El Poder Ejecutivo comenzó julio con una nueva tanda de ajustes al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026. Según los decretos publicados por la Presidencia de la República, solo en la primera semana del mes se firmaron más de veinte modificaciones presupuestarias, que en conjunto totalizan alrededor de G. 1,7 billones, equivalentes a unos USD 284,8 millones al tipo de cambio vigente. De ese monto, el 83%, es decir, cerca de G. 1,4 billones (USD 236,1 millones), corresponde a incrementos de fondos para distintas reparticiones del Estado, que serán utilizados para el pago de salarios, viáticos, combustibles y la ejecución de obras públicas, entre otros rubros.
El primer decreto del mes, el 6282, habilitó un refuerzo de G. 14.001,6 millones (USD 2,2 millones) para la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), destinado a servicios no personales, inversión física y transferencias. A este le siguió el Decreto 6288, que dispuso una reprogramación de G. 250.000 millones (USD 40,9 millones) desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacia la compra de reactivos, medicamentos e insumos médicos para la cartera de Salud, sumado a un incremento adicional de G. 311.441,4 millones (USD 51 millones) para el mismo fin.
En el plano energético, los Decretos 6306 y 6307 otorgaron a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) un aumento conjunto de G. 382.422,5 millones (USD 62,6 millones), orientado a la ejecución de obras de construcción.
Educación y ciencia también reciben refuerzos presupuestarios
Presidencia de la República, por su parte, transfirió G. 4.070,7 millones (USD 667.338) al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). De ese total, el 54% se destinará al proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de Conformidad (Detiec), orientado a impulsar la innovación tecnológica, mientras que el resto se canalizará al proyecto de Innovación en Empresas Paraguayas (Proinnova), en el marco de un acuerdo de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El sector educativo también fue alcanzado por las modificaciones. La Universidad Nacional de Asunción recibió, mediante el Decreto 6313, un incremento de G. 4.225 millones, mientras que la Universidad Nacional de Caaguazú obtuvo G. 10 millones a través del Decreto 6317. Ambos montos se destinarán a cubrir gastos de internet, viáticos, pasajes, mantenimiento edilicio, impresiones, consultorías, combustibles y honorarios profesionales.
El Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo sumó G. 3.913,9 millones, según el Decreto 6314, para el Programa de Incentivo Capital Extranjero y el fortalecimiento de la industria audiovisual y cinematográfica. El Instituto Nacional de Educación Superior, en tanto, obtuvo G. 1.073,5 millones a través del Decreto 6319, para reparaciones edilicias, limpieza y vigilancia.
El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) accedió a una reprogramación de G. 750 millones, conforme al Decreto 6321, con el fin de cubrir servicios personales —es decir, salarios—, además de combustibles, viáticos y movilidad.
Reprogramaciones para el IPS docente, obras públicas y niñez
Otro de los puntos relevantes es el Decreto 6323, que estableció una reprogramación de G. 13.566,5 millones dentro del plan de gastos del MEF, destinada al pago del seguro social de los docentes que trabajan en instituciones educativas privadas, en cumplimiento de la Ley 4370/2011, que garantiza a estos trabajadores el acceso a la salud y la jubilación a través del Instituto de Previsión Social (IPS).
A ello se agregan los Decretos 6322 y 6324, que beneficiaron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con G. 25.000 millones y al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia con G. 3.243 millones, respectivamente, orientados a la cobertura de combustibles, bienes de consumo y alimentos.
Otros beneficiarios: BNF, INE, Interior, INTN e industria
El paquete de modificaciones incluyó además unos G. 723.660 millones, equivalentes a aproximadamente USD 118,6 millones, repartidos entre varias instituciones. El Banco Nacional de Fomento (BNF) recibió fondos para la amortización de la deuda pública interna, mientras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) obtuvo recursos para pasajes, viáticos y otros gastos operativos.
También resultaron beneficiados el Ministerio del Interior, para financiar el proyecto “Sumar en tu barrio”; el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), con el objetivo de ampliar su cobertura de servicios; el Ministerio de Industria y Comercio, para contratación de consultorías; y la Gobernación de Paraguarí, destinada al mantenimiento de caminos vecinales.
El contexto: un decreto de austeridad como telón de fondo
Estas modificaciones se dan apenas semanas después de que el Poder Ejecutivo emitiera, a fines de mayo, el Decreto 6120, mediante el cual estableció medidas de “optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público” dentro del marco del PGN 2026. En su momento, desde el Gobierno se explicó que la medida buscaba fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado, priorizar el gasto esencial y reforzar la disciplina en el manejo de los recursos públicos. El nuevo cúmulo de aumentos presupuestarios de julio se produce, entonces, en paralelo a ese discurso de contención fiscal, lo que pone en evidencia la tensión entre las políticas de ajuste anunciadas y la necesidad de reforzar áreas específicas del Estado.
BID y CAF concentran el grueso del financiamiento externo
Al análisis del gasto público se suma la evolución de los préstamos externos financiados por organismos multilaterales, que al 31 de mayo de 2026 alcanzaban un total de USD 5.022.513.764, según cifras del MEF. De ese monto, ya fueron desembolsados USD 2.565,1 millones, lo que representa un avance del 51,07% sobre el financiamiento aprobado, mientras que el saldo pendiente de desembolso asciende a USD 2.457,4 millones. Esta cifra refleja que, si bien existe una cartera amplia de recursos disponibles para inversión pública, persiste el desafío de agilizar la ejecución de los proyectos que ya cuentan con financiamiento comprometido.
La cartera de préstamos multilaterales está fuertemente concentrada en dos organismos: el BID y la CAF. El primero mantiene comprometidos USD 1.988,0 millones, de los cuales ya desembolsó USD 1.016,6 millones, equivalentes al 51,13%, quedando un saldo pendiente de USD 971,4 millones. La CAF, por su parte, financia USD 1.725,6 millones, con desembolsos por USD 1.019,3 millones —un 59,07% de ejecución— y un saldo por desembolsar de USD 706,3 millones. Entre ambas entidades suman cerca de USD 3.713,6 millones, la mayor porción del total de préstamos multilaterales en ejecución.
Un tercer actor relevante es FONPLATA, con USD 619,2 millones financiados y desembolsos por apenas USD 200,3 millones, lo que equivale a una ejecución del 32,35% y un saldo pendiente de USD 418,9 millones, el nivel de avance más bajo entre los principales organismos. Le siguen el BIRF, con USD 535,3 millones financiados y un 49,28% de ejecución; el BEI, con USD 94,0 millones y un avance del 64,64%; y OFID, con USD 60,4 millones comprometidos, pero con un desembolso de apenas 7,26%, el más rezagado de toda la cartera.
El MOPC, el mayor receptor institucional de fondos multilaterales
Desde el punto de vista institucional, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) concentra la mayor parte del financiamiento multilateral en ejecución, con USD 2.962,4 millones distribuidos en más de 20 proyectos. De ese total, ya fueron desembolsados USD 1.466,3 millones, mientras que resta por ejecutar un saldo de USD 1.496,1 millones. Esto equivale al 59% del total financiado por los organismos multilaterales y confirma el peso central que tienen la infraestructura vial, el saneamiento y las obras públicas dentro del endeudamiento externo que actualmente ejecuta el país.
