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Guerra en Oriente Medio: Trump amenaza con destruir infraestructura iraní mientras el petróleo supera los US$ 100 y los mercados globales entran en pánico

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El conflicto bélico desatado el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán ha entrado en su fase más peligrosa e imprevisible. Lejos de ceder, la guerra se intensifica en múltiples frentes simultáneos: militares, diplomáticos y económicos. Donald Trump lanzó este lunes una amenaza explícita contra la infraestructura energética iraní —incluyendo pozos de petróleo, centrales eléctricas, plantas desalinizadoras y la estratégica isla de Kharg— si Teherán no accede a un acuerdo de paz «en breve» y no reabre el estrecho de Ormuz al tráfico comercial internacional. La amenaza, publicada en su plataforma Truth Social, representa la escalada verbal más contundente de Washington desde el inicio del conflicto y ha sumergido a los mercados globales en una espiral de volatilidad sin precedentes.

Irán rechaza la hoja de ruta estadounidense y escala su respuesta militar

A pesar de que Trump aseguró el domingo —a bordo del Air Force One— que Irán había cedido en «la mayoría» de los 15 puntos del plan de paz propuesto por su administración y transmitido a través de intermediarios pakistaníes, la realidad diplomática presenta un cuadro radicalmente distinto. Teherán rechazó públicamente esa lista de condiciones, calificándola de «poco realistas, ilógicas y excesivas», y respondió con cinco exigencias propias, entre ellas el mantenimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, vía marítima por la que transita aproximadamente el 25% del crudo transportado por mar a nivel global.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, fue contundente en rueda de prensa: «Nuestra postura es clara. Estamos sufriendo una agresión militar. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos y fuerzas se centran en defendernos». Al mismo tiempo, el Parlamento iraní estudia una posible retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear, lo que agravaría aún más las tensiones con Washington, que citó precisamente la amenaza nuclear iraní como una de las razones del ataque inicial del 28 de febrero.

En el plano estrictamente militar, este lunes Irán y Israel se bombardearon mutuamente. El ejército israelí informó haber interceptado dos drones provenientes de Yemen —lanzados por los hutíes en su primera intervención directa desde el inicio del conflicto— y ejecutó ataques con misiles contra infraestructura militar en Teherán y contra posiciones de Hezbolá en Beirut, dejando una nube de humo negro sobre la capital libanesa. La milicia libanesa también lanzó cohetes contra Israel el mismo lunes.

La doble carta de Trump: diplomacia y despliegue militar simultáneos

La estrategia de Washington resulta deliberadamente ambigua. Por un lado, Trump reivindica avances en las negociaciones y describe a los nuevos líderes iraníes —tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei el primer día del conflicto, sustituido por su hijo Mojtaba— como «muy razonables». Por otro, ordena el despliegue de miles de soldados adicionales en la región, incluyendo un buque de asalto anfibio con aproximadamente 3.500 marines llegado el viernes pasado, así como unidades de la 82ª División Aerotransportada. El mandatario aclaró el domingo que las negociaciones no excluyen nuevas acciones militares: «Nunca se sabe con Irán, porque negociamos con ellos y luego siempre tenemos que hacerlos explotar».

La amenaza más perturbadora para los mercados llegó de una entrevista con el Financial Times publicada el domingo, en la que Trump evaluó la posibilidad de «tomar el petróleo de Irán» y planteó la captura de la isla de Kharg —principal terminal de exportación de crudo iraní y sede de una base naval— como una opción concreta, comparando dicha eventual ocupación con la presencia estadounidense en la industria petrolera venezolana tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Aunque el mandatario reconoció que esa operación «significaría que tendríamos que estar allí un tiempo», la sola declaración bastó para catapultar los precios del crudo a niveles no vistos en casi dos décadas.

La respuesta iraní a este escenario fue inmediata: el canciller Abbas Araghchi advirtió que su país atacaría instalaciones de empresas estadounidenses en la región si Washington golpea la infraestructura energética iraní. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Qalibaf, fue aún más directo, afirmando que sus fuerzas aguardan la llegada de soldados estadounidenses «sobre el terreno para atacarlos y castigar de una vez por todas a sus aliados regionales».

El petróleo supera los US$ 100 y los mercados financieros se desploman

Las consecuencias económicas del conflicto ya son de magnitud histórica. El barril de petróleo Brent, referencia del mercado londinense, cotiza en torno a los US$ 117, mientras que el WTI ha superado holgadamente los US$ 100. En términos acumulados, el crudo ha escalado cerca de un 60% solo en el transcurso del mes de marzo, impulsado por las interrupciones en el suministro global derivadas del bloqueo iraní al estrecho de Ormuz. Analistas de PVM Energy advierten que, si Estados Unidos concreta una invasión terrestre o si Irán intensifica sus ataques a la infraestructura energética del Golfo, la posibilidad de ver el barril en US$ 200 dejaría de ser un escenario teórico para convertirse en una amenaza inminente con capacidad de hundir a la economía global en una crisis sin precedentes.

El nerviosismo se trasladó con rapidez a los mercados financieros internacionales. Las bolsas de Asia registraron caídas de entre el 1% y el 3% este lunes, mientras que en Europa la tendencia fue mixta tras una semana de retrocesos constantes. El factor detonante del pánico bursátil fue la vulnerabilidad de la infraestructura energética: se reportaron ataques con misiles iraníes contra una refinería en la ciudad israelí de Haifa, generando columnas de humo negro visibles a kilómetros de distancia.

Irán extendió además su ofensiva hacia objetivos civiles y estratégicos en el entorno del Golfo. Según informes de la agencia AFP, fuerzas iraníes atacaron una planta de desalinización de agua en Kuwait, en represalia por incursiones que dejaron a oscuras amplios sectores de la capital iraní. Arabia Saudita, por su parte, confirmó la interceptación de cinco misiles balísticos, consolidando un escenario de guerra regional de plena escala.

El aluminio se dispara un 6% y los metales industriales acusan el impacto

El conflicto no se circunscribe a los mercados energéticos. El mercado de metales industriales sufrió un fuerte golpe este lunes tras la ofensiva de la Guardia Revolucionaria de Irán contra infraestructura en Baréin y los Emiratos Árabes Unidos. Los ataques, ejecutados con drones y misiles contra plantas que Teherán vincula al aparato militar estadounidense, provocaron que el precio del aluminio se disparara un 6% en las primeras operaciones de la Bolsa de Metales de Londres. Aunque la tendencia se moderó parcialmente, el metal —esencial para las industrias automotriz y tecnológica— se estabilizó con un alza del 4,2%, cotizando en torno a los US$ 3.435 por tonelada.

Analistas de Swissquote Bank señalan que la expansión del conflicto ha colocado al crudo y al aluminio bajo una presión extrema, dado que Oriente Medio se consolidó como proveedor estratégico para las potencias occidentales tras las sanciones impuestas al aluminio ruso como consecuencia de la guerra en Ucrania. Expertos del banco ANZ advierten que la región es actualmente un nodo logístico crucial para la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, y que cualquier interrupción adicional en las entregas no solo restringirá la oferta física del material, sino que ejercerá una presión alcista sostenida sobre los precios y las primas del aluminio a escala internacional.

Gobiernos aplican planes de emergencia; el G7 convoca reunión de urgencia

La magnitud del impacto económico obligó a varios gobiernos a activar medidas de contingencia para proteger a sus poblaciones. Noruega y Australia anunciaron recortes temporales en los impuestos a la gasolina y el diésel. Bangladesh ordenó a sus empleados públicos apagar luces y limitar el uso de aire acondicionado para hacer frente a la crisis energética. En Corea del Sur, la escasez anticipada desató una compra masiva de bolsas de residuos plásticos —derivados del petróleo— en Seúl, lo que obligó al Ministerio de Energía a intervenir para calmar a la población.

En el plano multilateral, el ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, confirmó que los miembros del G7 mantendrán reuniones de urgencia este lunes, con la participación de jefes de bancos centrales y organismos internacionales, con el objetivo de evaluar las consecuencias macroeconómicas del conflicto y coordinar una respuesta común ante un escenario que los inversores ya califican como de «triple choque».

Esfuerzos diplomáticos en Islamabad, con escasos resultados concretos

En paralelo al fragor militar, se mantiene abierto un frágil canal diplomático en Islamabad. Los cancilleres de Turquía, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita se reunieron desde el domingo para explorar vías de salida al conflicto. El canciller pakistaní Ishaq Dar declaró que Pakistán está dispuesto a mediar y a acoger conversaciones «sustantivas» entre Washington y Teherán, señalando que ambas partes han expresado confianza en su país como sede de futuras negociaciones. Sin embargo, un funcionario de seguridad pakistaní reconoció que, en este momento, conversaciones directas entre Washington y Teherán esta semana parecen «poco probables».

El conflicto, entretanto, continúa expandiéndose más allá de las fronteras iraníes. En Líbano, los ataques israelíes han causado 1.238 muertos desde el 2 de marzo, entre ellos 124 niños. La misión de la ONU en el país, UNIFIL, confirmó además este lunes la muerte de un casco azul indonesio tras el impacto de un proyectil en una de sus posiciones en el sur del territorio libanés.

Con el estrecho de Ormuz aún bloqueado —aunque Trump afirmó que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros sin precisar los términos del acuerdo—, los mercados energéticos y de materias primas permanecen en vilo, y las proyecciones de crecimiento global para el resto del año han quedado supeditadas al desenlace de un conflicto que, lejos de encontrar una salida, acumula nuevas capas de complejidad con cada jornada que pasa.

La industria automotriz argentina acumula siete meses de caída productiva, despidos y una carga fiscal que frena sus exportaciones

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El mercado argentino de automóviles 0 km registró un crecimiento de 47% en 2025, pasando de 227.800 unidades vendidas en 2024 a 244.800 el año siguiente. Un dato que, a primera vista, podría leerse como señal de recuperación sectorial. Sin embargo, ese mismo período fue testigo de un incremento del 97% en las importaciones, lo que dejó al descubierto una realidad más incómoda: la industria local apenas creció un 7,4% en ese lapso. El mercado se expandió, pero la producción nacional quedó rezagada.

El desequilibrio entre la demanda de unidades y la capacidad de la manufactura doméstica para satisfacerla es solo uno de los frentes que enfrenta el sector. El otro, igualmente preocupante, es el de las exportaciones, que llevan ocho meses consecutivos de números rojos interanuales. El primer bimestre de 2026 cerró con una caída del 23,4% respecto al mismo período del año anterior. Así, las fábricas argentinas no solo perdieron terreno en el mercado interno frente a los vehículos importados, sino que también vienen perdiendo posiciones en sus mercados externos, en particular en Brasil.

Stellantis, Toyota y una industria que ajusta hacia abajo

El cierre de uno de los dos turnos de producción en la planta de Peugeot en el Palomar, perteneciente al grupo Stellantis, sintetiza de manera concreta la situación que atraviesa el sector. A partir de mayo, la operación se reducirá y la empresa iniciará un programa de retiros voluntarios para adecuar su estructura al nuevo nivel de demanda, especialmente en los mercados de exportación. El proceso no fue abrupto: comenzó con un mes completo de vacaciones en diciembre —el doble del habitual— y continuó con tres paradas entre febrero y marzo que sumaron 13 jornadas perdidas. La marca retrocedió un 28% en ventas en los dos primeros meses del año, la mayor caída del segmento en ese período.

Toyota, por su parte, se encamina a eliminar el tercer turno de producción que había incorporado en su planta de Zárate desde enero de 2023, cuando la operación funcionaba las 24 horas de lunes a viernes. La empresa comenzó a comunicar a sus operarios una nueva ola de 500 despidos, que se suma a las sucesivas etapas de retiros voluntarios y reducciones de personal que acompañaron la implementación del modelo económico de la actual administración. Paralelamente, Toyota avanza en un proceso de robotización de su línea de producción para adaptarla a nuevas exigencias tecnológicas y mantener un ritmo estimado de alrededor de 180.000 unidades anuales.

Los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) confirman la tendencia: la producción del sector acumuló siete meses consecutivos de retroceso interanual, con una caída del 30,1% en el último mes disponible respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las exportaciones cayeron un 28,9% en la misma comparación. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) ya alertó sobre el riesgo para el empleo y la sostenibilidad de la cadena de autopartes.

Las que crecen, pero no en las mismas condiciones

No todas las marcas atraviesan el mismo ciclo. Ford registró un crecimiento del 31% en el bimestre, y Chevrolet, del 27%. Sin embargo, los fundamentos de esas alzas difieren sustancialmente del resto. Ford introdujo el Territory, un modelo nuevo que lidera las ventas del mercado y que se importa desde China. Chevrolet, en tanto, recupera cuota de mercado que había perdido por las restricciones a la importación de 2023. El caso de Nissan es ilustrativo: también creció un 16% en el bimestre, incluso después de haber cesado su producción local de vehículos. Son alzas que no generan valor agregado industrial en el país.

El resto del cuadro resulta más austero. Toyota tuvo una baja de ventas del 24,5%, Renault del 23,8%, Citroën del 19%, Volkswagen del 18% y Fiat del 12%.

El problema de fondo es Brasil y la competencia china

El mercado de exportaciones argentino depende de manera determinante de Brasil. Y el mercado brasileño está cambiando su lógica de compra: los consumidores encuentran condiciones más favorables para adquirir vehículos chinos —tanto en términos tecnológicos como de precio— que para optar por los automóviles fabricados en Argentina. China es el líder mundial indiscutido en electrificación vehicular y subsidia activamente sus exportaciones automotrices. Argentina, en contraste, aplica al precio de venta exterior una carga impositiva total que, entre todos sus componentes, llega al 16% antes de descuentos.

Este diferencial de competitividad explica en buena medida por qué las marcas que logran mantener o aumentar sus volúmenes exportados —Toyota, Ford y Mercedes-Benz— lo hacen en vehículos comerciales livianos: pick-ups, furgones y vans. Ese segmento conserva demanda en Brasil y en otros países de América Latina. Los automóviles de pasajeros y los SUV, que son precisamente los vehículos que Brasil está dejando de comprarle a la Argentina, quedan fuera de ese flujo.

La respuesta estratégica del sector es clara: concentrarse en los vehículos comerciales que sí tienen salida. Stellantis ya produce las pick-ups Fiat Titano y Ram Dakota en Córdoba. Renault anunció que fabricará este año la Niágara Concept en Santa Isabel. Volkswagen retiró el Taos de producción para concentrar toda la capacidad en la nueva generación de la pick-up Amarok. Y Prestige Auto amplió su operación con la expectativa de volver a exportar Mercedes-Benz Sprinter a Estados Unidos durante este año. Ninguna de estas iniciativas incluye autos de pasajeros ni SUV.

Una carga fiscal que erosiona cada unidad exportada

El pedido formal del sector para reducir la carga fiscal sobre las exportaciones lleva tiempo en discusión y parece acercarse a una resolución. El gobierno nacional evalúa la eliminación gradual del arancel de exportación vigente, cuya alícuota nominal es del 4,5%, pero cuyo peso real varía entre el 2% y el 2,5%, dado que se aplica únicamente sobre los componentes de integración nacional y no sobre las partes importadas. Así, un vehículo con un 30% de contenido nacional tributa apenas un 1,3% efectivo, mientras que uno con el 70% de integración local soporta un 3,1%.

Sin embargo, el componente más pesado de la carga no proviene de los aranceles nacionales, sino de los impuestos subnacionales. Según datos presentados por Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Ford Sudamérica, al equipo económico nacional en enero pasado, los tributos provinciales y municipales —básicamente Ingresos Brutos (7%) y tasas municipales (3%)— suman un 10% adicional al costo de cada unidad exportada. En total, la carga llega al 16%, que se reduce al 12% de impacto efectivo gracias a dos mecanismos de compensación: la Ley de Promoción de la Industria Automotriz, que devuelve el 2% correspondiente a la retención pero únicamente para los modelos nuevos incorporados a partir de 2023, y un sistema de reintegros que devuelve otro 2%, aunque con plazos de pago tan extendidos que, en la práctica, el sector señala que el beneficio «casi se licúa» antes de materializarse.

Un sector en reconversión forzada

La industria automotriz argentina se encuentra en una etapa de reconversión acelerada por las circunstancias: migración hacia los vehículos comerciales, ajuste del empleo, robotización de líneas y presión creciente para que el Estado reduzca una carga impositiva que deteriora la competitividad exportadora. Las decisiones de Stellantis y Toyota no son casos aislados: son síntomas de un modelo productivo que necesita redefinir su inserción tanto en el mercado local —donde la importación avanza sin pausa— como en el regional, donde China gana terreno de forma sostenida. La respuesta del sector privado ya está en marcha. La del sector público, todavía en evaluación.

Tras la reducción de la pobreza, 985.000 paraguayos aún no cubren la canasta básica y 147.000 sobreviven con G. 13.000 al día

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El INE registró una caída de 3,6 puntos porcentuales respecto a 2024, con 213.000 personas que dejaron la pobreza; los programas sociales Tekoporã, Adultos Mayores y Hambre Cero evitaron que otras 239.000 cayeran bajo esa línea

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó este viernes los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) correspondientes al período 2022-2025, con datos que combinan avances estadísticos concretos y una realidad social que sigue siendo estructuralmente preocupante. La pobreza monetaria total en Paraguay descendió al 16,0% de la población en 2025, frente al 19,6% registrado en 2024, lo que representa una reducción de 3,6 puntos porcentuales y equivale a unas 213.000 personas que dejaron esa condición en el último año. Sin embargo, detrás del indicador porcentual persiste una masa humana de 985.000 personas —equivalente a tres estadios llenos de Cerro Porteño— cuyos ingresos diarios no alcanzan para cubrir una canasta básica de consumo.

Casi un millón de pobres: la magnitud detrás del porcentaje

La cifra absoluta pone en perspectiva el alcance real del problema. En términos concretos, las 985.126 personas en situación de pobreza monetaria total en 2025 viven en hogares cuyo ingreso per cápita es inferior al costo de la canasta básica de consumo, fijada en G. 933.108 mensuales por persona en el área urbana, es decir, G. 31.104 diarios. En el área rural, ese umbral cae a G. 681.839 mensuales, equivalente a G. 22.728 por día.

La distribución geográfica de la pobreza refleja una brecha urbano-rural marcada. En las ciudades, la tasa se ubica en 13,6%, con unas 597.000 personas afectadas. En el campo, el indicador casi se duplica al llegar al 22,1%, con cerca de 388.000 personas en esa situación. La reducción interanual fue significativa en ambos territorios: en zonas urbanas la tasa bajó de 16,9% a 13,6%, y en rurales de 26,3% a 22,1%.

Pobreza extrema: 147.000 personas sobreviven con menos de G. 13.000 al día

El segmento más vulnerable de la población registra también una mejora, aunque la situación de fondo continúa siendo severa. La pobreza extrema —definida por ingresos inferiores al costo de la canasta básica de alimentos— afectó al 2,4% de la población en 2025, bajando desde el 3,7% de 2024. En términos absolutos, esto representa aproximadamente 146.938 personas, de las cuales unas 51.000 residen en zonas urbanas y cerca de 96.000 en áreas rurales.

Las líneas de pobreza extrema ilustran la precariedad extrema de este segmento: en el área urbana, el umbral se fijó en G. 412.618 mensuales por persona, es decir, G. 13.754 diarios; en el área rural, en G. 376.816 mensuales, equivalente a G. 12.561 por día. La reducción de 1,3 puntos porcentuales a nivel nacional fue especialmente pronunciada en el campo, donde la pobreza extrema cayó de 8,2% a 5,5%.

Los programas sociales, factor decisivo en la contención de la pobreza

Uno de los elementos más reveladores del informe del INE es la cuantificación del impacto de las transferencias monetarias del Estado. Según los datos presentados por el director del INE, Iván Ojeda, los programas Tekoporã, Adultos Mayores y Hambre Cero actuaron como un dique frente a una pobreza que, de otro modo, habría sido significativamente mayor.

El ejercicio contrafactual elaborado por el INE es contundente: sin esas transferencias, la pobreza total en 2025 habría alcanzado el 19,9% en lugar del 16,0%, y la pobreza extrema el 4,8% en lugar del 2,4%. En términos de personas, las políticas sociales evitaron que unas 239.000 personas cayeran en pobreza total y que cerca de 150.000 lo hicieran en pobreza extrema. Este dato sitúa los programas sociales no como complemento marginal de la política económica, sino como componente estructural del indicador.

El INE también señaló que la mejora en los ingresos laborales y no laborales de los hogares de menores recursos —que crecieron por encima del incremento en los precios de las canastas básicas— contribuyó igualmente a la reducción observada.

Ajuste metodológico: nueva serie estadística basada en el Censo 2022

El INE acompañó la presentación de los datos con una aclaración metodológica relevante. Los resultados publicados corresponden a una nueva serie estadística que incorpora dos ajustes técnicos orientados a una mayor precisión en la medición.

El primero refiere a los factores de ponderación: las proyecciones de población revisadas en 2025, basadas en los datos del Censo 2022, permitieron recalibrar los ponderadores de la muestra de la EPHC para el período 2022-2025. El segundo ajuste tiene que ver con la valorización del almuerzo escolar, que incorporó el aporte energético de los 35 platos del menú escolar utilizando los precios de la Canasta Básica de Alimentos como referencia. Este último ajuste contó con la participación del Comité Técnico Interinstitucional de Pobreza, que acompaña al INE desde 2009.

El organismo estadístico precisó que estos cambios metodológicos no alteran la tendencia descendente registrada a lo largo del período analizado, sino que apuntan a mejorar la calidad de la medición de cara a futuras publicaciones.

Una mejora pero con margen de lectura crítica

La reducción de 213.000 personas en situación de pobreza en un solo año es un avance estadístico que el Gobierno celebró como resultado de su gestión. No obstante, la lectura de los datos exige matices. Que casi un millón de paraguayos aún no pueda cubrir su canasta básica de consumo —y que 147.000 de ellos sobrevivan con ingresos diarios de menos de G. 13.000— revela que la pobreza sigue siendo un fenómeno de escala considerable en el país.

A ello se suma que la dependencia de los programas sociales para sostener el indicador es muy alta: sin Tekoporã, Adultos Mayores y Hambre Cero, la tasa de pobreza total prácticamente retornaría a los niveles del año anterior. Esto plantea una pregunta estructural sobre la sostenibilidad del descenso en ausencia de transferencias directas del Estado, y sobre el peso real que tienen la generación de empleo de calidad y el crecimiento de los ingresos autónomos de los hogares más vulnerables en la mejora registrada.

Guerra en múltiples frentes le costó a Israel el 8,6% de su PIB en dos años y agrava su trayectoria fiscal con nuevos compromisos de US$13.000 millones

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El Banco de Israel publicó su informe anual 2025 con una conclusión que sintetiza dos años de economía de guerra: el país perdió el equivalente al 8,6% de su producto interior bruto anual —177.000 millones de shekels, unos US$57.000 millones— durante el período transcurrido entre 2023 y 2025. La cifra, que abarca las operaciones militares en Gaza y el Líbano pero excluye la guerra actual contra Irán, convierte a este ciclo bélico en el de mayor costo económico en la historia moderna del Estado israelí.

Una economía sometida a restricciones de oferta estructurales

El impacto no fue únicamente financiero en el sentido contable. El PIB creció apenas un 0,9% en 2024 frente a 2023, mientras que la producción empresarial se contrajo un 0,8%. El presupuesto de defensa de 2024 se expandió hasta el 7% del PIB, una de las tasas más elevadas a nivel global, generando un déficit fiscal pronunciado y una deuda pública en escalada acelerada.

El mecanismo de transmisión fue múltiple. La movilización masiva de reservistas retiró fuerza laboral calificada del sector tecnológico, motor histórico de la economía israelí. La prohibición de ingreso a trabajadores palestinos, que representaban una porción sustancial de la mano de obra en construcción y agricultura, agravó el cuadro. La reducción de esas restricciones de oferta fue gradual a lo largo del año, condicionada por la ausencia prolongada de reservistas y residentes de zonas de conflicto de sus puestos de trabajo habituales. Desde el inicio de la guerra, el consumo del gobierno se convirtió en prácticamente el único motor relevante del crecimiento, mientras que la inversión y las exportaciones cayeron en 2023 y 2024, contrastando con la expansión sostenida que habían registrado en la década previa.

El déficit y la deuda como legado fiscal de largo plazo

El gobernador del Banco Central, Amir Yaron, fue directo al valorar las perspectivas: «Antes del actual conflicto asumimos una tasa de crecimiento del 5,2% y un objetivo de déficit del 3,9% para este año, que se suponía estabilizarían nuestra relación deuda/PIB. Con un objetivo de déficit más alto y una probable revisión a la baja de la previsión de crecimiento, la relación deuda/PIB aumentará».

El déficit presupuestario se disparó hasta el 6,8% del PIB en 2024, el nivel más alto desde la pandemia, y se proyecta que la ratio deuda/PIB pase de alrededor del 60% antes de la guerra a casi el 70%. Para contener ese deterioro, el gobierno introdujo medidas de austeridad que incluyeron recortes del 3% en todos los ministerios y un aumento del IVA del 17% al 18%. Las agencias de calificación respondieron en consecuencia: Moody’s rebajó la nota crediticia de Israel de A1 a A2, y posteriormente a Baa1; Fitch también degradó su calificación de «A» a «A-», ambas con perspectiva negativa.

La guerra con Irán suma presión adicional al presupuesto de 2026

El informe del Banco de Israel no contempla aún los efectos del conflicto abierto con Irán, que ya supera las cuatro semanas al momento de su publicación. Israel ha mantenido ataques aéreos diarios sobre territorio iraní mientras absorbe represalias. El gabinete aprobó este mes un presupuesto estatal revisado para 2026 que añade US$13.000 millones para cubrir los gastos de esa guerra.

El propio informe registra que la guerra de 12 días sostenida con Irán en junio supuso una pérdida de producción del 0,3% del PIB. Ese breve intercambio de misiles fue suficiente para que los analistas redujeran sus perspectivas de crecimiento para 2025 en 0,4 puntos porcentuales, con efectos que se sintieron en todos los sectores. También provocó el cierre temporal de dos de los tres campos de gas del país y detuvo las exportaciones de hidrocarburos.

Exportaciones resentidas por el posicionamiento político europeo

Uno de los hallazgos más singulares del informe es la identificación de un patrón comercial con connotaciones geopolíticas. Los investigadores del Banco de Israel estimaron que las exportaciones israelíes a ocho miembros de la Unión Europea considerados más críticos con la conducta de Israel cayeron en US$1.000 millones en 2024 y en US$1.500 millones en 2025, mientras que el comercio con otros socios aumentó. El banco central advirtió expresamente que «este patrón puede indicar que las posiciones políticas están influyendo en los volúmenes de exportación a estos países», una señal de que el aislamiento diplomático comienza a traducirse en variables económicas concretas.

El sector tecnológico, bajo presión

El sector tecnológico, históricamente el activo diferencial de la economía israelí, comenzó a mostrar fisuras: la producción hi-tech se estancó, el pool de personal de investigación y desarrollo se contrajo, la formación de startups y el crecimiento del empleo tecnológico cayeron por debajo de los niveles de la última década, y la captación de capital de riesgo entró en declive. Las inversiones en nuevas empresas israelíes se concentraron en ciberseguridad y software empresarial, lo que reduce la diversificación del sector y lo expone a eventuales cambios en esos nichos específicos.

Una recuperación condicionada a la duración del conflicto

Incluso en el período posterior al alto el fuego de octubre de 2025 con Hamás, la producción se mantenía por debajo del nivel previo a la guerra, y dado el crecimiento poblacional de alrededor del 2% anual, el PIB per cápita seguía siendo inferior al registrado antes del inicio del conflicto.

El costo acumulado de la guerra de Gaza transformó la arquitectura fiscal de Israel de manera que difícilmente podrá revertirse en el corto plazo. El presupuesto de defensa absorbió recursos que históricamente se destinaban a educación, infraestructura y capital humano. La reintegración de reservistas al mercado laboral, la reconstrucción de zonas fronterizas y la compensación al sector privado prolongarán el impacto de estos US$57.000 millones durante años. A eso se suma ahora la factura abierta de la guerra con Irán, cuya magnitud final aún no puede cuantificarse. El reto del gobierno de Netanyahu es sostener la credibilidad fiscal que permitió a Israel construir una de las economías más dinámicas de la OCDE en las dos décadas previas, mientras financia simultáneamente un estado de conflicto que muestra pocas señales de cierre definitivo.

La BVA consolida su plataforma Nasdaq y concentra cinco colocaciones de bonos corporativos y soberanos

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La Bolsa de Valores de Asunción (BVA) atraviesa una semana de actividad en dos frentes: la consolidación de su plataforma tecnológica con Nasdaq y el inicio de colocaciones de bonos corporativos y soberanos por parte de cinco emisores del mercado local, con instrumentos denominados tanto en guaraníes como en dólares.

La BVA en la sede de Nasdaq

Desde enero de 2026 opera oficialmente la nueva plataforma de negociación desarrollada por Nasdaq, empresa líder global en tecnología de mercados financieros. El sistema fue adoptado con el objetivo de alinear las operaciones de la BVA con estándares internacionales en materia de eficiencia, seguridad y escalabilidad.

El 23 de marzo, cuatro representantes de la institución viajaron a Nueva York para una visita formal a la sede de Nasdaq, donde se realizó el acto fotográfico institucional que marca este avance. Desde la BVA señalaron que la plataforma ha tenido una recepción positiva entre los participantes del mercado y ha acompañado el crecimiento de los volúmenes operados desde su puesta en funcionamiento.

AFD coloca bonos ODS a seis años por G. 140.000 millones

La emisión de mayor volumen en el período corresponde a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), entidad estatal con calificación AAApy. El 24 de marzo inició la colocación de la Serie 2 del Programa de Emisión Global de Bonos ODS denominado AFD.G22, por un monto de G. 140.000 millones, a una tasa de 7,70% anual, con pago trimestral de intereses y capital al vencimiento. El plazo es de seis años, con fecha de vencimiento el 24 de marzo de 2032. La colocación se realiza mediante subasta holandesa o precio único, con una ventana horaria de 11:00 a 11:30, a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

Rieder & Cía lanza diez series en dólares con plazos escalonados

También el 24 de marzo, Rieder & Cía S.A.C.I. inició la colocación de las Series 1 a 10 del Programa de Emisión Global de Bonos USD5, con calificación BBB+py Estable. Cada serie tiene un monto de USD 500.000, sumando un total de USD 5.000.000. Las tasas de interés van de 8,25% en la Serie 1, con vencimiento el 23 de abril de 2029, hasta 8,90% en las Series 9 y 10, con vencimiento el 23 de marzo de 2031. Los plazos se escalonan entre 1.126 y 1.825 días. En todos los casos el capital se paga al vencimiento y los intereses de forma trimestral. El agente colocador es Cadiem Casa de Bolsa S.A.

Biedermann Publicidad emite G. 2.000 millones a 13,75%

El 25 de marzo, Biedermann Publicidad S.A.E. lanzó la Serie 5 del Programa de Emisión Global de Bonos G4, con calificación BBB-py Estable. El monto asciende a G. 2.000 millones, con una tasa de interés de 13,75% anual, pago trimestral de intereses y capital al vencimiento en el plazo de 1.521 días, el 24 de mayo de 2030. El código ISIN asignado es PYBIE05F0000. El intermediario colocador es Valores Casa de Bolsa S.A. y casas de bolsa habilitadas por la Superintendencia de Valores.

Eladia S.A. coloca USD 500.000 a tres años

En la misma jornada del 25 de marzo, Eladia S.A. inició la colocación de la Serie 2 del Programa de Emisión Global de Bonos USD2. La emisión es por USD 500.000 a una tasa de 7,75% anual, con pago trimestral de intereses y capital al vencimiento el 25 de marzo de 2029, en un plazo de 1.096 días. La calificación es BBBpy Estable, asignada por Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. El agente organizador y colocador es Sudameris Securities Casa de Bolsa S.A.

Proberis S.A.E. coloca G. 1.500 millones a 13,25%

El 26 de marzo, Proberis S.A.E. abrió la colocación de la Serie 6 del Programa de Emisión Global de Bonos G2, con calificación BBB-py Estable. El monto es de G. 1.500 millones, a una tasa de 13,25% anual, con intereses pagaderos trimestralmente y capital al vencimiento el 25 de septiembre de 2029, en un plazo de 1.279 días. El código ISIN es PYPBE06F0000. El agente organizador y colocador es Valores Casa de Bolsa S.A.

Brasil lanza un paquete de crédito de 2.900 millones de dólares para proteger empresas y sectores estratégicos ante la inestabilidad geopolítica global

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El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció la firma de una medida provisional que habilita una nueva línea de crédito de 15.000 millones de reales, equivalentes a unos 2.900 millones de dólares, destinada a empresas brasileñas afectadas por la inestabilidad geopolítica internacional. La iniciativa, que será intermediada por el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), amplía el alcance del programa Brasil Soberano e incorpora a sectores que van desde la industria siderúrgica y automotriz hasta el agropecuario, en un contexto donde la guerra en Oriente Medio y los conflictos comerciales con Estados Unidos continúan presionando la economía brasileña.

Una respuesta estructurada ante múltiples frentes de presión

La medida provisional firmada por Lula representa una segunda fase del programa Brasil Soberano, creado en 2025 como respuesta a la política arancelaria implementada por la administración de Donald Trump, que impuso un arancel del 50% a las exportaciones brasileñas hacia el mercado estadounidense. En aquella oportunidad, el esquema de financiamiento aprobó más de 16.000 millones de reales en crédito para las empresas más perjudicadas por ese llamado «tarifazo» unilateral, según declaraciones de Aloizio Mercadante, presidente del BNDES.

Ahora, el programa se adapta a un escenario más complejo: la guerra en Oriente Medio no solo agravó las tensiones en los mercados energéticos globales, sino que también interrumpió cadenas de suministro de fertilizantes e impactó en los costos de los fletes y los combustibles. Ante ese panorama, el gobierno busca extender el alcance del financiamiento a sectores que aún sufren presiones arancelarias —como el siderúrgico, metalúrgico, automotriz y de autopartes— y también a rubros sensibles para la balanza comercial, entre ellos el farmacéutico, el de maquinaria y equipos, y el electrónico.

Fertilizantes, cadena agroindustrial y vulnerabilidad estructural

Uno de los ejes más críticos de esta nueva fase del programa es el impacto sobre el sector agropecuario. Brasil depende en gran medida de las importaciones de fertilizantes para abastecer su producción agrícola, que incluye cultivos de alto valor exportador como soja, maíz, algodón y trigo. Las interrupciones en las rutas de suministro causadas por los conflictos internacionales elevaron los costos de estos insumos y generaron incertidumbre sobre la próxima campaña agrícola.

El paquete de financiamiento apunta justamente a que parte de los recursos se destinen a ampliar la producción local de insumos, mejorar la logística y sostener la competitividad exportadora. Para el gobierno, este punto es estratégico: Brasil ocupa un papel central en el abastecimiento mundial de granos, carne y biocombustibles, y cualquier caída en su producción agrícola tendría repercusiones tanto internas como globales. La medida también contempla que los fondos sean aplicados a capital de trabajo, adquisición de bienes de capital e inversiones orientadas a adaptar procesos productivos, ampliar capacidades y fomentar la innovación tecnológica.

Los recursos para financiar el programa provendrán de excedentes del Tesoro nacional, de un fondo de garantía para exportaciones y de otras fuentes presupuestarias, en condiciones diseñadas para ser favorables para las empresas más afectadas por el actual escenario internacional.

Inflación, política monetaria y cautela en los mercados

El lanzamiento de este paquete de crédito se produce en un momento delicado para la economía brasileña. El Banco Central redujo recientemente la tasa básica de interés, la Selic, de 15% anual a 14,75%, un recorte de apenas 25 puntos básicos que resultó más moderado de lo que los economistas esperaban. La propia autoridad monetaria reconoció que las incertidumbres derivadas del conflicto en Oriente Medio influyeron de manera determinante en esa decisión más cautelosa.

El ciclo de alivio monetario, que debería servir como impulso a la actividad económica, enfrenta así un obstáculo externo de difícil resolución. Analistas del mercado advierten que la cautela del banco central persistirá en las próximas decisiones de política monetaria, al menos mientras persistan las presiones inflacionarias asociadas al alza del petróleo y al costo de los insumos. Liam Peach, economista sénior de mercados emergentes de Capital Economics, señaló que si los precios del petróleo se mantienen en el escenario base proyectado, el debate del comité de política monetaria en su próxima reunión de finales de abril podría quedar nuevamente entre un recorte de 25 o de 50 puntos básicos.

El gobierno ya tomó medidas para intentar moderar las presiones sobre los precios: redujo tributos sobre combustibles en un intento de contener el traslado del alza internacional a los consumidores. Sin embargo, los temores inflacionarios no se han disipado. En Brasil, la inflación está fuertemente correlacionada con el precio de los combustibles, los alimentos y los insumos agrícolas, lo que hace que el contexto externo tenga efectos directos y amplificados sobre el poder adquisitivo interno.

El mercado de capitales resiente la incertidumbre

Los efectos de la inestabilidad internacional no se limitan a los costos productivos. La volatilidad ha comenzado a afectar también el mercado de capitales brasileño, con consecuencias visibles en la agenda de operaciones financieras previstas para 2026. BRK Ambiental, empresa que tenía planeada una oferta pública de venta (OPV) para comienzos de año, evalúa postergar la operación, según fuentes cercanas a la compañía. El caso ilustra una tendencia más amplia: las empresas que buscaban captar recursos a través del mercado accionario están reevaluando sus cronogramas ante la incertidumbre prevaleciente, incluso aquellas con sólidos perfiles de generación de caja.

La situación también afecta a los mecanismos de inversión en infraestructura. Durante el mes de marzo, cinco subastas de asociaciones público-privadas y concesiones programadas terminaron siendo suspendidas, en respuesta a una mayor selectividad por parte de los inversores. Se trata de una señal preocupante para un país que mantiene una agenda de proyectos de infraestructura ambiciosa y que depende de la participación privada para su ejecución.

Modernización del sistema de crédito a la exportación

En paralelo al paquete de financiamiento de emergencia, el gobierno presentó un proyecto de ley para crear el Sistema Brasileño de Crédito Oficial a la Exportación, que moderniza los marcos de seguro y financiamiento para las exportaciones del país. La iniciativa amplía las atribuciones del BNDES en materia de comercio exterior e introduce mecanismos para incentivar operaciones vinculadas a la economía verde y la descarbonización, en línea con la agenda climática que Brasil ha posicionado como eje de su política económica exterior.

Otra novedad significativa del proyecto es la extensión del plazo de cobertura del riesgo comercial para micro, pequeñas y medianas empresas en la fase de preembarque: el límite anterior de 180 días se ampliaría a 750 días, lo que facilita que empresas de menor escala puedan acceder a financiamiento en condiciones más competitivas para sus operaciones de exportación.

Un escenario que exige respuestas de fondo

La combinación de factores que enfrentan las empresas brasileñas —conflicto en Oriente Medio, aranceles estadounidenses, inflación de insumos, restricciones en los mercados de capitales y cautela monetaria— configura un escenario donde las respuestas de corto plazo, como las líneas de crédito, son necesarias pero no suficientes. El programa Brasil Soberano ha logrado posicionarse como un instrumento ágil de respuesta ante shocks externos, y su ampliación refleja la capacidad del gobierno para adaptar sus herramientas de política económica. Sin embargo, los analistas advierten que la efectividad de estas medidas dependerá también de la evolución del conflicto internacional y de la trayectoria de los precios del petróleo, dos variables sobre las que Brasil tiene escasa influencia directa.

El paquete de 15.000 millones de reales representa, en ese marco, una apuesta por la estabilidad productiva en un entorno de alta incertidumbre. El desafío del gobierno es transformar ese esfuerzo financiero en resultados concretos: mantener el empleo, sostener las exportaciones y contener la inflación en un año en que la coyuntura internacional no ofrece señales claras de distensión.

Operaciones por 580 millones de dólares en futuros de petróleo segundos antes del anuncio de Trump sobre Irán generan sospechas de uso de información privilegiada

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Los mercados energéticos globales fueron escenario el pasado lunes de una secuencia que ha encendido las alarmas entre analistas, reguladores y observadores financieros: en apenas un minuto, entre las 6:49 y las 6:50 de la mañana (hora del Este de Estados Unidos), operadores desconocidos movilizaron aproximadamente 580 millones de dólares en contratos de futuros de petróleo crudo, solo 15 minutos antes de que el presidente Donald Trump publicara en su red Truth Social que Washington había mantenido conversaciones «muy buenas y productivas» con Teherán para una «resolución completa y total» del conflicto. Lo que siguió fue una caída vertical del precio del petróleo de hasta un 17%, con el barril Brent hundiéndose por debajo de los 100 dólares, y un repunte inmediato de los principales índices bursátiles. Quienes habían apostado minutos antes por ese escenario obtuvieron ganancias millonarias. La pregunta que recorre ahora los círculos financieros es si esas apuestas fueron fruto de la intuición o del acceso anticipado a información reservada.

El minuto que lo dice todo

Los datos de mercado revisados tanto por el Financial Times como por la BBC trazan con precisión el momento exacto en que el volumen de operaciones se disparó de manera inusual. A las 6:49, los operadores realizaron 734 contratos de crudo WTI en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex). Un minuto después, esa cifra se había multiplicado casi por tres, alcanzando 2.168 contratos, equivalentes a unos 170 millones de dólares. El patrón se repitió en el mercado del Brent: entre las 6:48 y las 6:50, el volumen de operaciones saltó de 20 a más de 1.650 contratos, lo que representa aproximadamente 150 millones de dólares adicionales. En total, los 6.200 contratos ejecutados en ese brevísimo lapso sumaron cerca de 580 millones de dólares, poco más de 500 millones de euros al cambio actual.

No se trató de un fenómeno aislado en el crudo. Movimientos similares fueron detectados de manera simultánea en futuros del S&P 500 —el índice que agrupa a las 500 mayores empresas cotizadas de Estados Unidos— y del Euro Stoxx 50, el referente europeo. Esto implica que los operadores involucrados no solo apostaron por la caída del petróleo, sino también por la recuperación de los mercados bursátiles a ambos lados del Atlántico, todo ello en los minutos previos al anuncio presidencial. Cuando Trump publicó su mensaje a las 7:04, los mercados respondieron exactamente como esas posiciones anticipaban: el petróleo cayó hasta los 84 dólares por barril en referencia al WTI, mientras las bolsas repuntaban.

El contexto diplomático y su impacto energético

Para entender la magnitud del movimiento de mercado, es necesario reconstruir los días previos. El sábado, Trump había elevado la presión sobre Teherán al amenazar públicamente con «aniquilar» las centrales eléctricas iraníes si el país no reabría el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. Por ese estrecho transita alrededor del 20% del petróleo y el gas mundial, lo que convierte su cierre en un factor de presión geopolítica y económica de primera magnitud. Los mercados asiáticos, que reabrieron el lunes ante ese ultimátum vigente, registraron fuertes caídas, mientras el precio del crudo comenzaba a subir.

Sin embargo, el lunes por la mañana, antes de la apertura oficial de Wall Street, Trump contradijo su propio ultimátum y ordenó aplazar cualquier ataque militar. El anuncio de conversaciones diplomáticas «constructivas» fue recibido por los mercados como una señal de distensión, provocando la caída del Brent de hasta un 17% y el desplome del WTI hasta los 84 dólares. Quienes tenían posiciones cortas en petróleo —es decir, que habían apostado por la baja del precio— y posiciones largas en índices bursátiles en ese preciso margen de 15 minutos se encontraron en una posición extraordinariamente rentable.

Sospechas de información privilegiada y respuesta oficial

Varios analistas del mercado han señalado abiertamente que la sincronización entre esas operaciones masivas y el anuncio presidencial resulta difícil de atribuir a la casualidad. Los futuros, como instrumentos financieros, son contratos que fijan hoy el precio de compra o venta de un activo para una fecha posterior: quien los adquiere antes de un movimiento brusco de mercado y los vende en el momento adecuado puede obtener ganancias de magnitud considerable con una inversión inicial relativamente acotada. Que ese «momento adecuado» coincidiera con el minuto preciso en que Trump cambió su postura pública ha alimentado la hipótesis de que algunos de esos operadores conocían de antemano la decisión del presidente.

Ante las consultas de los medios, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, negó categóricamente que el gobierno permita que «ningún funcionario de la administración se lucre ilegalmente aprovechándose de información privilegiada», y calificó cualquier insinuación al respecto, sin pruebas, de «infundada e irresponsable». Sin embargo, la negativa institucional no ha cerrado el debate. La BBC confirmó haber contactado al regulador financiero estadounidense, la Comisión de Comercio de Futuros sobre Mercancías (CFTC), así como a la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, sin que al momento de la publicación se hubiera obtenido respuesta oficial de ninguna de las dos instituciones. Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, publicó en X una acusación directa contra Washington y Tel Aviv, a los que responsabilizó de usar «noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros».

Un patrón que se repite

Lo ocurrido el lunes no es un episodio sin antecedentes. El propio reportaje de la BBC recuerda que en enero pasado se registró un fenómeno similar en Polymarket, una plataforma de predicciones basada en criptomonedas, cuando una serie de usuarios apostó con anticipación a que el presidente venezolano Nicolás Maduro abandonaría el poder antes de que terminara ese mes. Horas después, fuerzas estadounidenses lo detuvieron en el marco de un operativo en Caracas. La coincidencia entre esas apuestas anticipadas y los hechos posteriores generó entonces las mismas preguntas que hoy rodean a las operaciones petroleras del lunes.

Más allá de los casos puntuales, existe un patrón más amplio que varios analistas han señalado durante la segunda administración Trump: la volatilidad extrema de los mercados ante cada declaración o decisión presidencial ha creado condiciones objetivas para que quienes tengan acceso anticipado a esas decisiones puedan monetizarlas. En ese contexto, los mecanismos de supervisión financiera enfrentan una prueba de credibilidad que trasciende este episodio concreto.

El enriquecimiento del círculo presidencial como telón de fondo

El episodio del lunes se inscribe en un patrón más vasto de enriquecimiento vinculado a las decisiones de la administración Trump. La familia del presidente acumuló ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares provenientes de inversiones en criptomonedas, sector que recibió impulso directo de políticas públicas de la actual administración republicana. Durante su primer mandato, Trump fue el presidente estadounidense que mayor crecimiento de patrimonio privado registró en ejercicio: cuando abandonó la Casa Blanca en enero de 2021, su fortuna había aumentado en 2.400 millones de dólares. El año 2025 siguió esa tendencia agregada: los multimillonarios del país incrementaron su riqueza en conjunto un 22%.

A finales de 2025, el Financial Times informó sobre un acuerdo de fusión entre el grupo mediático de la familia Trump y TAE Technologies, empresa de energía de fusión nuclear con fuertes inversiones de Google. La operación fue valorada en 6.000 millones de dólares y representó una apuesta directa del entorno presidencial en el cruce entre energía nuclear e inteligencia artificial, dos sectores que también han recibido respaldo regulatorio y político de la administración.

Este conjunto de hechos sitúa el episodio de los futuros petroleros del lunes en un marco más amplio: el de una administración en la que las fronteras entre decisión política, comunicación presidencial y movimiento de mercados permanecen bajo escrutinio permanente, y donde la opacidad en torno a quién opera qué y cuándo sigue siendo una pregunta sin respuesta institucional satisfactoria.

La DNIT exige más detalle sobre utilidades y reservas a empresas, mientras prepara proyecto para gravarla

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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) emitió la Resolución General N.º 49/2026, mediante la cual amplía las exigencias informativas para los contribuyentes del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) que están obligados a presentar estados financieros. La medida, que rige para los estados financieros cerrados a partir del 31 de diciembre de 2025, establece que dichos contribuyentes deberán incorporar en las Notas a los Estados Financieros un detalle exhaustivo sobre la composición y el destino de sus utilidades y resultados acumulados, en el marco de la Obligación 948.

Según la resolución, las notas deberán contener como mínimo la conciliación de las utilidades acumuladas, la identificación de aquellas susceptibles de distribución y el detalle del destino de las mismas, incluyendo dividendos distribuidos, utilidades capitalizadas, reservas constituidas y montos pendientes de distribución. Adicionalmente, los contribuyentes deberán especificar la composición de sus reservas —ya sean legales, facultativas, estatutarias u otras— indicando el saldo inicial, los movimientos registrados durante el ejercicio y el saldo final, junto con información sobre el origen, la finalidad, el ejercicio de generación y la posibilidad de distribución futura de dichos fondos.

Un contexto de presión fiscal y debates sobre las reservas empresariales

La resolución se emite en un momento de creciente tensión entre el fisco y el sector empresarial. En días previos, el titular de la DNIT, Óscar Orué, anunció la elaboración de un proyecto de ley orientado a regular el uso de las reservas facultativas, con el argumento de que algunas empresas estarían haciendo un uso abusivo de dicho mecanismo para postergar o eludir el pago del Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades (IDU). La propuesta apuntaría a establecer un plazo máximo de tres años para mantener recursos en reservas, tras el cual deberían ser capitalizados o distribuidos.

Orué señaló que en un año las reservas detectadas ascendían a G. 400.000 millones, equivalentes a unos USD 61,5 millones, y que aplicando una tasa del 8% de IDU para empresarios residentes, la recaudación potencial rondaría los USD 4,9 millones, cifra que representa apenas el 1% de las recaudaciones totales del año 2025. El contexto que rodea estas iniciativas es el de una caída en los ingresos tributarios que generó fuerte presión sobre las finanzas públicas y llevó al Ministerio de Economía a elaborar un plan de ajuste del gasto, denominado «economía de guerra».

Alcance amplio y dudas sobre contribuyentes que ya presentaron sus declaraciones

La resolución tiene un alcance amplio, dado que la obligación de presentar estados financieros recae sobre todo tipo de entidades: empresas, sociedades, cooperativas, clubes y asociaciones sin fines de lucro. En la práctica, esto implica que el nuevo requerimiento informativo cubre una gran cantidad de contribuyentes.

No obstante, persiste una zona gris respecto de las entidades que ya cumplieron con la presentación de sus estados financieros antes de la emisión de la resolución, como ocurre con la mayoría de las entidades financieras y bancarias, que suelen presentar sus declaraciones a comienzo de año. Hasta el momento, la DNIT no se ha pronunciado sobre si dichos contribuyentes deberán adecuarse a la nueva exigencia de forma retroactiva.

En cuanto al respaldo documental, profesionales del sector contable señalaron que la declaración de reservas requiere sustento formal en actas de asamblea y de directorio, según el tipo de empresa, lo que incrementa la carga administrativa sobre los contribuyentes.

Sector empresarial y contable rechaza el plan de gravar las reservas

Gremios empresariales y referentes del ámbito tributario y contable manifestaron su oposición a las iniciativas del Gobierno. La medida fue calificada en algunos sectores como inconstitucional y arbitraria, por considerar que avanza sobre la autonomía de las empresas en la gestión de sus recursos. Desde el Colegio de Contadores del Paraguay, la profesional Alba Talavera advirtió que muchas empresas carecen de liquidez suficiente para afrontar distribuciones forzosas, aun cuando sus balances reflejen recursos, dado que dichos fondos suelen estar destinados a inversiones o provisiones para compras futuras.

La DNIT, por su parte, justificó la resolución amparándose en la Ley N.º 6380/2019 y su reglamentación, que regula el IDU, cuyo hecho generador se configura con la puesta a disposición o el pago de utilidades a socios o accionistas. El organismo sostuvo que la medida apunta a fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la información contable, y que la mayor disponibilidad de datos permitirá optimizar los procesos de fiscalización y brindar mayor seguridad jurídica.

Sin embargo, desde la óptica de los profesionales contables, el objetivo real de la resolución es ampliar la capacidad fiscalizadora de la administración tributaria para detectar eventuales inconsistencias en la declaración de utilidades y reservas, lo que podría derivar en la aplicación de impuestos, recargos y multas en caso de que las operaciones no estén debidamente documentadas y sustentadas.

Brasil disputa el control de sus minerales críticos: acuerdo con Rosatom, rechazo a EE. UU. y nueva ley contra el crimen organizado

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La nueva sociedad ruso-brasileña Nadina Minerals operará en toda la cadena extractiva de minerales críticos, en un país que concentra el 94% de las reservas mundiales de niobio y el 23% de las tierras raras globales

La agencia nuclear estatal rusa Rosatom y la compañía brasileña Nucleo Brasil Energia Participações (NBEPar) formalizaron esta semana la creación de una empresa conjunta destinada a la extracción y procesamiento de minerales de importancia crítica en Brasil. La nueva sociedad, registrada bajo el nombre Nadina Minerals, nació en el marco del foro internacional Nuclear Summit 2026, celebrado en Río de Janeiro, y fue anunciada mediante un comunicado difundido por la agencia estatal rusa TASS.

Técnicamente, el acuerdo vincula a Uranium One Group, subsidiaria del grupo empresarial TENEX de Rosatom, con NBEPar, holding del sector nuclear brasileño. La nueva empresa tendrá sede en Río de Janeiro y operará de forma integrada en toda la cadena productiva, desde la prospección geológica hasta el desarrollo de rutas avanzadas de procesamiento, combinando el conocimiento local de NBEPar con la experiencia internacional de Uranium One, una de las mayores mineras de uranio del mundo con operaciones en Kazajistán, Tanzania y Namibia. Según el CEO de la empresa brasileña, el almirante Ney Zanella, las negociaciones entre ambas partes se extendieron por más de dos años antes de cristalizarse en este convenio.

Una cadena productiva de alta tecnología

De acuerdo con lo informado por Rosatom, la actividad de Nadina Minerals abarcará un amplio espectro operativo: gestión de permisos y habilitaciones ante las autoridades competentes, exploración de terrenos con potencial mineral, instalación de plantas de extracción y procesamiento, y desarrollo de una cadena productiva local orientada a abastecer sectores de alta tecnología como la electrónica de consumo, las energías renovables, la industria aeroespacial y la defensa.

Este acuerdo no surge de la nada. Moscú y Brasilia mantienen vínculos en materia nuclear desde hace años, principalmente a través del suministro de combustible nuclear enriquecido a plantas brasileñas y la conversión del uranio extraído en territorio sudamericano. Lo que cambia ahora es la escala y la naturaleza del convenio: ya no se trata solo del ciclo del uranio, sino de una apuesta por la totalidad del espectro de minerales estratégicos que Brasil posee en abundancia y que el mundo desarrollado disputa con creciente urgencia.

Un gigante geológico aún sin industrializar

El peso específico de Brasil en el mapa mundial de minerales críticos es difícil de exagerar. Según el Servicio Geológico de Brasil, el país posee las mayores reservas mundiales de niobio, con el 94% del total global; las segundas de grafito, con el 26%; y las terceras de níquel, con el 12%. Adicionalmente, concentra el 23% de las reservas mundiales de tierras raras, equivalentes a aproximadamente 21 millones de toneladas métricas, lo que ubica al país en el segundo lugar mundial en ese rubro.

La paradoja es que ese colosal patrimonio geológico aún no se traduce en poder productivo. América Latina, pese a sus reservas, genera apenas el 0,005% del suministro mundial de tierras raras, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Brasil exportó alrededor de 12 millones de dólares en tierras raras durante 2025, y el 99,4% de ese volumen tuvo como destino China, lo que evidencia una dependencia estructural que el gobierno de Lula busca revertir, aunque sin renunciar a la soberanía sobre los recursos.

La posición de Lula: soberanía frente a presiones externas

Mientras Rosatom avanzaba en la firma del acuerdo con NBEPar, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomaba posición pública sobre el mismo asunto desde Brasilia. Durante la 3.ª Conferencia Nacional de Desarrollo Rural Sostenible y Solidario, el mandatario fue explícito: Brasil no permitirá que potencias extranjeras se apropien de sus minerales críticos. Sin nombrar a ningún país, Lula invocó el historial colonial del continente para justificar su postura de defensa de los recursos naturales, y anunció la creación de un consejo gubernamental específico para la gestión y protección de los minerales estratégicos y las tierras raras, señal de que el tema ha adquirido jerarquía de política de Estado.

La ofensiva de Washington y la resistencia de Brasilia

La presión de Estados Unidos sobre los recursos minerales brasileños ha escalado de forma sostenida en los últimos meses. En febrero de 2026, funcionarios estadounidenses enviaron a Brasil una propuesta para un acuerdo bilateral sobre minerales críticos, sin haber obtenido respuesta hasta el momento. La semana previa a la firma del acuerdo con Rosatom, Washington suscribió un memorando de entendimiento con el gobierno del estado de Goiás para apoyar la exploración y producción de tierras raras y minerales críticos, maniobra interpretada como un intento de sortear al gobierno federal estableciendo vínculos directos con un estado gobernado por un rival político de Lula.

En su estrategia global, el gobierno de Trump ha movilizado más de 30.000 millones de dólares en cartas de interés, inversiones y préstamos para asegurar cadenas de suministro de minerales críticos en los últimos seis meses, suscribiendo acuerdos con once países de la región, entre ellos Argentina, Paraguay, Ecuador y Perú, pero no con Brasil a nivel federal. A cambio de sus inversiones, Washington aspira a obtener prioridad sobre China en la compra de los minerales críticos brasileños, pero Brasil, cuya política exterior privilegia la diversificación de socios comerciales, se muestra reacio a comprometerse en términos de exclusividad. Esa estrategia quedó de manifiesto en los acuerdos firmados en febrero de 2026 con India y Corea del Sur. El ingreso de Rosatom en este tablero añade ahora a Rusia como otro actor en la disputa, complejizando aún más la geometría geopolítica que rodea a los recursos naturales brasileños.

La nueva ley antifacciones y el año electoral

En el mismo día en que se cerraba el acuerdo con Rosatom, Lula promulgó también una ley que endurece significativamente las penas contra los integrantes de organizaciones criminales, medida señalada como una de sus principales prioridades antes de las elecciones de octubre. La legislación establece penas de hasta 40 años de prisión para los líderes de facciones calificadas como «ultraviolentas» —aquellas que atentan contra la paz pública, buscan controlar territorios e intimidar a poblaciones y autoridades—. En la mira están el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, las dos organizaciones más peligrosas de Brasil, que en los últimos años han extendido sus operaciones tanto dentro como fuera del territorio nacional.

La norma también prohíbe que los miembros condenados accedan a beneficios como amnistías, indultos o libertades condicionales, y crea un banco de datos compartido entre estados, municipios y el gobierno central para el intercambio de información. Lula fue directo en la ceremonia de firma: el objetivo son quienes lideran las organizaciones desde la sombra, aquellos que, en sus palabras, «viven en apartamentos de lujo».

La seguridad pública encabeza las preocupaciones de los brasileños en este año electoral, según las encuestas, y la promulgación de la ley no puede desligarse de ese contexto. En un Brasil que simultáneamente negocia con Rusia la explotación de sus minerales estratégicos, resiste las presiones de Estados Unidos sobre sus tierras raras y endurece su arsenal legal contra el crimen organizado de cara a los comicios de octubre, queda claro que el gobierno de Lula enfrenta un escenario de inusual densidad política, económica y geopolítica.

La guerra en Irán dispara los ingresos de combustibles fósiles de Rusia a 7.700 millones de euros en quince días

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La guerra desencadenada el 28 de febrero por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán ha producido uno de sus efectos más paradójicos en el ámbito económico: Rusia, potencia sancionada desde su invasión de Ucrania en 2022, ha emergido como el principal beneficiario financiero del conflicto en el corto plazo. En apenas quince días, Moscú acumuló 7.700 millones de euros en ingresos por exportaciones de combustibles fósiles —petróleo, gas y carbón—, equivalentes a unos 513 millones de euros diarios, frente a los 472 millones registrados en promedio durante febrero, según datos del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés). El aumento representa una reversión abrupta de una tendencia negativa que había llevado los ingresos energéticos rusos a su nivel más bajo desde la pandemia.

Solo en materia petrolera, las exportaciones rusas generaron alrededor de 372 millones de euros diarios durante la primera quincena de marzo, un 14% más que el promedio de febrero. El factor detrás de este repunte es directo: la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz —paso marítimo por el que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial— como resultado de los ataques iraníes a buques comerciales en la zona ha empujado los precios del crudo Brent a superar los 119 dólares por barril, su nivel más alto en años. Rusia, como uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, recoge automáticamente los beneficios de esa escalada de precios.

El estrecho de Ormuz, epicentro de la perturbación energética global

La crisis del estrecho de Ormuz constituye el núcleo del choque energético en curso. Irán ha respondido a los ataques estadounidenses e israelíes sobre su infraestructura petrolera con una serie de acciones que han reducido drásticamente el flujo de buques comerciales por esa ruta. Los ataques de represalia de Teherán también han afectado instalaciones energéticas en otros puntos de Oriente Próximo. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el episodio es la mayor perturbación del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo, con el tráfico por el estrecho cayendo desde los 20 millones de barriles diarios hasta niveles mínimos y recortes en la producción del Golfo de al menos 10 millones de barriles por día.

El cierre funcional de esta arteria marítima ha obligado a compradores asiáticos —que obtienen el 84% de sus importaciones de crudo del Golfo— a buscar fuentes alternativas de abastecimiento. Rusia, cuya producción no atraviesa el estrecho, se ha convertido en la opción más accesible. Según proyecciones de la firma de análisis Kpler, los envíos rusos a India podrían alcanzar entre 2 y 2,2 millones de barriles diarios en marzo, frente a los niveles deprimidos de febrero, cuando las importaciones indias de crudo ruso habían caído un 19% mensual bajo la presión de las sanciones occidentales.

India y China, motores del ingreso ruso

Los datos del CREA revelan que India y China en conjunto representan aproximadamente tres cuartas partes de los ingresos petroleros de Rusia. India, en particular, adquirió combustibles fósiles rusos por valor de cerca de 1.300 millones de euros entre el 1 y el 15 de marzo, lo que equivale a unos 89 millones de euros diarios, frente a los 60 millones de febrero. El salto refleja tanto el efecto precio —con el crudo ruso cotizando a más del doble que en los tres meses anteriores para compradores asiáticos, según el director ejecutivo de la consultora Macro-Advisory, Chris Weafer— como un efecto volumen asociado a la escasez de alternativas en el mercado.

El giro de India resulta especialmente significativo porque se produce en un contexto en el que el propio Gobierno estadounidense facilitó el camino. El Tesoro de Estados Unidos otorgó a India una exención de emergencia de 30 días, el 6 de marzo, para la compra de cargamentos de crudo ruso ya en el mar, en un intento de estabilizar los precios internos del combustible ante la escalada energética global. China, aunque más aislada del choque por su mayor diversificación de fuentes y sus reservas estratégicas, también ha incrementado sus compras. La crisis además podría impulsarla a negociar condiciones más favorables con Moscú para el gasoducto Power of Siberia 2, cuya capacidad proyectada es de 50.000 millones de metros cúbicos anuales.

La exención de sanciones de Washington y la fractura transatlántica

La decisión de la administración Trump de relajar temporalmente las sanciones al petróleo ruso ha generado una profunda división entre las dos orillas del Atlántico. La medida, anunciada el viernes 14 de marzo, autoriza el comercio de crudo ruso durante aproximadamente cuatro semanas, con el argumento oficial de que contribuye a estabilizar los mercados mundiales de energía. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, describió la exención como temporal, de alcance limitado y aplicable únicamente al petróleo ya en tránsito, precisando que no generaría beneficios financieros significativos para el Gobierno ruso dado que este obtiene la mayor parte de sus ingresos en el punto de extracción.

Sin embargo, esa lectura ha sido ampliamente rebatida por analistas independientes. La profesora de negocios internacionales de la Universidad Estatal de Wichita, Usha Haley, calificó a Rusia como «el mayor ganador en el corto plazo» del conflicto iraní y afirmó que la exención estadounidense ha rescatado los ingresos petroleros rusos de un proceso de declive acumulado. El argumento de fondo es estructural: las sanciones habían forzado al crudo ruso a cotizar con un descuento pronunciado respecto al mercado. Eliminar o suavizar esa barrera no solo aumenta el volumen exportable, sino que eleva el precio al que Moscú puede vender cada barril.

La fractura con Europa es explícita. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han exigido mantener sanciones estrictas a Rusia, pese a que la escalada de precios amenaza con desencadenar una nueva crisis energética en el continente. La Unión Europea aún adquiere alrededor de 50 millones de euros diarios en combustibles fósiles rusos, principalmente gas canalizado por gasoductos excluidos de las sanciones, aunque este monto representa una caída sustancial desde 2021, cuando Rusia suministraba el 45% del gas y el 27% del petróleo de la UE. La única voz disidente dentro del bloque ha sido la del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien ha instado a la Unión Europea a suspender las sanciones sobre las importaciones energéticas rusas ante el riesgo de precios insostenibles para los consumidores europeos.

La advertencia de Zelenski: más dinero para Putin significa más guerra

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha articulado con claridad las implicaciones estratégicas de esta dinámica. En declaraciones del domingo, afirmó que Rusia había acumulado unos 10.000 millones de dólares en las dos semanas de guerra en Oriente Medio, cifra equivalente a recuperar aproximadamente el 10% de lo perdido en el comercio petrolero durante lo que va del año. Zelenski advirtió que la relajación de sanciones beneficiará directamente a Putin y que la situación en torno a Irán «le aporta más dinero» y «más confianza para continuar la guerra» en Ucrania.

La inteligencia ucraniana también ha reportado que las sanciones globales combinadas con los ataques de Kiev a la infraestructura energética rusa habían elevado el déficit acumulado de Moscú a más de 100.000 millones de dólares. En enero y febrero, Rusia declaró ingresos petroleros de unos 10.200 millones de dólares mensuales, una caída del 47% interanual al ajustar por tipo de cambio, con ingresos totales de aproximadamente 58.700 millones de dólares en ese período, según su propio Ministerio de Finanzas. El salto de mediados de marzo representa, en ese contexto, una bocanada de oxígeno fiscal para un presupuesto de guerra que venía siendo comprimido sistemáticamente.

Una ironía estratégica de proporciones históricas

El escenario que se perfila plantea una paradoja de difícil digestión para Washington: la misma operación militar que lanzó contra Irán ha revertido meses de presión económica acumulada sobre Rusia, el adversario al que las sanciones occidentales pretendían debilitar. El Carnegie Endowment for International Peace calcula que estos desarrollos podrían proporcionar a Rusia decenas de miles de millones de dólares adicionales en ingresos petroleros anuales durante los próximos años, en comparación con las proyecciones de base de finales de 2025. El presidente Putin, consciente de la oportunidad, convocó a ejecutivos del sector energético ruso a principios de marzo para subrayar que era «importante que las empresas energéticas rusas aprovechen el momento actual.»

La situación expone la complejidad de gestionar simultáneamente una guerra en Oriente Medio, la estabilidad de los mercados energéticos globales y una política de sanciones que ha tardado cuatro años en comenzar a morder con eficacia. Por primera vez desde la invasión de Ucrania, los ingresos fósiles de Rusia crecen en lugar de menguar, y lo hacen impulsados, en buena medida, por las decisiones y omisiones de sus propios adversarios declarados.

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