El cierre de Ueno Bank golpea directamente la caja de las dos mayores empresas energéticas del país. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que tiene retenidos US$ 21.030.796 provenientes de préstamos internacionales, de los cuales US$ 19.325.958 corresponden al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cerca de US$ 1,7 millones a la cooperación de Taiwán. Su presidente, Miguel Báez, explicó que ese dinero estaba comprometido para abrir cartas de crédito irrevocables destinadas a obras del sistema eléctrico.
A esa cifra se suman unos G. 37.285 millones de fondos propios, que provienen de los pagos que los usuarios hacen por su consumo de energía a través de la plataforma del banco y que varían mes a mes. También se mencionan G. 115.887 millones vinculados a transferencias de Itaipú para financiar obras del sistema de potencia y pagar a contratistas, aunque la presentación de este monto no fue uniforme en todas las versiones difundidas por la estatal.
Cifras que cambian y una devolución sin fecha
Las cuentas de la ANDE se modificaron en pocos días. Días atrás, Báez había hablado de unos US$ 46 millones para obras y alrededor de G. 36.000 millones de recursos propios, y no se explicó a qué obedece la diferencia con los montos actualizados. Esa falta de claridad es relevante en una crisis donde la precisión de los saldos define qué se puede reclamar y cuándo.
Sobre la recuperación del dinero, el panorama es incierto. Tras una reunión con las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), Báez indicó que la devolución dependerá de la disponibilidad de activos de la entidad, sin un plazo definido. En la práctica, el cobro quedará atado a lo que se logre realizar del patrimonio de Ueno.
Qué cubre la garantía de depósitos y qué queda en el balance residual
El marco legal pone un límite claro. El Fondo de Garantía de Depósitos, amparado en la Ley 2.334/03, cubre hasta 75 salarios mínimos por depositante y por entidad, unos G. 228,3 millones. Todo lo que supere ese tope no tiene respaldo del seguro y pasa al balance residual, que reúne los activos deteriorados, las deudas y los fondos sin protección que se separan del banco sano para ir a un proceso de liquidación judicial.
Para la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la ANDE, que declaró G. 43.092 millones depositados en Ueno (el 2,5 % de su activo total), esa regla pesa mucho: su monto equivale a casi 189 veces el límite cubierto. La Caja aseguró que el pago de jubilaciones y pensiones no se canaliza por esa entidad, por lo que continúa garantizado, y que los préstamos a afiliados seguirán con normalidad.
Itaipú: G. 115.200 millones y US$ 163,8 millones afectados
La binacional confirmó que, al 3 de noviembre, mantenía en Ueno G. 115.200 millones y US$ 163,8 millones. Aclaró que empezó a operar con el banco en enero de 2025 y que esos saldos representan el 7,6 % de los recursos que ingresaron al país por remesas desde Brasil en el período 2024-2026. Según su comunicado, las sumas incluyen ingresos provenientes de la ANDE y movimientos entre cuentas propias, de acuerdo con sus necesidades de caja y compromisos contractuales.
En su defensa, la entidad sostuvo que solo coloca recursos en bancos habilitados con calificación de riesgo AAAPy o AApy, aprobados previamente por su Directorio Ejecutivo, y que diversifica sus disponibilidades para equilibrar liquidez, resguardo y rentabilidad. Para dimensionar el negocio, indicó que entre 2024 y 2026 el país recibió más de US$ 2.409 millones en remesas desde Brasil y que los rendimientos financieros del período rondaron los US$ 450 millones. Aseguró, además, que la situación no afecta el funcionamiento normal de sus actividades.
Denuncias penales para intentar recuperar los recursos
Ambas instituciones recurrieron a la vía penal. La ANDE presentó el viernes 6 de noviembre una denuncia ante el Ministerio Público contra directivos y funcionarios de Ueno y otros posibles responsables, y solicitó medidas cautelares para resguardar los recursos y facilitar su recuperación. Itaipú, por su parte, promovió una denuncia por el perjuicio a sus fondos y pidió incorporarse como querellante en la causa abierta contra los directivos del banco, ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. En el escrito también se incluye la exposición de recursos de origen binacional transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú, destinados a proyectos específicos que quedaron en riesgo.
El proceso de resolución y la dimensión del golpe al Estado
El BCP dispuso en la madrugada del martes 3 de noviembre iniciar la resolución de Ueno, al detectar una insuficiencia severa, por debajo del 50 % mínimo requerido, lo que congeló los fondos de ahorristas, jubilados y entidades públicas. Dentro del proceso, el BCP cuenta con 15 días para concluir el balance de exclusión, mediante el cual se separan los activos sanos y los depósitos para transferirlos a otras entidades, mientras el resto se dirige a la quiebra.
La causa penal ya alcanza a 27 personas, entre ellas todos los directivos del banco, por hechos como conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación del deber de llevar libros de comercio. Según el acta de imputación contra el expresidente Santiago Peña y el extitular del BCP, Carlos Carvallo, los depósitos de organismos estatales en Ueno sumaban a fines de septiembre unos G. 3,6 billones y US$ 233,4 millones. Entre las instituciones mencionadas figuran Itaipú, IPS, Yacyretá, la ANDE y varias cajas de jubilaciones.
