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lunes, abril 6, 2026
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Gobierno paraguayo acumula deuda de más de US$ 300 millones con constructoras mientras organismo regional advierte deterioro institucional y pérdida de empleos

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La crisis de pagos del Estado paraguayo con el sector de la construcción escaló al plano internacional. La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) emitió un pronunciamiento oficial respaldando el reclamo de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y exigiendo al gobierno de Santiago Peña que salde compromisos que superan los US$ 300 millones. El organismo regional advirtió que el incumplimiento contractual no solo paraliza obras y destruye empleos, sino que daña la credibilidad institucional del país ante América Latina.

Deuda supera los US$ 300 millones con intereses impagos desde la gestión anterior

El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, detalló que la deuda estatal tiene dos componentes críticos. Por un lado, los certificados de obras ejecutadas que se acumulan mensualmente, con empresas que no reciben pagos desde hace uno o dos años. Por otro, intereses que rondan los US$ 110 millones, correspondientes a contratos de la administración anterior que nunca fueron honrados.

«Cuando asumió la actual administración, se abonó solo una parte del capital y se postergó el pago de intereses, que hasta hoy no fueron honrados», explicó Heisecke. El empresario subrayó que estos intereses generan nuevas deudas, ya que las empresas debieron recurrir a préstamos bancarios para mantener operaciones y evitar despidos masivos.

La situación refleja una problemática dual que compromete tanto la sostenibilidad financiera de las empresas como la estabilidad laboral del sector, uno de los principales motores de empleo del país.

Organismo regional cuestiona responsabilidad institucional del Estado paraguayo

Desde su sede en México, la FIIC —que agrupa a las cámaras nacionales de construcción de América Latina y el Caribe— emitió un comunicado contundente manifestando su «firme respaldo» al gremio paraguayo. El documento califica el cumplimiento de los contratos como una obligación que trasciende cambios de gobierno.

«El desarrollo de la infraestructura constituye un motor esencial del progreso social y económico. Para que esto sea posible, el Estado paraguayo debe honrar de inmediato los compromisos financieros asumidos y respetar las cláusulas pactadas», señala el pronunciamiento.

La federación fue más allá al advertir sobre las consecuencias visibles del incumplimiento: paralización de obras, pérdida de empleos, debilitamiento del tejido empresarial y deterioro de la confianza en la institucionalidad paraguaya. «Cumplir con los contratos firmados no es un acto de buena voluntad: es una obligación del Estado y una condición indispensable para el progreso sostenido», advirtió la FIIC, exhortando al presidente Peña y al Ministerio de Economía a tomar medidas inmediatas.

Presupuesto 2026 del MOPC destinará la mitad de sus recursos a saldar deudas

La crisis financiera se proyecta al ejercicio fiscal 2026 con un panorama preocupante. Representantes de los gremios de construcción se reunieron con el senador Natalicio Chase, presidente de la Comisión de Obras Públicas, quien reconoció que la situación planteada «es bastante delicada».

Chase reveló que del presupuesto de US$ 500 millones previsto para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el próximo año, la mitad se utilizaría exclusivamente para pagar deudas acumuladas. Esta realidad reduce drásticamente la capacidad de inversión en nueva infraestructura.

Paul Sarubbi, de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), expuso la inviabilidad del presupuesto proyectado: «Por un lado están las deudas, hay US$ 210 millones de deudas, más US$ 100 millones de intereses y las necesidades de ejecución para el año que viene. Haciendo números el presupuesto no va. Creemos que debe haber un aumento presupuestario».

Cadena productiva completa sufre el impacto de los atrasos en pagos

Sarubbi advirtió que toda la cadena del sector construcción padece las consecuencias de la morosidad estatal. «Cuando no podemos cobrar empezamos a fallar con toda la cadena. La idea es no paralizar las obras, no es la primera opción. Lo que sucede es que las empresas empiezan a enlentecer las obras», explicó.

Diego Lamar, vicepresidente de Capaco, cuestionó las prioridades presupuestarias del gobierno. «Entendemos que se está cuidando el tope fiscal, pero también se usaron recursos en Tucano, radares, entre otros. Para las empresas del sector es fundamental que el Estado priorice los pagos», señaló.

Lamar expresó preocupación por la reducción efectiva de inversión en obras nuevas: «Al final se estaría reduciendo las obras a unos US$ 100 y US$ 120 millones», cifra considerada insuficiente para las necesidades de infraestructura del país.

Convocatoria urgente a autoridades económicas para buscar soluciones

El senador Chase anunció que convocará a una reunión de urgencia al ministro de Economía, Carlos Fernández, y a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, antes de analizar el presupuesto. El encuentro podría realizarse en los próximos días.

Los gremios plantearon la necesidad de explorar soluciones financieras también con el sector bancario, dada la situación crítica que enfrentan muchas empresas. «Hoy la situación de muchas empresas es apretada y tendríamos que buscar soluciones financieras también con los bancos», indicó Sarubbi.

La crisis evidencia una tensión entre la política de austeridad fiscal del gobierno y las obligaciones contractuales del Estado, con consecuencias que trascienden lo financiero y comprometen la capacidad productiva del sector, el empleo y la reputación institucional del Paraguay en el contexto regional.

China lidera la revolución nuclear ante la creciente demanda energética de la inteligencia artificial

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La competencia por el dominio de la energía nuclear ha adquirido dimensiones geopolíticas sin precedentes. Mientras Estados Unidos lucha contra sobrecostos millonarios y retrasos históricos en la construcción de reactores, China ha consolidado su posición como potencia nuclear emergente, desarrollando infraestructura a un ritmo que supera al resto del mundo. Esta carrera tecnológica coincide con una explosión en la demanda energética impulsada por la inteligencia artificial, convirtiendo la energía nuclear en un activo estratégico para la supremacía global del siglo XXI.

El estancamiento estadounidense: sobrecostos de 17.000 millones y siete años de retraso

En 2013, Estados Unidos iniciaba la construcción de sus primeros reactores nucleares en décadas, proyectando un renacimiento de la energía atómica en territorio estadounidense. Sin embargo, la realidad resultó devastadora: los dos reactores se completaron con siete años de retraso y un sobrecosto de 17.000 millones de dólares, convirtiéndose en algunos de los más costosos jamás construidos a nivel mundial.

Este fracaso ejemplifica los desafíos sistémicos que enfrenta la industria nuclear estadounidense: aprobaciones regulatorias lentas, cadenas de suministro obsoletas y falta de experiencia reciente en construcción de gran escala. El resultado ha sido una parálisis industrial que contrasta dramáticamente con el dinamismo asiático.

La ofensiva nuclear china: 13 reactores completados y 33 en construcción

Durante el mismo período en que Estados Unidos luchaba por completar dos reactores, China construyó 13 unidades similares y actualmente mantiene 33 reactores adicionales en construcción, casi tantos como el resto del mundo combinado. Esta capacidad de ejecución no es casual: Beijing ha superado las barreras de sobrecostos y retrasos que paralizan proyectos occidentales.

Los reactores chinos derivan inicialmente de diseños estadounidenses y franceses, pero el gigante asiático ha desarrollado capacidades propias que le permiten construir más rápido y más barato. Para 2030, la capacidad nuclear instalada de China superará la de Estados Unidos, marcando un cambio histórico en el país que primero fisión átomos para generar electricidad comercial.

Las ambiciones de Beijing trascienden sus fronteras. El objetivo estratégico es convertirse en proveedor global de energía nuclear, uniéndose al selecto grupo de naciones —Estados Unidos, Rusia, Francia y Corea del Sur— capaces de diseñar y exportar estas sofisticadas tecnologías. «Los chinos están actuando con una rapidez increíble», afirma Mark Hibbs, investigador principal del Carnegie Endowment for International Peace y autor de un libro sobre el programa nuclear chino. «Están muy interesados en demostrar al mundo que su programa es imparable».

Tecnologías de próxima generación: la apuesta por fusión y fisión avanzada

China no solo replica tecnologías existentes, sino que está superando los límites en desarrollos de última generación. El país lidera inversiones en fusión nuclear —una fuente de energía limpia potencialmente ilimitada— con un gasto que duplica al del resto del mundo combinado, según destaca Bill Gates, cofundador de Microsoft.

«Su trabajo en fusión y fisión es realmente impresionante», declaró Gates sobre los esfuerzos chinos. Esta ventaja en investigación y desarrollo representa un cambio cualitativo: mientras China dominaba manufacturas verdes como vehículos eléctricos, paneles solares y baterías, los reactores nucleares avanzados constituían uno de los pocos ámbitos donde no había alcanzado supremacía. Esa brecha se está cerrando aceleradamente.

La revolución energética de la inteligencia artificial: 350.000 millones en juego

La carrera nuclear adquiere urgencia por un factor disruptivo: la explosión en demanda energética generada por la inteligencia artificial. Los centros de datos estadounidenses, que en 2024 representaban aproximadamente el 4% del consumo eléctrico nacional, alcanzarán cerca del 9% para 2035, más del doble en apenas una década.

Este incremento catalizará inversiones de 350.000 millones de dólares en energía nuclear, según proyecciones de Bloomberg Intelligence. La inteligencia artificial, junto con la adopción masiva de bombas de calor y vehículos eléctricos, está redefiniendo el panorama energético global.

Gates considera la energía nuclear esencial para abastecer centros de datos mientras se reducen costos eléctricos. Aunque Estados Unidos cuenta con abundantes reservas de gas natural —que generó casi la mitad de su electricidad en 2023—, «no tenemos gas natural infinito», advierte el multimillonario. A largo plazo, «probablemente la fisión o la fusión sean las formas más económicas de generar electricidad», añade, aunque reconoce que ambas tecnologías siguen siendo costosas y no están probadas a escala comercial.

Inversiones estratégicas y alianzas empresariales en el sector nuclear emergente

Breakthrough Energy Ventures, firma de inversión climática fundada por Gates, ha financiado múltiples empresas nucleares emergentes, incluyendo Commonwealth Fusion Systems (fusión) y TerraPower (fisión avanzada), esta última también fundada por Gates. Paralelamente, gigantes tecnológicos como Microsoft y Google han firmado acuerdos de compra de energía con startups nucleares para asegurar suministro futuro.

Sin embargo, Gates mantiene expectativas realistas: «La energía nuclear en su conjunto no contribuirá de forma significativa al suministro eléctrico de los centros de datos hasta 2035, y eso suponiendo que todo vaya bien». Esta proyección subraya tanto el potencial como los desafíos pendientes: aprobaciones regulatorias, cadenas de suministro para combustible de nueva generación y, en fusión, demostrar viabilidad energética neta.

El respaldo político de la administración Trump a la energía nuclear

A diferencia de otras fuentes libres de carbono como eólica y solar, la energía nuclear cuenta con apoyo explícito del gobierno de Donald Trump. En una cumbre celebrada en Utah en octubre, el secretario de Energía Chris Wright declaró ante los asistentes que «la energía nuclear volverá a estar de moda». Wright, antes de incorporarse al Departamento de Energía, formó parte del consejo de administración de Oklo Inc., empresa emergente especializada en reactores modulares pequeños.

Este respaldo gubernamental contrasta con la postura de la administración hacia fuentes renovables tradicionales, posicionando a Estados Unidos como proveedor de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) mientras simultáneamente promueve la energía nuclear como tecnología del futuro.

Google reactiva Three Mile Island: simbolismo y controversia

En una decisión cargada de simbolismo, Google ha anunciado planes para reactivar la central nuclear de Three Mile Island en Pensilvania, sitio del accidente parcial de 1979 que marcó el declive nuclear estadounidense. El objetivo es abastecer sus sistemas de inteligencia artificial mediante tecnología avanzada que reconvierta la instalación en fuente de energía limpia, estable y de alta capacidad.

La decisión ejemplifica cómo las grandes tecnológicas se están convirtiendo en actores energéticos, gestionando directamente sus propias fuentes de suministro. Sin embargo, enfrenta cuestionamientos de expertos en sostenibilidad, quienes destacan que la energía nuclear, aunque tiene bajas emisiones de carbono, genera residuos radiactivos y plantea riesgos de seguridad persistentes.

La advertencia de OpenAI: soberanía energética o derrota tecnológica

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, ha lanzado una advertencia estratégica: Estados Unidos podría perder la guerra de la inteligencia artificial sin fuentes energéticas capaces de sostener su infraestructura digital. El entrenamiento de modelos como ChatGPT consume energía equivalente a pequeñas ciudades enteras, y esta demanda crece exponencialmente.

En contraste, China ha implementado una estrategia masiva de infraestructura energética combinando nuclear, hidroeléctrica y solar para alimentar sus centros de supercomputación. OpenAI sostiene que sin un plan energético integral, la ventaja competitiva estadounidense podría desaparecer antes de 2030.

Altman ha solicitado políticas gubernamentales que fomenten inversión en energías avanzadas, tanto nuclear como de fusión, para garantizar la soberanía digital nacional. Su mensaje es claro: el futuro de la inteligencia artificial no depende únicamente de algoritmos, sino de la electricidad que los mantiene operando.

Dilemas éticos y ambientales: ¿renacimiento nuclear o riesgo calculado?

La reactivación de la energía nuclear como motor de la inteligencia artificial plantea dilemas profundos. Los defensores argumentan que los riesgos son menores que los beneficios: suministro constante, huella de carbono casi nula y capacidad de sostener infraestructura crítica. Los detractores recuerdan que la seguridad y gestión de residuos radiactivos permanecen como problemas sin solución definitiva.

El debate se intensifica porque los centros de datos continúan expandiéndose a ritmo superior a la capacidad de las redes eléctricas actuales. La industria nuclear enfrenta numerosos obstáculos globales: aprobaciones regulatorias complejas, desarrollo de cadenas de suministro especializadas y, en el caso de fusión, demostrar generación neta de energía.

La nueva geopolítica energética: electricidad como fundamento del poder tecnológico

La competencia por dominar la inteligencia artificial ha ingresado en su fase energética. China lidera en capacidad instalada mientras Estados Unidos busca asegurar independencia energética mediante reactores modulares pequeños y tecnologías de fusión. El desafío trasciende lo técnico para convertirse en cuestión de soberanía nacional.

La energía ya no es sector auxiliar de la tecnología, sino su columna vertebral. Mark Hibbs resume la situación: el programa nuclear chino se ha convertido en campo de batalla geopolítico dentro de la competencia por supremacía global entre ambas potencias.

El verdadero desafío del futuro no será procesar información más rápidamente, sino generar la electricidad necesaria para sostener esa capacidad de procesamiento. En esta carrera, quien domine la infraestructura eléctrica global dominará también el desarrollo de la inteligencia artificial y, con ella, las tecnologías que definirán el siglo XXI.

Spotify alcanza 713 millones de usuarios y proyecta ganancias récord mientras enfrenta demanda por fraude masivo de reproducciones

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La plataforma sueca de streaming musical reportó resultados superiores a las expectativas del mercado en el tercer trimestre, con un crecimiento sostenido en suscriptores y márgenes operativos, aunque afronta acusaciones legales por presunta manipulación de transmisiones que habrían perjudicado a artistas legítimos.

Crecimiento operativo supera estimaciones con ingresos de 4270 millones de euros

Spotify Technology SA reportó un incremento del 11% interanual en usuarios activos mensuales, alcanzando los 713 millones al cierre del tercer trimestre, superando las previsiones de analistas que estimaban 711 millones. La compañía con sede en Estocolmo registró ingresos totales de 4270 millones de euros (4900 millones de dólares), un 7% por encima del mismo período del año anterior y superando las expectativas del mercado de 4230 millones de euros.

La base de clientes de pago se situó en 281 millones de suscriptores, cumpliendo con las proyecciones establecidas. El crecimiento se distribuyó de manera global, con adiciones netas de 17 millones de usuarios activos mensuales durante el trimestre.

Rentabilidad operativa se dispara a 582 millones de euros impulsada por aumentos de precios

La ganancia operativa del trimestre finalizado el 30 de septiembre alcanzó los 582 millones de euros, superando significativamente las estimaciones de 499,1 millones de euros. Este resultado marca una consolidación de la estrategia de rentabilidad de Spotify tras lograr su primer beneficio anual completo en 2024.

Los ingresos del servicio Premium, que ofrece reproducción sin publicidad mediante suscripción mensual, crecieron 9% hasta 3830 millones de euros, impulsados por aumentos de precios implementados en agosto en múltiples mercados de Asia del Sur, Medio Oriente, África, Europa, Latinoamérica y Asia-Pacífico. La compañía elevó el costo de su suscripción aproximadamente un 9% en estas regiones, consolidando una práctica recurrente alentada tanto por inversores como por propietarios de derechos musicales.

Los gastos operativos totales disminuyeron 2% en el tercer trimestre, favorecidos por una menor carga impositiva relacionada con salarios y beneficios de empleados, así como por efectos cambiarios favorables. Los costos fiscales ascendieron a 16 millones de euros, 41 millones por debajo de las proyecciones internas y significativamente inferiores a los 53 millones registrados en el mismo período de 2024. Sin estos factores favorables, los gastos habrían aumentado 11% debido a mayores inversiones en marketing y personal.

Proyecciones para el cuarto trimestre anticipan 745 millones de usuarios y márgenes mejorados

De cara al cuarto trimestre, Spotify pronosticó una ganancia operativa de 620 millones de euros, superando las estimaciones de analistas de 605,3 millones de euros, y usuarios activos mensuales de 745 millones, por encima de las previsiones de 737,3 millones. La compañía prevé ingresos de 4500 millones de euros, ligeramente por debajo de la estimación de 4570 millones.

El pronóstico de suscriptores Premium para el cuarto trimestre se sitúa en 289 millones, representando un aumento neto de 8 millones pero quedando marginalmente por debajo de la expectativa de 290,9 millones. La empresa destacó un crecimiento particularmente robusto en Latinoamérica y Norteamérica, mientras anticipa expansión en todas las regiones geográficas durante la crucial temporada navideña.

Spotify afirmó estar «bien posicionada» para cerrar el año y señaló planes de reinversión para «respaldar nuestro potencial a largo plazo», proyectando mejoras adicionales en márgenes para 2025.

Transición de liderazgo y diversificación de contenido marcan nueva etapa estratégica

Estos resultados representan los primeros desde que la compañía anunció en septiembre una restructuración de liderazgo. El cofundador y director ejecutivo Daniel Ek dejará el cargo a finales de año para convertirse en presidente ejecutivo en enero, mientras los copresidentes Gustav Söderström y Alex Norström asumirán conjuntamente como codirectores ejecutivos.

La plataforma ha intensificado su estrategia de diversificación de contenido, incorporando música, pódcasts, audiolibros y, recientemente, video. La compañía anunció un acuerdo con Netflix Inc. para llevar determinados pódcasts en formato video al servicio de streaming, aunque reconoció que YouTube mantiene el primer lugar como servicio de pódcasts en Estados Unidos, relegando a Spotify al segundo puesto.

Los oyentes de audiolibros aumentaron 36% y las horas de consumo crecieron 37% en el último año, aproximadamente dos años después de agregar este producto a las suscripciones de pago, con públicos más jóvenes liderando la adopción. Adicionalmente, Spotify se asoció con OpenAI para permitir a los usuarios vincular sus cuentas con ChatGPT y solicitar recomendaciones musicales mediante instrucciones conversacionales.

Entre las nuevas funcionalidades lanzadas destaca una opción de streaming de alta calidad denominada audio sin pérdidas (lossless audio), junto con herramientas de audio, mensajería y mezcla de gama alta. La compañía también se benefició del lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift durante el trimestre.

Ingresos publicitarios retroceden 6% ante presión de precios en el mercado

Contrario a la tendencia positiva en suscripciones, los ingresos por publicidad descendieron 6% interanual debido a presión sobre los precios en el mercado publicitario, según reportó la empresa. Esta caída representa un desafío para el segmento de usuarios gratuitos que acceden al servicio con publicidad.

Demanda colectiva acusa manipulación masiva de reproducciones y perjuicio económico a artistas

Spotify enfrenta una demanda colectiva en California que la acusa de ignorar un fraude masivo de transmisiones falsas en su plataforma. El caso, liderado por el rapero RBX —conocido por su colaboración con Snoop Dogg y su participación en «The Chronic» de Dr. Dre—, señala al artista Drake como principal ejemplo de la magnitud del problema, alegando que miles de millones de sus reproducciones podrían haber sido generadas fraudulentamente mediante redes de bots.

La demanda sostiene que entre enero de 2022 y septiembre de 2025 se observó un uso anómalo de VPN para falsear la geolocalización de transmisiones. Específicamente, documenta al menos 250 000 reproducciones de la canción «No Face» de Drake en cuatro días de 2024 que realmente provenían de Turquía pero fueron redirigidas para aparecer como originadas en Reino Unido.

Los demandantes argumentan que el modelo de pagos pro-rata de Spotify —donde el dinero recaudado de suscripciones y anuncios se distribuye según la participación en reproducciones totales— permite que usuarios que inflan artificialmente sus cifras mediante bots obtengan una porción desproporcionada del fondo compartido, perjudicando económicamente a artistas, compositores, productores y titulares de derechos legítimos.

La demanda señala anomalías específicas en las métricas de Drake, incluyendo concentración de cuentas en regiones con escasa población, picos irregulares en reproducciones mucho después del lanzamiento de canciones, descensos más lentos en cifras comparado con otros artistas, y cuentas reproduciendo su música hasta 23 horas diarias. Los datos muestran que Drake tiene menos «usuarios» pero más reproducciones totales que otros artistas de alto perfil, sugiriendo escucha artificial por un grupo reducido.

Los demandantes buscan compensación superior a 5 millones de dólares, alegando que los titulares de derechos fueron defraudados por «cientos de millones de dólares» debido a la manipulación de cifras. Solicitan certificación como demanda colectiva, identificación de otras posibles víctimas y juicio con jurado para determinar daños.

Spotify defiende eficacia de sistemas antifraude mientras implementa nuevas políticas

Un portavoz de Spotify declaró que la empresa no se beneficia del streaming artificial y que invierte considerablemente en sistemas para combatir estas prácticas. La compañía citó como evidencia de eficacia un caso del año pasado donde un individuo fue acusado de robar 10 millones de dólares de servicios de streaming, de los cuales solo 60 000 dólares provenían de Spotify.

Recientemente, la plataforma implementó una política contra artistas que utilizan servicios de terceros para garantizar reproducciones, pudiendo resultar en la eliminación de su música. Este caso legal surge poco después de que un juez desestimara la demanda por difamación presentada por Drake contra Universal Music Group, donde acusaba a su propio sello de impulsar artificialmente las transmisiones de «Not Like Us» de Kendrick Lamar.

Las acciones de Spotify subieron 5,3% en operaciones previas a la apertura del mercado tras el anuncio de resultados, acumulando un incremento superior al 40% en lo que va del año, aunque este repunte ha generado mayores impuestos sobre nómina que afectaron ligeramente las utilidades del trimestre.

Exportaciones de carne bovina alcanzaron USD 1.918 millones a octubre con incremento del 27% y consolidan acceso a mercados estratégicos

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El sector cárnico paraguayo mantiene su trayectoria de crecimiento sostenido en 2025, registrando niveles históricos tanto en volumen como en ingresos por exportaciones. Los datos oficiales revelan una expansión significativa de las ventas internacionales, acompañada de avances estratégicos en la apertura de nuevos mercados asiáticos y procesos de habilitación en destinos clave de América del Norte.

Crecimiento del 27% en ingresos pese a desaceleración en faena

Según el informe mensual del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), las exportaciones de carne y menudencias bovinas alcanzaron 371.540 toneladas entre enero y octubre, generando ingresos por USD 1.918,8 millones. Del monto total, USD 1.795,9 millones corresponden específicamente a carne, representando el 93% de las operaciones.

Estas cifras evidencian un incremento del 26,86% en valor respecto al mismo período de 2024, mientras que el volumen exportado creció 6,63%. El presidente del Senacsa, José Carlos Martin, atribuyó la moderación en el crecimiento volumétrico a una reducción en la faena durante los últimos tres meses del año.

«Bajó la faena. Si bien tenemos una faena mayor del 3% de enero a octubre 2023 vs 2024, la reducción en los últimos tres meses fue casi del 18%, pero llegamos a 1.900.000 cabezas más», explicó Martin, quien añadió que la situación se está normalizando con las lluvias en el Chaco.

Chile mantiene liderazgo con el 31% de participación

El análisis de destinos revela que Chile continúa como el principal importador de carne paraguaya, concentrando el 31% del total exportado. El mercado chileno adquirió 91.833 toneladas por un valor de USD 556,5 millones durante los primeros diez meses del año.

Taiwán ocupa la segunda posición con 41.331 toneladas comercializadas, equivalentes al 14% de los envíos totales, generando ingresos por USD 252,2 millones. Un dato relevante es el retorno de Estados Unidos al tercer lugar entre los principales destinos, tras haber descendido al cuarto puesto entre julio y septiembre. Al mercado estadounidense se exportaron 34.192 toneladas, permitiendo un ingreso de USD 196,5 millones.

El ranking de los diez principales compradores se completa con Israel, que importó 26.793 toneladas por USD 174 millones, seguido de Brasil, Rusia, Canadá, Ghana, Albania y Angola. En conjunto, estos mercados representan más de USD 503 millones en operaciones comerciales.

Octubre marcó el segundo mejor mes del año en facturación

El desempeño mensual muestra que octubre registró exportaciones por 30.278 toneladas, siendo superado únicamente por febrero (34.258 toneladas), mayo (32.511 toneladas), junio (35.635 toneladas) y agosto (31.828 toneladas) en términos de volumen.

En cuanto a facturación, octubre alcanzó USD 191.628.053, constituyendo el segundo mejor ingreso mensual de 2025, solo por debajo de junio que generó USD 208.289.932. Otros meses destacados fueron febrero, con USD 191.442.109, y agosto, con USD 189.271.613.

Valorización sostenida del producto paraguayo

Un aspecto significativo del desempeño sectorial es la mejora en los precios internacionales. El valor promedio de la tonelada exportada se ubicó en USD 6.328 en octubre, representando un incremento del 3% frente a los USD 6.144 registrados en septiembre. Esta tendencia refleja una creciente valorización del producto paraguayo en los mercados globales.

Primer embarque a Filipinas abre oportunidades en Asia

Paraguay concretó su primera exportación de productos cárnicos a Filipinas, tras la reciente apertura de ese mercado a productos de origen bovino, porcino y aviar. El envío consistió en 27 toneladas de carne bovina con hueso, específicamente rabo, utilizado en platos típicos filipinos.

«Ellos tienen una comida típica allá, donde usan el rabo, por eso la importancia de la exportación de carne con hueso para que pueda formar parte de su comida típica», destacó José Carlos Martin.

Esta operación representa el segundo mercado asiático que se abre a las exportaciones paraguayas después de Singapur, en el marco de la estrategia de expansión en el continente. Filipinas constituye una oportunidad significativa considerando sus volúmenes de importación: en 2024 importó 208.000 toneladas de carne bovina (USD 624 millones), 393.000 toneladas de carne porcina (USD 527 millones) y 478.000 toneladas de carne aviar (USD 461 millones), totalizando más de USD 1.600 millones anuales en proteínas.

Estrategia en el sudeste asiático

Filipinas integra la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean), conformada por diez países que en conjunto representan un PIB superior a USD 3,9 billones, con un crecimiento regional del 4%, consolidándose como la quinta economía mundial. Este bloque incluye además a Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei Darussalam, Camboya, Laos y Myanmar.

Auditoría mexicana postergada hasta 2026

La esperada auditoría de México al sector cárnico paraguayo, programada originalmente para noviembre de 2025, fue pospuesta para el primer semestre de 2026 por cuestiones logísticas, según informó la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC).

El gerente general de la CPC, Daniel Burt, lamentó este nuevo aplazamiento y reconoció que los procesos de habilitación resultan «muy burocráticos, más de lo que se desearía», debido a la necesaria coordinación entre gobiernos.

«En ocasiones este proceso requiere que funcionarios estatales viajen al país para realizar las gestiones, y eso lo vuelve un poco más tedioso. Pero estamos seguros de que, cuando se dé la apertura, valdrá la pena todo el proceso», manifestó Burt.

México representa un destino estratégico por ser integrante del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) junto con Canadá y Estados Unidos, siendo el único mercado de ese bloque que falta completar para Paraguay.

Técnicos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de México realizaron una primera revisión en marzo de 2024, inspeccionando frigoríficos de exportación, establecimientos ganaderos, unidades zonales, laboratorios del Senacsa y puntos de entrada y salida del país. Actualmente resta la habilitación de las industrias exportadoras.

Cierre de auditoría panameña

El viernes anterior a la publicación de estos datos concluyó la auditoría de Panamá al sector cárnico local, sumando otro destino potencial para las exportaciones paraguayas de carne bovina.

Proyecciones de un año histórico

Daniel Burt calificó al 2025 como un año que se perfila histórico para el sector cárnico nacional, sustentado en la alta demanda internacional de carne y el creciente interés por el producto paraguayo. Este desempeño se apoya tanto en la apertura de nuevos mercados como en la consolidación de la presencia en destinos establecidos como Estados Unidos, Canadá, Chile, Taiwán, Israel y Brasil.

Los indicadores del sector reflejan la capacidad competitiva de la industria cárnica paraguaya para responder a las exigencias sanitarias internacionales y posicionarse en mercados diversificados, consolidando su rol como uno de los principales pilares de la economía exportadora del país.

Economista alerta que Argentina sufrió la mayor fuga de capitales en dos décadas por mantener el tipo de cambio fijo antes de las elecciones

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El economista estadounidense Robin Brooks, investigador senior de la Brookings Institution, advirtió que Argentina experimentó la mayor fuga de capitales en más de 20 años durante los meses previos a las elecciones legislativas del 27 de octubre. Según su análisis, la estrategia del gobierno del presidente Javier Milei de mantener controlado el tipo de cambio para favorecer el resultado electoral tuvo un «enorme costo» económico que se tradujo en una salida masiva de fondos que, en sus palabras, «nunca se revierten».

Brooks, quien anteriormente se desempeñó como economista jefe del Instituto Internacional de Finanzas (IIF) y analista en Wall Street, fundamentó sus conclusiones en datos del Banco Central argentino (BCRA), señalando que la sobrevaluación del peso y la incertidumbre electoral generaron un éxodo de capitales sin precedentes recientes, con consecuencias potencialmente más graves que las registradas durante la crisis de 2019, cuando el entonces presidente Mauricio Macri perdió las elecciones primarias.

Una hemorragia financiera que supera la crisis de 2019

El análisis de Brooks, basado en información mensual del sistema bancario publicada por el BCRA, revela que la fuga de capitales se intensificó dramáticamente a partir de la segunda mitad de agosto. Según sus cálculos, el episodio de septiembre eclipsó al registrado en agosto de 2019, cuando el resultado de las elecciones primarias —en las que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner derrotó ampliamente al oficialismo— desencadenó una crisis cambiaria que terminó con el gobierno de Macri.

«La decisión de mantener la fijación del dólar ayudó a que a Milei le vaya bien en las elecciones hace una semana. Pero la decisión se produce a un costo enorme para Argentina», afirmó el economista. En su evaluación, mantener el peso argentino sustancialmente sobrevaluado creó un incentivo poderoso para que familias y empresas se apresuraran a convertir sus ahorros en dólares ante la expectativa de una devaluación posterior a los comicios.

El especialista destacó que si las autoridades argentinas hubieran permitido flotar libremente el peso antes de la elección, la fuga se habría detenido al eliminarse el incentivo de cobertura ante una devaluación anticipada. «La fuga de capitales es así una consecuencia directa de la decisión de pegarse al dólar por razones políticas», sentenció.

Metodología: datos bancarios confirman la magnitud del fenómeno

Para fundamentar su advertencia, Brooks elaboró una aproximación de la fuga de capitales utilizando datos mensuales del sistema bancario argentino. Posteriormente, contrastó estos cálculos con información «mucho más precisa» proveniente de los informes trimestrales de balanza de pagos, que incluyen salidas directas de fondos, cartera de activos externos y el rubro «errores y omisiones», categoría que frecuentemente captura movimientos de capital no registrados oficialmente.

La correspondencia entre ambas series de datos refuerza la conclusión de que Argentina enfrentó una hemorragia de capitales de dimensiones excepcionales en el contexto latinoamericano. «La historia enseña que estas fugas de capital nunca se revierten. Una vez que estos ahorros dejan el país, están perdidos para Argentina», advirtió Brooks, subrayando el carácter permanente del daño económico.

Esta perspectiva se alinea con observaciones de largo plazo formuladas por otros economistas internacionales. Steve Hanke, especialista en dolarización que según el Financial Times mantuvo reuniones con funcionarios de la administración Trump, precisó al diario británico que desde 1995 Argentina ha acumulado fugas de capital por 238.000 millones de dólares, evidenciando un patrón estructural que trasciende gobiernos y períodos políticos en la tercera economía de América Latina.

El dilema entre estabilidad electoral y sostenibilidad económica

El núcleo de la crítica de Brooks apunta a la tensión inherente entre objetivos políticos de corto plazo y la necesidad de políticas económicas sostenibles. Según su análisis, mantener el peso sobrevaluado mediante controles cambiarios puede ofrecer beneficios tácticos inmediatos —como la estabilidad de precios antes de elecciones—, pero genera distorsiones profundas que terminan «hambreando al país de capital», precisamente lo opuesto a lo que la economía argentina necesita para expandirse.

El economista identificó la «casi patológica fijación argentina con fijar el valor del dólar» como una enorme distracción que aleja al país sudamericano de aplicar políticas correctas. En su evaluación, esta dinámica afecta múltiples dimensiones económicas: reduce la disponibilidad de divisas en mercados oficial y paralelo, contrae la capacidad de inversión privada al limitarse el crédito, y erosiona la confianza en la estabilidad económica, impactando precios, tasas de interés y el comportamiento de mercados de bonos y acciones.

Brooks advirtió que, de no ajustarse la política monetaria y cambiaria, la economía argentina podría enfrentar presiones adicionales sobre inflación y tipo de cambio, además de mayores riesgos recesivos. La salida de capitales, argumentó, no es un fenómeno temporal sino una pérdida permanente de recursos que debilita la base financiera del país.

Llamado a flotación cambiaria tras victoria electoral oficialista

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas, en las que la coalición del presidente Milei obtuvo una victoria contundente, Brooks publicó un nuevo análisis caracterizando este resultado como «una oportunidad histórica» para que Argentina libere completamente el tipo de cambio. Sin embargo, expresó su escepticismo sobre la voluntad gubernamental de avanzar en esa dirección. «Argentina debe romper con su historial y permitir que el peso flote libremente. Todo indica que no se avanzará en ese sentido», señaló.

El exfuncionario del Fondo Monetario Internacional argumentó que los últimos meses evidenciaron «una grave crisis con fuga de capitales», síntoma inequívoco de sobrevaluación cambiaria. Cuestionó duramente a quienes atribuyen la depreciación del peso al riesgo político de un triunfo opositor, señalando que «desde el punto de vista conceptual es imposible separar la prima de riesgo de la sobrevaluación, ya que la prima solo surge ante un catalizador si hay un desalineamiento fundamental».

Brooks destacó tres evidencias que respaldan su diagnóstico de sobrevaluación: primero, los propios argentinos validaron esta perspectiva con sus acciones, retirando capitales y realizando compras en el exterior motivados por los altos precios locales en términos de dólares; segundo, los flujos de capital hacia mercados emergentes se mantuvieron sólidos globalmente en los últimos meses, excepto hacia Argentina; tercero, los inversionistas internacionales también parecen coincidir en que el peso está sobrevaluado, según se desprende de los movimientos de capitales.

«Se habría ahorrado mucho tiempo y preocupación en las últimas semanas si el país se hubiera librado de la incertidumbre sobre una posible devaluación», afirmó. En su recomendación, Argentina debería seguir el camino de otros países latinoamericanos que han adoptado regímenes de flotación cambiaria, otorgando independencia plena al Banco Central. «Si eso no ocurre ahora, el país está condenado a repetir siempre el mismo error», concluyó.

Tensiones con el ministro de Economía argentino

Las críticas de Brooks han generado fricciones recurrentes con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo. En 2024, tras pronosticar que una devaluación era «inevitable», el economista fue duramente cuestionado por el funcionario. «Si fuera un gurú, trabajaría en Wall Street y no en el IIF dando opiniones», ironizó Caputo en redes sociales.

No obstante, la trayectoria profesional de Brooks respalda su autoridad analítica. Además de su paso por el IIF como economista jefe —el principal lobby de los grandes bancos y entidades financieras privadas internacionales—, trabajó como estratega de monedas en Goldman Sachs y Brevan Howard, y se desempeñó como economista en el Fondo Monetario Internacional. Actualmente, desde la Brookings Institution —un think tank bipartidario de Washington considerado uno de los centros de análisis más influyentes de Estados Unidos—, Brooks mantiene su posición crítica hacia los controles cambiarios argentinos y advierte sobre las consecuencias de postergar ajustes necesarios.

La insistencia del economista en señalar que «las fugas de capital nunca se revierten» subraya el carácter irreversible del daño. A diferencia de otros shocks económicos que pueden revertirse con políticas adecuadas, la pérdida de capital representa una disminución permanente del stock de ahorro nacional disponible para inversión, crédito y desarrollo productivo.

Un patrón recurrente en la economía argentina

El análisis de Brooks pone en evidencia una contradicción fundamental en la gestión económica argentina: mientras el éxito electoral del oficialismo podría interpretarse como una validación ciudadana de la política económica, los datos de fuga de capitales revelan que los agentes económicos —tanto locales como internacionales— expresaron con sus decisiones financieras una profunda desconfianza en la sostenibilidad del esquema cambiario.

Esta disonancia entre resultado político y realidad económica plantea interrogantes sobre la viabilidad del modelo en el mediano plazo. Si bien el control cambiario pudo haber contribuido a contener presiones inflacionarias en el período electoral —Argentina enfrenta tasas de inflación que se encuentran entre las más altas del mundo—, las consecuencias en términos de salida de capitales sugieren que el costo diferido podría superar ampliamente los beneficios inmediatos.

La magnitud histórica de la fuga —superior incluso a la crisis de 2019— indica que la pérdida de confianza alcanzó niveles críticos entre ahorristas e inversores argentinos. La recuperación de esa confianza, elemento esencial para atraer capitales y financiar el desarrollo en un país que históricamente ha enfrentado dificultades para acceder a mercados internacionales de crédito, requerirá reformas profundas en el régimen cambiario y monetario que, según Brooks, el gobierno parece reacio a implementar.

El economista advirtió que postergar estos ajustes «solo posterga una crisis inevitable», sugiriendo que la presión sobre el tipo de cambio y las reservas del Banco Central continuará acumulándose mientras persista el desalineamiento fundamental entre el valor oficial del peso y su valor de equilibrio de mercado. En este contexto, la fuga de capitales preelectoral no sería un episodio aislado sino el preludio de tensiones mayores si no se adoptan correcciones sustanciales en la política económica, un desafío recurrente para Argentina en las últimas décadas.

El déficit fiscal y la crisis de pagos: constructoras enfrentan una deuda estatal de USD 211 millones con peligro de crisis en el sector

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El sector de la construcción paraguayo atraviesa una situación crítica que expone las tensiones inherentes a la política de ajuste fiscal del gobierno. Mientras el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, celebra la reducción del déficit fiscal del 4,1% al 1,9% del PIB, las empresas constructoras denuncian una deuda acumulada que alcanza los USD 211 millones por obras ejecutadas, más USD 110 millones en intereses pendientes. Esta crisis de liquidez amenaza la supervivencia de numerosas firmas nacionales y pone en evidencia el costo que implica el cumplimiento de las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional.

La dimensión real del endeudamiento del Estado con proveedores

El problema trasciende al sector constructor. Según estimaciones, el Estado paraguayo mantiene compromisos pendientes que rondarían los USD 1.000 millones, equivalentes al 1,9% del PIB. Esta cifra podría escalar hasta los USD 1.300 millones (2,8% del PIB) si se consideran las obligaciones del Instituto de Previsión Social. De la deuda de la Administración Central, aproximadamente USD 600 millones corresponden a las farmacéuticas, sin contabilizar intereses que podrían representar hasta el 20% adicional del pasivo. Los USD 320 millones restantes, según datos gremiales, se distribuyen entre constructoras por certificados de obras ejecutadas e intereses acumulados.

Esta acumulación de pasivos representa una presión financiera que supera el déficit proyectado para 2025, independientemente de su registro contable como gasto devengado en las cuentas públicas. La magnitud del problema refleja las contradicciones de un Estado que busca mantener su imagen internacional de responsabilidad fiscal mientras enfrenta serias dificultades para honrar sus compromisos internos.

El ajuste fiscal y su impacto en la inversión pública

La Ley de Responsabilidad Fiscal establece un límite de déficit del 1,5% del PIB, meta que el gobierno se comprometió a alcanzar en 2026 mediante un acuerdo con el FMI. Este compromiso internacional obligó a prorrogar el plazo original en 2023, cuando la administración entrante reconoció que el déficit heredado no contemplaba deudas con varios sectores. Tras partir de un 4,1% en 2023 y cerrar 2024 en 2,6%, el gobierno proyecta concluir 2025 en 1,9%.

Sin embargo, este proceso de convergencia fiscal tiene un precio tangible. Datos del Banco Central del Paraguay revelan que en el segundo trimestre de 2025 el consumo gubernamental registró una caída del 5,9%, explicada principalmente por la reducción en la adquisición de bienes y servicios. El sector construcción experimentó una desaceleración pronunciada, pasando de un crecimiento del 12,9% en el primer trimestre a apenas 4,5% en el segundo.

Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA), expuso el dilema con claridad: cuando se aproxima el tope fiscal, el ajuste recae inevitablemente sobre la inversión pública. «A medida que se va gastando, al final el fusible es la inversión», advirtió, explicando que los atrasos en los pagos no responden a falta de ejecución de obras, sino a restricciones presupuestarias impuestas por la meta fiscal.

La mecánica de los certificados de obra y el círculo vicioso del endeudamiento

El sistema de pagos en obras públicas funciona mediante certificados mensuales que documentan los avances medidos y aprobados por fiscalizadores externos y por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Sin embargo, el MOPC no está pagando la totalidad de estos certificados en tiempo y forma. Cada mes se acumula un pequeño retraso que, a lo largo del año, se transforma en una deuda significativa.

Las empresas constructoras deben sostener sus operaciones con recursos propios o mediante créditos bancarios mientras esperan el cobro. «Nosotros tenemos que pagar sueldos, aguinaldos, combustible, cemento, proveedores… y muchos no aguantan dos o tres meses sin cobrar. Entonces nos endeudamos para mantener los proyectos activos», detalló Sarubbi. Esta situación genera un efecto cascada: las constructoras se endeudan para mantener los proyectos, acumulan costos financieros por los intereses de esos préstamos, y enfrentan crecientes dificultades para cumplir con sus propios proveedores y trabajadores.

La Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO), liderada por José Luis Heisecke, reporta casos de empresas que han debido vender maquinarias y activos para sobrevivir. La situación es particularmente crítica para las firmas medianas, que carecen de los colchones financieros de las grandes corporaciones.

El conflicto público entre el gobierno y el sector constructor

La tensión escaló tras declaraciones del ministro Fernández Valdovinos, quien minimizó los reclamos del sector. «No sé cuál es la obsesión de que se les pague antes de que cierre el mes de octubre», señaló el funcionario, afirmando además que la deuda reconocida asciende a USD 60 millones, muy por debajo de los USD 150 millones denunciados inicialmente por CAVIALPA o los USD 321 millones (capital e intereses) que reporta CAPACO.

El ministro explicó que no todas las facturas presentadas constituyen automáticamente deuda del Estado. «No puedo considerar deuda con una simple presentación de factura. Tiene todo un proceso de reconocimiento dentro del MOPC, y eso demora su tiempo», argumentó, añadiendo que se han efectuado pagos significativos en los últimos meses, incluyendo 220 mil millones de guaraníes tras reconocer una deuda de 550 mil millones.

La respuesta de CAPACO fue contundente. En un comunicado emitido con «profunda consternación», el gremio calificó las expresiones del ministro como una falta de respeto. «Lo que el ministro califica como ‘obsesión por cobrar antes de que cierre el mes de octubre’ es, en realidad, la desesperación de empresas que no logran cumplir con sus propios trabajadores ni con los bancos, tras meses de espera», señalaron.

El documento reconoce que la acumulación de deudas se inició en el gobierno anterior, pero enfatiza que la situación actual es «consecuencia de la demora sistemática de la actual conducción del MEF en honrar los compromisos». CAPACO cuestionó la contradicción entre el discurso oficial sobre el grado de inversión del país y el trato dispensado a las empresas paraguayas que sostienen las obras públicas y el empleo nacional, advirtiendo que esta conducta «violenta la seguridad jurídica».

La perspectiva internacional y el respaldo regional

La gravedad del conflicto atrajo la atención internacional. La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) emitió desde México un pronunciamiento instando al Estado paraguayo a saldar sus compromisos y garantizar la continuidad de las obras públicas. Este respaldo regional subraya la magnitud del problema y sus potenciales repercusiones más allá de las fronteras nacionales.

El sector constructor señala que algunas empresas mantienen cuentas pendientes desde hace más de un año, generando una asfixia financiera que amenaza con paralización de obras, pérdida de empleos y aumento de costos en los contratos vigentes. Esta situación plantea interrogantes sobre la credibilidad del Estado paraguayo como contratante confiable.

El dilema estructural entre disciplina fiscal y desarrollo económico

El debate trasciende las cifras específicas y expone un dilema fundamental de política económica. El gobierno de Santiago Peña ha priorizado el cumplimiento de los compromisos con el FMI y la preservación de indicadores macroeconómicos favorables. La reducción del déficit fiscal envía señales positivas a los mercados internacionales y fundamenta el grado de inversión que Paraguay ostenta.

Sin embargo, esta estrategia enfrenta una contradicción evidente. Como advirtió Sarubbi: «Si el ajuste se hace a costa de frenar la inversión, el crecimiento futuro que se busca también se va a resentir. No se puede cuidar la macroeconomía matando al motor que la impulsa». La infraestructura constituye un pilar del desarrollo económico a largo plazo, y su postergación sistemática podría comprometer el potencial de crecimiento que precisamente el ajuste fiscal pretende preservar.

El presidente de CAVIALPA propone una solución que desplaza el foco desde la inversión hacia el gasto corriente: «Hay que gastar menos en burocracia y más en inversión, porque la infraestructura es la base del desarrollo del país». Esta perspectiva sugiere que el ajuste debería concentrarse en mejorar la calidad del gasto público, reduciendo gastos administrativos improductivos en lugar de comprometer la inversión en obras que generan empleo y capacidad productiva futura.

Las implicaciones para la economía real y el empleo

El impacto de esta situación se extiende más allá del sector constructor. Las empresas constructoras emplean directamente a miles de trabajadores y generan demanda para múltiples sectores proveedores: cemento, acero, combustibles, servicios de ingeniería, transporte y logística. El efecto multiplicador de la inversión en infraestructura es significativo, y su contracción repercute en toda la economía.

La crisis de liquidez en el sector constructor también afecta al sistema financiero. Las empresas que deben endeudarse para sostener operaciones mientras esperan los pagos estatales incrementan su exposición al riesgo crediticio. Si el deterioro persiste, podrían registrarse defaults que afectarían la salud de los bancos que financian al sector.

Además, el incumplimiento de los compromisos estatales genera incertidumbre sobre la ejecución presupuestaria futura. Si las empresas no pueden confiar en que el Estado honrará los contratos firmados, podrían incrementar los precios de sus ofertas para compensar el riesgo de cobranza, encareciendo las obras públicas futuras o directamente retirándose de las licitaciones.

La seguridad jurídica como activo estratégico

CAPACO insiste en que el cumplimiento de los contratos firmados es «condición indispensable para presentarse ante el mundo como un país serio». Esta observación toca un punto neurálgico: la seguridad jurídica no es solo un concepto abstracto, sino un activo económico concreto que influye en las decisiones de inversión.

Un Estado que incumple sistemáticamente sus obligaciones contractuales envía señales contradictorias. Por un lado, procura proyectar imagen de responsabilidad fiscal ante los organismos internacionales y los mercados financieros. Por otro, erosiona la confianza de los agentes económicos locales que interactúan directamente con la administración pública. Esta contradicción eventualmente se resuelve en contra del objetivo inicial, pues la pérdida de credibilidad interna termina afectando también la percepción externa.

El sector constructor enfatiza que no se trata simplemente de un problema de flujo de caja o de programación financiera, sino de respeto a los acuerdos establecidos. Las empresas planifican sus operaciones, contratan personal y asumen compromisos financieros sobre la base de los contratos firmados con el Estado. Cuando estos contratos no se honran, se quiebra la previsibilidad necesaria para cualquier actividad económica sostenible.

Panorama y desafíos pendientes

El Ministerio de Economía prometió nuevos desembolsos en los próximos días, lo que podría aliviar parcialmente la presión inmediata. Sin embargo, mientras persista el esquema actual, donde el ajuste recae sistemáticamente sobre la inversión pública cuando se aproxima el límite fiscal, el problema tenderá a repetirse.

La solución estructural requiere reformas más profundas. La propuesta del sector constructor apunta a revisar la composición del gasto público, incrementando la eficiencia del gasto corriente para liberar recursos hacia la inversión productiva. Esto implicaría reducciones en áreas como la burocracia administrativa, racionalización de entidades públicas redundantes y optimización de procesos que actualmente generan costos sin agregar valor sustantivo.

También se plantea la necesidad de mecanismos que garanticen la continuidad de los pagos por obras ejecutadas, independizándolos de las fluctuaciones trimestrales en la ejecución presupuestaria. Esto podría incluir fondos específicos para obras públicas, sistemas de priorización automatizada de pagos por certificados de obra, o mecanismos de garantía que aseguren liquidez a las empresas mientras se procesan los desembolsos estatales.

La controversia expone además la complejidad de las políticas de consolidación fiscal en contextos de infraestructura insuficiente. Paraguay enfrenta déficits importantes en caminos, puentes, sistemas de agua y saneamiento, infraestructura educativa y hospitalaria. Postergar sistemáticamente estas inversiones genera costos económicos y sociales que eventualmente superan los beneficios contables del ajuste fiscal a corto plazo.

El desafío para el gobierno consiste en encontrar un equilibrio que preserve la disciplina fiscal sin sacrificar las inversiones estratégicas que sustentan el crecimiento futuro. Para el sector constructor, la prioridad inmediata es recuperar la liquidez necesaria para mantener las operaciones y el empleo, mientras se construyen mecanismos más predecibles de relacionamiento con el Estado. La resolución de este conflicto determinará no solo la salud de un sector específico, sino la credibilidad del Estado paraguayo como socio confiable para el desarrollo económico nacional.

Gobierno autoriza ajustes al Presupuesto 2025 por USD 37,2 millones con énfasis en jubilaciones policiales y obras públicas

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El Poder Ejecutivo implementó una nueva serie de modificaciones presupuestarias que reflejan las crecientes presiones fiscales del Estado paraguayo, particularmente en el sistema de pensiones y la infraestructura pública. Los ajustes revelan los desafíos estructurales que enfrenta la administración para mantener el equilibrio entre las necesidades operativas y la disciplina fiscal comprometida.

Jubilaciones policiales demandan USD 15,2 millones adicionales

El componente más significativo de las modificaciones corresponde al Decreto 4843, que establece un aumento de G. 115.332 millones (aproximadamente USD 15,2 millones) destinados exclusivamente al pago de jubilaciones y pensiones de la Policía Nacional. Esta ampliación evidencia la creciente presión que ejerce la Caja Fiscal sobre las finanzas públicas, sistema que atraviesa por un saldo negativo en expansión y obliga al Tesoro Nacional a destinar mayores recursos para cumplir con las obligaciones previsionales.

Esta no constituye la primera intervención del Ejecutivo para cubrir el déficit del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del sector público. La situación estructural de la Caja Fiscal representa uno de los principales desafíos fiscales de mediano plazo para el país, requiriendo inyecciones periódicas de recursos para mantener los pagos corrientes a los beneficiarios.

Obras Públicas recibe G. 68.500 millones para infraestructura y servicios

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se posiciona como el segundo mayor beneficiario de las modificaciones presupuestarias. Los decretos 4844 y 4852 amplían el presupuesto de esta cartera en G. 12.500 millones y G. 56.000 millones respectivamente, totalizando G. 68.500 millones destinados al pago de servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones, adquisición de insumos y ejecución de obras públicas.

Esta asignación refleja la prioridad gubernamental de mantener el impulso en la inversión en infraestructura, sector considerado estratégico para el desarrollo económico nacional y la mejora de la competitividad del país.

Salud obtiene recursos para mantenimiento hospitalario y ampliaciones

El sector sanitario también resulta favorecido con las modificaciones aprobadas. Los decretos 4841 y 4842 prevén aumentos para el Ministerio de Salud por G. 8.944 millones (USD 1,1 millones) y G. 2.030 millones (USD 0,27 millones) respectivamente. Estos recursos se destinarán al mantenimiento de hospitales, servicios de limpieza, transferencias a consejos regionales de salud y obras de ampliación en el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu.

La asignación subraya la necesidad permanente de sostener la infraestructura sanitaria del país y mejorar las condiciones de atención en los centros hospitalarios públicos, que enfrentan demandas crecientes de la población.

Redistribuciones presupuestarias alcanzan a 17 instituciones

Además de los aumentos directos, el Gobierno autorizó reprogramaciones presupuestarias que, sin incrementar el presupuesto global, permiten redistribuir recursos entre ministerios y programas específicos. Los decretos 4831, 4833, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839 y 4840 contemplan modificaciones en instituciones como el Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa Nacional, Banco Nacional de Fomento, Presidencia de la República y Universidad Nacional de Asunción.

Estas reprogramaciones se orientan a cubrir gastos en transporte, servicios personales o salarios, bienes de consumo, subsidios y repatriación de connacionales. También fueron beneficiadas entidades como la Dirección Nacional de Defensa Salud y Bienestar Animal, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el Ministerio de Desarrollo Social.

El Decreto 4834 favorece a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán) con una modificación en su anexo de personal, ajustando categorías y denominaciones en el Objeto del Gasto 111 Sueldo, sin implicar finalmente un incremento en el gasto total de la entidad.

Presupuesto vigente alcanza G. 78,7 billones con incremento del 5,56%

Según el informe de Principales Indicadores Financieros correspondiente a septiembre, el Presupuesto General de la Nación 2025 de los organismos de la Administración Central asciende a G. 78,7 billones (USD 10.397,6 millones), evidenciando un incremento del 5,56% frente al presupuesto inicial de G. 74,5 billones.

De dicho monto, el Estado registró una ejecución acumulada del 62,2%, equivalente a G. 49 billones o USD 6.473,7 millones respecto al presupuesto vigente. Del total ejecutado, el 84% se concentró en seis entidades, lideradas por el Ministerio de Economía y Finanzas, principalmente por las obligaciones de la Caja Fiscal y el servicio de la deuda pública.

Congreso analiza Presupuesto 2026 con dictamen de USD 22 millones adicionales

A partir de esta semana, la Cámara de Diputados tiene en sus manos el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026, con un plazo de 15 días para aprobarlo y remitirlo a la Cámara de Senadores. Ambas Cámaras disponen de un periodo de 30 días para tratar el documento y sancionarlo antes del 20 de diciembre.

El PGN 2026 planteado por el Poder Ejecutivo contempla un monto global de USD 18.900 millones, representando USD 2.000 millones más que el plan de gastos de 2025. Este incremento del 12% se distribuye entre la Administración Central y entes descentralizados, destinándose más del 60% al pago de salarios.

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso dictaminó aumentar en G. 170.000 millones o USD 22 millones adicionales sobre la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas. Según el presidente de la Bicameral, Silvio Beto Ovelar, estos incrementos priorizan sectores como salud, educación, obras y seguridad, beneficiando principalmente al Ministerio de Salud mediante la restitución de recortes en vacunas y hospitales, y a la Universidad Nacional de Asunción, entre otras instituciones.

Desafío fiscal: mantener el déficit dentro del límite comprometido

El Presupuesto General de la Nación 2025 inicialmente aprobado por el Congreso ascendía a G. 133,2 billones (USD 17.599 millones al cambio presupuestado), incluyendo la administración central y las entidades descentralizadas. Tras las modificaciones del primer semestre, el monto aumentó a G. 136,3 billones (USD 18.009 millones).

Las modificaciones continúan en el segundo semestre, autorizadas tanto por el Ejecutivo como aprobadas por el Congreso, principalmente para financiar gastos corrientes como creación de cargos, pago de salarios, pasajes, viáticos, bonificaciones e inversiones en infraestructura.

Se estima que las modificaciones presupuestarias seguirán y que el presupuesto aumentará aún más en esta última etapa del año. No obstante, el gobierno central deberá alinear sus gastos al tope de déficit fiscal del 1,9% del PIB para cumplir con su compromiso de disciplina fiscal, representando un desafío en el contexto de crecientes demandas de gasto público y presiones estructurales como el déficit de la Caja Fiscal.

La administración enfrenta así el dilema de atender necesidades urgentes en áreas sensibles como jubilaciones, salud e infraestructura, mientras mantiene la sostenibilidad fiscal de mediano plazo en un contexto económico que requiere prudencia y planificación estratégica.

Rusia prueba el Poseidón, su dron nuclear submarino capaz de generar tsunamis radiactivos, mientras Europa calcula el costo de sostener a Ucrania sin apoyo estadounidense

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El presidente ruso Vladímir Putin confirmó el miércoles la prueba exitosa del Poseidón, un sistema de armamento submarino autónomo de propulsión nuclear que representa una de las amenazas más graves del arsenal militar ruso. El anuncio se realizó durante una visita a un hospital militar donde se atiende a soldados heridos en el conflicto ucraniano, apenas tres días después de que Putin supervisara el lanzamiento del misil de crucero Burevestnik, también impulsado por energía nuclear.

«Deben saber que ayer realizamos otra prueba de otro sistema prometedor. Se trata del vehículo submarino no tripulado Poseidón, también con un sistema de propulsión nuclear», declaró Putin ante las cámaras televisivas. El mandatario ruso subrayó que por primera vez no solo se logró lanzar el dispositivo desde un submarino utilizando su motor propulsor, sino que también se activó el sistema de propulsión nuclear durante un período determinado, calificando el resultado como «un éxito tremendo».

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión diplomática. Las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania permanecen estancadas a pesar de los esfuerzos de mediación del presidente estadounidense Donald Trump, quien la semana pasada canceló una cumbre prevista con Putin en Budapest y calificó la reciente prueba del Burevestnik como «inapropiada». La administración Trump ha intensificado las sanciones contra las dos principales petroleras rusas, señalando que las conversaciones con Putin «no llevan a ninguna parte».

Características técnicas de un arma sin precedentes

Putin describió el Poseidón como un sistema imparable cuya potencia supera incluso al misil intercontinental Sarmat, el más avanzado de Rusia. «Además, la velocidad y la profundidad de este vehículo no tripulado no tienen parangón en el mundo, y es poco probable que se desarrolle en un futuro próximo, y no existen métodos de interceptación», afirmó el líder ruso.

Según una fuente del complejo militar-industrial ruso citada por la agencia estatal TASS, el arma puede operar a profundidades superiores a un kilómetro y alcanzar velocidades de hasta 70 nudos. La misma fuente confirmó que el dron, probado por primera vez en 2018, tiene capacidad para transportar una ojiva nuclear de hasta dos megatones.

Nombrado en honor al antiguo dios griego del mar, el Poseidón constituye esencialmente un híbrido entre un torpedo y un dron autónomo. Con aproximadamente 24 metros de longitud y dos metros de diámetro, es el mayor torpedo jamás desarrollado: duplica el tamaño de los misiles balísticos lanzados desde submarinos y multiplica por treinta las dimensiones de un torpedo pesado convencional.

El sistema posee un alcance superior a los 10.000 kilómetros y opera de manera completamente autónoma, sin depender de satélites para su navegación. Utiliza un sistema interno propio, lo que lo hace prácticamente indetectable mientras navega en silencio a gran profundidad, para luego acelerar cuando se aproxima a su objetivo.

La amenaza del tsunami radiactivo y su papel estratégico

Los analistas militares consideran que el Poseidón tiene capacidad para devastar regiones costeras mediante la detonación de su ojiva nuclear cerca de la costa, generando olas gigantes mezcladas con material radiactivo. En 2020, Christopher A. Ford, exsecretario de Estado adjunto de Seguridad Internacional y No Proliferación de Estados Unidos, advirtió que el torpedo puede «inundar las ciudades costeras de Estados Unidos con tsunamis radiactivos».

El arma se considera principalmente como parte de la disuasión nuclear rusa, funcionando como arma de segundo ataque contra centros de población costeros. Su capacidad para desplazarse literalmente por debajo de las defensas antimisiles lo convierte en una amenaza particularmente compleja de contrarrestar.

Putin presentó por primera vez el Poseidón en un discurso pronunciado en 2018. El Ministerio de Defensa ruso publicó entonces videos animados mostrando torpedos lanzados desde submarinos alcanzando objetivos en el mar y en la costa, aunque los únicos videos reales conocidos son filmaciones de archivo de 2018 y 2019 cuya fecha y ubicación no están claras.

El arma será transportada por dos submarinos: el Belgorod, una embarcación modificada de la clase OSCAR-II, y el Khabarovsk, construido expresamente para este propósito. El vicealmirante Nils Andreas Stensønes, jefe de Inteligencia de Noruega, ha confirmado que su agencia considera el Poseidón como «parte del nuevo tipo de armas de disuasión nuclear» y que el arma es «muy real».

El gasto militar global alcanza niveles récord

El contexto de estas pruebas militares se enmarca en un panorama de escalada armamentística sin precedentes. Moscú destinó en 2024 al esfuerzo militar 462.000 millones de dólares, frente a los 457.000 millones de la Unión Europea y el Reino Unido. El gasto armamentístico mundial registró un crecimiento del 7,4% durante el mismo período.

Esta carrera armamentística plantea desafíos enormes para Europa, que se enfrenta a la perspectiva de tener que sostener a Ucrania sin el respaldo tradicional de Estados Unidos. El gobierno ucraniano cuenta actualmente con un presupuesto directo de defensa de aproximadamente 65.000 millones de dólares anuales. Además, gasta otros 73.000 millones de dólares al año en todos los demás servicios y gastos gubernamentales, según Dragon Capital, una firma de inversión con sede en Kiev.

El gobierno recauda cerca de 90.000 millones de dólares en ingresos internos, lo que genera un déficit presupuestario anual de aproximadamente 50.000 millones de dólares. Asimismo, depende de la donación de armamento, como cohetes estadounidenses y sistemas de defensa aérea europeos, cuyo valor asciende a unos 40.000 millones de dólares este año, según datos del Ministerio de Defensa ucraniano.

Europa ante el desafío de financiar 389.000 millones de dólares

Ucrania necesitará aproximadamente 389.000 millones de dólares en efectivo y armas durante el cuatrienio comprendido entre 2026 y 2029, principalmente de Europa. Esto representa casi el doble de los aproximadamente 206.000 millones de dólares que Europa ha suministrado desde poco antes del inicio de la guerra en febrero de 2022. Durante el mismo período, Estados Unidos aportó cerca de 133.000 millones de dólares en efectivo y armas.

Expresado de otro modo, el costo de apoyar a Ucrania sin Estados Unidos para los demás miembros de la OTAN deberá aumentar de aproximadamente el 0,2% del PIB al 0,4%. Que Europa esté a la altura de este desafío pondrá a prueba sus aspiraciones de «autonomía estratégica», entendida como la capacidad de actuar en función de sus propios intereses de política exterior sin depender de Estados Unidos ni de China.

Si sumamos las necesidades de Ucrania para los próximos cuatro años, incluyendo armas donadas, apoyo presupuestario y algunos costos de reconstrucción, el total asciende a 389.000 millones de dólares. Si Europa financiara todo esto, la Unión Europea y sus miembros tendrían que aportar 328.000 millones de dólares y Gran Bretaña unos 61.000 millones. La financiación tendría que continuar incluso si la guerra terminara, ya que Ucrania necesitaría reabastecer sus reservas de municiones y mantener un ejército permanente para disuadir a Putin.

Las fuentes de financiación y el dilema del préstamo para reparaciones

La Unión Europea dispone de dos fuentes iniciales de financiación para cubrir el déficit restante. La primera es su propio presupuesto. Aunque el actual se ha agotado, la Comisión Europea pretende aportar a Ucrania 117.000 millones de dólares en el próximo ciclo de siete años, que comienza en 2028. Para ello, sería necesario realizar importantes recortes en otras partidas. Una estimación más realista es de 30.000 millones de dólares anuales durante 2028 y 2029.

El segundo fondo es un denominado «préstamo para reparaciones» que se financiaría con 163.000 millones de dólares en activos estatales rusos congelados en cuentas europeas, principalmente belgas. La reciente adhesión de Friedrich Merz, canciller alemán, a esta causa impulsó los esfuerzos para llevarla a cabo. La idea es que las entidades financieras presten el dinero a la Unión Europea mediante la emisión de bonos especiales, que luego transferiría los fondos a Ucrania.

Sin embargo, Bélgica teme que las garantías nacionales propuestas para los nuevos bonos de la Unión Europea no sean suficientes y la dejen en una situación de responsabilidad. Su inesperada y férrea oposición ha paralizado el plan. También existe un desacuerdo considerable sobre en qué se pueden gastar estos 163.000 millones de dólares. Merz afirma que el nuevo dinero debe utilizarse exclusivamente para comprar armas, no para cubrir el déficit presupuestario de Ucrania.

El debate sobre la industria armamentística europea

La ayuda europea a Ucrania aumentó drásticamente hasta alcanzar los 23.000 millones de dólares entre abril y junio de este año, mientras que la estadounidense ha disminuido. Gran parte de este dinero europeo ha terminado en Estados Unidos. Mediante un programa conocido como la Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania, Estados Unidos vende armas a precio de coste a los europeos, quienes a su vez las envían a Ucrania.

El envío de ingentes cantidades de dinero a través del Atlántico resulta cada vez más problemático en un momento en que Europa intenta desarrollar su propia industria armamentística para reducir su dependencia de las armas estadounidenses. Pero existen ciertas capacidades que solo Estados Unidos puede proporcionar. El sistema de defensa aérea franco-italiano SAMP/T no es tan eficaz contra misiles balísticos como el Patriot estadounidense.

Europa está en mejor posición para suministrar aviones de combate. El 22 de octubre, Ucrania y Suecia firmaron un acuerdo que podría permitir a Ucrania adquirir entre 100 y 150 cazas Gripen para modernizar su fuerza aérea a lo largo de los años. El Gripen es relativamente económico y se adapta especialmente bien a las necesidades de Ucrania.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, afirma que Europa está en camino de producir dos millones de proyectiles de artillería al año para finales de año. En algunos casos, Europa también podría destinar fondos a la producción de armamento estadounidense en territorio europeo. Raytheon, fabricante de los misiles Patriot, colabora con MBDA Deutschland para producir los interceptores en Alemania.

La tensión entre autonomía ucraniana y control europeo

Ucrania insiste en que debe tener pleno control sobre el destino de los fondos: su propia industria, armamento europeo o, en caso necesario, estadounidense. «Sabemos mejor que nadie qué necesita este dinero», afirma Iryna Mudra, subdirectora de la oficina presidencial ucraniana. Los funcionarios aseguran que las industrias de defensa ucranianas son eficientes y capaces de producir tecnologías de drones de vanguardia a gran escala.

Francia, sin embargo, ha estado presionando a la Unión Europea para que aumente su inversión en Europa. «Durante 80 años, la política, la geopolítica y la economía de la defensa europea se han basado en la premisa de que contamos con el respaldo de Estados Unidos. Esto tiene un coste», afirma Roland Lescure, ministro de Finanzas francés. «Asegurémonos de que ese respaldo, al menos en su mayor parte, se fabrique en Europa».

Otros países, especialmente en el norte y centro de Europa, se sienten cómodos comprando a Estados Unidos o Corea del Sur. «En la práctica, será una combinación de ambos», comenta un funcionario de la Unión Europea. «Ucrania necesita misiles Patriot y otros sistemas similares, pero también comprenden que es más fácil para los políticos europeos extender grandes cheques a Ucrania si parte de ese dinero contribuye a reforzar las capacidades de defensa europeas».

El camino hacia una solución europea

Esos problemas probablemente se resolverán mediante lo que mejor sabe hacer la Unión Europea: llegar a un acuerdo que deja a todos algo insatisfechos. Pocos dudan de que el «préstamo para reparaciones» se aprobará, con o sin la oposición de Bélgica, porque es la única opción para financiar a Ucrania en los próximos uno o dos años.

Cuando se agoten los fondos, la solución obvia sería un endeudamiento conjunto europeo similar al fondo de recuperación pospandemia de 800.000 millones de euros del bloque. Sin embargo, los funcionarios alemanes temen que los bonos de la Unión Europea socaven la disciplina fiscal en Europa y que, además, sean vulnerables a los vetos de los líderes prorrusos en la Unión Europea. «El principal problema no es el Bundestag, sino Viktor Orbán [de Hungría]», afirma uno de ellos.

Sin embargo, el continente sabe lo que hay que hacer y está encontrando la voluntad para hacerlo. «Europa ahora parece estar alerta y se toma en serio la amenaza rusa», afirma Vladyslav Rashkovan, quien representa a Ucrania junto con otros 15 países en el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. «Esto ahora concierne a Europa, no solo a Ucrania».

La prueba del Poseidón y el desafío de financiar a Ucrania representan dos caras de la misma moneda: una Europa que debe decidir si está dispuesta a asumir el costo económico y estratégico de garantizar su propia seguridad en un mundo donde Estados Unidos ya no puede considerarse un aliado incondicional. El resultado de esta encrucijada definirá el futuro del orden de seguridad europeo para las próximas décadas.

Nissan proyecta pérdidas operativas de US$1.800 millones mientras BYD enfrenta desplome de 33% en utilidades ante la brutal competencia en el mercado automotriz global

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La industria automotriz mundial atraviesa una de sus crisis más profundas en décadas, con dos de sus principales actores enfrentando situaciones financieras críticas que reflejan los desafíos estructurales del sector. Nissan Motor Co. ha anunciado una previsión de pérdida operativa de 275.000 millones de yenes (US$1.800 millones) para el año fiscal que finaliza en marzo de 2026, mientras que el gigante chino de vehículos eléctricos BYD Co. reportó una caída del 33% en sus ingresos netos del tercer trimestre, evidenciando que ni siquiera los líderes del mercado están inmunes a los vientos en contra que azotan la industria.

Nissan enfrenta su peor crisis financiera desde el rescate de Renault

El fabricante japonés se encuentra en su momento más delicado desde que fue rescatado de una situación cercana a la quiebra por Renault SA hace más de dos décadas. La proyección de pérdida operativa de 275.000 millones de yenes representa la primera previsión oficial de Nissan para el año fiscal 2025-2026, después de que la compañía optara anteriormente por retener sus estimaciones de beneficios ante la incertidumbre imperante.

Las acciones de Nissan experimentaron una caída de hasta 6,1% en las primeras operaciones del viernes en Tokio, marcando el mayor descenso intradía desde el 26 de agosto. El papel acumula una depreciación del 27% en lo que va del año, reflejando la pérdida de confianza de los inversionistas en la capacidad de recuperación de la compañía.

«Nissan sigue enfrentándose a retos exacerbados por los vientos en contra externos», declaró el director financiero Jeremie Papin, reconociendo la magnitud de los desafíos que enfrenta la automotriz. La empresa reportó una pérdida neta de 671.000 millones de dólares en el año fiscal concluido en marzo de 2025, cifra que motivó el anuncio de un plan de recorte de 20.000 empleos, equivalente al 15% de su fuerza laboral global.

Reestructuración profunda y cierre de plantas emblemáticas

El director ejecutivo Iván Espinosa ha implementado un agresivo plan de reestructuración que busca frenar el exceso de capacidad que ha mermado la rentabilidad de Nissan. La estrategia contempla la reducción de las operaciones globales de fabricación de 17 centros a solo 10, una contracción significativa de la huella industrial de la compañía.

Entre las medidas más drásticas destaca el traslado de la producción en México desde la planta de Civac hacia el complejo de Aguascalientes, proceso que debe completarse antes del cierre del año fiscal. Aún más simbólico resulta el anuncio del cese de operaciones en la emblemática fábrica nacional de Oppama, programado para marzo de 2028, lo que representa el fin de una era para uno de los complejos históricos de la marca japonesa.

Para el segundo trimestre, Nissan estima una pérdida de 30.000 millones de yenes en el periodo abril-septiembre, resultado mejor que su anterior previsión de 180.000 millones de yenes. Sin embargo, Tatsuo Yoshida, analista de Bloomberg Intelligence, advirtió que esta mejora responde principalmente a costes puntuales y otros factores contables, más que a mejoras operativas sustanciales. «No está claro si los avances se producirán según lo previsto», señaló el experto.

Papin atribuyó la menor pérdida a ajustes relacionados con la normativa estadounidense sobre emisiones, pasivos anteriores y otros «factores puntuales y costes diferidos». La empresa ha optado por no compartir los costes de reestructuración ni las perspectivas completas de beneficios o pérdidas netas para todo el año, información que será revelada el 6 de noviembre junto con sus resultados financieros detallados.

Ventas proyectadas por debajo de las expectativas iniciales

La compañía proyecta ventas por 11,7 billones de yenes en el período 2025-2026, una cifra significativamente inferior a su previsión inicial de mayo, cuando estimaba alcanzar 12,5 billones de yenes. Esta reducción del 6,4% refleja el deterioro de las condiciones de mercado y los desafíos operativos que enfrenta el fabricante.

Nissan identificó el impacto negativo persistente de los aranceles y los tipos de cambio como factores clave en su desempeño debilitado. Además, señaló riesgos en las cadenas de suministro y la estacionalidad de la actividad como elementos que justifican esta advertencia sobre resultados. La presencia de Renault, que mantiene una participación del 35% en Nissan, añade un elemento de presión adicional ante la necesidad de resultados concretos.

Los problemas actuales de Nissan tienen raíces profundas en un liderazgo de puertas giratorias y una línea de productos que ha perdido competitividad, situación que se ha visto agravada por ventas débiles en dos de sus mercados más importantes: Estados Unidos y China. La combinación de estos factores ha generado beneficios desplomados y una montaña de deudas que comprometen la viabilidad futura de la operación.

BYD sufre desplome de beneficios en medio de feroz competencia

Mientras Nissan lucha por su supervivencia, el panorama tampoco es alentador para el gigante chino de vehículos eléctricos BYD, que reportó una caída del 33% en sus ingresos netos del tercer trimestre, alcanzando los 7.820 millones de yuanes (US$1.100 millones). Las acciones de la empresa, que cotizan en Hong Kong, cayeron hasta un 6,4% en las primeras operaciones del viernes, evidenciando la decepción del mercado ante estos resultados.

Los ingresos totales en los tres meses que finalizaron el 30 de septiembre cayeron alrededor del 3% hasta los 194.980 millones de yuanes, muy por debajo de las estimaciones de los analistas que proyectaban 216.000 millones de yuanes. Esta brecha de más del 9% entre las expectativas y la realidad subraya la magnitud del desafío que enfrenta incluso el líder del mercado de vehículos eléctricos.

«Esperamos una reacción neutral a ligeramente negativa de las acciones ante los anémicos resultados del tercer trimestre», señalaron los analistas de Morgan Stanley, incluyendo a Tim Hsiao. El beneficio por unidad de vehículo de BYD fue de 6.100 yuanes en el trimestre, por debajo de la estimación de Morgan Stanley de 6.500 yuanes, aunque mostró una recuperación respecto al trimestre anterior.

Guerra de precios erosiona márgenes de rentabilidad

La empresa con sede en Shenzhen está luchando por mantener su posición dominante en el mercado nacional chino, donde una prolongada guerra de precios ha generado tal preocupación que el gobierno advierte sobre el riesgo de que la competencia despiadada pueda dañar la calidad del producto. Los desafíos de BYD salieron a la luz inicialmente cuando informó de un sorprendente desplome del 30% en los beneficios del segundo trimestre, evidenciando que se trata de una tendencia sostenida y no de un evento aislado.

El margen bruto del fabricante de automóviles se contrajo durante el trimestre al 17,6% desde el 21,9% de hace un año, aunque logró una mejora desde el 16,3% del segundo trimestre. Esta compresión de márgenes refleja la presión derivada del prolongado periodo de descuentos que ha apuntalado el rápido ascenso de BYD en el mercado chino de vehículos eléctricos, pero que ahora ha suscitado el escrutinio de las autoridades en Pekín.

BYD entregó 1,15 millones de vehículos de nueva energía, incluidos modelos puramente eléctricos e híbridos enchufables, en el tercer trimestre, una cifra 1,8% inferior al año anterior. Este estancamiento contrasta dramáticamente con el desempeño de sus competidores: Geely Automobile Holdings registró un aumento de ventas del 96% y Chongqing Changan Automobile Co. del 84%, lo que evidencia la pérdida de cuota de mercado de BYD.

La situación llevó al fabricante a perder su título de fabricante de automóviles más vendido de China en favor de la empresa estatal SAIC Motor Corp. en septiembre, un golpe simbólico significativo. Según medios de comunicación, BYD habría recortado previamente su objetivo de ventas para 2025 en un 16%, hasta los 4,6 millones de unidades, aunque la compañía no dio a conocer una cifra oficial en los resultados del jueves.

Expansión internacional como tabla de salvación

El agresivo impulso de BYD en el extranjero se ha convertido en un pilar cada vez más importante para el crecimiento de la empresa dados los retos que enfrenta en el mercado doméstico. El volumen de ventas en el extranjero creció un 160% respecto al año anterior en el tercer trimestre, impulsado por la demanda en Europa y Latinoamérica, según cifras publicadas previamente por la compañía.

En los países de la Unión Europea, BYD vendió más de 13.000 unidades en el mes de septiembre, lo que representa un aumento del 272,1% interanual, según un informe de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA). Este crecimiento exponencial en mercados desarrollados ofrece un respiro ante las dificultades domésticas y muestra el potencial de la marca china en territorios más rentables.

Sin embargo, algunos analistas mantienen una perspectiva optimista sobre la recuperación de BYD. Yuqian Ding, analista de HSBC, señaló que la compañía está «en el camino de una mayor mejora» y espera «una mejora secuencial del volumen, el margen y los beneficios» en el cuarto trimestre, impulsada por la recuperación de la demanda en temporada alta, una mejor combinación de productos y el apalancamiento operativo.

Desafíos estructurales y presión regulatoria

Los analistas han atribuido la desaceleración de las ventas principalmente a los esfuerzos de BYD para reducir el inventario antes de su lanzamiento de los modelos 2026. Las medidas de inventario absoluto y relativo del fabricante de automóviles cayeron mes a mes en septiembre, según una nota publicada por Citigroup Inc. Jeff Chung y otros analistas sugirieron que un BYD «desabastecido» podría ser favorecido nuevamente por el mercado si la mezcla de exportación de la compañía mejora significativamente en el primer trimestre de 2026.

De vuelta a casa, BYD también podría beneficiarse de un posible auge de las ventas en el último trimestre del año, a medida que China avanza en la eliminación progresiva de algunas subvenciones e incentivos fiscales. Algunos gobiernos locales ya están poniendo fin a programas que habían contribuido al aumento de las ventas de vehículos eléctricos.

No obstante, a largo plazo, la supresión de esas ventajas, que a menudo iban dirigidas a compradores sensibles al precio, corre el riesgo de frenar las decisiones de compra y puede trasladar una mayor presión sobre los precios a los fabricantes de automóviles y a los concesionarios, obligándoles a absorber unos costes más elevados o a iniciar descuentos más importantes para mover el inventario.

BYD también se enfrenta a vientos en contra estructurales por el mayor escrutinio que las autoridades están poniendo en el sector de los vehículos eléctricos de China. El sector automovilístico se ha visto atrapado en una campaña más amplia contra la competencia desleal, ya que Pekín pretende poner fin a la larga y brutal guerra de precios que ha llevado a algunas empresas al borde del abismo. Sin embargo, la campaña del gobierno parece haber tenido hasta ahora un efecto limitado en los fabricantes de automóviles.

En mayo, la principal asociación china de fabricantes de automóviles advirtió a las marcas que alimentan esta «guerra de precios», señalando que ello podría «agravar la rivalidad perjudicial» en el sector. A pesar de estas advertencias, la dinámica competitiva se ha mantenido feroz.

Inversión en innovación y productos de alto margen

La empresa también está invirtiendo más en investigación y desarrollo, lo que puede contribuir a futuras actualizaciones de productos y a su aumento de modelos de gama alta y alto margen bajo las marcas de lujo Yangwang y Fangchengbao el año que viene. Esta estrategia busca diversificar la oferta hacia segmentos más rentables que compensen la presión sobre márgenes en el mercado masivo.

«Con las próximas actualizaciones de las plataformas y la fuerte expansión en el extranjero, vemos a BYD bien posicionada para recuperar cuota de mercado nacional y acelerar la expansión global», escribió Yuqian Ding de HSBC, ofreciendo una perspectiva de mediano plazo más optimista que los resultados trimestrales inmediatos.

El contexto general refleja un sector de vehículos eléctricos en China que experimentó un crecimiento vertiginoso en los últimos años, pero que ahora enfrenta una consolidación dolorosa. Los fabricantes están inmersos en una guerra de precios que afecta su rentabilidad de manera estructural, poniendo en duda la sostenibilidad del modelo de crecimiento acelerado basado en descuentos agresivos y subsidios gubernamentales.

La combinación de crisis en Nissan y desafíos en BYD ilustra la complejidad del momento que atraviesa la industria automotriz global, donde tanto los fabricantes tradicionales como los nuevos líderes en electrificación enfrentan presiones sin precedentes que cuestionan sus modelos de negocio y requieren transformaciones profundas para garantizar su viabilidad futura.

Congreso amplía presupuesto 2026 en G. 170.000 millones con destino a salud, educación y obras, mientras gastos rígidos consumen 89% de recursos del Tesoro

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La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional concluyó el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026, introduciendo modificaciones que incrementan en G. 170.000 millones (US$ 22 millones) la propuesta original del Poder Ejecutivo. El dictamen, que recomienda la aprobación de estos cambios, fue elevado a las cámaras de Diputados y Senadores para su consideración final.

Incremento presupuestario y sectores beneficiados

El senador colorado cartista Silvio «Beto» Ovelar, presidente de la comisión integrada por 26 senadores y 27 diputados, informó que el aumento aprobado se mantiene dentro del tope de déficit fiscal de 1,5% del PIB contemplado para 2026. Con estas modificaciones, el proyecto de PGN alcanza los G. 149,3 billones (US$ 18.950 millones al cambio presupuestado).

Los recursos adicionales fueron distribuidos entre instituciones clave del Estado. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Educación y Ciencias y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones encabezan la lista de beneficiarios. Asimismo, recibieron aumentos la Universidad Nacional de Asunción, nueve universidades nacionales del interior, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y el Ministerio Público para la suba salarial de forenses.

Una porción significativa de estos incrementos proviene de propuestas del propio senador Ovelar, quien en la penúltima sesión incluyó G. 35.000 millones para el programa «Letrina Cero» y para el Hospital Distrital de Caaguazú.

Interrogantes sobre el financiamiento

A pesar del aumento autorizado, persisten dudas sobre el origen de los recursos para cubrir estos gastos adicionales. Inicialmente, la comisión recortó gastos por G. 80.000 millones (US$ 10,1 millones), lo que dejaría una diferencia de G. 90.000 millones (US$ 11,4 millones) sin financiamiento claramente definido. Ovelar no especificó en su exposición cómo se cubrirá esta brecha.

Los aumentos aprobados están previstos para «nivelación salarial», crecimiento vegetativo que implicaría la creación de nuevos cargos, gastos corrientes e inversiones, según datos manejados en las últimas sesiones de la bicameral.

Poder Judicial excluido de los aumentos

Respecto al pedido de la Corte Suprema de Justicia, que incluía aumentos salariales para sus funcionarios, Ovelar consideró que aunque era razonable, atenderlo implicaría «desvestir un santo para vestir a otro». El legislador argumentó que ante la limitación de ingresos, el dilema radicaba en priorizar entre el Instituto Nacional del Cáncer, la Policía Nacional o el Poder Judicial, decantándose finalmente por los sectores de salud, educación y otros considerados prioritarios.

Composición del presupuesto original

El proyecto de presupuesto 2026 presentado originalmente por el Ejecutivo al Congreso el 25 de agosto ascendía a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), lo que representa un aumento del 12% con respecto al presupuesto inicial aprobado para el ejercicio 2025.

De ese total, la administración central recibe una asignación de G. 74,7 billones (US$ 9.478 millones), mientras que las entidades descentralizadas cuentan con G. 74,5 billones (US$ 9.451 millones). El plan se elaboró sobre la base de un déficit fiscal de 1,5% del PIB (US$ 746,8 millones), en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Proyecciones de recaudación y endeudamiento

Según las estimaciones del Poder Ejecutivo, se espera recaudar en impuestos G. 45,3 billones (US$ 5.751 millones), un 8% más de lo esperado para el presente año, manteniendo la presión tributaria en 11,5% del PIB.

En materia de endeudamiento, el Tesoro estará autorizado a emitir bonos hasta por un monto de US$ 1.303 millones. De este total, US$ 661,6 millones se autorizarán a través de la ley de presupuesto y US$ 641,5 millones mediante la ley de administración de pasivos.

El proyecto contempla 345.646 cargos de funcionarios permanentes, lo que implica 11.105 más que el actual presupuesto 2025. Esta cifra incluye funcionarios administrativos, policías, militares, docentes, personal de salud pública y autoridades electas, entre otros.

Gastos rígidos dominan el presupuesto

Un dato revelador expuesto durante las sesiones de la comisión bicameral es que el 89% de los recursos del Tesoro se destinan a financiar gastos rígidos dentro del proyecto de PGN 2026. Ramón Duette, director general de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, explicó a los parlamentarios la distribución de estos recursos provenientes de la Fuente 10.

Según su exposición, el 55% de estos recursos se destina al pago de servicios personales, 17% al pago de intereses de la deuda pública y otro 17% al pago de jubilaciones y pensiones, que incluye el déficit de la Caja Fiscal. Estos son denominados gastos rígidos porque deben pagarse obligatoriamente.

Servicios personales y masa salarial

Al gasto en servicios personales se asignaron G. 35,7 billones (US$ 4.540 millones), un 6% más que lo aprobado inicialmente para el presente año. Este rubro incluye remuneraciones básicas (sueldos, dieta, aguinaldo) y temporales (horas extras, adicional, gastos de residencia), asignaciones complementarias (subsidio familiar, bonificaciones), personal contratado, remuneraciones por servicios en el exterior y otros gastos de personal.

El incremento obedece, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a reajustes del 3,6% previstos por la variación del sueldo mínimo y por la inflación para policías, militares, gobernadores, miembros de juntas departamentales, jubilados de la Caja Fiscal y docentes, además de la creación de cargos en las fuerzas públicas y personal de salud para los nuevos hospitales.

En la sesión de la comisión bicameral se mencionó que los salarios presupuestados representan, en principio, el 62% de los ingresos tributarios estimados para el siguiente ejercicio.

Servicio de deuda pública en aumento

Duette informó a los legisladores que el servicio de la deuda pública aumenta G. 1,3 billones (US$ 164,9 millones) con relación al presente ejercicio. De este monto, G. 600.000 millones corresponden al pago de intereses y G. 700.000 millones al pago de amortizaciones.

Los intereses de la deuda pública se pagan con recursos provenientes de los impuestos, considerando que la ley de administración financiera prohíbe que los gastos corrientes sean financiados con deuda. El mayor monto se asigna para los intereses de la deuda externa, principalmente por la colocación de bonos soberanos, lo que se utilizará para financiar inversiones y refinanciar obligaciones existentes.

Crisis estructural de la Caja Fiscal

Sobre las jubilaciones y pensiones, que incluye el subsidio para cubrir el déficit de la Caja Fiscal, el presupuesto para el año próximo aumenta G. 1,3 billones (US$ 164,9 millones), a ser financiada con recursos institucionales o Fuente 30.

Al mes de septiembre, la Caja Fiscal acumula un déficit global de más de G. 1,8 billones (US$ 266,5 millones al cambio vigente), financiado en su mayor parte con los impuestos que paga la ciudadanía.

De los seis sectores que conforman la caja, el sector de empleados públicos es el único que mantiene un superávit del 12%. Los demás sectores —magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros— arrastran déficit del 28%, 22%, 75%, 64% y 49%, respectivamente.

Las proyecciones realizadas por el MEF indican que este año el saldo rojo rondaría los US$ 343 millones, cifra que para el año venidero subiría a US$ 430 millones. Estas cifras continuarán aumentando cada año si no se realiza en forma urgente una reforma del sistema previsional público, según advierten los técnicos.

El dictamen de la comisión bicameral sobre el proyecto de PGN 2026 pasó a la consideración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, instancias que decidirán finalmente sobre el proyecto de presupuesto, a más tardar el 20 de diciembre. Una vez aprobado por ambas cámaras, el texto será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.