Administración justifica medidas por falta de viabilidad económica y rendimiento para los contribuyentes
La administración Trump ha iniciado una revisión exhaustiva de la política energética estadounidense con la cancelación de aproximadamente $3.700 millones en ayudas gubernamentales destinadas a proyectos de energía limpia. El Departamento de Energía argumentó que estas iniciativas «no contribuían a satisfacer las necesidades energéticas de los estadounidenses, no eran económicamente viables y no generarían un rendimiento positivo de la inversión de los contribuyentes».
La decisión afecta a 24 proyectos, de los cuales 16 fueron adjudicados durante la administración Biden en el período comprendido entre el día de las elecciones y la toma de posesión presidencial del 20 de enero. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia que incluye la auditoría de más de $15.000 millones en subvenciones otorgadas previamente y la propuesta de cierre de la oficina de energía limpia, dotada con $27.000 millones.
Grandes corporaciones pierden millonarias subvenciones energéticas
Entre las cancelaciones más significativas destacan los $331 millones destinados a Exxon Mobil Corp. para un proyecto de hidrógeno en su refinería de Baytown, Texas, y los $500 millones asignados a Heidelberg Materials AG para una iniciativa de cemento con bajas emisiones de carbono. Kraft Heinz Co. perdió $170 millones destinados a diversas iniciativas de energía limpia.
El sector de captura de carbono resultó especialmente afectado, con la eliminación de $270 millones para una filial de Calpine Corp. en las instalaciones de Exxon en Baytown, y otros $270 millones para Sutter CCUS cerca de Yuba City, California. Eastman Chemical Co. vio cancelados $375 millones para un proyecto de reciclaje molecular en Longview, Texas.
Según el plan interno de la administración, se eliminarían miles de millones en fondos para centros de hidrógeno y iniciativas de captura directa de aire, incluyendo el proyecto de Occidental Petroleum Corp., seleccionado previamente para recibir hasta $1.200 millones.
Congreso aprueba eliminación masiva de créditos fiscales renovables
La Cámara de Representantes ha aprobado un paquete fiscal que supone un golpe devastador al ecosistema de energías renovables estadounidense. La propuesta elimina de forma abrupta los créditos fiscales que han sostenido por décadas a las industrias solar, eólica y de vehículos eléctricos.
Un estudio de Princeton advierte que esta medida pone en riesgo más de $500.000 millones en iniciativas de manufactura ya anunciadas bajo la Ley de Reducción de la Inflación. El sector de paneles solares residenciales enfrenta la desaparición inmediata del crédito del 30%, mientras que en vehículos eléctricos se eliminará el crédito de $7.500 por unidad, acompañado de nuevos cargos anuales de $250.
Impacto inmediato en el mercado bursátil y empresarial
Las consecuencias financieras fueron inmediatas en los mercados. Empresas como SunRun sufrieron caídas superiores al 37%, mientras que Sunnova advirtió que incluso su continuidad operativa podría estar en duda. NextEra Energy fue degradada por analistas ante un panorama «cada vez más difícil» para proyectos que no inicien en los próximos 60 días.
Tesla, aunque podría resistir mejor por su base de clientes establecida, también experimentaría efectos negativos. Heather Cooper, abogada especializada en proyectos de energía limpia, reportó que sus clientes están «estupefactos» por la magnitud de los recortes, mientras que fabricantes de paneles solares recibieron «cien llamadas» en un solo día por la carrera contrarreloj para iniciar obras antes del corte fiscal.
Sectores que mantienen apoyo gubernamental limitado
En contraste con los recortes generalizados, algunos segmentos emergieron con menor daño. El bioetanol y otros biocombustibles conservaron sus créditos gracias al respaldo del sector agrícola en estados del Medio Oeste, aunque su rentabilidad sigue cuestionada por la baja demanda y la caída en precios de combustibles fósiles.
La energía nuclear logró mantener la mayoría de sus créditos, representando alivio para empresas como Constellation Energy, aunque un crédito clave se eliminará un año antes de lo previsto. Paralelamente, se extendieron los incentivos para la captura de carbono, tecnología respaldada por gigantes como Exxon Mobil y Occidental, a pesar de que el mercado para estas soluciones sigue siendo reducido.
Propuesta presupuestaria 2026: recortes del 23% en gasto no defensivo
La Casa Blanca presentó un presupuesto preliminar para 2026 que propone reducir el gasto discrecional no relacionado con defensa en $163.000 millones, equivalente a una disminución del 23% respecto al nivel actual. Esta reducción llevaría dicho gasto a su nivel más bajo en ocho años.
El presupuesto incluye un recorte agresivo de $22.500 millones a la financiación de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo de 2021, además de numerosas oficinas y programas de energía limpia. El secretario de Energía, Chris Wright, justificó las medidas afirmando que «la administración Trump está haciendo todo lo posible para garantizar que se utilice el dinero de los contribuyentes para reforzar nuestra seguridad nacional, impulsar fuentes de energía asequibles y fiables».
Agencias ambientales enfrentan recortes históricos
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) sufriría una reducción del 54,5%, disminuyendo su financiación de $9.100 millones actuales a $4.200 millones. El Superfondo, la Oficina de Investigación y Desarrollo, los fondos rotatorios estatales para agua limpia y potable, y las iniciativas de justicia ambiental se verían significativamente reducidos o eliminados.
El Departamento del Interior experimentaría una disminución del 30,5%, de $16.800 millones a $11.700 millones, con reducciones dirigidas a la Oficina de Reclamación, el Servicio de Parques Nacionales y la Oficina de Asuntos Indígenas. Solo el Servicio de Parques Nacionales perdería $900 millones, incluyendo la operación de sitios que técnicamente no son «parques nacionales».
Departamento de Energía: recortes focalizados en programas no nucleares
El Departamento de Energía enfrentaría una reducción del 9,4%, equivalente a $4.700 millones, con los programas de defensa no nuclear como los más afectados. La Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables vería reducido su presupuesto en $2.500 millones.
La Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) mantendría estable su financiación, con expectativas de aumento mediante reconciliación congresional. El documento presupuestario critica erróneamente a la EERE por regulaciones que supuestamente «prohíben» las estufas de gas y las bombillas incandescentes.
Eliminación de programas de asistencia social energética
El Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) sería eliminado de facto con un recorte superior a $4.000 millones, a pesar de las cartas de republicanos del Congreso solicitando su exclusión. La administración justifica esta medida argumentando que «apoyará a las personas de bajos ingresos a través del dominio energético, precios más bajos y una plataforma económica de Estados Unidos Primero».
Un alto funcionario de la Oficina de Administración y Presupuesto calificó el programa como «básicamente un subsidio a las empresas de servicios públicos» con «grave problema de pagos indebidos». Todo el personal supervisor de LIHEAP fue puesto en licencia administrativa y su despido está programado para el 2 de junio.
Reacciones políticas y perspectivas legislativas
El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, defendió las propuestas afirmando que «ninguna agencia se salvó de la revolución cultural de la izquierda, financiada con fondos públicos». El representante conservador Chip Roy elogió el plan por «realinear el gasto federal con las prioridades del pueblo».
Sin embargo, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, criticó duramente la propuesta, calificándola de «ataque a los estadounidenses trabajadores» y «traición a los trabajadores por parte de un presidente moralmente en bancarrota». Los demócratas se han comprometido a «luchar contra este presupuesto despiadado con todas nuestras fuerzas».
Impacto en infraestructura de vehículos eléctricos
La administración solicita la eliminación de $5.700 millones destinados a cargadores de vehículos eléctricos, cancelando un programa quinquenal establecido en la ley bipartidista de infraestructura. Los republicanos critican el número relativamente bajo de estaciones de carga resultantes en los primeros dos años, aunque la construcción apenas comenzaba a acelerarse.
Esta medida complementa la eliminación de créditos fiscales para vehículos eléctricos y representa un cambio fundamental en la política de transporte sostenible estadounidense, priorizando los combustibles fósiles sobre las alternativas energéticas renovables.
La resistencia legislativa
Aunque el presupuesto propuesto emocionó a los conservadores, expertos señalan que el margen político para modificaciones es limitado, especialmente en el Senado. El presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara, Tom Cole, declaró que «ningún presidente va a dictar lo que va a suceder aquí», sugiriendo potencial resistencia republicana a algunos recortes.
La propuesta representa una reversión radical de la política climática estadounidense, introduciendo incertidumbre significativa para proyectos ya en marcha y transformando una industria pujante en un campo de alto riesgo. El resultado final dependerá de las negociaciones en el Congreso durante los próximos meses, donde coaliciones bipartidistas podrían moderar algunos de los recortes más agresivos propuestos por la administración Trump.
