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sábado, mayo 23, 2026
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Sector porcino paraguayo proyecta inversiones superiores a USD 500 millones e impulsa apertura de nuevos mercados asiáticos

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El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) anunció que la industria porcina nacional planea inversiones que superarán los USD 500 millones durante los próximos años, consolidando a Paraguay como un actor emergente en la producción mundial de proteínas animales. El anuncio se realizó en el marco de la presentación oficial de la Cámara Paraguaya de Industrias Porcinas y Derivados (Capainpod), nueva entidad gremial que agrupa a 11 industrias del rubro.

El titular del MIC, Javier Giménez, destacó la relevancia estratégica de este sector productivo y enfatizó la política de diálogo abierto que mantiene su cartera con los actores privados. «Es un sector con potencial para posicionar a Paraguay en el mapa internacional. Contamos con los recursos para avanzar hacia un rol más destacado en la producción de proteínas animales», manifestó el ministro durante el acto de presentación de la cámara.

Impacto económico regional y expansión productiva

La presidenta de Capainpod, Marta Mareco, valoró el respaldo institucional recibido y señaló que el sector ha generado más de USD 32.000 millones que permanecieron en la economía nacional. «Estamos abriendo mercados y contribuyendo a la economía local en las comunidades», afirmó la dirigente gremial.

La expansión del sector contempla la incorporación de aproximadamente 50.000 nuevas madres cerdas a través de empresas y cooperativas, lo que impulsaría significativamente los niveles de producción. Tanto Giménez como Mareco coincidieron en que el desarrollo de esta industria influye directamente en áreas clave como empleo, inversión, logística, infraestructura y desarrollo regional, fortaleciendo una cadena de valor con potencial exportador.

Exportaciones crecen 56% en volumen y 68% en valor

El desempeño comercial del sector porcino registra cifras destacadas en 2025. Según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), hasta octubre las exportaciones alcanzaron 15.299 toneladas de carne porcina, generando ingresos por USD 46,5 millones. Estas cifras representan un incremento del 56% en volumen y del 68% en valor respecto al mismo período de 2024, cuando se exportaron 9.826 toneladas por un valor de USD 27,6 millones.

Taiwán continúa siendo el principal destino de la carne paraguaya, absorbiendo el 86% de las exportaciones con 11.736 toneladas. Le siguen Uruguay con 1.599 toneladas, Brasil con 1.628 toneladas y Georgia con 334 toneladas. Durante este año, Paraguay logró conquistas comerciales importantes al obtener la apertura de Filipinas y Singapur, mercados considerados estratégicos para la proteína porcina.

Debate sobre el fin de la vacunación antiaftosa

Uno de los temas centrales planteados por el nuevo gremio es la necesidad de avanzar hacia un estatus sanitario sin vacunación contra la fiebre aftosa. Mareco enfatizó que esta medida permitiría a Paraguay equipararse con países vecinos que ya compiten sin inmunización. «Para el sector porcino, es fundamental que Paraguay cuelgue la vacunación contra la fiebre aftosa. De esa manera entrará a competir al nivel de Brasil y Perú que ya no inmunizan contra la enfermedad», sostuvo.

La presidenta de Capainpod argumentó que Argentina se encuentra en un 50% sin vacunación, mientras que Uruguay y Colombia continúan con la inmunización. Según expresó, ya no existe transmisión viral de la enfermedad con la cepa actual en Paraguay, por lo cual resulta necesario discutir el tema con claridad y rigor técnico. «Durante la tradicional Noche de las Carne Paraguaya llevada a cabo en Chile, muchos empresarios destacaron que Paraguay sería aún más atractivo si avanza hacia el levantamiento de la vacunación», comentó.

El sector planea presentar próximamente su propuesta al Senacsa, sumándose a otros gremios que ya acercaron documentos similares. Sin embargo, productores pecuarios han manifestado que no se oponen al levantamiento, pero solicitan mayor tiempo para prepararse ante un eventual escenario de país libre de aftosa sin vacunación.

Normalización y trazabilidad como pilares estratégicos

Capainpod tiene como misión fortalecer la cadena de producción porcina desde su origen, lo que implica avanzar en la normalización de la producción referente a cortes y derivados como embutidos. Mareco subrayó que el gremio cuenta con trazabilidad en su producción y espera que el resto de las cadenas productivas acompañen ese proceso.

«Debemos organizarnos a nivel país y empezar a ubicarnos en las condiciones de naciones de la región, que juegan en las ligas mayores y reestructurar todo el sistema de producción», expresó la dirigente. Agregó que las normas presentadas sobre cortes y embutidos también se extienden a otras proteínas, dentro de una visión de formalidad y respeto a estándares internacionales.

El ministro Giménez confirmó que el Gobierno analiza la situación planteada por el sector, reconociéndola como uno de los desafíos actuales. El funcionario aseguró que la administración mantiene apertura y diálogo con los distintos sectores productivos, en línea con la política de articulación público-privada que impulsa el MIC.

Meta condenada a pagar 542 millones de euros a medios españoles por competencia desleal en publicidad digital mediante uso ilícito de datos de usuarios

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Un juzgado mercantil de Madrid ha dictado una sentencia histórica contra Meta Platforms, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, condenándola al pago de 542 millones de euros a más de 80 cabeceras españolas agrupadas en la Asociación de Medios de Información (AMI). La resolución, emitida por el titular del juzgado de lo mercantil número 15 de Madrid, Teodoro Ladrón Roda, representa un hito judicial en materia de competencia desleal y protección de datos en el sector publicitario digital europeo.

La sentencia: distribución de indemnizaciones y fundamentos jurídicos

El fallo judicial, fechado el 19 de noviembre y notificado a las partes este jueves, distribuye la condena de la siguiente manera: 479 millones de euros para las sociedades editoras de prensa demandantes y cesionarias de derechos de explotación publicitaria, más 60 millones en concepto de intereses; 2,5 millones de euros para la agencia Europa Press, junto con 328.000 euros adicionales por intereses; y 14.000 euros destinados a resarcir a Radio Blanca.

La resolución de 59 páginas se fundamenta en el artículo 15.1 de la Ley de Competencia Desleal, que considera desleal «prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes». El magistrado ha estimado que la compañía de Mark Zuckerberg obtuvo una ventaja competitiva significativa al utilizar datos de millones de usuarios españoles «sobre una base legal que no permitía ese uso de datos», convirtiendo en ilícito el tratamiento efectuado por Meta para la venta de publicidad personalizada.

Violación sistemática del Reglamento Europeo de Protección de Datos

El núcleo de la controversia radica en la actuación de Meta entre mayo de 2018, cuando entró en vigor el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), y julio de 2023, fecha de interposición de la demanda. Según la acusación, el gigante tecnológico modificó su base legal para el tratamiento de datos personales, pasando del consentimiento explícito del usuario a la justificación de «necesidad de ejecución del contrato», lo que le permitió recopilar y utilizar información de forma masiva sin el permiso específico requerido por la normativa europea.

El juez Ladrón Roda es contundente en su valoración: «Meta no ha fallado en utilizar la tecnología adecuada para conseguir muchos y buenos perfiles para realizar la publicidad comportamental. Ha fallado en la forma de obtener y utilizar los datos personales porque ha incumplido el RGPD en el periodo relevante». Y añade: «No vale decir que un exceso de normativa ahoga su modelo de negocio, pensado para economías de una libertad de empresa mayor. Es Meta la que ha de adaptarse al RGPD y no el RGPD el que ha de adaptarse a Meta. Un mercado de 450 millones de habitantes en la UE bien merece ese esfuerzo».

La sentencia subraya que la compañía tecnológica —con sede operativa en Irlanda para el mercado europeo— consiguió «de forma global, absoluta, sistemática e ilimitada los datos personales de sus servicios a escala europea» de manera antijurídica, «con el fin de expandir al máximo el negocio de publicidad personalizada, segmentada y conductual en la que Meta basa su modelo de negocio».

Ventaja competitiva ilícita y perjuicio al sector mediático español

La resolución determina que la ventaja competitiva obtenida por Meta resulta «significativa por el enorme volumen de la base de datos de usuarios de Meta en España» y que esta ventaja «jamás» podrán igualarla «las demandantes que también realizan publicidad online en display, fundamentalmente en prensa digital». Esta asimetría en el acceso y uso de datos personales generó un desequilibrio estructural en el mercado publicitario digital.

Para calcular el lucro cesante, el magistrado ha considerado relevante que Meta no presentó sus cuentas en España correspondientes al periodo litigioso comprendido entre 2018 y 2023. Ante esta ausencia documental, la sentencia establece que «ante la duda de los ingresos reales de Meta en el periodo relevante, el juez, a la hora de dictar sentencia, ha de tener por cierta la cantidad de 5.281,69 millones de euros como ingresos reales de Meta» durante los años objeto de controversia. El fallo añade que, como argumentó la representación de la parte actora, «si los ingresos reales de Meta en el periodo relevante hubieran sido menores, tendríamos las cuentas de Meta en España aportadas en el procedimiento desde el primer momento».

Los medios demandantes sostuvieron que esta ventaja competitiva ilícita amenazó «la sostenibilidad de los medios» y «el derecho a la información de los ciudadanos españoles», al drenar recursos publicitarios que tradicionalmente financiaban el periodismo de calidad hacia plataformas que operaban al margen de la normativa europea de protección de datos.

Reacción de las partes y recursos pendientes

La Asociación de Medios de Información ha calificado el fallo como «una victoria judicial histórica». Por su parte, Meta ha manifestado su disconformidad a través de un portavoz en España: «No estamos de acuerdo con la sentencia del tribunal y vamos a apelar. Se trata de una demanda infundada que carece de evidencias del supuesto perjuicio y que ignora deliberadamente cómo funciona el sector de la publicidad online. Meta cumple con todas las leyes aplicables y ha proporcionado opciones claras, información transparente y ha puesto a disposición de los usuarios una variedad de herramientas para controlar su experiencia en nuestros servicios».

La sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de 20 días hábiles, recurso que la compañía condenada ya ha anunciado que interpondrá. Esto significa que la resolución no es aún firme y que el proceso judicial continuará en segunda instancia.

Precedente para otras demandas en España y Europa

Esta resolución constituye un precedente significativo ante otra demanda presentada en España por las televisiones y radios asociadas de UTECA y AERC Radio Value, que reclaman a Meta más de 160 millones de euros por el mismo motivo. Ambas demandas se enmarcan en una estrategia coordinada del sector mediático español para combatir lo que considera prácticas desleales en el mercado publicitario digital.

El impacto de esta sentencia podría extenderse a otros países europeos. En Francia, medio centenar de medios de comunicación mantienen una demanda similar contra Meta, acusándola de llevar a cabo prácticas ilegales en el sector publicitario mediante la recopilación y uso masivo de datos personales de los usuarios de sus aplicaciones digitales sin el consentimiento adecuado según el RGPD.

Un historial de sanciones millonarias en Europa

Meta no es ajena a las multas cuantiosas en territorio europeo. En 2023 recibió una sanción récord de 1.200 millones de euros precisamente por usar de forma indebida los datos de sus usuarios para mostrar publicidad dirigida. Durante 2024, la compañía acumuló penalizaciones de 91 millones de euros por almacenar contraseñas de sus redes sociales en texto plano y de 797 millones de euros por violar la legislación de competencia con Facebook Marketplace.

En 2025, Meta recibió una multa adicional de 200 millones de euros por infringir la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, sanción conocida simultáneamente con otra de 500 millones de euros impuesta a Apple.

Este patrón recurrente de sanciones plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo de negocio de Meta en Europa y sobre la capacidad de las autoridades reguladoras y judiciales para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa de protección de datos y competencia en el sector tecnológico. La sentencia española añade un capítulo significativo a este debate, estableciendo que las grandes plataformas digitales no pueden construir ventajas competitivas sobre la base del incumplimiento sistemático de las leyes europeas, independientemente del volumen de su negocio o de las particularidades de su modelo empresarial.

Tribunal alemán prohíbe a Apple usar el término «carbono neutral» y expone las plantaciones de eucalipto en Paraguay

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La justicia de Fráncfort ha prohibido a la empresa estadounidense Apple utilizar la etiqueta «carbono neutral» en su Apple Watch Series 9, desenmascarando una compleja red de compensaciones de emisiones basadas en plantaciones de eucalipto en Paraguay y Brasil. La sentencia, que responde a una demanda del grupo ambientalista Deutsche Umwelthilfe (DUH), representa un duro golpe contra las prácticas de «greenwashing» corporativo y pone en evidencia las consecuencias socioambientales de estos proyectos en territorio paraguayo.

El fallo judicial que cuestiona la neutralidad de carbono

El Tribunal Regional de Fráncfort del Meno determinó que la publicidad de Apple sobre su reloj inteligente como «producto neutro en CO2» violaba la ley alemana de competencia por resultar engañosa para los consumidores. La empresa tecnológica había comercializado este dispositivo en 2023 como su primer producto carbono neutral, sustentando esta afirmación en una combinación de uso de energías renovables, reciclaje de materiales y créditos de compensación obtenidos mediante plantaciones forestales en Sudamérica.

La decisión judicial se fundamentó en una investigación conjunta de Climate Tracker y Consenso, con apoyo del Pulitzer Center, que reveló que los supuestos «bosques» de compensación eran en realidad plantaciones industriales de eucaliptos. Más crítico aún, el tribunal constató que el 75% de las plantaciones en Paraguay solo cuentan con contratos de arrendamiento garantizados hasta 2029, sin que Apple pudiera asegurar la continuidad del proyecto más allá de esa fecha.

«No hay un futuro seguro para la continuación del proyecto forestal», concluyó el comunicado judicial, exponiendo la fragilidad de las garantías corporativas detrás de estas iniciativas climáticas.

Impacto ambiental y sanitario en San Pedro

Las comunidades del departamento de San Pedro, donde se desarrollan las plantaciones vinculadas a los créditos de carbono de Apple, han denunciado graves consecuencias para su salud y medio ambiente. Los pobladores reportan exposición directa a pesticidas altamente tóxicos, incluyendo glifosato —clasificado como probable cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud— y fipronil, un insecticida cuyo uso está restringido en la Unión Europea.

La falta de controles adecuados en la aplicación de estos agroquímicos ha generado problemas respiratorios entre los habitantes. Además, las plantaciones han provocado una drástica disminución en la producción agrícola local y el agotamiento de fuentes hídricas, con arroyos y pozos que se han secado debido a la alta demanda de agua de los eucaliptos.

Los ecologistas denominan a estas plantaciones «desiertos verdes» por su impacto en la biodiversidad y los recursos hídricos. El monocultivo de eucalipto no solo degrada el ecosistema, sino que al ser eventualmente utilizado como leña o carbón, vuelve a emitir gases de efecto invernadero, contradiciendo el supuesto beneficio climático.

Violaciones a la legislación paraguaya

La investigación reveló que las plantaciones de eucalipto utilizadas por Apple para generar créditos de carbono violan la normativa paraguaya sobre uso de agroquímicos. Específicamente, no se respetan las distancias mínimas establecidas para fumigaciones cercanas a escuelas ni se cumple con el requisito de aviso previo para la aplicación de pesticidas e insecticidas como glifosato, haloxyfop, fipronil y sulfluramida, varios de ellos considerados posibles cancerígenos con efectos documentados sobre el agua y los ecosistemas.

Esta situación plantea interrogantes sobre la supervisión del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y la necesidad de que su análisis jurídico sobre la aplicación de regulaciones de agroquímicos en plantaciones forestales influya tanto en la nueva política forestal del país como en la reglamentación de la ley de créditos de carbono.

El cuestionado mercado de créditos de carbono

El fallo judicial reabre el debate sobre la credibilidad de los créditos de carbono basados en plantaciones forestales, un modelo que Paraguay ha promovido activamente con respaldo del Estado, bancos multilaterales y fondos de inversión. Además de Apple, gigantes tecnológicos como Meta y Microsoft han invertido en proyectos similares en Latinoamérica a cambio de estos créditos.

Jürgen Resch, director de DUH, señaló en un comunicado que «la supuesta captura de carbono en plantaciones comerciales de eucaliptos es limitada a solo unos años, las garantías de los contratos a futuro no son suficientes y la integridad ecológica de estos monocultivos no están garantizados». Esta declaración cuestiona la permanencia y efectividad real de estos mecanismos de compensación.

Apple intentó defender sus prácticas argumentando que el sistema de fondos de reserva de Verra —organismo verificador de créditos de carbono— proporcionaba estabilidad a sus proyectos. Sin embargo, el tribunal consideró insuficiente este respaldo, ya que los créditos no aseguran la continuidad de los bosques una vez finalizados los contratos de arrendamiento.

Implicaciones para Paraguay y el futuro de la compensación de carbono

El caso cobra particular relevancia para Paraguay considerando que Paracel, otra empresa forestal operando en el país, fue una de las principales impulsoras del acuerdo de compra-venta de créditos de carbono entre Paraguay y Singapur, rubricado en 2025. Este convenio podría enfrentar cuestionamientos similares si no se establecen garantías sólidas de permanencia, integridad ecológica y respeto a las comunidades locales.

La presión regulatoria internacional contra el greenwashing está aumentando. La Unión Europea implementará en septiembre de 2026 nueva legislación que restringe el uso de términos como «carbono neutral», lo que ha llevado a Apple a anunciar que eliminará gradualmente esta etiqueta de sus productos. Un portavoz de Apple indicó que el fallo judicial alemán «confirmó ampliamente nuestro riguroso enfoque hacia la neutralidad de carbono», aunque se negó a comentar sobre una posible apelación.

La empresa sostiene que su estrategia climática se centra en reducir emisiones mediante energías limpias y diseño con bajas emisiones de carbono, complementado con créditos verificados. No obstante, el tribunal evidenció que la publicidad de Apple no fue resultado de un error, sino de un discurso climático que prometía más de lo que podía demostrar en términos de permanencia real.

Este precedente judicial establece un estándar más riguroso para las afirmaciones corporativas sobre neutralidad de carbono y exige que las estrategias de sostenibilidad sean verificables, transparentes y no generen daños socioambientales en las comunidades donde se implementan. Para Paraguay, representa una oportunidad de revisar críticamente sus políticas sobre plantaciones forestales y créditos de carbono, priorizando el bienestar de las comunidades locales y la preservación genuina del medio ambiente sobre los intereses de grandes corporaciones multinacionales.

La justicia de Fráncfort ha prohibido a la empresa estadounidense Apple utilizar la etiqueta «carbono neutral» en su Apple Watch Series 9, desenmascarando una compleja red de compensaciones de emisiones basadas en plantaciones de eucalipto en Paraguay y Brasil. La sentencia, que responde a una demanda del grupo ambientalista Deutsche Umwelthilfe (DUH), representa un duro golpe contra las prácticas de «greenwashing» corporativo y pone en evidencia las consecuencias socioambientales de estos proyectos en territorio paraguayo.

El fallo judicial que cuestiona la neutralidad de carbono

El Tribunal Regional de Fráncfort del Meno determinó que la publicidad de Apple sobre su reloj inteligente como «producto neutro en CO2» violaba la ley alemana de competencia por resultar engañosa para los consumidores. La empresa tecnológica había comercializado este dispositivo en 2023 como su primer producto carbono neutral, sustentando esta afirmación en una combinación de uso de energías renovables, reciclaje de materiales y créditos de compensación obtenidos mediante plantaciones forestales en Sudamérica.

La decisión judicial se fundamentó en una investigación conjunta de Climate Tracker y Consenso, con apoyo del Pulitzer Center, que reveló que los supuestos «bosques» de compensación eran en realidad plantaciones industriales de eucaliptos. Más crítico aún, el tribunal constató que el 75% de las plantaciones en Paraguay solo cuentan con contratos de arrendamiento garantizados hasta 2029, sin que Apple pudiera asegurar la continuidad del proyecto más allá de esa fecha.

«No hay un futuro seguro para la continuación del proyecto forestal», concluyó el comunicado judicial, exponiendo la fragilidad de las garantías corporativas detrás de estas iniciativas climáticas.

Impacto ambiental y sanitario en San Pedro

Las comunidades del departamento de San Pedro, donde se desarrollan las plantaciones vinculadas a los créditos de carbono de Apple, han denunciado graves consecuencias para su salud y medio ambiente. Los pobladores reportan exposición directa a pesticidas altamente tóxicos, incluyendo glifosato —clasificado como probable cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud— y fipronil, un insecticida cuyo uso está restringido en la Unión Europea.

La falta de controles adecuados en la aplicación de estos agroquímicos ha generado problemas respiratorios entre los habitantes. Además, las plantaciones han provocado una drástica disminución en la producción agrícola local y el agotamiento de fuentes hídricas, con arroyos y pozos que se han secado debido a la alta demanda de agua de los eucaliptos.

Los ecologistas denominan a estas plantaciones «desiertos verdes» por su impacto en la biodiversidad y los recursos hídricos. El monocultivo de eucalipto no solo degrada el ecosistema, sino que al ser eventualmente utilizado como leña o carbón, vuelve a emitir gases de efecto invernadero, contradiciendo el supuesto beneficio climático.

Violaciones a la legislación paraguaya

La investigación reveló que las plantaciones de eucalipto utilizadas por Apple para generar créditos de carbono violan la normativa paraguaya sobre uso de agroquímicos. Específicamente, no se respetan las distancias mínimas establecidas para fumigaciones cercanas a escuelas ni se cumple con el requisito de aviso previo para la aplicación de pesticidas e insecticidas como glifosato, haloxyfop, fipronil y sulfluramida, varios de ellos considerados posibles cancerígenos con efectos documentados sobre el agua y los ecosistemas.

Esta situación plantea interrogantes sobre la supervisión del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y la necesidad de que su análisis jurídico sobre la aplicación de regulaciones de agroquímicos en plantaciones forestales influya tanto en la nueva política forestal del país como en la reglamentación de la ley de créditos de carbono.

El cuestionado mercado de créditos de carbono

El fallo judicial reabre el debate sobre la credibilidad de los créditos de carbono basados en plantaciones forestales, un modelo que Paraguay ha promovido activamente con respaldo del Estado, bancos multilaterales y fondos de inversión. Además de Apple, gigantes tecnológicos como Meta y Microsoft han invertido en proyectos similares en Latinoamérica a cambio de estos créditos.

Jürgen Resch, director de DUH, señaló en un comunicado que «la supuesta captura de carbono en plantaciones comerciales de eucaliptos es limitada a solo unos años, las garantías de los contratos a futuro no son suficientes y la integridad ecológica de estos monocultivos no están garantizados». Esta declaración cuestiona la permanencia y efectividad real de estos mecanismos de compensación.

Apple intentó defender sus prácticas argumentando que el sistema de fondos de reserva de Verra —organismo verificador de créditos de carbono— proporcionaba estabilidad a sus proyectos. Sin embargo, el tribunal consideró insuficiente este respaldo, ya que los créditos no aseguran la continuidad de los bosques una vez finalizados los contratos de arrendamiento.

Implicaciones para Paraguay y el futuro de la compensación de carbono

El caso cobra particular relevancia para Paraguay considerando que Paracel, otra empresa forestal operando en el país, fue una de las principales impulsoras del acuerdo de compra-venta de créditos de carbono entre Paraguay y Singapur, rubricado en 2025. Este convenio podría enfrentar cuestionamientos similares si no se establecen garantías sólidas de permanencia, integridad ecológica y respeto a las comunidades locales.

La presión regulatoria internacional contra el greenwashing está aumentando. La Unión Europea implementará en septiembre de 2026 nueva legislación que restringe el uso de términos como «carbono neutral», lo que ha llevado a Apple a anunciar que eliminará gradualmente esta etiqueta de sus productos. Un portavoz de Apple indicó que el fallo judicial alemán «confirmó ampliamente nuestro riguroso enfoque hacia la neutralidad de carbono», aunque se negó a comentar sobre una posible apelación.

La empresa sostiene que su estrategia climática se centra en reducir emisiones mediante energías limpias y diseño con bajas emisiones de carbono, complementado con créditos verificados. No obstante, el tribunal evidenció que la publicidad de Apple no fue resultado de un error, sino de un discurso climático que prometía más de lo que podía demostrar en términos de permanencia real.

Este precedente judicial establece un estándar más riguroso para las afirmaciones corporativas sobre neutralidad de carbono y exige que las estrategias de sostenibilidad sean verificables, transparentes y no generen daños socioambientales en las comunidades donde se implementan. Para Paraguay, representa una oportunidad de revisar críticamente sus políticas sobre plantaciones forestales y créditos de carbono, priorizando el bienestar de las comunidades locales y la preservación genuina del medio ambiente sobre los intereses de grandes corporaciones multinacionales.

Fallas en estimación presupuestaria: PGN 2025 aumenta 5,85% y proyecto 2026 excluye programa nacional de inmunizaciones

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El manejo presupuestario del Estado paraguayo evidencia serias deficiencias en la planificación fiscal y revela un patrón preocupante de expansión del gasto público mediante mecanismos que eluden el control legislativo riguroso. Los datos del portal abierto del Ministerio de Economía y Finanzas exponen una realidad inquietante: el presupuesto que debería ser la herramienta fundamental de planificación estatal se ha convertido en un documento en permanente reescritura, donde las cifras inicialmente aprobadas por el Congreso pierden relevancia ante la avalancha de modificaciones posteriores.

Inflación presupuestaria del 5,85% evidencia fallas estructurales en la planificación

El Presupuesto General de la Nación 2025 ha experimentado un incremento de G. 7,8 billones, equivalentes a USD 1.030,9 millones, en apenas once meses de ejecución. Esta expansión del 5,85% no es un ajuste menor: representa que el Estado subestimó sus necesidades reales en casi G. 8 billones al momento de presentar el proyecto al Congreso.

El presupuesto aprobado originalmente por ley ascendía a G. 133,2 billones (USD 17.599,3 millones), pero el monto vigente a noviembre ya alcanza G. 141 billones (USD 18.630,3 millones). Esta brecha multibillonaria plantea interrogantes fundamentales: ¿las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas son deliberadamente conservadoras o existe una incapacidad técnica para estimar correctamente las necesidades del Estado?

Decretos del Ejecutivo: el presupuesto paralelo que elude el debate legislativo

El mecanismo mediante el cual se producen estos aumentos es particularmente problemático. Los G. 7,8 billones adicionales no fueron sometidos al escrutinio completo del Congreso Nacional, sino aprobados mediante decretos emitidos por el Poder Ejecutivo que modifican los planes de gasto de las entidades.

La intensidad de esta práctica es alarmante: solamente entre el lunes y martes de la última semana analizada, se emitieron ocho decretos con aumentos o reprogramaciones por G. 115.684 millones en total (USD 15,2 millones), beneficiando al MEF, MOPC, Interior y otras entidades. Esta frecuencia sugiere que el presupuesto aprobado por ley se ha convertido en una mera formalidad, mientras que el presupuesto real se define mediante decisiones del Ejecutivo con escasa supervisión parlamentaria.

La Administración Central ejemplifica esta dinámica: su presupuesto inicial era de G. 74,5 billones, pero la cifra vigente asciende a G. 78,9 billones, un incremento de G. 4,4 billones que nunca fue debatido en sesiones legislativas ordinarias.

Ejecución del 64,34% revela capacidad operativa limitada

A pesar de contar con G. 141 billones disponibles, la ejecución total del presupuesto alcanza apenas G. 90,7 billones, equivalentes a USD 11.988,1 millones o el 64,34% del presupuesto vigente. Esta tasa de ejecución, aunque aparentemente aceptable, plantea una paradoja: si el Estado no puede ejecutar ni dos tercios de los recursos disponibles, ¿qué justifica aumentar constantemente el presupuesto?

La Administración Central exhibe una ejecución del 68,4%, apenas cuatro puntos porcentuales superior al promedio general. Estas cifras sugieren que las instituciones públicas enfrentan limitaciones operativas, de personal o de gestión que impiden materializar el gasto planificado, lo cual cuestiona la lógica de aprobar aumentos sistemáticos.

Congreso añade G. 199.215 millones al proyecto 2026 en proceso opaco

Mientras el presupuesto 2025 continúa expandiéndose mediante decretos, el Congreso Nacional aprobó un incremento adicional de G. 199.215 millones (USD 25,2 millones) al proyecto del Presupuesto General de la Nación 2026 presentado por el Ejecutivo.

El proyecto original del Poder Ejecutivo, presentado el 25 de agosto, ascendía a G. 149,2 billones (USD 18.928 millones), representando ya un aumento del 12% respecto al presupuesto inicial 2025. Sin embargo, los legisladores consideraron insuficiente esta cifra y la elevaron a G. 149,3 billones (USD 18.954 millones).

La Comisión Bicameral de Presupuesto recomendó aprobar un incremento de G. 186.431 millones, pero la plenaria de Diputados en sesión extraordinaria del 11 de noviembre añadió otros G. 12.784 millones durante el estudio del proyecto. Este proceso de agregación sucesiva de partidas refleja un método de construcción presupuestaria fragmentado, donde cada legislador busca incluir sus proyectos específicos sin una visión integral de las prioridades nacionales.

La omisión inexplicable del PAI: G. 216.000 millones olvidados por Economía

Una de las revelaciones más preocupantes del proceso presupuestario 2026 es que el Ministerio de Economía y Finanzas no contempló partida alguna para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), obligando a Diputados a incluir G. 216.000 millones para esta política sanitaria fundamental.

Esta omisión no es un detalle menor: el PAI es un programa permanente, predecible y esencial para la salud pública del país. ¿Cómo es posible que la cartera económica olvide incluir recursos para vacunación en su proyecto de presupuesto? Esta falla evidencia que el proceso de elaboración presupuestaria carece de mecanismos adecuados de verificación y que programas esenciales quedan sujetos a la discrecionalidad política del momento.

Asignaciones sectoriales revelan prioridades políticas sobre criterios técnicos

Las modificaciones aprobadas por Diputados exponen cómo el proceso presupuestario responde más a negociaciones políticas que a criterios técnicos de asignación eficiente de recursos. El Ministerio de Salud Pública recibió G. 46.000 millones distribuidos entre el Hospital de Caaguazú, Hospital de Acosta Ñu, Hospital Psiquiátrico, Hospital de Trauma, adquisición de mamógrafos, Hospital de Curuguaty y Centro de Adicciones.

Adicionalmente, se aprobaron reprogramaciones para construcción y equipamiento de dos unidades de Salud Familiar en Capiatá, Hospital de Salto del Guairá, Hospital Distrital de María Auxiliadora, y reposiciones de recortes para el Hospital de Trauma, Hospital Nacional, Hospital de Acosta Ñu, Hospital Barrio Obrero y Hospital de Luque.

El Ministerio de Educación y Ciencias obtuvo G. 15.000 millones para el programa Letrina Cero, mientras que el Ministerio de Agricultura y Ganadería recibió G. 8.500 millones para la Dirección de Educación Agraria.

Aumentos salariales y gastos operativos sin evaluación de sostenibilidad

El proyecto contempla aumentos salariales para agentes fiscales, fiscales adjuntos y funcionarios del Poder Judicial, sin que se haya presentado públicamente un análisis de sostenibilidad fiscal de estas medidas. El Ministerio de Justicia recibió G. 25.000 millones para la nivelación salarial de guardias cárceles contratados.

La Justicia Electoral fue beneficiada con una reprogramación presupuestaria para el arrendamiento de máquinas de votación por el plazo de un año, una decisión que nuevamente plantea interrogantes sobre la planificación: ¿por qué el alquiler de equipamiento electoral no fue contemplado originalmente en un año preelectoral?

Universidades: G. 60.000 millones adicionales con criterios de distribución ambiguos

El sector universitario obtuvo recursos significativos: la Universidad Nacional de Asunción recibió G. 30.000 millones para dar cobertura al crecimiento vegetativo de diferentes casas de estudios, mientras que las universidades nacionales regionales y la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay obtuvieron otros G. 30.000 millones.

Estos recursos serán distribuidos conforme a cantidad de matriculados y antigüedad, criterios que, aunque aparentemente objetivos, carecen de una fórmula transparente y pública que permita verificar la equidad de la distribución. La ausencia de parámetros claros abre la puerta a discrecionalidad política en la asignación de recursos entre instituciones.

Distribución entre administración central y descentralizadas mantiene equilibrio artificial

El proyecto con media sanción asigna G. 74,7 billones (USD 9.491 millones) a la administración central y G. 74,6 billones (USD 9.463 millones) a las entidades descentralizadas. Esta división casi exacta en 50-50 resulta sospechosamente equilibrada y sugiere más un criterio político de reparto que una asignación basada en las necesidades reales y capacidades de ejecución de cada sector.

Senadores bajo presión: última oportunidad para un presupuesto responsable

El proyecto ahora está en la Cámara de Senadores, que tiene plazo hasta la próxima semana para expedirse sobre las modificaciones introducidas por Diputados. Los senadores enfrentan la responsabilidad de determinar si convalidan un presupuesto construido mediante agregación sucesiva de partidas o si introducen criterios de racionalidad fiscal.

La decisión del Senado será determinante no solo para el presupuesto 2026, sino para establecer un precedente sobre el nivel de rigor que el Congreso está dispuesto a aplicar en el control del gasto público.

Crisis de credibilidad presupuestaria amenaza la planificación estatal

Los datos expuestos revelan que Paraguay enfrenta una crisis de credibilidad presupuestaria. Cuando el presupuesto aprobado por ley aumenta 5,85% en once meses, cuando programas esenciales como el PAI no son contemplados inicialmente, cuando ocho decretos en dos días modifican el gasto público por más de G. 115.000 millones, el instrumento fundamental de planificación estatal pierde su razón de ser.

El presupuesto debería ser el resultado de un proceso técnico riguroso que identifica prioridades nacionales, estima correctamente los recursos necesarios y somete estas decisiones al debate democrático en el Congreso. En cambio, lo que revela el análisis es un sistema donde el Ejecutivo presenta proyecciones que sabe insuficientes, el Congreso agrega partidas según negociaciones políticas, y posteriormente ambos poderes modifican constantemente las cifras mediante mecanismos que eluden el escrutinio público.

Esta dinámica no solo representa un problema de gestión fiscal, sino una erosión del principio democrático de control legislativo sobre el gasto público. Cuando el presupuesto real se define mediante decretos posteriores a la aprobación legislativa, el Congreso pierde su función constitucional de autorizar y supervisar el uso de los recursos del Estado.

La magnitud de las modificaciones presupuestarias durante 2025, sumada a las omisiones evidentes en el proyecto 2026, exige una revisión profunda de los mecanismos de elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto General de la Nación. Sin reformas estructurales que restauren la credibilidad del proceso presupuestario, Paraguay continuará operando con un sistema de planificación fiscal que existe más en el papel que en la realidad.

Empresario argentino resalta la estabilidad macroeconómica, el marco jurídico competitivo y las oportunidades de inversión productiva en Paraguay

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El empresario argentino Daniel Werthein, referente regional con participaciones en los sectores agropecuario y financiero en Paraguay, ofreció una valoración detallada sobre el panorama económico de ambos países, destacando las características estructurales que posicionan a Paraguay como un destino estratégico para el capital productivo en la región.

Argentina transita una transformación macroeconómica con resultados visibles

Werthein señaló que Argentina atraviesa un proceso profundo de reordenamiento económico, enfocado principalmente en la estabilización de las variables macroeconómicas. El control de la inflación y la reducción del déficit fiscal constituyen, según su análisis, los avances más significativos de la actual administración, con resultados que ya comienzan a evidenciarse en el corto plazo. No obstante, advirtió que persisten desafíos importantes en el plano microeconómico que requieren atención sostenida.

Las reformas estructurales impulsadas por el gobierno argentino están generando efectos iniciales en materia de atracción de inversiones extranjeras, aunque el empresario identificó el tipo de cambio como una variable pendiente de resolución. En ese contexto, valoró positivamente el reciente respaldo del Fondo Monetario Internacional, considerándolo una señal de recuperación de la previsibilidad económica que hasta hace poco resultaba lejana para los agentes del mercado.

Transferencia de conocimiento tecnológico hacia el sector agropecuario paraguayo

El director de Gregorio, Numo y Noel Werthein destacó el potencial productivo argentino en agricultura y ganadería, sectores donde se han alcanzado altos niveles de desarrollo tecnológico. Werthein subrayó la posibilidad de trasladar este conocimiento al mercado paraguayo, donde mantiene inversiones en el rubro junto a socios locales. «Es un aporte bilateral que busca mejorar el producto paraguayo, y lo está logrando», indicó el empresario, quien también se desempeña como presidente de Explotaciones Agropecuarias El Roble S.A.

Esta transferencia de prácticas y tecnología representa, según su visión, un modelo de integración productiva que beneficia a ambos mercados, permitiendo elevar los estándares de producción en Paraguay mediante la incorporación de conocimientos desarrollados en Argentina.

Paraguay: estabilidad institucional y régimen tributario competitivo

Werthein fue categórico al calificar a Paraguay como «un país 10», fundamentando su evaluación en tres pilares estructurales: estabilidad macroeconómica sostenida, respeto al marco jurídico y un régimen impositivo altamente competitivo. El empresario destacó que las tasas impositivas en torno al 10% representan una ventaja significativa que favorece el desarrollo económico y la atracción de capitales.

«Los impuestos son bajos, y eso favorece enormemente el desarrollo económico. La gente viene a invertir porque hay reglas claras y muchas posibilidades», expresó el directivo, poniendo énfasis en la previsibilidad institucional como factor determinante para la toma de decisiones de inversión. Esta combinación de elementos configura, según su análisis, una plataforma ideal para el desarrollo de proyectos productivos de mediano y largo plazo.

Crecimiento sostenido en sectores estratégicos de la economía paraguaya

El empresario identificó un crecimiento sostenido en sectores clave de la economía paraguaya, particularmente en el inmobiliario, el agropecuario y el energético. Mencionó que el desarrollo urbanístico registrado en los últimos cinco años ha sido notorio, reflejando la expansión económica del país.

Werthein proyectó que, de mantener el rumbo actual, Paraguay puede ocupar un lugar relevante en el desarrollo económico regional. «Está creciendo en su producto interno bruto y, si mantiene este rumbo, puede llegar a ocupar un lugar muy importante en el desarrollo económico regional», concluyó, señalando el potencial continental del país como plataforma de inversiones.

Acompañamiento jurídico especializado como factor clave para inversiones extranjeras

El empresario argentino destacó la importancia del asesoramiento legal especializado para operar con confianza en mercados extranjeros. Werthein resaltó el rol de la firma Thalent, especializada en el acompañamiento jurídico de inversiones extranjeras, como un factor fundamental en su experiencia operativa en Paraguay.

«Contar con una empresa que asesore, acompañe y resuelva cualquier tipo de conflictos jurídicos y legales es fundamental para operar con confianza en el país. Thalent ha sido clave en ese sentido», afirmó, poniendo de relieve la necesidad de contar con estructuras de soporte profesional que faciliten la navegación del marco regulatorio local.

Perfil del inversor: trayectoria empresarial y vinculación sectorial

Daniel Werthein es médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como director de Gregorio, Numo y Noel Werthein (GNNW) y presidente de Explotaciones Agropecuarias El Roble S.A. Forma parte del Grupo Werthein, un holding familiar con más de 100 años de historia y presencia internacional en sectores como agroindustria, telecomunicaciones, seguros, salud, tecnología y desarrollos inmobiliarios.

A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos directivos en entidades del sector rural argentino, incluyendo la Asociación Argentina Angus y la Sociedad Rural Argentina, consolidando una trayectoria vinculada al desarrollo agropecuario en la región.

Bancos de EE.UU. descartan préstamo de US$20.000 millones a Argentina y apuntan a operación limitada de US$5.000 millones mientras Diputados sugiere evaluar juicio político a Milei por caso $Libra

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EFE/ Franco Trovato

El gobierno de Javier Milei enfrenta un revés significativo en su estrategia de fortalecimiento financiero. Según reveló The Wall Street Journal este jueves, los principales bancos estadounidenses descartaron el préstamo de US$20.000 millones que negociaban con Argentina, optando en cambio por una operación más acotada. Simultáneamente, la comisión investigadora de Diputados sobre el caso $Libra presentó su informe final sugiriendo evaluar un juicio político contra el presidente por presunto mal desempeño.

El respaldo financiero que no llegará

Las negociaciones que mantenía el gobierno argentino con JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup para obtener un préstamo privado de US$20.000 millones —adicionales al swap firmado con el Tesoro norteamericano— no se concretarán. Los periodistas Alexander Saeed y Justin Baer del Wall Street Journal precisaron que esta operación nunca llegó a formalizarse debido a que las entidades esperaban definiciones del Departamento del Tesoro sobre colaterales y garantías para cubrirse de eventuales pérdidas.

Fuentes conocedoras de las conversaciones confirmaron al medio que la iniciativa dejó de ser considerada seriamente por los bancos. La administración Trump había intentado apoyar la economía argentina como respaldo al mandatario libertario, pero el paquete de ayuda original se fue diluyendo.

Nueva propuesta: operación repo de US$5.000 millones

En lugar del ambicioso préstamo, las entidades bancarias concentran ahora sus esfuerzos en un esquema más limitado. Se trataría de una operación de recompra o «repo» a corto plazo por aproximadamente US$5.000 millones. Mediante este mecanismo, Argentina entregaría una cartera de inversiones a cambio de dólares proporcionados por los bancos.

Según explicaron las fuentes al Wall Street Journal, el gobierno utilizaría estos fondos para afrontar un vencimiento de deuda cercano a los US$4.000 millones programado para enero próximo. Posteriormente, la gestión de Milei trabajaría con las entidades para emitir miles de millones en nuevos bonos y, con lo recaudado, cancelar la operación repo en cuestión de meses.

Sin embargo, el esquema implica riesgos considerables para los bancos. Las instituciones quedarían expuestas si las condiciones de mercado se deterioran y el país no logra colocar nuevos títulos ni obtener otras fuentes de financiamiento alternativas.

Incertidumbre y falta de transparencia en el swap del Tesoro

El informe del Wall Street Journal señaló que el Departamento del Tesoro, liderado por Scott Bessent, desplegó esfuerzos significativos para apuntalar al gobierno argentino. No obstante, persiste la incertidumbre sobre cuánto del swap de US$20.000 millones otorgado por Washington ya fue utilizado por Buenos Aires.

Datos del Banco Central mostraron un incremento de US$2.500 millones en los swaps de moneda extranjera de corto plazo entre fines de septiembre y fines de octubre. La entidad monetaria declinó hacer comentarios al respecto.

Exfuncionarios del Tesoro criticaron públicamente la falta de transparencia del respaldo financiero brindado a Argentina. «Básicamente no hay información sobre cómo se está utilizando ese dinero», advirtió Brad Setser, investigador del Consejo de Relaciones Exteriores y exsecretario adjunto del Tesoro durante la administración Obama. El especialista consideró inusual esta opacidad, tratándose de fondos provistos por los contribuyentes estadounidenses, y señaló que la operación se aparta de prácticas implementadas en décadas anteriores, como las utilizadas para asistir a México en los años 90.

Cambio de tono tras las elecciones de medio término

El contexto político argentino también influyó en la evolución de estas negociaciones. Tras la contundente victoria del partido de Milei en las cruciales elecciones de mitad de mandato, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, declaró que los US$20.000 millones de financiación «quizás no sean necesarios». Agregó que, si el país necesitara financiación especial, el sector privado estaba «dispuesto a escuchar».

Las conversaciones sobre la nueva operación repo se encuentran en su fase inicial y podrían modificarse o incluso frustrarse, advirtieron las fuentes. El ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió a actualizar al mercado sobre la estrategia para reforzar las reservas hacia comienzos de diciembre.

Comisión de Diputados sugiere evaluar juicio político por caso $Libra

Paralelamente a las dificultades financieras, el presidente Milei enfrenta cuestionamientos políticos de peso. Tras tres meses de funcionamiento, la comisión investigadora $Libra de la Cámara de Diputados presentó su informe final de más de 200 páginas, en el cual concluye que el mandatario presentó una «colaboración imprescindible para la realización de la maniobra» que resultó en una estafa donde 114.410 billeteras sufrieron pérdidas.

El documento sugiere al Congreso evaluar la posibilidad de iniciar un juicio político contra Milei para investigar si existió «mal desempeño» de su parte. «Los hechos analizados y la responsabilidad política por esta comisión determinada, hacen necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones», señala el primer punto de las conclusiones.

Uso de la investidura presidencial y vínculos sin aclarar

El informe de la comisión destaca que el presidente publicó en su cuenta oficial de X un número de contrato que no era de acceso público, dato que sigue sin explicar cómo obtuvo. Este elemento refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo con los creadores de la criptomoneda.

«Estamos en condiciones de confirmar que $Libra es un esquema de fraudes planificado compatible con una presunta estafa», apuntó el diputado cordobés federal Oscar Agost Carreño. «Sin tuit no había estafa», agregó la legisladora peronista Julia Strada. «Se hizo uso y abuso de la investidura presidencial y se la involucró en una presunta estafa», siguió Juan Marino.

El documento establece que, a través del tuit fijado en la red social X con su cuenta verificada con tilde gris institucional, el presidente comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado.

Reuniones sin justificación y falta de registros

La investigación reveló 16 reuniones mantenidas con los actores involucrados, registradas en los ingresos a Casa Rosada y Olivos, pero solo cuatro de ellas constan en el Registro Público de Audiencias de Gestión de Intereses, pese a que la actividad de estas personas encuadra claramente en la definición de gestión de intereses establecida por el Decreto 1172/03.

Todos los ingresos a Casa Rosada fueron autorizados y supervisados jerárquicamente por la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei. El informe señala que la hermana del presidente, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del gobierno nacional y el acceso de los involucrados al mandatario para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional.

Vínculos económicos confirmados y antecedentes similares

El análisis técnico de las billeteras virtuales detectó flujos de fondos entre los involucrados —Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales— que coinciden con los montos y las fechas señalados en la investigación. Se identificaron transferencias de US$300.000 en noviembre de 2024 y US$250.000 en enero de 2025.

Además, el informe destaca que la promoción del proyecto $Libra no fue un hecho aislado. En diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el presidente.

Falta de cooperación institucional y posibles incumplimientos

La comisión señaló que no existió una verdadera voluntad de investigar mediante la autoinvestigación encarada por el propio Poder Ejecutivo. Por el contrario, se registró secretismo y una marcada falta de transparencia tanto en la Oficina Anticorrupción como en la Unidad de Tareas de Investigación creada especialmente para este caso.

Esta ausencia de cooperación y la escasa disposición a brindar información constituirían un incumplimiento de los deberes funcionales a cargo de Alejandro Melik y Florencia Zicavo. Asimismo, el informe indica que los funcionarios Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva habrían incurrido en incumplimiento de deberes, dado que su accionar entorpeció las facultades constitucionales e investigativas de la comisión.

El documento también señala que no se recibió la cooperación institucional debida por parte del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal, a pesar de tratarse de una atribución constitucionalmente reconocida.

Perspectivas políticas y viabilidad del juicio político

Si bien la comisión no puede impulsar directamente el juicio político, sus integrantes destacaron que hubo negligencia y ausencia de controles, razón por la cual sugieren evaluar el mal desempeño presidencial. Existen elementos suficientes para afirmar que se habría violado la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública, en tanto el presidente habría promovido un negocio privado contrario al ejercicio ético de sus funciones.

No obstante, el avance de esta iniciativa resulta improbable, especialmente considerando la composición que tendrá la Cámara de Diputados y las comisiones a partir del mes próximo, tras la victoria electoral del oficialismo en las elecciones de medio término.

El gobierno de Milei enfrenta así un escenario complejo: por un lado, debe reconfigurar su estrategia de fortalecimiento financiero con recursos más limitados de los esperados; por otro, afronta cuestionamientos políticos sobre su conducta en el ejercicio de la función pública, aunque con escasas posibilidades de que prosperen institucionalmente.

Paraguay concreta primera exportación avícola a Filipinas y registra récord en ventas cárnicas con ingresos de USD 2.255 millones

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El sector cárnico paraguayo alcanzó un nuevo hito comercial al completar su primer envío de productos avícolas a Filipinas, mientras las exportaciones totales de proteínas animales acumulan un crecimiento del 16% en el año. Albania se mantiene como principal destino de la carne de ave, con envíos mensuales cercanos a los USD 9 millones, en un contexto donde Estados Unidos emerge como tercer comprador de carne bovina del país.

Apertura del mercado filipino marca expansión hacia el sudeste asiático

La concreción del primer envío de carne avícola paraguaya a Filipinas representa un logro de gran relevancia para el sector cárnico, consiguiendo abrirse paso y penetración en el mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Este bloque regional agrupa 10 países con más de 700 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto combinado superior a los USD 3,9 billones.

El embarque inaugural se materializó apenas dos meses después de la apertura oficial del mercado filipino para productos avícolas paraguayos. La operación fue ejecutada por empresas del sector que participaron activamente en las negociaciones durante la Feria ANUGA, realizada en octubre en Alemania.

Características técnicas del envío y proyecciones comerciales

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) informó que el primer embarque consistió en 28.200 kilogramos de carne de pollo deshuesada y congelada. Específicamente, la carga se compuso de muslos deshuesados con piel, distribuidos en 2.250 cajas dentro de un contenedor refrigerado de 40 pies, cumpliendo con todos los requisitos sanitarios y comerciales establecidos.

La operación inicial de 28.000 kg será seguida por un segundo envío programado para diciembre, con un volumen de 84.000 kg adicionales. Esta secuencia confirma el establecimiento de un flujo exportador sostenido hacia el mercado filipino, consolidando la presencia paraguaya en uno de los mercados asiáticos más exigentes.

Los productos enviados corresponden a la categoría premium, destinados principalmente al sector de restauración, lo que requiere procesos rigurosos de deshuese y garantías estrictas sobre la ausencia de fragmentos óseos en el producto final.

Potencial del mercado asiático para la proteína avícola

El sudeste asiático representa el mercado más atractivo para la carne de pollo debido al rápido incremento en el consumo de proteína animal entre su población. Esta tendencia genera una demanda sostenida que beneficia directamente a los productores paraguayos, con impactos positivos en toda la cadena de valor.

La expansión comercial hacia Filipinas se espera que impulse el incremento de la mano de obra directa e indirecta en el sector avícola nacional, además de generar oportunidades adicionales para los proveedores locales de maíz, insumo fundamental para la producción avícola.

Relaciones bilaterales Paraguay-Filipinas: más allá de la carne

Las relaciones entre ambas naciones, aunque geográficamente distantes, tienen raíces históricas que se remontan siglos atrás, compartiendo una herencia española que influye en aspectos culturales y gastronómicos. Actualmente, la cooperación bilateral abarca múltiples sectores económicos.

Paraguay exporta principalmente productos agrícolas como soja y carne, mientras Filipinas envía productos manufacturados y electrónicos al mercado paraguayo. La inversión mutua ha experimentado un crecimiento significativo, con empresas filipinas interesadas en agricultura, energía e infraestructura paraguayas, mientras que firmas nacionales han incursionado en el mercado filipino en sectores como minería y turismo.

Albania lidera destinos de exportación avícola

Según datos del Senacsa correspondientes a octubre, las exportaciones avícolas paraguayas alcanzaron aproximadamente USD 9 millones, siendo Albania el principal destino del sector. Vietnam ocupa la segunda posición en el ranking de compradores, seguido por Irak en tercer lugar.

Esta distribución de mercados refleja la diversificación geográfica que ha logrado el sector avícola paraguayo, con presencia consolidada en Europa, Asia y Medio Oriente, estrategia que reduce la dependencia de mercados individuales y fortalece la posición comercial del país.

Exportaciones totales de productos animales superan los USD 2.255 millones

Al cierre de octubre, las exportaciones de productos y subproductos de origen animal reportaron ingresos totales por USD 2.255 millones, representando un incremento del 16% comparado con el mismo período del año anterior. Este desempeño confirma la tendencia positiva del sector cárnico en los mercados internacionales.

Durante este período fueron exportados aproximadamente 584 millones de kilogramos de productos, incluyendo carnes y menudencias bovinas, porcinas y aviares, consolidando a Paraguay como un actor relevante en el comercio internacional de proteínas animales.

Carne bovina: crecimiento sostenido en volumen y valor

El rubro de la carne bovina reportó un total de 307 millones de kilogramos exportados por un valor de USD 1.795 millones, lo que implica un aumento del 6,6% en peso y 26% en valores respecto del año anterior. Este desempeño refleja tanto el incremento en los volúmenes como la mejora en los precios de comercialización.

Chile continúa siendo el principal mercado para la carne bovina paraguaya, con una participación del 31% de las exportaciones totales. Taiwán ocupa la segunda posición con el 14% de los envíos, seguido por Estados Unidos con el 11% e Israel con el 10% de participación.

Estados Unidos registra su mejor mes de compras en octubre

El mercado estadounidense mostró su mejor desempeño en octubre, adquiriendo 7.731 toneladas de carne paraguaya por un valor de USD 49 millones, superando las compras de Chile en ese mes específico, que alcanzaron 6.478 toneladas por USD 42 millones. El precio promedio pagado por Estados Unidos fue de USD 6.350 por tonelada, mientras Chile abonó USD 6.534.

En el acumulado hasta octubre, Estados Unidos se posiciona como el tercer mayor comprador de carne bovina paraguaya, con 34.192 toneladas por un valor de USD 196 millones. Chile mantiene el liderazgo con compras por USD 556 millones y un volumen de 91.833 toneladas.

Daniel Burt, gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), explicó que la demanda estadounidense crece debido a la escasez de ganado en ese país, lo que incrementa su dependencia de las importaciones. Esta situación favorece a Paraguay, cuyo producto rápidamente se convirtió en uno de los preferidos por los compradores norteamericanos.

Sector porcino muestra expansión significativa

Las exportaciones de carne porcina experimentaron un crecimiento notable del 55% en volumen y 68% en valores, alcanzando ingresos de USD 46,5 millones por 15,3 millones de kilogramos exportados. Taiwán es el destino del 86% de estas exportaciones, dejando un 7% de participación a Uruguay y un 6% a Brasil.

Las menudencias aviares registraron el incremento más dramático, aumentando casi un 200% sus exportaciones y generando ingresos por USD 1.780.000, evidenciando el aprovechamiento integral de la producción avícola.

Importaciones de carne crecen 151% para abastecer mercado interno

Según el informe de comercio exterior del Banco Central del Paraguay (BCP), las importaciones de carne bovina registraron un crecimiento del 151% en comparación al mismo período del año anterior. Entre enero y octubre de 2025, las importaciones alcanzaron un valor de USD 55,6 millones, muy superior a los USD 22,1 millones del año pasado.

Esta dinámica busca complementar la oferta local y abastecer al mercado interno, intentando mitigar el aumento de precios. Sin embargo, el informe de inflación indica un incremento del 24,7% en los precios de la carne en comparación con el año anterior, reflejando la presión combinada de la demanda externa e interna sobre el mercado nacional.

El aumento de las exportaciones reduce la disponibilidad de carne en el mercado local, mientras la demanda interna continúa elevada, ya que la carne se mantiene como alimento casi indispensable en la dieta paraguaya y protagonista en celebraciones y festividades tradicionales.

Concentración de destinos exportadores

Taiwán, Estados Unidos, Brasil, Rusia y Canadá absorben cerca del 85% de las exportaciones cárnicas paraguayas, consolidando un grupo de mercados estratégicos donde el producto nacional es cada vez más apreciado y valorado. Esta concentración, si bien refleja relaciones comerciales sólidas, plantea el desafío de continuar diversificando destinos para reducir la vulnerabilidad ante cambios en políticas comerciales o situaciones sanitarias específicas.

La apertura del mercado filipino y el fortalecimiento de otros destinos asiáticos representan pasos importantes en esta estrategia de diversificación, buscando equilibrar la dependencia de mercados tradicionales con la conquista de nuevos territorios comerciales en regiones de alto potencial de crecimiento.

Estados Unidos aprueba severas restricciones al cáñamo que amenazan industria de US$28.000 millones y más de 300.000 empleos

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El Congreso estadounidense ha dado luz verde a un paquete de medidas regulatorias que, en la práctica, prohíben la comercialización de la gran mayoría de los productos derivados del cáñamo con contenido de tetrahidrocannabinol (THC), poniendo en jaque una industria valorada en al menos US$28.000 millones y comprometiendo cientos de miles de empleos vinculados al sector. La decisión, incluida en el proyecto de ley de financiación aprobado la semana pasada para poner fin al cierre gubernamental más extenso de la historia reciente del país, marca un giro drástico en la política federal sobre el cannabis y reabre un debate que parecía cerrado desde la legalización del cáñamo industrial en 2018.

Restricciones federales redefinen el mercado del cáñamo

Las nuevas disposiciones establecen límites estrictos para los productos de cáñamo: quedan prohibidos aquellos que contengan más de 0,4 miligramos de THC total por envase, un umbral prácticamente imposible de cumplir para la mayoría de las gomitas, bebidas infusionadas, cremas tópicas y vaporizadores actualmente en circulación. Para contextualizar la magnitud de esta limitación, una sola gomita de cáñamo comercializada en el mercado estadounidense contiene típicamente entre 2,5 y 10 miligramos de THC, muy por encima del nuevo límite permitido.

La medida redefine además el concepto de cáñamo legal como aquella variedad de Cannabis sativa que contenga menos de 0,3% de THC total, incluyendo no solo el delta-9 THC —el componente psicoactivo clásico—, sino también isómeros como delta-8, delta-10, THCA y cualquier otro compuesto con efectos similares. Esta ampliación del espectro regulado cierra definitivamente lo que el liderazgo republicano en el Senado ha calificado como «vacíos legales» explotados por la industria desde la aprobación de la Ley Agrícola de 2018.

Según estimaciones de The U.S. Hemp Roundtable, coalición que agrupa a organizaciones y empresas del sector, las nuevas restricciones eliminarían más del 95% de todos los productos de extracto de cáñamo actualmente en el mercado. «Aunque decepcionada, la industria del cáñamo no se da por vencida», señaló la organización en un comunicado, manifestando su intención de «ayudar al gobierno federal a comprender cómo regular el cáñamo y proteger a los estadounidenses, en lugar de prohibirlo».

Impacto económico y laboral de magnitud

La aprobación de estas restricciones se produce en un momento crítico para el mercado estadounidense del cannabis, considerado estratégico a nivel mundial para ingredientes, extractos y productos terminados. Según datos de Statista, los ingresos del mercado del cannabis en Estados Unidos alcanzarían US$46.990 millones en 2025, con proyecciones de crecimiento a una tasa anual compuesta del 3,36% hasta 2030, cuando se espera que lleguen a US$55.430 millones.

La firma de investigación Whitney Economics advierte que más de 300.000 empleos vinculados a la economía del cáñamo están en riesgo, desde agricultores y extractores hasta fabricantes, empresas de logística y minoristas. Además, The U.S. Hemp Roundtable calcula que más de US$1.500 millones en ingresos fiscales estatales anuales podrían verse comprometidos si la disposición se implementa según lo previsto.

Los analistas señalan que esta restricción «invalidaría a la mayoría de los productos y generaría una contracción inmediata de la demanda global y presión a la baja sobre los precios». Para estados como Kentucky, cuna histórica del cultivo de cáñamo, el impacto podría ser devastador: muchos agricultores que apostaron por este cultivo en los últimos cinco años enfrentan ahora el colapso total de su inversión, en un contexto ya complejo de caída de precios agrícolas y reducción de exportaciones.

Trasfondo político y apoyo presidencial

La medida fue impulsada por el liderazgo republicano en el Senado y cuenta con el respaldo explícito del presidente Donald Trump, quien reafirmó su apoyo a la «nueva definición de cáñamo legal». Paradójicamente, fue durante el primer mandato de Trump, en 2018, cuando el Congreso federal legalizó en todo el país la venta y producción del cáñamo, abriendo la puerta a centenares de negocios especializados en la comercialización de artículos con THC, desde gomitas hasta cigarrillos electrónicos y bebidas.

El senador Mitch McConnell, histórico defensor de la legalización del cáñamo en 2018 y ahora uno de sus mayores críticos, ha justificado el cambio de postura argumentando que los productores «explotaron un vacío legal» al vender cannabinoides psicoactivos como el delta-8 THC bajo la etiqueta de cáñamo, burlando así las regulaciones estatales sobre cannabis. «Esta nueva definición protege a los niños de productos peligrosos y mantiene la integridad del cáñamo agrícola», aseguró el líder republicano.

El senador Rand Paul intentó eliminar esta disposición mediante una enmienda para proteger a los productores, pero su propuesta fue rechazada por una amplia mayoría: 76 votos contra 24. «Mi enmienda buscaba evitar que se destruyera una industria entera», declaró Paul. «La ley, tal como está redactada, ignora la voluntad de los usuarios y destruye el sustento de miles de granjas y pequeños comercios».

Contexto regulatorio: el vacío legal de 2018

La Ley Agrícola de 2018 había legalizado el cáñamo a nivel federal, pero su redacción, considerada «muy general», solo regulaba el contenido de delta-9 THC. Esta omisión permitió que laboratorios y empresas sintetizaran isómeros psicoactivos del THC, como el delta-8, a partir de cannabidiol (CBD), vendiéndolos libremente en gasolineras, tiendas online y establecimientos minoristas sin controles sanitarios rigurosos.

Desde entonces, se abrieron centenares de negocios en todo el país especializados en la venta de artículos de THC, siendo común encontrar gomitas, vaporizadores y bebidas de esta sustancia en gasolineras y licoreras. Este crecimiento explosivo generó alarma entre fiscales generales de más de veinte estados, quienes solicitaron al Congreso medidas urgentes para controlar el mercado de cannabinoides sintéticos y derivados de cáñamo, argumentando que el vacío regulatorio había permitido la comercialización masiva de artículos que, en muchos casos, alcanzaban a menores o eludían el control sanitario.

Debate técnico sobre cannabinoides y efectividad terapéutica

Los actores de la industria enfatizan la importancia de establecer distinciones regulatorias claras entre los productos de CBD de espectro completo —que contienen solo niveles mínimos y no psicoactivos de THC— y los productos de THC derivados del cáñamo que pueden tener propiedades psicoactivas. Según expertos en cannabinoides, la presencia de pequeñas trazas de THC se considera necesaria para potenciar la eficacia del CBD y otros cannabinoides menores a través del llamado «efecto séquito» o efecto sinérgico de diferentes compuestos del cannabis.

Los ejecutivos del sector advierten que no diferenciar el CBD terapéutico de los compuestos psicoactivos del cáñamo podría resultar en prohibiciones amplias que afecten negativamente a los consumidores, a las empresas legítimas y al comercio internacional. «Nuestra industria está siendo usada como moneda de cambio política», denunció Jonathan Miller, asesor legal de The U.S. Hemp Roundtable. «Recriminalizar el cáñamo no solo cerrará miles de negocios, también afectará a millones de usuarios que usan cannabinoides no psicoactivos para dormir, relajarse o aliviar el dolor».

Fractura interna en la industria cannábica

La nueva normativa ha expuesto una fractura interna significativa en la industria cannábica estadounidense. Mientras los productores de cáñamo denuncian persecución, varios actores del mercado de cannabis regulado celebran la medida, argumentando que los productos psicoactivos de cáñamo compiten de forma desleal al venderse sin impuestos ni controles sanitarios, y que su eliminación nivelará el terreno comercial.

«El sector regulado podrá volver a operar sin tener que competir contra vendedores ilegales disfrazados de empresarios del cáñamo», declaró Trent Wolobeck, director de estrategia de la compañía Jushi Holdings. Esta postura es compartida por importantes grupos de la industria del alcohol, como la American Distilled Spirits Alliance, el Beer Institute y el Wine Institute, que enviaron una carta conjunta al Senado apoyando la prohibición con el argumento de que los productos de cáñamo con THC compiten directamente con bebidas alcohólicas y carecen de los mismos estándares regulatorios.

Empresas de la industria alimentaria como Coca-Cola, Kraft Heinz y Nestlé también habrían ejercido presión para endurecer la ley, alegando preocupaciones sobre «seguridad del usuario y cumplimiento normativo».

Período de gracia y proceso de implementación

Aunque la medida se considera uno de los cambios más drásticos a la política antidrogas en Estados Unidos en los últimos tiempos, no aplicará de inmediato. Se ha establecido un período de gracia de un año para su aplicación, durante el cual fabricantes, laboratorios de transformación y comercios minoristas deberán adecuar la formulación de sus productos o retirarlos de la oferta.

La medida también concede a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) un plazo de noventa días para publicar una lista de cannabinoides naturales y sintéticos afectados, así como una definición clara de «envase». Después del período de transición, productos como gomitas y bebidas que superen los límites establecidos de THC serán prohibidos a nivel federal.

Los analistas del sector subrayan que, aunque la disposición deja una «ventana» de un año, ese plazo podría servir tanto para adaptarse como para debatir un marco regulatorio alternativo. El senador Rand Paul ya adelantó que presentará una alternativa legislativa: el HEMP Act, una ley que elevaría el límite de THC permitido en el cáñamo y establecería controles modernos sin prohibir cannabinoides naturales. Sin embargo, el clima político actual no parece favorable para esta propuesta.

Alcance de productos afectados

El alcance de la medida incluye todas las presentaciones comestibles, tópicas o líquidos con contenido de THC superior a 0,4 mg por envase. Entre los artículos en riesgo de ser retirados del mercado destacan gomitas y caramelos con cannabinoides, bebidas infusionadas con derivados de THC, cremas y productos tópicos de acción localizada, barras energéticas, suplementos o snacks con cáñamo, y vaporizadores y dispositivos para administración de cannabinoides.

Es importante señalar que la norma no afecta el cultivo de cáñamo industrial para fibra, semilla o productos no intoxicantes, pero transformará radicalmente el panorama para los productos de consumo que hasta ahora operaban en una zona gris de la normativa federal.

Repercusiones en Latinoamérica

Las nuevas restricciones al cáñamo no solo frenarían la industria del cannabis estadounidense, sino que también tendrían eco en otras regiones como Latinoamérica, que reciben productos terminados del mercado estadounidense. Ante la falta de claridad sobre las cifras de exportación de cáñamo en Latinoamérica, resulta difícil determinar cuál sería el impacto económico exacto de las determinaciones de Estados Unidos que afectan indirectamente el mercado regional.

Sin embargo, dado que el mercado estadounidense es considerado estratégico para ingredientes, extractos y productos terminados derivados del cáñamo, cualquier contracción significativa de la demanda en Estados Unidos podría generar efectos en cadena sobre los proveedores latinoamericanos y presión a la baja sobre los precios internacionales.

Escenarios futuros y debate pendiente

La inclusión de la medida dentro del plan de gasto federal que busca reabrir el gobierno ha generado aún más controversia. Rand Paul denunció que la industria del cáñamo fue usada como «rehén legislativo» en las negociaciones entre republicanos y demócratas para destrabar el presupuesto.

Aunque el Senado aprobó el texto con amplio consenso bipartidista, el proyecto aún debe pasar por la Cámara de Representantes antes de llegar al escritorio de Trump para su firma definitiva. Si se aprueba en su forma actual, redibujará el mapa de la industria cannábica estadounidense, separando definitivamente el destino del cáñamo del cannabis regulado.

«La ironía», señalan algunos analistas, «es que el mismo gobierno que legalizó el cáñamo en 2018 podría ser el que lo haga desaparecer en 2025». A siete años de la «revolución verde» que permitió cultivar cáñamo en casi todo el país, Estados Unidos podría estar a punto de desmantelar una industria que generó miles de empleos rurales y nuevos modelos de negocio.

El proyecto del Senado marca un giro conservador que mezcla consideraciones morales, económicas y políticas: proteger a los productores tradicionales de cannabis y alcohol, cerrar la brecha legal del delta-8 y, al mismo tiempo, dar una señal de orden federal tras meses de caos legislativo. Para los agricultores que apostaron por el cáñamo como alternativa sostenible, la noticia se siente como una traición. «Nos vendieron un sueño de libertad agrícola», expresó un productor de Tennessee, «y ahora nos lo arrebatan en nombre del orden».

La National Cannabis Industry Association (NCIA) declaró que la inclusión de esta medida «subraya el enfoque fragmentado e insostenible que el gobierno federal está adoptando con el cannabis» y abogó por una reforma integral que trate al cáñamo y la marihuana como «una sola planta». La industria del cáñamo en Estados Unidos enfrenta así una incertidumbre sin precedentes, mientras consumidores, productores y legisladores aguardan los próximos movimientos en un debate que promete extenderse durante los próximos meses.

Temor a burbuja de IA desploma bolsas asiáticas mientras Nvidia enfrenta escrutinio clave, grandes fondos liquidan posiciones y el director de Google advierte que ninguna empresa será inmune

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Las bolsas asiáticas registraron retrocesos generalizados este miércoles en medio de crecientes dudas sobre la sostenibilidad de las valoraciones en el sector de inteligencia artificial, mientras los inversores aguardan con cautela la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia, el fabricante de chips que se ha consolidado como el principal proveedor de infraestructura para sistemas de IA.

El nerviosismo en los mercados refleja una confluencia de factores que van más allá del sector tecnológico: las reducidas expectativas de recortes en las tasas de interés estadounidenses y las tensiones diplomáticas entre China y Japón en torno a Taiwán también contribuyeron al ambiente de aversión al riesgo que dominó las sesiones asiáticas.

Caídas generalizadas en los principales mercados del continente

El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, cerró con un descenso del 0,34%, equivalente a 165,28 puntos, situándose en 48.537,7 unidades. Esta caída se suma a un desplome superior al 3% registrado en la sesión anterior, acumulando cuatro cierres consecutivos en números rojos. El selectivo más amplio Topix, que incluye las firmas de mayor capitalización, bajó un 0,17%, perdiendo 5,52 puntos hasta los 3.245,58 enteros.

Las empresas japonesas de semiconductores sintieron especialmente la presión: Tokyo Electron retrocedió un 1,97% y Advantest un 0,57%, mientras los inversores permanecen a la expectativa de los resultados de Nvidia para intentar anticipar el rumbo que tomará un sector que ha liderado los avances del parqué tokiota en los últimos meses.

En Corea del Sur, el índice Kospi experimentó una caída del 0,61%, perdiendo 24,11 puntos hasta los 3.929,51 enteros, después de haber caído más del 3% en la sesión previa. Samsung Electronics bajó un 1,33% y su principal competidor SK hynix un 1,40%. El índice Kosdaq, que agrupa empresas tecnológicas y de mediana capitalización, sufrió pérdidas del 0,84%, situándose en 871,32 puntos.

Hong Kong tampoco escapó a la tendencia negativa. El Hang Seng cerró con pérdidas del 0,38%, equivalentes a 99,38 puntos, hasta los 25.830,65 enteros. Entre los descensos más pronunciados destacó la tecnológica Xiaomi, que se desplomó un 4,81% hasta mínimos de seis meses, pese a haber elevado sus beneficios en un 140% hasta septiembre y lograr rentabilidad en su negocio de vehículos eléctricos por primera vez.

En contraste, los mercados de China continental mostraron mayor resiliencia: la Bolsa de Shanghái cerró en positivo con un avance del 0,18%, mientras que el parqué de Shenzhen finalizó prácticamente plano. En el sudeste asiático, menos expuesto al sector tecnológico, la tendencia fue contraria, con ganancias generalizadas encabezadas por la bolsa de Filipinas.

La advertencia del director ejecutivo de Google sobre una posible burbuja

En medio de este escenario de incertidumbre, Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet, la empresa matriz de Google, lanzó una advertencia significativa en declaraciones exclusivas a la BBC. Pichai reconoció que el crecimiento de la inversión en inteligencia artificial ha sido «extraordinario» y que existe cierta «irracionalidad» en el actual auge de la demanda de computación.

Ante la pregunta directa sobre si Google sería inmune al impacto del estallido de una potencial burbuja, Pichai fue contundente: «Creo que ninguna empresa será inmune, ni siquiera nosotros». El ejecutivo estableció un paralelismo con el auge de internet de finales de los años noventa, cuando las valoraciones de las primeras empresas digitales se dispararon en medio de una ola de optimismo antes de que la burbuja estallara a principios de 2000, provocando la quiebra de numerosas compañías y la pérdida masiva de empleos.

«Si miramos a lo que ocurrió en el auge de internet, claramente hubo un exceso de inversión, pero nadie dudaría de su importancia», declaró Pichai. «Preveo que con la IA ocurrirá lo mismo. Por lo tanto, creo que en un momento como este, la situación es tanto racional como irracional».

Las acciones de Alphabet han duplicado su valor en siete meses, alcanzando los 3,5 billones de dólares, a medida que los mercados confían más en la capacidad del gigante de las búsquedas para contrarrestar la amenaza que representa OpenAI, creadora de ChatGPT. Un aspecto clave es el desarrollo por parte de Alphabet de superchips especializados para IA que compiten directamente con Nvidia.

Nvidia en el centro del huracán: 5 billones de dólares en juego

Nvidia se dispone a publicar este miércoles sus resultados del tercer trimestre fiscal correspondiente al período agosto-octubre, en un momento en que su capitalización bursátil superó los 5 billones de dólares a finales de octubre, convirtiéndose en la primera empresa en superar esta marca simbólica. La compañía representa aproximadamente el 8% del S&P 500, el índice que agrupa a las 500 mayores empresas estadounidenses que cotizan en bolsa.

Sin embargo, las dudas sobre la sostenibilidad de estas valoraciones han provocado que las acciones de Nvidia caigan un 7,9% en lo que va de noviembre, tras un aumento espectacular del 1.200% en los últimos tres años. El S&P 500 ha perdido más del 3% en las últimas tres semanas, después de haber batido su récord en 36 ocasiones este año.

Los analistas esperan que Nvidia reporte un aumento de más del 56% en sus ingresos, situándose en 54.920 millones de dólares, muy lejos del crecimiento de tres dígitos que experimentó durante muchos trimestres. El beneficio neto probablemente creció un 53% hasta los 29.540 millones de dólares, aunque se espera que el margen bruto ajustado se haya reducido casi 2 puntos porcentuales respecto al período del año anterior, hasta el 73,6%.

«Con cada trimestre que pasa, los beneficios de Nvidia se vuelven más importantes para clarificar hacia dónde se mueve la IA y cuánto gasto se está realizando», señaló Brian Stutland, director de inversiones de Nvidia Equity Armor Invests.

Movimientos estratégicos de grandes fondos despiertan alarmas

Lo que ha intensificado las preocupaciones del mercado son los movimientos de importantes fondos de inversión que han comenzado a reducir su exposición al sector. Bridgewater y Coatue Management, que poseían varios millones de acciones de Nvidia, redujeron sus posiciones durante el tercer trimestre. El inversionista japonés SoftBank liquidó cerca de 6.000 millones de dólares en acciones, mientras que el fondo de Peter Thiel, Thiel Macro, vendió la totalidad de su participación en la empresa.

Nvidia no es la única afectada: importantes fondos de inversión han vendido millones de acciones de Amazon, Alphabet y Meta en los últimos meses, por temor a una corrección del mercado. El inversor Michael Burry, conocido por haber predicho la crisis de las hipotecas subprime y protagonista de la película «The Big Short», recientemente apostó contra Nvidia argumentando que los grandes proveedores de la nube están aumentando artificialmente los beneficios al prolongar la vida depreciable de los equipos de computación de IA.

La compleja red de acuerdos y el riesgo de inversiones circulares

Los analistas han expresado escepticismo hacia la compleja red de acuerdos por valor de 1,4 billones de dólares que se están realizando en torno a OpenAI, cuyos ingresos previstos para este año serán inferiores a la milésima parte de la inversión planificada. Algunos líderes empresariales han señalado que los acuerdos circulares, donde un socio sostiene los ingresos de otro, aumentan el riesgo de burbuja.

Jamie Dimon, director ejecutivo del banco estadounidense JP Morgan, advirtió el mes pasado que si bien la inversión en IA sería rentable en el futuro, parte del dinero invertido en el sector «probablemente se perdería».

A pesar de las preocupaciones, la demanda de chips de Nvidia sigue siendo robusta. El director ejecutivo Jensen Huang declaró el mes pasado que la compañía tiene 500.000 millones de dólares en reservas para sus chips avanzados hasta 2026. Sin embargo, la empresa enfrenta desafíos significativos: está actualizando los chips anualmente, haciendo que los modelos antiguos parezcan obsoletos más rápido, y tiene dificultades para suministrar suficientes unidades debido a cuellos de botella en el empaquetado avanzado.

Expansión de Google y el desafío energético de la inteligencia artificial

En medio de este escenario volátil, Alphabet anunció en septiembre una inversión de 6.500 millones de dólares en infraestructura e investigación de inteligencia artificial en el Reino Unido durante los próximos dos años. Pichai explicó que Alphabet desarrollará investigación de vanguardia en el país, incluida su unidad clave de IA, DeepMind, con sede en Londres.

Sin embargo, el ejecutivo advirtió sobre las enormes necesidades energéticas de la IA, que representaron el 1,5% del consumo mundial de electricidad el año pasado, según la Agencia Internacional de Energía. Pichai reconoció que las elevadas necesidades energéticas de su creciente división de IA provocaron un retraso en los objetivos climáticos de la empresa, aunque insistió en que Alphabet mantiene el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas para 2030.

«No conviene limitar una economía basada en la energía, y creo que eso tendrá consecuencias», afirmó. «El ritmo al que esperábamos avanzar se verá afectado», admitió respecto a las metas climáticas.

El impacto laboral y las restricciones comerciales con China

Pichai también abordó el impacto transformador que tendrá la IA en el mercado laboral, calificándola como «la tecnología más trascendental» en la que la humanidad ha trabajado. «Evolucionará y transformará ciertos empleos, y la gente tendrá que adaptarse», sostuvo, añadiendo que quienes se adapten a la IA «tendrán más éxito».

Por otro lado, Nvidia enfrenta restricciones comerciales significativas con China. La empresa no puede enviar allí sus chips más avanzados bajo las restricciones a la exportación estadounidense, y Huang ha afirmado que no hay «discusiones activas» sobre la venta de Blackwell, su chip de gama alta, en el mercado chino. Nvidia eliminó a China de su previsión de procesadores avanzados el trimestre pasado, lo que representa una limitación importante para su expansión global.

Los inversores están además atentos a los grandes acuerdos de IA en los que Nvidia participa, incluyendo la inversión de 100.000 millones de dólares en OpenAI y una participación de 5.000 millones en el fabricante de chips Intel, y cómo estos compromisos afectarán su balance. Nvidia tenía efectivo y equivalentes en efectivo de 11.640 millones de dólares a fecha del 27 de julio.

Panorama incierto en un mercado polarizado

El debate sobre si existe una burbuja en la inteligencia artificial divide a los analistas. Mientras algunos señalan las similitudes con el auge de las puntocom de finales de los noventa, otros argumentan que la IA representa una transformación genuina de la economía global con fundamentos más sólidos que aquella era.

Lo que resulta indiscutible es que las próximas horas serán decisivas para el sector. Como señaló Neil Azous, gestor de carteras del ETF Monopoly: «El viejo dicho de Wall Street ‘una acción no hace un mercado’ —eso sería incorrecto aquí. Nvidia tiene la capacidad de crear un mercado».

Los resultados de Nvidia no solo determinarán el rumbo inmediato de su cotización, sino que establecerán el tono para todo el sector tecnológico en las próximas semanas, en un momento en que los inversores buscan desesperadamente señales claras sobre si las valoraciones actuales están justificadas o si efectivamente se está gestando una nueva burbuja tecnológica que podría estallar con consecuencias impredecibles para la economía global.

Exportaciones de soja bajan 1,5 millones de toneladas y generan US$ 797,8 millones menos en ingresos al cierre de octubre

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El complejo sojero paraguayo atraviesa un período de contracción que reconfigura la estructura exportadora del país. La caída en los envíos de grano contrasta con un repunte en la industrialización local, mientras los mercados vecinos redefinen su papel en el comercio exterior nacional.

Desplome sostenido en volumen e ingresos del grano

Las cifras del sector evidencian una tendencia a la baja que se mantiene desde inicios de año. Según el informe de Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), hasta octubre las exportaciones de soja en grano sumaron 6,1 millones de toneladas, registrando una disminución de 1,5 millones de toneladas respecto a las 7,7 millones comercializadas en el mismo período de 2024.

Esta merma en el volumen se tradujo en una caída pronunciada de los ingresos. Los US$ 2.275,6 millones obtenidos representan una reducción de 25,9% o US$ 797,8 millones menos frente a los US$ 3.073,4 millones del año anterior. La combinación de menor volumen exportado y precios internacionales deprimidos —actualmente en torno a US$ 400 por tonelada contra los US$ 700 registrados en 2022— explica esta contracción en las divisas generadas por el principal producto de exportación tradicional del país.

Argentina mantiene liderazgo mientras Brasil consolida su crecimiento

En la distribución geográfica de los envíos, Argentina conserva su posición dominante como principal destino de la soja paraguaya, concentrando el 79% de las exportaciones del grano. Sin embargo, el fenómeno más destacado es el ascenso sostenido de Brasil, que alcanzó una participación del 14% del total embarcado, marcando un incremento significativo en su demanda.

Este aumento de los flujos comerciales hacia el mercado brasileño ha generado consecuencias operativas importantes. Sonia Tomassone, asesora de Comercio Exterior de Capeco, señaló que uno de los principales desafíos actuales es el colapso en la frontera por el paso de camiones, situación que obliga a los gremios del sector a gestionar constantemente la agilización en la salida de las cargas.

La relevancia de Brasil como socio comercial se extiende más allá de la soja, consolidándose como mercado importante para otros productos agrícolas paraguayos como maíz, arroz y trigo, lo que intensifica la presión sobre la infraestructura fronteriza.

Concentración empresarial y agotamiento de existencias

El análisis del ranking exportador revela que 53 empresas fueron responsables de los envíos de soja al décimo mes del año, aunque la concentración se mantiene en las principales operadoras del sector. Cargill encabeza la lista con 14% de participación, seguida por Viterra con 13%, ADM con 11%, Cofco con 8%, mientras que LDC y Bunge registran 7% cada una. Copagra y Agrofértil completan el grupo de líderes con 6% de participación respectivamente.

En cuanto a los envíos por vía terrestre, Agrofértil y LAR comparten el primer puesto con 13% de las ventas externas, seguidas por Cargill con 11%, ADM con 9% y C. Vale con 8%, entre otras compañías.

Un dato relevante aportado por Tomassone indica que, considerando el volumen exportado hasta la fecha, se estima que resta poco stock disponible para los dos últimos meses del año, anticipando un cierre de temporada ajustado en términos de inventarios.

Derivados industriales compensan parcialmente la caída del grano

Contrariamente a la tendencia negativa en las exportaciones de soja en grano, los subproductos derivados del procesamiento local mostraron un comportamiento positivo que refleja un mayor grado de industrialización en el país.

Las exportaciones de aceite de soja alcanzaron 539.326 toneladas al cierre de octubre, superando las 463.991 toneladas del mismo período de la temporada anterior. Por su parte, los pellets registraron envíos de 1,84 millones de toneladas frente a los 1,59 millones de toneladas precedentes, lo que significa que más de 250.000 toneladas adicionales fueron colocadas hasta el décimo mes de 2025.

Esta dinámica positiva en los derivados permitió que el complejo sojero generara ingresos totales por US$ 3.330 millones hasta octubre, aunque todavía por debajo de los US$ 4.023 millones obtenidos en el mismo período de 2024. La diferencia evidencia que el mayor procesamiento local no logra compensar totalmente la caída en volumen e ingresos del grano.

Perspectiva del sector agrícola en el comercio exterior

El sector agropecuario mantiene su rol fundamental en la economía paraguaya, representando el 75% de todas las exportaciones del país hasta septiembre de 2025. Los cuatro principales granos (soja, maíz, trigo y arroz) concentran el 34% de los ingresos totales de divisas, según datos de Capeco, complementados por los derivados industriales como aceites, pellets, carnes, maderas, tabaco y algodón.

El maíz emerge como protagonista del año con un crecimiento de US$ 203,6 millones en ingresos y un incremento de 1,2 millones de toneladas respecto al mismo período de 2024, respaldado por un aumento del 40% en la superficie sembrada, que alcanzó 1.099.197 hectáreas.

Entre los desafíos identificados para 2026 figuran la adaptación a nuevas normativas internacionales como el Reglamento 1115 de la Unión Europea, la discusión del Acuerdo Mercosur-UE y la necesidad de financiamiento verde. La apertura de nuevos mercados, especialmente para carne de cerdo y pollo, junto con la demostración de los avances paraguayos en sostenibilidad, se perfilan como elementos clave para el fortalecimiento del sector exportador nacional.