El Senado resolvió rechazar la ampliación del Fondo de Garantías para las Mipymes (FOGAPY), que implicaba la adquisición de nuevos créditos por parte del Ejecutivo.
La Cámara Alta ratificó su proyecto de ley que modifica artículos de la Ley que crea el FOGAPY, dejando sin efecto la versión de la Cámara Baja, que contaba con el respaldo del Poder Ejecutivo, y contemplaba el emprésitito de USD 276 millones del Fondo Monetario Internacional y otra de USD 600 millones con el Fonplata para el FOGAPY.
Así también, el Senado confirmó su decisión de aumentar del 70% al 90% la garantía estatal para que los bancos puedan conceder préstamos a las mipymes.
La votación fue de 24 a 19 contra los colorados, algunos liberales, Patria Querida y del PDP que votaron por la versión de Diputados.
Durante el debate, el senador Silvio Ovelar presentó el informe del Banco Central del Paraguay (BCP), sobre las medidas económicas que están ejecutando en el marco de la pandemia del Covid-19, en la que se especifica que se requieran garantías suficientes para el FOGAPY.
No obstante, el senador Amado Florentín denunció con números oficiales del Gobierno la baja ejecución de los USD 100 millones que ya fueron otorgados al FOGAPY así como los USD 100 millones para el fideicomiso.
Refirió que este monto, multiplicado por cinco, da la capacidad de otorgar garantía por USD 565 millones, pero hasta la semana pasada solo se ejecutó un 23,7%, mientras que en el caso de la fiducia, de los USD 100.000 disponibles solo se tuvo un 14% de ejecución.
Florentín aclaró que no “está en contra de las mipymes”, sino más bien en contra de endeudar sin que se llegue a los necesitados.
Por su parte, Jorge Querey advirtió que el Ejecutivo no tiene en cuenta que hay 844.000 mipymes, pero solamente 236.000 están formalizadas y son estas las únicas que pueden acceder a los créditos de auxilio.
Durante el debate, se profirieron críticas a los bancos, financieras y cooperativas, a las cuales calificaron de “inmorales” por no otorgar los créditos a las mipymes.
Esta Ley sancionada queda ahora en manos del Ejecutivo, quien deberá promulgarla o vetarla.
