El gobierno de Javier Milei prepara un paquete de medidas destinado a liberar los millones de dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero formal, eliminando controles sobre el origen de estos fondos en una estrategia que busca expandir la oferta de divisas sin crear nueva emisión monetaria.
Un tesoro oculto de hasta US$ 400.000 millones
Según las estimaciones oficiales, Argentina alberga entre US$ 200.000 y US$ 400.000 millones en dólares fuera del sistema bancario, una cifra que representa entre el 33% y el 66% del Producto Bruto Interno nacional. Este fenómeno, conocido coloquialmente como «dólares colchón», refleja décadas de desconfianza hacia las instituciones financieras locales y las políticas cambiarias erráticas.
La magnitud de este atesoramiento privado supera largamente las reservas del Banco Central y constituye uno de los principales desafíos de la política económica argentina. El presidente Milei ha caracterizado a quienes poseen estos dólares como «héroes» que «lograron defenderse de los políticos delincuentes», en una narrativa que busca legitimar la tenencia de divisas no declaradas.
Las nuevas reglas del juego: comprar sin justificar
El régimen que anunciará el Ejecutivo permitirá a los ahorristas utilizar estos dólares para adquirir bienes de alto valor como propiedades y automóviles sin necesidad de justificar el origen de los fondos. «Lo que estamos trabajando es para que usted pueda gastar esos dólares y nadie lo moleste», explicó Milei, ejemplificando con la compra de una vivienda de US$ 200.000 «con los crocantes».
Las modificaciones incluyen el incremento de los montos mínimos para depositar dólares sin justificar el origen, elevándolos por encima de los US$ 100.000 actuales. Además, se flexibilizarán los informes que deben presentar registros automotores, contadores y escribanos, y se eliminará el cruzamiento informático de transacciones importantes (CITI).
El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó iniciativas específicas como la venta de automóviles 0 kilómetro en cuotas pagaderas en dólares, una medida que busca dinamizar sectores clave de la economía mediante el uso de divisas no bancarizadas.
La estrategia de dolarización endógena
La iniciativa forma parte de lo que el gobierno denomina «dolarización endógena»: un proceso mediante el cual se busca «remonetizar» la economía utilizando dólares privados sin expandir la base monetaria en pesos. Esta estrategia apunta a generar mayor oferta de divisas en el mercado oficial, ya que las empresas que reciban estos dólares deberán venderlos para obtener pesos y cumplir con obligaciones locales como el pago de salarios e impuestos.
El Ejecutivo espera que esta mayor circulación de dólares contribuya a hundir el tipo de cambio, reduciendo presiones inflacionarias y permitiendo al Banco Central acumular reservas por debajo de la banda de flotación cambiaria. Sin embargo, esta apuesta presenta riesgos significativos tanto en términos de política económica como de cumplimiento de estándares internacionales.
Los riesgos del relajamiento normativo
La eliminación de controles antilavado genera preocupaciones entre especialistas locales e internacionales. El gobierno planea suprimir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que bancos y otras entidades deben elevar a la Unidad de Información Financiera (UIF), calificándolos Milei como «un horror».
Esta flexibilización podría exponer a Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece estándares globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El país corre el riesgo de ser incluido nuevamente en la «lista gris» de naciones con deficiencias en estos controles, lo que complicaría su inserción en los mercados financieros internacionales.
Particularmente controvertida resulta la posición presidencial respecto al origen de los fondos. Cuando se le consultó sobre dólares provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, Milei respondió: «Al narcotráfico usted lo combate con el Ministerio de Seguridad o con el de Defensa, pero no utiliza la economía». Esta separación entre la lucha contra el delito y la política económica plantea interrogantes sobre el cumplimiento de compromisos internacionales.
El dilema entre formalización e informalidad
Caputo argumenta que el alto nivel de informalidad en Argentina responde a «impuestos y exceso de regulaciones», señalando que el país «asume que el 99,99% es delincuente». La administración libertaria sostiene que la simplificación de controles incentivará la formalización al reducir los costos burocráticos.
Sin embargo, críticos advierten que la eliminación indiscriminada de verificaciones podría generar efectos adversos. La experiencia argentina muestra que los cambios de rumbo en políticas fiscales y cambiarias han alimentado históricamente la desconfianza ciudadana, contribuyendo precisamente al fenómeno del atesoramiento en dólares.
Precedentes históricos y desafíos institucionales
El corralito de 2001-2002, que implicó la confiscación parcial de depósitos bancarios, constituye el principal antecedente que explica la preferencia argentina por el atesoramiento de divisas fuera del sistema. Esta experiencia traumática consolidó una cultura financiera defensiva que el gobierno actual busca revertir mediante garantías de no persecución futura, incluso ante eventuales cambios de signo político.
Las modificaciones más ambiciosas requerirán aval congressional, particularmente los cambios a la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Tributario. Mientras tanto, el Ejecutivo avanzará con aquellas medidas que puede implementar mediante reglamentaciones de ARCA, el Banco Central y la UIF.
Impacto macroeconómico y perspectivas
El éxito de esta estrategia dependerá crucialmente de la confianza que genere entre los tenedores de dólares no declarados. Si logra movilizar una fracción significativa de los US$ 170.000 millones estimados por el gobierno, podría efectivamente ampliar la oferta de divisas y contribuir a la estabilización cambiaria.
No obstante, el enfoque presenta paradojas evidentes: mientras busca formalizar la economía, simultáneamente legitima la informalidad pasada. Esta ambigüedad podría generar distorsiones en los incentivos futuros y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de largo plazo de un esquema que premia selectivamente el incumplimiento de obligaciones fiscales.
La medida representa, en definitiva, una apuesta de alto riesgo en la cual el gobierno sacrifica controles institucionales y potencialmente su reputación internacional en pos de objetivos macroeconómicos inmediatos. Su efectividad dependerá tanto de la respuesta de los ahorristas privados como de la capacidad del Estado para mantener la credibilidad de sus compromisos en un contexto histórico marcado por la volatilidad de las políticas públicas.
