La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York definirá en las próximas horas el destino de una de las empresas más estratégicas de Argentina. El tribunal estadounidense debe pronunciarse sobre si el país sudamericano deberá entregar inmediatamente el 51% de las acciones estatales de YPF como garantía de pago, o si podrá mantener suspendida esta medida mientras continúan las apelaciones del caso que involucra una indemnización de USD 18.000 millones.
El fallo que cambió el panorama: USD 16.000 millones más intereses
La controversia judicial se remonta a la decisión de la jueza Loretta Preska, quien en primera instancia condenó al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por la forma en que se ejecutó la nacionalización de YPF en 2012. Los intereses acumulados han elevado la cifra total a USD 18.000 millones, una suma que representa una carga financiera extraordinaria para un país que enfrenta serias dificultades para fortalecer las reservas del Banco Central.
El 30 de junio pasado, la magistrada ordenó específicamente que Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes como forma de pago de esta sentencia. Esta decisión marcó un precedente sin precedentes en la relación entre el sistema judicial estadounidense y los activos estratégicos argentinos.
Los actores detrás del litigio: Burford Capital y Eton Park
Burford Capital, el fondo de inversión que adquirió los derechos de litigio tras la quiebra de las empresas Petersen en España, se ha convertido en el principal beneficiario y promotor de este caso. La firma ha intensificado la presión sobre Argentina, buscando demostrar que el Estado y YPF actúan como un «alter ego», es decir, sin verdadera independencia entre ambos.
Para respaldar esta teoría, Burford solicitó acceso a correos electrónicos, chats y documentos de los exministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa. Esta estrategia legal podría permitir al fondo avanzar sobre otros activos estatales si logra demostrar la falta de separación entre el gobierno y la petrolera.
Por su parte, Eton Park adquirió el 3,04% de YPF en noviembre de 2010 por USD 458 millones, convirtiéndose en el otro demandante directo en este proceso judicial que comenzó en abril de 2015.
Los orígenes de la disputa: la estatización de 2012
El conflicto tiene sus raíces en la controvertida nacionalización del 51% de YPF ejecutada por el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. Los fondos demandantes sostuvieron que el Estado argentino no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) por la totalidad de las acciones, tal como establecía el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos cuando la empresa comenzó a cotizar en 1993.
Según el artículo 7º de dicho estatuto, si un inversor adquiere más del 15% de las acciones, debe ofrecer comprar el resto. La defensa argentina ha alegado que la Constitución está por encima de los estatutos empresariales y que actuó conforme a la Ley de Expropiación vigente.
El complejo entramado de las empresas Petersen
Las compañías Petersen eran propiedad de la familia Eskenazi, también dueña del Banco de Santa Cruz. En febrero de 2008, estas firmas compraron a Repsol el 25% de YPF: primero pagaron USD 1.100 millones por el 14,9% y luego USD 2.200 millones por el 10,1% restante.
Los créditos obtenidos para esta operación iban a cancelarse con utilidades de las acciones, pero cuando Argentina tomó el control de la empresa, suspendió el pago de dividendos y las compañías quebraron. Burford Capital pagó 15,1 millones de euros al fisco español y cedió un 30% de la indemnización futura por el derecho a demandar tras esta quiebra.
Tres escenarios posibles para la decisión judicial
La resolución de la Corte de Apelaciones presenta tres posibilidades concretas:
Suspensión mantenida: El tribunal podría conceder a Argentina la continuidad de la medida cautelar que suspende el traspaso de las acciones, permitiendo que el país mantenga el control del 51% de YPF mientras avanzan las apelaciones.
Ejecución inmediata: La Corte podría negar la cautelar presentada por el Estado, obligando a la entrega inmediata de las acciones. Burford Capital ha anticipado que no liquidará ese pago como acto de buena fe.
Garantía alternativa: El tribunal podría conceder la suspensión pero exigir que Argentina presente otros activos como garantía, como bonos de mediano o largo plazo que representen el valor de las acciones de YPF.
Las consecuencias del desacato: sanciones sin precedentes
Si Argentina no acata el fallo definitivo, incurriría en desacato judicial, una situación que podría acarrear sanciones de gran alcance. Las posibles consecuencias van más allá de multas económicas e incluyen:
- Embargo de las reservas del Banco Central
- Trabas para la emisión de deuda soberana
- Prohibición de ingreso a Estados Unidos para funcionarios del gobierno argentino
- Revocación de visas para ciudadanos argentinos
- Intervención para impedir el acceso del país a los mercados de capitales internacionales
El obstáculo legal interno: la autorización del Congreso
Un factor adicional complica la situación: el artículo 10 de la Ley 26.741, que habilitó la expropiación de YPF, establece que el Estado argentino no puede transferir las acciones sin autorización previa del Congreso Nacional. Esta disposición legal interna podría generar un conflicto adicional entre las obligaciones domésticas y las decisiones del tribunal estadounidense.
Dos frentes de apelación simultáneos
Actualmente, Argentina mantiene dos apelaciones paralelas: una contra la sentencia de primera instancia que establece la indemnización de USD 18.000 millones, y otra contra la reciente orden de entregar el 51% de las acciones de YPF.
Para la primera causa, todas las partes ya presentaron sus escritos y la Cámara fijó una audiencia para la semana del 27 de octubre próximo. En la segunda, el tribunal dispuso que la defensa argentina presente su primer escrito con argumentos detallados el 25 de septiembre.
Un precedente con implicancias geopolíticas
La decisión que tome la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito trasciende el ámbito puramente judicial y económico. Establece un precedente sobre hasta dónde puede llegar la justicia estadounidense en sus decisiones sobre activos estratégicos de países soberanos, especialmente en casos relacionados con nacionalizaciones de empresas.
El caso YPF se ha convertido así en un punto de inflexión para las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, con implicancias que podrían extenderse a futuras decisiones de política exterior y a la confianza de los inversores internacionales en la estabilidad jurídica del país sudamericano.
La resolución esperada representa uno de los momentos más críticos en la historia judicial reciente de Argentina, con consecuencias que podrían redefinir no solo el futuro de YPF, sino también la capacidad del Estado para mantener el control sobre sus activos estratégicos en el escenario internacional.
