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sábado, mayo 23, 2026
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Ormuz bloqueado, Qatar paralizado y Putin amenazando cortar el gas llevan a Europa a un nuevo abismo energético

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Los mercados energéticos mundiales atraviesan su convulsión más severa desde la crisis del gas de 2022. La combinación de una guerra abierta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el cierre efectivo del estrecho de Ormuz y la amenaza del Kremlin de cortar el suministro de gas a Europa ha disparado los precios del gas de referencia europeo hasta los 54,3 euros por megavatio-hora (MWh), casi el doble de los 31,9 euros MWh registrados el viernes previo a los primeros ataques estadounidenses contra Irán. Los futuros del índice de referencia acumulan una subida superior al 50% en apenas una semana de conflicto, y el mercado no atisba aún un horizonte de resolución.

El cierre de Ormuz: un quinto del gas mundial atrapado en el Golfo

El detonante inmediato de la crisis es geográfico y de una contundencia difícil de exagerar. El estrecho de Ormuz, por el que transita normalmente alrededor de una quinta parte de los suministros mundiales de gas natural licuado (GNL), se encuentra prácticamente paralizado para el tráfico de petroleros. El golpe más concreto llegó con el ataque de un dron iraní que forzó el cierre de Ras Laffan, la mayor planta de exportación de GNL del mundo, operada por Catar. La interrupción de esta instalación cardinal tiene un alcance global: aunque Asia absorbe la mayor parte del GNL catarí, cualquier reducción sostenida de la oferta disponible presiona al alza los precios en todos los mercados, incluido el europeo.

Baird Langenbrunner, analista de Global Energy Monitor, advirtió de que el cierre de Qatar tendrá un efecto dominó en el mercado mundial de GNL hasta que se restablezca la producción, sin que por ahora exista ninguna certeza sobre cuándo podría ocurrir. La magnitud del impacto ya ha empujado a varios países asiáticos a buscar alternativas de suministro urgentes: Taiwán ha asegurado cargamentos de GNL para abril procedentes de fuera de Oriente Próximo, mientras que Tailandia explora el mercado en busca de cargamentos adicionales.

El flanco ruso: Putin amenaza con adelantar el corte de gas

Si el frente de Oriente Medio es una amenaza coyuntural, el frente ruso es una amenaza estructural que acaba de acelerarse peligrosamente. El presidente Vladimir Putin declaró el miércoles que estudia detener de forma inmediata todos los envíos de gas a Europa, aprovechando el caos de Ormuz para consolidar nuevos mercados en China e India. La lógica del Kremlin es de una claridad brutal: si la prohibición europea de las importaciones rusas es inevitable en los próximos meses, vale más anticiparse y reorientar los flujos hacia socios más leales. El propio Putin lo expresó en términos sin ambigüedad en una entrevista local: «Si de todos modos van a cerrar ellos el suministro en unos meses, ¿por qué no parar de enviarles gas ahora y aprovechar para afianzar mercados donde nuestros socios son más fiables?», añadiendo que ya ha dado instrucciones a las empresas energéticas rusas para trabajar en esa dirección.

El problema para Europa es que ese 13% de suministro que aún recibe de Rusia, unos 40.900 millones de metros cúbicos anuales, no es una cifra despreciable en un contexto de mercado alterado. La Unión Europea había trazado una hoja de ruta cuidadosamente escalonada para desengancharse del gas ruso: desde el 25 de abril se prohíben los contratos de GNL a corto plazo; a partir del 17 de junio, los contratos a largo plazo por gasoducto; en enero de 2027, la prohibición total de GNL ruso; y en septiembre de 2027, el veto al gas por gasoducto. Ese calendario asumía un mercado sobreabastecido que amortiguase los ajustes. La guerra de Irán ha destruido ese supuesto.

La infraestructura del gas ruso que aún nutre a Europa

Para comprender la exposición real, conviene repasar la arquitectura de flujos que todavía conecta a Rusia con el mercado europeo. El Nordstream fue inutilizado en 2022, y a finales de 2025 se clausuró el Brotherhood, el último gasoducto directo entre Rusia y la Unión Europea que atravesaba Ucrania y cuya capacidad oscilaba entre los 100.000 y los 120.000 millones de metros cúbicos anuales. Su no renovación ya provocó disrupciones serias en el mercado europeo el año pasado.

Sin embargo, Rusia mantiene activo el TurkStream, un gasoducto submarino que cruza el mar Negro hasta la parte europea de Turquía con una capacidad de 31.500 millones de metros cúbicos anuales. Esta arteria sigue siendo un sostén clave para los Balcanes y Europa central y oriental. Más allá del gas por tubería, Rusia realiza envíos masivos de GNL a los puertos del Viejo Continente, especialmente los occidentales. España, Francia y Bélgica se encuentran entre sus principales receptores. El bloque europeo recibía 20.000 millones de metros cúbicos de GNL ruso y 18.000 millones a través del TurkStream, lo que suma ese 13% total del consumo europeo que el Kremlin amenaza con cortar.

Quién depende más: del 12,7% español al 75% húngaro

La distribución de la dependencia no es uniforme. Francia, pese a no ser una economía percibida como estructuralmente dependiente de Moscú, acumula el 40% de todas las compras de gas ruso realizadas en la Unión Europea en términos de volumen absoluto. En términos relativos, los casos más extremos son Hungría, donde tres cuartas partes del consumo de gas provienen de Rusia, y Eslovaquia, donde representa en torno a un tercio. En el extremo opuesto, España registra una dependencia moderada: según el boletín estadístico de Enagás, Rusia fue el tercer mayor proveedor del país en enero, con un 12,7% del suministro global y un 10,9% de media en los últimos doce meses. La diversificación geográfica de los gasoductos españoles y la capacidad de regasificación instalada ofrecen un margen de maniobra del que carecen los socios del este del continente.

Los precios y el recuerdo de 2022

El miedo que recorre ahora los mercados tiene un referente muy preciso. En 2022, cuando Putin cortó el suministro de gasoducto como represalia por las sanciones occidentales, los precios del TTF alcanzaron la cifra de 348 euros por MWh un día de agosto, con subidas de hasta el 231% en la República Checa y del 165% en Rumanía. Los apagones masivos y el racionamiento obligatorio dejaron de ser hipótesis académicas para convertirse en escenarios de planificación concreta. La Comisión Europea tuvo que activar el artículo 122 de los Tratados para aprobar normas de emergencia sin pasar por el procedimiento legislativo ordinario, incluyendo un plan de reducción forzosa del consumo y un mecanismo de tope de precios. Los Estados miembros construyeron terminales flotantes de GNL a una velocidad sin precedentes, como la terminal alemana levantada en 194 días, y los gobiernos inyectaron miles de millones en ayudas directas a hogares e industrias, inflando sus deudas públicas para evitar el colapso social.

Los precios nunca recuperaron los niveles anteriores a 2022, instalando una nueva normalidad de costes energéticos que ha erosionado la competitividad europea frente a Estados Unidos y China. Los economistas de ABN Amro Bank, encabezados por Moutaz Altaghlibi, señalan que Europa está mejor preparada que entonces gracias a la diversificación del GNL y a la expansión de las energías renovables, pero advierten de que una interrupción prolongada podría volver a elevar la presión de forma significativa. El impacto económico, subrayan, depende en gran medida de la duración del choque de precios.

Las reservas europeas: un punto débil estructural

El mercado europeo del gas afronta este nuevo choque en condiciones de partida más frágiles de lo deseable. Los prolongados períodos fríos de este invierno han agotado unas reservas que ya eran escasas, obligando al bloque a reforzar sus compras de GNL este verano para reponerlas. Eso significa que Europa entrará en la siguiente temporada de calefacción compitiendo con los grandes compradores asiáticos, China, Corea del Sur, Japón e India, por los mismos cargamentos, en un escenario en que el GNL catarí ha desaparecido temporalmente del mercado global. Si Asia se ve obligada a absorber una proporción mayor del GNL estadounidense, Europa tendrá que pujar más caro por los volúmenes restantes o acelerar la contratación de suministros alternativos de Noruega, Argelia y Nigeria.

Los gobiernos europeos activan sus planes de contingencia

La respuesta política ya se ha puesto en marcha a varios niveles. En los Países Bajos, el nuevo primer ministro Rob Jetten declaró que su gobierno está dispuesto a adoptar medidas adicionales si fuera necesario, alertando sobre el posible impacto en las reservas estratégicas tanto nacionales como de otros socios europeos. En España, el presidente Pedro Sánchez anunció que su gobierno estudia escenarios y posibles medidas para ayudar a hogares, trabajadores, empresas y autónomos ante un eventual agravamiento del conflicto. El presidente francés Emmanuel Macron fue más lejos y anunció en un discurso televisado su intención de construir una coalición internacional, con participación de medios militares, para proteger el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, el canal de Suez y el mar Rojo. Macron invocó explícitamente los intereses económicos europeos en juego: «Los precios del petróleo, del gas y la situación del comercio internacional están sufriendo una profunda perturbación por esta guerra», declaró.

Desde Bruselas, los funcionarios de la Comisión Europea insisten en que el bloque está bien abastecido, dado que alrededor del 58% de sus importaciones de GNL proceden de Estados Unidos y Qatar representa apenas el 8%. Sin embargo, ese argumento no contempla el efecto indirecto: si los grandes consumidores asiáticos de GNL catarí se ven obligados a reconvertirse en compradores masivos de GNL estadounidense, la presión sobre la oferta disponible para Europa se intensificaría de manera considerable, elevando los precios a niveles difícilmente previsibles en este momento.

Un sistema que no estaba diseñado para dos choques simultáneos

La singularidad de la crisis actual reside en su naturaleza de doble frente. En 2022, el choque fue exclusivamente ruso y afectó al gas de gasoducto. Europa respondió diversificando sus fuentes hacia el GNL, construyendo nueva infraestructura y firmando contratos a largo plazo con proveedores alternativos. Ese modelo de respuesta funciona cuando el mercado global de GNL está bien abastecido. Hoy, precisamente ese mercado está sometido a una interrupción sin precedentes en el estrecho de Ormuz, mientras la fuente rusa de la que el continente aún depende en un 13% amenaza con desaparecer de golpe en lugar de hacerlo de forma gradual según el calendario previsto. Europa se enfrenta, en suma, a la posibilidad de perder simultáneamente el GNL de Oriente Próximo y el gas ruso, teniendo que competir en un mercado global tensado contra economías asiáticas de gran tamaño y con reservas propias ya mermadas. Es exactamente el escenario para el que el plan de desenganche del gas ruso no estaba diseñado.

Ueno Bank coloca USD 350 millones en bonos en Wall Street en la mayor emisión internacional de la banca privada paraguaya

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La operación, organizada por JP Morgan y Bank of America, se realizó a cinco años de plazo y una tasa de 6,70%, con una sobredemanda de 1,5 veces el monto ofertado. La emisión se apoya en calificaciones de Standard & Poor’s y Fitch Ratings y en utilidades superiores a USD 48 millones registradas en 2025.

Condiciones de la emisión

Ueno Bank realizó su primera emisión de bonos en los mercados internacionales por USD 350 millones, a un plazo de cinco años y con una tasa cupón de 6,70%. La colocación se efectuó en la Bolsa de Nueva York y fue organizada por JP Morgan y Bank of America, que actuaron como bookrunners. La operación fue conducida por la directiva de la entidad desde Nueva York.

La tasa obtenida ubica al bono aproximadamente 200 puntos básicos por encima del bono soberano paraguayo, parámetro de referencia que utilizan los mercados para medir el riesgo relativo de un emisor corporativo frente al Estado. Para un emisor que debuta en los mercados internacionales, ese diferencial constituye la línea de base sobre la que se negocia el precio del instrumento durante el proceso de colocación.

Demanda de los inversores

La colocación registró una sobredemanda de 1,5 veces el monto ofertado. Si bien se colocaron USD 350 millones, el interés de los inversores institucionales habría alcanzado cerca de USD 500 millones. Este nivel de oversubscription otorgó a la entidad margen de negociación sobre las condiciones finales de la transacción. Los inversores que participaron provienen de distintos mercados globales.

La sobredemanda registrada se produce en un contexto internacional de tasas elevadas y mayor selectividad de los capitales frente a emisores de mercados emergentes, condiciones bajo las cuales los inversores institucionales aplican criterios más estrictos al momento de asignar recursos a nuevos instrumentos de deuda corporativa.

Respaldo crediticio

La emisión cuenta con doble calificación internacional otorgada por Standard & Poor’s y Fitch Ratings, además de las calificaciones locales de la entidad. Estas notas crediticias son requisito para que los inversores institucionales internacionales puedan incorporar instrumentos de deuda corporativa de emisores de mercados emergentes en sus portafolios. La doble calificación local complementa el perfil crediticio presentado ante el mercado durante el proceso de colocación.

Resultados financieros de la entidad

Ueno Bank cerró el ejercicio 2025 con utilidades superiores a USD 48 millones, capitalizadas en su totalidad para fortalecer el patrimonio. La entidad registra ratios de solvencia sólidos, crecimiento en depósitos, expansión de cartera crediticia y aumento en su base de clientes y activos totales, con índices de morosidad por debajo de la media del sistema financiero paraguayo. Estos indicadores fueron parte del perfil financiero presentado ante los inversores durante el roadshow previo a la colocación. La institución opera actualmente con más de 2,7 millones de clientes.

Estructura accionaria

La entidad tiene como accionista mayoritario al Grupo Vázquez e incorporó recientemente a OTP Group como socio estratégico, uno de los mayores conglomerados financieros de Europa. La incorporación de este socio reforzó la estructura accionaria de la entidad con un actor de presencia y reconocimiento en los circuitos financieros internacionales. Esta composición accionaria formó parte del perfil presentado ante los inversores durante el proceso previo a la colocación.

La operación en el contexto del sistema financiero paraguayo

La emisión de Ueno Bank es la mayor operación de deuda internacional registrada por una entidad bancaria privada del Paraguay, y la primera de este tipo concretada por un banco local en los mercados globales. Hasta la fecha, las emisiones en mercados externos habían correspondido exclusivamente al sector público a través de bonos soberanos, mecanismo habitual en economías emergentes para acceder a financiamiento en moneda extranjera con plazos más largos que los disponibles en el mercado doméstico.

La incorporación de un banco privado paraguayo como emisor en Wall Street representa un cambio en el perfil de los actores del sistema financiero local que acceden al capital internacional. El monto colocado, USD 350 millones, supera cualquier operación de fondeo externo previamente registrada por una entidad bancaria del país, lo que sitúa a esta transacción como referencia en la historia reciente del sistema financiero paraguayo.

Destino de los fondos

Los recursos captados a través de esta emisión serán destinados a financiar el crecimiento de la cartera crediticia de la institución en los distintos segmentos en los que opera. La operación diversifica la estructura de pasivos de la entidad y le permite acceder a plazos y montos que el mercado local no ofrece en la misma escala, reduciendo así la dependencia de fuentes de financiamiento domésticas para sostener su ritmo de expansión crediticia.

Antecedente para el sector

El acceso de Ueno Bank al mercado internacional de deuda en estas condiciones establece un precedente dentro del sistema financiero paraguayo. Otras instituciones del sector que cuenten con calificaciones crediticias internacionales y fundamentos financieros equivalentes podrían tomar esta transacción como referencia al momento de evaluar el acceso a fuentes de financiamiento en los mercados globales de capitales.

La Corte Suprema de Estados Unidos anula los aranceles recíprocos de Trump: 170.000 millones en disputa, oleada de demandas y un sistema de reembolsos sin precedentes

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El fallo histórico: separación de poderes y los límites de la IEEPA

El 20 de febrero, tras tres meses y quince días de análisis deliberativo, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo de seis votos contra tres que redibujó los contornos del poder ejecutivo en materia comercial. El tribunal concluyó que el presidente Donald Trump había excedido las atribuciones que le confiere la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) al utilizarla como fundamento para imponer aranceles recíprocos generales sobre la mayoría de los socios comerciales del país.

La IEEPA, promovida por el presidente Jimmy Carter y próxima a cumplir cincuenta años de vigencia, autoriza al presidente a regular el comercio internacional tras la declaración de una emergencia nacional que represente una amenaza inusual y extraordinaria proveniente del exterior. Sin embargo, según interpretó la Corte, esa facultad regulatoria no equivale ni se extiende a la potestad de establecer aranceles generales, competencia que la Constitución reserva expresamente al Congreso.

Lo que hace particularmente contundente esta decisión es su dimensión histórica: la Corte constató que, durante los casi cincuenta años de vigencia de la IEEPA, ninguno de los doce presidentes que gobernaron bajo su amparo la había utilizado jamás para imponer aranceles. En tiempos de paz, razonaron la mayoría de los magistrados, solo el Poder Legislativo puede establecer cargas que afecten directamente la billetera de los contribuyentes. La sentencia erige así una defensa firme del principio de separación de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Para arribar a esta conclusión, el tribunal examinó con detenimiento las ocho facultades expresas que la ley confiere al presidente: bloquear o suspender, regular, dirigir y obligar, anular, invalidar, impedir, prohibir, e investigar y supervisar. Ninguna de ellas, determinó la mayoría, alcanza para sostener la imposición de aranceles generales. Con ese razonamiento, la Corte anuló los gravámenes recíprocos que Trump había lanzado en abril del año anterior y que, durante diez meses de vigencia, afectaron a la gran mayoría de los países del mundo, acompañados de una frase que el presidente convirtió en divisa política: «Arancel es la palabra más linda del diccionario».

Lo que el fallo no toca: las facultades arancelarias que sobreviven

La anulación no es total ni equivale a un desarme comercial del ejecutivo. La Corte no cuestionó dos instrumentos que conservan plena vigencia y que han sido utilizados activamente durante la administración Trump.

El primero es la Sección 232 de la Ley de Comercio de 1962, que permite imponer aranceles para proteger sectores considerados estratégicos por su vínculo con la seguridad nacional. Bajo esta norma se mantienen vigentes gravámenes de entre el 25% y el 50% sobre el acero, el aluminio, los vehículos y las autopartes, entre otros productos.

El segundo es la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a investigar y sancionar prácticas comerciales extranjeras consideradas desleales, irrazonables o violatorias de acuerdos comerciales vigentes. Esta herramienta también ha sido empleada en casos vinculados a vulneraciones de derechos laborales y humanos.

Ambos mecanismos quedan intactos y constituyen el arsenal arancelario que la administración puede seguir desplegando con sustento legal.

Diez meses de aranceles y una agenda negociadora

Los aranceles recíprocos, aunque ahora anulados, no transcurrieron en el vacío. Durante su vigencia, la Casa Blanca los utilizó como palanca de negociación para avanzar en acuerdos con múltiples países. China, India, Malasia, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Argentina figuran entre los que realizaron concesiones en condiciones de acceso para productos norteamericanos a cambio de alivios tarifarios. Este período de negociaciones activas bajo presión arancelaria muestra cómo la política comercial de Trump convirtió el arancel en instrumento diplomático antes de que el tribunal cortara su base legal.

170.000 millones en disputa: la batalla por los reembolsos

La anulación de los aranceles abre una controversia económica de dimensiones extraordinarias. Durante los diez meses de vigencia de los gravámenes recíprocos, los importadores estadounidenses abonaron más de 170.000 millones de dólares en aranceles, cifra que según algunos cálculos podría ascender hasta los 175.000 millones. La pregunta que ahora sacude los tribunales comerciales y las salas de juntas corporativas es directa: ¿quién devuelve ese dinero, cuándo y cómo?

La Corte Suprema optó por guardar silencio en su fallo sobre la cuestión de los reembolsos, delegando esa responsabilidad en el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (CIT), con sede en Nueva York. Esa omisión no fue inocente: abrió un vacío que inmediatamente comenzó a llenarse de litigios.

El propio presidente Trump ofreció una señal poco alentadora para los importadores al sugerir que su gobierno podría oponerse a los reembolsos o al menos no facilitar el proceso, y aventuró que el asunto «tendrá que litigarse», potencialmente durante años. Ante ese escenario, el Departamento de Justicia solicitó un aplazamiento de hasta cuatro meses para estudiar sus opciones. El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en Washington rechazó esa petición mediante una escueta orden de una página y devolvió el caso de inmediato al CIT.

La recaudación de aranceles recíprocos bajo la IEEPA se interrumpió a partir del 24 de febrero, días después del fallo, aunque la sentencia no especificó el mecanismo de devolución ni si los reembolsos devengarían intereses.

La oleada de demandas: más de 2.000 casos y grandes marcas en los tribunales

En los días transcurridos desde el fallo, más de cien empresas presentaron nuevas demandas, elevando el total de litigios relacionados con aranceles por encima de los 2.000 casos, según un análisis de Bloomberg News. La cifra, que ya representa una carga considerable para el tribunal de comercio, constituye apenas una pequeña fracción de los cientos de miles de importadores que pagaron los gravámenes anulados.

Entre los demandantes de mayor perfil figuran FedEx Corp., Dyson Inc., Dollar General Corp., Bausch & Lomb Inc., Brooks Brothers, Sol de Janeiro USA Inc., filiales de L’Oréal SA, On Holding AG y Skechers USA Inc. FedEx precisó en un comunicado que ha tomado las medidas necesarias para proteger sus derechos como importador registrado y que, de recibir reembolsos, los trasladará a los remitentes y consumidores que originalmente asumieron esos cargos.

La incorporación de grandes compañías cotizadas ha tenido un efecto catalizador sobre empresas más pequeñas. Como explicó Jason Kenner, abogado especializado en comercio: cuando ejecutivos de firmas menores ven que una gran corporación con abogados internos presenta su demanda, infieren que quizás esa empresa sabe algo que ellos desconocen. El abogado David Craven añadió otra lectura estratégica: la presencia masiva de compañías como FedEx y Costco reduce el temor a represalias por parte de la Casa Blanca.

Sin embargo, los expertos advierten que nadie debería contar con ese dinero en el corto plazo. «No es dinero con el que se pueda contar en el corto plazo», resumió Nate Herman, vicepresidente ejecutivo de la American Apparel & Footwear Association.

El CIT ante la mayor operación de devolución arancelaria de la historia

El Tribunal de Comercio Internacional enfrenta ahora la tarea de diseñar y administrar lo que podría convertirse en la mayor operación de devolución arancelaria en la historia de Estados Unidos. El tribunal tiene experiencia en procesos masivos de reembolso: tras la decisión de la Corte Suprema de 1998 que anuló un impuesto de mantenimiento portuario sobre exportaciones, gestionó varios miles de reclamaciones. Sin embargo, la escala del desafío actual no tiene precedente.

Los abogados involucrados trabajan en condiciones de frenesí para preservar las reclamaciones de sus clientes, ya que muchas partidas han sido liquidadas, lo que añade complejidad técnica y documental al proceso. Según las normas aduaneras estadounidenses, los importadores disponen habitualmente de 180 días tras la liquidación de las partidas para impugnar los aranceles pagados.

Las demandas han sido impulsadas en parte por acciones conocidas como tag-along, mecanismos que trasladan solicitudes pendientes entre tribunales para salvaguardar derechos y evitar que venzan los plazos legales. La impugnación original fue iniciada por pequeñas empresas, en particular la compañía de juguetes educativos Learning Resources; desde entonces, el universo de demandantes creció exponencialmente.

La batalla por los reembolsos podría desencadenar litigios secundarios de naturaleza privada, como disputas entre importadores y minoristas que acordaron compartir costos arancelarios durante el período de vigencia. Un ciudadano de Nueva York ya presentó una demanda colectiva contra EssilorLuxottica SA para recuperar lo que afirma haber pagado de más por gafas Ray-Ban debido a incrementos de precio vinculados a los aranceles. Los consumidores finales no pueden solicitar devoluciones directamente a las autoridades aduaneras, incluso si las empresas les trasladaron el costo mediante subidas de precios. Legisladores demócratas han instado al gobierno a enviar cheques de reembolso directamente a los hogares estadounidenses, una propuesta que aún no tiene visos de prosperar.

Nuevos aranceles inmediatos: la administración no se queda sin instrumentos

Pocas horas después del fallo del 20 de febrero, la administración reaccionó con celeridad. Amparada ahora en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, impuso un nuevo arancel del 10% sobre bienes procedentes de todos los países y apuntó a una posible elevación al 15% durante un período de 150 días, con algunas exenciones para sectores como la aviación civil. El movimiento confirmó que la Casa Blanca no tiene intención de ceder el terreno ganado en política comercial y que cuenta con instrumentos alternativos para mantener la presión arancelaria.

El impacto para Europa: alivio parcial pero sin reembolsos directos

Para la Unión Europea, la decisión del Tribunal Supremo estadounidense ofrece un alivio real pero acotado. Los productos europeos —maquinaria, productos químicos, vehículos, artículos de lujo— estuvieron sujetos a los aranceles recíprocos de la IEEPA durante los diez meses de vigencia. Con esas medidas invalidadas, los exportadores del bloque quedan liberados de esa carga específica.

Sin embargo, hay un punto crítico que conviene subrayar: las devoluciones irán exclusivamente a los importadores estadounidenses que pagaron los aranceles. Las empresas, gobiernos o proveedores europeos que absorbieron costos o perdieron ventas durante ese período no tienen derecho legal directo sobre los reembolsos del Tesoro estadounidense. Cualquier beneficio posterior dependerá de que los importadores norteamericanos decidan trasladar esos ahorros mediante precios más bajos o mejores condiciones comerciales, una decisión que responde a lógicas de mercado y no a mandatos legales.

La Comisión Europea ha calificado el fallo como una reafirmación oportuna del sistema de contrapesos institucionales y del Estado de derecho, subrayando al mismo tiempo la necesidad de claridad y estabilidad en el comercio transatlántico. El servicio de estudios del Parlamento Europeo ha destacado el alcance más amplio de la sentencia, aunque también ha señalado el silencio del fallo sobre las devoluciones. Con todo, la UE ha paralizado la ratificación de un marco recientemente negociado para un acuerdo comercial bilateral ante el escenario de incertidumbre persistente, y se multiplican las peticiones de renegociar y aclarar determinados puntos.

El panorama general para los exportadores europeos sigue siendo de gran volatilidad. No existe ningún mecanismo que permita a entidades de la UE recibir reembolsos directos, lo que obliga a los exportadores del bloque a navegar la incertidumbre política mediante la diplomacia y la adaptación estratégica, mientras aguardan señales más claras sobre la dirección que tomará la política comercial estadounidense en los próximos meses.

La guerra santa de Trump: cuando la fe fundamentalista reemplaza a la estrategia geopolítica

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Mandos militares estadounidenses presentan la guerra contra Irán como un imperativo bíblico, mientras el protestantismo evangélico convierte al presidente en figura mesiánica con el respaldo de Israel, un Estado que rechaza la doctrina cristiana que lo sustenta

El 7 de marzo de 2026, el mundo despertó ante la noticia de que Estados Unidos e Israel habían lanzado una operación conjunta contra Irán durante la madrugada, culminando con la muerte del ayatolá Alí Jamenei. Donald Trump anunció la ofensiva con un lenguaje que mezcló la terminología militar con la retórica de redención histórica, prometiendo bombardeos «ininterrumpidos durante toda la semana o mientras fuera necesario» para alcanzar lo que llamó «paz en Oriente Medio y, de hecho, en el mundo». Lo que podría haber sido analizado como una decisión geopolítica de enorme trascendencia quedó inmediatamente contaminado por algo mucho más perturbador: la irrupción de una teología apocalíptica en la cadena de mando del ejército más poderoso de la historia.

Una guerra presentada como voluntad divina desde los cuarteles

La Fundación para la Libertad Religiosa Militar (MRFF, por sus siglas en inglés), organismo de control civil sin fines de lucro, recibió más de 110 denuncias en menos de 48 horas desde el inicio de los ataques. Las quejas provenían de más de 40 unidades distintas repartidas en 30 instalaciones militares de todas las ramas de las fuerzas armadas estadounidenses. El hilo conductor de los testimonios era alarmantemente uniforme: comandantes de unidades de combate habían comenzado a invocar pasajes del Libro del Apocalipsis para explicar a sus tropas el sentido del conflicto.

Uno de los suboficiales que presentó denuncia ante la MRFF describió con precisión lo sucedido en una reunión informativa del lunes posterior al ataque. Su comandante, según el testimonio, «nos instó a decirles a nuestras tropas que todo esto era parte del plan divino de Dios» y procedió a citar explícitamente pasajes del Apocalipsis referentes al Armagedón y al «inminente regreso de Jesucristo». El suboficial, que declaró escribir en nombre de otras 15 personas entre las que se contaban 11 cristianos, un musulmán y un judío, advirtió que tales declaraciones «destruyen la moral y la cohesión de la unidad y violan los juramentos que hicimos de apoyar la Constitución». Las tropas representadas se encontraban en ese momento en estado de «apoyo listo», es decir, desplegables en cualquier momento hacia el teatro iraní.

El presidente de la MRFF, Mikey Weinstein, veterano de la Fuerza Aérea, describió un patrón sistemático al periodista independiente Jonathan Larsen, quien publicó la investigación en Substack: «Nuestros clientes informan de la euforia desbordante de sus comandantes ante la idea de que esta nueva guerra es claramente la señal innegable del rápido avance del fin de los tiempos cristiano fundamentalista». Weinstein añadió que varios de estos mandos manifestaban una satisfacción particular ante la perspectiva de la intensidad sangrienta del conflicto, como si la dimensión de la violencia fuera el indicador de fidelidad a la escatología fundamentalista. No se trataba de un desvío individual: era un patrón institucional que merecía una respuesta urgente del Pentágono. Respuesta que, significativamente, no llegó.

Trump como mesías: el peligro de la figura ungida

La afirmación que más consternación generó en los testimonios recabados por la MRFF fue la de que Donald Trump «fue ungido por Jesús para encender la señal de fuego en Irán para causar el Armagedón y marcar su regreso a la Tierra». Esta declaración no es un hecho aislado en los márgenes del evangelicalismo estadounidense, sino la expresión codificada de una corriente teológica que lleva décadas construyendo una narrativa mesiánica alrededor del presidente.

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, escribió a Trump poco antes de los ataques a instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025: «No buscaste este momento. Este momento te buscó». El pastor John Hagee, figura de referencia del sionismo cristiano y visitante frecuente de la Casa Blanca durante el primer mandato, declaró a su congregación el domingo posterior a los ataques que la guerra con Irán era «una señal de que nos acercamos al fin de los tiempos» y que «proféticamente, estamos en el momento justo». Paula White, asesora espiritual de Trump durante décadas, lleva años articulando este discurso de apoyo incondicional a Israel con argumentos proféticos. Pete Hegseth, secretario de Defensa y cristiano renacido, celebra reuniones mensuales de oración en el Pentágono y asiste a un estudio bíblico semanal en la Casa Blanca dirigido por un predicador cuya doctrina central es que Dios bendice a quienes apoyan al Estado de Israel.

Presentar a un líder político como ungido por Dios para desencadenar el Armagedón no es teología: es fanatismo con consecuencias geopolíticas reales. La historia enseña que los líderes revestidos de aura mesiánica tienden a actuar con una certeza que excluye el diálogo, la prudencia y la rendición de cuentas. Cuando esa certeza recae sobre el comandante en jefe del ejército con mayor capacidad destructiva del planeta, y cuando esa certeza se infiltra en la cadena de mando militar, el peligro deja de ser abstracto para convertirse en una amenaza documentada y urgente.

La gran contradicción del sionismo cristiano

Existe en todo este entramado una paradoja teológica de magnitud colosal que los promotores de esta narrativa prefieren ignorar. El protestantismo evangélico que respalda política, económica y moralmente al Estado de Israel apoya a un Estado que no reconoce a Jesucristo como el Mesías prometido. Israel es una nación judía cuya identidad religiosa mayoritaria niega de manera explícita la divinidad de Cristo y rechaza el Nuevo Testamento como texto canónico. Apoyar al Estado de Israel en nombre del cumplimiento de las profecías bíblicas neotestamentarias es, desde la perspectiva de la propia doctrina cristiana, un acto de contradicción irresoluble.

El argumento evangélico que justifica este apoyo, conocido teológicamente como dispensacionalismo o teología de la sustitución invertida, sostiene que la restauración del Estado de Israel es un prerrequisito necesario para el regreso de Cristo y que, por tanto, los cristianos deben favorecer ese proceso aunque implique apoyar a quienes niegan a Cristo. Lo que esta visión obvia es que, según la propia escatología cristiana fundamentalista que la sustenta, los judíos que no se conviertan al final de los tiempos serán condenados. El apoyo a Israel no nace, por tanto, de una genuina solidaridad religiosa, sino de un utilitarismo teológico en el que el pueblo judío es instrumentalizado como pieza de un escenario profético que no comparte ni suscribe.

Esta instrumentalización es éticamente repugnante y teológicamente incoherente. Los evangélicos que usan la Biblia para justificar la guerra no están interpretando las Escrituras: las están reduciendo a un guion de política exterior. La diferencia es fundamental.

La tergiversación bíblica como justificación del conflicto armado

El problema no es exclusivo del evangelicalismo cristiano. Sectores del judaísmo religioso israelí, particularmente en el espectro del sionismo religioso, llevan décadas desarrollando interpretaciones de la Torá y del Talmud que otorgan una sanción divina a la expansión territorial, la violencia militar y el desplazamiento de poblaciones. El concepto de «tierra prometida» ha sido reinterpretado por estos sectores no como una promesa espiritual o histórica sino como un mandato militar activo y vigente que justifica la acción bélica contemporánea.

Cuando los mandos militares estadounidenses citan el Libro del Apocalipsis para dar sentido a bombardeos contra Irán, y cuando el gobierno de Benjamín Netanyahu construye su narrativa sobre una legitimidad religiosa que le otorga derecho a atacar en nombre de la supervivencia del pueblo elegido, ambas partes están haciendo lo mismo: convirtiendo textos sagrados en instrumentos de propaganda bélica. El resultado es un conflicto en el que las partes no solo defienden intereses nacionales sino que se atribuyen una misión divina, lo que elimina cualquier posibilidad racional de negociación o desescalada.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, declaró desde Viena que la agencia «nunca ha tenido evidencia de un programa estructurado para fabricar una bomba atómica» en Irán, y que no existían indicios de que Teherán estuviera a punto de producir un arma nuclear. Irán, por su parte, ha negado reiteradamente cualquier intención de desarrollar armamento atómico. La justificación técnica de la ofensiva, por tanto, descansa en hipótesis más que en certezas verificadas. Cuando la justificación política es débil, el relato religioso llena el vacío.

El entorno de Trump y la institucionalización del fundamentalismo

Lo que está ocurriendo en los cuarteles estadounidenses no es una anomalía espontánea. Es el resultado de años de infiltración del fundamentalismo evangélico en las instituciones del Estado. Pete Hegseth, que llegó al Pentágono con la bendición de Trump, representa el perfil de un funcionario cuya cosmovisión religiosa no es un asunto privado sino un elemento estructural de su ejercicio del poder. Las reuniones de oración en el Departamento de Defensa, los estudios bíblicos en la Casa Blanca, la retórica de pastores como Hagee convertida en marco interpretativo de la acción militar: todo esto configura un ecosistema ideológico en el que la frontera entre política exterior y teología apocalíptica se ha vuelto porosa hasta casi desaparecer.

El peligro de esta porosidad no reside únicamente en el plano doctrinal. Reside en sus consecuencias operativas. Un soldado que recibe la orden de combatir en el marco de un plan divino no procesa esa orden con los mismos parámetros éticos que uno que la recibe en el marco del derecho internacional. Un comandante que cree estar ejecutando la voluntad de Dios no aplica los mismos criterios de proporcionalidad que uno que rinde cuentas a una cadena de mando secular. Y un presidente que ha sido convencido por su entorno de que fue ungido para encender el fuego del Armagedón no evaluará las consecuencias de sus decisiones con la misma racionalidad que uno que las toma en nombre de intereses nacionales definibles y verificables.

Las consecuencias de una visión apocalíptica en el poder

Trump anunció que ordenó a sus tropas continuar atacando Irán durante «cuatro o cinco semanas». Israel bombardeó la sede de la Asamblea de Expertos en Qom, el órgano encargado de designar al sucesor del ayatolá Jamenei, tres aeropuertos iraníes y múltiples objetivos de alto valor estratégico. Teherán respondió con misiles y drones contra bases y embajadas estadounidenses, además de objetivos en Israel y en aliados del Golfo. Netanyahu declaró que continuaría atacando «con mayor intensidad tanto a Irán como a Hezbolá». Ninguna de las partes mostró disposición a negociar.

Este es el escenario que produce una visión apocalíptica instalada en las cúpulas del poder: un conflicto que se autoalimenta porque sus protagonistas no solo no temen el fin, sino que lo esperan como confirmación de su fe. La escatología fundamentalista no contempla la desescalada como virtud: contempla la intensificación como señal de cumplimiento profético. Cuanto más sangrienta sea la batalla, más cerca estará el retorno del Mesías. Esa lógica, aplicada a la mayor potencia militar del mundo, no es simplemente preocupante: es civilizatoriamente inaceptable.

El mundo se enfrenta a un conflicto en el que al menos una de las partes ha institucionalizado una narrativa que convierte la guerra en sacramento. Las denuncias tramitadas por la MRFF no son el ruido de fondo de una sociedad diversa: son la señal de alarma de una democracia en la que la separación entre iglesia y Estado, principio fundacional de la República estadounidense, está siendo erosionada desde dentro, en los cuarteles, en el Pentágono y en los pasillos de la Casa Blanca. Esa erosión no tiene precedente reciente en Occidente, y su alcance trasciende con mucho las fronteras de Oriente Medio.

La apreciación del guaraní contrae un 10,5% la recaudación aduanera en febrero y arrastra al total de ingresos tributarios a una caída del 2,9%

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La apreciación del guaraní contrae un 10,5% la recaudación aduanera en febrero y arrastra al total de ingresos tributarios a una caída del 2,9%. La DNIT registró una recaudación total de G. 2 billones 655.994 millones (USD 411,1 millones) en febrero de 2026, con una variación negativa de G. 80.272 millones respecto a igual mes del año anterior. La fortaleza del guaraní —que se apreció un 18,5% interanual— erosionó la base imponible en moneda local y compensó el crecimiento del 4,1% registrado en Impuestos Internos.

Un resultado negativo que no refleja debilidad económica

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) cerró febrero de 2026 con una recaudación en efectivo de G. 2 billones 655.994 millones, equivalentes a USD 411,1 millones. La cifra implica una contracción interanual del 2,9% frente a los G. 2 billones 736.266 millones recaudados en el mismo mes de 2025, una diferencia de G. 80.272 millones (USD 12,4 millones) menos.

Sin embargo, la institución fue enfática en distinguir el origen del resultado adverso: la caída no obedece a una contracción de la actividad económica ni a una reducción del comercio exterior, sino a un efecto de valuación cambiaria. El guaraní se apreció un promedio del 18,5% en términos interanuales durante febrero, lo que redujo en un 13,8% la base imponible de las importaciones expresada en moneda local y, por consiguiente, encogió los ingresos aduaneros.

Para dimensionar el impacto cambiario, basta observar la evolución del tipo de cambio: mientras que hace un año el dólar cotizaba en torno a G. 8.000, al cierre del martes la divisa se ubicó en G. 6.530 en el mercado efectivo. Esa apreciación del guaraní hace que los mismos dólares de las importaciones valgan menos al convertirlos a moneda local, achicando mecánicamente la base sobre la que se calculan los tributos aduaneros.

Aduanas pierde un 10,5% pese al aumento de las importaciones

La Gerencia General de Aduanas recaudó G. 1 billón 180.560 millones (USD 182,7 millones) en febrero, lo que representa una variación interanual negativa del 10,5%. El dato contrasta con el comportamiento del comercio exterior: las importaciones crecieron un 4,1% en términos del valor imponible medido en dólares, lo que indica que el volumen de mercancías ingresadas al país fue mayor al del año anterior.

La aparente contradicción entre más importaciones y menos recaudación aduanera se resuelve en el tipo de cambio. El alza del valor imponible en dólares (+4,1%) quedó más que neutralizada por la apreciación del guaraní (-18,5% interanual), generando una reducción neta de la base imponible en moneda local del 13,8%. Sobre esa base reducida se aplican los aranceles e impuestos aduaneros, dando como resultado la caída del 10,5% en la recaudación. La DNIT subrayó que este efecto responde a un componente de valuación y no a una contracción del comercio exterior, cuya dinámica en términos reales continúa mostrando un desempeño favorable.

Impuestos Internos crece un 4,1% y consolida la expansión del mercado interno

En el frente interno, la fotografía es diferente. La Gerencia General de Impuestos Internos recaudó G. 1 billón 475.434 millones (USD 228,4 millones) en febrero, con un incremento interanual del 4,1%. Esta expansión refleja la mayor dinámica de la economía doméstica e impulsó sectores que traccionaron la actividad: comercio, transportes, alimentos diversos, restaurantes y hoteles, construcción, fabricación de productos metálicos y ganadería, entre los más destacados.

El propio informe de la DNIT destacó que el crecimiento sostenido de los Impuestos Internos refleja la expansión de la actividad económica y la consolidación del dinamismo en los principales sectores productivos, calificándolo como el componente estructural que sostiene la trayectoria de los ingresos tributarios en el mediano plazo. Se trata, en suma, del motor de largo aliento de las finanzas públicas, menos expuesto a las volatilidades cambiarias que afectan a la recaudación de Aduanas.

El acumulado bimestral: G. 5,86 billones recaudados, con una caída del 1%

Al consolidar los resultados de enero y febrero, la recaudación total del primer bimestre de 2026 alcanzó G. 5,86 billones, lo que implica una caída interanual del 1,0% frente al mismo período de 2025. La brecha está explicada, nuevamente, por el componente aduanero.

Desglosando el bimestre: los Impuestos Internos sumaron G. 3,36 billones, con un crecimiento del 7% interanual, mientras que la recaudación aduanera acumuló G. 2,49 billones, anotando una caída del 10% respecto al mismo lapso del año anterior. La divergencia entre ambos componentes ilustra con claridad el efecto asimétrico de la apreciación cambiaria: los impuestos internos —vinculados a transacciones en guaraníes— no resienten la baja del dólar, en tanto que los ingresos aduaneros sí lo hacen de manera directa.

Perspectivas: el riesgo cambiario como variable a monitorear

Los datos de febrero de 2026 ponen en evidencia la doble cara de un guaraní fuerte para las arcas del Estado paraguayo. Por un lado, la apreciación cambiaria reduce la presión inflacionaria importada y abarata los insumos del sector productivo. Por el otro, erosiona uno de los pilares de la recaudación nacional: los tributos aduaneros, que dependen directamente de la conversión de valores en dólares a moneda local.

La DNIT fue cuidadosa en encuadrar el fenómeno como un efecto de valuación y no como señal de deterioro económico. En tanto el comercio exterior mantenga su dinamismo en términos reales y los Impuestos Internos continúen su senda de crecimiento, el sistema tributario tiene capacidad de absorber el impacto cambiario. Sin embargo, si el guaraní sostiene su fortaleza a lo largo del año, los ingresos aduaneros seguirán bajo presión y el desafío de cumplir las metas de recaudación podría intensificarse en los meses venideros.

De momento, la solidez del mercado interno —reflejada en los números de Impuestos Internos— opera como amortiguador. La pregunta que queda abierta es cuánto tiempo ese dinamismo podrá compensar los efectos de un tipo de cambio que, por ahora, trabaja en contra de uno de los ingresos más sensibles al ciclo externo de la economía paraguaya.

China consolida su hegemonía en África: arancel cero a 53 países, 348.050 millones en comercio y una estrategia que deja atrás a Europa y Estados Unidos

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Durante quince años consecutivos, China ha sido el mayor socio comercial de África. No es un título simbólico: detrás de esa cifra se esconde una estrategia sistemática, paciente y de largo aliento que ha ido tejiendo, capa a capa, una red de dependencias comerciales, financieras e infraestructurales que hoy convierte a Pekín en el actor externo más influyente del continente. El último movimiento de esa partida es también el más ambicioso: a partir del 1 de mayo de 2026, China aplicará exención total de derechos de importación a los productos procedentes de 53 estados africanos, con la única excepción de Esuatini, cuyo reconocimiento diplomático de Taiwán le cierra la puerta del acuerdo. El anuncio lo realizó el propio presidente Xi Jinping, quien lo transmitió tanto al presidente angoleño João Lourenço, en su calidad de presidente rotatorio de la Unión Africana, como a Mahmud Alí Yusuf, presidente de la Comisión de la Unión Africana.

Del «Going Out» al arancel cero: dos décadas construyendo una posición dominante

La presencia actual de China en África no es un fenómeno reciente ni improvisado. Tomó forma a principios de los años 2000, cuando Pekín puso en marcha la estrategia conocida como «Going Out», un plan que animaba a sus empresas a invertir fuera del país con el objetivo de asegurar recursos naturales y posiciones estratégicas en el exterior. Aquella decisión política transformó a China de simple exportador en inversor directo con ambiciones globales, abriendo la puerta a una relación mucho más profunda y estructural con el continente africano. Lo que siguió fue una acumulación sistemática de presencia: carreteras, puertos, presas, corredores ferroviarios, parques industriales y préstamos bilaterales que convirtieron a Pekín en el mayor inversor en infraestructuras de África, superando a Estados Unidos y a la Unión Europea juntos.

Las cifras de los últimos dos años reflejan la magnitud de ese proceso. Según datos de la Administración General de Aduanas de China, el comercio bilateral alcanzó los 295.560 millones de dólares en 2024, con un crecimiento del 4,8 % respecto a 2023. Pero ese dato quedó enseguida superado: en 2025, el intercambio total ascendió a 348.050 millones de dólares, con un incremento interanual del 17,7 %. La tendencia no muestra señales de desaceleración, y el nuevo esquema arancelario promete amplificarla.

Un desequilibrio que las cifras no disimulan

Sin embargo, las cifras globales ocultan una asimetría que los analistas africanos llevan años señalando. El crecimiento del comercio no beneficia por igual a ambas partes. En 2025, las exportaciones chinas hacia África aumentaron un 25,8 %, hasta alcanzar los 225.030 millones de dólares, mientras que las importaciones africanas desde China crecieron apenas un 5,4 % interanual, situándose en 123.020 millones de dólares. El saldo es estructuralmente deficitario para el continente: África compra más de lo que vende, y lo que vende es, en su mayor parte, hidrocarburos, minerales metálicos y materias primas con escaso procesamiento local. Lo que compra, en cambio, son bienes de equipo, electrónica, vehículos y tecnología para la transición energética: productos de mayor valor añadido que refuerzan la dependencia industrial de Pekín.

A ese desequilibrio comercial se suma el componente financiero. Una parte relevante del pasivo externo africano está en manos de acreedores chinos, tanto por la vía de préstamos bilaterales como de financiación de infraestructuras. El arancel cero abarata la entrada de bienes africanos en el mercado asiático, pero no resuelve por sí solo la combinación de una balanza estructuralmente deficitaria y una carga de deuda en condiciones menos favorables que las de las economías avanzadas. Desde la perspectiva de Pekín, la renuncia a recaudación aduanera se compensa con estabilidad en el aprovisionamiento de insumos estratégicos y con un mayor grado de dependencia comercial de sus contrapartes.

Lo que ofrece China que ningún otro bloque puede igualar hoy

El contexto geopolítico en el que se produce este movimiento es determinante para entender su alcance. Mientras la agenda arancelaria de la era Trump sigue generando turbulencias en el comercio occidental, Washington discute renovaciones parciales y cortoplacistas del AGOA —el mecanismo de preferencias comerciales de Estados Unidos para África— y Bruselas se enreda en cláusulas de reciprocidad y condicionalidades que ralentizan cualquier acuerdo. En ese escenario, China ofrece algo que ningún otro bloque puede igualar hoy: acceso prácticamente libre a un mercado de 1.400 millones de personas y a una base manufacturera que concentra buena parte de la capacidad productiva mundial.

Donde Estados Unidos y la Unión Europea convierten el comercio en un instrumento de presión política, Pekín lo utiliza como mecanismo de alineamiento económico y diplomático. La extensión del arancel cero a economías con más masa crítica —Sudáfrica, Nigeria, Egipto— puede reconfigurar de forma duradera los flujos de bienes, inversión y logística en el continente. Para los grupos europeos y estadounidenses con intereses en África, el mensaje es incómodo pero claro: competir contra un acceso libre de aranceles implica asumir un diferencial estructural de costes y de riesgo regulatorio difícil de compensar.

La diplomacia económica que construye vínculos más allá del comercio

El cambio en el régimen arancelario no es un gesto aislado, sino la culminación de una diplomacia económica muy disciplinada. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha convertido en tradición iniciar cada año con una gira por África, que ha servido para articular una agenda con cinco vectores principales: acelerar la ejecución del plan 2024-2027 del Foro de Cooperación China-África (FOCAC), asegurar cadenas de minerales críticos, estrechar vínculos entre estructuras de poder, ampliar la cooperación en capacidades militares no ofensivas y consolidar apoyos en foros multilaterales.

En ese marco se inscribe la visita del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a China, que desembocó en un acuerdo de cooperación económica y en la negociación de un pacto de «cosecha temprana» para la entrada de productos sudafricanos al mercado chino sin tasas aduaneras. Ese tipo de arreglos bilaterales, replicados con varias capitales africanas, ancla la apertura arancelaria en instrumentos jurídicos que ofrecen certidumbre a empresas e inversores. Xi Jinping subrayó, además, el interés de su gobierno por seguir promoviendo la amistad histórica entre ambas regiones, profundizar los lazos y avanzar hacia lo que denomina «comunidad de destino China-África», un concepto que combina la retórica del desarrollo compartido con una estrategia de largo alcance para consolidar la influencia de Pekín en el sur global.

Minerales críticos y bonos en dólares: el caso del yacimiento de Achmmach en Marruecos

La dimensión financiera e industrial de la presencia china en África adquiere contornos concretos con operaciones como la llevada a cabo por la empresa minera china Inner Mongolia Xingye Yinxi Mining, que ha recaudado 200 millones de dólares —aproximadamente 1,83 mil millones de dírhams— mediante la emisión de un bono sénior no garantizado perpetuo, destinado principalmente al desarrollo del proyecto de estaño de Achmmach, situado en la región de Mequínez, en Marruecos.

La operación representa una de las emisiones de bonos en dólares más significativas de un actor chino en los últimos cinco años y constituye, además, la primera emisión sénior no garantizada en el extranjero para una minera privada china. El proyecto está controlado mayoritariamente por Atlantic Tin Ltd, que posee el 75 % del yacimiento, junto con Toyota Tsusho Corporation, con el 20 %, y Nittetsu Mining Co, con el 5 % restante. En junio de 2025, Xingye adquirió más del 90 % de las acciones de Atlantic Tin mediante una oferta pública fuera del mercado, operación respaldada por unanimidad por el consejo de administración de la compañía.

Los responsables de Xingye calificaron la emisión como un paso estratégico para asegurar la explotación de recursos esenciales y fortalecer la posición de la empresa en el mercado global del estaño, destacando que Marruecos ofrece un entorno político estable y un marco regulatorio favorable a la inversión extranjera. Este caso ilustra con precisión el patrón de actuación chino: identificar activos estratégicos, asegurarlos con instrumentos financieros sofisticados y anclarlos en jurisdicciones con estabilidad institucional que actúan como puentes entre mercados.

Logística y conectividad: el primer envío de cenizas volantes a través del puerto de Yantai

La integración de las cadenas logísticas entre China y África avanza también en el terreno operativo. Un cargamento de 15.000 toneladas métricas de cenizas volantes llegó recientemente al puerto de Yantai, perteneciente al Grupo Portuario de Shandong, para su posterior envío a Angola. El movimiento marca la finalización del primer envío de este tipo de mercancía realizado por dicho puerto en colaboración con el Grupo Logístico SPG, y forma parte de una estrategia más amplia para diversificar los tipos de carga transportados a través del corredor logístico China-África.

Las cenizas volantes y equipos mecánicos procedentes de Shandong, Hebei y el noreste de China se transportaron por camión hasta Yantai para su consolidación en un mismo buque con destino a Angola. La operación responde al modelo diseñado por el puerto y SPG Logistics: carga directa en un solo punto y envío consolidado al exterior, un esquema que reduce costes y tiempos de tránsito y refuerza la competitividad de la ruta. El Puerto de Yantai se perfila así como un nodo clave del comercio entre China y África, alineado con los objetivos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

África entre la oportunidad y la trampa: el debate sobre industrialización y dependencia

La intensificación del vínculo con China no ha pasado inadvertida para las instituciones africanas, que están tratando de convertir el acceso preferente en un vector de transformación productiva, no en un simple canal para exportar más volumen de materias primas. Desde la Unión Africana se ha colocado la sostenibilidad de la deuda en el centro de las discusiones con Pekín, y se ha dado prioridad a la industrialización y a la creación de capacidad de transformación local. La narrativa oficial ha pasado de la llamada «era de las obras» —carreteras, puertos, presas— a la exigencia de acuerdos que incluyan transferencia de tecnología, fabricación en origen y participación africana en los eslabones intermedios de las cadenas globales.

Varios gobiernos han comenzado a imponer restricciones a la exportación de minerales sin procesar, a condicionar incentivos fiscales a la instalación de plantas de ensamblaje y a vincular licencias a compromisos concretos de formación y empleo. En sectores como la movilidad eléctrica, se multiplican los proyectos de montaje de autobuses y motocicletas y las iniciativas para desplegar capacidad de fabricación de componentes vinculados a baterías y sistemas de recarga. El objetivo es aprovechar la demanda china sin perpetuar el patrón clásico de «extraer aquí, refinar fuera».

La intensificación del vínculo ha obligado también a reforzar los mecanismos de supervisión. Herramientas como el Mecanismo Africano de Revisión entre Pares se utilizan ya para evaluar la calidad de los grandes acuerdos con socios externos. Estados como Kenia, Ghana o Etiopía han creado unidades específicas para monitorizar proyectos financiados por capital chino —desde corredores ferroviarios hasta parques industriales—, con el mandato de controlar plazos, sobrecostes y retornos socioeconómicos. El ecosistema de centros de estudios y organizaciones de la sociedad civil africanas ha comenzado a ocupar un espacio antes prácticamente vacío: análisis de impacto ambiental, evaluación de condiciones laborales, escrutinio de cláusulas de confidencialidad en contratos y advertencias sobre riesgos de concentración de poder de mercado.

Europa: gestora de riesgos sin activos sobre el terreno

El contraste con la forma en que Europa se relaciona con África es cada vez más evidente. En los últimos años, la presencia creciente de empresas chinas en el norte de África se ha interpretado como un avance frente a un supuesto repliegue europeo. Pero otra lectura, más incómoda para Bruselas, apunta a una causa diferente: la preferencia sistemática por mantener margen de salida y distancia política, aun a costa de ceder profundidad estratégica.

En materia de migración, la externalización de controles hacia terceros países ha permitido reducir llegadas irregulares, pero ha desplazado hacia el exterior la responsabilidad sobre los métodos utilizados. En energía, la intensificación de vínculos con proveedores como Argelia tras la ruptura con Rusia ha respondido sobre todo a necesidades de seguridad de suministro, con acuerdos concebidos como coberturas temporales más que como apuestas estructurales. Esa lógica de «minimizar exposición» ha dejado espacio para que otros actores, dispuestos a asumir riesgos y a atarse a activos físicos de largo recorrido, ganen peso. En Marruecos, Argelia o Egipto, el patrón se repite: la Unión Europea mantiene el liderazgo regulatorio y la centralidad diplomática, mientras China ocupa el terreno de las infraestructuras, la logística, la energía y los proyectos con horizontes temporales que trascienden con mucho cualquier ciclo electoral europeo.

Una nueva arquitectura global: quien controla los corredores, controla el juego

El nuevo esquema de arancel cero para África cristaliza un cambio más amplio en la arquitectura de la globalización. El comercio ya no se dirime solo en términos de tipos impositivos, sino de quién diseña los corredores logísticos, quién financia las infraestructuras críticas, qué estándar tecnológico se impone en redes energéticas y digitales y qué jurisdicciones dominan los foros en los que se fijan las normas internacionales.

China ha entendido que la acumulación de poder económico pasa por convertirse en socio imprescindible en las grandes transiciones —energética, digital e industrial— de África y del resto del sur global. Europa, atrapada entre la presión de sus opiniones públicas y la inercia de su política exterior, corre el riesgo de quedarse en un papel de gestora de riesgos y árbitro normativo, pero sin activos suficientes sobre el terreno para condicionar las decisiones clave. Pekín, por su parte, no concibe la cooperación como una vía de sentido único, sino como una alianza de crecimiento que le permite anclar relaciones de largo plazo mientras acumula influencia política a bajo coste fiscal.

Para África, el marco es a la vez una oportunidad y una advertencia. El acceso sin impuestos a la segunda mayor economía del mundo puede actuar como catalizador de inversión, empleo y modernización productiva, siempre que se combine con políticas industriales exigentes, mejora de la capacidad institucional y coordinación regional. Pero también puede profundizar una pauta de dependencia si se limita a reforzar el papel de proveedor de recursos y comprador neto de manufacturas. La diferencia la marcarán las decisiones que se tomen en las capitales africanas, no los comunicados de Pekín ni los discursos de Bruselas. Y en ese juego, el tiempo corre a favor de quien ya lleva quince años construyendo sin pausa.

Guerra en Medio Oriente sacude los mercados globales: petróleo, bonos y bolsas bajo el impacto del conflicto con Irán

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El cuarto día del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán sacudió este martes los mercados financieros internacionales con una violencia que no se veía desde episodios de la magnitud de la crisis de 2008 o la pandemia de covid-19. La combinación de precios energéticos en ascenso vertiginoso, el cierre de facto del estrecho de Ormuz y el temor a una inflación sostenida desencadenaron una jornada de ventas masivas en las principales plazas bursátiles del mundo, mientras los inversores huían hacia activos refugio y los analistas comenzaban a actualizar, con urgencia, sus escenarios de riesgo.

El estrecho de Ormuz: la arteria del mundo en jaque

En el centro de la tormenta financiera se encuentra el estrecho de Ormuz, una franja de apenas 160 kilómetros que separa Irán de la península arábiga y por la que fluye aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo. Aunque Irán ha amenazado en repetidas ocasiones con bloquear este paso estratégico, nunca lo había llevado a cabo, en parte porque esa medida también afectaría sus propias exportaciones. Esta vez, sin embargo, la dinámica es diferente: sin necesidad de un cierre formal, el tráfico comercial se ha paralizado prácticamente por completo ante el derrumbe de la navegabilidad práctica del estrecho. Las principales compañías marítimas suspendieron sus travesías después de que las primas de seguro se dispararan a niveles que hacen inviable el transporte.

El impacto fue inmediato. Por el estrecho de Ormuz transitan los volúmenes de crudo producidos por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, países cuyo suministro resulta vital para la economía global. La interrupción del tránsito en esta ruta, aunque sea temporal, introduce una prima de riesgo geopolítico de magnitud histórica en los precios de la energía.

Petróleo y gas: los precios rompen al alza

El mercado del petróleo reaccionó con contundencia. El lunes 2 de marzo de 2026, el crudo Brent del mar del Norte llegó a subir hasta un 13% en la apertura, para luego moderar parte de las ganancias y cotizar en torno a los 77 dólares por barril. Este martes, el Brent avanzaba un 5,45%, situándose en 81,98 dólares el barril para entrega en mayo. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense, referencia del crudo americano para entrega en abril, subía un 5,32%, hasta los 75,02 dólares por barril.

El mercado del gas natural no quedó al margen. El contrato de futuros del TTF neerlandés, referencia del gas en Europa, se disparó un 22,50%, hasta los 54,52 euros, impulsado por el anuncio de QatarEnergy, la compañía energética estatal de Qatar, de interrumpir su producción de GNL como consecuencia de los ataques iraníes sobre dos de sus principales plantas de procesamiento. A ello se sumó la interrupción operacional parcial de una de las mayores refinerías de Arabia Saudita, lo que generó una doble señal de alarma sobre la oferta energética regional.

Irán, aunque solo aporta entre el 3% y el 4% de la producción mundial de petróleo, con 3,3 millones de barriles diarios —lo que lo sitúa como el cuarto mayor productor dentro de la OPEP—, posee un peso estratégico muy superior a su cuota de mercado. Sus reservas representan alrededor del 12% del total mundial y aproximadamente una cuarta parte de las reservas de Oriente Medio, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). A ello se añade su control geográfico sobre el estrecho de Ormuz, que convierte cualquier escalada bélica en una amenaza directa sobre el suministro global.

Las bolsas del mundo ceden terreno

Las consecuencias sobre los mercados de renta variable fueron severas. En Europa, la Bolsa de Madrid lideró las pérdidas con una caída del 3,56%, seguida de Milán con un descenso del 3,21%, Fráncfort con un 2,78%, París con un 2,15% y Londres con un 2,02%. En Asia, el índice Kospi de Seúl —que retomaba operaciones tras el festivo del lunes— fue el más golpeado con una caída del 7,24%. El Nikkei de Tokio cedió un 3,06% y el Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 1,23%.

En Wall Street, la reacción inicial fue marcada pero no catastrófica. El S&P 500 llegó a caer hasta un 1,2% poco después de la apertura, para luego recuperar las pérdidas y cotizar con escasos cambios a mediodía. Esta resiliencia relativa alimentó en algunos estrategas la visión tradicional de que los desplomes bursátiles provocados por choques geopolíticos repentinos suelen ser oportunidades de entrada. Sin embargo, esta lectura tiene ahora un matiz importante: la posibilidad de que el petróleo se estabilice en torno a los 100 dólares por barril durante un período prolongado cambia sustancialmente el análisis.

El umbral de los 100 dólares: el escenario que inquieta a Wall Street

El nivel psicológico y económico de los 100 dólares por barril es la cifra que concentra la atención de analistas e inversores. Históricamente, los precios del petróleo solo han perturbado de manera significativa a los mercados de acciones cuando han superado ese umbral. Según estrategas de Bloomberg Intelligence, el S&P 500 ha caído en promedio un 1,6% en el año siguiente a períodos en que el crudo se situó por encima de los 100 dólares desde 1983. Los estrategas de Morgan Stanley, liderados por Michael Wilson, identifican ese nivel —o un aumento de precios de entre el 75% y el 100% interanual— como el escenario bajista más probable para la renta variable en caso de escalada sostenida.

Un barril a 100 dólares no es la proyección de consenso entre los analistas por el momento, pero ya se ha instalado como riesgo principal en los modelos de riesgo de las grandes firmas. Las consecuencias de materializarse serían múltiples: encarecimiento del consumo energético para las familias y las empresas, freno al gasto privado —motor central de la economía estadounidense—, y reavivamiento de presiones inflacionarias que obligarían a los bancos centrales a reconsiderar sus calendarios de bajada de tipos. Este último efecto se anticipó ya este lunes, cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se dispararon en lugar de caer, rompiendo el patrón habitual de refugio seguro en momentos de tensión geopolítica.

El mercado de deuda, bajo presión

Los mercados de renta fija reflejaron también la inquietud de los inversores. Los gestores de carteras comenzaron a deshacerse de bonos soberanos desde el inicio de la semana, anticipando que un conflicto prolongado mantendría elevados los precios del petróleo y reactivaría la inflación. «La magnitud del impacto y las implicaciones para la inflación a medio plazo dependerán de la extensión y la duración del conflicto», declaró Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), al diario Financial Times.

El rendimiento del bono alemán a 10 años —referencia europea— subió hasta el 2,78%, frente al 2,71% del cierre del lunes. El equivalente francés se mantuvo en el 3,39%, y el británico avanzó hasta el 4,48%, desde el 4,37% del día anterior. Por el contrario, el oro —activo refugio por excelencia en períodos de incertidumbre geopolítica e inflacionaria— mantuvo sus ganancias y se estabilizó en 5.307 dólares la onza.

La OPEP+ reacciona y el pasado como espejo

Ante el impacto inmediato en los mercados, el grupo de países productores OPEP+ acordó el domingo 1 de marzo aumentar su producción a partir de abril, en un intento por calmar la volatilidad y compensar una eventual reducción del suministro iraní. La medida muestra la conciencia del grupo sobre la gravedad de la situación, aunque su efectividad dependerá en última instancia de la duración del conflicto y del tiempo que permanezca interrumpido el tránsito por el estrecho de Ormuz.

La historia ofrece referencias útiles, aunque ninguna es directamente extrapolable. El embargo petrolero árabe de 1973 y la revolución iraní de 1979 son los dos grandes precedentes de choques de oferta energética con impacto sistémico. El primero desencadenó una recesión estanflacionaria que hundió al S&P 500 un 29% en términos anualizados. El segundo, en cambio, vino acompañado de una ganancia anualizada del 11,3% en el índice, pese a la recesión de 1980. La diferencia de resultados subraya la complejidad de las crisis energéticas y la dificultad de anticipar su trayectoria con certeza.

Una economía estadounidense más resistente, pero no inmune

Hay elementos que diferencian el contexto actual de episodios anteriores. Estados Unidos es hoy el mayor productor de petróleo del mundo, lo que le otorga una capacidad de amortiguación frente a los choques de oferta externa que no tenía en las décadas de los setenta u ochenta. Además, los estrategas de Morgan Stanley señalan que la economía estadounidense se encontraría actualmente en un entorno de ciclo temprano, con una recuperación de beneficios empresariales en aceleración, lo que reduce —aunque no elimina— la probabilidad del escenario más adverso.

No obstante, Jim Reid, economista de Deutsche Bank, matiza que los movimientos registrados hasta ahora, aunque significativos, se mantienen por debajo de las variaciones extremas observadas durante la crisis financiera de 2008, las turbulencias del covid-19 o ciertos eventos geopolíticos previos. La advertencia implícita es clara: hay margen para que la situación empeore si el conflicto se prolonga o escala.

Un punto de estrangulamiento que define la economía global

En los próximos días y semanas, los mercados financieros internacionales estarán pendientes de un único factor: el flujo de crudo a través del estrecho de Ormuz. Mientras la ruta permanezca bloqueada de facto, la presión alcista sobre el petróleo no cederá. Y si ese bloqueo se extiende en el tiempo, las consecuencias se propagarán desde los precios de la energía hacia la inflación general, desde la inflación hacia los tipos de interés, y desde los tipos de interés hacia el consumo, la inversión y el crecimiento. La economía global, en definitiva, se juega una parte importante de su trayectoria en un canal de 160 kilómetros.

El gasto en deuda pública creció 97% en enero de 2026 y el endeudamiento total alcanza USD 21.409 millones, equivalente al 43% del PIB

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El primer mes de 2026 registró un marcado aumento en el gasto destinado al servicio de la deuda pública del país. Según el Informe de la Situación Financiera de la Tesorería General del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) correspondiente a enero de 2026, las transferencias por este concepto crecieron un 97% respecto al mismo período del año anterior, pasando de G. 185.379 millones (aproximadamente USD 28,5 millones) a G. 365.278 millones (USD 56,1 millones), lo que representa una variación nominal de G. 179.900 millones (USD 27,6 millones).

El incremento se concentró exclusivamente en la deuda externa, dado que, al igual que en enero de 2025, no se registraron transferencias para deuda interna. En concepto de intereses, los pagos crecieron 97%, al pasar de G. 185.379 millones (USD 28,5 millones) a G. 361.283 millones (USD 55,5 millones), con una variación nominal de G. 175.904 millones (USD 27 millones). En cuanto a amortizaciones de capital, el aumento fue del 100%, ya que en enero de 2025 no se habían contabilizado pagos bajo ese concepto, mientras que en enero de 2026 el monto alcanzó G. 3.995 millones.

Las fuentes de financiamiento reflejan mayor uso de impuestos y créditos públicos

En el análisis de las fuentes utilizadas para financiar estos egresos, el informe de Tesorería indica que el uso de impuestos —Fuente 10— creció un 94,9%, con G. 175.904 millones (USD 27 millones) adicionales destinados al pago de compromisos en un año. El uso de créditos públicos —Fuente 20— aumentó un 100% para cubrir obligaciones externas, revirtiendo el registro negativo del año anterior, cuando se habían contabilizado G. 14.242 millones menos bajo esa fuente. El denominado «bicicleteo» —financiamiento de vencimientos con nueva deuda— cerró todo el año 2025 con un crecimiento acumulado del 62%.

En términos generales, el gasto total del Estado mostró un crecimiento interanual del 32,6%, lo que implica que las transferencias entre enero de 2025 y enero de 2026 aumentaron en G. 753.720 millones (USD 115,9 millones), llevando el total a G. 3 billones (USD 471,1 millones), frente a los USD 355,2 millones del año anterior.

Salarios y jubilaciones concentraron el 69,8% del gasto en enero

Los mayores egresos del primer mes del año correspondieron a las remuneraciones del sector público, con G. 1,4 billones (USD 221,2 millones), representando el 46,9% del total. En segundo lugar se ubicaron las transferencias a la Caja Fiscal por concepto de jubilaciones y pensiones, que alcanzaron G. 704.321 millones (USD 108,3 millones), equivalentes al 22,9% del gasto total.

La financiación de estos egresos se sostuvo principalmente a través de los ingresos tributarios, cuyo crecimiento fue del 27,1%, explicado según el MEF por los rubros de transferencias y deuda. El rubro genérico de «transferencias» registró un incremento del 395,6%, con G. 397.359 millones (USD 61,1 millones) adicionales respecto al año anterior, sin que el informe detalle el desglose de ese concepto.

La deuda pública total cerró 2025 en USD 20.408,6 millones, equivalente al 36,2% del PIB

De acuerdo con el informe de deuda pública del MEF correspondiente a diciembre de 2025, el endeudamiento total del sector público asciende a USD 20.408,6 millones. El 87,9% de ese monto corresponde a compromisos de la Administración Central, con USD 17.931,8 millones, cifra equivalente al 36,2% del PIB. La deuda pública con garantía soberana ascendió a USD 2.476,8 millones, representando el 12,1% del total y el 5,0% del PIB. Al comparar con el cierre de 2024, el endeudamiento creció un 12,8%, equivalente a USD 2.325,4 millones adicionales en un año.

El Gobierno sostiene en su reporte que Paraguay mantiene uno de los menores niveles de deuda de la región y que se ubica muy por debajo del promedio del 56% de deuda sobre PIB registrado para los países con calificación Baa de Moody’s, grupo al que pertenece el país. Agrega que «la asequibilidad de la deuda de Paraguay, medida por la relación entre los pagos de intereses y los ingresos, es sólida y sigue siendo más fuerte que el de sus pares con calificaciones similares». Economistas, no obstante, señalan que el endeudamiento crece año tras año y que su ritmo ya genera presión sobre las finanzas públicas. También recuerdan que Paraguay es el tercer país con menor carga impositiva de la región, solo por detrás de Panamá con 7% y Guyana con 10,6%, habiendo cerrado 2025 con una presión tributaria del 11,4%.

El alto componente en moneda extranjera de la deuda, identificado como factor de riesgo

Aunque los niveles de deuda paraguaya se mantienen por debajo de los de países con calificaciones crediticias similares como Colombia y Panamá, la elevada dependencia al dólar es señalada como un factor de riesgo para la calificación soberana. Así lo indica el informe «Preservando el impulso: aprovechando la calificación de grado de inversión de Paraguay», elaborado por el centro de estudios Global Americans en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), publicado tras la obtención del segundo grado de inversión por parte de Standard & Poor’s.

El documento advierte que los principales factores de riesgo están asociados al alto componente en moneda extranjera del perfil de deuda y a la exposición a la volatilidad cambiaria, derivada de la dependencia del país de la agricultura y la energía hidroeléctrica como fuentes de divisas. El informe también señala que el saldo de la deuda del sector público pasó del 13% del PIB en 2010 a cerca del 42% en la actualidad, y concluye que «el país enfrenta un desafío a mediano plazo debido a la alta proporción de moneda extranjera en su perfil de deuda».

Paraguay coloca bonos en guaraníes por USD 1.000 millones en el mercado internacional

En el marco de su estrategia de desdolarización de la deuda pública, el Gobierno concretó recientemente la colocación de títulos en moneda local por el equivalente a USD 1.000 millones en el mercado internacional, a un plazo de 12 años y a una tasa de interés del 8,5% anual. Se trata de la tercera colocación del país en guaraníes en el exterior y la primera realizada con doble grado de inversión, según destacó el presidente Santiago Peña en su anuncio oficial.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que la tasa obtenida es inferior al 9,1% registrado en la última emisión de bonos del Tesoro en el mercado local para un plazo similar, diferencia que atribuyó al grado de inversión otorgado por Moody’s y Standard & Poor’s. Sostuvo además que, con esta operación, el déficit autorizado en el Presupuesto General de la Nación de 2026 —equivalente al 1,5% del PIB— podrá ser financiado en su totalidad en moneda nacional por primera vez. Con la colocación, la participación de la deuda denominada en guaraníes alcanza el 22% del saldo total, el nivel más alto registrado hasta la fecha.

La operación fue negociada a través de los bancos de inversión Citi Group, Goldman Sachs y J. P. Morgan, que contactaron a inversores en Londres y Nueva York. No se divulgaron los nombres de los tomadores ni las comisiones acordadas. De los USD 1.000 millones captados, USD 339 millones se destinarán a administración de pasivos —pago de vencimientos con nueva deuda— y los restantes USD 661 millones al financiamiento del Presupuesto General de la Nación.

La deuda se cuadruplicó desde la primera emisión de bonos en 2014

El Gobierno comparó esta colocación en importancia con la realizada en 2014 durante la administración de Horacio Cartes, también por USD 1.000 millones, pero denominada en dólares. En aquella ocasión, el saldo de la deuda pública paraguaya era de USD 4.174 millones, equivalente al 10,9% del PIB. Con la nueva colocación, ese saldo asciende a USD 21.409 millones, equivalente al 43% del PIB, lo que representa una cuadruplicación del endeudamiento en doce años.

La primera incursión de Paraguay en el mercado bursátil internacional se produjo el 17 de enero de 2013, con una emisión de USD 500 millones durante la presidencia de Federico Franco. Anteriormente, el país obtenía financiamiento casi exclusivamente de organismos multilaterales, cuyas operaciones se caracterizaban por ser de asignación específica, generalmente vinculadas a obras públicas concretas. La incorporación de los bonos del Tesoro como principal fuente de financiamiento externo amplió la flexibilidad en el uso de los recursos, pero también redujo la trazabilidad de su destino.

En cuanto a la inversión en infraestructura, menos del 15% del gasto estatal se destina actualmente a ese rubro, que acumula un atraso estimado en USD 30.000 millones. El Estado registra una deuda vencida con contratistas de al menos USD 350 millones, adeuda más de USD 600 millones a empresas farmacéuticas y más de USD 100 millones a proveedores del programa Hambre Cero, según datos disponibles a la fecha de publicación de este artículo.

Cristiano Ronaldo adquiere el 25% de la UD Almería a través de CR7 Sports Investments y se consolida como inversor en el fútbol español

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El astro portugués de 41 años, con un patrimonio neto de 1.400 millones de dólares, da el salto al mundo empresarial del fútbol europeo sin revelar la cifra de la operación, que se enmarca en la expansión internacional del proyecto saudí de Mohamed Al-Khereiji y cierra de facto la posibilidad de que Ronaldo vista la camiseta almeriense mientras siga en activo

Cristiano Ronaldo ya es propietario de un club de fútbol español. El delantero portugués del Al-Nassr saudí ha anunciado este jueves la adquisición del 25% de la Unión Deportiva Almería, una operación articulada a través de CR7 Sports Investments, filial de nueva creación de su holding empresarial CR7 SA, concebida expresamente para centralizar sus inversiones en el ámbito del deporte profesional. El movimiento representa uno de los pasos más relevantes en la transición del cinco veces Balón de Oro desde la élite del fútbol activo hacia una dimensión empresarial de mayor alcance estructural, y sitúa al club andaluz, actualmente en puestos de ascenso a la Primera División, en el mapa de los proyectos con mayor proyección internacional de la segunda categoría del fútbol español.

Un paso largamente anunciado que recala en Almería

Desde hace meses, el nombre de Ronaldo circulaba con insistencia en los foros especializados en inversión deportiva europea. Su figura llegó a vincularse al Valencia CF, club propiedad del empresario singapurense Peter Lim, aunque las conversaciones nunca prosperaron. Finalmente, ha sido la relación personal con Mohamed Al-Khereiji, presidente de la UD Almería y titular del conglomerado empresarial SMC Group, quien ha canalizado la operación. La amistad entre ambos ha resultado determinante en la elección del club indálico como primer destino de las inversiones deportivas estructuradas del portugués en Europa.

El comunicado oficial emitido por CR7 Sports Investments no ofrece cifras sobre el importe de la transacción, aunque sí la califica de «inversión estratégica» y subraya que refleja «el compromiso a largo plazo del delantero con la propiedad de equipos de fútbol profesional». En sus palabras, Ronaldo fue explícito sobre sus motivaciones: «Desde hace mucho tiempo, mi ambición ha sido contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club».

Un club que lleva menos de un año en manos saudíes y ya suma un socio global

La entrada de Ronaldo en la estructura accionarial de la UD Almería se produce apenas diez meses después de que el empresario saudí Mohamed Al-Khereiji tomara el control total del club, tras adquirir la totalidad de las acciones que mantenía Turki Al-Sheikh, exministro de Deportes de Arabia Saudí y artífice del primer gran impulso saudí al proyecto almeriense desde agosto de 2019. Aquel primer ciclo inversor transformó radicalmente un club que había pasado tres años consecutivos lidiando contra el descenso a la antigua Segunda División B, convirtiéndolo en una entidad con aspiraciones reales de permanencia y proyección en Primera División.

Al-Khereiji recibió el club con un mandato claro: recuperar la máxima categoría del fútbol español. El proyecto ha avanzado en varios frentes de forma simultánea. En lo deportivo, el equipo compite en posiciones de ascenso directo en la Segunda División. En lo infraestructural, la remodelación del estadio —que se encuentra ya en su fase final para eliminar las pistas de atletismo— y la construcción de una ciudad deportiva para el primer equipo y la cantera —que ya cuenta con los permisos de obra— configuran una apuesta de largo recorrido que ahora cuenta con el respaldo de una figura de alcance global.

Desde la presidencia del club, Al-Khereiji valoró la incorporación de Ronaldo con entusiasmo: «Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Está considerado como el mejor jugador de todos los tiempos, conoce muy bien la liga española y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en términos del equipo como también de la cantera».

La UD Almería, una cantera de plusvalías en el mercado de delanteros

Más allá de la dimensión institucional del proyecto, hay un activo que ha pasado inadvertido para el gran público pero que no escapa al ojo inversor: el Almería ha sido, en los últimos siete años, uno de los clubes más eficientes de Europa en la generación de plusvalías a través de sus delanteros. Darwin Núñez salió por 24 millones de euros al Benfica antes de dar el salto al Liverpool. Umar Sadiq se marchó a la Real Sociedad por casi 30 millones y hoy milita en el Valencia. El Bilal Touré fue traspasado al Atalanta por 31 millones. Y el pasado verano, Luis Suárez abandonó el club por 27 millones rumbo al Sporting de Portugal. Una secuencia de operaciones que revela una capacidad sostenida de identificar, desarrollar y comercializar talento ofensivo con márgenes de rentabilidad notables, un modelo que encaja perfectamente con la lógica de un inversor que aspira a participar activamente en la gestión deportiva.

CR7 Sports Investments, el vehículo de una ambición empresarial de largo plazo

La creación de CR7 Sports Investments como filial específica dentro del holding CR7 SA no es un gesto cosmético. Responde a una estrategia articulada para evaluar y ejecutar oportunidades en el deporte profesional de forma sistemática. Ronaldo, cuyo patrimonio neto asciende a 1.400 millones de dólares según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, ha construido su fortuna principalmente a partir de sus ingresos salariales, incluyendo su actual contrato con el Al-Nassr, vigente hasta junio de 2027, y sus anteriores vínculos con los grandes clubes europeos. Si bien cuenta con un portfolio empresarial diversificado —la marca CR7, una cadena hotelera, gimnasios y un grupo de medios—, estos negocios no constituyen el núcleo de su riqueza. La inversión en clubes de fútbol representa, por tanto, una reorientación estratégica hacia activos con mayor potencial de revalorización estructural y proyección a largo plazo.

El portugués ha declarado en múltiples ocasiones su deseo de ser propietario de varios clubes tras su retirada. La adquisición del 25% del Almería funciona así como un primer movimiento en un tablero que previsiblemente se irá ampliando. La tendencia no es exclusiva de Ronaldo: refleja un patrón creciente entre grandes figuras del deporte global que buscan capitalizar su marca, su red de contactos y su conocimiento del negocio futbolístico en inversiones de largo recorrido.

La normativa española veta cualquier posibilidad de que Ronaldo juegue en el Almería mientras siga en activo

La pregunta que inevitablemente sobrevuela la operación —¿podría Ronaldo fichar por el Almería al término de su contrato con el Al-Nassr?— encuentra una respuesta jurídica clara y sin ambigüedades en la normativa española vigente. La Ley del Deporte del Consejo Superior de Deportes y los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, actualizados en febrero de 2025, prohíben expresamente que un futbolista en activo mantenga relaciones comerciales con LaLiga y compita en España si posee intereses en un club de la competición. La concurrencia de ambas condiciones generaría un conflicto de intereses que invalida cualquier posibilidad de vinculación deportiva.

Esta disposición, popularmente conocida como la ley anti-Piqué, fue impulsada tras el caso del exjugador del FC Barcelona, cuya empresa llegó a un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol —presidida entonces por Luis Rubiales— para gestionar los contratos de la Supercopa de España en Arabia Saudí, mientras Piqué seguía siendo futbolista profesional en activo. El precedente dejó en evidencia los riesgos de permitir que jugadores con intereses comerciales directos influyeran en la gestión de competiciones de las que también formaban parte como deportistas.

En la práctica, mientras Ronaldo mantenga su participación en la UD Almería y continúe en activo como futbolista, le estará vedado disputar un partido en cualquier club de LaLiga. Una restricción que, en el escenario más probable, adquirirá relevancia únicamente cuando el portugués decida poner punto final a su carrera deportiva. El mismo debate podría reproducirse próximamente con Sergio Ramos, cuya posible entrada en la propiedad del Sevilla FC se encuentra en fase de negociación.

Un proyecto que suma capital, visibilidad y atractivo comercial

La incorporación de Cristiano Ronaldo al accionariado de la UD Almería trasciende el ámbito estrictamente financiero. Su nombre aporta una visibilidad mediática de primer orden, una capacidad de atracción comercial difícilmente replicable y una proyección internacional que multiplica el alcance del proyecto en mercados clave para el desarrollo del fútbol como negocio global. Para un club que aspira a consolidarse en Primera División y que ya ha demostrado una notable eficiencia en la gestión de activos deportivos, contar con uno de los deportistas más reconocidos del planeta como socio estratégico representa una palanca de crecimiento con implicaciones que van mucho más allá del balance contable.

La operación, en definitiva, sintetiza dos fenómenos que están redefiniendo la estructura del fútbol profesional europeo: la internacionalización de la propiedad de los clubes y la conversión de las grandes figuras del deporte en agentes inversores con vocación de permanencia. Almería es, por ahora, el primer escenario de esa nueva etapa en la vida de Cristiano Ronaldo.

Trump exige a las grandes tecnológicas autoabastecerse de energía ante el aumento del consumo de la inteligencia artificial y la presión sobre las tarifas eléctricas de los hogares estadounidenses

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El presidente Donald Trump convocó a los principales ejecutivos de la industria tecnológica a la Casa Blanca para el 4 de marzo, con el objetivo de formalizar el denominado «Compromiso de Protección del Precio de la Electricidad», una iniciativa que busca obligar a las grandes empresas de inteligencia artificial a construir, adquirir o desarrollar su propio suministro energético para los nuevos centros de datos, eximiendo así a los consumidores residenciales de asumir los costos derivados del crecimiento exponencial de esta industria.

Entre las compañías convocadas figuran Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc. —matriz de Google—, xAI Corp. de Elon Musk, Oracle Corp. y OpenAI Inc. La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, confirmó la iniciativa y subrayó que «estas empresas masivas construirán, traerán o comprarán su propio suministro de energía para los nuevos centros de datos de IA, asegurando que las facturas de electricidad de los estadounidenses no aumenten a medida que crece la demanda». El esfuerzo es liderado de manera conjunta por Trump, el secretario de Energía Chris Wright y Michael Kratsios, director de la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca.

Un problema eléctrico de escala nacional

El contexto que rodea esta medida es contundente. En diciembre pasado, el precio medio de venta al público de la electricidad alcanzó los 17,24 céntimos por kilovatio-hora a nivel nacional, lo que representa un incremento del 6% respecto al año anterior. En enero de 2026, las tarifas residenciales registraron un alza del 6,7% interanual. Estos datos contradicen abiertamente la promesa central de la campaña presidencial de 2024, cuando Trump se comprometió a reducir las facturas eléctricas a la mitad. En lugar de descender, los costos han escalado impulsados por la confluencia de tres factores: la creciente demanda de los centros de datos, la expansión industrial y la electrificación progresiva de la calefacción doméstica, la cocina y el transporte.

El peso político de esta problemática quedó de manifiesto en una encuesta realizada por Blue Rose Research para el grupo de defensa Climate Power, en la que el 64% de los votantes identificó los costos de los servicios públicos como el tema más preocupante vinculado al desarrollo de centros de datos. La resistencia ciudadana no se limita a las tarifas: también incluye preocupaciones por el uso intensivo de agua y tierra de estas instalaciones, así como su dependencia de generadores diésel para la energía de reserva.

El anuncio en el Estado de la Unión y su trasfondo político

Trump presentó la iniciativa durante su discurso sobre el Estado de la Unión del martes como una conquista negociada. «Esta noche, me complace anunciar que he negociado el nuevo compromiso de protección al contribuyente», declaró, añadiendo que su administración ha comunicado a las grandes tecnológicas «que tienen la obligación de cubrir sus propias necesidades energéticas» y que quienes construyan sus propias plantas de generación como parte de sus instalaciones contribuirán, en muchos casos, a reducir «los precios de la electricidad para la comunidad y de forma muy sustancial».

El anuncio no es ajeno al calendario político. La promesa de protección a los contribuyentes constituye el último movimiento de la administración para hacer frente a uno de sus principales flancos vulnerables antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Trump ha adoptado una posición proactiva respecto a la inteligencia artificial, considerándola un motor de crecimiento económico y un elemento estratégico en la competencia con China, pero esa misma apuesta ha generado una presión creciente sobre la infraestructura eléctrica que ahora busca manejar políticamente.

Compromisos sin fuerza legal: el debate sobre su eficacia

El punto más cuestionado de la iniciativa es su naturaleza jurídica. Los compromisos que las empresas firmarán no serán vinculantes ni tendrán fuerza de ley. Los funcionarios de la administración argumentan que la formalidad pública de los acuerdos generará responsabilidad corporativa y ofrecerá cierta seguridad a los consumidores. Sin embargo, los críticos rechazan esa lógica con firmeza.

Jesse Lee, asesor principal de Climate Power, calificó la medida de «promesa vacía» y señaló que la administración debería centrarse en incorporar nuevas fuentes de energía para hacer frente al inminente incremento de la demanda. El contraste resulta llamativo: mientras Trump impulsa este compromiso, su administración ha suprimido los subsidios a las energías renovables y ha intentado paralizar la construcción de parques eólicos marinos a lo largo de la costa este del país.

Compañías como Microsoft y Amazon no han confirmado públicamente los detalles de su adhesión al acuerdo, aunque fuentes de la Casa Blanca citadas por Reuters y Politico indicaron que el acuerdo fue cerrado antes del discurso presidencial.

La magnitud del consumo energético de la inteligencia artificial

Para comprender la urgencia del problema, basta con examinar las cifras. Según estimaciones del Congressional Research Service y de la Agencia Internacional de Energía, un centro de datos de inteligencia artificial puede consumir el equivalente energético de entre 40.000 y 80.000 hogares. La llegada de una sola instalación tecnológica de gran escala puede duplicar o triplicar la demanda en una subestación local, obligando a realizar obras de infraestructura cuyos costos se trasladan habitualmente a todos los usuarios de la zona mediante aumentos tarifarios.

Este impacto no se limita al sector de la inteligencia artificial. La minería de Bitcoin también opera sobre infraestructuras de consumo eléctrico intensivo comparables, lo que amplía el alcance del problema más allá de las grandes plataformas digitales. Algunos actores del sector ya han adoptado modelos de autoabastecimiento: TeraWulf, por ejemplo, opera una instalación de 200 megavatios en Pensilvania conectada directamente a una central nuclear, un esquema que la administración presenta implícitamente como modelo a seguir.

Dudas estructurales y riesgos para los consumidores

Los especialistas advierten que la propuesta enfrenta obstáculos estructurales de envergadura. La construcción de nuevas plantas de generación eléctrica es un proceso que puede demandar entre cinco y diez años, lo que limita su capacidad de respuesta ante una demanda que crece de manera inmediata. A esto se suma un riesgo sistémico poco mencionado en el debate público: si las grandes tecnológicas dejan de comprar energía a las distribuidoras locales para autoabastecerse, estas últimas podrían verse obligadas a trasladar sus costos fijos a un universo menor de clientes residenciales, encareciendo paradójicamente el servicio para los hogares que se pretende proteger.

Shar Pourreza, director de energía en América del Norte para Wells Fargo, señaló que varios estados ya han tomado la iniciativa de exigir a los nuevos centros de datos que contribuyan a los costos de infraestructura, y que la administración Trump parece alinearse con esa tendencia. En ese marco, la firma identificó a Constellation Energy como su principal recomendación entre los productores de energía independientes, destacando su capacidad nuclear como recurso atractivo para las tecnológicas que buscan fuentes limpias y confiables. No obstante, la inclinación de la administración hacia los combustibles fósiles introduce una variable de incertidumbre sobre el rumbo energético de largo plazo.

Un consenso emergente ante una crisis estructural

Más allá de las disputas sobre la eficacia del compromiso, existe un consenso creciente en torno a la necesidad de que las grandes empresas tecnológicas asuman una proporción mayor de los costos de infraestructura que genera su expansión. Las proyecciones apuntan a que la escasez de capacidad de suministro energético podría convertirse en un problema crítico ya en 2029, lo que abre un horizonte de crecimiento significativo para las empresas del sector energético, tanto reguladas como independientes.

Lo que permanece sin respuesta es si una declaración de buenas intenciones, por más solemne que sea su escenario, alcanza para disciplinar a actores económicos cuyo poder de mercado supera con creces al de la mayoría de los estados donde operan. La efectividad de la medida dependerá, en última instancia, no de la firma estampada en la Casa Blanca, sino de los mecanismos concretos que la administración sea capaz de articular para garantizar su cumplimiento.