Brasil elige presidente este domingo 4 de octubre. La mayor economía de América Latina llega a las urnas con un escándalo bancario en el centro del debate, considerado el mayor fraude financiero de su historia. La quiebra del Banco Master dejó la mayor pérdida del fondo de garantía de depósitos desde su creación, expuso las relaciones entre el poder financiero, político y judicial, y obligó al regulador a endurecer las reglas del sistema.
Una elección reñida y condicionada por los escándalos
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, busca un cuarto mandato frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Las encuestas los muestran en un empate técnico. Si ninguno supera el 50 % de los votos válidos, habrá segunda vuelta el 25 de octubre, según el calendario del Tribunal Superior Electoral.
La imagen de ambos está golpeada. Una medición de Quaest divulgada el 16 de septiembre indica que el 49 % de los consultados considera deshonesto a Lula y el 42 % a su rival. Brasil ocupa el puesto 107 entre 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, con 35 puntos sobre 100, su segunda peor nota histórica. Los temas de salud, educación y seguridad han quedado relegados, y la contienda se parece más a un cruce de rechazos que a una disputa de programas económicos.
De banco emergente a epicentro del fraude
Daniel Vorcaro adquirió en 2019 el Banco Máxima, luego de que el Banco Central rechazara inicialmente su solicitud por dudas sobre su capacidad financiera. En 2021 lo rebautizó como Banco Master. Su expansión se apoyó en la compra agresiva de activos, inversiones en empresas en dificultades y títulos de renta fija con rendimientos muy superiores a los del mercado, de hasta 21 % anual en 2025 frente a cerca de 15 % en algunos de los mayores bancos del país.
Sin red minorista propia, el banco colocó sus productos a través de plataformas de inversión y los promocionó con el respaldo del Fondo Garantizador de Créditos (FGC). Hacia junio de 2024, cerca del 65 % de su financiamiento provenía de depósitos de personas físicas. Entre 2019 y marzo de 2025, su balance se multiplicó por 24 y alcanzó casi 87.000 millones de reales.
Ese crecimiento fue posible, según las sospechas de los investigadores, gracias a una amplia red de favores a legisladores de varios partidos, funcionarios del Banco Central y magistrados de la Corte Suprema, que incluían dinero, viajes y obsequios. La Fiscalía sostiene además que el banco impulsó una ampliación de la cobertura del FGC, de 250.000 a un millón de reales por inversor, en una propuesta conocida como «enmienda Master». Las autoridades afirman también que buena parte de los activos declarados estaba sobrevalorada y que se usaron fondos de inversión para inflar las carteras.
La caída y el costo para el sistema financiero
El deterioro fue gradual. El Banco Central pidió correcciones contables desde 2021, y bancos de gran tamaño y el propio FGC alertaron al regulador sobre los riesgos de la entidad. Un cambio normativo en diciembre de 2023, que obligó al banco a ampliar su tenencia de bonos del Tesoro, agravó su situación.
Vorcaro intentó varias salidas. Una venta a BTG Pactual no se concretó. Vendió carteras por unos 22.000 millones de reales al Banco de Brasilia (BRB), entidad controlada por el gobierno del Distrito Federal, aunque las autoridades afirman que parte de esos préstamos era ficticia. El Banco Central rechazó la compra del Master por el BRB en septiembre de 2025, y la entidad fue liquidada en noviembre. Vorcaro fue detenido la noche previa, cuando intentaba abordar un jet privado rumbo a Dubái.
La liquidación causó una pérdida de unos 52.000 millones de reales al FGC, la mayor desde su creación en 1995. Otras estimaciones sobre el fraude la ubican en 47.000 millones. Las entidades financieras debieron reponer los recursos del fondo y el Banco Central les concedió ciertas medidas de alivio. El BRB aún intenta cubrir un agujero de 8.800 millones de reales. Fondos de pensiones de funcionarios de varios estados y municipios habían invertido más de 3.000 millones de reales en bonos del Master, y empresas como Oncoclínicas registraron pérdidas.
Flávio Bolsonaro y la financiación de «Dark Horse»
En teoría, el candidato opositor es el más vulnerable. Está bajo investigación del Supremo Tribunal Federal por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, por el financiamiento de Dark Horse, una película sobre su padre. Un informe de la Policía Federal lo describe como interlocutor directo del banquero en esas gestiones. Los montos varían según los reportes: se habla de unos 12 millones de dólares solicitados, de entre 10,6 y 13,2 millones efectivamente pagados y de un compromiso total de hasta 24 millones.
Mensajes hallados en el teléfono de Vorcaro muestran al senador tratándolo de «hermano» y recordándole pagos atrasados. Bolsonaro admite haber pedido un patrocinio, que califica de dinero privado, pero niega haber ofrecido ventajas a cambio. Pidió que la investigación se haga pública antes de los comicios y acusa al Partido de los Trabajadores de usar la información del teléfono del banquero para atacar su campaña.
El flanco oficialista: el caso Moraes y el entorno de Lula
El Gobierno tampoco sale indemne. Lula ha reconocido que se reunió con Vorcaro en el palacio presidencial, aunque sostiene que solo defendió la actuación del Banco Central frente a los reclamos del banquero. El mayor desgaste proviene de la cercanía entre Vorcaro y el magistrado Alexandre de Moraes, aliado del presidente y figura clave en la condena de 27 años contra Jair Bolsonaro.
Un informe de la Policía Federal recoge mensajes en los que el banquero habría pedido a Moraes información sobre operativos policiales en curso y consejo sobre si debía abandonar el país. También detalla un contrato de unos 130 millones de reales entre el Master y el estudio jurídico de la esposa del juez. El estudio sostiene que fueron servicios legales, y tanto Moraes como su esposa niegan irregularidades.
A esto se suma la investigación contra Fábio Luis da Silva, hijo de Lula, por presunto tráfico de influencias vinculado a cabilderos cercanos al Gobierno. El mandatario ha dicho que su hijo deberá responder si se comprueba alguna irregularidad. Los investigadores analizan además los vínculos del negocio de crédito con descuento en planilla del Master con políticos del PT, algo que los implicados niegan. Lula, por su parte, se atribuye el mérito político del encarcelamiento de Vorcaro, aunque las pesquisas las conduce de forma autónoma la Policía Federal bajo supervisión del Supremo.
Una crisis que alcanzó al máximo tribunal
El expediente pasó por varias manos. El magistrado Dias Toffoli se apartó en febrero por el escrutinio sobre sus propios vínculos con Vorcaro, y la relatoría quedó en André Mendonça, quien levantó parte del secreto de sumario. Moraes lo acusa de abuso de autoridad, mientras Mendonça admite un único encuentro con el banquero. El presidente del tribunal, Edson Fachin, ordenó explicaciones por escrito y pidió levantar el secreto de las investigaciones. Vorcaro, hoy en prisión preventiva, busca un acuerdo con la fiscalía.
Reformas regulatorias y lectura para los mercados
El Banco Central ya modificó las reglas del FGC. Los bancos con activos de mayor riesgo deberán aportar más al fondo, y las entidades tendrán que reforzar su tenencia de bonos públicos si un indicador clave de calidad y diversificación de activos cae bajo cierto umbral. Las exigencias de liquidez, antes reservadas a los grandes bancos, se extienden a los más pequeños, y el sector discute medidas para desincentivar productos con rendimientos poco sostenibles.
Para inversores y analistas, el desafío es doble: la solidez regulatoria posterior a la crisis y la incertidumbre política. Quien gane heredará una agenda de transparencia judicial, recuperación de la confianza institucional y mayor supervisión bancaria. Con una segunda vuelta probable, el resultado dependerá de estados clave como São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, y de cuánto pese el escándalo en el voto de los indecisos.
