El cierre de dos íconos empresariales revela el impacto de la caída del consumo, el peso de la deuda y el achicamiento del Estado sobre sectores productivos históricos del país
La Argentina asiste al desenlace de dos de sus historias empresariales más emblemáticas. En el mismo mes en que la Justicia comercial selló el destino de Garbarino, la cadena de electrodomésticos fundada en 1951 que llegó a contar con más de 200 sucursales y 4.500 empleados, la cooperativa láctea SanCor —creada en 1938 y durante décadas símbolo del federalismo productivo argentino— presentó su propio pedido de quiebra ante la Justicia santafesina, reconociendo una deuda de 120 millones de dólares y ocho meses de salarios impagos. Lejos de ser episodios aislados, ambos cierres reflejan una dinámica más profunda: la contracción del mercado interno, la presión financiera sobre empresas con alto endeudamiento y las tensiones de un modelo económico que apuesta a la estabilización macroeconómica a costa de sacrificar demanda interna y capacidad productiva.
El ocaso de Garbarino: de líder del retail a liquidación judicial
El Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, decretó la quiebra de Garbarino en marzo de 2026, dando inicio a la fase final de un proceso de desintegración que se extendió por al menos cinco años. La resolución judicial ordenó el cierre de los últimos tres locales que permanecían operativos en la Ciudad de Buenos Aires: el situado en avenida Cabildo, en el barrio de Belgrano; el de calle Uruguay, frente a Tribunales; y el outlet de Almagro. Con estas clausuras, la otrora cadena líder en electrónica y electrodomésticos del país perdió toda presencia comercial física.
La sindicatura avanza con la liquidación del patrimonio remanente. El inventario alcanza las 1.597 unidades, muchas clasificadas como mercadería obsoleta o deteriorada. A eso se suma el depósito de Garín y las plantas industriales Tecnosur y Digital Fueguina, radicadas en Tierra del Fuego, paralizadas desde hace años y que no lograron venderse en instancias previas. Los acreedores tienen plazo hasta el 24 de junio para presentar sus planteos en el marco de la determinación final del pasivo, proceso que involucra a entidades bancarias, proveedores comerciales y exempleados. El estado de deterioro era elocuente antes del cierre definitivo: en enero de 2026, la empresa registró ventas por apenas 1,7 millones de pesos.
La marca, el único activo que sobrevive
En medio de la disolución total, el intangible más valioso es la marca Garbarino. La sindicatura solicitó la apertura de un proceso específico para preservarla y eventualmente transferirla a un tercero. Fundada por los hermanos Daniel y Omar Garbarino, la empresa fue adquirida en 2020 por el empresario Carlos Rosales en un intento de reestructuración que no prosperó. Los sucesivos fracasos en las negociaciones con inversores derivaron en el proceso de salvataje conocido como cramdown, que tampoco atrajo ofertas concretas: la única firma interesada, Vlinder, no presentó una propuesta formal. Al momento de la quiebra, la empresa que supo emplear a 4.500 personas contaba con apenas una veintena de trabajadores.
SanCor: el colapso anunciado de una cooperativa histórica
Si la caída de Garbarino sacudió al sector del retail, la quiebra de SanCor golpea en un lugar aún más sensible de la economía argentina: la producción de alimentos de consumo masivo y el modelo cooperativo que articuló durante décadas a miles de tamberos del centro del país. La solicitud de quiebra fue presentada ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, en Santa Fe. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) fue quien comunicó públicamente la decisión, señalando el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la cooperativa.
La deuda reconocida asciende a 120 millones de dólares. A eso se suma una deuda adicional cercana a los 6.349 millones de pesos, con incumplimientos especialmente severos frente al Estado: la empresa adeuda a ARCA unos 23.607 millones de pesos en capital, más otros 25.235 millones en intereses y honorarios. Cerca del 71% de los 2.702 acreedores registrados —aproximadamente 1.063— corresponde a acreedores laborales. El sindicato denunció que la empresa les debe ocho meses de sueldos más aguinaldos, sosteniéndose los trabajadores con el fondo solidario del gremio.
Las cifras del declive resultan elocuentes: en 2017, SanCor empleaba a 4.000 personas y procesaba 4 millones de litros diarios de leche. Hoy esa cifra se redujo a 500.000 litros diarios. En enero de 2025, la empresa había despedido a 300 trabajadores en sus plantas de Córdoba y Santa Fe —Gálvez, Sunchales, La Carlota y Balnearia— por causas calificadas como «fuerza mayor». La quiebra también alcanza a Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa que producía yogures, flanes y postres bajo la marca Sancor, declarada en quiebra luego del fracaso de su concurso preventivo iniciado en abril de 2024, donde no se presentaron interesados.
Un sector lácteo en crisis sistémica
La caída de SanCor no es un accidente empresarial ni el resultado exclusivo de decisiones gerenciales equivocadas. Es, en buena medida, el producto de una crisis sistémica que afecta a toda la cadena láctea argentina. El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) registró una caída del 5% en el volumen comercializado de productos lácteos, equivalente a una reducción del 5,3% en litros de leche. Solo en el primer bimestre de 2026, la demanda cayó casi 5%, con una caída en litros superior al 6%. La facturación del sector retrocedió un 9,1% en pesos y casi un 11,5% en dólares en términos interanuales durante febrero. El precio recibido por los productores cayó alrededor del 19% en pesos constantes y cerca del 21% en dólares. En el último año, el número de tambos operativos en el país se redujo un 2,5%, lo que implica el cierre de unos 234 establecimientos desde inicios de 2025.
El OCLA advirtió además que el deterioro de los ingresos reales de la población favorece la proliferación de ventas informales que ninguna estadística puede registrar, sugiriendo que la caída real del consumo podría ser incluso mayor a la que capturan los datos oficiales. Analistas del sector como Marcos Snyder señalan que la escasa evolución del precio de la leche en góndola complica estructuralmente a las compañías, que deben absorber el encarecimiento de la mano de obra y otros costos productivos sin poder trasladarlos al precio final.
La Serenísima tampoco escapa al deterioro
El cuadro no se limita a SanCor. La Serenísima, principal empresa láctea del país, acumula pérdidas cercanas a los 100.000 millones de pesos. En su balance al 31 de diciembre de 2024, las pérdidas alcanzaron los 50.761 millones de pesos, cifra que se redujo levemente a 44.994 millones en 2025. La última vez que la empresa registró ganancias fue en 2023, con un resultado positivo de 57.172 millones de pesos. Las pérdidas actuales responden principalmente al peso de su deuda en dólares: cerca del 90% de su deuda financiera está denominada en esa moneda —mayormente a través de Obligaciones Negociables—, lo que implica que cada movimiento del tipo de cambio golpea directamente sus balances, en un contexto de tasas volátiles que encarece la refinanciación de sus pasivos.
El modelo económico y su costo sobre la producción nacional
El gobierno de Milei ha apostado por una estrategia de ajuste fiscal agresivo, desregulación y apertura económica con el objetivo declarado de eliminar la inflación y restablecer el equilibrio macroeconómico. Los resultados en ese frente han sido parcialmente positivos. Pero el costo en términos de actividad económica, consumo y empleo industrial es cada vez más visible.
La caída del salario real, el recorte del gasto público y la eliminación de subsidios han comprimido la demanda interna de manera sostenida. Sectores que dependen del consumo masivo son especialmente vulnerables a esa dinámica. No es casual que empresas con décadas de trayectoria, que sobrevivieron múltiples crisis económicas argentinas, hayan encontrado en este período el punto de quiebre definitivo.
La lectura oficial señalaría que estas quiebras son el resultado de años de mala gestión, deuda acumulada y estructuras ineficientes que el mercado naturalmente depura. Esa lectura no carece de sustento: tanto Garbarino como SanCor arrastraban problemas financieros graves desde antes de la llegada de Milei al poder. Pero sería igualmente incompleta ignorar que la caída del consumo registrada en el primer bimestre de 2026 no es consecuencia de decisiones empresariales sino de políticas públicas que priorizan el equilibrio fiscal por encima de la capacidad adquisitiva de la población.
El cierre de Garbarino y SanCor no son, por tanto, simples capítulos del riesgo empresarial. Son indicadores de una transformación estructural del modelo económico argentino cuyas consecuencias sobre el empleo, el consumo y el tejido productivo del interior del país recién comienzan a hacerse plenamente visibles.
