La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) criticó el borrador del proyecto de ley que presentará el Frente Guasu en el Congreso, que busca regular el precio y las condiciones de los alquileres para viviendas del país, además de agregar nuevos impuestos a los propietarios de inmuebles desocupados.
El asesor legal del gremio, el abogado Miguel Aranda, señaló que lo que se pretende con la normativa es inconstitucional y que busca confiscar propiedades privadas, antes que regular los precios.
“Es un borrador de proyecto inconstitucional. Sabemos que existe un déficit de viviendas en el país y también, obviamente, de acuerdo con la Constitución Nacional el Estado va a garantizar la vivienda digna a todos los paraguayos. Pero, lastimosamente, este proyecto tergiversa totalmente esta disposición constitucional”, resaltó.
Mencionó que, por ejemplo, se establecen impuestos por tener desocupado un inmueble por cierto tiempo y que si el propietario debe impuestos por el mismo por dos años, dan la potestad de expropiar el inmueble. Sobre este punto, cita el artículo 32 del borrador que crea “el impuesto al inmueble urbano ocioso (IIUO), igual al 30% del impuesto inmobiliario multiplicado por cada año en que dicho inmueble se encuentre ocioso, en caso de construcciones deshabitadas; e igual al 60% del impuesto inmobiliario multiplicado por cada año en que dicho inmueble se encuentre ocioso, en caso de baldíos urbanos, en tanto no sean utilizados para una construcción, huerta urbana o de mantenimiento de un ecosistema”.
En cuanto a las intenciones confiscatorias, cita el artículo 23 que alega: “Los municipios adquirirán, mediante expropiación, los inmuebles privados urbanos pertenecientes a su ejido urbano, que no tengan al día el pago de impuestos, abandonados por 2 (dos) años o más. En la expropiación se considerará un crédito a favor del Municipio el impuesto inmobiliario y otros servicios municipales adeudados”.
El profesional resaltó que “esto viola las garantías de la propiedad privada” amparadas por la Constitución y las leyes. “El remedio es peor que la enfermedad de esta forma”.
Por otro lado, criticó las exigencias mínimas de construcción que pretenden obligar al propietario para poder alquilar, que están plasmadas en el artículo 4, donde se establecen dimensiones mínimas para viviendas antiguas y nuevas, servicios básicos, equipamientos, entre otros. Vale señalar que el borrador del proyecto de ley establece que los alquileres cuenten entre 548.000 (25% del salario mínimo) hasta 1.315.000 (60% del salario mínimo), dependiendo de la superficie y la cantidad de ambientes.
ÚH
