El proceso de resolución de ueno bank, iniciado el pasado martes 3 de noviembre, tuvo este jueves su primer dato alentador. El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) informó que la revisión preliminar de la cartera identificó cerca de USD 600 millones en activos considerados sanos. Según explicó, esa suma ya supera el monto que la entidad intervenida adeuda a los entes previsionales.
La información surge de una evaluación que se hace “cartera por cartera, cliente por cliente”, con el acompañamiento de auditores externos. Se trata de un resultado provisorio, pero relevante en un momento en que el sistema financiero local busca recuperar la calma.
Los fondos jubilatorios, primeros en la fila de cobro
La ley otorga un privilegio especial a los recursos previsionales, y el BCP anunció que respetará ese orden de prelación. Entre los acreedores se encuentran el Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja Bancaria, la Caja de Itaipú y la Caja Fiscal.
En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el titular de la banca matriz señaló que los depósitos e inversiones del IPS en la entidad ascienden a USD 516 millones. Otros desgloses manejados en el mercado hablan de unos USD 355 millones de fondos jubilatorios y alrededor de USD 200 millones del fondo de salud, por lo que la cifra definitiva dependerá de la conciliación contable. El mandato del Ejecutivo, según dijo, es que ningún jubilado ni potencial jubilado salga perjudicado.
Qué activos respaldan la operación
Los USD 600 millones no se limitan a créditos. La composición incluye bonos, letras de regulación monetaria, carteras de clientes de categoría uno y dos, además de bienes inmuebles a nombre de la entidad, entre ellos su edificio ubicado en una zona de alto valor.
El presidente del BCP fue enfático en que no habrá remates apresurados: no se trata de malvender patrimonio para pagar deudas, sino de ofrecer a los bancos de plaza paquetes definidos de activos junto con los depositantes que los acompañan.
Balance de exclusión y licitación en un plazo de 10 días
El siguiente paso es la elaboración de un balance de exclusión, que definirá con precisión qué activos y pasivos pasarán a otras entidades. Las autoridades estiman que en unos 10 días habrá un panorama mucho más claro. Una vez concluido, se licitarán los paquetes, y el plazo total para concretar las transferencias rondaría los 15 días.
El mecanismo prevé que, si el pasivo supera al activo sano en una diferencia razonable, de entre USD 50 y 100 millones, esa brecha pueda ser cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Solo después de la transferencia se sabrá qué quedará como valor residual y qué irá a liquidación o quiebra.
Por qué la transferencia será en lotes
Ueno representa entre el 8% y el 9% del sistema bancario nacional, un tamaño que ningún banco local podría absorber sin tensiones patrimoniales. En las resoluciones anteriores de Ara y Cefisa, entidades de menor porte, un solo banco pudo hacerse cargo de la cartera. Ese esquema no es replicable ahora.
Por eso, el BCP optará por fraccionar la operación y distribuirla entre la mayor cantidad posible de entidades. La autoridad monetaria rechazó la idea de que una sola institución concentre la cartera y se convierta en un “megabanco”, al sostener que un sistema diversificado es más sano para la economía.
El rol del Fondo de Garantía y los ahorristas con montos mayores
El FGD ya desembolsó USD 644 millones a 1,8 millones de afectados en la primera semana, dentro del tope de G. 228.300.000 por depositante. Quienes mantenían depósitos por encima de ese límite todavía esperan.
Si los activos sanos superan lo adeudado a los entes previsionales, como estima el BCP, el excedente se destinaría a reponer fondos a esos ahorristas. El FGD, por su parte, se subroga en los derechos de los depositantes que ya cobró y no tiene orden de prelación, dado que el privilegio corresponde a los previsionales.
Cambios en la Superintendencia y un sistema que busca credibilidad
En paralelo, la detención del superintendente de Bancos en el marco de la investigación por el presunto vaciamiento de la entidad golpeó la confianza en el órgano supervisor. El directorio del BCP anunció que designará un interino y elevará una terna al Poder Ejecutivo para nombrar al titular definitivo. Además, solicitó a la Contraloría una revisión de la gestión de la Superintendencia y de su área jurídica.
Las autoridades distinguen entre proteger a los depositantes y deslindar responsabilidades personales: el BCP busca reducir el número de perjudicados, y la Justicia determinará quiénes tomaron las decisiones que derivaron en la crisis.
Lo que viene para la economía
La crisis tiene costos más allá de los depositantes. Una agencia internacional de riesgo retiró la perspectiva positiva de la calificación soberana y la puso en observación negativa, por los riesgos fiscales y financieros del colapso. El Gobierno y la Asociación de Bancos del Paraguay ya trabajan en medidas de apoyo a empresas afectadas, y el BCP dispuso la exoneración de intereses por mora a clientes de ueno hasta fin de noviembre.
Los próximos diez días serán decisivos. Si el balance de exclusión confirma los números preliminares y la licitación avanza sin sobresaltos, el país podría cerrar el capítulo más delicado de esta crisis sin comprometer los ahorros jubilatorios, y con un sistema financiero más diversificado.
