Los atrasos del Estado con las empresas viales ya rondan los USD 202,9 millones. El problema se agrava por la crisis bancaria, el encarecimiento del financiamiento externo y un presupuesto que depende de salir a pedir prestado.
Una deuda de G. 1,2 billones que vuelve a crecer
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mantiene obligaciones pendientes por G. 1.217.626.817.643 con las empresas contratistas, unos USD 202,9 millones. La cifra surge de un relevamiento del Centro de Estudios Económicos de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), con corte al 16 de noviembre de 2026 y un tipo de cambio de referencia de G. 6.000 por dólar.
El dato confirma un fenómeno conocido en el sector: la deuda se reduce cuando hay desembolsos, pero reaparece cuando las obras avanzan sin que se cancelen los certificados. A comienzos de año, los gremios hablaban de unos USD 360 millones pendientes. Tras los pagos realizados entre abril y mayo, que superaron los USD 150 millones, el monto bajó a cerca de la mitad. Con el paso de los meses volvió a engordar.
Casi seis de cada diez guaraníes salen de recursos propios
La composición de la deuda es la parte más sensible del informe. Las obras con financiamiento local acumulan G. 716.299 millones, unos USD 119,4 millones, el 58,8 % del total. Las financiadas con recursos externos suman G. 501.326 millones, alrededor de USD 83,5 millones, el 41,2 % restante.
Esto señala directamente a la caja del Tesoro. Cuando la mayor parte de lo adeudado proviene de fondos nacionales, el pago depende de las decisiones de prioridad del propio Estado y de su disponibilidad de liquidez, no de desembolsos de organismos multilaterales. Los contratistas lo perciben así: señalan que varias obras con fondos locales avanzan sin tener asegurado su financiamiento.
El impacto en las empresas y en el empleo
Detrás de las cifras hay situaciones concretas. El ingeniero Francisco Griñó, propietario de una empresa vial, tiene cinco certificados sin cobrar en la obra de Avelino Martínez, donde trabajan unas 250 personas. Advierte que, sin un desembolso importante en las próximas semanas, le será muy difícil continuar.
El sector también discute el tamaño real del problema. El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, estimó días atrás unos USD 190 millones en capital y otros USD 160 millones en intereses por mora, lo que llevaría la obligación total cerca de los USD 350 millones. Él mismo admitió que es una estimación difícil de precisar. El informe del centro de estudios se limita al capital: USD 202,9 millones. Según Griñó, la ley establece que los intereses por mora se pagan en diciembre, y hasta ahora no hay novedades al respecto.
El caso Ueno y el costo de financiar al Estado
La deuda con los contratistas es anterior a la caída de Ueno Bank, cuya resolución declaró el Banco Central el 3 de noviembre. Sin embargo, la crisis bancaria condiciona el margen fiscal del Estado. Una de las constructoras afectadas tiene siete viviendas paradas dentro del programa Che Róga Porã, porque el segundo desembolso de los créditos quedó retenido en la entidad. La Agencia Financiera de Desarrollo informó que los desembolsos pendientes tendrán continuidad.
El efecto más profundo pasa por las cuentas públicas. El 11 de noviembre, Fitch mantuvo la calificación de Paraguay en BB+, pero retiró la perspectiva positiva y la dejó en negativa. La calificadora advirtió que el Gobierno podría verse presionado a compensar a depositantes no asegurados, entre ellos entidades públicas, con unos USD 900 millones en riesgo, el equivalente al 1,5 % del PIB. Además proyecta un déficit fiscal de 3,2 % del PIB en 2026 y de 3,9 % en 2027, frente al 2 % de 2025.
Esto llega en un mal momento. El Presupuesto General de la Nación 2027 prevé colocar bonos por G. 17,4 billones, hasta un 70 % más que en 2026, casi todo en el mercado internacional. Entre el 2 y el 13 de noviembre, el rendimiento del bono a 2050 subió de 6,65 % a 6,90 %, y el de 2044, de 6,57 % a 6,83 %. No todo el alza se explica por el caso Ueno, ya que también influye el contexto financiero global, pero la tendencia encarece el endeudamiento justo cuando más se lo necesita.
Cabe aclarar que el informe de Capaco no vincula la deuda con la crisis bancaria. La conexión es de caja: un Estado que paga más por endeudarse, y que podría tener que cubrir fondos públicos atrapados, dispone de menos margen para cancelar certificados de obra.
Las promesas del Gobierno y la ruta de Itaipú
El nuevo ministro del MOPC, Juan Carlos Baruja, aseguró que el presidente Pedro Alliana dio prioridad absoluta a que las obras públicas no se detengan, y que el Gobierno prioriza salud, educación e infraestructura por su efecto dinamizador. Informó que se reunió con las cámaras Capaco y Cavialpa y que mantiene coordinación permanente con el ministro de Economía, Oscar Lovera, para garantizar los pagos en las más de 200 obras en ejecución. Tras una reunión el 11 de noviembre, el viceministro de Administración y Finanzas, Carlos Yegros Pereira, sostuvo que la gran mayoría de las deudas ya se está cancelando. Baruja prometió además datos oficiales exactos en pocos días, reuniones quincenales con el sector y una auditoría de obras.
El caso de la duplicación de la ruta entre el Aeropuerto y la PY03, en el tramo Luque–Mariano Roque Alonso, ilustra el nudo financiero. Los recursos de esta obra de 6 kilómetros, financiada con fondos de Itaipú y con un 50 % de avance, quedaron retenidos en Ueno. El ministro dijo que trabaja con el director de la binacional para resolverlo y que la empresa continúa trabajando con normalidad mientras tanto. Según Baruja, la obra beneficiará a un millón y medio de paraguayos y este es el único caso conocido de recursos de ese origen atrapados en un banco.
Lo que está en juego para el Presupuesto 2027
Los gremios piden corregir los desequilibrios del proyecto de PGN 2027 y fijar un calendario de pagos claro. Paul Sarubbi, presidente de Cavialpa, advirtió que los casi USD 200 millones pendientes podrían trasladarse al próximo ejercicio, lo que reduciría los recursos de inversión de USD 1.000 millones a USD 800 millones.
La clave será la cifra oficial. Si el relevamiento prometido por el MOPC confirma los USD 202,9 millones, el reclamo del sector ganará peso en el debate parlamentario. Mientras tanto, la discusión deja una pregunta de fondo para la economía paraguaya: cómo sostener la inversión pública y proteger el empleo de la construcción cuando el Estado enfrenta, al mismo tiempo, mayores costos de financiamiento y riesgos fiscales por la crisis bancaria.



