La Administración de Donald Trump presentó un nuevo intento para imponer una tarifa extraordinaria a las visas H-1B, el programa que permite a empresas estadounidenses contratar a profesionales extranjeros altamente calificados. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó este lunes en el Registro Federal una propuesta para fijar de manera permanente un pago de 103.265 dólares al momento de solicitar este tipo de visado, una cifra que se sumaría a las tarifas ya vigentes y que representa un salto radical frente a los montos históricos, que oscilaban entre 2.000 y 5.000 dólares.
La medida llega apenas dos meses después de que un tribunal federal bloqueara un plan similar. En junio, el juez Leo Sorokin, de Massachusetts, determinó que el cobro de 100.000 dólares impuesto por Trump en septiembre de 2024 constituía en realidad un impuesto disfrazado de “pago regulatorio”, y por tanto excedía las facultades del Ejecutivo. El Gobierno apeló esa decisión y solicitó suspender el fallo mientras se resuelve el caso de fondo, pero una corte de apelaciones se negó a concederlo. En paralelo, otro tribunal analiza si el fallo original desestimó correctamente una impugnación adicional presentada por una asociación empresarial.
Un programa clave para la tecnología, la educación y la investigación
El programa de visas H-1B, creado por el Congreso, otorga anualmente 65.000 visas para profesionales extranjeros y 20.000 adicionales para quienes poseen un título de maestría obtenido en universidades estadounidenses, con una vigencia de entre tres y seis años. Estas visas resultan esenciales para sectores como la tecnología, la educación y la investigación científica, que dependen de talento internacional especializado para cubrir puestos de difícil reemplazo en el mercado laboral local.
Según el DHS, la nueva tarifa busca “recuperar una porción de los costos totales” de administrar el sistema migratorio legal, incluyendo los gastos operativos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), la Patrulla Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en línea con lo previsto por la sección 286(m) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La propuesta exime del pago a empleadores no sujetos a la cuota anual, como las organizaciones de investigación sin fines de lucro.
Los estados demandantes, gobernados por el Partido Demócrata, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y una coalición de sindicatos y empleadores advirtieron que una tarifa de esta magnitud dificultaría la contratación de docentes para escuelas primarias, secundarias y universidades, lo que agravaría la escasez de maestros. También señalaron un posible impacto en el sector salud, al limitar la capacidad de contratar personal médico calificado y elevar los costos de los programas estatales de seguro médico.
La justificación oficial choca con el argumento judicial previo
El presidente Trump ha defendido reiteradamente que el programa H-1B ha sido “explotado deliberadamente para reemplazar, en lugar de complementar”, a la mano de obra estadounidense especializada. Sin embargo, el juez Sorokin fue tajante al rechazar los argumentos del Gobierno en su fallo de junio: calificó de “mero ipse dixit” la defensa oficial de que el cobro no era un impuesto, y subrayó que “lo que importa es la sustancia y aplicación del pago, no su designación”. Con la nueva propuesta, la Administración intenta blindar jurídicamente la medida apelando a un marco normativo distinto, aunque el resultado final del litigio en curso podría condicionar su implementación efectiva antes de que expire, en septiembre, el aumento temporal decretado el año pasado.
Washington prepara la mayor revocación de visas de la historia del país
De manera paralela al frente de las H-1B, el Departamento de Estado se prepara para anunciar en las próximas semanas la revocación de las visas de turismo y negocios —conocidas como B1 y B2— de hasta 200.000 extranjeros que han solicitado o están en proceso de solicitar asilo en Estados Unidos, según estimaciones de la agencia The Associated Press basadas en documentos internos. De concretarse, se trataría de la revocación de visados más numerosa en la historia del país.
La medida, coordinada entre el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, afectaría a visas emitidas entre 2016 y 2026. El portavoz Tommy Pigott confirmó la iniciativa, aunque evitó corroborar la cifra exacta: “Estamos colaborando con el DHS para identificar y revocar los visados de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, declaró. Según explicó, el número de revocaciones “se mantiene dinámico” y se ejecutará de forma gradual.
Reclasificación, no deportación inmediata
Funcionarios consultados bajo condición de anonimato, dado que la medida aún no es definitiva, señalaron que las revocaciones no implicarían una expulsión inmediata del país. La mayoría de los solicitantes de asilo con casos pendientes serían reclasificados, aunque perderían su condición de viajeros por motivos de turismo o negocios. Los formularios actuales para obtener una visa B1 o B2 exigen a los solicitantes declarar que no pedirán asilo en Estados Unidos y demostrar su intención de regresar a su país de origen, un requisito que la Administración considera incumplido por quienes luego inician ese trámite.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, respaldó la medida en redes sociales, donde afirmó que “la gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo falsas” y sostuvo que “el asilo no debería ser una laguna jurídica para eludir la ley de inmigración”.
Parte de una estrategia migratoria más amplia
Esta ofensiva se inscribe en un plan más extenso del Gobierno para restringir el sistema migratorio legal e irregular. En los últimos 18 meses, el Departamento de Estado ha revocado cerca de 175.000 visados a personas condenadas o acusadas de delitos —desde conducir bajo los efectos del alcohol hasta violación y robo— así como a quienes se han manifestado públicamente en contra de políticas estadounidenses, particularmente en relación con Oriente Medio. A ello se suman requisitos más estrictos para los solicitantes de visado, como el acceso a sus redes sociales, tarifas elevadas para iniciar los trámites y la prohibición directa de visados a ciudadanos de determinados países.
Tanto la tarifa de las H-1B como la revocación masiva de visas B1 y B2 se anticipan como medidas que enfrentarán impugnaciones legales inmediatas una vez formalizadas, en un contexto donde los tribunales ya han mostrado disposición a frenar iniciativas similares del Ejecutivo por considerarlas un exceso de las facultades administrativas del Gobierno federal.
