El Vaticano dispuso en la fecha una normativa de compras centradas en la «transparencia, centralización y competencia», lo que implicará que la Santa Sede dejará de comprar a empresas y personas que residan en paraísos fiscales.
Según la agencia Télam de Argentina, el decreto del Papa Francisco busca “permitir una gestión más eficaz de los recursos”, por lo cual el Vicario de Cristo, emitió un conjunto de reglas destinadas a promover la transparencia, el control y la competencia en adjudicación de contratos públicos celebrados en nombre de la Santa Sede y la Ciudad de Vaticano.
La legislación refiere que serán excluidos de las compras los proveedores «residentes o establecidos en Estados o territorios con regímenes fiscales preferenciales según lo dispuesto por las instituciones internacionales, de acuerdo a lo definido por la secretaría para la Economía, o si tienen participación directa o indirecta de sujetos residentes o establecido en los Estados o territorios antes mencionados».
Esta legislación se basa en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y sustituye y reemplaza a todas las normas sobre la materia vigentes en modo disperso entre la Administración Patrimonial de la Sede Apostólica (APSA) y la Gobernación del Vaticano, y será válida para todos los entes de la Santa Sede.
El fin de la nueva norma es el uso sostenible de los fondos internos, así como la transparencia de los procesos de adjudicación, según plantea el artículo 1.
El artículo 5 de la nueva ley plantea la búsqueda de la «eticidad en el orientamiento de las elecciones económicas y de los interlocutores sobre parámetros de respeto de la Doctrina Social de la Iglesia».
El decreto también puntualiza la importancia de evitar «conflictos de intereses», para lo que se adoptarán medidas para «evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la paridad de tratamiento a todos los operadores económicos» oferentes de bienes y servicios a la Santa Sede.
Además de por la residencia en paraísos fiscales, el elenco de prestadores de la Santa Sede excluirá a los operadores que en el momento estén siendo investigados o tengan condenas de primer grado por participación en organizaciones criminales, corrupción, fraude o delitos terroristas, por lavado o por explotación de menores.
Habrá, además, una lista de precios de referencia para los bienes y servicios que el Vaticano busque contratar. Las compras, que buscarán ser planificadas hasta el 31 de octubre de cada año, serán supervisadas por un cuerpo de peritos formado por empleados del Vaticano.
