El presidente boliviano Rodrigo Paz anunció este miércoles la eliminación de los subsidios a los combustibles y decretó la emergencia económica, financiera, energética y social del país, en medio de la peor crisis económica que atraviesa la nación andina en cuatro décadas. La medida, que el mandatario calificó como una «decisión histórica de salvataje de la patria», desató inmediatas protestas sindicales, tensiones con el vicepresidente y genera incertidumbre sobre sus efectos inflacionarios en la población.
Incrementos drásticos en precios de hidrocarburos tras dos décadas de estabilidad
El decreto presidencial establece aumentos significativos en los precios de los combustibles que permanecían congelados desde hace más de 20 años. La gasolina especial pasará de 3,74 a 6,96 bolivianos por litro (equivalente a un dólar), lo que representa un incremento del 86%. La gasolina premium subirá de 7,22 a 11 bolivianos (1,58 dólares), mientras que el diésel experimentará el ajuste más pronunciado al pasar de 3,72 a 9,80 bolivianos por litro (1,40 dólares), un aumento del 163%. El jet fuel se fijó en 10,74 bolivianos.
Antes del anuncio, el litro de combustible se vendía a un precio subsidiado de 0,53 dólares, una política que según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, representaba una sangría anual superior a los 2.000 millones de dólares para las arcas estatales y que se financiaba con créditos que ya no eran sostenibles.
El diagnóstico presidencial: herencia de crisis y escasez
En su mensaje televisado, Paz describió un panorama crítico de la economía boliviana. «Asumimos el gobierno de un país profundamente herido en su economía, en sus reservas, sin dólares, con una inflación creciente, sin combustibles y con un Estado que fue vaciado desde adentro», expresó el mandatario, quien apuntó directamente a las casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
El presidente subrayó que Bolivia enfrenta el mayor desabastecimiento de combustible de su historia, con reservas internacionales casi agotadas, escasez de divisas y sin capacidad para importar hidrocarburos que el país no produce en cantidades suficientes. «Bolivia no podía seguir funcionando con las normas de los últimos 20 años, normas de saqueo», sostuvo Paz, en referencia al período de gobierno de Evo Morales y Luis Arce Catacora.
Medidas compensatorias: aumentos salariales y bonos sociales
Para mitigar el impacto del ajuste, el gobierno anunció un paquete de medidas sociales. El salario mínimo nacional aumentará un 20%, pasando de 2.750 a 3.300 bolivianos mensuales (de 395 a 474 dólares). La Renta Dignidad para adultos mayores se incrementará a 500 bolivianos (72 dólares), mientras que el Bono Juancito Pinto, destinado a evitar la deserción escolar, subirá de 200 a 300 bolivianos (de 28,7 a 43 dólares).
«Mi prioridad absoluta es proteger su bolsillo mientras estabilizamos el país», afirmó el presidente. Además, se creará un Programa de Protección y Equidad, y se anunció un plan para trabajadores informales, sector que representa el 85% de la fuerza laboral boliviana.
Reformas estructurales para atraer inversión y divisas
El decreto establece una serie de reformas orientadas a reactivar la economía y atraer capital extranjero. Entre las medidas destacadas se encuentra un régimen extraordinario de repatriación de capitales con 0% de impuestos, lo que constituye efectivamente un blanqueo fiscal. «Abriremos las puertas a la inversión con impuestos 0% para quienes quieran repatriar sus capitales para producir en nuestra tierra», señaló Paz.
El gobierno también implementará el «silencio administrativo positivo» para agilizar trámites burocráticos, liberará las exportaciones y retirará el diésel de la lista de sustancias controladas para facilitar su importación. Según las autoridades, la estabilización permitirá generar recursos fiscales adicionales que se repartirán en partes iguales entre el Ejecutivo central y los gobiernos subnacionales para inversión en salud, educación y obras públicas.
Impacto inmediato: caos en transporte y aumentos en tarifas
Los efectos de las medidas se sintieron de inmediato en las calles bolivianas. Tras el anuncio presidencial en la noche del miércoles, largas filas se formaron en las gasolineras mientras los ciudadanos intentaban abastecerse de combustible antes del incremento. Para el jueves, La Paz y otras ciudades enfrentaban escaso transporte público.
Las tarifas del transporte colectivo se dispararon de manera abrupta. El precio del minibús en el departamento de La Paz pasó de 2,40 a 5 bolivianos en una sola noche, más que duplicando su valor. «Estamos sometidos al capricho de los conductores que cobran lo que quieren, esto va a tener efecto multiplicador, es un duro golpe a la gente», expresó Sofía Medina, una trabajadora que intentaba llegar a su empleo en el centro de la ciudad.
Rechazo sindical y amenaza de protestas masivas
La respuesta de los sectores sindicales fue inmediata y contundente. Los transportistas fueron los primeros en manifestar su descontento. Limbert Tancara, dirigente del sindicato Transporte Libre de La Paz, sostuvo que los conductores están «muy dolidos» por la medida y que «no es responsabilidad del autotransporte que esté tomando esta determinación. Es responsabilidad de un gobierno que quiere amedrentar a los sectores más desprotegidos».
Víctor Tarqui, máximo dirigente de los transportistas, calificó el decreto como «un golpe a la economía, un atentado al pueblo» y demandó su derogación. Por su parte, la poderosa Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado de emergencia para el sábado con el fin de analizar medidas de presión. «Estamos en emergencia, estamos dolidos, bastante sentidos», declaró el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, mientras Eduardo Ferrufino llamaba a definir acciones concretas contra lo que calificaron como un «gasolinazo».
El dirigente vecinal David Callisaya fue más enfático: «Le pido al gobierno que retroceda, esperábamos un ajuste gradual y en consenso con los sectores sociales, pero nos está condenando a pasar la peor Navidad. Tiene 24 horas para revisar», advirtió mientras organizaba una marcha en la ciudad de El Alto.
Crisis política: vicepresidente anuncia rechazo al decreto
A la tensión social se suma una crisis política interna que podría profundizarse. El vicepresidente Edman Lara, quien ha evidenciado diferencias con Paz desde las elecciones, anunció que rechaza el decreto y presentará un proyecto de ley para tumbarlo ante la Asamblea Legislativa.
Lara, un expolicía que ganó notoriedad a través de videos en TikTok, señaló en una rueda de prensa junto a representantes de varios partidos que «ahora no es el momento de establecer este tipo de medidas», pues «lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar».
La diputada de APB Súmate, Claudia Mallón, adelantó que presentarán un proyecto de ley para eliminar estas y otras medidas económicas, incluido el aumento salarial del 20%. Esta fractura entre presidente y vicepresidente, a solo 40 días de haber asumido el gobierno, plantea interrogantes sobre la viabilidad política del paquete de reformas.
Sector empresarial respalda las medidas pese a costos
En contraste con el rechazo sindical, los empresarios han manifestado su apoyo a las medidas, aunque reconocen sus costos. El presidente de la Cámara de Exportadores, Osvaldo Barriga, consideró que «son medidas necesarias, se veían venir y es mejor que sean de shock». Sin embargo, advirtió que «el ajuste salarial es una medida dura para los sectores empresariales, nos golpea a todos».
Fernando Kempf, presidente de los empresarios de La Paz, fue más directo sobre las consecuencias: «Muchas empresas tendrán que cerrar y ajustarse a la nueva realidad». Los sectores productivos han solicitado al gobierno mayor apertura económica como compensación por el incremento en costos operativos.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también respaldó la decisión: «Hemos llegado al fin de las subvenciones de los combustibles, un mecanismo que lamentablemente empobreció al país y generó mucho contrabando y corrupción», manifestó en la red social X.
Preocupaciones sobre el impacto inflacionario
Aunque el gobierno ha reconocido que las medidas tendrán un impacto inmediato en la economía familiar, sostiene que «no será significativo» y que a largo plazo ordenarán la economía. El analista económico Gonzalo Chávez ofreció una perspectiva más matizada: «Son medidas necesarias para atraer dólares e inversiones, favorecen al sector privado, están dentro de lo que se esperaba, pero tendrán efectos sociales y políticos complejos y elevarán la inflación».
Chávez señaló que «ahora viene la parte más compleja y veremos la habilidad del gobierno para pactar en las calles y en la Asamblea Legislativa para hacerlas sostenibles». La preocupación principal radica en el efecto multiplicador del aumento de combustibles sobre toda la estructura de precios de la economía, particularmente en alimentos y servicios básicos.
Respaldo internacional de Estados Unidos
El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su apoyo a las reformas anunciadas por Paz, calificándolas como «esfuerzos históricos del presidente Paz por abrir Bolivia al mundo». El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que se trata de «un importante paquete de reformas económicas destinadas a restaurar la estabilidad, la prosperidad y la inversión en Bolivia tras décadas de políticas fallidas».
«Reconocemos que el camino por delante no será fácil. El pueblo boliviano ha soportado años de estancamiento económico, corrupción y mala gestión», señaló el comunicado de Rubio, quien agregó que «las reformas anunciadas son un cambio de rumbo necesario que sienta las bases para un futuro más próspero y seguro para todos los bolivianos».
El respaldo estadounidense llega en medio de una visita de una delegación de funcionarios de ese país con miras a atraer inversión internacional a Bolivia. Días antes del anuncio, Paz había creado la Comisión de la Verdad para investigar presuntos actos de corrupción en el sector de hidrocarburos durante las administraciones de Evo Morales y Luis Arce Catacora.
El desafío de la legitimidad y la gobernabilidad
«Bolivia tocó fondo, pero cuando un país toca fondo solo le queda subir y Bolivia va a subir, aunque a algunos les duela», concluyó Paz en su mensaje. Sin embargo, el presidente enfrenta el desafío de mantener la gobernabilidad mientras implementa reformas impopulares en un contexto de fragilidad institucional y oposición tanto sindical como de su propio vicepresidente.
El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Aramayo, antes de partir a Brasil para asistir a la cumbre de Mercosur con la Unión Europea, defendió las medidas argumentando que «era imposible seguir sosteniendo esquemas inviables». La cuestión ahora es si el gobierno podrá sostener políticamente estas reformas frente a la presión social y los efectos económicos inmediatos que ya comienzan a manifestarse en las calles bolivianas.
