a las reexportaciones y otras exportaciones.
Ya que en un material se publicó que la reducción de las exportaciones totales de Rediex fueron del 15,3% en el 2019 frente a los embarques del 2018, que al sumarle estos otros 2 componentes que incluye el BCP, el decrecimiento total se vuelca a -9,8%, con el total de las reexportaciones que llegó a US$ 3.586 millones, más otras exportaciones por valor de US$ 1.148 millones, con lo que se totaliza los US$ 12.386 millones, que en el 2018 llegó a US$ 13.730 millones.
“Para que nuestras exportaciones que abarcan tanto productos y servicios de Paraguay al mundo, es que estamos trabajando justamente con las nuevas plataformas para la diversificación de los nuevos mercados, de modo a no depender solamente de algunos. Punto en el que será más que oportuno saber aprovechar el reciente acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea, para lo cual debemos prepararnos para ser más competitivos”, expresó Romero.
No obstante, resaltó que los sectores potenciados por Rediex, las 7 plataformas que incluyen a carne y derivados, alimentos, forestal y floricultura, textil y confecciones, biocombustibles, autopartes y ensamblaje, y químicos y farmacéuticos tuvieron un decrecimiento de solo -2,6%, ya que sus exportaciones de enero a diciembre del reciente 2019 ascendieron a US$ 2.208 millones, mientras que en el 2018 llegaron a US$ 2.266 millones.
Aclaró que el BCP calcula las reexportaciones en base a las importaciones registradas bajo el régimen de turismo, o ventas minoristas a compradores extranjeros en comercios habilitados para el efecto por la SET.
Mientras que las otras exportaciones, a rubros como la reparación de bienes, y bienes adquiridos en puertos por medios de transporte.
La Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda informó ayer que el pasado 9 de enero de 2020 se iniciaron los pagos de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) que quedaron pendientes del ejercicio fiscal 2019. En este sentido, ya se procesaron los compromisos pendientes correspondientes a servicios personales, descuentos judiciales y otros descuentos (en todas las Fuentes) que asciende a un monto total de G. 105.000 millones, según el informe oficial.
Asimismo, el calendario de pagos prosiguió ayer lunes y se extenderá hasta mañana miércoles 15 de enero del corriente, periodo en el que se procesarán las STR generadas con fuente de financiamiento 10 “Fonacide”, fuente 20 “recursos del crédito público” y fuente 30 “recursos institucionales”, por un monto aproximado de G. 534.000 millones.
Por otro lado, los pagos de la deuda flotante a proveedores correspondientes a la Fuente 10 “Recursos del Tesoro” empezarán a procesarse a partir del próximo lunes 20 de enero, previéndose la cancelación total al cierre del mes, según informó el Fisco.
Explicaron además que los pagos se realizarán conforme a la fecha de ingreso de las solicitudes a la Tesorería, cuya fecha límite de presentación es el 15 de enero del presente año.
Cabe recordar que la deuda flotante correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se sitúa en torno a los G. 2,6 billones en todas las fuentes de financiamiento, que de conformidad a lo establecido en el marco legal respectivo debe ser cancelada a más tardar el último día del mes de febrero del presente ejercicio fiscal. Se puede acceder al calendario detallado de pagos a través del link Pago a proveedores 2020, en la página web de Hacienda (www.hacienda.gov.py).
La medida de la AFD, de no reducir las tasas de interés para préstamos hipotecarios, afecta sobre todo a la clase media y, aunque correspondan al sector privado, no ayudan en nada a disminuir el déficit habitacional existente en este segmento, que es el objetivo que persigue el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Así lo sostuvo Julio Samaniego, encargado de despacho del MUVH, en ausencia del ministro Dany Durand, quien está de vacaciones.
Samaniego dijo que acompañan el pedido del sector privado de reducir las tasas de interés de los créditos, porque también juega en contra de los objetivos que impulsa esta cartera, relacionados con la Ley de Viviendas para la Clase Media. “Mediante esta normativa, estamos trabajando con fideicomisos y con el Banco Nacional de Fomento (BNF), que sería la institución que estaría otorgando líneas de créditos a 20 años de plazo y con unas tasas mejores a las que otorga la AFD a los desarrolladores inmobiliarios, al sector privado”, señaló Samaniego.
Explicó que desde el sector público, por ejemplo, apuntan a otorgar un subsidio del 15% a la clase media para la compra de viviendas. “Si un departamento cuesta USD 50.000, nosotros estaríamos entregando este subsidio o bono, con lo que el precio se reduciría el costo a USD 35.000 a 20 años de plazo y a precio de alquiler”, adujo. Y remarcó que en el afán de responder a las necesidades de vivienda de la clase media, el MUVH apoya el reclamo del sector privado de rever los costos de las tasas, al efecto de que la AFD sea más flexible e implemente una política de vivienda que impulse a las desarrolladoras a invertir más y beneficiar a un segmento clave de la población.
El tema principal que interesará a Brasil en la mesa de negociación por Itaipú será la tarifa de la energía, porque le resulta la fuente más barata para distribuirla en sus zonas industriales, de acuerdo con el ingeniero Juan Encina, entendido en cuestiones eléctricas y quien avizora un escenario difícil para el Paraguay cuando se siente a negociar.
El vecino país apostará a reducir la tarifa, como eje principal de su tesis; mientras de Paraguay no se sabe bien aún su prioridad a largo plazo, porque puede inclinarse por invertir en infraestructura para evitar los cortes de luz permanentes o buscará otras necesidades, según el profesional.
Con respecto a los recursos que la binacional destina para el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), manifestó que el mismo tiene año de caducidad. Apeló a estudios de la Asociación de Ingenieros del Paraguay para mencionar que los resultados de esa investigación indican que en 2033 se estaría usando la mitad de la energía de ambas centrales hidroeléctricas, con lo que no se podrá destinar más fondos a esta herramienta. ¿Qué harán gobernaciones y municipios luego?, se preguntó el profesional.
Un punto específico que enfatizó es que los recursos que se consigan con la negociación deben ser para solucionar verdaderamente el problema eléctrico. “No nos sirve negociar una situación que no vaya a solucionar los cortes de energía o la sobrefacturación; porque si así seguimos, no podemos cumplir con la ciudadanía”, dijo.
Respecto de los ingresos de Paraguay desde el inicio de la generación de energía, en 1984, especificó que hasta ahora se acumulan USD 10.000 millones, entre royalties y cesión de energía, pero que lastimosamente el destino no es tangible, no se puede calificar si se hizo bien o mal, porque no fue claro en qué se invirtió, mientras que cada verano hay cortes de la energía eléctrica.
Por su parte, el ingeniero Hugo Lesme aportó una aclaración respecto de lo establecido en el Tratado de Itaipú, indicando que es la revisión del Anexo C; y que en ese contexto, los negociadores deben obtener mayores beneficios perdurables en el tiempo para el pueblo (antes que para gobiernos de turno).
A su criterio, cabe recordar que la revisión del Anexo C no se debe confundir con una renegociación del Tratado de Itaipú, ya que son cosas diferentes que podrían realizarse conjuntamente (si existiera mutuo acuerdo) o no.
Sobre el perfil técnico de los negociadores, dijo que obviamente debe corresponder al área que le quepa actuar o de su responsabilidad institucional, política, legal, técnica, económica y comercial, según mencionó.
Brasil buscará bajar la tarifa de la energía que compre, según entendidos en el área, de cara a la negociación por Itaipú; mientras que se desconoce cuál será la prioridad de Paraguay en la negociación.
Tras las numerosas burlas y críticas por el anuncio que hizo la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) respecto a los controles que hará a las redes sociales de los contribuyentes con la implementación del big data, el titular de la institución, Óscar Orué, restó importancia a los cuestionamientos y afirmó que esta nueva herramienta permitirá obtener ingresos adicionales anuales por valor de unos USD 80 millones.
El subsecretario de Estado informó que este sistema entrará en funcionamiento recién en 2021 y rechazó la versión de que servirá para “espiar” a los aportantes. En ese sentido, aseguró que la información que se obtendrá de las redes sociales será solo complementaria, pero no serán reportes primarios ni determinantes a la hora de investigar casos de evasión.
Explicó que el big data absorberá toda la información en la web, así como la provista por entidades financieras y públicas, la que mediante inteligencia artificial permitirá detectar en minutos posibles casos de evasión. Resaltó que los procesos de este tipo hoy le llevan a la SET entre 6 a 8 meses de investigación.
La compra de esta herramienta le costó a la Administración Tributaria unos G. 23.050 millones y fue adjudicada la compañía Excelsis Sacig.
“Este año desarrollaremos los algoritmos y recién en 2021 vamos a implementar el big data. Pero no es que vamos a controlar solamente las redes sociales como se está diciendo, el big data es una herramienta que te sirve para cargar la mayor cantidad de datos posibles y con base en algoritmos se puedan determinar inconsistencias, de diferentes bases de datos que ya tenemos hoy, como de entidades financieras, Registros Públicos, Policía o BCP”, expresó Orué.
El anuncio de la implementación del big data generó una lluvia de cuestionamientos y bromas por la intención de la SET de utilizar lo publicado en las redes sociales como prueba en casos de posible evasión.
Fotos al borde del arroyo, memes sobre viajes a islas paradisíacas y hasta facturas de compras de poco valor inundaron las redes sociales en estos últimos días.
A esto se suma la desconfianza ciudadana en el Gobierno, debido a los conocidos despilfarros del dinero público que proviene del cobro de impuestos. El último caso conocido fue el del pago de “aguinaldo extra” a los funcionarios de Hacienda y Petropar. Un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ubica a Paraguay entre los países de América Latina y el Caribe con peor gasto público, con un malgasto que llega al 3,9% del PIB, es decir, USD 1.560 millones.
