La plena vigencia de las leyes de Defensa de la Competencia y del Consumidor, de modo a consolidar un modelo de crecimiento económico con reglas claras, predecibles e igualitarias, con responsabilidad social, solicita a las autoridades la Cámara Paraguaya de la Industria del Hormigón Elaborado (Capihe). Dicha organización está presidida por Carlos Mateo Balmelli y su gerente general es el Ing. Enio Quevedo.
“El Gobierno Nacional debería dar importancia a los complejos escenarios endógenos y exógenos que enfrenta el país, cuyas particularidades son de público conocimiento y que han ralentizado el crecimiento económico”, señala
“Aplicar las medidas anticíclicas correspondientes, de una manera clara y firme, de modo a revertir con determinación la situación ocasionada por los factores señalados”, solicita la Capihe.
También señala que como integrante del sector de la construcción, el gremio sumará sus mejores esfuerzos para la provisión de productos elaborados de acuerdo a las normas técnicas correspondientes, alcanzando los estándares más altos de calidad existentes en el mercado, en beneficio del consumidor.
La ANNP debe abonar a SIF América el 10% de las tasas portuarias, pese a que el aumento de recaudación no fue mediante su software. Mejoró por la suba de aranceles, cuya resolución exigen anular tres gremios empresariales.
La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) deberá desembolsar a la empresa SIF América, de Eduardo Tursi, el 10% de lo que recaude en concepto de tasas portuarias.
Es lo que estipula el Anexo II que firmó a espaldas de la Dirección Nacional de Contrataciones (DNCP) el 7 de enero último entre la ANNP y SIF América.
Hasta el mes de julio, la ANNP venía abonando a SIF América el 2,5% de las tasas portuarias, porque se había establecido ese porcentaje en el caso en que la facturación no supere la línea base fijada para cada terminal. Por ejemplo, para el puerto de Ciudad del Este se fijó en G. 2.943 millones, monto que venía facturando mensualmente. Desde la aplicación de la resolución 226/19 a principios de agosto, que elevó la tasa de entre US$ 15 y US$ 3.100, dependiendo del valor de la carga, la recaudación en el Este superó los G. 4.400 millones, por lo que el pago a SIF subió 10%.
La resolución permitió a la ANNP incrementar significativamente sus ingresos. En agosto superó la línea base fijados para los 12 puertos, de acuerdo al Anexo II. Esto demuestra que la mejora de la recaudación no se debió al sistema informático de SIF América, sino a la anulación de la vieja resolución 041/2009 que permitió incrementar los aranceles hasta el 200%, en algunos casos.
Son siete puertos de los doce establecidos en el Anexo II los que tienen el sistema de Sofía: Ciudad del Este, Chaco’i y Villeta fueron instalados en febrero; en Pedro Juan Caballero y José Falcón en el mes de abril; Encarnación en mayo y Salto del Guairá en junio.
En una nota enviada a la Dirección Nacional de Empresas Públicas, la ANNP explica que debe abonar el 10% de lo recaudado a SIF América por el sistema tecnológico proveído.
La resolución que permite duplicar los ingresos es cuestionada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) y la Cámara de Terminales y Puertos Privados del Paraguay (Caterppa).
Los gremios enviaron dos notas al Poder Ejecutivo en las que exigen la cancelación de la resolución de la ANNP, porque hace más de 16 años no puede implementar el Área de Control Integrado (ACI) y que al aumentar sus aranceles está cobrando por servicios no prestados.
Desde hace cuatro meses la Contraloría de la República analiza el contrato y los anexos que firmó la ANNP con SIF América, luego de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) calificara de irregular y se declarara incompetente para dictaminar. Los auditores informaron el mes pasado a nuestro diario que enviaron el borrador a la ANNP para el descargo. Una vez superada esa etapa, darán a conocer el informe, dijeron. El contrato otorgado en diciembre por la ANNP a SIF de G. 6.000 millones, era de un año, para proveer el sistema. El 7 de enero de 2019 firmó dos anexos que le ata por diez años a la empresa privada y le obliga a abonar entre el 2,5% y 10% de cada tasa portuaria que cobra.
El importador Édgar Pineda, en representación de unos 40 comerciantes de su sector, dijo ayer que no van a importar más papa, locote y cebolla si no hay reglas claras en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave); entidad que asegura, por su parte, que no habrá desabastecimiento.
El importador hortícola Édgar Pineda convocó a medios periodísticos para afirmar que está faltando cebolla, locote y papa en el mercado, y en una entrevista posterior explicó que ellos, en su condición de importadores, deben prever las compras con antelación, y sin embargo, “el Senave no autoriza los permisos para importación, y el lunes cuando llegamos con las mercaderías para entrar a Ciudad del Este y Salto del Guairá, no pasamos. Le pedimos explicaciones al ministro de Agricultura y corrió de nosotros”, relató.
Según añadió, son 40 comerciantes los que decidieron dejar de importar cebolla, papa y locote, lo que provocaría faltantes. “No hay reglas claras por parte del Senave. Hoy a las 11:00 (por ayer) tendremos reunión con el presidente de la institución”, expresó.
Ya al mediodía, el presidente del Senave, Ing. Agr. Rodrigo González, convocó a otra conferencia de prensa y respondió: “Algunos importadores manifestaron que el Mercado de Abasto Central quedaría desabastecido de cebolla y papa, y esto venimos a desmentir, para que la ciudadanía quede tranquila, porque en ningún momento cortamos la importación de cebolla, sino que se ha regulado la cantidad y eso le avisamos a este grupo de importadores de papa y cebolla, porque en setiembre se viene la cosecha de la cebolla y papa nacionales, y debemos ayudar a los productores nacionales a que vendan sus productos”.
El técnico de Senave Ing. Agr. César Rivas informó que el mercado necesita al mes 3 millones de kilos de cebolla y que se debe considerar el trabajo de los compatriotas, ya que los cebolleros solo abastecen al mercado en setiembre y octubre y los productores de papa en octubre y noviembre. “Tenemos que ayudar. Los importadores van a tener 10 meses para traer lo que quieran, necesitamos que ellos comprendan que los productores también están haciendo un gran esfuerzo”, dijo.
En la campaña de sésamo 2019-20, la principal novedad será la implementación del seguro agrícola para los pequeños productores con el fin de brindar las garantías a la inversión realizada, según Denis Lichi, titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Destacó que con la utilización de esta herramienta, el agricultor tendrá garantizada la recuperación de la inversión en el caso de que algo salga mal en el cultivo.
Este rubro es muy importante para este segmento de la producción y solo el año pasado incluyó en forma directa a unas 22.000 familias, según los datos de la institución. Para la zafra 2019-20, los desafíos son muy optimistas y apuntan a duplicar la siembra de sésamo confitero e incrementar los niveles de productividad por hectárea.
Desde la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo (Capexse) anunciaron que se quiere llegar a unas 60.000 hectáreas de sésamo confitero, que representarán un ingreso de US$ 43 millones en el segmento de los pequeños productores.
La finalizada campaña de sésamo 2018-19 dejó resultados muy satisfactorios para el sector y el dato destacado fue un crecimiento del 53% de la cosecha nacional del rubro, según los datos del MAG y la Capexse.
En la última zafra, la producción sesamera alcanzó unas 27.600 toneladas entre el sésamo confitero y mecanizado, mientras que el volumen de la temporada 2017-18 fue de unas 18.000 toneladas.
El rubro juega un rol importante y generó una inyección económica de US$ 33,5 millones en la campaña 2018-19; US$ 19,5 millones en el sector confitero y unos US$ 14 millones en las variedades mecanizadas destinadas a la producción de aceite.
La superficie de siembra del sésamo en todo el territorio nacional fue de 50.000 hectáreas, que representaron un crecimiento del 43% en comparación a las 35.000 hectáreas instaladas en la campaña 2017-18.
En esta última temporada se instalaron unas 30.000 hectáreas de sésamo confitero de pequeños productores con una producción de 15.600 toneladas y unas 20.000 hectáreas de sésamo mecanizado con un volumen de cosecha de 12.000 toneladas, según los resultados presentados.
Una comitiva de empresarios de Taiwán y Japón estuvieron esta semana en Paraguay informándose sobre las posibilidades de instalar una fábrica de buses eléctricos en el país.
Desde la Embajada de Taiwán mencionaron que la delegación se interiorizó sobre la política de transporte, la capacidad productiva de las posibles proveedoras nacionales y las alianzas a ser realizadas.
Las empresas interesadas en desembarcar la fábrica son RAC Electric Vehicles (taiwanesa) y Sumitomo Corporation (japonesa), dos de las mayores empresas de comercio a nivel mundial. “El propósito de la visita fue evaluar la política del transporte público y el espacio para promover el uso de ómnibus eléctricos en el país. Ellos (los empresarios) visitaron las empresas principales de ensamblaje de accesorios para ómnibus, para ver la posibilidad de invertir acá”, indicó Ricardo Chiu, primer secretario de la Embajada de Taiwán.
Durante los tres días de estadía (del 26 al 28 de agosto), la delegación mantuvo reuniones con representantes de Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay –para ver la cooperación de técnicos en el futuro–, visitaron al Grupo Garden, Carrocera Ruvicha y Fibrac Planta Industrial. Asimismo, se reunieron con gente del BID, con el ministro Arnoldo Wiens, el viceministro de Transporte, Pedro Britos, y la ministra Liz Cramer.
La mayoría de las entidades públicas tendrían un menor presupuesto en 2020 con relación al vigente este año, teniendo en cuenta el bajón económico que vive el país, según adelantaron ayer técnicos del Ministerio de Hacienda. El plan de gasto será presentado mañana al Congreso.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2020 está prácticamente listo y mañana, a las 10:30, el ministro de Hacienda, Benigno López, lo entregará al presidente del Congreso, senador Blas Llano (PLRA).
Técnicos de Hacienda adelantaron que el monto total, de no sufrir hoy modificaciones de último momento, rondaría los G. 85,5 billones (US$ 13.925 millones al cambio vigente), lo que implica un incremento de 6,8% con respecto al presupuesto inicial (sin incluir ampliaciones aprobadas durante el año).
Explicaron que la mayoría de las instituciones públicas tendrían menos presupuesto en 2020 con respecto al 2019, debido a que los gastos se adecuan a la capacidad real de recaudación tributaria, que estiman será menor por la desaceleración económica que vive el país y la crisis en la región.
Los pocos que tendrían aumento son el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de tal manera a seguir con las inversiones para reactivar la economía; Hacienda, por ajuste de pensiones y aumento del número de adultos mayores; la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas por el reajuste salarial, entre otros, indicaron las fuentes. En otros casos, el presupuesto sería similar al vigente.
Además, se incluyen nuevas entidades, como la Universidad de Taiwán y la Dirección Nacional de Defensa Animal, así como los fondos para la realización de las elecciones municipales en el orden los US$ 50 millones.
En lo que respecta a salarios, no se prevé aumento general para funcionarios, según lo que había señalado con anterioridad el ministro de Hacienda, excepto el incremento del 16% para docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); el reajuste del 3,8% para funcionarios administrativos que ganan el sueldo mínimo en la Función Púbblica, militares y policías que tienen su escala salarial atada al mínimo legal.
Tampoco se contemplan los aumentazos que este año recibieron unos 2.000 funcionarios, según se supo, mediante contactos políticos en el Congreso.
Esta decisión de no aumentar salarios no cayó bien y el mismo sindicato de Hacienda ya planteó al ministro López que se incluya un incremento de casi 30% en el proyecto de presupuesto.
El presidente de la Comisión de Yerbateros del Nordeste de Itapúa, Daniel Benítez, destacó que este año estarían dejando de cosechar aproximadamente el 30 por ciento de la producción, y que eso afectará la economía de unos 15.000 agricultores que están en los distritos de María Auxiliadora, Itapúa Poty, Capitán Meza, Edelira, Natalio, Yatytay, San Rafael, Carlos Antonio López y Mayor Otaño.
“En estos momentos los productores que tienen compromisos de entrega, están cobrando G. 600 el kilo en finca, que es lo que pagan los intermediarios; el año pasado llegaron a pagar G. 1.200 en finca. El precio bajó mucho y eso perjudica, ya que el cultivo de yerba necesita de cuidados, fertilización, control de malezas y plagas, y todo cuesta”, explicó el productor.
Nosotros no tenemos las condiciones para cortar, secar y guardar el producto, y ya estamos llegando a la última parte de la cosecha; además, la mayoría de los secaderos ya no están trabajando y eso complica aun más la situación, denunció Benítez.
Eduardo Solís, presidente de los productores yerbateros del distrito de Carlos Antonio López, explicó que la situación es complicada y que ellos están apuntando a construir su propio secadero para el próximo año, para poder secar y guardar el producto.
“En mayo de este año llegamos a un acuerdo con empresarios yerbateros: G. 1.800 el kilo de la hoja verde y G. 6.000 por la hoja canchada, sin embargo esto no se cumplió”, explicó.
En nuestro país se cultivan unas 20.000 hectáreas de yerba mate y se elaboran 40 millones de kilos de yerba canchada, que es la primera fase en el procesamiento de la hoja verde.
En estas dos semanas de vigencia de la Ley del Empleo Parcial, se lograron inscribir 1.529 trabajadores domésticos, lo que da un promedio de 128 inscripciones por día, informaron ayer desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). Antes de esta ley, la inscripción era de solo ocho trabajadores por día.
Con la equiparación del salario mínimo de las empleadas domésticas y la promulgación de Ley de Empleo Parcial se espera que haya una migración en el régimen de contrato de las trabajadoras del hogar, lo que ya está evidenciando en estas primeras semanas de la vigencia de la nueva normativa.
De acuerdo con datos oficiales del MTESS, en el país operan unos 235.000 trabajadores en el servicio doméstico, que incluye a las empleadas del hogar, limpieza, cuidados de adultos, jardineros y choferes.
La modificación a la Ley del Empleo Doméstico establece que los empleadores que pagaban el 60% del salario mínimo a una empleada doméstica están obligados a empezar a abonar el salario mínimo (G. 2.192.839). Sin embargo, la Ley de Empleo Parcial ofrece una salida, que es reducir las horas de trabajo y mantener el mismo monto del 60%. Por ejemplo, se puede seguir abonando G. 1.315.000 y bajar las 48 horas a 29 horas semanales.
Los ingresos no crecen como se esperaba y desde el Fisco ya evalúan la posibilidad de pedir al Congreso suspender topeo legal. El objetivo es no frenar el plan de reactivación económica.
El pleno del Equipo Económico Nacional (ENN) se reunió ayer en el Ministerio de Hacienda para dar seguimiento al plan de reactivación económica que impulsa el Gobierno para frenar la desaceleración. En la ocasión también fueron invitados analistas, ex ministros de Hacienda y ex titulares de la banca matriz para escuchar sugerencias sobre la coyuntura actual.
Al término del encuentro, el ministro de Hacienda y titular del EEN, Benigno López, informó que los referentes del sector privado pidieron hacer todo el esfuerzo posible para cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), de modo a retribuir la confianza de los inversores y controlar adecuadamente el gasto y las inversiones.
No obstante, López subrayó que la situación actual es bastante difícil y compleja por el bajo crecimiento de los ingresos tributarios. Resaltó que si este escenario no mejora en estas semanas, tienen en carpeta la posibilidad de pedir al Congreso su autorización para aumentar el déficit fiscal, de modo a no frenar las inversiones en plena ejecución del programa de reactivación.
El déficit fiscal es generado cuando los gastos del Estado son superiores a los ingresos, pero el mismo no puede ser mayor al 1,5% del producto interno bruto (PIB), según la LRF. En ese sentido, la preocupación de Hacienda es que la recaudación impositiva está creciendo por debajo del 7% proyectado a inicios de año, lo que genera un menor espacio para las inversiones a través del endeudamiento.
El ministro recordó que la LRF establece, en su artículo 11, que el Ejecutivo podrá pedir al Congreso suspender el tope fiscal en casos de crisis internacionales que impacten en nuestro mercado o cuando se produzca una caída económica interna, situaciones que se están cumpliendo en la actualidad. Agregó que en el proyecto de Presupuesto 2020 también se incluirá un artículo que permita aumentar el déficit, en caso de que la situación no mejore.
Tras la promulgación de la Ley Fiscal en el 2013, el 2015 fue el único ejercicio que cerró por encima del tope establecido. Ese año, el déficit alcanzó los USD 460 millones, equivalentes al 1,8% del PIB.
A inicios de junio, el Gobierno había anunciado una inyección de USD 1.543,5 millones para frenar la desaceleración. El plan se trata de un paquete de medidas que se dividen en tres: Aceleración de las obras públicas por USD 1.175 millones; asistencia social por USD 114,5 millones, y apoyo a la producción, el comercio y el empleo por USD 254 millones.
El último reporte del EEN indica que la inversión del MOPC llegó al cierre de julio a los USD 323 millones, lo que equivale a un crecimiento del 28%. Asimismo, señala que se entregó un anticipo de subsidios de Tekoporã a favor de 163.000 familias y se eliminó los aranceles a la importación para 222 productos. Al respecto, el viceministro de Economía y secretario del EEN, Humberto Colmán, informó que desde el lunes estará disponible una página web para ver los avances del plan de reactivación.
El ministro de Hacienda, Benigno López, también se refirió a las críticas lanzadas por el sector empresarial en el foro realizado este martes. Señaló que los cuestionamientos hechos en cuanto a reducción de los despilfarros y del aparato estatal se están teniendo en cuenta en la Comisión del Gasto. Indicó que, a partir de esas críticas, surgieron muchas propuestas que ya se concretaron en un decreto de racionalización emitido semanas atrás y que también se incorporarán al Presupuesto 2020. Recordó además que el plan de reactivación lanzado hace unos meses, responde a pedidos empresariales de aumentar la inversión en obras y de destinar mayores recursos al sector productivo.
El Ministerio de Hacienda continúa el proceso de ajuste final del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020, teniendo en cuenta que en la próxima semana lo presentará a consideración del Congreso.
Técnicos de la cartera señalaron ayer que solo resta definir los números de algunos sectores considerados prioritarios y, dentro de ese paquete, el incremento salarial para los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). El referido aumento sigue en estudio por el impacto que tendrá en las finanzas, ya que dependiendo del porcentaje y del mes en que se abone, estará entre US$ 100 millones y US$ 130 millones.
Hay dos escenarios que se manejan, 12% y 16% de aumento, con la exigencia del artículo que establece que para recibir ese incremento, los docentes deberán pasar la evaluación de desempeño, realizar capacitaciones, cumplir funciones en aula y estar censado en el Registro Único del Docente; o tener funciones misionales, conforme a lo que dispone el estatuto del educador.
También se prevé en el proyecto de presupuesto el reajuste del 3,8% para los que ganan el sueldo mínimo, para policías y militares, cuya escala salarial está atada a este monto. Los técnicos aseguran que no se incluirá ningún aumento general para los funcionarios y esperan que en el Parlamento se respete esta decisión, porque los sindicatos irán a solicitarlo, considerando que entramos en la etapa de las elecciones municipales.
En principio, el borrador del PGN 2020 indica que el total ronda los G. 86 billones (US$ 14.300 millones).
