El Ejecutivo confirmó la magnitud del dinero estatal y previsional que quedó en la entidad intervenida. Con más de USD 600 millones en activos sanos identificados, empieza la carrera por proteger a los ahorristas y a los aportantes, mientras se define el Presupuesto 2027.

Una cifra que sacude las finanzas públicas

El monto total de recursos de instituciones del Estado, cajas jubilatorias y otras entidades públicas que estaban depositados en Ueno Bank asciende a USD 926 millones. Lo confirmó el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Rolando de Barros Barreto. La cifra equivale a una parte considerable del ahorro institucional del país y puso en el centro del debate la forma en que se administran los fondos de los trabajadores.

Un relevamiento previo sumaba USD 884,9 millones provenientes de fuentes públicas y previsionales. La diferencia con el dato oficial, de unos USD 41 millones, indica que el universo de instituciones afectadas podría ser más amplio de lo que se había detallado hasta ahora.

De entidad emergente a pieza sistémica

La magnitud del impacto se explica por el tamaño que alcanzó la entidad. Al iniciarse el procedimiento de resolución, el Banco Central del Paraguay (BCP) constató que su índice de solvencia estaba por debajo de la mitad del mínimo exigido. Para entonces, el banco representaba cerca del 9 % del sistema financiero y tenía alrededor de tres millones de clientes, lo que lo convertía en una entidad de carácter sistémico.

Su ascenso fue rápido. Nació de la adquisición de una financiera por parte del Grupo Vázquez, sumó una empresa de servicios tecnológicos con una amplia base de usuarios y terminó absorbiendo a un banco tradicional del sistema. Cada paso amplió su cartera y su capacidad de captación, y una parte importante de ese crecimiento se financió con depósitos de instituciones públicas y de cajas de jubilaciones. Esos recursos le dieron el caudal necesario para sostener su política de beneficios y reintegros, con la que atrajo a millones de clientes.

Quiénes tienen su dinero atrapado

El mayor peso recae sobre el Instituto de Previsión Social (IPS), con cerca de USD 515 millones. De ese total, unos USD 358 millones corresponden al Fondo de Jubilación y alrededor de USD 157 millones a programas institucionales, entre ellos los administrativos, los de salud y los de jubilaciones.

Le sigue la Itaipú Binacional, con unos USD 181 millones. Los demás montos aproximados son:

  • Petropar: USD 46 millones, con una denuncia penal en marcha.
  • Caja Fiscal: USD 40,6 millones.
  • Caja Bancaria: USD 30,2 millones, también con denuncia penal.
  • ANDE: USD 21 millones.
  • Cajubi: USD 16,3 millones.
  • Conatel: USD 11,3 millones.
  • Caja de la Entidad Binacional Yacyretá: USD 10 millones.
  • Caja de la ANDE: USD 7 millones.
  • Senave: USD 6,5 millones.

La concentración en los fondos de retiro es lo que más preocupa. Se trata del ahorro de largo plazo de miles de aportantes. En el caso de la Caja Fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas sostuvo que la situación no afecta su funcionamiento de manera inmediata.

Más de USD 600 millones en activos sanos

La buena noticia es que existe un punto de partida. El Gobierno informó que identificó más de USD 600 millones en activos sanos tras la resolución de la entidad, y De Barros Barreto los calificó como un ahorro importante para iniciar el proceso. El plan es completar el inventario hasta cubrir el 100 % de los activos del exgrupo, convertirlos en liquidez y destinarlos al pago de los ahorristas.

El funcionario evitó dar detalles, pero adelantó que hay tres propuestas legales bajo estudio. El trabajo se coordina con la Procuraduría, la Asesoría Jurídica de la Presidencia, el Ministerio de Industria, que aporta una visión económica, y el Ministerio de Trabajo, con el fin de que todo se ajuste a la normativa vigente.

El Presupuesto 2027 corre en paralelo

La crisis llega en pleno trámite del Presupuesto General de la Nación 2027. Según el jefe de Gabinete, el Ejecutivo analiza institución por institución y prevé un reajuste superior a los USD 600 millones, orientado a salud, infraestructura y educación. La salud pública sería la prioridad del presidente Pedro Alliana.

El reto es doble. El Estado debe asegurar la recuperación de los fondos y, al mismo tiempo, sostener el gasto social sin descuidar el equilibrio fiscal.

El desafío de recuperar la confianza

Desde el Gobierno reconocen que no hay margen de error. Prometen respuestas claras y hechos concretos, con el objetivo de cerrar los 18 meses de gestión devolviendo credibilidad a las instituciones y a la clase política, una tarea que admiten que no será sencilla.

Para la economía paraguaya, lo que está en juego va más allá de la recuperación de los fondos. La velocidad y la transparencia con que se resuelva el caso definirán cuánta confianza conserva el sistema financiero entre ahorristas, aportantes e inversores, y qué lecciones se aplicarán para que los recursos de los trabajadores no vuelvan a concentrarse en una sola entidad.