Déficit de la Caja Fiscal se aproxima a USD 70 millones en 2026 mientras Paraguay mantiene más de USD 6.200 millones en préstamos externos para proyectos públicos

marzo 17, 2026

El sistema previsional del sector público paraguayo, conocido como Caja Fiscal, continúa mostrando señales de deterioro financiero mientras la discusión sobre su reforma estructural sigue pendiente. Según los últimos datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el déficit acumulado en los primeros dos meses de 2026 ya alcanza G. 442.289 millones, equivalentes a USD 68 millones, lo que refleja una presión creciente sobre las finanzas públicas.

En paralelo, el Estado paraguayo mantiene US$ 6.252 millones en préstamos externos aprobados para financiar proyectos públicos. Sin embargo, solo US$ 3.171 millones han sido desembolsados, lo que representa una ejecución cercana al 51%, evidenciando diferencias importantes en el ritmo de implementación de los programas financiados con deuda externa.

La combinación entre el aumento del déficit previsional y la dependencia del financiamiento externo plantea desafíos relevantes para la sostenibilidad fiscal y la gestión de los recursos públicos.

La Caja Fiscal registra un déficit de G. 442.289 millones en solo dos meses

Los datos oficiales del MEF muestran que solo en febrero de 2026 la Caja Fiscal registró pérdidas por G. 247.339 millones, equivalentes a aproximadamente USD 38 millones, lo que representa un déficit del 46% en el sistema previsional del sector público.

Durante ese mes, el sistema acumuló gastos por G. 533.740 millones (USD 82,1 millones), mientras que los ingresos apenas alcanzaron G. 286.401 millones (USD 44 millones). Esto implica que los egresos representaron 53,6% más que los ingresos generados principalmente por aportes de los trabajadores activos.

En términos interanuales, el deterioro financiero también es visible. Las pérdidas aumentaron G. 14.822 millones (USD 2,2 millones) en comparación con febrero del año pasado, lo que equivale a un incremento de 6,3% en términos nominales.

El acumulado del año muestra una situación aún más clara: entre enero y febrero de 2026, la Caja Fiscal registró gastos por G. 1,03 billones (USD 159 millones) frente a ingresos por G. 591.660 millones (USD 91 millones). Como resultado, el sistema arrastra una pérdida del 43% en lo que va del año.

Maestros, policías y militares concentran los mayores déficits del sistema

El análisis por sectores revela que el déficit se concentra principalmente en algunos grupos del sector público.

Los docentes del sistema educativo público encabezan el listado con pérdidas acumuladas de G. 217.074 millones (USD 33,3 millones). En segundo lugar se ubican los agentes de las Fuerzas Armadas, con un déficit de G. 111.623 millones (USD 17,1 millones), seguidos por los policías, que registran pérdidas de G. 108.229 millones (USD 16,6 millones).

Por su parte, magistrados judiciales y docentes universitarios presentan un déficit conjunto de G. 16.523 millones (USD 2,5 millones).

El único sector que aún mantiene un resultado positivo es el de los funcionarios administrativos, con un superávit de G. 11.160 millones (USD 1,7 millones). No obstante, este saldo positivo viene reduciéndose de forma significativa, con una caída de 52,2% en apenas un año.

Más de 233.000 aportantes sostienen el sistema previsional público

El sistema previsional público cuenta actualmente con 233.482 aportantes activos, cuya distribución refleja la estructura del empleo estatal.

El 35% corresponde a funcionarios de la Administración Pública, con 82.314 aportantes. Muy cerca se encuentran los docentes de escuelas y colegios públicos, que representan 34% del total, con 79.674 contribuyentes.

Por su parte, policías y militares suman 55.311 aportantes, equivalentes al 24% del total, consolidándose como uno de los grupos más relevantes dentro del sistema.

En contraste, el número de jubilados y pensionados alcanza las 83.681 personas. Dentro de este grupo, los docentes representan el 48,3%, con 40.392 beneficiarios, seguidos por los funcionarios administrativos, con 20.890 jubilados (25%), y los policías y militares, que suman 19.391 beneficiarios, equivalentes al 23,2%.

Paraguay mantiene US$ 6.252 millones en préstamos externos para proyectos públicos

Mientras el sistema previsional enfrenta crecientes presiones financieras, el Estado paraguayo continúa utilizando el financiamiento externo como herramienta para impulsar proyectos de inversión pública.

Según datos del MEF, el monto total de préstamos externos aprobados asciende a US$ 6.252 millones, de los cuales US$ 3.171 millones ya fueron desembolsados, lo que representa una ejecución del 51% del total comprometido.

Esto implica que casi la mitad de los recursos aprobados aún permanece pendiente de ejecución, lo que refleja diferencias importantes en la velocidad con que las instituciones públicas implementan los proyectos financiados con crédito internacional.

Obras Públicas concentra la mayor parte del financiamiento externo

Dentro de la Administración Central, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) concentra el mayor volumen de préstamos externos.

La institución dispone de US$ 3.410 millones en financiamiento aprobado, de los cuales US$ 1.539 millones ya fueron desembolsados, lo que representa una ejecución del 50%.

Dado que el MOPC lidera proyectos de infraestructura vial, transporte y obras públicas, su participación resulta determinante para explicar el nivel agregado de ejecución del financiamiento externo en el país.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas registra US$ 469 millones en préstamos, con US$ 346 millones ya desembolsados, lo que equivale a una ejecución del 74%, una de las más altas dentro de la administración central.

Diferencias marcadas en la ejecución de préstamos entre instituciones

Otros organismos presentan niveles de ejecución intermedios. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) cuenta con US$ 115 millones en préstamos, de los cuales US$ 78 millones fueron desembolsados, equivalente a 66% de ejecución.

El Ministerio de Desarrollo Social registra US$ 102 millones en préstamos y US$ 66 millones desembolsados, con una ejecución de 65%, mientras que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dispone de US$ 186 millones en financiamiento, con US$ 100 millones ejecutados, equivalente al 48%.

Sin embargo, algunas instituciones presentan niveles significativamente menores de implementación. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) registra US$ 130 millones en préstamos, pero solo US$ 52 millones desembolsados, lo que representa una ejecución de 30%.

El Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria cuenta con US$ 20 millones en préstamos, de los cuales US$ 5 millones fueron ejecutados, equivalente al 25%.

El caso más llamativo dentro de la Administración Central es el del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que registra US$ 21 millones en préstamos aprobados sin desembolsos registrados hasta el momento.

Sector público financiero y empresas estatales también reciben financiamiento externo

Dentro del sector público financiero, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) dispone de US$ 250 millones en préstamos externos, aunque solo US$ 61 millones han sido desembolsados, lo que equivale a una ejecución del 24%.

En el sector público no financiero, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) destaca por el volumen de recursos comprometidos. La empresa estatal registra US$ 1.361 millones en préstamos, con US$ 780 millones desembolsados, lo que representa una ejecución de 57%.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presenta uno de los niveles de ejecución más altos, con US$ 43 millones en préstamos y US$ 37 millones desembolsados, equivalente a 86%.

En contraste, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) registra US$ 30 millones en préstamos, pero solo US$ 1 millón fue desembolsado, lo que representa una ejecución de apenas 3%.

Presión fiscal y ejecución de deuda marcan el escenario económico

El crecimiento del déficit de la Caja Fiscal y la utilización del financiamiento externo reflejan dos dinámicas centrales en la gestión económica del sector público paraguayo.

Por un lado, el sistema previsional público continúa ampliando su brecha financiera, lo que mantiene vigente la discusión sobre la necesidad de una reforma estructural del sistema de jubilaciones del sector público.

Por otro lado, el crédito externo sigue siendo una fuente clave para financiar inversiones en infraestructura, energía, desarrollo social y modernización institucional, aunque el ritmo desigual de ejecución evidencia desafíos en la capacidad de implementación de algunos organismos del Estado.

En este contexto, la sostenibilidad fiscal y la eficiencia en la gestión del financiamiento internacional aparecen como factores determinantes para el equilibrio de las cuentas públicas y la continuidad de los proyectos de desarrollo en Paraguay.

Petróleo sobre los US$100 por conflicto en Oriente Medio tensiona a los mercados y pone a prueba el rally bursátil de América Latina

marzo 16, 2026

Las bolsas de América Latina entraron en una fase de tensión tras el fuerte repunte del petróleo provocado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto que ya se aproxima a su tercera semana sin señales claras de resolución. El alza del crudo volvió a situar al factor energético como uno de los principales determinantes del comportamiento de los mercados financieros internacionales y abrió un nuevo debate entre los inversores: si la reciente corrección bursátil representa una oportunidad de compra o el inicio de un período de mayor volatilidad.

El detonante del nuevo escenario fue el avance del precio del petróleo Brent, que superó la barrera de los US$100 por barril y llegó a aproximarse a los US$120 durante los primeros días del conflicto. Este incremento refleja el temor del mercado a una interrupción prolongada en el suministro energético global, especialmente tras los ataques contra infraestructuras petroleras iraníes y el bloqueo del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Las tensiones se intensificaron después de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que los ataques contra Irán podrían extenderse a su infraestructura energética si Teherán mantiene el bloqueo del paso marítimo. Mientras tanto, la república islámica ha continuado los ataques contra instalaciones energéticas en países del Golfo Pérsico, aumentando la incertidumbre sobre la estabilidad del suministro mundial de hidrocarburos.

América Latina llega a la crisis con ganancias acumuladas durante 2025

El actual episodio de tensión geopolítica llega en un momento particular para los mercados latinoamericanos, que durante 2025 habían registrado retornos superiores al promedio global. Los avances se apoyaron principalmente en la debilidad del dólar, en las expectativas de recortes de tasas de interés a nivel internacional y en valuaciones relativamente bajas frente a los mercados desarrollados.

Sin embargo, la aceleración del precio del petróleo introdujo un nuevo elemento de riesgo que comenzó a afectar el comportamiento de los índices regionales.

A pesar de la reciente corrección, algunos mercados continúan mostrando un balance positivo en lo que va del año. El índice MSCI Perú acumula un avance cercano al 17%, mientras que el Ibovespa de Brasil registra una ganancia aproximada del 15%. El índice MSCI Colcap de Colombia mantiene un rendimiento positivo cercano al 7%.

Otros mercados, sin embargo, han comenzado a reflejar con mayor intensidad el impacto de la crisis energética. El Ipsa chileno, por ejemplo, ha mostrado señales de presión bajista debido a la mayor exposición de la economía chilena a la importación de combustibles.

El índice MSCI América Latina registró inicialmente una caída de 3,5% en moneda local y de 6,3% en dólares tras la escalada del conflicto, aunque posteriormente logró recuperar parte de esas pérdidas.

El petróleo vuelve a convertirse en el principal canal de transmisión del shock geopolítico

El comportamiento del crudo se ha transformado en el principal canal a través del cual la crisis geopolítica se transmite hacia los mercados financieros globales. Actualmente, el Brent se mantiene cerca de los US$100 por barril, después de haber superado brevemente los US$120 en la primera semana del conflicto.

Este movimiento altera las expectativas macroeconómicas en economías emergentes al afectar variables clave como la inflación, las tasas de interés y el crecimiento económico.

Las estadísticas históricas refuerzan la relevancia del petróleo en el desempeño bursátil latinoamericano. Datos de Bloomberg Intelligence muestran que los mejores retornos para la renta variable regional desde el año 2000 se registraron cuando el crudo se ubicó entre US$40 y US$60 por barril. En ese rango, los principales mercados de la región presentaron tasas de acierto superiores al 80% en términos de retornos positivos.

El panorama cambia cuando el petróleo supera ciertos niveles. La evidencia histórica indica que precios por encima de los US$100 por barril suelen actuar como un viento en contra para las acciones latinoamericanas, mientras que en el rango entre US$80 y US$100 los retornos futuros tienden a debilitarse.

La estructura energética de cada economía define ganadores y perdedores

El impacto del petróleo no se distribuye de forma homogénea dentro de América Latina. La capacidad de cada país para absorber el shock depende en gran medida de su estructura energética y comercial.

Las grandes economías regionales —como Brasil, México, Argentina y Colombia— poseen una ventaja relativa al ser productores y exportadores de petróleo. En estos casos, los precios elevados del crudo pueden traducirse en mayores ingresos externos y fiscales, amortiguando parte del impacto negativo sobre la economía.

En contraste, los países con fuerte dependencia de las importaciones de combustibles presentan mayor vulnerabilidad frente a un escenario de energía cara. En Centroamérica, la mayoría de las economías se encuentra en esta situación, mientras que República Dominicana aparece como uno de los casos más sensibles debido a su dependencia energética y a su limitada generación hidroeléctrica.

La composición sectorial de los índices bursátiles también influye en el desempeño relativo de los mercados. Brasil y Colombia cuentan con una mayor presencia de compañías vinculadas a hidrocarburos dentro de sus bolsas.

El Ibovespa brasileño tiene una exposición energética cercana al 13%, mientras que el Colcap colombiano posee alrededor del 8%. Esta estructura permitió amortiguar parte de la presión que afectó a otros mercados emergentes.

Sectores defensivos y sectores vulnerables ante el encarecimiento de la energía

Dentro de cada mercado bursátil también se observan diferencias significativas entre sectores.

En Chile, algunas empresas con modelos de ingresos más estables muestran mayor resiliencia frente a la volatilidad actual. Las compañías de centros comerciales, como Cencomalls, Mallplaza y Parque Arauco, poseen entre el 80% y el 85% de sus ingresos provenientes de contratos de arriendo de mediano y largo plazo indexados a la inflación, lo que les permite trasladar parte de las presiones inflacionarias a sus arrendatarios.

El sector bancario también exhibe características defensivas en el corto plazo. Instituciones como BCI, Santander Chile y Banco de Chile podrían mantener estabilidad relativa, dado que el crecimiento del crédito no se vería afectado inmediatamente por el encarecimiento energético.

En contraste, las compañías intensivas en consumo de combustible enfrentan un escenario más complejo. Las aerolíneas figuran entre las más expuestas, ya que el jet fuel utilizado en la aviación se deriva directamente del petróleo. En el caso de Latam Airlines, el impacto se atenúa parcialmente debido a coberturas de combustible cercanas al 32% para 2026.

América Latina sigue cotizando con descuento frente a los mercados desarrollados

A pesar de la volatilidad reciente, América Latina continúa presentando valuaciones atractivas en comparación con otras regiones del mundo.

El múltiplo forward precio/utilidad del índice MSCI América Latina se ubica cerca de 11 veces utilidades proyectadas, un nivel significativamente inferior al de Estados Unidos y al promedio global.

Las diferencias también se observan a nivel país. Brasil cotiza alrededor de nueve veces utilidades futuras, Colombia cerca de 7,5 y México aproximadamente 13,6. En contraste, el mercado estadounidense mantiene múltiplos superiores a 21 veces utilidades proyectadas.

Esta brecha de valuación explica por qué algunos analistas consideran que las correcciones actuales podrían abrir oportunidades de inversión para quienes tengan horizontes de mediano plazo.

Los mercados globales reaccionan con cautela mientras persiste la incertidumbre

La incertidumbre sobre la duración del conflicto continúa condicionando el comportamiento de los mercados internacionales. Un asesor económico de la Casa Blanca indicó que la guerra podría prolongarse entre cuatro y seis semanas, mientras que las señales diplomáticas entre Washington y Teherán siguen siendo contradictorias.

En los mercados bursátiles mundiales la reacción ha sido cautelosa. En Asia, Tokio cerró prácticamente sin cambios con una caída de 0,12%, Taipéi retrocedió 0,17% y Sídney perdió 0,39%, mientras que Seúl avanzó 1,14% y Hong Kong ganó 1,45%.

En Europa el comportamiento fue más débil. Las bolsas de París y Fráncfort retrocedieron 0,33%, Milán cayó 0,96% y Londres registró un leve avance de 0,08%.

El petróleo se mantiene como el principal foco de atención del mercado. El Brent subía 3,06% hasta los US$106,30 por barril, mientras que el West Texas Intermediate avanzaba 2,15% hasta los US$100,83.

El oro y la inflación emergen como variables clave del nuevo escenario

El repunte del petróleo también ha comenzado a modificar las expectativas sobre inflación y política monetaria, especialmente en Estados Unidos.

El aumento de los precios de la energía ha elevado la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca el ritmo de recortes de tasas de interés previstos para este año. Los operadores ya prácticamente no anticipan un recorte en la reunión de esta semana.

El oro, considerado tradicionalmente un activo refugio, se ha movido en un rango estrecho cercano a los US$5.000 por onza. El metal acumula una ganancia superior al 15% en lo que va del año, impulsado por los temores de estanflación, un escenario que combina crecimiento económico débil con inflación elevada.

A pesar de una ligera caída reciente —con el oro cotizando en torno a US$5.014 por onza—, los analistas consideran que el metal podría seguir desempeñando un papel relevante como cobertura frente a riesgos monetarios derivados de conflictos geopolíticos, devaluaciones de divisas o desaceleraciones económicas.

Un mercado que enfrenta un dilema: oportunidad de inversión o inicio de un ciclo adverso

El escenario actual plantea un dilema para los inversionistas internacionales. Por un lado, América Latina mantiene valuaciones relativamente bajas y algunos mercados siguen mostrando avances sólidos en 2025. Por otro, el repunte del petróleo y la prolongación de la guerra en Oriente Medio introducen un factor de incertidumbre que históricamente ha debilitado el desempeño bursátil regional.

En este contexto, los analistas coinciden en que la volatilidad actual exige un enfoque selectivo basado en fundamentos empresariales y horizontes de inversión de mediano plazo, más que una retirada generalizada del capital de la región. El comportamiento futuro de los mercados latinoamericanos dependerá en gran medida de la evolución del conflicto, del precio del petróleo y de las decisiones de política monetaria en las principales economías del mundo.

Trump recurre a visas temporales y recortes salariales para paliar la escasez de mano de obra agrícola que sus propias políticas migratorias agravaron

marzo 16, 2026

El gobierno de Donald Trump modificó el programa de visas temporales H-2A con el objetivo de reducir los costos laborales del sector agrícola, en respuesta a una escasez de mano de obra que el propio Departamento de Trabajo reconoció como consecuencia directa del endurecimiento de las políticas migratorias. El ajuste metodológico en el cálculo salarial redujo las tarifas por hora entre 1 y 7 dólares según el estado, y habilitó a los empleadores a contabilizar el alojamiento como parte del paquete de compensación ofrecido a los trabajadores invitados.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, justificó la medida como parte de «reformas reales para aliviar las cargas normativas y reducir los costos laborales», y señaló que el presidente Trump «está utilizando todas las herramientas disponibles para garantizar que los agricultores tengan lo que necesitan para tener éxito».

Una contradicción reconocida por el propio gobierno

La reforma llega en un contexto que el gobierno federal reconoció abiertamente como problemático. En un documento normativo de octubre, el Departamento de Trabajo advirtió que «el cese casi total de la afluencia de extranjeros ilegales, combinado con la falta de mano de obra legal disponible, provoca importantes trastornos en los costos de producción y amenaza la estabilidad de la producción nacional de alimentos y los precios para los consumidores estadounidenses». La agencia alertó, además, que la situación se agravará con la implementación de las herramientas de control migratorio incluidas en la HR 1, que podría desincentivar la participación de hasta 225.000 trabajadores en el sector.

La escasez es verificable en los datos. Una encuesta de la Oficina Agrícola de California y la Universidad Estatal de Míchigan reveló que más del 14 por ciento de los agricultores del estado atribuyó la escasez de trabajadores a las redadas y la ansiedad generada por el endurecimiento migratorio. En cultivos intensivos en mano de obra como frutas y verduras, esa cifra alcanzó casi el 20 por ciento. En paralelo, de los más de 415.000 puestos anunciados bajo el programa H-2A en 2025, que exige demostrar la incapacidad de contratar trabajadores locales, apenas 182 recibieron una solicitud de un trabajador nacional.

El programa H-2A: crecimiento sostenido y dependencia estructural

El H-2A ha pasado de aproximadamente 50.000 puestos certificados en 2005 a casi 400.000 en el año fiscal 2025, y sus trabajadores representan ya el 15 por ciento del total de la fuerza laboral agrícola del país. El 40 por ciento de los trabajadores del campo son inmigrantes no autorizados, y alrededor de un tercio son ciudadanos estadounidenses, según las últimas estimaciones del gobierno.

Oposición sindical y cuestionamientos económicos

La reforma generó resistencia desde distintos frentes. La Unión de Campesinos de América presentó una demanda judicial, argumentando que la reducción salarial perjudicará a los trabajadores agrícolas nacionales al comprimir también sus ingresos o desplazarlos del mercado. Su presidenta, Teresa Romero, advirtió que las medidas «traerán una mano de obra aún más vulnerable a los abusos», en alusión a los patrones de explotación que frecuentemente afectan a los trabajadores temporales.

El Instituto de Política Económica estimó que los cambios metodológicos implicarán un recorte de 2.000 millones de dólares en los salarios anuales de los trabajadores agrícolas temporales, y de 3.000 millones de dólares para los trabajadores agrícolas radicados en Estados Unidos.

Desde la vertiente académica, Philip Martin, economista especializado en trabajo agrícola y profesor emérito de la Universidad de California en Davis, cuestionó la lógica de la medida: «Si hay escasez de algo como la energía —gas y petróleo—, se sube el precio para dar a la gente un incentivo para salir a buscar más». Reducir los salarios, sostuvo, profundizará la dependencia de trabajadores temporales extranjeros, acelerará la mecanización e incrementará las importaciones de alimentos. Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios sobre Migración —favorable a una política migratoria restrictiva—, coincidió en que los cambios fomentan mayor migración extranjera y desincentivan la automatización, calificando ambas consecuencias como «contrarias a los objetivos declarados del gobierno».

En el Congreso se debate un proyecto de ley bipartidista que agilizaría el proceso de solicitud, reduciría costos, ampliaría la cobertura a empleadores con contratos anuales como los productores lácteos, y establecería una vía de regularización para trabajadores agrícolas no autorizados ya presentes en el país.

La crisis energética global suma presión sobre los sistemas alimentarios

En paralelo al deterioro del mercado laboral agrícola en Estados Unidos, el conflicto bélico en Oriente Próximo ha generado una perturbación significativa en los mercados energéticos globales con impacto directo sobre la producción de alimentos. Los ataques a infraestructuras energéticas en la región y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz han estrangulado los flujos de crudo, gas natural licuado y fertilizantes, elevando los costos operativos del agro en múltiples regiones.

La agricultura moderna depende de grandes volúmenes de combustible para accionar maquinaria de siembra, cosecha y manejo ganadero. La escasez de diésel amenaza con desplazar los calendarios agrícolas y deteriorar cosechas maduras, al tiempo que encarece el procesamiento y transporte poscosecha.

En Bangladesh, los equipos de riego que sostienen la cosecha de arroz operan con motores diésel que extraen agua subterránea; el gobierno restringió el suministro diario a 2 litros por persona, con la temporada de cosecha iniciándose el mes próximo. Casi el 40 por ciento de las tierras cultivables de la región depende de esa maquinaria. En Australia Occidental, principal región exportadora de cereales del país, algunos proveedores están entregando volúmenes inferiores a los solicitados por los agricultores ante la inminente siembra de trigo y cebada. En Alemania, los productores pagan un suplemento de 30 euros por cada 100 litros de combustible, en operaciones que consumen alrededor de 250 litros por tractor en los días más intensos de la temporada primaveral. En Rumanía, los precios del diésel agrícola acumulan un alza de aproximadamente 25 por ciento desde el inicio del conflicto.

Presión simultánea sobre la oferta alimentaria global

La convergencia de la crisis laboral agrícola en Estados Unidos y la perturbación energética derivada del conflicto en Oriente Próximo configura un escenario de presión simultánea sobre la oferta alimentaria global. En el caso estadounidense, las modificaciones al programa H-2A alivian parcialmente los costos para los productores, pero no resuelven la tensión estructural entre la política migratoria restrictiva, la disponibilidad real de mano de obra y la viabilidad económica del sector. Los efectos sobre los salarios de los trabajadores agrícolas, tanto temporales como nacionales, introducen además un factor de inequidad distributiva que las proyecciones del Instituto de Política Económica cuantifican en 5.000 millones de dólares anuales en pérdidas salariales combinadas.

Depósitos públicos en el BCP caen 16% interanual en febrero, el SPI duplica su límite a G. 10 millones y las cooperativas Tipo A superan los US$ 8.000 millones en activos

marzo 16, 2026

Caída interanual del 16% en los depósitos del sector público no financiero en el BCP

Los depósitos del sector público no financiero en el Banco Central del Paraguay (BCP) cerraron febrero de 2026 en G. 9,489 billones, lo que representó una contracción de 16,0% respecto al mismo mes del año anterior, cuando el saldo ascendía a G. 11,303 billones. La reducción no fue uniforme entre las distintas categorías institucionales, sino que respondió principalmente al comportamiento de una de ellas, lo que obliga a un análisis desagregado para comprender la dinámica real del período.

La Administración Central, que agrupa los depósitos del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y otros organismos del Estado, concentra la mayor parte de los recursos y registró en febrero de 2026 un saldo de G. 8,545 billones. Lejos de contraerse, esta categoría mostró un incremento de 3,7% frente a los G. 8,242 billones de febrero de 2025, lo que indica que el núcleo institucional del Estado mantuvo una posición de liquidez estable en el período analizado.

Depósitos en moneda extranjera suben 9,3% mientras los de moneda nacional retroceden 2,2%

Al desagregar los depósitos de la Administración Central por tipo de moneda, emerge una dinámica que merece atención. Los recursos en moneda nacional alcanzaron G. 3,925 billones en febrero de 2026, con una leve caída de 2,2% respecto a los G. 4,015 billones registrados en igual mes del año previo. En cambio, los depósitos denominados en moneda extranjera avanzaron con mayor vigor: totalizaron G. 4,620 billones, lo que implicó un crecimiento de 9,3% frente a los G. 4,227 billones de febrero de 2025.

Este contraste entre monedas refleja una tendencia sostenida hacia una mayor ponderación de los recursos en dólares dentro de la estructura de depósitos del sector público, lo que puede estar asociado tanto a la composición de los ingresos fiscales como a decisiones de gestión de caja que priorizan la cobertura cambiaria.

El desplome del Fondo de Seguridad Social explica la contracción del saldo total

El factor determinante en la caída del total de depósitos fue el comportamiento del Fondo de Seguridad Social, que incluye principalmente los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras entidades del sistema. En febrero de 2026, estos depósitos se ubicaron en G. 943.663 millones, frente a G. 3,060 billones registrados en el mismo mes de 2025, lo que equivale a una reducción de 69,2% en términos interanuales.

Esta contracción de aproximadamente G. 2,116 billones en un solo componente explica, en gran medida, la variación negativa del saldo global del sector público no financiero. Sin esa caída, el panorama agregado habría mostrado una tendencia diferente. Las Empresas Públicas —que incluyen entidades como ANDE, Essap, Copaco e INC— mantuvieron sus depósitos prácticamente sin variaciones, con un saldo de G. 534 millones, mientras que las Entidades Descentralizadas permanecieron en 21 unidades, sin cambios respecto al período anterior.

Evolución mensual: de G. 15,844 billones en marzo de 2025 a G. 9,489 billones en febrero de 2026

La serie mensual de 2025 muestra fluctuaciones relevantes. En marzo de ese año los depósitos del sector público no financiero llegaron a G. 15,844 billones, uno de los niveles más elevados del período. Desde entonces, los saldos fueron moderándose progresivamente hasta cerrar diciembre de 2025 en G. 7,478 billones. En enero de 2026 se produjo una recuperación hasta G. 10,989 billones, pero en febrero los depósitos volvieron a retroceder, situándose en G. 9,489 billones.

Esta dinámica es coherente con los patrones de ejecución presupuestaria, el calendario de pagos del sector público y la administración de los recursos provenientes de ingresos fiscales, transferencias y otras fuentes de financiamiento. El BCP seguirá publicando la evolución de estos indicadores en las próximas ediciones, con foco en el comportamiento del Fondo de Seguridad Social.

El BCP duplica el límite del SPI a G. 10 millones por operación para responder al crecimiento exponencial del sistema

En paralelo con la publicación de los datos sobre depósitos, el Banco Central del Paraguay tomó otra decisión de relevancia para el sistema financiero. A través de la Resolución N° 2, Acta N° 12, del 12 de marzo de 2026, el Directorio del BCP aprobó una actualización del Reglamento General del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP), que eleva el límite máximo de las transferencias realizadas a través del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) de G. 5 millones a G. 10 millones por operación.

La medida incorpora además disposiciones relacionadas con nuevos módulos y funcionalidades del sistema, entre ellos el CDA-d, el QR Hub y tecnologías de pago por aproximación NFC. Según el BCP, el ajuste responde a la alta demanda de los usuarios y al crecimiento sostenido del sistema, que en los últimos años ha desplazado de manera significativa el uso de cheques y efectivo como medios de pago.

Las transferencias del Sipap acumularon G. 786 billones en 2025, equivalentes al 2,1% del PIB proyectado

Las cifras respaldan la escala que ha alcanzado el sistema. En diciembre de 2025, el Sipap registró 47,1 millones de transferencias por un valor de G. 84,4 billones, equivalentes a aproximadamente USD 12.800 millones. Esas operaciones crecieron 24,3% en términos interanuales y duplicaron su valor respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado de 2025, las transferencias totalizaron G. 786 billones, equivalentes a unos USD 120.000 millones, y representaron el 2,1% del producto interno bruto proyectado para ese año, con un incremento interanual de 27,2%. Estas cifras posicionan a Paraguay como un referente regional en materia de pagos digitales instantáneos.

Las entidades participantes del SPI deberán adecuar sus canales electrónicos al nuevo tope máximo desde la entrada en vigencia de la norma. Las transferencias entre personas físicas continuarán siendo gratuitas, una de las características que ha impulsado la adopción masiva del sistema entre la población.

Las cooperativas Tipo A de Paraguay superan los US$ 8.000 millones en activos al cierre de 2025

El sector cooperativo paraguayo consolidó su posición como actor relevante de la economía nacional. Según datos del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), el total de activos de las cooperativas de Ahorro y Crédito y de Producción Tipo A alcanzó aproximadamente US$ 8.000 millones al cierre de 2025. Las primeras concentraron unos US$ 4.199 millones, mientras que las de Producción sumaron alrededor de US$ 3.772 millones.

En el segmento de Ahorro y Crédito, cinco entidades administran el 49,7% de los activos del sector. El liderazgo corresponde a Coomecipar Ltda., con US$ 701 millones, seguida por Universitaria Ltda., con US$ 675 millones. Completan el grupo de las cinco principales Cooperativa 8 de Marzo Ltda., con US$ 250 millones; Credit Unión Ltda., con US$ 235 millones; y Loma Plata Ltda., con US$ 225 millones.

Chortitzer, Colonias Unidas y Fernheim lideran el ranking productivo y reflejan el peso del cooperativismo chaqueño

En el sector de Producción, la concentración es aún más marcada: las cinco principales cooperativas reúnen el 62,1% de los activos del segmento. Chortitzer Ltda. encabeza el ranking con US$ 718 millones, seguida por Colonias Unidas Ltda., con US$ 615 millones, y Fernheim Ltda., con US$ 550 millones. Neuland Ltda. ocupa el cuarto lugar con US$ 246 millones, y Santa María Ltda. cierra el grupo con US$ 211 millones.

La presencia destacada de cooperativas del Chaco paraguayo en este ranking refleja el dinamismo del cooperativismo productivo en esa región, que ha logrado construir estructuras empresariales de escala significativa vinculadas a actividades agropecuarias, industriales y de servicios. Este desempeño da cuenta de un modelo de desarrollo regional con base asociativa que ha generado capacidad de gestión y acumulación de activos a lo largo de décadas.

La concentración de recursos en un grupo reducido de entidades, tanto en el ámbito financiero como en el productivo, expresa el proceso de consolidación que ha atravesado el sector. Al mismo tiempo, el panorama abre la oportunidad de avanzar en el fortalecimiento de las demás cooperativas del sistema, promoviendo mayor integración, eficiencia en la gestión y un crecimiento más equilibrado dentro del movimiento cooperativo paraguayo.

El BID proyecta movilizar 500.000 millones de dólares en América Latina durante la próxima década tras completar la capitalización de BID Invest

marzo 13, 2026

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo llegó a sus reuniones anuales celebradas en Asunción, Paraguay, entre el 11 y el 14 de marzo, respaldado por resultados históricos. En 2025, la institución alcanzó desembolsos por 35.000 millones de dólares, cifra que supera en más del 50% lo ejecutado en 2022 y que establece un nuevo máximo en la historia del organismo. Este punto de partida no es menor: el BID lo presenta como la base sobre la cual se sostiene una ambición financiera sin precedentes para la región.

El presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, confirmó durante las sesiones que la institución proyecta movilizar 500.000 millones de dólares en América Latina y el Caribe en los próximos diez años, más del doble de lo financiado en la década anterior. El anuncio no fue acompañado únicamente de cifras: Goldfajn insistió en que el volumen de recursos carece de sentido sin impacto verificable, y que los efectos que el organismo busca producir de aquí a 2035 incluyen fortalecer el crecimiento económico, crear empleo, reducir la pobreza, ampliar mercados y promover la integración regional.

La capitalización de BID Invest, pieza central del nuevo marco

El mecanismo que hace posible esa proyección tiene un nombre concreto: la conclusión exitosa del proceso de capitalización de BID Invest, el brazo del grupo orientado al sector privado. El proceso fue anunciado en 2023 durante las reuniones celebradas en República Dominicana, aprobado por la Asamblea de Gobernadores en 2024 en Punta Cana, y concluido formalmente durante la presente asamblea en Asunción. La ampliación de capital ascendió a 3.500 millones de dólares y contó con el respaldo de accionistas regionales y no regionales.

Las consecuencias operativas son directas. Con este capital adicional, BID Invest estima elevar su capacidad de financiamiento y movilización desde los aproximadamente 13.000 millones de dólares actuales hasta cerca de 22.000 millones anuales durante la próxima década. El mecanismo que permite esa expansión es el modelo denominado «originar para compartir»: la institución genera proyectos, distribuye el riesgo con inversionistas privados y amplía así el volumen total de capital disponible para sectores estratégicos. James Scriven, gerente de BID Invest, sintetizó el momento con una metáfora precisa: «Hemos estado entrenando para la maratón, pero la maratón empieza ahora. Estamos probablemente en los primeros cinco o diez kilómetros.»

BIDImpact+: de la visión a la implementación

La capitalización de BID Invest no opera en aislamiento, sino como una de las tres patas de BIDImpact+, el marco estratégico aprobado en 2024. Las otras dos son una nueva estrategia institucional orientada a maximizar impactos medibles y la reposición de recursos de BIDLab, el laboratorio de innovación del grupo. Goldfajn fue explícito sobre la fase en la que se encuentra el organismo: «La estrategia está diseñada. Tenemos que pasar de la visión a la implementación.»

Para concretar esa transición, el nuevo marco de financiamiento del BID se apoya en cinco ejes operativos. El primero implica un diseño más sólido de reformas con medidas de calidad verificables. El segundo establece un seguimiento más claro de los resultados durante la implementación, con acompañamiento en tiempo real. El tercero introduce nuevas modalidades de financiamiento, incluidos instrumentos para la gestión del riesgo de desastres naturales. El cuarto basa el dimensionamiento de las operaciones en el impacto esperado, no únicamente en criterios de volumen. El quinto refuerza las evaluaciones macroeconómicas en coordinación con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.

El sector privado como motor del desarrollo regional

Una de las premisas más reiteradas por Goldfajn a lo largo de las reuniones fue que el sector público de América Latina y el Caribe no dispone de los recursos necesarios para cerrar las brechas estructurales que frenan el desarrollo de la región. Desde esa lectura, la apuesta estratégica del BID pasa por consolidar al sector privado como protagonista central del modelo de crecimiento, reservando para las instituciones públicas el papel de generar las «condiciones habilitantes» que permiten al empresariado sumar escala, innovación y empleo.

En esa dirección, las plenarias avanzarán en LAC Crece —Latinoamérica Crece—, una iniciativa destinada a superar las restricciones que limitan el crecimiento en la región, desde barreras logísticas y regulatorias hasta debilidades institucionales. El programa contempla medidas de inversión en el sector privado e incluye discusiones sobre cadenas de suministro y sobre el mercado de minerales críticos, para el cual se destina un fondo de 770.000 millones de dólares proyectado al horizonte de 2040.

Minerales críticos: del extractivismo al valor agregado

América Latina y el Caribe concentra una participación significativa en la oferta global de minerales críticos, en un mercado que podría alcanzar los 770.000 millones de dólares hacia 2040. Sin embargo, Goldfajn fue categórico en señalar que el objetivo del BID no es financiar únicamente la extracción: «La meta no es solo extraer. Es procesar, manufacturar y generar empleo.» Con esa orientación, el organismo lanzará durante estas reuniones anuales la iniciativa LAC Minerals, diseñada para que la región deje de limitarse al primer eslabón de la cadena y avance hacia el procesamiento, la manufactura y la refinación de materias primas estratégicas.

La lógica detrás de esta apuesta combina dos intereses convergentes: la región busca generar más valor dentro de sus propias fronteras, mientras que el mundo demanda cadenas de suministro seguras con creación de valor distribuida. El BID se posiciona, en ese esquema, como el puente entre el sector privado y el público para viabilizar proyectos de impacto en crecimiento y empleo.

Integración regional e impacto social acumulado

El tercer eje de las plenarias será el impulso a la integración regional. Goldfajn apuntó a una mayor cohesión comercial, productiva, regulatoria y de infraestructura como condición para que América Latina gane escala, reduzca costos y aumente su atractivo para la inversión. «Vamos a apoyar a quienes estén listos para avanzar», afirmó el presidente del grupo, dejando abierta la puerta a esquemas de integración diferenciada entre países con distinta disposición y capacidad institucional.

Los resultados sociales acumulados que el BID presenta como evidencia de su modelo no son menores. Con los desembolsos ejecutados hasta la fecha, 2,6 millones de personas obtuvieron acceso a banda ancha; 34 millones accedieron a servicios de salud y nutrición de calidad; 3,3 millones de micro, pequeñas y medianas empresas recibieron apoyo para fortalecer sus operaciones; y cerca de un millón de agricultores mejoraron sus servicios agropecuarios. Estas cifras constituyen el argumento empírico central con el que el organismo defiende la pertinencia de escalar su presencia financiera en la región durante la próxima década.

EE.UU. levanta temporalmente las sanciones al petróleo ruso para contener la crisis energética desatada por la guerra con Irán

marzo 13, 2026

La administración de Donald Trump autorizó esta semana la compra global de petróleo ruso en tránsito marítimo durante 30 días, en un intento por aliviar la escalada de precios del crudo detonada por el conflicto armado contra Irán. La licencia, emitida por el Departamento del Tesoro y válida desde el 12 de marzo hasta la medianoche del 11 de abril, habilita la entrega y venta a nivel mundial de crudo ruso y sus derivados cargados en buques, eludiendo las sanciones impuestas a Moscú tras la invasión de Ucrania en 2022. El mercado, sin embargo, no dio señales de calmarse: el barril de Brent siguió cotizando por encima de los 100 dólares y las bolsas europeas registraron nuevas caídas.

Una medida que los mercados rechazan como insuficiente

La decisión del secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue anunciada en su cuenta de X con el argumento de que, en un contexto de interrupción severa del suministro, cientos de millones de barriles de petróleo podrían reincorporarse al mercado global si se eliminan temporalmente las restricciones a Rusia. Bessent calificó la medida de «limitada» y «a corto plazo», asegurando que no representaría un beneficio financiero significativo para el Kremlin.

Los mercados no compartieron ese optimismo. Emril Jamil, analista senior de LSEG, señaló a Reuters que los futuros del Brent mantienen niveles superiores a los 100 dólares pese a las exenciones y a la liberación sin precedentes de reservas de emergencia. El analista subrayó que el mercado interpreta la medida como una solución coyuntural que no resuelve el problema de fondo: el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, punto neurálgico por el que transitaba antes de la guerra el equivalente a la quinta parte del petróleo y gas mundial. Los diferenciales intermensuales del crudo para los próximos meses reflejan, según Jamil, una escasez de suministro persistente y sin resolver.

Los mercados europeos abrieron este viernes con descensos superiores al punto porcentual. El IBEX 35 perdió la cota de los 17.000 puntos al arrancar la sesión con caídas cercanas al 1,3%.

El estrecho de Ormuz, el nudo que no se desata

El verdadero problema que ninguna medida financiera puede solucionar por sí sola es la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, desde que el conflicto bélico iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero desencadenó represalias iraníes sobre objetivos en el Golfo Pérsico y Oriente Medio. Hasta media docena de cargueros han sido atacados en la zona.

Bessent se limitó a asegurar que EE.UU. protegerá los buques en Ormuz «tan pronto como sea militarmente posible», una formulación que los mercados interpretaron como una señal de que no habrá operación militar de escolta antes del 11 de abril, fecha de vencimiento de la propia licencia petrolera. Esa coincidencia de plazos no parece casual y revela, en la práctica, que Washington asume que el estrecho permanecerá cerrado o con un flujo mínimo durante todo el mes de marzo.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE), integrada por 32 naciones, declaró que la guerra en Oriente Medio está provocando la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia. El miércoles anterior, Washington ya había anunciado la liberación de 172 millones de barriles de su reserva estratégica, dentro del compromiso colectivo de la AIE de poner a disposición del mercado 400 millones de barriles en total. El barril de Texas llegó a rozar los 96 dólares, mientras el Brent mantiene la barrera psicológica de los 100.

Segundo balón de oxígeno para Moscú en una semana

La exención global representa el segundo alivio económico concedido a Rusia en pocos días. La semana anterior, el Departamento del Tesoro ya había autorizado a la India, uno de los principales clientes del crudo ruso junto a China, a comprar el petróleo varado en el mar durante 30 días. La nueva licencia extiende esa facultad a todos los países del mundo.

El Kremlin aplaudió con rapidez. El portavoz Dmitri Peskov sostuvo que la medida «de algún modo contribuirá a estabilizar el mercado», argumentando que sin volúmenes considerables de crudo ruso la estabilización resulta imposible. El enviado del Kremlin para asuntos económicos, Kiril Dmítriev, fue más directo aún al escribir en la red social rusa Max que «Estados Unidos prácticamente reconoce lo obvio: sin petróleo ruso el mercado energético mundial no puede mantenerse estable».

La relevancia estratégica de esta apertura va más allá de los barriles en juego. Desde las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022, Rusia había orientado casi en exclusiva sus exportaciones de crudo hacia China, India y, en menor medida, Turquía. La exención le abre nuevamente el mercado global, amplía su base de clientes y, sobre todo, constituye un reconocimiento político implícito de su papel como actor energético indispensable, en un momento en que Putin mantiene conversaciones con Washington sobre el conflicto ucraniano.

Aunque los ingresos por hidrocarburos representan actualmente alrededor de un tercio del presupuesto federal ruso —frente al 50% de la década de 2010—, el petróleo sigue siendo la columna vertebral exportadora del país, con más de un tercio de los ingresos totales por ventas al exterior. Al mismo tiempo, el gasto militar y de seguridad absorbe más de un tercio del presupuesto estatal, cifra que alcanza el 40% si se incluyen todos los costos de seguridad. En ese contexto, cualquier incremento en los ingresos energéticos tiene una traslación directa a la capacidad bélica del régimen.

La paradoja Trump: la guerra que sube los precios que el propio Trump capitaliza

El propio Trump ofreció el jueves una lectura reveladora de la crisis energética. En su red Truth Social, el mandatario escribió que la subida del petróleo traerá «mucho dinero» a su país, en referencia a la producción nacional de crudo, y reiteró que su prioridad es destruir el programa nuclear iraní. «Estados Unidos es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que, cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero», sostuvo.

La afirmación no es trivial. Los precios altos del petróleo benefician directamente a los productores estadounidenses de extracción no convencional —fractura hidráulica y arenas bituminosas—, cuya rentabilidad aumenta considerablemente con el crudo por encima de los 80 dólares. En este escenario, EE.UU. libra una guerra que provoca una crisis energética global, de la que a su vez obtiene réditos económicos como productor, mientras intenta contener los daños para sus consumidores internos con medidas que, simultáneamente, benefician a Rusia.

Esta dinámica subyace también en las consideraciones electorales de la Casa Blanca. El aumento de los precios energéticos amenaza con deteriorar la situación económica de los hogares estadounidenses de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que el partido republicano busca mantener el control del Congreso en un contexto de creciente oposición pública a la guerra.

Europa dividida: Alemania rechaza la medida mientras Hungría exige replicarla

La decisión de Washington abrió una nueva fractura dentro de la Unión Europea. El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó el relajamiento de las sanciones de «error» y cuestionó públicamente las motivaciones reales de Trump. En el marco del G7, afirmó, seis de los siete miembros habían mantenido una posición unificada. «Tenemos un problema de precios, no de cantidades», argumentó Merz, descartando que la escasez de oferta rusa sea la causa del encarecimiento del crudo. El canciller reiteró además el apoyo alemán a Ucrania, señalando que este no será desviado por el conflicto iraní.

En sentido opuesto se pronunció el Gobierno húngaro de Viktor Orbán. Su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, publicó un vídeo en Facebook en el que exigió a la UE replicar de inmediato la medida estadounidense. «Cuando Zelenski silba, Europa baila», afirmó el ministro, añadiendo que si el petróleo ruso pudiera reintegrarse al mercado europeo los precios se reducirían significativamente. Hungría, país muy dependiente del crudo ruso y principal aliado de Moscú dentro del bloque, ve en la decisión de Trump un argumento político de primer orden.

La confluencia no es casual. Orbán se encuentra inmerso en plena campaña electoral en Hungría y ha centrado parte de su discurso en culpar a Ucrania de obstruir el tránsito de petróleo ruso hacia Europa central. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, otro de los referentes euroescépticos próximos a Moscú, también podría capitalizar la medida en su propio frente interno.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se sumó en cambio a las voces críticas, subrayando que «Europa debe tomar decisiones estratégicas para independizarse de la energía rusa».

Las sanciones energéticas a Rusia, en entredicho

La decisión de Trump llega en un momento en que el edificio de las sanciones europeas a Rusia muestra fisuras crecientes. Desde la invasión de 2022, la UE y sus socios han prohibido exportaciones a Rusia por valor de 48.000 millones de euros e importaciones por 91.200 millones. El pasado febrero se presentó el vigésimo paquete de sanciones comunitario, centrado en los sectores bancario y energético, pero Hungría lo bloqueó.

Pese a ese marco restrictivo, los países de la UE han seguido pagando a Rusia aproximadamente 220.000 millones de euros por carbón, petróleo y gas desde el inicio de la invasión, lo que representa cerca del 20% de los ingresos energéticos totales de Rusia en ese período. Las importaciones de gas ruso al bloque comunitario no quedarán vetadas hasta el próximo año.

La escalada de precios derivada del conflicto iraní, paradójicamente, también ha favorecido a Moscú: a pesar de exportar menos energía que en 2022, Rusia ha logrado mantener ingresos comparables o superiores gracias a los mayores precios mundiales del crudo, en parte causados por la propia inestabilidad geopolítica que EE.UU. ha contribuido a generar. Mientras la diplomacia busca salidas y los mercados aguardan señales concretas sobre Ormuz, la crisis energética sigue siendo, en esencia, una consecuencia directa de decisiones políticas y militares cuyas ramificaciones económicas el mundo apenas comienza a absorber.

BID, BEI y la UE financian con USD 168 millones la expansión de la red eléctrica de transmisión de la ANDE y modernización de sus sistemas

marzo 13, 2026

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) formalizó esta semana contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), además de recibir una donación no reembolsable de la Unión Europea (UE), en el marco de las reuniones anuales de las Asambleas de Gobernadores del Grupo BID 2026, celebradas en Asunción. El paquete total de financiamiento asciende a USD 168 millones y está destinado a ejecutar el «Programa de Expansión del Sistema de Transmisión de Alta Tensión y Fortalecimiento Institucional – Fase III».

Estructura del financiamiento y respaldo normativo

El contrato distribuye los recursos de la siguiente manera: USD 70 millones aportados por el BID, otros USD 70 millones por parte del BEI a través de EIB Global, y una donación de EUR 10 millones canalizada por la UE mediante el Instrumento para Inversiones en América Latina y el Caribe (LACIF). A estos fondos se suma una contrapartida propia de la ANDE de USD 16.473.000. La totalidad de estos acuerdos fue aprobada mediante el Decreto N.º 5579/26, del 3 de marzo de 2026.

La firma fue suscrita por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos; el presidente de la ANDE, Félix Sosa; el presidente del BID, Ilan Goldfajn; y la directora del BEI, Joana Sarmento, con presencia de la embajadora de la UE en Paraguay, Katja Afheldt. Bajo el esquema de cooperación acordado, el BID actuará como financiador principal y administrador de los procedimientos operativos del proyecto, simplificando los procesos administrativos para la ANDE, que es la entidad promotora y prestataria. El Estado paraguayo opera como garante de la transacción.

La iniciativa se enmarca en la Agenda de Inversiones Global Gateway de la Unión Europea y se alinea con la estrategia energética de largo plazo del gobierno paraguayo.

La subestación Emboscada como eje de la inversión

La obra de mayor envergadura contemplada en el programa es la construcción de la subestación Emboscada 500/220 kV y sus líneas de transmisión asociadas. Esta infraestructura conectará los sistemas metropolitano y central, que en conjunto concentran más de dos tercios del consumo eléctrico nacional.

El proyecto también incluye nuevas interconexiones de líneas de transmisión y la implementación de un sistema integrado de gestión comercial orientado a optimizar la operación interna de la ANDE y mejorar los servicios al usuario. De acuerdo con las estimaciones técnicas, para el año 2030 las mejoras derivadas de estas obras beneficiarán a un total de 2.670.796 habitantes, equivalentes a aproximadamente 764.000 familias. La embajadora Afheldt destacó que la inversión permitirá que más del 40% de la población acceda de forma más confiable al servicio eléctrico, incluso en zonas remotas del país.

Reducción de apagones, industrialización y energías renovables

Los objetivos operativos del programa apuntan a aumentar la capacidad y confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), reducir el riesgo de cortes de suministro para hogares y empresas, y mejorar la eficiencia general de la red de transmisión en Asunción y sus áreas circundantes.

En términos de desarrollo productivo, el refuerzo de la infraestructura eléctrica busca acompañar el crecimiento del consumo y fortalecer los procesos de industrialización en marcha en el país. El programa también sienta las bases técnicas para integrar de manera más efectiva futuros proyectos de energía renovable al sistema nacional.

Adicionalmente, los recursos financiarán la digitalización de la gestión del servicio, la capacitación del personal y la incorporación de programas sociales dentro de la operación institucional de la ANDE, con énfasis en el fortalecimiento de los estándares medioambientales y sociales de la entidad.

Agenda del BID en Asunción: integración regional y acuerdo UE-Mercosur

La firma del contrato se produjo en el contexto más amplio de las reuniones anuales del Grupo BID, que se extienden hasta el sábado 14 de marzo en Paraguay. La jornada de hoy incluye la sesión plenaria de los gobernadores del organismo, representados por ministros y autoridades económicas de los 48 países miembros, la cual será de carácter cerrado.

Por la mañana se desarrolló la conferencia de alto nivel «Desbloqueando la inversión y el crecimiento en el marco del acuerdo UE-Mercosur», con la participación del presidente de la República, Santiago Peña; el ministro Fernández Valdovinos; y el titular del BID, Ilan Goldfajn. El espacio apuntó a examinar cómo una coordinación más estrecha entre gobiernos y sector privado puede traducir el acuerdo UE-Mercosur en resultados concretos de inversión y crecimiento. Posteriormente se realizó el Foro Empresarial «Aprovechar las oportunidades, estimular el crecimiento», orientado a líderes empresariales e inversionistas de la región.

El ministro Fernández Valdovinos señaló que el desafío central de esta asamblea es impulsar al sector privado para generar negocios y crear más oportunidades laborales en América Latina.

La integración digital, deuda pendiente de la Hidrovía

En paralelo a los actos de firma, el panel «Reimaginar la integración regional» puso sobre la mesa los desafíos logísticos que enfrentan países sin salida al mar como Paraguay. Raúl Valdez, titular de la Cámara Paraguaya de Procesadoras de Oleaginosas (Cappro), señaló que la competitividad y el acceso son los ejes del debate para una economía que depende de sus vecinos para llegar a puertos de trasbordo.

Valdez destacó que la Hidrovía Paraguay-Paraná, con sus más de 3.400 kilómetros y su articulación entre cinco naciones, moviliza el 80% del comercio exterior paraguayo. Si bien el marco regulatorio derivado del Tratado de Santa Cruz de la Sierra ha permitido que Paraguay lidere la región en flota de barcazas, advirtió que la carga burocrática sigue siendo un lastre: la integración digital para estandarizar los controles entre los cinco países del sistema fue identificada como la asignatura pendiente más urgente. Como respuesta, se impulsa un trabajo conjunto entre el sector público, el privado y el BID para modernizar la industria fluvial y crear una Marina Mercante con régimen de regulación moderno.

La estrategia iraní sobre Ormuz lleva el petróleo a 100 dólares y fuerza la mayor liberación de reservas en la historia de la AIE

marzo 12, 2026

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, que supera ya las tres semanas desde su inicio el 28 de febrero, ha desencadenado lo que la propia Agencia Internacional de la Energía (AIE) califica como «la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial». El bloqueo del estrecho de Ormuz como instrumento de presión económica, el regreso del barril a los 100 dólares, la respuesta histórica de la AIE con la liberación de 400 millones de barriles de reservas, los ataques continuos contra buques comerciales y la reconfiguración forzada de las rutas de exportación regional componen un cuadro de crisis energética global sin precedentes.

Irán gira su estrategia: del ataque militar al bloqueo económico

En un cambio de enfoque que los analistas interpretan como una decisión deliberada de elevar el costo económico de la guerra para Estados Unidos y sus aliados, el régimen iraní anunció que abandonaba su política de ataques militares recíprocos para concentrar su acción en el bloqueo del estrecho de Ormuz. «La política de Teherán ahora será ataque tras ataque», declaró el portavoz Ebrahim Zolfaqari del cuartel general del comando militar Khatam al Anbiya.

La Guardia Revolucionaria advirtió el miércoles que atacaría «centros económicos y bancos» vinculados a intereses estadounidenses e israelíes. El cuartel general del Ejército iraní afirmó tener «rienda suelta para atacar centros económicos y bancos pertenecientes a Estados Unidos y al régimen sionista», en respuesta a lo que Teherán describió como un ataque contra un banco iraní. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, confirmó que «una sucursal del banco más antiguo de mi país fue bombardeada cuando estaba llena de empleados» y advirtió que «las poderosas Fuerzas Armadas tomarán represalias por este crimen».

El asesor del comandante en jefe de los Guardias Revolucionarios, Ali Fadavi, fue más explícito sobre las consecuencias económicas buscadas: «Estados Unidos e Israel deben considerar la posibilidad de que se enzarcen en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial». La advertencia más contundente, sin embargo, llegó del propio portavoz militar iraní: «Prepárense para que el barril de petróleo alcance los 200 dólares, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional que han desestabilizado». Aseguró además que Irán no permitirá que «ni un solo litro de petróleo» pase por el estrecho de Ormuz con destino a Estados Unidos, Israel o sus socios, y que «cualquier buque o petrolero con destino a ellos será un objetivo legítimo».

El estrecho de Ormuz, bloqueado y convertido en zona de guerra

El estrecho de Ormuz, por el que transitaba hasta hace pocas semanas alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y el equivalente a 20 millones de barriles diarios de crudo y productos, permanece bloqueado para casi todos los petroleros. Los flujos a través de esta arteria estratégica se han reducido en más del 90%, según estimaciones de la AIE, que cifra en 8 millones de barriles diarios la reducción del suministro mundial de petróleo solo durante el mes en curso, lo que equivale a casi 250 millones de barriles en total.

En las últimas horas, tres buques fueron alcanzados por proyectiles en la zona. Dos sufrieron daños y un tercero, el carguero de bandera tailandesa Mayuree Naree, se incendió frente a la costa de Omán tras recibir el impacto. La marina de Omán evacuó a sus 20 tripulantes, todos tailandeses, con tres de ellos heridos. El régimen iraní reivindicó ese ataque. Además, la agencia marítima británica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) reportó que un portacontenedores fue alcanzado por un proyectil desconocido cerca de los Emiratos Árabes Unidos, provocando un pequeño incendio a bordo, aunque la tripulación resultó ilesa.

En aguas iraquíes, un portavoz del ejército informó que dos petroleros extranjeros fueron atacados en el puerto de Al Faw. El teniente general Saad Maan calificó el hecho de «cobarde acto de sabotaje» y denunció que constituye «una violación de la soberanía iraquí», con un saldo de un tripulante muerto y 38 rescatados. Una fuente de seguridad en Basora indicó a CNN que se cree que un barco iraní cargado de explosivos impactó contra las embarcaciones. Los puertos petroleros iraquíes suspendieron sus operaciones tras el ataque, y la Organización Estatal de Comercialización de Petróleo de Irak expresó su pesar por el incidente. El Observatorio Marítimo del Reino Unido contabilizó 16 buques atacados entre el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán desde el inicio del conflicto.

Bahréin informó de que Irán llevó a cabo un ataque contra depósitos de combustible en su territorio, mientras que Arabia Saudita dijo haber interceptado aviones no tripulados que se dirigían al yacimiento petrolífero de Shaybah. Kuwait e Irak, por su parte, anunciaron reducciones de producción como consecuencia directa de la crisis.

El petróleo regresa a los 100 dólares pese a la respuesta de la AIE

El impacto en los mercados fue inmediato y contundente. El crudo Brent escaló hasta un 10% en las operaciones asiáticas del jueves y llegó a superar los 100 dólares por barril, para luego ceder hasta los 97,50 dólares. El West Texas Intermediate (WTI) subió un 4,6% y alcanzó los 91 dólares por barril. Ambos índices acumulan una revalorización superior al 60% en lo que va de 2026. Antes del inicio del conflicto, el 28 de febrero, ambos marcadores cotizaban en torno a los 60 dólares, un nivel relativamente bajo en comparación con datos históricos debido a la abundante oferta. El conflicto llegó a disparar el precio por encima de los 100 dólares en sus primeros días, aunque en las jornadas previas se había moderado al rango de entre 80 y 90 dólares antes de retomar la senda alcista.

La AIE advirtió en su informe mensual del jueves que el shock de oferta ha reducido sus proyecciones de superávit mundial en 2026 en poco más de un tercio, hasta alrededor de 2,4 millones de barriles por día. Antes de la crisis, el organismo proyectaba un excedente récord para este año, impulsado por el aumento de la oferta en todo el continente americano, con Estados Unidos, Canadá, Guyana y Brasil a la cabeza. Adicionalmente, la agencia recortó sus estimaciones de crecimiento del consumo mundial en aproximadamente un 25% para este año, situándolas en 640.000 barriles diarios, el nivel más bajo desde que presentó sus previsiones para 2026 en abril pasado, como consecuencia del encarecimiento de los combustibles, las cancelaciones de vuelos y la incertidumbre económica generalizada. Los precios de la gasolina han aumentado en casi todos los países, y muchos han comenzado a diseñar medidas de contingencia ante el riesgo de que la crisis se agrave.

El cierre efectivo de Ormuz también pone en peligro cerca de 4 millones de barriles diarios de capacidad de refinación regional, según la AIE. Las limitaciones en la disponibilidad de materia prima restringen la capacidad de otras regiones para compensar la escasez, con riesgos particulares para el suministro de diésel y combustible para aviones.

La AIE activa la mayor liberación de reservas de su historia

Ante la magnitud de la perturbación, la AIE tomó el miércoles la decisión más ambiciosa de su historia: sus 32 países miembros votaron unánimemente liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas de emergencia. «Los desafíos que enfrentamos en el mercado petrolero son de una escala sin precedentes; por lo tanto, me complace enormemente que los países miembros de la AIE hayan respondido con una acción colectiva de emergencia de una magnitud sin precedentes», declaró el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol.

Se trata de la sexta liberación coordinada aprobada por el organismo en su historia, tras las realizadas en 1991, 2005, 2011 y en dos ocasiones durante 2022, aunque ninguna anterior alcanzó esta magnitud. Los 400 millones de barriles equivalen a cuatro días de consumo mundial, o a lo que en circunstancias normales fluiría por el estrecho de Ormuz en 20 días. Los miembros de la AIE mantienen reservas de emergencia superiores a los 1.200 millones de barriles, a los que se suman otros 600 millones almacenados por la industria petrolera en cumplimiento de obligaciones legales impuestas por los gobiernos.

De ese total, Estados Unidos aportará 172 millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo. El secretario de Energía, Chris Wright, precisó que las entregas comenzarán la semana próxima y se extenderán durante aproximadamente 120 días. Pese a la magnitud del anuncio, la medida no logró contener la presión alcista en los mercados, ya que los nuevos ataques iraníes contra buques en el estrecho eclipsaron el efecto estabilizador esperado. Cabe señalar además que los 400 millones de barriles liberados no alcanzan a compensar el flujo de 20 millones de barriles diarios que han dejado de circular por el cierre de Ormuz.

El presidente Donald Trump calificó el miércoles el alza de los precios como «cuestión de guerra» y aseguró que los mercados deberían «volver a la normalidad» en breve. Declaró ante medios en Cincinnati que sus fuerzas han «atacado 28 barcos minadores hasta el momento», en referencia a embarcaciones iraníes supuestamente destinadas a sembrar minas en el estrecho. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) advirtió a los civiles iraníes que «eviten inmediatamente» todos los puertos a lo largo del estrecho donde operan fuerzas navales del país, argumentando que el régimen los utiliza para «operaciones militares que amenazan el transporte marítimo internacional» y precisando que dichas instalaciones pierden así «su estatus de protección» bajo el derecho internacional. En declaraciones al medio Axios, Trump afirmó además que la guerra terminará «pronto» y que «prácticamente no queda nada que atacar». Sin embargo, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ofreció una lectura opuesta: el conflicto «continuará sin límite de tiempo» hasta alcanzar todos los objetivos de la campaña conjunta.

Arabia Saudita y los Emiratos fuerzan sus oleoductos alternativos al límite

Con el estrecho bloqueado, los productores de la región con infraestructura alternativa han activado sus rutas de contingencia a máxima capacidad. Arabia Saudita está incrementando el flujo de crudo a través de su red de oleoductos Este-Oeste, una infraestructura de 1.200 kilómetros que conecta los yacimientos del Golfo con las terminales de exportación en el mar Rojo, permitiendo que los envíos eviten Ormuz. El director ejecutivo de Aramco, Amin Nasser, confirmó que están impulsando el flujo hacia la capacidad máxima del sistema, de aproximadamente 7 millones de barriles diarios, frente a los 2,8 millones que transportaba antes de la crisis. Nasser describió la situación actual como «la mayor crisis que ha enfrentado la industria del petróleo y el gas de la región».

Los Emiratos Árabes Unidos disponen también de su Oleoducto de Crudo de Abu Dhabi, capaz de enviar alrededor de 1,8 millones de barriles diarios hasta el puerto de Fujairah, en el golfo de Omán. Sin embargo, incluso operando ambos sistemas a plena capacidad, los oleoductos saudita y emiratí transportarían menos de la mitad del crudo que normalmente fluye por el estrecho. Otros productores del Golfo sin alternativas equivalentes, como Kuwait e Irak, ya han comenzado a reducir su producción. El cierre efectivo ha obligado a los productores de la zona a cerrar colectivamente unos 10 millones de barriles de producción diaria, según la AIE. Las pérdidas están siendo parcialmente atenuadas por una mayor producción de países fuera de la OPEP y sus socios, así como por aumentos de los miembros de la OPEP+, en particular Kazajistán y Rusia.

Las empresas multinacionales evacuan el Golfo y el conflicto se extiende al Líbano

La escalada no se limita a los mercados energéticos. Varias grandes empresas internacionales cerraron o evacuaron sus oficinas en países del Golfo tras las amenazas iraníes. El grupo financiero Citi y la consultora Deloitte evacuaron sus oficinas en el centro financiero de Dubái, mientras que PwC cerró sus instalaciones en Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

En el frente bélico, el Ejército israelí reportó el jueves varias oleadas de misiles iraníes lanzados contra su territorio, con defensas aéreas desplegadas para interceptarlos. Los servicios de emergencia Magen David Adom informaron que no hubo víctimas directas, aunque sí se atendió a personas que cayeron de camino a los refugios. Hezbolá aseguró haber lanzado misiles contra una base de inteligencia militar israelí en los suburbios de Tel Aviv, mientras que Israel afirmó haber golpeado 10 estructuras del grupo en el área de Dahiyeh, al sur de Beirut, en apenas 30 minutos, incluyendo el cuartel general de inteligencia y varios centros de mando. Un ataque israelí en el paseo marítimo del centro de Beirut dejó al menos siete muertos y 21 heridos, según el Ministerio de Sanidad libanés. Líbano acumula más de 630 muertos y más de 800.000 desplazados desde que fue arrastrado al conflicto la semana pasada, cuando Hezbolá atacó a Israel tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel. De los desplazados, unas 126.000 personas permanecen en refugios colectivos.

Ante este cuadro, el presidente francés Emmanuel Macron pidió el miércoles a Israel detener su ofensiva terrestre en Líbano y a Hezbolá cesar «inmediatamente» los ataques, tras conversar con el presidente libanés Joseph Aoun. Los analistas advierten que, mientras las hostilidades no den señales de terminar, el barril de petróleo podría mantenerse en el rango de entre 90 y 100 dólares durante un tiempo prolongado, con el riesgo latente de una nueva escalada si la situación en el estrecho de Ormuz no se revierte.

La guerra contra Irán ya costó 11.300 millones en seis días y Washington prepara una solicitud de 50.000 millones al Congreso

marzo 12, 2026

El conflicto armado iniciado el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán está revelando una dimensión fiscal sin precedentes en la historia militar reciente de Washington. Funcionarios del Pentágono informaron esta semana, durante una sesión a puerta cerrada ante senadores estadounidenses, que solo los primeros seis días de operaciones militares le costaron al país al menos 11.300 millones de dólares. La cifra, adelantada por el diario The New York Times con base en tres fuentes familiarizadas con el encuentro, es todavía incompleta: no incorpora la totalidad de los costos operativos del inicio del conflicto, como el aumento de personal, municiones y recursos logísticos desplegados junto a Israel desde el primer día.

La magnitud del dato cobra mayor relieve al compararlo con estimaciones anteriores. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), institución independiente con sede en Washington, había calculado la semana pasada que el gasto estadounidense en las primeras 100 horas de guerra —equivalentes a los primeros cuatro días— ascendía a al menos 3.700 millones de dólares, lo que implicaba un ritmo de desembolso de aproximadamente 900 millones por día. La nueva cifra del Pentágono eleva ese ritmo a casi 1.900 millones de dólares diarios durante las seis jornadas iniciales, más del doble de lo que el CSIS había proyectado.

El arsenal consumido y el giro hacia municiones más baratas

Parte de ese gasto extraordinario se explica por el tipo de armamento utilizado. En la primera ronda de bombardeos, que incluyó ataques directos contra la cúpula de poder iraní, The New York Times y The Washington Post señalan que solo en los primeros dos días se gastaron 5.600 millones de dólares en municiones. Entre los sistemas empleados se destacó la bomba planeadora de precisión AGM-154, cuyo costo unitario supera los 836.000 dólares.

Ante ese ritmo de consumo insostenible, el Pentágono ha comunicado que planea migrar hacia municiones de menor costo en las operaciones subsiguientes. La decisión no es únicamente financiera: según informó el Washington Post citando a tres fuentes del sector defensa, Estados Unidos ha venido agotando con rapidez su inventario de interceptores aéreos y armas de precisión, hasta el punto de tener que seleccionar con mayor cautela sus objetivos. Se trata de una señal de alerta sobre las limitaciones operativas reales de una campaña que el propio presidente Donald Trump describió esta semana, durante un acto en Kentucky, como un conflicto que «ganamos», aunque aclaró que las fuerzas del país seguirán combatiendo para «terminar el trabajo».

La solicitud al Congreso: hasta 50.000 millones en juego

Más allá del gasto ya ejecutado, el panorama fiscal proyectado es significativamente más amplio. Diversas fuentes legislativas citadas por medios estadounidenses señalan que la Casa Blanca prepara una solicitud formal de fondos adicionales al Congreso. Las estimaciones de algunos funcionarios ubican esa petición en torno a los 50.000 millones de dólares, aunque otras fuentes advierten que esa cifra podría resultar incluso conservadora. El Gobierno de Trump no ha ofrecido hasta ahora ninguna evaluación pública del costo total del conflicto ni una estimación sobre su duración, lo que ha generado tensión con legisladores que reclaman mayor transparencia sobre el alcance financiero de la operación.

Un contador en tiempo real y la dimensión del gasto por segundo

Para dimensionar el ritmo del desembolso, herramientas de seguimiento civil del gasto militar —basadas en el costo operativo diario estimado por el propio Departamento de Defensa en alrededor de 1.000 millones de dólares— han comenzado a proyectar en tiempo real la evolución de la factura. Según ese cálculo, el costo acumulado tras casi doce días de operaciones roza los 11.870 millones de dólares, con un ritmo de gasto de aproximadamente 11.574 dólares por segundo, 41,6 millones por hora y 1.000 millones por día. A una semana, el acumulado proyectado alcanza los 7.000 millones; a doce días, cerca de 12.000 millones.

Estas herramientas no constituyen contabilidad oficial, sino estimaciones basadas en costos operativos preliminares. El gasto real solo podrá determinarse cuando el Ejecutivo presente ante el Congreso los informes presupuestarios completos, que incluirán reportes de gasto operativo, solicitudes suplementarias, auditorías internas y fondos de contingencia para operaciones en el extranjero.

El balance humano: bajas que agravan el debate sobre los costos reales

El conflicto no se mide únicamente en cifras presupuestarias. Las estimaciones preliminares sobre las consecuencias humanas del conflicto revelan un balance desigual pero gravoso. Del lado estadounidense, se reportan hasta ahora 7 integrantes de las fuerzas militares fallecidos y 140 heridos. En el bando iraní, las cifras son considerablemente mayores: más de 2.094 miembros de las fuerzas armadas muertos, entre ellos mandos y altos responsables militares, junto a 1.255 civiles fallecidos y más de 12.000 personas heridas. El conflicto, que se ha extendido al Líbano, ha causado la muerte de unas 2.000 personas en total, en su mayoría iraníes y libaneses.

Estos datos, recopilados a partir de fuentes militares y registros abiertos, son susceptibles de revisión a medida que avancen las verificaciones oficiales. En cualquier caso, la dimensión humana del conflicto suma presión política al debate ya encendido sobre los costos fiscales, especialmente entre miembros del Congreso preocupados por el agotamiento de las reservas militares estadounidenses en un momento en que la industria de defensa ya acusaba dificultades para satisfacer la demanda.

Un esfuerzo bélico sin hoja de ruta presupuestaria clara

Lo que el conjunto de datos revela es la ausencia de una hoja de ruta financiera transparente para un conflicto de consecuencias globales. Los mercados energéticos y el transporte a nivel mundial han acusado ya el impacto del caos generado por la extensión de las hostilidades. La falta de información oficial sobre la duración prevista de las operaciones y sobre el volumen total de gasto proyectado contrasta con la magnitud de los números que, gota a gota, se filtran desde las sesiones cerradas del Congreso. A un ritmo de casi 1.900 millones de dólares por día, cada jornada adicional de combate profundiza una ecuación fiscal que Washington aún no ha explicado con claridad ni a sus legisladores ni a la opinión pública.

Deuda impaga del Estado supera los US$ 360 millones en el MOPC y lleva al sector de la construcción al borde del colapso

marzo 12, 2026

Los principales gremios del sector de la construcción emitieron un comunicado conjunto en el que advierten que el incumplimiento del Estado pone en riesgo la inversión, el empleo formal y la credibilidad institucional del país, mientras el Gobierno descarta flexibilizar el tope de déficit fiscal y apuesta al factoraje como solución

La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Paraguaya de Consultores (CPCPYA) hicieron público un pronunciamiento conjunto en el que califican de «grave e insostenible» la situación generada por la deuda impaga del Estado por obras públicas ejecutadas, certificadas, aprobadas e incluso concluidas hace años. El documento, que cuenta con el respaldo de decenas de empresas del sector, advierte que Paraguay está incurriendo en una suerte de «default selectivo» sobre sus obligaciones internas y que esa conducta amenaza la credibilidad del país ante inversores nacionales e internacionales.

Una deuda que supera ampliamente la capacidad presupuestaria del MOPC

Las cifras expuestas por los gremios revelan una brecha estructural de proporciones alarmantes en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El presupuesto aprobado para el sector infraestructura en 2026 asciende a US$ 570 millones, una cifra que resulta insuficiente incluso antes de considerar los compromisos heredados. La deuda acumulada, incluyendo capital e intereses, llega a US$ 360 millones, mientras que las obras ya comprometidas para este mismo año están valuadas en US$ 800 millones. El resultado es un déficit real estimado de US$ 590 millones solamente en los proyectos del MOPC, lo que deja en evidencia que la cartera opera con un agujero financiero que no puede cubrirse con el presupuesto vigente bajo ningún escenario de gestión ordinaria.

La situación se agrava si se toman en cuenta las deudas pendientes de pago en otras instituciones públicas, entre las que se cuentan el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Comité Olímpico Paraguayo, la Secretaría Nacional de Deportes (SND), el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), entre otras. Solo en el sector salud, la deuda acumulada al cierre de 2025 con proveedores alcanzaba los US$ 800 millones. En total, el Estado adeuda unos US$ 400 millones únicamente a las empresas de la construcción.

El sector denuncia que los pagos parciales no alcanzan para sostener las operaciones

Según el comunicado de los gremios, los pagos parciales e insuficientes que realiza el Estado ya no alcanzan siquiera para cubrir los costos financieros que las empresas deben asumir para mantener sus operaciones en marcha. Esto ha llevado a numerosas empresas del sector a una condición de quiebra técnica, con consecuencias que se extienden a toda la cadena de valor: proveedores afectados, destrucción de empleo formal, deterioro de la cadena de pagos y compromiso de la continuidad de infraestructura estratégica para el desarrollo nacional.

Las constructoras que suscriben el pronunciamiento destacan que las cifras de ingresos mensuales que el Gobierno cita como evidencia de normalidad no reflejan la realidad financiera del sector. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que mensualmente ingresan alrededor de US$ 40 millones en facturas del sector, y sostuvo que ese ritmo indica que las obras continúan su curso. Sin embargo, para los gremios esa cifra es a todas luces insuficiente frente a la magnitud de los compromisos acumulados.

El MOPC, epicentro de una gestión que acumuló compromisos sin respaldo financiero

La crítica de fondo que subyace en el pronunciamiento gremial apunta a la gestión del MOPC como el epicentro del problema. La cartera acumuló durante años compromisos de obras por montos que exceden con creces su capacidad presupuestaria, generando una deuda que hoy se torna impagable dentro del marco fiscal vigente. El comunicado señala que los pagos parciales funcionaron durante un tiempo como mecanismo de sostenimiento artificial, trasladando implícitamente el costo de financiamiento de la infraestructura pública a las empresas privadas del sector, que debieron endeudarse a tasas cada vez más gravosas para poder continuar ejecutando obras del Estado.

Esta dinámica convirtió a las constructoras en financistas involuntarios del Estado, una situación que los gremios califican como inaceptable y que, según advierten, no puede extenderse más sin consecuencias estructurales para el sector.

El Gobierno descarta flexibilizar el tope fiscal y apuesta al factoraje

Frente a la presión del sector, el ministro Fernández Valdovinos fue categórico en descartar la propuesta de elevar el tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB para hacer frente a las obligaciones acumuladas. El funcionario argumentó que flexibilizar ese límite destruiría la credibilidad fiscal del país, uno de los pilares sobre los que se sostiene el grado de inversión obtenido por Paraguay. En su lugar, el Gobierno reiteró su apuesta por el mecanismo de factoraje, cuya reglamentación estaba prevista para ser finalizada en los días posteriores al pronunciamiento gremial.

El ministro describió el instrumento como una cesión de deudas respaldada por la ley aprobada por el Congreso en el marco del Presupuesto General de Gastos de la Nación, diferenciándolo de iniciativas anteriores que calificó como medidas improvisadas. Sin embargo, los gremios no se mostraron conformes con esa alternativa, ya que el factoraje implica que las empresas cedan sus acreencias a terceros —generalmente entidades financieras— con un descuento, lo que en la práctica significa cobrar menos de lo que el Estado les debe.

La credibilidad institucional en juego

El núcleo del mensaje de los gremios va más allá de los números. El comunicado plantea una advertencia política y económica de fondo: los inversores no evalúan un país únicamente por sus indicadores macroeconómicos, sino también por la seguridad jurídica, la previsibilidad institucional y la calidad de su infraestructura. Un Estado que incumple sistemáticamente sus contratos con las empresas que construyen esa infraestructura deteriora, al mismo tiempo, las condiciones reales que hacen posible el crecimiento económico.

En ese sentido, los gremios señalaron que resulta igualmente inadmisible que fondos provenientes de convenios internacionales, disponibles para utilización inmediata, permanezcan inmovilizados mientras las empresas se endeudan a tasas cada vez más gravosas para sostener obras públicas. Reclamaron que esos recursos sean inyectados de manera inmediata a los proyectos correspondientes y que el Presupuesto General de la Nación 2026 sea adecuado a las verdaderas necesidades financieras del sector infraestructura, a fin de que el Estado cumpla los compromisos asumidos con independencia del origen de los fondos.

La coincidencia entre decenas de empresas que respaldaron el comunicado y la contundencia de las cifras expuestas instalan una señal de alerta que el Gobierno no podrá ignorar por mucho tiempo: la deuda interna del Estado con quienes construyen el país ya alcanzó un punto de quiebre.

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