Cámara de Consultores denuncia marginación sistemática mientras proyectos millonarios se retrasan y Economía lanza advertencia directa sobre cumplimiento fiscal
La gestión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) atraviesa una crisis multidimensional que combina denuncias gremiales, parálisis de obras estratégicas y tensiones con el Ministerio de Economía por el cumplimiento del tope de déficit fiscal, configurando un escenario que pone en entredicho la capacidad ejecutiva de la cartera dirigida por Claudia Centurión.
Sin precedentes en 52 años: la denuncia del gremio consultor
La Cámara Paraguaya de Consultores (CPC) lanzó ayer un comunicado contundente denunciando lo que califica como una «tendencia creciente» del MOPC de prescindir sistemáticamente de consultorías externas e independientes en la supervisión técnica de obras públicas.
«Es la primera vez que un gobierno decide omitir y/o prescindir sistemáticamente de tan importante servicio», afirma el gremio en su comunicado, señalando que en sus 52 años de existencia nunca había enfrentado una exclusión de esta magnitud.
La CPC, que agrupa a miembros de FEPAC (Federación Panamericana de Consultores) y FIDIC (Federación Internacional de Ingenieros Consultores), argumenta que esta práctica «debilita los mecanismos de control independiente, limita la capacidad del Estado para detectar y corregir desviaciones en tiempo oportuno, y compromete la trazabilidad técnica y administrativa de obras que, en muchos casos, involucran inversiones multimillonarias y alto impacto social».
Parálisis millonaria: obras del PTI en crisis
Los cuestionamientos del gremio adquieren mayor relevancia al contrastarlos con la situación de las obras financiadas por el Parque Tecnológico de Itaipú (PTI). De tres proyectos estratégicos por un valor total de G. 480.000 millones que deberían generar 1.000 empleos directos, solo dos han logrado iniciar con demoras significativas.
Tape Tuja: orden firmada, cero ejecución
El caso más emblemático de ineficiencia es la duplicación de Tape Tuja (ruta General Aquino), adjudicada a Benito Roggio SA. Pese a que la orden de inicio se firmó en enero pasado, «hasta la fecha no hay una sola máquina en pista», según información confirmada por fuentes del sector.
Este proyecto, que contempla la duplicación del tramo avenida General Aquino-avenida Sudamericana en Luque, además de un cruce en Las Residentas frente al Parque Ñu Guasu y un nuevo viaducto sobre Madame Lynch, permanece completamente paralizado ocho meses después de su autorización oficial.
Aeropuerto-Mariano Roque Alonso: avances mínimos
La duplicación del tramo desde la rotonda del Aeropuerto Silvio Pettirossi hasta Mariano Roque Alonso, adjudicada a CDD Construcciones SA, presenta un panorama apenas mejor. Tras seis meses de la orden de inicio, en junio pasado apenas se registraron «los primeros trabajos en el predio de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y la perforación para pilotes del nuevo puente sobre el arroyo Itay».
Caaguazú: el único proyecto en marcha
El segundo lote, que comprende la pavimentación de la ruta departamental D007 en el tramo Mariscal López-Santa Ana-Cruce Margarita en Caaguazú, es el único que muestra signos de ejecución, aunque sin información detallada sobre su avance.
Promesas incumplidas y plazos vencidos
Los retrasos contrastan dramáticamente con las estimaciones iniciales del propio MOPC. Según las previsiones originales, los trabajos debían iniciarse a principios de 2025. En febrero, el entonces coordinador del proyecto, ingeniero Félix Zelaya, había adelantado que el MOPC ya había emitido las órdenes de trabajo, estimando el arranque «máximo para finales de abril».
Ocho meses después, la realidad desmiente rotundamente estas proyecciones, con obras que deberían concluir en un plazo de 18 a 21 meses y que ni siquiera han comenzado efectivamente.
Impacto estratégico en el transporte público
Los retrasos adquieren dimensión crítica en el contexto de la reforma del transporte público. Estas duplicaciones en el área metropolitana son fundamentales para la instalación de carriles exclusivos para buses, componente clave del proyecto de ley de reforma del transporte que impulsa el gobierno.
La paralización de estas obras compromete directamente la viabilidad temporal del nuevo sistema de transporte, generando un efecto dominó en políticas públicas estratégicas.
Fernández Valdovinos: advertencia directa
El panorama se agrava con la contundente advertencia lanzada por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien a través de su cuenta en X recordó que los «intereses o políticas sectoriales seguirán subordinadas a la ‘regla de oro’ del gobierno: el cumplimiento del déficit fiscal máximo establecido en la LRF».
«Se debe mostrar gestión con estas reglas de juego, no buscar excusas o pretender atacar la clave del éxito económico» del país, enfatizó el ministro, en un mensaje inmediatamente replicado por la cuenta oficial del Ministerio y los viceministros Óscar Lovera (Administración Financiera) y Andrea Picaso (Capital Humano y Gestión Organizacional).
Aunque sin mencionar nombres, el timing y el contenido del mensaje apuntan directamente al MOPC, en un contexto donde el presupuesto autoriza un déficit máximo de 1,9% del PIB para 2025, que debe reducirse al 1,5% en 2026 según la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Crisis financiera: US$ 150 millones en deuda
El MOPC enfrenta además una deuda de US$ 150 millones con contratistas, situación que contribuye tanto a la paralización de obras como a la presión sobre el déficit fiscal. Esta deuda representa un círculo vicioso: limita la capacidad de iniciar nuevos proyectos mientras compromete el cumplimiento de las metas fiscales.
Impacto en el sector profesional nacional
La CPC denuncia que «no se dimensiona el daño que ocasiona a numerosos profesionales paraguayos, especialistas en diversas áreas, ingenieros y técnicos de campo, que forman parte de las empresas nacionales que han invertido sostenidamente en la formación y capacitación de sus recursos humanos».
La exclusión sistemática, según el gremio, «limita las oportunidades laborales, desalienta la especialización técnica, y pone en riesgo la sostenibilidad de una comunidad profesional que ha sido clave para asegurar estándares de calidad en las obras públicas».
Transparencia y control independiente
Para la CPC, la participación de consultorías externas constituye «una herramienta técnica esencial para una gestión pública moderna, transparente y profesional», ya que aportan «una visión objetiva, basada en criterios técnicos rigurosos, y actúan como garantes de que los recursos públicos se utilicen conforme a lo establecido en los contratos, normas técnicas y especificaciones vigentes».
La organización observa que en las licitaciones recientes del MOPC «la fiscalización y el control técnico recaen exclusivamente en equipos internos de la institución, dejando de lado la figura de la consultoría independiente y especializada».
Un ministerio sitiado: obras del gobierno anterior
La crisis se profundiza al constatar que el MOPC actualmente «solo se está inaugurando obras iniciadas durante el gobierno anterior», evidenciando una escasez notable de proyectos propios en ejecución.
Esta situación configura un panorama donde el ministerio enfrenta simultáneamente: exclusión de supervisión independiente, parálisis de obras millonarias, presión fiscal directa desde Economía, deudas millonarias con contratistas y dependencia de proyectos heredados para mostrar resultados.
Convergencia de crisis
La situación del MOPC presenta una convergencia inédita de problemas estructurales, financieros y de gestión que comprometen tanto la ejecución de obras estratégicas como la transparencia en el uso de recursos públicos.
Con obras por G. 480.000 millones paralizadas, 1.000 empleos directos sin generar, una deuda de US$ 150 millones con contratistas y la presión directa del Ministerio de Economía por el cumplimiento fiscal, la gestión de Claudia Centurión enfrenta el desafío más complejo en la historia reciente de la cartera de obras públicas.
La respuesta del MOPC a esta crisis multidimensional será determinante para la credibilidad del gobierno en la ejecución de infraestructura y el cumplimiento de compromisos tanto con el sector privado como con las metas macroeconómicas del país.
