El Salvador tiene de forma oficial desde el pasado 7 de septiembre a la criptomoneda Bitcóin como moneda de uso legal junto al dólar en todo el país, la iniciativa fue impulsada por su presidente Nayib Bukele que en el primer día de vigencia de la moneda virtual hizo una apuesta fuerte e invirtió cerca de 21 millones de dólares en la compra de Bitcóin para poder dar un poco de confianza a los salvadoreños que todavía se muestran críticos con la propuesta proveniente del Poder Ejecutivo del país centroamericano.
Sobre el punto para impulsar el uso de la moneda Bitcóin en el país se lanzó la billetera gubernamental ChivoWallet y se instaló una red de cajeros automáticos manejados por una empresa privada creada con fondos públicos según denunció la organización Cristosal.
La organización de derechos humanos en El Salvador, Cristosal, presentó una denuncia ante la Corte de Cuentas de la República de El Salvador por el supuesto manejo irregular de fondos estatales para la puesta en marcha del Bitcóin como moneda legal en el país.
Según Cristosal se dio un fraude de ley para evitar la fiscalización cuando se creó la empresa denominada Chivo que de acuerdo a la denuncia “ha servido para evadir el control y la fiscalización de la ejecución de fondos públicos “.
Otra de las supuestas irregularidades según Cristosal es “la opacidad en el origen de los fondos para la construcción de las cabinas” en las que se colocaron los cajeros Chivo y en las que se da orientaciones para el uso de la criptomoneda, en donde se señala que estas cabinas se construyeron antes de la entrada en vigencia del decreto legislativo que creó un fideicomiso por el valor de 150 millones de dólares para la puesta en marcha del proyecto Bitcóin.
Cristosal exige en su denuncia que se realice un examen especial para determinar si las cabinas fueron construidas con fondos estatales y que también se verifique el proceso de licitación. La solicitud incluye además que de existir alguna conducta ilegal en el manejo de fondos en la implementación de la ley Bitcóin esta se derive a la Fiscalía General de la República.
