El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un incremento del 50% en el presupuesto militar para 2027, elevándolo a 1,5 billones de dólares, una cifra sin precedentes que el mandatario asegura podrá financiarse mediante los ingresos generados por los aranceles impuestos a otros países. La medida se produce en paralelo con un endurecimiento radical de las condiciones impuestas a los contratistas de defensa, a quienes ahora se les prohíbe el pago de dividendos y la recompra de acciones hasta que aceleren la producción y cumplan con los plazos establecidos.
Restricciones financieras inmediatas para contratistas de defensa
Mediante una orden ejecutiva, Trump estableció que las empresas del sector armamentístico estadounidense quedan impedidas de distribuir dividendos o recomprar acciones «hasta que sean capaces de producir un producto superior, a tiempo y dentro del presupuesto». La medida responde a las críticas del presidente y del Pentágono sobre lo que consideran costos elevados, producción lenta y falta de agilidad en la fabricación de equipamiento militar.
La orden ejecutiva otorga un plazo de 30 días al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para identificar a los contratistas que no cumplen con sus contratos y que han realizado recompras de acciones. Las empresas señaladas tendrán 15 días adicionales para presentar un plan de remediación que deberá ser evaluado por el Pentágono. Si el plan resulta insuficiente, el gobierno podrá tomar acciones de cumplimiento para garantizar soluciones.
Además, dentro de dos meses, todos los contratos de defensa futuros deberán incluir cláusulas que prohíban la recompra de acciones en caso de incumplimiento contractual. La compensación de incentivos ejecutivos ya no podrá estar vinculada a métricas financieras de corto plazo como el flujo de caja libre o las ganancias por acción impulsadas por recompras, sino que deberá estar ligada a la entrega a tiempo del equipamiento.
Límite de cinco millones de dólares para salarios ejecutivos
Trump también estableció un tope de cinco millones de dólares para los salarios de los ejecutivos de la industria de defensa, calificando los paquetes retributivos actuales como «exorbitantes e injustificables». El presidente señaló que esta cifra representa «una mera fracción» de lo que actualmente perciben los directivos, muchos de los cuales ganan más de 20 millones de dólares anuales mediante una combinación de pagos en efectivo y concesiones de acciones.
La orden ejecutiva establece que el secretario de Defensa deberá limitar los salarios base de los ejecutivos a los niveles actuales cuando se determine un desempeño inferior al esperado. Asimismo, la compensación de incentivos bajo contratos futuros deberá vincularse a la entrega a tiempo, el aumento de la producción y las mejoras operativas, no a indicadores bursátiles.
Exigencia de modernización de la infraestructura industrial
Trump enfatizó la necesidad de que las empresas de defensa construyan «nuevas y modernas plantas de producción» para garantizar tanto la entrega y el mantenimiento del equipamiento esencial como la fabricación de los modelos más avanzados de tecnología militar. El presidente advirtió que mientras no se cumplan estos plazos y objetivos, persistirán las restricciones financieras impuestas.
En su comunicado, Trump puntualizó: «Las empresas de defensa no están produciendo nuestro gran equipo militar con suficiente rapidez y, una vez producido, no lo mantienen adecuadamente ni con la rapidez necesaria». Esta declaración subraya la presión desde el Ejecutivo federal para modificar las prácticas corporativas en el sector de defensa.
Críticas específicas a Raytheon y el estado de la industria
En una publicación en Truth Social, Trump señaló directamente a Raytheon como la empresa «que menos ha respondido» a las necesidades del Departamento de Defensa. Raytheon, que forma parte de RTX, fabrica el sistema de defensa antimisiles Patriot —utilizado ampliamente en Ucrania— así como misiles Tomahawk para ejércitos de todo el mundo. Las acciones de RTX cayeron inicialmente un 2% tras las declaraciones presidenciales, aunque posteriormente se recuperaron con un alza del 2,5% en operaciones fuera de horario.
La industria de defensa estadounidense enfrenta problemas reconocidos de sobrecostos y retrasos. El caza F-35 de Lockheed Martin, uno de los programas más costosos del país, ha sufrido aumentos de costos y demoras significativas. El programa de misiles balísticos intercontinentales Sentinel de Northrop Grumman, valorado en 140.000 millones de dólares y destinado a reemplazar los antiguos Minuteman III, superará el presupuesto en un 81%, según confirmó el ejército estadounidense el año pasado.
Prácticas habituales de recompra de acciones bajo escrutinio
Las recompras de acciones constituyen una práctica común entre las empresas de defensa. Lockheed Martin, por ejemplo, aumentó su dividendo en octubre por vigésimo tercer año consecutivo, a 3,45 dólares por acción, y autorizó simultáneamente la compra de hasta 2.000 millones de dólares en acciones, elevando el importe total prometido para recompras a 9.100 millones de dólares.
La orden ejecutiva de Trump representa un golpe inusual a las normas de Wall Street desde la presidencia y señala cambios radicales para el complejo militar-industrial estadounidense. Según el texto de la orden, «después de años de prioridades equivocadas, los contratistas de defensa tradicionales se han visto incentivados a priorizar las ganancias de los inversores por encima de los combatientes de la nación».
La orden también instruyó a la Comisión de Bolsa y Valores a considerar la emisión de regulaciones para implementar la prohibición propuesta, lo que podría institucionalizar estas restricciones más allá de decisiones administrativas puntuales.
Presupuesto militar récord y brecha con competidores estratégicos
La propuesta de 1,5 billones de dólares para 2027 contrasta marcadamente con el marco presupuestario vigente. Para el año fiscal 2026, el financiamiento total de la defensa nacional se sitúa en torno a 900-905 millones de dólares bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional ya promulgada. El presupuesto más amplio de defensa nacional para ese ejercicio se espera que supere levemente el billón de dólares.
Trump aseguró que el incremento resulta posible gracias a los ingresos provenientes de los amplios aranceles aplicados desde su regreso a la Casa Blanca. «Esto nos permitirá construir el ‘ejército soñado’ al que hemos tenido derecho durante mucho tiempo y, lo que es más importante, que nos mantendrá seguros y protegidos, sin importar el enemigo», afirmó el presidente en Truth Social.
De concretarse, el presupuesto militar estadounidense superaría por más de 1,2 billones de dólares al de China, cuyo gasto militar anual ronda entre 230.000 y 250.000 millones de dólares. En términos comparativos, el gasto militar de Estados Unidos alcanzaría un volumen seis veces mayor que el de China, consolidando una brecha inédita entre la primera y la segunda potencia militar del mundo.
Contexto geopolítico y compromisos de la OTAN
El anuncio se produce después de que los aliados de la OTAN se comprometieran el año pasado a elevar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB para 2035, tras la presión ejercida por el propio presidente estadounidense. La decisión de Trump de aumentar dramáticamente el presupuesto militar estadounidense refuerza su postura de exigir mayor compromiso financiero de los socios atlánticos en materia de defensa colectiva.
Trump indicó que la definición del monto siguió a una «larga y difícil serie de negociaciones con senadores, secretarios y otros representantes políticos». Sin embargo, la cifra de 1,5 billones de dólares constituye por ahora una proyección presidencial y no un monto aprobado por el Congreso, que mantiene la autoridad constitucional sobre las decisiones presupuestarias.
Desafíos de implementación y debate político pendiente
La viabilidad de financiar este incremento mediante ingresos arancelarios genera interrogantes entre analistas económicos, considerando que los aranceles pueden generar efectos inflacionarios y represalias comerciales que afecten otras áreas de la economía. Asimismo, el compromiso de mantener las restricciones financieras sobre los contratistas hasta que mejoren su desempeño plantea desafíos de implementación y posibles conflictos legales.
El debate sobre el presupuesto militar para 2027 se inscribe en un escenario de negociaciones políticas y definiciones fiscales pendientes. Mientras la Ley de Autorización de Defensa Nacional establece los parámetros para 2026, la propuesta presidencial abre una discusión de mayor alcance sobre el tamaño, las fuentes de financiamiento y las prioridades del gasto en defensa para el siguiente ejercicio.
La intervención directa del presidente en la gestión interna de las empresas del sector de defensa representa un cambio sustancial en la relación entre el gobierno federal y el complejo militar-industrial, poniendo en primer plano la creciente presión desde el Ejecutivo para vincular los incentivos corporativos a la eficiencia y productividad esperadas por la administración, en un contexto de desafíos emergentes en la seguridad internacional.
